Protección contra Asociación Gremial de dueños de taxis colectivos Araucanía línea N° 11 de Temuco

C.A. de Temuco.

Temuco, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña Camila Andrea Gajardo Alegría, abogada, en representación de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, todos conductores y/o dueños de taxis colectivos, quien interpone acción de protección en contra de la Asociación Gremial de dueños de taxis colectivos Araucanía línea N° 11 de Temuco y de la “Cooperativa de servicios de transportes línea 11 limitada”, ambas representadas por su presidenta doña nombre reservado.

En cuanto a los hechos, expone que a sus representados se les impone sanciones indebidas y cobros arbitrarios a nombre de la asociación gremial. Detalla que diariamente se les exige un pago de $1.800 pesos por la entrega de la “hoja de ruta”, documento esencial exigido por el Ministerio de Transportes para trabajar, advirtiendo que en ningún documento legal se establece el valor que los conductores deben pagar diariamente por dicho instrumento.

Señala que, con fecha 30 de julio de 2025, se informó a la Seremi de Transportes que a vehículos como el PPU GBYJ-63 se les negó la entrega de la hoja de ruta debido a la negativa de querer integrar la cooperativa formada por algunos miembros de la asociación. Asimismo, la recurrida ha cursado infracciones y suspensiones de funciones alegando desvíos de trazado (específicamente el 24 de julio de 2025), sanciones que se fundan en normas complementarias que no son de conocimiento de todos los socios y que no emanan de un procedimiento que permita a los afectados hacer una defensa respecto a los hechos que se le imputan.

Afirma que sus representados nunca han sido citados para realizar sus descargos ni existe registro de procesos en su contra, aplicándoseles reglas arbitrarias que coartan su derecho al trabajo.

A mayor abundamiento, asegura que existe una persecución derivada de la creación de una cooperativa por parte de la directiva de la asociación gremial. Dicha cooperativa instaló dispositivos GPS en los vehículos, incluso contra la voluntad de los recurrentes, quienes se vieron obligados a aceptar con la única finalidad de poder realizar su trabajo diario. Menciona el caso particular de don nombre reservado (PPU FTWG-21), quien ha sido objeto de múltiples reclamos anónimos y multas económicas, encontrándose actualmente suspendido de sus funciones y privado de su hoja de ruta.

Sostiene que el actuar de las recurridas es ilegal y arbitrario, vulnerando las siguientes garantías constitucionales: la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (Art. 19 N°3 inciso 5°), por cuanto no se ha seguido un debido proceso administrativo, imponiéndose sanciones sin derecho a defensa, transformando a la recurrida en una entidad que resuelve de manera arbitraria. La Libertad de Trabajo (Art. 19 N°16), pues se impide a los recurrentes ejercer su oficio mediante actos de amedrentamiento y la retención de documentos esenciales para circular, señalando que la esencia de este derecho radica en que a nadie le sea negado un trabajo por razones arbitrarias.

Pide que el recurso sea acogido y se ordene a las recurridas dejar sin efecto las sanciones consistentes en multas cursadas; suspender el cobro diario de la hoja de ruta que se exige al inicio de la jornada; ejerciendo actos de amedrentamiento contra los propietarios y conductores, no permitiéndoles trabajar en forma diaria y de este modo impidiendo el libre ejercicio de su derecho al trabajo (sic).

A folio 16, comparece doña Sonia Vargas Etcheberry, abogada, en representación de la Asociación Gremial de Dueños de Taxis Colectivos Línea 11 de Temuco, quien solicita el íntegro rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Niega enfática y categóricamente haber incurrido en actos ilegales o arbitrarios, fundamentando su defensa en los siguientes puntos:

Sobre el cobro de $1.800 diarios por la Tarjeta de Control, sostiene que este cobro no es una imposición arbitraria, sino una obligación válidamente contraída por los socios para solventar gastos de administración, personal de aseo y servicios básicos del terminal. Argumenta que dicho monto fue aprobado por voto de mayoría en la Asamblea General Ordinaria de Socios el 31 de diciembre de 2024, órgano que constituye la máxima autoridad de la Asociación según sus estatutos. Invocando los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, señala que los recurrentes no pueden desconocer obligaciones a las que adhirieron voluntariamente. Además, alega la extemporaneidad del recurso respecto de este punto, por cuanto el cobro se ha ejecutado durante todo el año 2025.

Sobre la supuesta negativa de entrega de la Tarjeta de Control por no integrar cooperativa, califica la imputación como completamente falsa. Declara que no se ha negado el documento a ningún socio, ni por no integrar la Cooperativa —cuya adhesión es voluntaria— ni por otra causa. Destaca que el dueño del vehículo PPU GBYJ-63 mantiene una conducta refractaria al acumular más de 33 tarjetas impagas y que, aun así, la Asociación ha continuado prestándole servicios y entregándole su hoja de ruta diaria.

Sobre el haber aplicado multas y medidas de suspensión sin un debido proceso, indica que la Asociación no ha aplicado ninguna medida de suspensión a los conductores de los vehículos PPU GBYJ-63 y FTWG-21. En cuanto a las multas cursadas al Sr. nombre reservado (PPU FTWG-21), explica que estas obedecen a que el sistema GPS detectó que el conductor se desvió en a lo menos 60 ocasiones distintas del trazado reglamentario.

Asegura que se ejerció legítimamente la facultad disciplinaria contemplada en el Decreto Nº212 y los estatutos sociales, respetando el debido proceso, toda vez que el afectado fue citado mediante comunicación escrita por la Directora de la Asociación para justificar sus desvíos, pero este no se presentó en ninguna ocasión ni reclamó administrativamente en su oportunidad.

Sobre la instalación del sistema GPS, afirma que la instalación de dispositivos GPS cuenta con el consentimiento de los socios, quienes autorizaron expresamente su implementación para facilitar el cumplimiento del trazado legal exigido por la autoridad ministerial y por razones de seguridad de los conductores y pasajeros. Sostiene que la oposición de los recurrentes nace del deseo de no respetar el trazado reglamentario para ahorrar tiempo o recoger más pasajeros. Finalmente, indica que el sistema lleva más de seis meses instalado, por lo que el reclamo a este respecto también resulta extemporáneo.

Concluye que su actuar se ajusta estrictamente a la normativa legal (Decreto Ley Nº2757 y Decreto Nº212) y contractual, solicitando que se desestime la acción por no existir vulneración a las garantías de libertad de trabajo ni al debido proceso, con expresa condena en costas.

A folio 20, comparece doña nombre reservado, en representación de la Cooperativa de Servicios de Transporte Línea Once Limitada, quien evacua el informe solicitado pidiendo el rechazo íntegro de la acción de protección, con expresa condena en costas.

Niega enfática y categóricamente haber incurrido en actos ilegales o arbitrarios que vulneren garantías constitucionales. Respecto a la imputación específica de haber instalado sistemas de GPS sin consentimiento, sostiene que dicha afirmación es falsa, declarando que la Cooperativa no ha instalado ningún dispositivo de GPS en los vehículos de los recurrentes.

Aclara que es una entidad formada a fines del año pasado, cuya afiliación es eminentemente voluntaria. En consecuencia, argumenta que carece de facultades legales o estatutarias para exigir medidas como la instalación de dispositivos GPS a conductores o dueños de taxis que no forman parte de ella, como es el caso de los recurrentes. Precisa que las demás imputaciones del recurso (cobros de planillas y sanciones) corresponden a la Asociación Gremial y han sido respondidas por dicha entidad.

Hace presente que los propios recurrentes reconocen en su escrito que los dispositivos GPS fueron instalados con su autorización expresa. Asimismo, destaca que en el petitorio del recurso no se solicita ninguna medida concreta respecto a la instalación de dichos sistemas, por lo que la imputación carece de un objetivo jurídico claro dentro de la acción interpuesta.

En subsidio de lo anterior, alega que el sistema de GPS se encuentra operativo hace a lo menos seis meses en los vehículos de la línea. Por tanto, sostiene que la acción ha sido deducida de forma necesariamente extemporánea, al superar con creces el plazo de 30 días hábiles establecido en el Auto Acordado Nº95-2015 de la Excma. Corte Suprema.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso por cuanto la Cooperativa no ha ejecutado acto alguno que impida el ejercicio del derecho al trabajo o vulnere el debido proceso, señalando que la carga de la prueba de tales asertos corresponde a la parte recurrente conforme al artículo 1698 del Código Civil.

A folio 26, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar regulada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en virtud del cual cualquier persona puede solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva, adoptar medidas o providencias que estime necesarias con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal, que provoque una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que se mencionan en dicha norma, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer.

SEGUNDO: Que, de la definición expuesta, surge que para poder acogerse este arbitrio constitucional es necesario constatar la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario por parte del recurrido y, una vez superado este requisito, verificar si este acto ha privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de un derecho o garantía de aquellas que menciona el artículo 20 de la Constitución Política y que de manera indubitada correspondan al recurrente.

TERCERO: Que, en el caso de autos, el recurso menciona una serie de actos, que en su concepto serían ilegales o arbitrarios, que provendrían tanto de la “Asociación Gremial de dueños de taxis colectivos Araucanía línea N°11 de Temuco”, así como de la “Cooperativa de servicios de transportes línea 11 limitada”, específicamente, el cobro para la entrega de la hoja de ruta diaria, haber negado el acceso a las hojas de ruta al condicionarla a la afiliación de la cooperativa, la suspensión de 2 taxis y aplicación de multas al taxi de uno de los recurrentes afectando el debido proceso y la instalación de dispositivos GPS sin consentimiento de los recurrentes.

CUARTO: Que antes de analizar la efectividad de cada uno de los hechos invocados, así como las defensas presentadas, conviene dejar asentado que las recurridas son organizaciones a las cuales la Constitución Política de la República califica como grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, estableciendo su artículo primero, inciso tercero, el deber del Estado de ampararlas y garantizar su adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

QUINTO: Que, respecto del cobro para la entrega de la hoja de ruta diaria, resulta no estar discutido que efectivamente la recurrida Asociación Gremial de dueños de taxis colectivos Araucanía línea N°11 de Temuco, cobra cada día un monto de $1.800 por la hoja de ruta, suma que fue acordada en Asamblea General Ordinaria de 31 diciembre de 2024, al aprobarse presupuesto 2025.

Si bien en la Región de la Araucanía no existe una normativa que obligue a portar la hoja de ruta, como sí existe en otras regiones, lo cierto es que es un documento que contempla la normativa interna de la organización recurrida y cuya existencia y monto a cobrar fue acordada al seno de ella. Además, los montos cobrados, pasan a formar parte de su patrimonio de conformidad al artículo 11 del Decreto Ley 2757 y 42 letra a) del Estatuto de esta asociación gremial, siendo su pago una obligación de los socios, conforme lo dispone dicho Estatuto en el artículo 37 letra d).

En consecuencia, no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el cobro de este documento.

SEXTO: Que, en lo tocante a la negativa de acceso a las hojas de ruta al condicionarla a la afiliación de la cooperativa, este hecho aparece controvertido en esta causa y los recurrentes no aportaron antecedentes fehacientes que den cuenta de la verosimilitud de esta medida, sino solo una carta de socios a la asociación gremial línea 11 taxis colectivos que solo expone una versión.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la suspensión de 2 taxis y la aplicación de multa sin debido proceso, cabe señalar que la Asociación sostuvo que no ha aplicado ninguna medida de suspensión a los conductores de los vehículos PPU GBYJ-63 y FTWG-21. En cuanto a las multas cursadas al Sr. nombre reservado (PPU FTWG-21), explica que estas obedecen a que el sistema GPS detectó que el conductor se desvió en a lo menos 60 ocasiones distintas del trazado reglamentario.

Conforme lo anterior y teniendo en consideración que la recurrente no acompañó antecedentes suficientes para acreditar la suspensión de los conductores de los vehículos señalados, no se puede tener por acreditado ese hecho.

En cuanto a las multas aplicadas, la recurrida lo ha reconocido, pero lo ha justificado indicando que el sistema GPS detectó que más de 60 ocasiones el conductor sancionado se habría desviado del trazado reglamentario.

En este punto es importante señalar que el artículo 49 del DL 212 exige que la asociación cumpla con el trazado comprometido. Asimismo, el documento denominado “acta de compromiso de prestación de servicios con la representación legal de la asociación gremial de dueños de taxis colectivos Araucanía línea 11 de Temuco”, acompañado por la recurrida, establece el deber del socio de cumplir íntegramente las normas complementarias internas, entre las cuales se establece en el número 9: “cumplir íntegramente con el trazado troncal y o variante inscrito en la Seremitt Región de la Araucanía”, agregando que “…en todo caso no puede variar su trazado salvo en sus extremos entre las 22:00 y las 7:00 del día siguiente cuando el vehículo circule fuera de servicio, por tanto un letrero que lo indique…”.

Respecto a la multa, el estatuto de la asociación gremial establece expresamente la posibilidad de aplicarlas frente al incumplimiento de los socios, de acuerdo al artículo 54 y cuyo monto se encuentra regulado en el artículo 55 y, en cuanto al debido proceso, consta de los documentos acompañados por las partes que el infractor es citado a través de una comunicación escrita para que presente sus descargos.

Así, siendo la posibilidad de aplicar multas una facultad que el estatuto ha entregado a los directores y conforme a las cuales se habrían aplicado a los recurrentes, no se divisa ilegalidad o arbitrariedad alguna.

OCTAVO: Que, en cuanto a la supuesta instalación de los GPS sin el consentimiento de los recurrentes, cabe rechazar en primer término la alegación de extemporaneidad, ya que si bien su instalación puede haber excedido el plazo de 30 días contados desde la interposición del recurso, lo cierto es que los efectos de derivan ello son permanentes en el tiempo.

Respecto del hecho alegado, basta señalar que no se explica cómo se pudo haber instalado dicho dispositivo en oposición a la voluntad de ellos, pues eso hubiera implicado una fuerza física o moral cuyos antecedentes no se han aportado.

En todo caso, la medida adoptada forma parte de los antecedentes discutidos en las actas de asambleas ordinarias acompañadas y su finalidad guarda relación con la obligación legal de cumplir con el trazado autorizado a la línea de taxis colectivos, por lo que su instalación no es arbitraria.

NOVENO: Que, en conclusión, los hechos alegados en el recurso o no fueron probados o corresponden a actuaciones que se ajustan tanto a la legalidad que regula el transporte público de pasajeros, como a las normas que de manera autónoma se han dado las organizaciones recurridas, razón por la cual debe rechazarse el recurso y condenarse a los recurrentes al pago de las costas, por cuanto no han demostrado tener motivo plausible para recurrir.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 16 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña Camila Andrea Gajardo Alegría, en representación de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Asociación Gremial de Dueños de Taxis Colectivos Araucanía Línea N° 11 de Temuco y de la Cooperativa de Servicios de Transportes Línea 11 Limitada.

II.- Que se condena en costas a los recurrentes, regulándose prudencialmente las personales, en favor de ambas recurridas, en la suma única de $350.000.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el ministro (S) Sr. Robinson Villarroel Cruzat.

Rol N° Protección-3193-2025 (pvb).