nombre reservado con COMPÍN. REGIÓN DEL BIO BIO

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Comparece PATRICIO CONTRERAS BOERO, Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio Bio, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, subterráneo, comuna de Temuco, en representación de doña nombre reservado, chilena, trabajadora dependiente, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (“SUSESO”), rut RUT reservado, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por doña nombre reservado, o quien haga sus veces o le subrogue o reemplace en el cargo, cédula nacional de identidad RUT reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (“nombre reservado”) nombre reservado, rut RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, o quien haga sus veces o le subrogue o reemplace en el cargo, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, siendo los fundamentos de esta presentación los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO.- Que, desde el nacimiento del hijo de mi representada a fines del año 2022, ella comenzó con un cuadro de depresión debido a que tuvo que afrontar todo su periodo de embarazo sola, sin ayuda del padre, todo lo cual desencadenó una serie de pensamientos depresivos y suicidas, además de un sentimiento de rechazo hacia su hijo, tanto así que no podía amamantar producto de la depresión, crisis de angustia, frustración e insomnio de que padecía, producto de lo cual, en el mes de julio del año pasado doña nombre reservado fue derivada por medio de la asistente social del Cesfam de Pueblo Nuevo, al departamento de salud mental del mismo establecimiento a fin de continuar con su tratamiento.

Es del caso que parte de las licencias médicas efectuadas, se relacionan con el estado de salud del hijo de mi representada, quien enfermó con cuadros respiratorios, además de tener que asistir a su madre de 62 años que padece de discapacidad visual, por lo que requiere diariamente de la asistencia de la recurrente.

Así las cosas, mi representada acudió a distintos profesionales en medicina, todo lo cual consta en documentos que se acompañan a esta presentación, y luego de la realización de diversos exámenes, se le diagnosticó un trastorno de ansiedad generalizada, trastorno adaptativo por experiencia no normativa (separación, enfermedad de su madre, embarazo no deseado)

Este malestar le impide al día de hoy realizar sus labores cotidianas de forma normal, es más, necesita requiere constantemente de la ingesta de distintos medicamentos para mitigar su actual estado de salud, según listado indicado a continuación:

“1-FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MG TOMAR MEDIA CADA DIA POR 7 DIAS LUEGO UNA COMPLETA TOMAR DESPUES DEL DESAYUNO.

2.- ESZOPICLONA COMPRIMIDO 3 MG TOMAR UNA CADA NOCHE POR UN MES 3.-CLOTIAZEPAM COMPRIMIDO 5 MG TOMAR UNA EN CASO DE CRISIS.”

En razón de lo expuesto, y del diagnóstico efectuado por diversos profesionales, mi representada está prácticamente impedida de poder realizar sus obligaciones laborales, por lo que se ha visto en la necesidad de solicitar licencias médicas para un adecuado reposo y descanso.

Es así que, con fecha 14 de diciembre de 2023, mi representada formula un reclamo ante la SUCESO en contra de nombre reservado - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA a causa del “rechazo de licencia médica por reposo injustificado”. El día 18 de marzo de 2024 mi representada fue notificada a través de su coreo electrónico de la resolución exenta N° R-01-S-43598-2024 que confirma el rechazo de las licencias médicas por “por no encontrarse justificado el reposo”, señalando principalmente que “la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo” y que “no se adjunta la Resolución del Recurso de Reposición realizado ante la COMPIN respectiva sobre dicha licencia médica reclamada”. Estos argumentos son errados, pues mi representada lleva año de tratamientos con distintos profesionales de la salud, según lo ya relatado, todo lo cual consta en los diversos informes y certificados que se acompañan al presente líbelo, además de tener agendada una sesión en mayo del presente año en psicoterapia.

En definitiva, el rechazo y no pago de las licencias médicas ha resultado en una afectación negativa para solventar los gastos del día a día, así como un sentimiento de incertidumbre respecto al futuro laboral de mi representada, además de un desgaste emocional y físico, pues ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en realizar toda la tramitación referente a las apelaciones de sus licencias, teniendo igualmente en consideración que se encuentra al cuidado de su madre de tercera edad y de su hijo pequeño.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- Garantías constitucionales vulneradas.- Artículo 19 N°1: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.

El artículo 1 del D.S. N°3/1984, del Ministerio de Salud define tajantemente “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencias médicas el derecho que tiene el trabajador ausentarse o reducir la jornada del trabajo, durante un determinado lapso de tiempo en cumplimiento de la indicación de profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona”.

La presente norma tiene como objetivo la protección de los trabajadores enfermos, sean ellos de manera temporal o definitiva, derecho al que actualmente no ha tenido acceso y se le viene negando reiteradamente.

Artículo 19 N° 2: “La igualdad ante la ley: En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Se infringe la garantía en cuestión, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud pueden acceder al subsidio por reposo laboral o al otorgamiento de la pensión de invalidez. Incluso en situaciones mucho más ventajosas, por enfermedades mucho menos agresivas, que no implican un dolor inconmensurable y duradero.

Artículo 19 N°3: La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

El Decreto Supremo N° 3/1984 del Ministerio de Salud, regulando tramitación administrativa de las licencias médicas señala:

Artículo 16: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdos con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Prácticas o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; y e) Disponer de cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior, la COMPIN deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado Determine”.

La fundamentación, según dispone el artículo 11 inciso 2° de la Ley 19.880, conlleva ciertos requisitos mínimos: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afecten los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos. Por su parte el artículo 41 inciso 3° y 4° del mismo cuerpo legal expresa “En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incorporar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente”.

Las resoluciones contendrán la decisión fundada, expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno, transformándose lo anterior en requisitos de validez de los actos que emanen del ente administrador.

De lo antes señalado, aparece que COMPIN Y SUSESO no se ajustaron a la legalidad vigente, desde que no se justificó debidamente las decisiones adoptadas ni el valor que asignaron al diagnóstico médico, generando una insuficiencia en sus resoluciones por falta de fundamento que genera la debida coordinación entre ambas instituciones que hoy están produciendo un estado de precariedad e indefensión.

Artículo 19 N°24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Se establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Adquirido un derecho, la persona no puede ser privada del mismo o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley especial o general que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.

En consecuencia, el derecho de dominio no sólo puede ejercerse sobre bienes corporales, sino también sobre derechos, entre otros, el derecho de propiedad que tenemos sobre todos los derechos y beneficios que emanan del contrato de trabajo y de las normas de orden público que lo rigen, en lo relativo a las respectivas asistencias previsionales que le asisten, en virtud de la normativa legal vigente.

Efectivamente se afecta esta garantía fundamental, desde que importa la privación de un derecho a una retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad o accidente, por lo que las mencionadas instituciones con su conducta ilegal y arbitraria han infringido también esta garantía constitucional.

Solicita se sirva tener por presentada acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (“SUSESO”), representada legalmente por doña nombre reservado, ya individualizada, o quien haga sus veces o le subrogue o reemplace en el cargo, y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (“nombre reservado”) nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ya individualizado, o quien haga sus veces o le subrogue o reemplace en el cargo, ordenarles que informen en el plazo perentorio que USI. fije y, en definitiva, ordenar que se acoge este recurso y que se tengan por aprobadas las licencias médicas materia del recurso, debiendo el organismo recurrido proceder a los trámites para el pago de los subsidios correspondientes y demás efectos legales, si correspondiere, o arbitrar las medidas que US. Iltma. estime pertinentes para restituir el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Reclamo de fecha 14 de diciembre de 2023 ante la Superintendencia de Seguridad Social.

2.- Correo electrónico de fecha 18 de marzo de 2024, enviado por la Superintendencia de Seguridad Social a la recurrente.

3.- Resolución exenta N° R-01-S-43598-2024 que confirma el rechazo de las licencias médicas, emitido por Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Licencias médicas 3-89059883, 3-89581979, 3-89872338, 4-15672188, 4-15811567, 4-15928332, 3-92156307, 3-94449852, 3-95368990, 3-96161094, 3-96946796, 3-97326592 de doña nombre reservado.

5.- Informe complementario de médico tratante de fecha 13 de junio de 2023, emitido por dr nombre reservado.

6.- Informe médico protocolizado de fecha 02 de octubre de 2023, emitido por dr nombre reservado.

7.- Receta médica de 02 de octubre de 2023, emitida por dr nombre reservado.

8.- Informe complementario de médico tratante de fecha 05 de octubre de 2023, emitido por dr nombre reservado.

9.- Certificado de atención de fecha 17 de octubre de 2023, emitido por psicóloga nombre reservado.

10.- Certificado de atención emitido por la dra nombre reservado, Red Salud Temuco.

11.- Certificado médico de fecha 23 de octubre de 2023, emitido por dra nombre reservado.

12.- Informe médico de fecha 04 de diciembre de 2023, emitido por dra nombre reservado.

13.- Certificado de nacimiento del hijo de doña nombre reservado.

A folio 7 informa COMPIN, quien dice:

1.- Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones Previsionales, del Ministerio de Salud, se entiende por licencia médica el derecho que tiene un trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado en cumplimiento de una indicación profesional certificado por un médico cirujano, dentista o matrona, reconocido por su empleador en su caso y autorizada por una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio especial con cargo a la entidad de previsión. De esta definición se desprende, que las licencias médicas se otorgan con el fin de recuperar la salud y que es por un tiempo determinado de reposo.

2.- El artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, ya mencionado, faculta a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, según corresponda, para aprobar o rechazar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total o parcial y viceversa.

3.- Para la visación de una licencia médica, el Médico Contralor de COMPIN se basa en los antecedentes médicos aportados y en las Guías Referencial de Reposo Médico y Reintegro Laboral en Personas con problemas y/o Enfermedad Mental. Lo anterior está incluido en la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencia Médica.

4.- Que, respecto de las licencias médicas recurridas, se informa lo siguiente:

a) Licencia médica N° IMED-1 89059883-8: Emitida a contar del 16.07.2023 por 14 días, con diagnóstico “Trastorno de ansiedad generalizada” por médico general, Dra. nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 20.07.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

b) Licencia médica N° IMED-1 89581979-4: Emitida a contar del 31.07.2023 por 11 días, con diagnóstico “Contractura Muscular” por médico general, Dra. nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 10.08.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”.

c) Licencia médica N° IMED-1 89872338-0: Emitida a contar del 11.08.2023 por 7 días, con diagnóstico “Lumbago no especificado” por médico general, Dr. nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 14.08.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”

d) Licencia médica N° MEDI-2 RUT reservado: Emitida a contar del 18.08.2023 por 15 días, con diagnóstico “Trastorno de ansiedad generalizada” por médico general, Dr. nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 28.08.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 08.09.2023, en el que se reconsidera el rechazo y se autoriza la licencia médica señalada, con fecha 16.11.2023.

e) Licencia médica N° MEDI-2 RUT reservado: Emitida a contar del 02.09.2023 por 15 días, con diagnóstico “Trastorno de ansiedad generalizada” por médico general, Dr. nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 15.09.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 31.10.2023 con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”, con fecha 30.11.2023.

f) Licencia médica N° MEDI-2 RUT reservado: Emitida a contar del 17.09.2023 por 15 días, con diagnóstico “Otros trastornos de ansiedad” por médico general, Dr. nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 04.10.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 31.10.2023 con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”, con fecha 30.11.2023.

g) Licencia médica N° MEDI-2 92156307-8: Emitida a contar del 02.10.2023 por 21 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico general, Dr. nombre reservado

Rechazada por nombre reservado con fecha 13.10.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”

Ingresa Recurso de Reposición con fecha 31.10.2023 con el que se mantiene rechazo con el argumento: “Sin causa médica que justifique el reposo: antecedentes médicos aportados no justifican el reposo”, con fecha 30.11.2023.

h) Licencia médica N° IMED-1 94449852-4: Emitida a contar del 13.11.2023 por 14 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico general, Dra. nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 21.11.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: reposo prolongado para patología.”

Licencia médica N° IMED-1 95368990-1: Emitida a contar del 27.11.2023 por 14 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico general, Dra. nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 04.12.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: reposo prolongado para patología.”

j) Licencia médica N° IMED-1 96161094-K: Emitida a contar del 11.12.2023 por 14 días, con diagnóstico “Trastorno de ansiedad orgánico” por médico general, Dra. nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 22.12.2023, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: reposo prolongado para patología.”

k) Licencia médica N° IMED-1 96946796-8: Emitida a contar del 25.12.2023 por 11 días, con diagnóstico “Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos” por médico general, Dra. nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 05.01.2024, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: reposo prolongado para patología.”

l) Licencia médica N° IMED-1 97326592-K: Emitida a contar del 05.01.2024 por 14 días, con diagnóstico “Trastorno mixto de ansiedad y depresión” por médico general, nombre reservado.

Rechazada por nombre reservado con fecha 11.01.2024, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: reposo prolongado para patología.”

5.- Que, la Contraloría Médica de la nombre reservado, para rechazar la licencia médica por la que se recurre tuvo en consideración el listado maestro de licencias médicas.

6.- Que, en atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN concluyó lo siguiente:

a) Antecedentes médicos aportados que no justifican reposo. Reposo prolongado para patología:

La trabajadora, posterior al reposo postnatal parental presentó licencias médicas por enfermedad o accidente común entre el 18.05.2023 al 18.01.2024, completando en ese periodo 243 días, de los cuales 94 días fueron autorizados.

Los diagnósticos principales que han motivado el reposo médico son principalmente por trastornos de la esfera mental: episodio depresivo moderado, episodio depresivo grave y trastornos de ansiedad.

En cuanto a las licencias médicas N° IMED-1 89581979-4 y IMED-1 89872338-0, fueron emitidas con diagnósticos traumatológicos, suman 18 días por patologías que suelen ser de corta duración, especialmente en una trabajadora joven, por lo que se estimó que el reposo era prolongado para el diagnóstico y fueron rechazadas. La trabajadora no ingresó recursos de reposición ante esta COMPIN que pudiera acompañar antecedentes médicos complementarios como informe médico, kinésico y exámenes que permitan justificar el reposo.

En cuanto a las licencias médicas por patología de salud mental: Se autorizaron los primeros 58 días de licencia médica, luego se consideró que el reposo era prolongado para el diagnóstico. Cabe señalar lo consignado en el art. 4° del Decreto 7/2013 del Ministerio de Salud, que contiene las guías referenciales de reposo, en el caso de trastornos de la esfera mental, el reposo de 15 a un máximo de 60 días, debe tener consultoría por psiquiatría, un puntaje en la escala de evaluación de la actividad global (EEAG) menor a 50 y se debe contar con un informe protocolizado teniendo en cuenta las guías clínicas disponibles en el Ministerio de Salud. Pese a no contar con informe médico ni conocer el puntaje en la EEAG se autorizaron los primeros 58 días, estimando plazo prudente para conseguir mejoría clínica con tratamiento farmacológico adecuado.

En el caso de las licencias médicas N° 89059883-8, 89581979-4, 89872338-0, 94449852-4, 95368990-1, 96161094-K, 96946796-8 y 97326592-K fueron rechazadas en primera instancia y la trabajadora a la fecha no ha ingresado recursos de reposición y antecedentes médicos complementarios que puedan justificar el reposo.

En cuanto a las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado y 92156307-8 la trabajadora presentó recursos de reposición con formulario de descargos, pero no acompañó informes de médicos tratantes que describieran la funcionalidad, gravedad del cuadro, historial de tratamientos y la respuesta a los mismos y el pronóstico de la enfermedad, que pudieran justificar el reposo prescrito con dichas licencias médicas.

A mayor abundamiento, la Superintendencia de Seguridad Social ha confirmado los rechazos de las licencias N° RUT reservado, RUT reservado y 92156307-8, realizados por nuestra COMPIN, en la siguiente resolución:

b) Resolución Exenta N° R-01-S-43598-2024 del 18.03.2024 de la Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo de licencia médica por no encontrarse justificado el reposo.

Por todo lo señalado anteriormente, se estimó que el reposo prescrito por medio de las licencias médicas N° 89059883-8, 89581979-4, 89872338-0, 94449852-4, 95368990-1, 96161094-K, 96946796-8, 97326592-K, RUT reservado, RUT reservado y 92156307-8 no se encontraba clínicamente justificado ante la falta de antecedentes clínicos aportados por los médicos tratantes de la trabajadora, estimándose que el periodo de reposo carece de temporalidad no habiendo ilegalidad, ni arbitrariedad en los actos realizados por esta contraloría médica.

Que, en resumen, queda acreditado en base a lo informado previamente, que la actuación de la nombre reservado no ha sido ni arbitraria ni ilegal, sus resoluciones han sido fundadas de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.880, debiendo tenerse presente la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos según lo establecido en su artículo 3°; actuando dentro de sus competencias legales, por lo que en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, al carecer de fundamentos, por cuanto la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, nombre reservado no ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que afecten las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que las licencias médicas rechazadas y que origina la presente acción constitucional, lo fueron en virtud de la legislación.

Se solicita que, en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a esta parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar.

Se acompañan siguientes antecedentes:

a) Historial de licencias médicas.

b) Resoluciones de rechazos por COMPIN y SUSESO.

A folio 10 informa TOMÁS GARRÓ GÓMEZ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

Solicito en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo 2 procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

EN SUBSIDIO DE LA ALEGACIÓN ANTERIOR, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

1.- En relación con la Acción de Protección interpuesta por la Sra. nombre reservado, es del caso hacer presente a US. Iltma. que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-208675-2023, la interesada recurrió a mi representada el día 14 de diciembre de 2023, reclamando por cuanto la nombre reservado - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 88460648-9, 89059883-8, 89581979-4, 89872338-0, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 92156307-8, extendidas por un total de 112 días a contar del 3 de julio de 2023, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-S-43598-2024, de 18 de marzo de 2024, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, mi representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 92156307-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se fundamenta por cuanto la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo.

“Que, el informe de psicólogo que adjunta, de fecha 17 de octubre del 2023, no da cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar, ni tampoco se refiere o señala que se hayan aplicados medidas terapéuticas durante el período de licencias reclamado.

“Que, la ausencia de tales elementos clínicos no permiten a nuestros especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 73 días debidamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada.

“Que, respecto a las licencias médicas N°s 89872338-0, 89581979-4 y RUT reservado, esta Superintendencia no emite pronunciamiento ya que no se adjunta la Resolución del Recurso de Reposición realizado ante la COMPIN respectiva sobre dicha licencia médica reclamada.

“Que, respecto a las licencias médicas N°s 88460648-9, 89059883-8, esta Superintendencia no emite pronunciamiento dado que revisado el maestro de licencias estas se encuentran autorizadas”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, 92156307-8, y no emite pronunciamiento respecto a las licencias médicas N°s 88460648-9, 89059883-8, 89581979-4, 89872338-0, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

2.- Ahora bien, respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

a) El derecho a licencia médica. Marco legal regulador.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En relación a la presente Acción de Protección, cabe indicar a US. Iltma. que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “PATOLOGÍAS MENTALES GUÍAS REFERENCIALES DE REPOSO LABORAL”, contempla “Reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a “Cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”, debe ser otorgada por médico psiquiatra.

Por lo indicado, corresponde hacer presente a US. Iltma. que el médico tratante de la recurrente, Dr. nombre reservado, no se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el Nº 712159, figura con la siguiente inscripción:

Fecha de registro: 04/03/2022 RUT: RUT reservado

Nombre Completo: nombre reservado

Sexo: Masculino Nacionalidad: Colombiana Fecha nacimiento: 10/11/1985 Orden Profesional:

- Médico Cirujano:

Posee título de Médico Cirujano (medico) otorgado por Universidad Surolombiana De Neiva, Colombia, Año 2012, reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 23/12/2021 - Médico Cirujano:

Posee título profesional de Médico Cirujano, otorgado por Universidad Surcolombiana, Colombia, 2012. Con fecha 25/01/2023, aprobó el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina.

Además, el médico tratante de la recurrente, Dra. nombre reservado, no se encuentra registrada con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el Nº 716118, figura con la siguiente inscripción:

Fecha de registro: 30/03/2022 RUT: RUT reservado

Nombre Completo: nombre reservado

Sexo: Femenino Nacionalidad: Extranjera Fecha nacimiento: 09/09/1993 Orden Profesional:

- Médico Cirujano:

Posee título profesional de Médico Cirujano, otorgado por Universidad Del Zulia, Venezuela, Año 2018. Con fecha 11/03/2022, aprobó el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina. De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

b) Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. ILTMA., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

c) Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Cabe hacer presente a SS. ILTMA. que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese ILTMO. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, SS. ILTMA., muy bien sabe que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Así, lo ha reconocido la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que en causa Rol Nº 19213-2014, por el recurso interpuesto por la Sra. nombre reservado, resolvió en cuanto a la fundamentación contenida en los oficios de mi representada lo siguiente: “Que la Superintendencia recurrida afirma que se pronunció sobre el rechazo de las licencias médicas N° 39674860; 39674862; 39765061; 39765070; 39913805; 39913828; 40228202 y 39765091 luego de haber revisado los antecedentes clínicos de la niña Rania nombre reservado, incluido el informe de la médico tratante y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por ella no se encontraba justificado al no acreditarse la gravedad de la enfermedad durante el lapso que las mismas cubren”.

“Que la aseveración efectuada en el motivo precedente por la recurrida encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente N° 01736-2014-P1, tenido a la vista, en los que no sólo se encuentran las resoluciones impugnadas, sino el examen realizado a la hija de la recurrente en el Centro Radiológico Fleming el día 8 de enero de 2013”.

“Que a la luz de los antecedentes referidos en los motivos sexto y séptimo se aprecia que no aparece desprovisto de fundamento el acto recurrido, desde que no se encuentra acreditada la existencia de la enfermedad por la cual se otorgaron las licencias reclamadas. En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión de la recurrida de rechazar el reclamo del afiliado respecto de las licencias médicas, razón por la que el presente recurso debe ser rechazado”.

Asimismo, la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 33.059-2020, en sentencia de 30 de abril de 2020, que revoca la sentencia recurrida, señala:

“Cuarto: Que el tribunal de instancia resolvió acoger el recurso de proteccióń intentado, dejando sin efecto la resolución recurrida, ordenando que se proceda al pago de las licencias médicas. Apela la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando a esta Corte que revoque la sentencia, rechazando en todas sus partes la acción de protección, precisando como fundamento del recurso, que los antecedentes del caso no daban cuenta de la existencia de incapacidad laboral temporal. Muy por el contrario, señala que la decisióń se fundó en los antecedentes médicos, y en un informe pericial realizados a la recurrente en forma próxima en el tiempo al inicio de la primera licencia médica objeto del presente recurso, a propósito de licencias médicas presentadas sin solución de continuidad por la recurrente respecto a la misma patología, en que concluye que la recurrente ya, al 15 de mayo de 2019, estaba en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

“Quinto: Que, así las cosas, no sólo habiéndose considerado los antecedentes clínicos de la recurrente, sino que adicionalmente todos los documentos por ella aportada, así como los protocolos para la recuperacióń y pago de licencias médicas, y especialmente la existencia del peritaje mencionado, que da cuenta de que la recurrente estaba en condiciones de reintegrarse a sus labores, tras una incapacidad temporal ya prolongada, es que el actuar de la Superintendencia del ramo se encuentra debidamente fundada, no pudiendo calificarse como un acto arbitrario, ni ilegal, por adecuarse a lo previsto en la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas; en el Reglamento de autorizacióń de licencias médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional; y la Circular IF/265 del 03/06/2016 de la Superintendencia de Salud”.

Por todo lo anterior, se aprecia que, la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por la recurrente, referido a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, los que no sólo se encuentra en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo.

En este mismo sentido, es posible hacer mención a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, Rol 59.628-2020, del 28 de mayo de 2020, que revocó la sentencia de primera instancia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, que previamente había acogido el recurso de protección interpuesto por la Sra. nombre reservado estimó que:

“Cuarto: Que los antecedentes referidos en el considerando previo, los que fueron debidamente analizados y, en especial, el informe médico pericial, son más que suficientes para arribar a la decisión que se adoptó por el órgano contralor, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la actora, sea arbitrario por carecer de motivación.

“Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección de autos”.

d) Ausencia de derechos vulnerados.

Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención del Servicio indicado en el caso del recurrente responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida COMPIN, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Se solicita en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de doña nombre reservado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: En cuanto a la alegación de improcedencia opuesta por la SUSESO, no será oída la recurrida SUCESO, acerca de su pretensión de declarar la improcedencia de la presente acción constitucional, por tratarse este asunto de materias que pertenecen al campo de la seguridad social y que, por ende, están excluidas del ámbito del recurso de protección.

Sobre este punto, cabe recordar que lo pretendido por la recurrente, es el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las diversas licencias médicas que no fueron autorizadas, decisiones que el recurrente considera ilegales y arbitrarias y que vulneran los derechos constitucionales que menciona en su libelo y que, por cierto, es una garantía distinta de aquella contemplada en el N°18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, circunstancia que es suficiente para rechazar la alegación formulada.

TERCERO: Que, como se ha señalado, el acto ilegal y arbitrario consiste en el rechazo de las licencias médicas, mediante resolución exenta N° R-01-S-43598-2024 que confirma el rechazo de las licencias médicas por “por no encontrarse justificado el reposo”.

CUARTO: Es preciso traer a colación el artículo 16 del Decreto Supremo N°3/1984 de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, el artículo 21 prescribe: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

QUINTO: Que, por su parte, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, ya mencionado, señala expresamente que: “…en caso de rechazo de una licencia…, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que: “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por el los artículos 40 inciso final y 41 inciso 4º de la misma ley, las que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad (en este sentido, sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Concepción de 19 de marzo de 2014, rol 953- 2014).

SEXTO: Que, en mérito de lo expuesto, es dable concluir que el acto recurrido carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento, toda vez que en la resolución impugnada no se expresan las razones que llevan a desechar los antecedentes médicos, por las cuales se otorgó la licencia médica, esto es “DEPRESIÓN POSPARTO-TRASTORNÓ DE ANSIEDAD”.

SÉPTIMO: De esta manera, tanto el actuar de la SUSESO al dictar la resolución contra la que se recurre por esta vía, como la decisión de la COMPIN Región Araucanía, que rechazó autorizar la licencia médica del actor, son actuaciones ilegales al no dar cumplimiento a las normas antes señaladas, resultan arbitrarias, toda vez que no recurrieron a las facultades que el artículo 21 les entrega para el mejor acierto de los casos sometidos a su decisión.

Que, sin embargo, las falencias del acto cuestionado pueden ser subsanadas por dichos organismos, restableciendo el imperio del derecho, mediante la invalidación de la actuación defectuosa y la renovación del ejercicio de la potestad legal respectiva, pero ahora de un modo suficientemente fundado en un peritaje médico que permita establecer de una manera fehaciente si la patología que da origen a las licencias médicas reclamadas es de carácter crónico e irrecuperable con el reposo médico.

OCTAVO: Que, dicho acto arbitrario ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dado que tal rechazo implica la imposibilidad de recibir el subsidio que correspondía por el tiempo no trabajado, afectando así su patrimonio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- SE RECHAZA, sin costas, la alegación de improcedencia del recurso, formulada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- SE ACOGE, sin costas, el interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez sólo en cuanto se ordena que la Superintendencia de Seguridad Social, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de diez hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, deberá disponer la práctica de los exámenes médicos presenciales que sean necesarios para establecer el real estado de salud del recurrente, luego de lo cual, dicha Superintendencia habrá de emitir un nuevo pronunciamiento, y en su mérito, sobre el rechazo de la licencia médicas, que motivan el presente recurso.

La mencionada Superintendencia deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo previamente dispuesto.

Redacción del abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese, y archívese.

N°Protección-3200-2024. (csd)