nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, siete de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece Marco Antonio Salas Muñoz, Abogado, en favor de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, RECEPTOR JUDICIAL DE TEMUCO.

I. LOS HECHOS:

1. Su representada vive en domicilio reservado, de Temuco.

2. En su contra y ante el tercer Juzgado Civil de Temuco, se presentó una demanda, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, Rol C-1636-2021.

3. El libelo contenía dos demandas una en subsidio de la otra. La principal era de precario y la segunda reivindicatoria.

4. Indica que la cosa reivindicada debe estar específicamente singularizada, por lo que, en este caso, la misma parte demandante señaló que el inmueble que él solicitaba reivindicar queda en domicilio reservado de la ciudad de Temuco. Y la sentencia de más de 170 páginas, repitió el domicilio domicilio reservado veces para que no quedase duda que esa era la dirección en Temuco: domicilio reservado, (domicilio inexistente).

5. Y para que no exista duda que lo señalado fue así, comparte captura de pantalla de la parte de la demanda en que se informa el domicilio, correspondiente al departamento ubicado en domicilio reservado.

6. Esa dirección no existe en Temuco. Y no hay ningún Decreto Alcaldicio que haya modificado la numeración.

7. Pese a ello, el receptor nombre reservado Pedro Fernando Toro Castillo, realizó 11 certificaciones falsas en el proceso, y se dictó sentencia definitiva, ordenando la restitución de un departamento que no habita su representada, ubicado en domicilio reservado, de la ciudad de Temuco, por cuanto tal situación es físicamente imposible.

8. La parte demandante -conociendo de estos hechos- se conformó con la sentencia, esto es, sabiendo que ese domicilio no existe en Temuco.

9. Y la sentencia se encuentra a firme y ejecutoriada.

10. Sin embargo, el receptor recurrido Armando Campos, actuando por sí y ante sí, como una comisión especial, interpreta la sentencia como a él se le antoja.

11. Es así que sin existir orden judicial alguna, concurre a domicilio reservado, en Temuco y luego realiza una certificación falsa, cuya captura comparte para que SS. Iltmas. observen y sean testigos de la osadía del ministro de fe.

“En Temuco, a veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, a la hora indicada en la georreferencia me constituí en el domicilio ubicado en domicilio reservado de la comuna de Temuco y notifiqué por cédula a DOÑA nombre reservado. El contenido de la solicitud de lanzamiento y su proveído de fecha 05 de marzo de 2024. La cédula que contiene copia íntegra y legible de lo notificado le deje fijada en la puerta de acceso al domicilio por no atender nadie a pesar de mis reiterados llamados, Doy fe”

12. En esta certificación, él señala que se constituyó en domicilio reservado (domicilio que no existe), y que en “ese domicilio y dirección”, notificó por cédula a la recurrente, lo que no corresponde a la realidad, por cuanto la georreferencia da cuenta que él estuvo ese día y a esa hora en domicilio reservado.

13. No conforme con ello y en circunstancias que la recurrente denunció al tribunal -este hecho-como un hecho que constituye delito, el mismo receptor judicial recurrido, motivado por un afán netamente económico, actuando contra ley, volvió a realizar una certificación falsa.

“En Temuco, a tres de abril de dos mil veinticuatro, a la hora indicada en la georreferencia, certifico haber me constituido en domicilio reservado (0195) domicilio reservado, domicilio correspondiente a la demandada doña nombre reservado, con la finalidad de hacer efectivo el apercibimiento ordenado en el numeral 1 de la parle resolutiva de la sentencia definitiva de fecha 18 de julio de 2022. Diligencia que no fue posible realizar por no encontrarse la demandada doña nombre reservado, en dicho domicilio, siendo atendido por doña nombre reservado, sobrina de la demandada cédula de identidad N° RUT reservado., manifestando que su tía se encontraba trabajando y llegaba muy tarde por lo que no se puso hacer ingreso al domicilio para la restitución del inmueble y levantar acta de todo lo obrado. No contando con orden de allanar y descerrajar se puso término a la diligencia, doy fe.- 14. Esta vez, el recurrido, dolosa y fraudulentamente trata e intenta hacer creer que su actuación “cumple con la realidad procesal”, y con la clara intención de aprovecharse de sus propios actos, certifica que se constituyó en domicilio reservado, de Temuco.

15. Pero conforme a su función como Ministro de Fe, él no puede (por estar prohibido) vulnerar el Principio de la Buena Fe en el Proceso, que hoy día es norma legal procesal, incorporada como tal, en el artículo 2° letra d) de la Ley 20.886 sobre tramitación digital de causas. Y tampoco puede vulnerar su propia función como ministro de fe.

16. De este modo podemos verificar que el artículo 2° letra d) de la Ley 20.886, ordena a todos quienes participan en el proceso, actuar conforme al Principio de la Buena fe y no en contra. Esto incluye al receptor nombre reservado.

17. Y la norma legal sanciona con la nulidad procesal ese tipo de actos que vulneran el proceso. Pero extraña e inexplicablemente la juez titular del Tercer Juzgado Civil de Temuco, teniendo pleno conocimiento de estos hechos no ha anulado la actuación del receptor judicial, vulnerando con ello el deber que en tal sentido le impone el artículo 2° letra d) de la Ley 20.886.

18. Tal vez debido a la forma de actuar de la Juez titular, el Receptor nombre reservado tomó confianza en que no sería sancionado y por ello verificaron que Armando Campos se cree o piensa que está por sobre la Ley, y a pesar que no hay ninguna orden -en la causa- que le permita a él constituirse en domicilio reservado de Temuco, él se siente con la competencia de interpretar la demanda y la sentencia como a él se le ocurra.

19. El artículo 390 del Código Orgánico de Tribunales, a su vez, dispone que Los receptores son Ministros De Fe Pública encargados de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los Tribunales de Justicia y de evacuar todas aquellas diligencias que los mismos tribunales les cometieren.

20. A su vez el artículo 393 del mismo cuerpo legal, dispone que Los receptores deberán cumplir con prontitud y fidelidad las diligencias que se les encomienden, ciñéndose en todo a la legislación vigente, y dejar testimonio íntegro de ellas en la carpeta electrónica respectiva.

21. Asevera que el recurrido, ha incumplido (varias veces) la función respecto de la cual juró desempeñar fielmente.

22. Incluso en el segundo acto fraudulento de fecha 3 de abril de 2024, certifica que fue atendido por doña nombre reservado, una sobrina de la recurrente, quien tiene T.E.A. y esa sobrina -al igual que la recurrente- nunca ha vivido en domicilio reservado en Temuco, porque vuelvo a repetir esa dirección no existe.

23. Es claro que el fraude y dolo en la forma de actuar del receptor judicial es para tratar de realizar el lanzamiento de la recurrente y su sobrina, de un inmueble en el que ella vive pacíficamente sin vulnerar el derecho de ninguna persona y que se ubica en domicilio reservado, de la ciudad de Temuco y nunca en domicilio reservado de esa ciudad.

24. En todo estos hechos queda la duda ¿Cuántos millones le han ofrecido al recurrido para que realice actos ilegales, arbitrarios y certificaciones falsas? , esta parte lo ignora, pero no importando ese valor, la ley no le autoriza a ese Ministro de Fe para actuar en la forma en que lo está haciendo.

25. Y lo más grave, es que si logra su finalidad, esto es, engañar al tribunal con las certificaciones falsas, el próximo paso a seguir será engañar y tratar de sorprender a la institución de Carabineros de Chile, para que le facilite funcionarios que lo auxiliaran en el lanzamiento de la recurrente y su sobrina de un domicilio inexistente.

26. Pero para evitar estos hechos, y considerando que el país vive una exhibición de hechos fraudulentos a todo nivel, la recurrente ya ha advertido:

a) Al Alto Mando de Carabineros de Chile, que habrá un intento de sorprenderlos por parte del Receptor Armando Campos en tal sentido y b) De igual modo comunicó -a la prensa local- para que si llega a aparecer el ministro de fe en su domicilio, los periodistas lo puedan interrogar directamente sobre la o las personas que lo autorizan a actuar en la forma en que lo hace y cuánto dinero recibirá si logra su objetivo de lanzar a la recurrente y a su sobrina con T.E.A. de un domicilio que en la sentencia no aparece referido.

II. EL DERECHO:

La Constitución establece en su art. 20: “el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantas establecidos en el artículo 19” podrá interponer la acción de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva, para lo cual el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección fija un plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. El plazo de interposición de la acción de protección es de 30 días desde que se tiene conocimiento de acto arbitrario, como amenaza o un acto concreto, o desde el momento que se tuvo noticias del mismo.

El artículo 76 de la Constitución Política de la República reconoce que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

El acto vulnera:

a) la igualdad ante la ley, consagrado en el inciso 4° del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Conforme al texto del artículo 20 de la Constitución Política, es claro que la garanta que protege el recurso de protección se refiere única y exclusivamente a que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, contenida en el inciso 4º del numeral 3° del artículo 19, protección que no se extiende al inciso 5º del mismo artículo que es el que hace referencia al debido proceso propiamente tal, al establecer que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”, señalando acto seguido que “corresponderá al legislador establecer siempre las garantas de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

En este caso el receptor judicial recurrido interpreta a su real saber y entender, dolosa y fraudulentamente una sentencia judicial que nunca le ha ordenado ni facultado concurrir al domicilio que él lo ha hecho y tampoco se le ha autorizado a faltar a la verdad respecto de esa dirección.

Como ya sabemos ni el Presidente de la República ni el Congreso puede avocarse al conocimiento de una sentencia dictada por el Poder nombre reservado, y con mayor razón tiene la misma prohibición el receptor judicial.

b) Asegurar el derecho a la integridad psíquica de las personas.

En efecto, así como el Receptor nombre reservado recurrido se autoasigna una facultad que no posee para acosar a la recurrente, buscando lanzarla de un inmueble que no es parte del proceso, de igual modo él sabe perfectamente que la afecta psíquicamente tanto a ella como a la sobrina que sufre T.E.A., presión ilegal, arbitraria e indebida para disminuir su capacidad de reacción frente a los abusos de los cuales ella es víctima, usado para un despropósito, esto es, quebrarla anímicamente, por haberse atrevido a ejercer sus derechos en el proceso, cuando reclamó contra el fraude y dolo cometido por el recurrido. La garantía invocada, es la reconocida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, en la cual se asegura el derecho a la integridad psíquica de las personas.

c) La protección de la propiedad privada.

En receptor judicial recurrido, sabe que sus certificaciones falsas tienen por objeto final, el realizar el lanzamiento de la recurrente, en circunstancias que ella habita domicilio reservado, en la ciudad de Temuco, inmueble respecto del cual no hay demanda ni sentencia que la obligue a restituir, por lo que el dolo y fraude de las actuaciones del receptor claramente son ilegales, arbitrarias y motivadas por un fin netamente económico.

Pide declarar que el recurrido debe cesar todo tipo de hostilidades hacia la recurrente en forma inmediata, en el legítimo ejercicio de sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 1, 3 y 24 de la Constitución Política, por proceder a juzgar a la recurrente como si él fuera una comisión especial y actuar al margen de la ley, con vulneración al derecho de su integridad psíquica, y el derecho de propiedad que beneficia a doña nombre reservado, arrogándose competencias que la ley ni la Constitución le han otorgado al recurrido, con expresa condenación en costas, solicitando que informe de inmediato a esta Ilustrísima Corte, comunicándole la presentación de este recurso a su correo electrónico.- A folio N°13 evacua informe el recurrido nombre reservado quien solicita el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Indica que no hace objeción esta parte en cuanto a que su representado se desempeña como Receptor nombre reservado, actividad que desarrolla desde hace 42 años a la fecha, manteniendo siempre una conducta funcionaria intachable.

En virtud de la actividad laboral desarrollada por su representado fue contactado para realizar una serie de notificaciones en la causa Rol C-1636-2021 del Tercer Juzgado Civil de la ciudad de Temuco caratulada De La nombre reservado con nombre reservado, y no de la Causa Rol C-1336-2021 como erróneamente lo indica el recurrente.

Hace presente que las primeras notificaciones de dicha causa fueron realizadas por don Pedro Fernando Toro Castillo, receptor judicial que a la fecha se encuentra jubilado, razón por la que su representado fue contactado a fin de realizar las últimas diligencias tendientes al lanzamiento de la parte demandada de la propiedad objeto de la litis.

Dicho lo anterior, es necesario aclarar que efectivamente la demanda indica como domicilio de la recurrida el ubicado en domicilio reservado, pero es necesario también considerar que tal domicilio se encuentra complementado perfectamente indicando que corresponde al domicilio reservado-A y únicamente existe un condominio con ese nombre en calle Los Filósofos sector Fundo El Carmen de la ciudad de Temuco en la numeración 0195, y que por lo demás tal cual el mismo recurrente lo indica el inmueble se encuentra perfectamente singularizado y se acompañaron sus antecedentes conservatorios a la causa.

A lo ya dicho es necesario adicionar el hecho de que el mismo recurrente indica que la cédula fue recibida en el domicilio de su representada por su sobrina, indica su nombre “nombre reservado” e incluso adiciona antecedentes de su condición de T.E.A., es decir, la notificación se realizó en el domicilio de la demandada y no en otro inexistente, razón por la cual, las gestiones encargadas al Receptor nombre reservado fueron perfectamente cumplidas en el domicilio correcto y de cada una de ellas tomó conocimiento la recurrida en la forma que lo establece la ley.

Agrega el recurrente de forma reiterada que su representado habría recibido dinero para realizar estas diligencias, indicando frases como “queda la duda ¿Cuántos millones le han ofrecido al recurrido…” pues bien, para que el recurrido salga de su duda, y para efectos de ilustrar a esta Ilustrísima Corte, indica que efectivamente fue remunerado con los derechos que le corresponden en su calidad de Receptor nombre reservado, específicamente con $30.000.- en la gestión del 26 de octubre de 2023; con $30.000.- en la gestión del 19 de febrero de 2024; con $35.000.- en la gestión del 25 de marzo de 2024; y con $30.000.- en la gestión del 3 de abril de 2024, todas estas gestiones diligenciadas correctamente en el domicilio de la recurrente y de las que tomó conocimiento oportuno.

Ahora bien, es necesario antes de continuar hacer presente que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar el hecho de que en las certificaciones no se haya consignado el cero a la izquierda en su numeración, para tal efecto, existen herramientas legales que no puede menos que conocer el abogado patrocinante, como lo sería por ejemplo un incidente de nulidad de la notificación, una apelación o el que el profesional estime pertinente, pero en ningún caso un recurso de protección y mucho menos por las causales invocadas.

Refiere la contraria que las notificaciones practicadas por su representado vulnerarían las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 3 y 24 de la Carta Fundamental.

En cuanto a la integridad psíquica refiere que su representado acosaría a la recurrente buscando su lanzamiento, lo que no puede ser menos efectivo, no existe ánimo lesivo alguno de su representado, sino que únicamente realizó la labor para la cual fue contratado, y en cuanto a la condición de T.E.A. de la sobrina, es necesario considerar primero que ella no es recurrente en esta causa y que es imposible que en el único acto de hacer entrega de una cédula se pueda enterar de su condición y pretender aprovecharse de ella, pues no existe interés alguno en el resultado del juicio, sino únicamente el afán de cumplir el encargo de notificar.

En cuanto a la igualdad ante la Ley, del mismo modo esta parte niega rotundamente que su representado se considere a sí mismo una comisión especial ni mucho menos se haya atribuido a si mismo facultades no contenidas en la ley, sino tal cual ya se ha dicho, únicamente notificó las resoluciones dispuestas por el Tribunal en el domicilio de la demandada, de las que tomó conocimiento oportuno, disponiendo la demandada de todas las herramientas legales de impugnación en caso de estimar que tales notificaciones fueron practicadas de forma ilegal o fraudulenta según su entender.

Y en último término en cuanto a la protección de la propiedad privada, tal como en los puntos anteriores, esta parte estima no haber vulnerado tal garantía, y si la parte estima que la sentencia o el proceso o ambos adolecen de vicios al no indicar el domicilio correcto, podrá entonces recurrir de apelación, de casación, oponerse al cumplimiento o lo que estime pertinente, pero no es el Receptor nombre reservado quien puede dejar sin efecto una sentencia de lanzamiento, eso si sería atribuirse facultades que no tiene.

Estima es parte que al parecer la contraria confunde las instituciones procesales y no conoce los insumos recursivos que le franquea la ley a fin de evitar el eventual lanzamiento, y opta por este procedimiento que tal cual he señalado, no es la vía idónea para obtener los resultados que al parecer busca.

Reitera esta parte, que la finalidad de la recurrente no puede ser obtenida por esta vía procesal, no es esta la vía idónea para defender sus derechos, pues su representado únicamente ha realizado su trabajo, cual es notificar las resoluciones dictadas por el Tribunal en el domicilio de la demandada, y asegurarse de que ella tome efectivo conocimiento de su contenido, lo que ocurrió pues la misma recurrente lo reconoce, conforme a lo señalado, difícilmente podría haber limitado de algún modo, garantía alguna de la recurrente por lo que no existe.

A folio N°21evacuó informe la Jueza Titular del 3° Juzgado Civil de Temuco, doña María Cristina de la Cruz.

I.- EN CUANTO A LA CAUSA Rol C-1636–2021 CARATULADA “nombre reservado CON nombre reservado”.

Indica que el recurso de protección interpuesto incide en causa Rol Nro.- 1636 – 2021 de ingreso de este Tercer Juzgado Civil de Temuco (y no en la causa Rol Nro.- 1336-2021 señalada por el recurrente), sobre juicio ordinario caratulado “nombre reservado/nombre reservado”, en que los demandantes don nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, interpusieron acción de precario, en subsidio, acción reivindicatoria, con indemnización de perjuicios, en contra de doña nombre reservado, impetrando como beneficio jurídico la entrega del inmueble que detenta la demandada. Contra el libelo la demandada interpuso en primer lugar, con fecha 17 de junio de 2021 (folio 13 cuaderno principal), incidente de nulidad procesal fundado en que los demandantes no son dueños o propietarios del inmueble objeto del juicio, incidencia que fue rechazada por resolución de fecha 30 de junio de 2022 (folio 4 Cuaderno 2.0 Nulidad de lo obrado), por tratarse de fundamentos de fondo y no de corrección de vicios procedimentales, cuya sentencia interlocutoria, tras ser apelada por la parte demandada, fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco (Rol Corte N°Civil-574-2021).

Acto seguido, con fecha 20 de julio de 2021 (folio 21 del Cuaderno principal), la demandada interpuso incidente de sustitución del procedimiento, lo cual fue acogido por el Tribunal por resolución de fecha 27 de julio de 2021 (folio 4 Cuaderno 3.0 Incidente), proveyéndose la demanda conforme al procedimiento ordinario (se había presentado como juicio sumario).

En la etapa de discusión la demandada interpuso excepción dilatoria (folio 29 del Cuaderno principal), fundado en los mismos términos que la incidencia de nulidad presentada anteriormente, esto es, que los demandantes no son dueños de la propiedad objeto de la litis, excepción que fue rechazada por el Tribunal con fecha 13 de septiembre de 2021 (folio 5 Cuaderno 1.1 de Excepciones dilatorias), cuya sentencia interlocutoria fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco (Rol Corte N°Civil-789-2021).

A continuación, con fecha 27 de septiembre de 2021 (folio 32 del Cuaderno principal), la demandada contestó la demanda, interponiendo demanda reconvencional de indemnización de perjuicios extracontractual y luego de la tramitación de rigor y encontrándose en estado, a folio 108 del cuaderno principal, se dictó sentencia definitiva que acogió la demanda subsidiaria de acción reivindicatoria interpuesta por el profesional letrado Sr. nombre reservado en contra de doña nombre reservado, ordenando a la perdidosa restituir el inmueble consistente en departamento N°403-A, 4° piso que forma parte del domicilio reservado, dentro de décimo quinto día contado desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada o cause ejecutoria, bajo apercibimiento legal. Asimismo, se ordenó restituir los frutos naturales o civiles de la cosa y los que los actores hubieren podido obtener con mediana inteligencia y actividad, si hubieren tenido el inmueble en su poder a contar de la contestación de la demanda, debiendo asimismo indemnizar los perjuicios que dicha detentación le hubiere irrogado a la actora, reservándose a los actores para discutir el monto y especie de los frutos y perjuicios. Respecto de la demanda reconvencional interpuesta por la demandada, fue rechazada.

La sentencia definitiva fue recurrida por ambas partes. La parte perdidosa, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, y recurso de apelación. A su vez, la parte gananciosa interpuso recurso de casación en la forma y recurso de apelación.

Por sentencia de fecha 21 de noviembre de 2022, en causa ingreso Corte Rol Civil N°1239-2022, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco rechazó los recursos de casación en la forma interpuestos por ambos intervinientes, confirmando el fallo en todas sus partes.

A su vez, por sentencia 02 de octubre de 2023, en causa Rol N° 170.229-2022, la Excelentísima Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por el abogado don Marco Antonio Salas Muñoz, en representación de la perdidosa, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco.

Con fecha 23 de octubre de 2023, la parte demandante y gananciosa, solicitó el cumplimiento del fallo, lo cual fue concedido por el Tribunal por resolución de fecha 24 de octubre de 2023 (folio 122 del cuaderno principal), y frente a lo cual, una vez cumplida la respectiva notificación, la demandada opuso excepciones (folio 3 del Cuaderno 4.0 de Cumplimiento), las cuales fueron rechazadas por resolución de fecha 08 de noviembre de 2023 (folio 9 del Cuaderno 4.0 de Cumplimiento), certificándose con fecha 15 de noviembre de 2023, que dicha resolución se encuentra firme y ejecutoriada.

Con fecha 16 de noviembre de 2023, la demandada interpuso incidente de nulidad en contra de la certificación que efectuó la señora Secretaria del Tribunal, incidencia que fuere rechazada por no proceder ese tipo de incidentes en contra de actuaciones secretariales realizadas por ministro de fe. Sin perjuicio, se ordenó realizar una nueva certificación, interponiendo la demandada en el intertanto Recurso de casación en la forma y recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 8 de noviembre de 2023 que rechazó las excepciones interpuestas al cumplimiento del fallo. Dichos recursos fueron declarados inadmisible y extemporáneo por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha 19 de diciembre de 2023 (N°Civil-2111-2023).

En etapa del cumplimiento del fallo, la parte perdidosa ha presentado solicitudes de diversa naturaleza. Así, ha hecho reserva de acciones penales y peticionado remitir oficio al Ministerio Público, el cual fue remitido por el Tribunal en su oportunidad, con carácter de denuncia (folio 28 del Cuaderno 4.0 de Cumplimiento). Además, con fecha 13 de diciembre de 2023 (folio 32 del Cuaderno 4.0 de Cumplimiento), interpuso incidente de nulidad, el cual fue rechazado (folio 5 del Cuaderno 7.0 de Incidente).

Con fecha 05 de marzo de 2024 (folio 38 del Cuaderno 4.0 de Cumplimiento), el tribunal ordenó hacer efectivo el apercibimiento en contra de la demandada nombre reservado, ordenado en el numeral I de la parte resolutiva de la sentencia definitiva ejecutoriada de fecha 18 de julio de 2022. Contra ésta resolución, la parte demandada interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (folio 39 del Cuaderno 4.0 de Cumplimiento), siendo rechazado el primer recurso y concediéndose lo segundo. Con fecha 03 de mayo de 2024, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la resolución recurrida (N°Civil-542-2024).

Para efectos de acercar posiciones entre las partes en el cumplimiento de la sentencia definitiva y otorgar la debida oportunidad procesal a las partes para arribar a acuerdo respecto del cumplimiento del fallo, haciendo uso de las facultades conferidas en el artículo 262 inciso final del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal, por resolución de fecha 09 de abril de 2024 (folio 47 del Cuaderno 4.0 de Cumplimiento), citó a una audiencia especial de conciliación para el día miércoles 15 de mayo a las 12:00 horas, la cual fue notificada a las partes por correo electrónico. A dicha audiencia concurrió sólo la parte demandante.

Prosiguiendo con la etapa de cumplimiento coercitivo del fallo, a solicitud del ganancioso, con fecha 28 de mayo de 2024 se ordenó el cumplimiento de la sentencia definitiva con apoyo de la fuerza pública, resolución que fue notificada a la parte con fecha 04 de junio de 2024, siendo ésta la última diligencia que se observa en la presente causa.

Hace presente que conforme se ha relatado, consta que las partes y en especial el recurrente ha ejercido los derechos procedimentales que ha estimado pertinentes durante toda la tramitación del juicio, habiendo recaído sentencia definitiva en el juicio principal, encontrándose firme y ejecutoriada, luego de haberse ejercido las vías de impugnación pertinentes, actualmente en etapa de cumplimiento incidental del fallo y habiendo otorgado además el Tribunal la oportunidad procesal de acercar posiciones entre las partes a fin del cumplimiento del fallo, todo ello conforme las facultades otorgadas en el artículo 262 inciso final del Código de Procedimiento Civil.

II.- EN CUANTO A LAS IMPUTACIONES EFECTUADAS EN EL N°17 DEL RECURSO DE PROTECCIÓN.

La recurrente de Protección ha sostenido que ésta Juez Titular, no ha ejercido la obligación que le impondría el artículo 2 letra d) de la Ley 20.886, no habiendo anulado la actuación del Sr. nombre reservado, vulnerando con ello el deber que le impondría dicha disposición legal.

Al respecto hace presente que dicho cuerpo legal especial regula la Tramitación Digital de los Procedimiento Judiciales, señalándose en el artículo 2 de la ley especial citada: “…Artículo 2: Principios. La tramitación de las causas regidas por la presente ley se sujetará a los siguientes principios generales:..” indicándose en la letra d) “…Principio de buena fe. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso conforme al sistema informático de tramitación deberán actuar de buena fe. El juez, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contraria a la buena fe…”, de lo que se colige que la ley especial citada, y los principios que invoca, tienen por objeto orientar la debida tramitación electrónica de causas sometidas a tal tramitación, por lo que la buena fe exigida, el fraude procesal sancionado y las medidas correctivas dicen relación con situaciones ocurridas con ocasión de la tramitación digital. Consecuentemente con ello, y ya referido específicamente a las actuaciones realizadas por el Sr. nombre reservado recurrido, en la causa C-1636-2021 no se observa la hipótesis legal referida respecto de notificaciones judiciales que cumplían con todos los requisitos legales de tramitación digital para su validez, esto es, dejaban un testimonio íntegro de la diligencia realizada, con indicación de la hora, la fecha, el domicilio, la persona o parte a la cual se notifica, y las resoluciones y documentos entregados para el cumplimiento de la comunicación, además de la debida georreferencia de las actuaciones, que pueden ser validadas por el Tribunal y por las partes. Asimismo, las notificaciones realizadas en la causa han cumplido con la esencial obligación contenida en el artículo 390 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, el hacer saber a las partes los decretos y resoluciones dictadas por éste Tribunal, habiendo la recurrente utilizado y ejercido todas las vías procesales y recursivas desde los inicios del juicio, a la luz de su Derecho a Defensa y el Debido Proceso.

A folio N°24 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

nombre reservado: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para la mantención del orden jurídico y para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente; en virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado.

TERCERO: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

CUARTO: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

QUINTO: Que, la presente acción cautelar tiene por finalidad tutelar garantías y derechos preexistentes, esto es, derechos que no se encuentren discutidos, requerimiento que no concurre en la especie, puesto que la actora, ha recurrido en contra actuaciones de un receptor judicial el cual supuestamente habría realizado certificaciones falsas en juicio C-1636-2021 del Tercer Juzgado Civil de Temuco, juicio en el cual la recurrente doña nombre reservado, compareció mediante abogado habilitado y se defendió, tendiendo en dicha oportunidad la posibilidad de concurrir con múltiples recursos legales. Por su parte el recurrido, ha manifestado alegaciones que, en definitiva, controvierten los supuestos fácticos que sirven de fundamento del recurso impetrado, razón por la cual los derechos que se invocan por la recurrente no pueden servir de base para el ejercicio de la presente acción constitucional y, como consecuencia, no es posible adoptar alguna medida de protección que los garantice, debiendo recurrirse a otras acciones que el ordenamiento jurídico entrega a las partes, donde pueden existir pronunciamientos de carácter declarativo de derechos, previa rendición de prueba.

SEXTO: Que atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a los recurrentes.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado Integrante Sr. Cristian Marcelo Carvajal de Vicenzi.

N°Protección-3171-2024 (pvb).