nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio N°1-2021 comparecen nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, quienes interponen Recurso de Protección en contra de don nombre reservado.

Fundan su acción en que con fecha 22 de abril del presente año 2021, pudieron constatar, con gran sorpresa las vecinas y vecinos de su comunidad que se había intervenido el bien nacional de uso público Playa Calfurray, como tales denunciaron los ilícitos a la Capitanía de Puerto, quienes concurrieron al lugar y los trabajadores paralizaron las obras por un momento, para luego retomar las faenas una vez la autoridad marítima se retiró. Posteriormente, regresa la autoridad marítima y constatan en terreno que las labores continúan por parte de los trabajadores por orden del recurrido, ingresando camiones con ripio, materiales de construcción, todo ello realizado en período de cuarentena subrepticiamente para que la comunidad no se entere y entonces nadie se oponga.

Sostienen que el daño ecológico ya está hecho, al destruir la biodiversidad presente en el área boscosa nativa de la Playa Calfurray y la intervención del lago ya saturado de contaminantes lo que es un hecho público y notorio para efectos de facilitar la extensión egoísta y del todo arbitraria e ilegal de jardines privados y construcción de embarcaderos igualmente privados al lugar sin constarle a la comunidad los permisos para realizar dicha obra, los estudios de nombre reservado que afectarían la playa Borde Lago, a sus propiedades y comercios y ejercicio de la profesión, por cuanto en este sector la principal actividad económica es el turismo que ofrece el atractivo de concurrir a las Playas del borde Lago Villarrica.

Agregan que, además de iniciar labores para instalar un nuevo embarcadero privado que impediría el libre acceso y tránsito a la Playa Calfurray, lo que es del todo cuestionable atendido el hecho público y notorio del abuso por parte de particulares a los bienes nacionales de uso público y las normas correspondientes consagradas en nuestra legislación nacional de conocimiento público y notorio que su comunidad ha denunciado y que desea terminar para poder recuperar las playas del actuar ilegal de privados que atentan contra sus derechos y ordenamiento jurídico.

Refieren que sus reiteradas denuncias ante Capitanía de Puerto, Municipalidad de Villarrica en sede administrativa, del encomiable trabajo por la limpieza de las playas que ha realizado su comunidad y que, ya con este nuevo acto del todo repudiable, el recurrido ha demostrado una actitud permanente de perseverar contra derecho.

I- Descripción cronológica de la situación Indican que con fecha 22 de abril de 2021 constataron, al concurrir en franja horaria deportiva a la Playa Calfurray, de las obras realizadas por orden del recurrido sin mediar conocimiento alguno por parte de su comunidad y realizadas de forma dolosa en período de cuarentena en Villarrica.

Días posteriores el recurrido había sido cuestionado por la Comunidad y Autoridad Marítima, por este hecho además de existir delito sanitario e infracción a la Ley Laboral por su parte y sus trabajadores por estar realizando trabajos en construcciones particulares en fase de cuarentena.

II.- Otros antecedentes Para lo anterior, ingresó un camión de alto tonelaje con carga de ripio, además de otros materiales, para construir un embarcadero privado y dejando hasta la fecha residuos de construcción en la playa misma del tipo, escombros, que amenazan peligro para los transeúntes.

III. Fundamentos de derecho A. Procedencia del recurso 1.

Objeto del recurso Indican que el presente busca que esta Corte, restituya el Imperio del Derecho ordenando a los recurridos paralicen inmediatamente las obras que se encuentran realizando, retrotraer la playa al estado anterior que se encontraba, y reparar todo perjuicio ocasionado a ésta y que privan del legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, su biodiversidad y bienes nacionales de uso público que le pertenecen a la nación toda.

2. Acto y omisión arbitraria.

Es un hecho público y notorio que en la Región de La Araucanía y específicamente Zona Lacustre entre las comunas Villarrica y Pucón, ante la denuncia de residentes primero y por informe de la Contraloría después, existen al menos 273 propiedades irregulares en el borde del lago, quienes actuando contra el Estado de Derecho han usurpado bienes nacionales de uso público, privatizado de manera antojadiza lo que nos pertenece a todos.

Bajo ese mismo ilógico actuar es ilegal es que su comunidad igualmente ha sido afectada por esta reprochable conducta que ante la falta de fiscalización de las autoridades pertinentes consta que el año 2014 se haya declarado la saturación del Lago Villarrica, atentado contra sus derechos fundamentales, un irreversible daño contra la biodiversidad, interviniendo y contaminando el Lago e impidiendo el acceso y tránsito por la Playa Calfurray del Sector Molco.

B. Amenaza y afectación de derechos fundamentales garantizados en el artículo 20 de la construcción política de la república de chile.

1. Derechos y deberes ciudadanos. (Artículos 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 22°)

Nuestra Carta fundamental S.S.I., reconoce en su artículo 1°. “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. (…) El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.” Artículo 5° inciso 3°. “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” Artículo 6°. “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.” Artículo 7°. “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.” Artículo 8°. “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. (…)” Artículo 22. “Todo habitante de la República debe respeto a Chile (…) Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena.”

2. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (art.19 n°1 de la c.p.r)

Como le consta a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones el artículo 19 N°1 de nuestra Constitución Política de La República de Chile consagra “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona” Esta garantía se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido estricto y comprende la totalidad e integridad de los aspectos que la constituyen. Así, en su caso específico, el actuar de los recurridos ha atentado contra su salud física y psíquica al permanente atentado sobre su entorno natural, el acceso al Lago, su derecho de propiedad ya que, los que decidieron ser propietarios de sus inmuebles contrataron por la tranquilidad y el entorno natural característico de la zona y que el recurrido con su actuar al intervenir la playa Calfurray, destruir con ello el ecosistema que tanto valoran y que los llevó a adquirir sus propiedades en este Sector y no en otro lugar.

Actualmente no concurrir a la Playa en su horario de ejercicio físico al estar estas maquinarias interviniendo la Playa, la basura y escombros dejados en ella, el ruido molesto de dichas labores -a mayor abundamiento- atenta contra su derecho a la integridad física y psíquica por lo anteriormente señalado, lo que los tiene somatizando enfermedades físicas y psicológicas.

Agregan que tampoco pueden asistir regularmente a servicios de salud para recibir asistencia en este sentido, atendido lo colapsado que están los CESFAM por la atención prioritaria de casos COVID y el riesgo cierto de contagio.

Indican que como les es prohibitivo salir por la Pandemia, los recurridos los privan de asistir al Lago, disfrutar de la naturaleza y las especies nativas, lo que es del todo atentatorio a su integridad psíquica y física.

3. Igualdad ante la ley. (Artículo 19. Numeral 2° y 3° de la Constitución Política de La República) Numeral 2°. “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. (…) Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.” Es por ello que solicitamos que se restituya el imperio del derecho y se paralicen las obras que contrarían este mandato constitucional en detrimento de la nación toda y privilegiando a unos pocos en cuanto al beneficio de un bien de uso público para utilidad privada del recurrido. Numeral 3°. “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes. (…)”

4. Derecho a la libertad personal. (Artículo 19 numeral 7°) “El Derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia: a)Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes; (…)”

5. Derecho de propiedad.

Agregan que son propietarios de los inmuebles en que tienen sus domicilios, esto es, en el Sector Molco, Ruta 199 Villarrica- Pucón, también sus enseres y bienes muebles que se encuentran al interior de los mismos. Lo que llevó a contratar la adquisición de sus propiedades fue precisamente la cercanía con el acceso público al Lago Villarrica y el entorno natural especial de esta zona Lacustre, su biodiversidad, fauna nativa, bosques y plantas nativas y aguas medicinales.

Afirman que no cabe duda que, la conducta que imputan al recurrido y sobretodo, el daño ambiental que se está produciendo afecta directamente su derecho de propiedad, siendo un atentado actual y permanente, y que afectará a su derecho de propiedad al depreciar el sector con esta aberrante urbanización privada, devaluando sus inmuebles.

6. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Por su parte, el artículo 20 inciso final de la Constitución Política de La República de Chile establece que “Procederá también el Recurso de Protección en el caso del N°8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”

En este sentido el recurrido ha vulnerado este derecho de forma sistemática al atentar contra su entorno natural, destruir la Playa Calfurray, especies nativas y biodiversidad de aves nativas entre otras especies protegidas cuyo hábitat es este sector.

Además con los camiones de alto tonelaje y la construcción misma se ha creado un basural de escombros además del permanente y continúo ruido molesto propio de estas obras, lo que ha hecho imposible concurrir a la Playa, arruinado el negocio de arriendo de cabañas.

Agregan que temen que el recurrido adopte represalias en su contra por la presentación de este recurso por lo que solicitan toda la protección legal y el objeto de este recurso específicamente.

7. Derecho a la libre circulación y libertad de tránsito.

El artículo 19 N°7 letras a) y b) de nuestra “Constitución asegura a todas las personas: “El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia: a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros; b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes”.

En este caso han sufrido también vulneración de su derecho a la libre circulación si su proyecto de embarcadero y extensión de jardines se concreta, no habiendo previsto otro ingreso. Tampoco les constan estudios de nombre reservado, de las consecuencias que les traería a su comunidad ya saturada de embarcaderos y extensiones de jardines privados.

Indican que existe dificultad para transitar por el camino de acceso a la Playa ya que no existe un espacio suficiente para tránsito de vehículos debido a las extensiones de jardines también hacia la ruta 199 y tránsito peatonal lo que, a la fecha con el tránsito de estas maquinarias de alto tonelaje ha destruido el camino y lo ha tornado peligroso, temiendo la comunidad que en cualquier momento atropellen a menores, así como animales. Agregan que su comunidad ha debido incurrir en gastos veterinarios cuantiosos que no deberían financiar.

8. Artículo 19 numeral 23°. “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. (…) y complementando esta norma Artículo 594 y 599 del Código Civil sobre playa de mar, río, lago y la prohibición de construcción sobre bienes nacionales de uso público, el código Penal en su artículo 457 y 458 sobre el delito de Usurpación y el Decreto Ley Numero 1939 de 1977 en sus artículos 18 y 19 que dispone Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.

Indican que han transcurrido menos de treinta días desde los hechos que motivan el recurso, esos hechos fueron conocidos con fecha 22 de abril del presente año 2021 al concurrir a la Playa Calfurray y dar cuenta del hecho a través del Grupo de WhatsApp del sector Molco.

Pide ordenar el cese inmediato, la ejecución de todo acto material que implique o pueda implicar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas en esta presentación, sin perjuicio además, de establecer la obligación del recurrido de proceder, también en formar inmediata, a reparar, a su propio costo y a entera satisfacción de los afectados y de la nación toda, los graves daños que, actualmente se producen tanto en la playa misma como en el acceso a la Playa Calfurray bien nacional de uso público, como de daño ambiental, con expresa condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Fotos de la destrucción de la Playa Calfurray con fiscalización de Capitanía de Puerto Zonal Pucón desde el 22 de abril de 2021 hasta la fecha; 2.

Videos grabados en obras con material cemento en los que se puede apreciar intervención de la Playa Calfurray, intervención bosques nativos y biodiversidad ocasionando daño ambiental; 3. Pantallazos de videos grabados con la saturación del Lago Villarrica por alta contaminación del Lago producto de lanchas que vierten sus desechos en el Lago; 4.

Medios de circulación nacional informando de la situación irregular en Lago Villarrica.

A folio N°12-2021 evacua informe la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES. Indica que las playas son bienes nacionales de uso público, por lo que existe un derecho al uso de éstas, incorporado al patrimonio de todos los habitantes de la Nación.

Refiere que el Decreto Ley N° 1939 de 1977, en su artículo 13° garantiza el libre acceso a las playas, para fines turísticos y de pesca y establece la obligación de los propietarios de terrenos colindantes con las playas de mar, ríos o lagos de facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para dichos fines.

Agrega que cualquier persona natural que vea restringido su derecho de acceder a una playa de mar y a hacer uso de ese bien nacional de uso público puede solicitar al Intendente Regional la fijación de un acceso.

El artículo 13 indica que: "Los colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto.

Por otro lado hay que hacer presente que La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales no son los llamados a fijar y decretar las vías de acceso de las playas, mar, ríos y lagos.

El artículo 13 inciso 2 señala que: "La fijación de las correspondientes vías de acceso la efectuará el Intendente Regional, a través de la Dirección, previa audiencia de los propietarios, arrendatarios o tenedores de los terrenos y, si no se produjere acuerdo o aquéllos no asistieren a la audiencia, el Intendente Regional las determinará prudencialmente, evitando causar daños innecesarios a los afectados. De esta determinación podrá reclamarse a los Tribunales Ordinarios de Justicia dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución de la Dirección, los que resolverán con la sola audiencia del Intendente y de los afectados." Indica que el Ministerio puede proponer vías de acceso a la Intendencia Regional, recibir las denuncias de la comunidad frente a un acceso que se encuentra cerrado, pero quienes son los llamados por la ley a decretar y fijar las vías de acceso es la Intendencia Regional respectiva.

Agrega que el Decreto Ley N° 1939, define que en los casos que se verifique una obstaculización para acceder a una playa, el Ministerio de Bienes Nacionales debe recibir esta denuncia para luego fiscalizar en terreno si corresponde o no intervenir. En caso que corresponda, el Ministerio de Bienes Nacionales ofrecerá sus buenos oficios para mediar entre los actores involucrados (Municipios, privados, Gobierno Regional) para encontrar una solución satisfactoria. El Ministerio pone a disposición sus profesionales, expertos en el tema, lo cual ha permitido conseguir soluciones reales en estas situaciones de conflicto.

Así las cosas, revisados sus registros no existen ingresos de solicitudes de acceso o denuncias de obstaculización que impidan el libre tránsito respecto al acceso a playa Calfurray en sector Molco de la comuna de Villarrica.

Sin perjuicio de lo anterior, procederá a través de la Unidad respectiva, a realizar una fiscalización en terreno en el acceso señalado.

Respecto a los hechos señalados por el recurrente relativos a trabajos y obras de construcción que se estarían realizando en el Bien Nacional de uso público es importante señalar que el terreno de playa, el fondo de mar y las porciones de agua, son bienes nacionales de uso público, es decir, patrimonio de todos los chilenos y pueden ser entregadas en concesión a personas naturales o jurídicas.

En tal sentido, cualquier persona, empresa, organización o servicio público que desee desarrollar un proyecto en dichos sectores, debe contar previamente con una autorización otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional por medio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y que se denomina "Concesión Marítima".

El Ministerio de Defensa Nacional es el organismo que tiene la facultad privativa de permitir el uso y goce de sectores de terreno de playa fiscales (80 metros medidos desde la línea de más alta marea); playa (comprendida entre la línea de baja y de alta marea); fondo de mar y porciones de agua.

A folio N°14-2021 evacua informe la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD. Indica que revisados sus registros, se verifica que no tienen información de denuncias o solicitudes de fiscalización por los motivos expuestos en el recurso de protección.

A folio N°15-2021 evacua informe la CAPITANIA DE PUERTO LAGO VILLARRICA. Señala que con fechas 26 y 29 de abril, el Sr. nombre reservado fue citado a Fiscalía marítima de la Capitanía de Puerto Lago Villarrica, por ingresar vehículos motorizados al borde lago y efectuar trabajo sin autorización y siendo multado por el suscrito con la suma de 05 pesos oro.

Junto con la anterior, el Sr. nombre reservado fue notificado como Ocupante ilegal de un Bien Nacional de Uso Público mediante C.P. VLC. ORD. N° 12210/938 de fecha 26 de abril del 2021, de acuerdo a lo dispuesto en b) del epígrafe, situación por lo cual se solicitó el auxilio de la Fuerza Pública a la Gobernación Provincial, mediante Oficio CP. VLC. ORDINARIO Np 12.210/964/2021 de fecha 02 de junio de 2021 a fin de que proceda al desalojo de los sectores ocupados indebidamente.

A folio 18-2021 evacua informe SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Indica que en relación a Oficio Nº 1.945 de fecha 24 de mayo del año 2021, recibido en este Servicio, a través de oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental, con fecha 26 de mayo del presente año, en el cual solicita, para efectos que se acompañen informes de nombre reservado, en cuanto a los permisos concedidos por la autoridad marítima para construir embarcaderos e incidir en la contaminación del Lago Villarrica, por los vertimientos de petróleo, por naves, ya sea lanchas, motos, y toda otra nave autorizada por Capitanía de Puerto de Pucón; estando dentro de plazo otorgado, puedo informar que no existen ni Declaraciones de nombre reservado, ni Estudios de nombre reservado alguno.

A folio 38-2021 evacua informe CARABINEROS DE LA SEPTIMA COMISARIA DE VILLARRICA. Señalan que concurrieron al lugar sindicado en el Expediente precedente, ubicado en el Km. 11,5 de la Ruta S-199 (Villarrica – Pucón), comuna de Villarrica, lugar donde se levantó una toma en el lugar en específico en la rivera del Lago Villarrica sector playa Calfurray, realizando una fijación fotográfica.

Agregan que en las fotografías se puede apreciar la construcción de un embarcadero de estructuras metálicas en proceso de edificación y obras con fecha indeterminada sin realización de trabajos los cuales desconociendo los motivos se encentran paralizados. Destacando el lugar aproximado, donde se empotra la construcción antes citada, instalado en la rivera del Lago Villarrica en una longitud de 25 Mts. aproximadamente.

Indican que el día 29.07.2021, entrevistaron al recurrente don nombre reservado, ilustrando el sector en causa, procediendo a fijar fotográficamente el lugar donde se encuentra en proceso de construcción y faenas en paralización un embarcadero de estructuras metálicas, el cual mantiene una extensión lineal de aprox. 25 metros aprox. de extensión.

A folio N°44-2021 evacua informe el recurrido nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Indica que el inmueble ubicado en domicilio reservado, ruta 199 camino Villarrica-Pucón, es de propiedad de su madre doña nombre reservado. Se trata de una cabaña familiar ubicada en la comuna de Villarrica, Región de la Araucanía, que se encuentra emplazada en una pequeña bahía con borde de lago, a la que ha acudido hace más de 40 años para veranear.

Estando en dicho lugar, realizan diversas actividades junto a su mujer e hijas, entre ellas, salir en un pequeño lanchón del que es propietario hace varios años para recorrer el sector. Sin embargo, la escaza profundidad del Lago Villarrica en esa zona -no más de un metro aproximadamente a los 15 metros de la costa-, lo que se ha visto empeorado con el paso del tiempo -por la disminución del nivel de agua del lago, ha hecho que ello sea cada vez más difícil por el inmenso trabajo que requiere ingresar la embarcación al agua. Lo anterior, se ve empeorado por su actual estado de salud, el de su señora -quien tiene una prótesis en la rodilla- y la edad de sus hijas.

En febrero de 2021 fue diagnosticado de Covid-19, estando internado en la Clínica Alemana por más de 20 días. Luego de ello, y producto de las secuelas sufridas -especialmente respiratorias-, estuvo en recuperación desde el mes de marzo hasta principios del mes de mayo del mismo año en el referido inmueble. En dicha estadía, pasó a ser un hecho cierto que sin contar con algún mecanismo que le permitiera facilitar la utilización del lanchón, ello ya no sería posible pese a su gran afición familiar.

Por tal motivo, en abril del año en curso comenzó la construcción de un muelle en el borde del lago conjunto a la cabaña. Su intención era realizar una obra menor y sutil que se ajustara a sus necesidades sin perturbar ni interferir de ningún modo a sus vecinos. En este sentido, el muelle sería construido con materiales livianos -principalmente metal y madera-, tendría un largo de 18 metros y un ancho de 1,2 metros, aproximadamente, lo necesario para poder utilizar el lanchón - y no para otros fines como, por ejemplo, abarcar a muchas personas o extender reposeras u otros-.

Junto con ello, comenzó las gestiones para obtener el permiso de concesión que le permitiera utilizar el muelle, bajo la errada creencia de que había procedido correctamente y que ello sería sencillo y expedito. Así las cosas, y luego de comunicaciones previas, el día 23 de abril de 2021 recibió de In-cota SpA la cotización por efectuar las labores necesarias ante las autoridades correspondientes con dicho fin, las que actualmente se encuentran en tramitación.

Paralelamente, con fecha 22 de abril de 2021 residentes del sector denunciaron las obras de construcción a la Capitanía de Puerto del Lago Villarrica, quienes concurrieron al lugar al día siguiente y paralizaron los trabajos. Además, fue multado en la suma de 05 pesos oro por ingresar vehículos motorizados al lugar y notificado como ocupante ilegal de un bien nacional de uso público mediante ORD N° 12210/938 de fecha 26 de abril del mismo año, solicitándose el Auxilio de la Fuerza Pública a la Gobernación Provincial de Cautín mediante Oficio ORD N° 12.210/964/2021, a fin de que procediera al desalojo del lugar.

Lo anterior, se tradujo en la Resolución Exenta N° 398 de la Gobernación Provincial de Cautín, por medio de la cual se le solicitó la restitución o regularización del bien en cuestión dentro de un plazo máximo de 30 días. Ella fue notificada por la DIRECTEMAR mediante ORD N° 12.210/404/1028 de fecha 19 de julio de 2021 y contestada mediante carta fechada al 16 de agosto de 2021 y enviada el día 19 del mismo mes, solicitando que se le concediera una ampliación de dicho plazo ante la demora de las instituciones pertinentes en otorgar los certificados para efectuar la regularización.

Paralelamente a los hechos descritos, don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, a quienes no conoce y no son vecinos colindantes de la propiedad, dedujeron el recurso de protección de autos denunciando la infracción de una serie de garantías constitucionales.

Habiéndose encontrado fuera de Chile desde el día 28 de mayo al día 1 de septiembre del presente año, recién ha tomado conocimiento de este procedimiento.

Afirma que su intención ha sido únicamente la construcción de un muelle que le permitiera a él y su familia utilizar el lanchón sin mayores dificultades, para lo cual procuró que las obras fueran realizadas sin perturbar a los vecinos del lugar, no siendo efectivas las afirmaciones de las recurrentes en cuanto a que se hubiera dañado la playa o impedido su acceso, debiendo rechazarse toda imputación en tal sentido.

Sostiene que se trata de un breve y único episodio que no ha tenido la aptitud de causar las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes y que son el fundamento del recurso de autos. Así, a modo de ejemplo, no ha existido atentado alguno en contra la integridad física ni psíquica de la vecindad, ni tampoco se ha transgredido su derecho de propiedad con la ejecución de las obras realizadas, siendo imputaciones completamente improcedentes. Lo mismo sucede con el resto del catálogo de derechos fundamentales señalados por los recurrentes, debiendo desestimarse las alegaciones vertidas en tal sentido.

De esta forma, no son efectivas las vulneraciones denunciadas por los recurrentes.

Por lo anterior, no hay conexión o causalidad entre los hechos efectivamente ocurridos- señalados en el presente informe- y las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales que son objeto de la acción de protección de estos autos. A mayor abundamiento, parece que, de la sola lectura del relato efectuado por la contraria en su recurso, queda en evidencia que no se han afectado sus derechos fundamentales.

Por último, y consiente del error en el que incurrió al comenzar la construcción del muelle en un bien nacional de uso público en paralelo al procedimiento tendiente a la obtención del permiso de concesión, se encuentra actualmente realizando todas las labores necesarias para obtenerlo en el menor plazo posible de manera que se pueda regularizar la situación y así cumplir con la normativa correspondiente, esperando poder continuar con las obras sin molestar a la comunidad.

Acompañó copia de los siguientes documentos: Cotización para la obtención de una concesión marítima definitiva efectuada por In-cota S.p.A para nombre reservado, de fecha 23 de abril de 2021; Notificación de la DIRECTEMAR del ORD N° 12.210/404/1028 de fecha 19 de julio de 2021; Comprobante de Subsecretaria de Pesca de recepción de antecedentes solicitud de concesión marítima de julio 2021; Carta enviada por In-cota SpA a la Seremi de Obras Públicas de Temuco solicitando certificado para la obtención de concesión marítima de fecha 5 de agosto de 2021;Carta enviada a la Gobernación Provincial de Cautín solicitando aumento de plazo para la regularización de concesión marítima, fechada al 16 de agosto de 2021 y remitida el día 19 de agosto del mismo año; Correos electrónicos intercambiados entre don nombre reservado y doña nombre reservado que dan cuenta de la recepción de la carta enviada a la Gobernación Provincial de Cautín solicitando aumento de plazo para la regularización de concesión marítima, de fecha 31 de agosto de 2021; Certificado Línea de Aguas CP.VLC.ORD. 12.210/1093 de la Capitanía de Puerto del Lago Villarrica, de fecha 14 de septiembre de 2021; Avaluación del SII, ORD.DAV.09.00 N° 349, de fecha 8 de septiembre de 2021; Tasación Comercial Marítima SII RES.EX. N° DAV. 09.00/ N° 329, de fecha 8 de septiembre de 2021; y copia del Certificado de Ingreso de Solicitud De Concesión Marítima de don nombre reservado ante la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas de fecha 24 de noviembre de 2021.

A folio N°48-2021 se trajeron los autos en relación.

En la vista de la causa fueron escuchadas las alegaciones del abogado don Juan Eluchans, en representación del recurrido.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como es conocido el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Lo anterior significa que, para que prospere la acción de protección, se requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria.

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto.

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional.

d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEGUNDO: Que, quienes accionan fundamentan su proceder habida consideración de que son vecinos del sector playa Calfurray de la comuna de Villarrica, emplazado en el kilómetro 11,5 de la Ruta S-199 de la ruta Villarrica-Pucón, expresando que el día 21 de Abril del corriente se percataron que el recurrido decidió construir frente a inmueble que habita vacacionalmente, un muelle o embarcadero privado, sin contar con las autorizaciones de las autoridades sectoriales pertinentes, lo que se ha traducido, en los hechos, en una serie de molestias que se ha erigido en vulneratorias de sus garantías constitucionales que expresan y que se han detallado más arriban, en concreto, expresan que ellas son las siguientes:

a) Derecho a la integridad síquica y física, por cuanto se ha generado ruidos molestos, sin poder concurrir en horarios de ejercicio físico al lugar debido a que existen maquinarias interviniendo la playa, lo anterior amen del daño ecológico desplegado por dicho accionar.

b) Igualdad ante la Ley, respecto de la que se explica su contenido pero no se desarrollan los fundamentos en que basan su afectación.

c) El derecho a la libertad personal, en torno a la que, se sigue la misma circunstancia apuntada en la letra c) precedente.

d) Derecho de propiedad, expresando que el daño que ha llevado adelante el recurrido afectará dicha garantía al depreciar el sector, devaluando sus inmuebles.

e) Derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, el que expresan que se ha conculcado ya que se ha destruido la playa y afectado una serie de especies nativas.

f) Derecho a la libre circulación y libertad de tránsito, ello se ha visto quebrantado debido a que no existen un espacio suficiente debido a las extensiones de jardines hacia a ruta 199, y por cuanto el desplazamiento de camiones de alto tonelaje ha destruido el camino y existe peligro de ser atropellado ellos o niños.

g) La Garantía del numeral 23 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, misma que se cita e indica en qué consistiría, sin embargo no se precisa como los actos endilgados al recurrido la afectarían.

Es importante señalar que la petición principal de los recurrentes se traduce en que se ordene al señor nombre reservado cese de inmediato con la ejecución de la obra ya apuntado previamente y la de reparar los daños producidos tanto en la playa Calfurray como el ambiental, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, el recurrido, informando el recurso interpuesto en su contra solicita que aquel sea desestimado, pues reconociendo el hecho de haber iniciado la construcción, de lo que denominado un pequeño muelle o embarcadero de 1,5 metros de ancho por 18 de largo, sostuvo que lo hizo motivado por la necesidad de esparcimiento, vinculado con que posee un lanchón que cada vez, debido a la baja del nivel del lago, resulta en extremo difícil de utilizar, lo que sumado al contexto de pandemia y a enfermedades, le hicieron ver lo necesario que ello era para él y su grupo familiar, con todo expresó que fue denunciado el 22 de abril de la presente anualidad, y que el día siguiente fue notificado por la Capitanía de Puerto de Villarrica en orden a que debía paralizar dicha obra siendo posteriormente multado por ingresar vehículos motorizados a la playa y efectuar trabajos sin autorización a la suma de cinco pesos oro. De la misma forma se le notificó que era ocupante ilegal de un bien nacional de uso público. Añadió que luego de ello ha iniciado los trámites con una empresa para regularizar la construcción que llevó adelante.

CUARTO: Que, no existe discusión respecto del hecho de que en efecto el recurrido procedió a construir un pequeño embarcadero, en el sector ya señalado, frente a su residencia, la que se emplaza frente al lago y a dicho muelle. Lo que es refrendado por las propias imágenes allegadas en el escrito que contiene la acción. No obstante, resulta necesario dilucidar si en la actualidad dicho acto transgrede las garantías señaladas por los recurrentes y si existe causalidad entre aquello y el perjuicio expresado, como asimismo si este Tribunal de Alzada puede disponer el restablecimiento del derecho, ordenando medidas precisas y concretas en ese sentido.

QUINTO: En la traza ya señalada es menester considerar, naturalmente, la información ingresada a estos antecedentes, debiendo indicarse que, en general, los oficios recibidos de la SEREMI de Bienes Nacional, como aquel de la de Salud y la información del Servicio de Evaluación ambiental resultan inocuos para dicho fin en tanto, la primera entidad indica que no poseen denuncias sobre obstáculos que impidan la libre circulación en la playa Calfurray, a su turno la segunda, precisa que no existen denuncias vinculadas con los hechos, finalmente el Servicio señalado, sólo refiere que no existen solicitudes de declaración de nombre reservado ni estudios de esa naturaleza para el sector donde se llevaron adelante las obras mencionada.

SEXTO: En un derrotero distinto puede enquistarse lo informado por Carabineros de Chile de la Séptima Comisaría de la comuna de Villarrica, quienes expresaron que se constituyeron, en julio recién pasado, en el lugar de los hechos, expresamente en la playa Calfurray, procediendo a tomar imágenes del lugar, en las que se pudo apreciar que efectivamente, en la playa existen restos de materiales de construcción que se utilizaron para montar un pequeño muelle frente a la residencia del recurrido, de igual modo se divisa dicho embarcadero de una extensión aproximada de 25 metros, por no más de dos de ancho, construido por soportes de metal, el que se constata sin terminar. De igual modo, las fijaciones dejan de manifiesto que no existen trabajos actuales en dicho sector, como asimismo, tal como se afirma, las obran se encuentran paralizadas desde una data que no es factible de determinar. Con todo, de dichos cuadros no emana evidente de que producto de ellos el medioambiente se encuentre deteriorado ni que se haya destruido la playa o exista algún elemento que impida acceder a ella o transitar por la misma, más allá de la existencia de un material pedregoso conocido como ripio, en un sector aledaño a la construcción, pues es palmario que, la actividad del recurrido se concentró en un sector del borde lago, y no en toda su extensión.

SEPTIMO: Que, resulta de gran trascendencia el informe de Carabineros de Chile, desde que, una petición fundamental de los recurrentes dijo relación con que se pretendía que este órgano jurisdiccional dispusiera la paralización de las obras confeccionadas de manera ilegal por el reclamado, lo que por cierto ya se ha producido en los hechos, circunstancia que, como es manifiesto, hace que la presente acción haya perdido oportunidad desde que, precisamente, la conducta ilegal ha cesado y por lo tanto sus pretendido efectos y consecuencias han corrido las misma suerte. Emanando de la documental allegada que dicha construcción se encuentra en proceso de regularización y que asimismo, el señor nombre reservado, ha sido sancionado administrativamente por la Capitanía de Puerto del sector, por haber ingresado vehículos motorizados al borde lago y efectuar trabajos sin autorización, como de la misma forma, notificado de su condición de ocupante ilegal de un bien nacional de uso público, de manera que, dichas acciones han impedido que aquel siga adelante con su construcción ya reseñada.

OCTAVO: A mayor abundamiento, ha de dejarse constancia que han sido siete las garantías que se expresan afectadas por el actuar del recurrido, empero a reiterarse que algunas de ellas se citan pero sin ser desarrolladas, nos referimos a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad personal y la libertad para adquirir toda clase de bienes, lo que impide emanar un pronunciamiento, por una manifiesta falta de fundamentación. De la misma manera, con los antecedentes allegados, no es factible considerar que la actuación ilegal del denunciado, afecte en su esencia el derecho de propiedad de los recurrentes, ya que la circunstancia de desvalorización parece meramente eventual y no un hecho cierto. En esa misma línea, no se observa que la libertad de desplazamiento de los reclamantes se encuentre afectada desde que se desconoce cuál es el camino que se manifiesta destruido y como el hecho de circular camiones afectaba dicho derecho.

De otro lado, en cuando al derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, menos se cuentan con datos de comprobación, pues como se reitera no es posible determinar la afectación a la flora y fauna del sector por los hechos llevados adelante por el recurrido, en dicho sentido nada aportó lo señalado por la SEREMI de Salud.

Finalmente, en cuanto a la afectación de la integridad física y psíquica dicho trasgresión se ha determinado básicamente por cuanto se habrían generado ruidos molestos, sin poder concurrir en horarios de ejercicio físico al lugar debido a que existen maquinarias interviniendo la playa, lo anterior amen del daño ecológico desplegado por dicho accionar. No obstante, de igual modo, que lo precedente, no existe información en torno a que se hayan superado los límites de ruido permitidos por la autoridad ambiental, como menos que actualmente se encuentren maquinarias interviniendo un sector de la playa, circunstancias todas las anteriores que impiden establecer una relación de causalidad entre el acto del señor nombre reservado y la supuesta afectación de las garantías constitucionales señalados por los recurrentes, de esta manera no verificándose copulativamente los requisitos copulativos para el éxito de la presente acción, plasmados en la basamento primero anterior, no cabe sino desestimar la misma, por estos fundamentos a los que se añaden aquellos apuntados en el considerando inmediatamente precedente.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por los señores nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en contra de nombre reservado

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Rol N° Protección-3188-2021.(jog)