nombre reservado con 3RA COMISARIA DE CARABINEROS DE PADRE LAS CASAS

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio N°1 comparece nombre reservado Hernández Terán, abogado, en representación de nombre reservado,, quien interpone recurso de protección en contra PREFECTURA DE CARABINEROS CAUTIN N° 22 y en contra de la 3RA COMISARIA DE PADRE LAS CASAS, con ocasión de los actos ilegales y/o arbitrarios emanados específicamente, el acto administrativo mediante el cual mi representado fue notificado de la Resolución Exenta N° 799, de fecha 19.07.2025, dictada por la Prefectura de Carabineros Cautín N° 22, que dispone su “Baja por Conducta Mala con efectos inmediatos”, acto que a su juicio, amenaza, perturba y priva el libre ejercicio de los derechos fundamentales de su representado, garantizados en el artículo 19 de la Constitución, en particular: los incisos 1° y 2° del N° 1, que aseguran el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; el inciso 1° del N° 2, que garantiza la igualdad ante la ley, y su inciso 2°, que prohíbe establecer diferencias arbitrarias; el N° 3, relativo al debido proceso, toda vez que la baja inmediata, antes de la conclusión del sumario, constituye una sanción anticipada que desconoce la presunción de inocencia y genera un perjuicio irreparable si dicho sumario concluye sin responsabilidad; el N° 16, que protege la libertad de trabajo; y el N° 24, que ampara el derecho de propiedad, dado que el cargo policial y las remuneraciones que de él derivan constituyen un bien jurídicamente protegido.

Indica que, la medida impugnada se sustenta, según la misma resolución, en los hechos contenidos en el Parte de Detenidos N° 05372, de fecha 18.07.2025, de la 2ª Comisaría de Temuco, por “Posesión, Tenencia o Porte de Armas a Control de la Ley 17.798”. Dicho parte relata que, a las 22:39 horas, la Sargento 1° nombre reservado y el Cabo 1° nombre reservado ambos de dotación de la 2ª Comisaría Temuco y en servicio de patrulla “Somos Barrio” en el vehículo policial Z-9273 concurrieron, por comunicado de Cenco Cautín, hasta la intersección de Bernardo O’Higgins con General Cruz, Temuco, donde se encontraban dos individuos al parecer manipulando un arma de fuego. Al fiscalizar a uno de ellos, identificado como nombre reservado, se le practicó un registro superficial, encontrando en un bolso tipo banano de color negro una pistola marca Taurus TH 9C, serie TMR80687, de color negro, con un cargador y un proyectil Luger Tech Maxx calibre 9 mm sin percutir. El sujeto manifestó: “LA PISTOLA SE LA SAQUÉ AL ESPOSO DE MI PRIMA QUE ES POLI, PORQUE ÉL LE PEGÓ A ELLA Y YO QUERÍA COBRAR”.

Expresa que, a raíz de lo anterior, funcionarios tomaron contacto con el Departamento O.S.11 de Control de Armas y Explosivos de Santiago, donde el Suboficial nombre reservado Freire informó que el arma era particular, inscrita a nombre del recurrente don nombre reservado, Cabo 1° de la 3ª Comisaría Padre Las Casas, y que no mantenía encargo vigente. Quien en ese momento era empleado público, y mantenía hasta ese día el grado de Cabo 1ro. de Carabineros de Chile, siendo de dotación de la 3ra. Comisaría Padre Las Casas. Conforme consta en el Acta de Audiencia de fecha 19 de julio de 2025, mi representado fue conminado a explicar la situación relativa a su arma particular y su presunto extravío. Esta comparecencia se produjo ante su superior, don nombre reservado, Teniente Coronel de Carabineros y nombre reservado, sin que en ningún momento se le indico que se encontraba prestando una declaración formal ni se le informarán sus derechos, la diligencia carece de las garantías mínimas propias de un procedimiento racional y justo.

Refiere que, esta omisión afecta gravemente el debido proceso, pues impide al funcionario conocer el carácter y consecuencias de lo que declara, privándolo de la posibilidad de ejercer adecuadamente su defensa. Más aún, dicha declaración que fue obtenida sin advertencias ni información de derechos es utilizada como fundamento directo para aplicarle la medida de baja inmediata, lo que agrava la vulneración. Durante dicha instancia, el nombre reservado le consultó qué había ocurrido, solicitando que le explicara la que había ocurrido, a lo que mi representado expuso la situación de su arma particular, ya que fue citado para dar explicaciones debido a que un arma particular inscrita a su nombre la que fue encontrada y manipulada por un detenido en el centro de Temuco, sin que él hubiese informado ni tampoco denunciado el extravío del arma de su propiedad. El recurrente explica la situación al superior indicando que: Que él se dirigía a su domicilio con el objeto de cambiarse de vestimenta para presentarse a su turno de noche, el cual comenzaba ese día 19 de julio a las 18:40 horas y concluía a las 08:00 horas del día siguiente. En ese intervalo, mientras realizaba labores de aseo personal y se preparaba para salir hacia su lugar de trabajo, percibió una diferencia en el peso habitual de su mochila, advirtiendo que no sentía el arma particular. Si bien ello le llamó la atención, en ningún momento asumió inmediatamente que se tratara de un extravío, considerando que el arma podía encontrarse en otras dependencias de su hogar. Por lo anterior, decidió concurrir a cumplir su servicio, dejando pendiente una búsqueda exhaustiva para el momento en que regresara a su domicilio, pues en ese instante no podía realizarla y aún presumía que el arma se encontraba bajo su esfera de resguardo, ni tampoco sabía la razón por la cual había sido encontrada en manos de un tercero en el centro de la ciudad de Temuco. Siempre dando cuenta de que el arma es su arma de propiedad PARTICULAR en ningún caso es el arma de servicio, es un arma debidamente inscrita, la que fue sustraída y hurtada en un lapso de pocas horas, la que el recurrente presume fue hurtada probablemente por medio de terceros que abrieron su mochila cuando se trasladaba en bus, pero tampoco tenía la certeza cómo ocurre la sustracción, dado que podía incluso haberla dejado en su vivienda, por lo que con justo motivo estimaba que aún estaba bajo su esfera de resguardo, razón por la cual procedió en primera instancia a efectuar una revisión exhaustiva en su domicilio, antes de efectuar la denuncia formal, la que necesariamente debería realizar durante el día siguiente dado que se encontraba de servicio hasta el dia sabado 19 de julio. Por lo que no existió negligencia prolongada ni ocultamiento del hecho, sino una evaluación inicial razonable para descartar un simple extravío dentro de su propiedad.

Indica que, tras dar a su superior estas explicaciones, el recurrido de forma inmediata le aplicó la medida más gravosa como sanción que es la baja del servicio antes de la conclusión del sumario administrativo, sin considerar medidas intermedias expresamente previstas en la normativa institucional, basado en el artículo 126, N° 4, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal, N° 8, establece los requisitos que deben concurrir para aplicar la sanción disciplinaria de Baja por Conducta Mala, con efectos inmediatos, a saber, que la falta sea de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución y que el inculpado esté confeso en su responsabilidad o ésta se haga evidente.

Precisa que, en este caso, la causal de baja aplicada a nombre reservado no revestiría la gravedad necesaria para justificar la aplicación inmediata de la medida más gravosa por las siguientes razones: Este artículo exige dos requisitos copulativos para proceder a la baja por conducta mala con efectos inmediatos: 1) Gravedad tal que haga inconveniente la permanencia del funcionario y 2) Que el funcionario esté confeso o que su responsabilidad sea evidente. Acá en el caso concreto no hay evidencia concluyente que permita sostener que incurrió en una conducta incompatible con la permanencia en la institución. La sola existencia de un extravío temporal del arma particular, recuperada en menos de 7 horas y sin uso en ilícito, no alcanza a configurar una falta de “tal gravedad” como exige la norma. nombre reservado no confesó responsabilidad disciplinaria grave sino que explicó una actuación razonable que era verificar primero en su domicilio antes de dar aviso.

Comenta que, esta resolución impugnada es del todo gravosa, aplicando una medida que debe ser aplicada como extrema ratio, dado que la autoridad disciplinaria, al disponer de manera inmediata la baja del recurrente, omitió aplicar las medidas intermedias expresamente previstas en los artículos 23 y 25 del Reglamento N° 11 de Disciplina de Carabineros de Chile, donde se establecen las sanciones disciplinarias. Dichas disposiciones establecen que el funcionario inculpado podrá ser objeto de diversas medidas como el arresto, el traslado a otra unidad, la suspensión de funciones u otras de carácter preventivo, reprensión, suspensión del empleo, entre otras. De ellas, la baja inmediata constituye la sanción más gravosa dentro del régimen disciplinario, reservada únicamente para casos excepcionales en que exista una urgencia evidente de apartar al funcionario por razones de seguridad institucional o riesgo inminente para el servicio.

Indica que, en este caso, no se acreditó ninguna de esas circunstancias: 1- El arma de fuego involucrada era de carácter particular y debidamente inscrita; 2- El extravío fue temporal y su recuperación se logró en un lapso inferior a 7 horas; 3- No existió uso ilícito del arma ni se generó daño a terceros o a la institución. Por lo que no tiene fundamento ni justificación determinar a la luz de los hechos que la falta sea de tal gravedad y de manera indubitada (esto significa de forma tal que no deja lugar a dudas, es decir, de manera clara, segura y evidente) que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución.

Señala que, el recurrente no advirtió ni podía advertir con certeza el extravío del arma particular antes de que se encontrara en poder de un tercero, pues la misma un revólver de calibre pequeño presenta características físicas que la hacen difícil de percibir como ausente a simple revisión. En particular, se trata de un arma no fiscal, de uso particular permitido para funcionarios de Carabineros, cuyas dimensiones y peso son los siguientes: Longitud total: 6,85 pulgadas ( 17,4 cm), altura total: 5,30 pulgadas ( 13,5 cm), ancho total: 1,30 pulgadas (3,3 cm), longitud del cañón: 3,54 pulgadas ( 9 cm) y Peso descargada: 25–26 oz (710–740 g) aproximadamente 708 gramos. Cabe señalar que al momento de los hechos el revólver se encontraba sin municiones, lo que reducía aún más su peso, dificultando advertir su ausencia. El arma estaba habitualmente guardada en la mochila del recurrente, lo que sumado a su pequeño tamaño y liviandad, hacía perfectamente posible que el funcionario no advirtiera su falta en forma inmediata, ya que con justo motivo podía entender que aún podría estar en su propiedad o incluso en su casillero de la comisaría. Más aún, el recurrente volvemos a reiterar no podía realizar una búsqueda exhaustiva para verificar su presencia en el domicilio, puesto que debía ingresar a turno el día de los hechos 19 de julio de 2025 a las 18:40 horas y no regresaría a su hogar sino hasta las 08:00 horas del día siguiente 20 de julio de 2025. Por lo tanto, mientras no se realizara dicha revisión, no existía certeza objetiva del extravío que justificara efectuar una denuncia inmediata, sin antes descartar que el arma estuviera en un lugar seguro dentro de su hogar.

Expresa que, este contexto revela que no hubo negligencia deliberada, sino un razonable y justificado margen de duda sobre si efectivamente existía una pérdida, lo que descarta cualquier intención dolosa o incumplimiento grave, y refuerza la improcedencia de la aplicación inmediata de la medida más gravosa de baja antes de concluir el sumario. De este modo, la decisión de aplicar de inmediato la baja y prescindir de medidas intermedias del artículo 23 y 25 del reglamento N 11, vulnera el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 11 del Reglamento N° 11 sobre el Régimen de Personal de Carabineros de Chile, el cual impone que toda medida disciplinaria debe ser adecuada, necesaria y proporcional en relación con la entidad de la falta cometida, considerando además que los superiores al aplicarlas deben proceder con rectitud, moderación, elevado espíritu de justicia y considerando la verdadera responsabilidad del inculpado, en relación la falta.

Es más, el recurrente está sujeto a un sumario en el que ni siquiera ha sido citado a declarar por el fiscal a cargo del procedimiento administrativo, habiendo transcurrido casi un mes. El hecho imputado el extravío temporal de un arma particular debidamente inscrita, la que fue hurtada y recuperada en menos de 7 horas y sin uso ilícito no reviste la “gravedad tal” que exige el artículo 127 N° 4 del Reglamento N° 8 para la baja por conducta mala con efectos inmediatos. Tal gravedad, según el tenor literal de la norma, requiere que la permanencia del funcionario sea manifiestamente inconveniente para la institución y que exista confesión o evidencia clara de responsabilidad, requisitos que aquí no concurren. Por lo que el funcionario perfectamente pudo permanecer en funciones mientras se desarrolla el sumario para investigar y determinar o exculpar su responsabilidad en los hechos, ya que en el momento de cursar la baja no existía forma de considerar la responsabilidad del inculpado que fue víctima del hurto de una especie personal y particular.

Indica que, más aún, si se observa el marco legal externo, la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas regula expresamente la obligación de denunciar el extravío o pérdida de un arma inscrita, estableciendo sanciones administrativas o penales proporcionales a la omisión confoeme al artículo 14-A del decreto 400, es más en el inciso segundo señala expresamente que: “La misma sanción se impondrá a quienes, teniendo las autorizaciones correspondientes, no denunciaren en la forma prevista en el artículo 173 del Código Procesal Penal el robo o hurto de armas o elementos sujetos al control de esta ley, o no comunicaren a alguna de las autoridades indicadas en el inciso tercero del artículo 4 su pérdida o extravío dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes del hecho, o del momento en que se tuvo o pudo tener conocimiento de su robo, hurto, pérdida o extravío”. Esto da cuenta de la existencia de un plazo de 48 horas para realizar la denuncia, en este caso no pasaron ni 7 horas del hurto.Por lo que la conducta del recurrente, demorar el aviso para verificar primero en su domicilio dentro del plazo que señala la ley, podría, a lo sumo, encuadrar en una infracción de menor entidad conforme a dicha ley, lo que demuestra que la calificación de “gravedad tal” es forzada y arbitraria.

En consecuencia, encuadrar este hecho dentro de la hipótesis más extrema del Reglamento y aplicar la baja inmediata resulta antojadizo y arbitrario, constituyendo un uso genérico de la causal sin atender a las circunstancias concretas, las atenuantes presentes y la propia normativa institucional que impone medidas intermedias. Tal actuación configura un acto ilegal y carente de proporcionalidad, que debe ser dejado sin efecto, restituyendo al recurrente en sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario conforme a derecho.

A continuación, luego de analizar la normativa disciplinaria de Carabineros, expresa que, la decisión impugnada carece de fundamentación suficiente, desconoce la calidad de víctima del recurrente del delito de hurto, aplica de manera arbitraria una causal genérica sin razonamiento ni vinculación específica con hechos de real gravedad, y vulnera los principios de proporcionalidad, ya que el recurrente no ha tenido participación alguna en los hechos que involucran a un tercero que fue detenido, sin embargo, el Sr. Prefecto sin observar el principio de proporcionalidad que debe orientar la potestad con la que cuenta para aplicar sanciones disciplinarias determina aplicar a ambos la más gravosa y lapidarias de las medidas que prevé la normativa institucional, esta es la Baja de las Filas en forma inmediata y sin que se instruya previamente un sumario administrativo que le permita a mi representado ofrecer prueba de descargo, declarar, impugnar determinados actos, entre otras garantías que están en el marco de un debido proceso administrativo, además se vulnera presunción de inocencia y debido proceso, consagrados en el artículo 19 N.º 2, N° 3 e inclusive al artículo N°4, dado que la tenencia y propiedad del arma particular del recurrido corresponde a un hecho de su vida privada y no a su condición funcionaria.

Expresa que, la medida de baja inmediata, adoptada antes de la conclusión del sumario y sin fundamento suficiente, vulnera de manera directa diversas garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República: Artículo 19 N° 3 la Igualdad ante la ley y debido proceso dado que la medida anticipa una sanción definitiva sin que exista una resolución firme en el procedimiento administrativo, quebrantando el derecho a ser juzgado conforme a un proceso racional y justo. Se priva al recurrente de la oportunidad de ejercer plenamente su defensa antes de sufrir las consecuencias más gravosas para su carrera, configurando una sanción encubierta; El Artículo 19 N° 3 inciso 6° respecto a la Presunción de inocencia dado que no existe una resolución firme, el funcionario debe ser considerado inocente. La baja inmediata, aunque formalmente “temporal”, produce efectos irreversibles y se traduce en un castigo efectivo, vulnerando la presunción de inocencia; la del Artículo 19 N° 16 que garantiza la Libertad de trabajo y derecho a no ser privado de él arbitrariamente ya que la separación inmediata del servicio, sin la acreditación de los requisitos que exige el Reglamento N° 8 para la baja por conducta mala, constituye una privación arbitraria del empleo. No se justifica en esta instancia que la permanencia del recurrente fuese incompatible con la función policial ni que existiera riesgo grave para la institución; además la del Artículo 19 N° 2 referida a la Igualdad ante la ley: La autoridad aplicó la medida más extrema sin una evaluación objetiva de la gravedad, apartándose del trato que corresponde en casos similares, en los que se opta por medidas intermedias mientras se resuelve el sumario y por último el artículo 19 n°1 ya que la sanción disciplinaria ocasiona grave sufrimiento a nivel psicológico en el recurrente, la incertidumbre sobre el resultado de la investigación, junto con el estigma de un despido por mala conducta, puede causar un estrés significativo, ansiedad y daño a la autoestima del individuo.

Conforme a lo expuesto, solicita que se declare la arbitrariedad de los actos y las decisiones que se han adoptado y, ordenando en definitiva, dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 799, de fecha 19.07.2025 emanada de la Prefectura Cautín n° 22 de Carabineros de Chile de manera tal que se reincorpore a mi representado el ex Cabo 1° de Carabineros don nombre reservado, pero en términos tales que permita la continuación del sumario administrativo incoado por la misma a fin de que se pueda establecer si a mi representado le asiste o no responsabilidad administrativa por los hechos indicados en la resolución indicada.

A folio N°10 evacua informe la recurrida PREFECTURA DE CARABINEROS CAUTÍN N°22, quien expresa que, la situación que dio origen a la medida disciplinaria de "baja con efectos inmediatos", del recurrente dice relación con el Parte Detenidos N° 05372, de fecha 18.07.2025, de la 2da. Comisaria de Carabineros Temuco, por "Posesión, Tenencia o Porte de Armas" a Control a la Ley N° 17.798, en el se indica que con fecha 18.07.2025, el Servicio Patrulla "Somos Barrio", movilizados en un vehículo policial, por un comunicado de CENCO Cautin concurrieron hasta la intersección de calle Bernardo O'Higgins esquina calle General Cruz de la ciudad de Temuco, debido a que se encontraban dos individuos manipulando un arma de fuego.

Una vez en el lugar, procedieron al control de Identidad investigativo, encontrando entre las vestimentas de los individuos una pistola marca Taurus TH 9C, de color negro y un cargador con un proyectil, todos de calibre 9mm, a raíz de lo anterior se tomó contacto con personal del Departamento O.S.11, Control de Arma y Explosivos de la ciudad de Santiago, el cual informa que el armamento pertenecía al recurrente de autos. En ese orden de ideas de conformidad a lo previsto en el artículo 12 del Reglamento de disciplina de Carabineros de Chile N°11, fue recibido en audiencia por la autoridad competente, señalando que al trasladarse desde la comuna de Padre Las Casas a su domicilio, extravío desde su mochila su armamento particular, percatándose en horas de la tarde, no dando cuenta de lo anterior.

Lo antes descrito deja en evidencia que la conducta observada por el ex funcionario, es grave, impropia, antirreglamentaria y reprochable, atendida la calidad funcionaria del recurrente, toda vez que se encuentra sometido a las exigencias que impone la función policial que realiza.

Con lo anterior el ex Cabo 1ro. nombre reservado A. nombre reservado, incurrio en la falta descrita en el articulo 22, N° 2, letra c), y N°3, letra a), del citado Reglamento, es decir "La negligencia intencionada o el descuido que constituyan una manifiesta falta de cooperación al servicio o a las disposiciones superiores", y "no cumplir con el debido interés, los deberes policiales, profesionales, o funcionarios, considerándose como agravante la circunstancia que con ello se contribuye a la comisión de hechos delictuosos".

Enseguida, desarrolla y expone las normas que regulan el sistema disciplinario de Carabineros de Chile, precisando que la regla general es que la desvinculación de un funcionario de Carabineros de Chile, en razón de faltas disciplinarias, se produzca luego de instruirse un sumario administrativo, en ese orden de ideas, en la reglamentación institucional existe de manera excepcional la posibilidad de desvincular a un funcionario con efectos inmediatos y luego proceder con el respectivo procedimiento administrativo disciplinario.

Expresa que, cualquier argumento que quiera elevar el recurrente para desvirtuar las circunstancias que se tuvieron en consideración para que se determinara la baja de las filas de la institución, debería ser evaluado y ponderado en sede administrativa, y no mediante un Recurso de Protección, puesto que dicha acción constitucional se caracteriza por ser de si bien el recurrente formula una serie de alegaciones sobre diversas situaciones, que como se precisó, están supeditadas al Sumario Administrativo que le afecta, es claro, que el objeto de su recurso no es más que dejar sin efecto la Resolución contra la que recurre, y por cuyo medio se dispuso su baja de las filas de la Institución con efectos inmediatos, pues en su concepto esta sería ilegal y arbitraria. Así, la hipótesis del actor resulta errónea, evidenciando la intención de este de utilizar la vía de la protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de un asunto de lato conocimiento.

Concluye expresando que, tras el análisis de las argumentaciones deferidas, es posible colegir que la Institución de Carabineros de Chile, no ha procedido apartado de la legalidad sino de un modo justificado, por lo que no se verifican en la especie los presupuestos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica para la procedencia del recurso de protección, lo que conduce al rechazo del interpuesto, tal como viene resuelto.

A folio N° 14 evacúa informe la Tercera Comisaría de Padre Las Casas, en idénticos términos que la Prefectura recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, como es conocido el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Lo anterior significa que, para que prospere, se requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria.

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto.

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional.

d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto que se estima arbitrario e ilegal está contenido en la Resolución Exenta N° 799, de fecha 19.07.2025, dictada por la Prefectura de Carabineros Cautín N° 22, que dispone su “Baja por Conducta Mala con efectos inmediatos”, conforme a los hechos que en ella se expresan, constitutivos de la falta descrita en el Artículo 22 N° 2 letra c), esto es, “La negligencia intencionada o el descuido que constituyan una manifiesta falta de cooperación al servicio o a las disposiciones superiores”; y N° 3 letra a), “No cumplir con el debido interés, los deberes policiales, profesionales, o funcionarios, considerándose como agravante la circunstancia que con ello se contribuyeren a la comisión de hechos delictuosos”, del Reglamento de disciplina de Carabineros, afectándole la circunstancia agravante del artículo 130, letras a) “incurrir, simultáneamente, en dos o más transgresiones”, y e), “ser falta atentatoria al decoro o dignidad policial”, por cuanto, su conducta atenta gravemente a los principios institucionales o morales, no siendo ejemplificador para el personal subalterno bajo su mando.

TERCERO: Que, el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos el Personal de Carabineros N°8, dispone lo siguiente: “El Personal de Nombramiento Institucional podrá ser eliminado de la institución por las siguientes causales y en las condiciones que a continuación se indican... ”, consignándose en el Nro. 4), lo siguiente: “Por Conducta Mala: Establecida en Sumario Administrativo o por Investigación Simple por alguna de las siguientes causales:

a)

Por la comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o disciplinario, que lo hagan merecedor de esta medida y b)

Por asistirle responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción militar u ordinaria, establecida en sentencia ejecutoriada. ”

Dispone la citada norma, además, que: “Estas causales autorizarán la aplicación de la sanción disciplinaria de baja prevista en el N°9 del artículo 25°del Reglamento de Disciplina, N° 11.

En el caso que se disponga la baja por la causal establecida en la letra b) del numeral 4, la Dirección General de Carabineros, previa calificación de los antecedentes, determinará si la conducta del afectado reviste la gravedad necesaria para disponer su eliminación. Ello siempre que no haya sido condenado por el delito de deserción, o pena aflictiva por otros delitos, en cuyo caso el licenciamiento será obligatorio.

No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.

Con todo, el funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución.

El artículo 25 del Reglamento de Disciplina de Carabineros N° 11, por su parte, en lo que es relevante para efectos del presente recurso dispone que:

“Las sanciones que establece este Reglamento se aplicarán de acuerdo con las prescripciones siguientes:

9°) Baja por conducta mala: Se aplicará de acuerdo con lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, N° 8. Sus efectos sobre los derechos previsionales se ajustarán a las disposiciones legales y reglamentarias:'' CUARTO: Que, de las disposiciones antes transcritas fluye que concurriendo los supuestos a que éstas se refieren, la autoridad de Carabineros se encuentra habilitada para disponer la baja inmediata de un funcionario como medida disciplinaria la que, en todo caso, es de naturaleza condicional y eminentemente, pues se encuentra sujeta al resultado del sumario o investigación que debe incoarse y, por tanto, tiene únicamente el alcance de suspender o liberar del servicio al funcionario afectado, tal como se ha sostenido por la Excma. Corte Suprema, entre otras, en sentencia dictada con fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en causa Rol 162.094-2022, lo que esta Corte comparte y hace suyo, de manera tal que, cabe considerar que la autoridad recurrida está jurídicamente habilitada para adoptar la decisión que motiva el recurso, de manera ella que dicho obrar, con los fundamentos ya explicitados, no puede calificarse como un obrar ilegal, precisamente, por lo ya asentado.

A lo anterior ha de adicionarse que conforme lo indica el propio recurrente, se dictó la Orden de Sumario, a fin de establecer la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos en los que se vio involucrado el actor, encontrándose dicho procedimiento en actual tramitación.

QUINTO: Que, siguiendo también en esta parte el criterio de nuestro Máximo Tribunal expresado en la sentencia antes referida, no cabe sino considerar que el acto en contra del que se recurre es el ejercicio de la potestad disciplinaria reglada de la autoridad policial acorde con la naturaleza de sus funciones constitucionales y, por lo tanto, frente al estudio preliminar de los antecedentes que la misma resolución consigna, no conculca derechos fundamentales, pues la resolución está condicionada, como se ha dicho, al resultado del proceso administrativo ya iniciado, en el que se oirá al recurrente, se le permitirá rendir la prueba que estime pertinente y, en definitiva, acceder a todas las prerrogativas del debido proceso en apoyo de su defensa, al término del cual el actor puede ser eventualmente reintegrado a sus funciones, con goce de todos sus derechos.

SEXTO: Que, en dicho orden de ideas resulta también importante relevar, lo sostenido por la Excma. Corte Suprema, entre otras, en sentencia dictada con fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en causa Rol 149.637-2023, en la que al referirse a la facultad de la cual ha hecho uso la recurrida, y que se cuestiona a través del presente arbitrio, ha señalado que se trata “de una facultad especial y, aunque ciertamente inusual en el ámbito del poder público, explicable por la importancia que la buena conducta de los integrantes de la Institución reviste, en relación con la naturaleza y objetivo de sus funciones”, no existiendo contraposición entre el ejercicio de dicha facultad y el texto de la letra d) del artículo 43 de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, conforme al cual el retiro absoluto del personal de la Institución se produce, entre otras causales: “Por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo”, puesto que la eliminación de los funcionarios se producirá, de forma definitiva, concluido que sea el sumario administrativo que ha de seguirse, adicionándose por el Máximo Tribunal, en el fallo de la referencia, lo que esta Corte también comparte y hace suyo, que tampoco se advierte una privación de derechos constitucionales de orden procesal, pues la desvinculación de que se trata no perjudica las herramientas de defensa de que pueda valerse el actor en el respectivo proceso sumarial y que, en cuanto a la remuneración, si como consecuencia de un procedimiento disciplinario, se produce la desvinculación inmediata de funciones, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues la labor a remunerar ya no se realiza.

SÉPTIMO: Que conforme a lo que se viene acuñando, la recurrida, en consecuencia, ha obrado en el ámbito de sus atribuciones al dictar la Resolución que motiva el presente recurso, debidamente facultada para ello, de manera tal que no se avizora ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar, en tanto la Resolución recurrida, además, se encuentra debidamente fundada, al tenor de las exigencias del artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, habiéndose consignado expresamente que la decisión adoptada deviene del hecho de haberse efectuado una denuncia en contra del actor por los hechos que se detallan en la antedicha resolución, que serían constitutivos de delito, los que se vinculan, a su vez, con normas que regulan la conducta funcionaria, para establecer la gravedad de la misma.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, no verificándose los presupuestos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección impetrado ha de ser rechazado conforme se dirá.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el nombre reservado Hernández Terán, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de la PREFECTURA DE CARABINEROS CAUTIN N° 22 y en contra de la 3RA COMISARIA DE PADRE LAS CASAS.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-3181-2025.(jog)