nombre reservado con REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION REGION DE SANTIAGO
- Fecha
- 2 de julio de 2024
- Sala
- Tercera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 3202-2024, sentencia de 2 de julio de 2024
Resumen
Se rechaza la protección pues no hay ilegalidad ni arbitrariedad: el cambio de orden de apellidos del padre altera el apellido de transmisión a los hijos según la Ley N° 4.808.
Texto íntegro
C.A. de Temuco Temuco, dos de julio de dos mil veinticuatro.
Vistos:
Comparece doña nombre reservado, chilena, divorciada, trabajadora independiente, cedula de identidad N. °RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en favor de mis hijos menores de edad nombre reservado, cedula de identidad N.° RUT reservado, con fecha de nacimiento 03 de noviembre de 2013, de actuales 10 años de edad, y nombre reservado, cedula de identidad N.° RUT reservado, actualmente con el nombre de nombre reservado y nombre reservado, por vulneración, privación y amenaza de los sus derechos fundamentales, en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, RUT: RUT reservado, representado legalmente por su director nacional don OMAR HUMBERTO MORALES MÁRQUEZ, cedula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, región metropolitana, en atención a los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen:
I. ANTECEDENTES Que, con fecha 19 de marzo de 2024, recibo un llamado desde el establecimiento educacional de mis hijos, correspondiente al por parte del encargado de convivencia escolar del colegio, quien me informa sobre el cambio de nombre de mis hijos específicamente del cambio de su apellido paterno, puesto que el padre de mis hijos, a quien conocí como nombre reservado, informo al establecimiento que realizo el cambio de orden de apellidos de conformidad a lo establecido en la Ley N.°21.334 (Sobre Determinación Del Orden De Los Apellidos Por Acuerdo De Los Padres), identificándose, apellidándose actualmente como nombre reservado.
Que, por consecuencia mis hijos nombre reservado, cedula de identidad N.° RUT reservado, con fecha de nacimiento 03 de noviembre de 2013, de actuales 10 años de edad, y nombre reservado, cedula de identidad N.° RUT reservado, con fecha de nacimiento 28 de Abril de 2016, de actuales 8 años de edad, así conocidos e inscritos en su partida de nacimiento, previo a la rectificación practicada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, cambiaron su nombre por transmisión de conformidad a lo prescrito en el artículo 17 Ter de la Ley N.° 4.808, sobre Registro Civil, a nombre reservado y nombre reservado.
Que, corroboró lo informado por el encargado de convivencia escolar del establecimiento educacional al solicitar el certificado de nacimiento de ambos niños, confirmando que los apellidos fueron modificados por rectificación practicada por transmisión del apellido de uno de los progenitores conforme a la Ley N.° 21.334, esto con fecha 09 de agosto de 2023, esto es decir hace más de 7 meses a la fecha, en los que no supe de esta situación, puesto que nunca fui informada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, pese a que detento el cuidado personal de ambos niños, el que me fue otorgado por sentencia judicial, ni mucho menos fui informada por el padre de estos.
Que, debí informarle a mis hijos de que su nombre había cambiado y su apellido ya no era nombre reservado sino que nombre reservado, lo que generó una fuerte impresión y malestar en ellos, ante la situación los niños han presentado de angustia y aflicción, pues los niños se identifican con el apellido nombre reservado, siendo conocidos y reconocidos por todo su entorno familiar, escolar y comunitario, con ese apellido, mis hijos manifiestan tener clara su identidad y sentirse orgullosos de tener un apellido de origen mapuche.
Que, el hecho de que se le haya cambiado el nombre sin ser informados y sin su consentimiento ha afectado psicológicamente a mis hijos, pues no contaban con las herramientas necesarias para enfrentar esta situación, teniendo miedo de cómo lo tomara su círculo cercano, sus amigos y compañeros de curso, sintiendo inseguridad respecto la reacción del entorno, manifestando miedo a sufrir bulling por ello, y sobre todo haciendo énfasis en el origen indígena de su apellido, principalmente porque ellos participan en todas las actividades escolares, relacionadas con la mantención, difusión y práctica de la cultura mapuche, siendo un significante en los niños su apellido Carripán, apellido que juega un rol parra ellos fundamental en estas prácticas.
Que, como se mencionó, a los niños se les informa intempestivamente, luego de 7 meses de rectificada la partida de nacimiento, que ellos ya no tienen el nombre con el que han identificado toda su vida, más aún cuando el padre no ha sido una figura presente en su desarrollo, pues como señale el cuidado personal, lo detento yo por Sentencia Judicial de fecha 19 de octubre de 2020, Que, la situación ha producido indefensión en los niños, pues estos no han manifestado su voluntad de cambiar nombre, no siendo oídos en el procedimiento administrativo, en desmedro de su interés superior, como principio y una norma de procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta.
II. DE LOS ACTOS U OMISIONES ARBITRARIAS O ILEGALES.
Que, en el caso de marras el actuar del Servicio de Registro Civil e Identificación al dar curso al procedimiento de cambio de orden de apellidos solicitado por el padre de los niños, omite arbitrariamente informar a la madre de los niños privándolos de ejercer sus derechos garantizados en la Constitución Política de la República, Los Tratados Internacionales ratificados por Chile y la Ley, tales como el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente el Derecho a la Identidad, el Derecho ser Oído y por consecuencia directa al no poder ejercer los mencionados derechos se perturba y amenaza el derecho garantizado en el artículo 19 numeral 1 de la CPR, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, Específicamente en cuanto a la integridad psíquica al presentar aflicción y ansiedad, por la situación en la que se encuentran al ser privados de su apellido.
Que, el Servicio está facultado a cursar la solicitud y rectificar la partida de conformidad artículo 17 Ter de la Ley de Registro Civil e Identificación, que, señala que, al cambiar el orden de los apellidos, este se transmite a los hijos. La situación V.S., Ilma. Es que esta norma no considera el interés superior del niño, no siendo oído estos en una decisión que afecta directamente su vida y desarrollo, pues tal vez en el caso de que un padre sea presente e informe a sus hijos respecto del cambio de orden de apellidos para que estos mientras se tramita la solicitud, tengan el tiempo necesario para asimilar la situación y no afectar la psiquis de los niños, no exista inconveniente alguno.
Que, en igual sentido, el mismo artículo 17 ter de la ley N.° 4.808, sobre Registro Civil: ordena proceder al Director del Servicio de Registro Civil e Identificación, debiendo realizar las inscripciones y sub-inscripciones pertinentes, la norma erra en no considerar la opinión de los niños, en virtud del principio de autonomía progresiva, reservando el derecho para los adolescentes de 14 años de edad, produciéndose una antinomia en el caso sub lite, en circunstancias que de conformidad a la ley N.° 21.430, Sobre Garantías Y Protección Integral De Los Derechos De La Niñez Y Adolescencia, en su artículo 7, mandata que los órganos del Estado están llamados a evaluar y sopesar los distintos intereses de los niños y adolescentes en la toma de decisiones que les afecten, lo que en el caso de marras no sucede.
Que el aparente proceder dentro del marco legal y mandato del artículo 17 ter, es arbitrario pues omite la aplicación de normativa que establece derechos en favor de los niños de autos, no procediendo conforme al bloque de juridicidad, al basarse solo en el mencionado artículo, afectando directamente los derechos de ambos niños de autos.
III. DE LOS DERECHOS AFECTADOS, AMENAZADOS Y VULNERADOS;
• Derecho a la Vida E Integridad Física y Psíquica, Que tal como se señala, el artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la Republica garantiza a todas las personas: el derecho a la vida y a la integridad fisiquita y psíquica, que, en cuanto a la esfera de la integridad psíquica garantizada en la Constitución política, los niños de autos están siendo afectado, por cuanto, al ser privados de su apellido el cual les da un sentido de pertenencia a un pueblo indígena como lo es el mapuche.
Que el actuar de la recurrida al cursar la solicitud de cambio de orden de apellidos del padre de los niños, sin consultar sin considerar el interés superior, sin respetar su derecho a la identidad, sin ser oídos, ni mucho menos informarles a tiempo de la situación, esto es el cambio de su nombre, ha afectado la psiquis y la sanidad mental de los niños, pues estos han presentado cuadros de angustia y ansiedad por la situación que les afecta, lo que ha impactado emocional y socialmente a ambos niños de autos, quienes aún se auto perciben como nombre reservado y no como nombre reservado.
• Interés superior del niño:
En el caso de marras se vulnera y afecta el Interés superior del niño, entendido como un derecho, un principio y una norma de procedimiento, puesto que la recurrida al momento de cursar la solicitud de cambio de nombre del padre de ambos niños, al ser una decisión sobre una cuestión que les afecta a ambos niños de autos, se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos.
Dichas Garantías además de las expresamente mencionadas en el artículo 19 de la Constitución Policita de la Republica comprenden las consagradas en la convención de los derechos de Niño, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la CPR, y específicamente el Derecho a la Identidad, Derecho a Ser Oído, y el derecho a la Información.
El Servicio actúa amparado en la ley, sin embargo, desconoce en su proceder normativa de orden superior, que de conformidad al principio de jerarquía constitucional y más amplio aun el principio de juridicidad, debe necesariamente observar cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, más aun no cuando no son ellos quienes lo solicitan o el progenitor que detenta el cuidado personal, siendo yo en este caso quien lo detento y no se me considera y ni consulta al respecto, ni mucho menos se me da la oportunidad de informarles de la situación a los niños o de oponerme, en favor de sus derechos.
• Derecho A La Identidad:
El derecho a la identidad, el cual se encuentra consagrado en distintos cuerpos legales, tales como la convención internacional de los derechos del niño, la cual se encuentra ratificada por el Estado chileno, cuerpo legislativo que goza de jerarquía constitucional de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la CPR al versar sobre derechos humanos, dicho cuerpo legal en sus artículos 8 obliga a los Estados Partes a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
En el mismo sentido la Ley Sobre Garantías Y Protección Integral De Los Derechos De La Niñez Y Adolescencia en su artículo 26 señala que “Las instituciones públicas y privadas estarán obligadas al reconocimiento y respeto de la identidad de los niños, niñas y adolescentes.
Y en el caso de marras este derecho se vulnera, pues el apellido nombre reservado para los niños de autos, es parte de su identidad, no solo entendida desde un punto cívico y social, sino más bien desde un plano cultural, al ser un apellido notoriamente de calidad indígena.
• Derecho A Ser Oído:
De igual manera la convención internacional sobre los derechos del niño, consagra el derecho a ser oído, mandatando a los estados partes en su artículo 12 número a que “garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño” estableciendo en el numeral 2 una norma procedimental señalando que “Se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”
En igual sentido la Ley Sobre Garantías Y Protección Integral De Los Derechos De La Niñez Y Adolescencia, en su artículo 28, señala que los niños “tienen derecho a que sus opiniones sean oídas y consideradas de acuerdo con su edad, madurez y grado de desarrollo, en los procedimientos o actuaciones administrativas o judiciales en que se decida sobre alguna cuestión particular cuya determinación pueda afectar sus derechos o intereses.”
• Derecho a la información.
Este derecho consagrado en la Ley Sobre Garantías Y Protección Integral De Los Derechos De La Niñez Y Adolescencia, en su artículo 35, dispone que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho informado, sobre cualquier actuación o medida que pueda afectar el ejercicio de sus derechos.
Que, en el caso de marras por tratarse de un cambio de nombre, los niños de autos con mayor razón debieron ser informados, pues el nombre es fundamental para el desarrollo y desenvolvimiento de los niños en sociedad, y para ejercer adecuadamente sus derechos, enterándose de esta afectación 7 meses después, y no por encargo del Servicio, sino que, por medio del psicólogo del establecimiento escolar, quien a su vez fue informado por el padre, mas no por el servicio.
Que el artículo 17 ter obliga a la recurrida a oficiar e informar de la rectificación del orden de apellidos a una serie de instituciones, mas no ordena informar a los niños o al otro progenitor, o a quien detenta el cuidado personal de estos, que no siempre es un progenitor.
IV. EL DERECHO • Constitución Política de la Republica Artículo 5 La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. (…)
Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.
cederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.
• Convención Internacional De Los Derechos Del Niño Artículo 3:
1. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”
Artículo 8 1.
Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
Artículo 12 1.
Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
Artículo 29 letra c 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a (…)
c)
Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
• Ley N. °21.430. Ley Sobre Garantías Y Protección Integral De Los Derechos De La Niñez Y Adolescencia Artículo 7.- Artículo 7.- Interés superior del niño, niña o adolescente. El interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta.
Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le afecten se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1, cuando se evalúen y sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deban tomarla autoridades legislativas, judiciales o administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, padres y/o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado.
Conforme a este principio, ante distintas interpretaciones, siempre se elegirá aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, niña o adolescente.
Los procedimientos se guiarán por garantías procesales para asegurar la correcta aplicación del interés superior del niño, niña o adolescente, que exige procedimientos transparentes y objetivos que concluyan en decisiones fundamentadas con los elementos considerados para efectivizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados.
Para su determinación, se deberán considerar las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente o grupo de niños, niñas o adolescentes como:
a)
Los derechos actuales o futuros del niño, niña o adolescente que deban ser respetados, promovidos o protegidos por la decisión de la autoridad.
b)
La opinión que el niño, niña o adolescente exprese, cuando ello sea posible conforme a su edad, grado de desarrollo, madurez y/o su estado afectivo si no pudiere o no quisiere manifestarla.
c)
La opinión de los padres y/o madres, representantes legales o de quien lo tuviere legalmente a su cuidado, salvo que sea improcedente.
d)
El bienestar físico, mental, espiritual, moral, cultural y social del niño, niña o adolescente.
e)
La identidad del niño, niña o adolescente y las necesidades que de ella se derivan, sean estas físicas, emocionales, sociales, culturales o de origen étnico.
f)
La autonomía del niño, niña o adolescente y su grado de desarrollo.
g)
Cualquier situación de especial desventaja en la que se encuentre el niño, niña o adolescente que haga necesaria una protección reforzada para el goce y ejercicio efectivos de sus derechos.
h)
La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del niño, niña o adolescente considerando su entorno de vida.
i)
Otras circunstancias que resulten pertinentes en el caso concreto que se conoce, tales como los efectos probables que la decisión pueda causar en su desarrollo futuro.
Artículo 26.- Derecho a la identidad. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho, desde su nacimiento, a tener un nombre, una nacionalidad, una lengua de origen y a ser inscrito en el Servicio de Registro Civil e Identificación, sin dilación. Tendrá derecho a la nacionalidad chilena cuando corresponda, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional. Ningún niño, niña o adolescente será privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Las instituciones públicas y privadas estarán obligadas al reconocimiento y respeto de la identidad de los niños, niñas y adolescentes en conformidad con lo dispuesto precedentemente.
Asimismo, tiene derecho a conocer la identidad de sus padres y/o madres, su origen biológico, a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia, incluida su identidad de género, conforme a la legislación vigente.
Las personas adoptadas tendrán el derecho a buscar y conocer sus orígenes. El servicio encargado de adopciones tomará las medidas oportunas para conservar la documentación relativa a los orígenes de los niños, niñas o adolescentes. Asimismo, proporcionará el asesoramiento, mediación confidencial y ayuda oportunas para hacer efectivo el derecho a conocer sus orígenes, en conformidad a la ley.
Estos derechos no se verán afectados ni serán restringidos de manera alguna por la irregularidad migratoria de cualquiera de sus padres y/o madres, sus representantes o de quienes los tuvieren bajo su cuidado.
Cuando un niño, niña o adolescente sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad, o de todos ellos, se deberá prestar la asistencia y protección apropiadas en miras a restablecerla rápidamente.
Los niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos étnicos, indígenas, religiosos o lingüísticos tienen derecho, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, a emplear su propio idioma y a intervenir en los procedimientos de consulta cuando lo establezca la ley.
El Servicio de Registro Civil e Identificación dispondrá de procedimientos sencillos y rápidos que permitan la inscripción de nacimiento de los recién nacidos, su identificación oportuna y la de su nacionalidad, con independencia de su estatus migratorio o del de sus padres y/o madres. En el caso de que se desconozca la identidad de éstos, se presumirá su nacionalidad chilena. El niño, niña o adolescente deberá ser registrado con nombre y dos apellidos convencionales, dejándose constancia en la partida correspondiente, sin perjuicio del derecho a reclamar posteriormente la determinación de su identidad.
Artículo 28.- Derecho a ser oído. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que sus opiniones sean oídas y debidamente consideradas, de acuerdo con su edad, madurez y grado de desarrollo, en los procedimientos o actuaciones administrativas o judiciales en que se decida sobre alguna cuestión particular cuya determinación pueda afectar sus derechos o intereses, especialmente en el ámbito familiar, escolar, sanitario, comunitario, administrativo y/o judicial. En el ejercicio del derecho se resguardarán las condiciones de discreción, intimidad, seguridad, recepción de apoyo, libertad y adecuación de la situación.
Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, velarán por que en los procedimientos en que participe directamente un niño, niña o adolescente existan medios adecuados a su edad, madurez y grado de desarrollo, con el objeto de que éste pueda formarse un juicio propio y pueda expresarlo. Especialmente, velarán por el empleo de un lenguaje y entrega de información necesaria de un modo adecuado a su capacidad de entendimiento y procurarán que se tengan en cuenta las necesidades lingüísticas de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos que lo requieran.
Los niños, niñas y adolescentes podrán manifestar su opinión por sí mismos o a través de la persona que designen. En los casos en que esto no fuere posible, los órganos de la Administración o la autoridad judicial dispondrán de las medidas necesarias, presenciales o remotas, para el cumplimiento del derecho.
Los órganos del Estado deberán, en el ámbito de sus competencias, establecer mecanismos efectivos para garantizar este derecho en los procedimientos administrativos y judiciales.
Los establecimientos educacionales, de salud o cualquier otra institución que provea servicios destinados a la protección o satisfacción de los derechos del niño, niña o adolescente deberán disponer los medios para oír efectivamente a los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos estén siendo afectados. Cuando no sea posible atender a las opiniones del niño, niña o adolescente, la autoridad respectiva deberá explicarle de un modo comprensible las razones de ello y dejar constancia fundada de esta decisión.
Artículo 50.- Debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a que en todos los procedimientos administrativos y judiciales se le respeten las garantías de un proceso racional y justo, y se le aseguren, entre otros, el derecho de tutela judicial; el derecho a ser oído; el derecho a ser informado del procedimiento aplicable y de los derechos que le corresponden en el proceso; el derecho a una representación jurídica y/o judicial distinta de la de sus padres y/o madres, representantes legales, o de quienes los tengan legalmente bajo sus cuidado, en caso de intereses incompatibles; el derecho a una representación judicial especializada para la defensa de sus derechos; el derecho a presentar pruebas idóneas e independientes; el derecho a recurrir; así como los derechos y garantías que le confieren la Constitución Política de la República, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y las leyes.
• Convenio N.°169 De La OIT Artículo 5 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a)
deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
b)
deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;(…)
Artículo 12 Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
• Ley 19.253, Establece Normas Sobre Protección, Fomento Y Desarrollo De Los Indígenas, Y Crea La Corporación Nacional De Desarrollo Indígena Artículo 7°.- El Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público.
El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena.
Solicita se deje sin efecto la rectificación en la partida de nacimiento de ambos niños practicada con fecha 16 de agosto de 2023, que cambia el apellido de estos por transmisión, ordenando mantener el apellido nombre reservado en dicha partida en desmedro del apellido nombre reservado.
A folio 11 informa el Registro Civil señalando, lo siguiente:
l.- SITUACIÓN REGISTRAL DE nombre reservado, nombre reservado Y nombre reservado, EN EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.
1. Que, revisada la base de datos de este Servicio, consta que la partida Nº 127, del año 1981, de la Circunscripción de Carahue, da cuenta del nacimiento de nombre reservado, RUN Nº RUT reservado, nacido el 22 de marzo de 1981, hijo de filiación matrimonial de don nombre reservado RUN Nº RUT reservado y de doña nombre reservado RUN Nº RUT reservado, quien primitivamente fue inscrito como nombre reservado.
2. Consta, en la inscripción de nacimiento citada en el párrafo anterior, la rectificación administrativa practicada con fecha 09 de agosto de 2023, mediante Orden de Servicio Nº1, de fecha 10 de enero de 2022, en el sentido de establecer que el nombre actual del inscrito es nombre reservado, RUN Nº RUT reservado , ello conforme a las normas establecidas en la Ley Nº 21.334.
En atención a la rectificación derivada del cambio del orden de apellidos de nombre reservado, el mismo día, 1O de enero de 2022 , y aplicando el efecto de transmisión establecido en el inciso cuarto del artículo 17 ter de la Ley Nº 4.808 sobre Registro Civil, se modificó el apellido paterno de sus hijos (y respecto de quienes se ha presentado el presente requerimiento) cuyos antecedentes se indican a continuación:
a)
Consta en los Registros de este Servicio, la Partida Nº3903, Registro S, del año 2013, de la Circunscripción de Temuco, que da cuenta del nacimiento de nombre reservado, RUN Nº RUT reservado, nacido el 03 de noviembre de 2013, hijo de filiación matrimonial de don nombre reservado, RUN Nº RUT reservado y de doña nombre reservado RUN NºRUT reservado, quien fue inscrito en su oportunidad como nombre reservado.
b)
En la inscripción de nacimiento citada en el párrafo anterior, se registra la rectificación administrativa practicada con fecha 09 de agosto de 2023, por Orden de Servicio Nº 1, de fecha 1O de enero de 2022, correspondiente a una rectificación por transmisión, en el sentido de establecer que el nombre del inscrito es nombre reservado.
e) Consta en los Registros de este Servicio, la Partida Nº 1630, Registro S, del año 2016, de la Circunscripción de Temuco, que da cuenta del nacimiento de nombre reservado, RUN Nº RUT reservado , nacido el 28 de abril de 2016, hijo de filiación matrimonial de don nombre reservado, RUN NºRUT reservado y de doña nombre reservado RUN Nº RUT reservado, quien fue inscrito en su oportunidad como nombre reservado.
d) En la inscripción de nacimiento citada en el párrafo anterior , se registra la rectificación administrativa practicada con fecha 09 de agosto de 2023 , por Orden de Servicio Nº1, de fecha 1O de enero de 2022 , correspondiente a una rectificación por transmisión. en el sentido de establecer que el nombre del inscrito es nombre reservado.
3. Que, en virtud de lo señalado precedentemente ,a partir de la rectificación administrativa en comento, los hijos de don nombre reservado, RUN Nº RUT reservado, usan, a contar de esa fecha, los apellidos nombre reservado.
II.- NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
1. Las actuaciones que norman la filiación se encuentran reguladas por leyes de Derecho Público, rama del ordenamiento jurídico que sólo permite la realización de actos que se encuentran expresamente ordenados por la ley, tanto así, que involucra a todos los destinatarios del ordenamiento jurídico y los alcanza de forma tal que compromete su existencia más allá de la individualidad que los caracteriza. En efecto, la Constitución Política de la República, ubica a la familia como el núcleo central de la sociedad, por lo tanto, sus normas afectan no solo a sus integrantes, sino que a la comunidad toda.
2. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación se encuentra regido en sus actuaciones y decisiones por el principio de legalidad, consagrado en los artículos 6º y 7° de la Constitución Política de la República y en el artículo 20 del D.F.L. Nº 1/19.653, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de las Administración del Estado.
3. Por su parte y en atención a lo establecido en la Ley Nº 19.477 Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto de la función de este Servicio, se hacen presente las siguientes consideraciones:
a) El cometido especifico o fin especial de este Servicio, está determinado por la Ley Orgánica que lo rige, así lo señala el artículo 3º de la Ley Nº 19.477: "El Servicio velará por la constitución legal de la familia y tendrá por objeto principal registrar los actos y hechos vitales que determinen el estado civil de las personas y la identificación de las mismas.
Le corresponderá, también, llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley le encomiende. " Por su parte, el artículo 305 del Código Civil, respecto de la acreditación del estado civil de hijo, madre o padre de filiación no matrimonial prescribe: "El estado civil de (...) padre, madre o hijo se acreditará frente a terceros y se probará por las respectivas partidas de matrimonio (...) y de nacimiento o bautismo".
4. En lo referente a los menores, nombre reservado, RUN NºRUT reservado y nombre reservado, RUN NºRUT reservado , ellos tenían determinado el orden de sus apellidos , conforme a la normativa vigente a la época, Es decir, que, a la época de inscripción de los menores, existía un orden paterno-materno , quedando inscritos con los apellidos nombre reservado. En consecuencia , hasta antes de la entrada en vigencia de la ley Nº21.334, en nuestro país, los apellidos de las personas estaban compuestos por un apellido paterno y uno materno.
5. En este contexto, con fecha 14 de mayo del año 2021, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.334, sobre "Determinación del Orden de los Apellidos por Acuerdo de los Padres". Dicha ley entró a regir a contar del día siguiente de la publicación en el Diario nombre reservadoº105, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprobó además el "Reglamento que Regula las Materias a que se refiere el artículo 6 de la Ley Nº 21.334, sobre Determinación del Orden de los Apellidos por Acuerdo de los Padres", lo que ocurrió el día 10 de enero del año en curso.
La Ley Nº 21.334 introdujo reformas al Código Civil, a la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, a la Ley Nº 19.477 , Orgánica del Servicio de Registro Civile Identificación ,y a la Ley Nº 17.344, sobre Cambio de Nombres y Apellidos. Dentro de estas modificaciones, cualquier persona mayor de edad, personalmente o representada, podrá, por una sola vez, solicitar la rectificación de su partida de nacimiento para invertir el orden de sus apellidos registrados en su partida de nacimiento.
A mayor abundamiento, conforme prescribe el nuevo artículo 17 bis de la Ley Nº 4.808 sobre Registro Civil, introducido por la Ley Nº21.334 "Sobre Determinación del Orden de los Apellidos por Acuerdo de los Padres, " Toda persona mayor de edad podrá, por una sola vez, y en la forma que dispone el presente artículo, solicitar ante el Servicio de Registro Civil e Identificación el cambio de orden de apellidos determinados en su inscripción de nacimiento.
La solicitud a que se refiere el inciso anterior deberá indicar el nuevo orden de los apellidos con los que quiere ser identificada la persona requirente, así como la petición expresa de rectificar los registros con que se le hubiera identificado en el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven en dicho Servicio.".
6. Por su parte, en el inciso 5º del artículo 17 ter de la de la Ley Nº 4.808 sobre Registro Civil, introducido por la Ley Nº21.334 "Sobre Determinación del Orden de los Apellidos por Acuerdo de los Padres, prescribe: "El cambio del orden de los procederá por igual respecto de todos los hijos menores de edad. Cuando en tales términos corresponda proceder con el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, en la orden de servicio por la que acoja la solicitud de cambio del orden de los apellidos del solicitante, además deberá ordenar las correspondientes rectificaciones en las partidas de nacimiento de todos los hijos menores de edad, procediéndose con las modificaciones, subinscripciones pertinentes, emisión de nuevos documentos identificatorios e informes a instituciones, de conformidad con las reglas del presente artículo".
7. En efecto, respecto de los hijos de don nombre reservado , RUN NºRUT reservado , por mandato legal opera el efecto de transmisión como lo indica el artículo 17 ter inciso 5º de la Ley Nº4.808 sobre Registro Civil, modificada por la Ley Nº21.334, que prescribe que el cambio de orden de los apellidos del solicitante, también se refleja en el apellido de transmisión a sus hijos menores de edad, debiendo procederse de igual forma respecto de todos ellos.
8. Lo anterior consiste en reemplazar el antiguo primer apellido trasmisible del padre por el nuevo, establecido mediante su solicitud de rectificación.
III.- INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS O ACTUACIÓN ILEGAL O ARBITRARIA.
1. De conformidad a lo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, a este Servicio le corresponderá velar por la constitución legal de la familia, teniendo como objeto principal registrar los actos y hechos vitales que determinen el estado civil de las personas y la identificación de las mismas.
2. Del mismo modo, el artículo 4º de la mencionada ley señala entre las funciones de este Organismo, la siguiente: "2. Inscribir en el registro correspondiente los nacimientos, matrimonios y defunciones; y dejar constancia en dichas inscripciones de los hechos y actos jurídicos que las modifiquen, complementen o cancelen", lo que también es mencionado los artículos primero, tercero, cuarto y quinto de la Ley Nº4.808, sobre Registro Civil.
3. Siguiendo esta línea argumental, este Servicio se rige por el Principio de Legalidad o Juridicidad, consagrado en los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de la República y el artículo segundo del DFL Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575 , sobre Bases Generales de la Administración del Estado, lo que en la práctica implica que sólo puede hacer aquello que la ley expresamente autorice, lo contrario derivaría en la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, establecidos en los números 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución 4.
En consideración a lo anteriormente expuesto y normas legales citadas, en particular, los artículos 17 bis e inciso 5º del artículo 17 ter de la Ley Nº 4.808 sobre "Determinación del orden de Jos apellidos por acuerdo de los padres", este Servicio no ha incurrido en ninguna vulneración de derechos o actuación ilegal o arbitraria, respecto de los hijos de la recurrente, por cuanto en su actuar se ha apegado estrictamente al marco legal vigente, destacando que con la entrada en vigencia de la ley Nº21.334, se ha facultado a las personas mayores de edad, cumpliendo los requisitos, modificar el orden de sus Apellidos, lo que consecuencialmente afecta a los hijos menores de edad, respecto de quienes se aplica el efecto de transmisión ya señalado.
5. Finalmente, cabe tener presente las normas reguladoras del Derecho de Familia son de orden público, esto es, protegen el interés general de la sociedad y como tales, son imperativas e inderogables . Es la ley únicamente, y no la voluntad de las partes, la que regula el contenido, extensión y eficacia de las relaciones familiares, siendo la ley la que regula íntegramente los efectos de estos actos, no obstante, la voluntad inicial de la cual luego derivan los actos de familia.
6. Por otra parte, respecto de las alegaciones de la recurrente, madre de los menores objeto del presente recurso, en orden a que es responsabilidad de este Servicio haberle informado la rectificación de apellidos de los menores, y que no hacerlo constituye una omisión arbitraria, es necesario indicar que el artículo 7° del Código Civil dispone expresamente, que: "desde su publicación la ley se entenderá conocida de todos y será obligatoria".
A su vez, el artículo 8ºdel mismo Código dispone que: "nadie podrá alegar ignorancia de Ja ley después que ésta haya entrado en vigencia".
7. En consecuencia , tal como se ha indicado latamente, la Ley Nº 21.334 entró en vigor el 11 de enero de 2022, tiempo suficiente para que la recurrente, y en general, cualquier persona pudiese informarse y tomar conocimiento de los alcances de sus disposiciones.
8. En cuanto al fundamento del recurso en comento, basado en el presunto hecho que la decisión de la Administración afecta el derecho o garantía amparada en la Constitución Política, Artículo 19, Nº 1, es importante tener presente que el Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, por lo que no resultaría procedente para este Servicio hacer distinciones de ninguna especie. Las normas jurídicas son iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes.
Asimismo, de acuerdo con lo reseñado precedentemente, se hace hincapié en que este Servicio ha actuado con estricto apego al principio de legalidad establecido en los artículos 6º y 7° de la Constitución Política de la República, y con estricto apego y respeto a la garantía del artículo 19 Nº 1 de la misma Carta Fundamental.
En consecuencia, y habida consideración de lo expuesto , se solicita a SS. Ilustrísima tener por evacuado dentro de plazo el informe requerido y rechazar el presente recurso, con expresa condenación en costas, atendido que no ha existido actuación ilegal y/o arbitraria de este Servicio.
CONSIDERANDO PRIMERO: Que, la Ley N° 21.334 sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres modifico la Ley N° 4.808, sobre Registro Civil incorporando entre otros cambios el articulo 17 TER que dispone en su párrafo quinto que el cambio del orden de los apellidos sólo operará respecto del solicitante, sin que resulte extensivo a los ascendientes, y no alterará la filiación, agregando que el cambio del orden de los apellidos del solicitante provocará el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, debiendo procederse por igual respecto de todos ellos. Sin perjuicio de lo anterior, si el solicitante tuviere uno o más hijos mayores de 14 y menores de 18 años de edad, éstos deberán manifestar su consentimiento, mediante declaración escrita extendida ante el Oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, caso en el cual también se deberá proceder por igual respecto de todos los hijos menores de edad. Cuando en tales términos corresponda proceder con el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, en la orden de servicio por la que acoja la solicitud de cambio del orden de los apellidos del solicitante, además deberá ordenar las correspondientes rectificaciones en las partidas de nacimiento de todos los hijos menores de edad, procediéndose con las modificaciones, subinscripciones pertinentes, emisión de nuevos documentos identificatorios e informes a instituciones, de conformidad con las reglas de este artículo.
SEGUNDO: Que conforme a la documentación acompañada consta que:
1.- Que, la partida Nº 127, del año 1981, de la Circunscripción de Carahue, da cuenta del nacimiento de nombre reservado, RUN Nº RUT reservado, nacido el 22 de marzo de 1981, hijo de filiación matrimonial de don nombre reservado RUN Nº RUT reservado y de doña nombre reservado RUN Nº RUT reservado, quien primitivamente fue inscrito como nombre reservado.
2.- Que por rectificación administrativa practicada con fecha 09 de agosto de 2023, mediante Orden de Servicio Nº1, de fecha 10 de enero de 2022, se determinó que el nombre actual del inscrito es nombre reservado, RUN Nº RUT reservado , ello conforme a las normas establecidas en la Ley Nº 21.334.
3.- Que, consecuencia de la rectificación derivada del cambio del orden de apellidos de nombre reservado, el mismo día, y aplicando el efecto de transmisión establecido en el inciso cuarto del artículo 17 ter de la Ley Nº 4.808 sobre Registro Civil, se modificó el apellido paterno de sus hijos nombre reservado, RUN Nº RUT reservado ( la Partida Nº3903, Registro S, del año 2013, de la Circunscripción de Temuco), quien fue inscrito en su oportunidad como nombre reservado. nombre reservado, RUN Nº RUT reservado
( Partida Nº 1630, Registro S, del año 2016, de la Circunscripción de Temuco9, que da cuenta del nacimiento de, nacido el 28 de abril de 2016, hijo de filiación quien fue inscrito en su oportunidad como nombre reservado.
TERCERO: Que, un acto puede ser considerado como ilegal cuando es contrario al derecho que regula la actuación que es cuestionada, y arbitrio cuando carece de racionalidad o de no razonable previsibilidad de la decisión y de modo especial cuando produce la existencia de contradicciones internas, o se consta falta la adecuada motivación CUARTO: Que, lo cuestionado en autos es la circunstancia de que se haya procedido a la rectificación de las partidas de nacimiento de los menores , sin haber sido estos previamente oídos, lo que se estima vulnera los derechos de los mismos reconocidos por la Constitución Política y los Tratados Internacionales ratificados perturbando y amenazando el derecho garantizado en el artículo 19 numeral 1 de la CPR, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
QUINTO: Que, el actuar de la recurrida se ajustó estrictamente a lo mandatado por la modificación que la Ley N° 21.334 generó en la Ley N° 4.808, sobre Registro Civil, norma impone por el solo ministerio de la ley el cambio del apellido en los hijos menores del solicitante, por lo que no puede su actuación ser tildada de ilegal, ni tampoco de arbitraria.
SEXTO: Que, adicionalmente, el principio de vinculación o eficacia directa de los textos constitucionales y de las normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile, y el control de convencionalidad a que están llamados a efectuar los Tribunales de Justicia y los Órganos de la Administración del Estado no habilitan para dejar de aplicar una norma expresamente establecida por el legislador y que ha sido aprobada estando vigente los cuerpos legales jerárquicamente superiores con los que se plantea la supuesta contradicción . En efecto , es evidente que, al intérprete de la norma, rol que cumplen los Tribunales de Justicia y los Órganos de la Administración del Estado, no les está permitido, cuando su sentido es claro dar a esta un significado diferente haciendo uso de una interpretación conforme con la Constitución o del control de convencionalidad, o declarar su inaplicabilidad.
SEPTIMO: Para solucionar la eventual contradicción normativa que plantea la recurrente se ha establecido el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad el que conforme al artículo 93 de la Constitución Política de la República, norma que establece que es atribución v del Tribunal Constitucional: 6º.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución.
OCTAVO: Que, en consecuencia no concurriendo una actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, y no siendo esta la instancia para cuestionar la constitucionalidad de la norma del articulo 17 TER de la Ley N° 4.808, sobre Registro Civil agregado por la Ley N° 21.334 en la parte que establece que el cambio del orden del apellido de un solicitante conlleva el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, debiendo procederse por igual respecto de todos ellos, cabe rechazar la presente acción de protección.
Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en favor de sus hijos menores de edad nombre reservado, y nombre reservado, actualmente con el nombre de nombre reservado y nombre reservado, en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Redacción abogado integrante Roberto Contreras Eddinger Rol Protección N° 3202-2024. (sac)