Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Temuco Temuco, doce de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Al folio N° 1, comparece don nombre reservado y don nombre reservado, Abogados, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región del Maule, en representación, según facultades del artículo 20 de la Constitución Política de la República, de doña nombre reservado, e interponen acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO, Persona Jurídica del giro de su denominación, rol único tributario número 61.509.000-k, representada legalmente por don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, o por quién lo subrogue o reemplace legalmente; por cuanto en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente en una resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por médico psicólogo (sic) tratante que será individualizado más adelante de su parte, se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

I.- PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN:

De conformidad al numeral 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, la presenta acción constitucional es interpuesta dentro del término legal, por cuanto los actos ilegales y arbitrarios en contra de los que se reclama fueron notificados a la recurrente con fecha 24 de Junio del 2022.

II.- ACTO ARBITRARIO E ILEGAL RECURRIDO:

Indica que se recurre en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-82500- 2022, de fecha 24 de Junio del 2022, emitida por la SUSESO, que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas Nº RUT reservado, Nº RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 02 de Marzo del 2022. La referida Resolución exenta, en lo pertinente, concluye que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas, no se encontraba justificado. “Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 141 días por la misma patología.”

III.- COMPETENCIA:

Señala que de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, es competente para conocer de la presente acción constitucional de protección, habida consideración que los efectos del acto recurrido han tenido lugar en su jurisdicción.

IV.- ANTECEDENTES FÁCTICOS:

Agrega que la recurrente se desempeña como ejecutiva contable con cartera de clientes y desde aproximadamente 9 meses sufre de trastorno adaptativo con síndrome ansioso. Como consecuencia de eso tuvo que someterse a un tratamiento médico psiquiátrico el cual está avalado por el informe médico que se acompañara en un otrosí de esta presentación. Nuestra representada se dirigió a la nombre reservado, en la cual dicha entidad resolvió que el reposo no se encuentra justificado, en vista de los antecedentes con que cuenta la nombre reservado. A raíz de eso, no ha recibido el pago de sus licencias médicas, lo que le ocasiona un perjuicio económico importante y afectó su normal recuperación. Actualmente nuestra representada no pudo completar su tratamiento médico, pues como no le estaban pagando sus licencias médicas, tuvo que volver a trabajar, pero la circunstancia en la cual se encontraba, no se podía concentrar y se encontraba con mucha angustia. Como se indicó ella es ejecutiva contable, por lo que estaba en constante contacto con el público, debido a eso y por su situación no le permitía realizar sus labores de una manera normal y tranquila, tampoco atender a los clientes de la manera en la que ella lo hacía antes de comenzar con su enfermedad. Es por eso que con fecha 16 de Junio del 2022 presentó su renuncia, pues no era grato para ella, el tener que sobrellevar su situación sin haber terminado su tratamiento médico, el estar en constante contacto con clientes la mantenía nerviosa, pues debía ocultar su ansiedad frente a ellos y ya no podía con la situación. Antes de que nuestra representada presentara su renuncia, estuvo un tiempo trabajando como se mencionó, como no se encontraba en las mejores condiciones, tuvo que solicitar sus vacaciones, como las licencias médicas no se las pagaban y no podía seguir trabajando, tuvo que recurrir a eso. Cuando nuevamente volvió a trabajar, tampoco se sentía preparada, por lo que tomo la decisión de renunciar a su trabajo, aun así sabiendo que los costos económicos que esto le provocaría a su familia serian complejos, pero tenía que priorizar su estabilidad emocional, antes de que ocurriera cualquier inconveniente en su trabajo.

Se han rechazado las 2 licencias médicas de nuestra representada, estas sin haber realizado un peritaje médico para fundar el rechazo.

A modo de contexto y de acuerdo al informe médico que se acompañara en un otrosí de esta presentación, se puede informar que el diagnóstico que se indica la patología mencionada es Psiquiátrica.

A raíz de la situación de salud de nuestra representada, inició su cuadro clínico a partir del mes de Octubre del año 2021, a raíz de lo ya anterior expuesto, en atención a las crisis que le afectan es que fue diagnosticada y le indicaron el tratamiento a seguir, pero como se mencionó anteriormente, ella tuvo que volver a trabajar y como su rendimiento estaba alterado por los medicamentos y enfermedad que le aquejan, tuvo que renunciar a su trabajo el día 16 de Junio del 2022.

Precisa que la recurrida le rechazó las siguientes licencias médicas:

- Nº RUT reservado extendida por un término de 60 días, con fecha de inicio de reposo el 02 de Marzo del 2022 y terminando el 31 de Abril del 2022, especificando como motivo del rechazo “POR REPOSO NO JUSTIFICADO”.

- Nº RUT reservado extendida por un término de 60 días, con fecha de inicio de reposo el 01 de Abril del 2022 y terminando el 31 de Abril del 2022, especificando como motivo del rechazo “POR REPOSO NO JUSTIFICADO”.

Enfatiza que las decisiones de rechazo carecen de fundamento, limitándose a indicar que los reposos no se encuentran justificados. En el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO, se hace referencia a que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación. A lo menos SS., y considerando que las licencias las emite un facultativo, es a lo menos esperable que si le rechazarán las licencias, se le haga un peritaje o una evaluación, que contradiga a lo menos lo que dice el facultativo al emitir la licencia. No hacerlo, hace que entremos al terreno de la arbitrariedad. De hecho la resolución que las rechaza, carece de razón y fundamento suficiente, no otorga una explicación.

La resolución recurrida de la SUSESO constituye un acto ilegal y arbitrario desde que concluye que el reposo no estaría justificado, fundándose –según se lee– en la misma resolución que “Esta superintendencia estudio los antecedentes y con su mérito concluyo (sin ni siquiera haber realizado peritaje previo) que el reposo prescrito por las licencias médicas no se encontraba justificada. Esta conclusión se basa, en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentran el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado (no existe ningún informe médico que indique que la recurrente este en buen estado de salud para reincorporarse en su trabajo). Por su parte, el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO, también carece de fundamento, limitándose a indicar que el reposo no se encuentra justificado, lo cual constituye un acto ilegal y arbitrario, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación. Ambas decisiones fueron dictadas, prescindiendo de las conclusiones del médico tratante y, lo que es más grave, sin indicar las razones o fundamentos por los que los mencionados informes no le permiten establecer la incapacidad laboral, es decir, sin dar razón y fundamento de su decisión, lo que –inevitablemente– las hacen devenir en arbitrarias.

Agrega que no consta que el referido órgano haya accedido a algún análisis o exámen del estado de salud de la recurrente, desde que la nombre reservado, en su oportunidad, no ejecutó ninguna de las acciones que prescribe el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, Decreto Supremo Nº 3 del 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud. Norma legal que dispone la posibilidad que la Isapre o nombre reservado a efectos de mejorar el rechazo de las licencias practiquen, por sus propios medios, nuevos exámenes, interconsultas, informes complementarios, visitas domiciliarias, entre otros.

Sin que existan otros antecedentes que haya podido tener a la vista la nombre reservado que acrediten la conclusión contraria a la indicada en los referidos informes y sin que –en lo pertinente al recurso de protección– indique en la resolución recurrida los informes, fundamentos, peritajes, visitas domiciliarias o cualquier otro instrumento, documento o modo de convicción en que funde la decisión de confirmar el no pago de las licencias médicas respectivas, razón por la que el acto recurrido es arbitrario.

Los hechos anteriormente descritos influyeron negativamente en la recuperación de la recurrente, pues no podía someterse con tranquilidad al tratamiento prescrito, debiendo preocuparse, no obstante la gravedad del diagnóstico médico, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes y sin contar, además, con los medios económicos para sustentar el tratamiento y a su familia, le significaron la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, lo cual gatilló en ella un estado emocional muy inestable, vulnerable y anímicamente deteriorado, lo que, evidentemente, influye en que se extienda la necesidad de reposo. Económicamente se encuentra sobre endeudada debido a todos los gastos diarios y mensuales y el no tener pago de sus remuneraciones por todo este tiempo, además mencionando que actualmente no se encuentra con tratamiento psicológico ni medico por los problemas económicos ya mencionados.

Que, de esta manera, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que falta la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de las licencias médicas, además de su ambigüedad, transforma su decisión en caprichosa y carente de razones.

Que así las cosas, el acto reprochable descrito, evidentemente derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, protegido en el numeral 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, en el primer caso, el referido rechazo de licencias médicas impacta severamente en la salud de la recurrente produciendo un deterioro de la misma al no poder tomar los descansos necesarios para recuperar su estado de salud, y, en el último caso, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la decisión de la recurrida que le impide acceder al subsidio por enfermedad, por lo que el recurso debe ser acogido.

Por lo que pide se acoja y, se declare:

1.- Que se acoja el recurso de protección, por ser la actuación de la recurrida, en los términos descritos en lo principal de este escrito, arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; y derecho de propiedad de la recurrente nombre reservado, establecidas en los Nº 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política;

2.- Que, como consecuencia de lo referido, se aprueban y ordena el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas Nº RUT reservado, Nº RUT reservado, extendidas a favor de la recurrente, o bien, la declaración que V.S. ILTMA., sirva efectuar en igual sentido.

3.- Sin perjuicio que esta Corte, adopte todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del Derecho, de acuerdo a los derechos cuya tutela se solicita, con costas de los recurridos.

Al folio N° 9, informa la recurrida, alegando la extemporaneidad, la improcedencia del recurso y, en subsidio, el rechazo.

EXTEMPORANEIDAD.

Sostiene que como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña con este escrito, por presentación de fecha 13 de junio de 2022, la Sra. nombre reservado reclamó ante este Servicio por cuanto la nombre reservado - nombre reservado REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 02 de marzo de 2022, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante Resolución Exenta Nº R-01-UNRA-82500-2022 de fecha 24 de junio de 2022, esta Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 141 días por la misma patología. No acredita asistencia regular a terapia psicológica ni derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario, del cual pudo haberse visto beneficiada precozmente para lograr un reintegro laboral adecuado y oportuno”.

Indica que la acción se presentó con fecha 15 de JULIO de 2022, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la referida nombre reservado. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 13 de junio de 2022 que realizó la Sra. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre el rechazo de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados por la señalada nombre reservado con conocimiento de la Sra. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 30 DIAS antes de la fecha de interposición de la presente acción (15 de JULIO de 2022), la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si la Resolución de la nombre reservado respecto de las licencias médicas que reclama fueron resueltas el 30 de mayo de 2022.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Sostiene en síntesis que el recurso sería improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a Licencia Médica. Marco legal regulador.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan INCAPACIDADES LABORALES PERMANENTES, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de INCAPACIDADES LABORALES TEMPORALES, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una nombre reservado o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez – nombre reservado- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

2.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

3.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Hace presente que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud. En tal sentido, las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (nombre reservado), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Indica, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una nombre reservado, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso de que la nombre reservado, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la nombre reservado, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la nombre reservado, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Enfatiza que en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio por organismos técnico, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas, lo que debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida.

A mayor abundamiento, cabe indicar que esta Superintendencia, a través de diferentes profesionales médicos de este Servicio, estudió los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, según lo siguiente:

1.- Informe de fecha 20/06/2022 elaborado por el especialista don nombre reservado, que señala: Sección B (Datos de las Licencias Reclamadas) Inicio de la licencia más antigua: 02-03-2022 Cantidad total de días reclamados: 60 Días autorizados por la(s) patología(s): 141 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: CONCLUSIONES: COMENTARIOS:

MÉDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRÍA ADULTO, MUJER DE 36 AÑOS, TRABAJA COMO EJECUTIVA. CON PERMISO AUTORIZADO POR 141 DÍAS CON DIAGNÓSTICO DE F43.2 - TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN. EN IMT NO DESCRIBE SÍNTOMAS DE GRAVEDAD O INCAPACITANTES QUE LE IMPIDAN TRABAJAR, NO ACREDITA PSICOTERAPIA. SE RECHAZA.

Pues bien, luego del estudio de los antecedentes, a saber, informes médicos y otros antecedentes que acompaño la recurrente, formularios de las licencias médicas reclamadas, la Cartola Médica requeridos a la nombre reservado respectiva, Maestro Histórico de las Licencias Médicas Fonasa y otros antecedentes, fueron considerados como elementos suficientes de convicción por los profesionales a cargo del estudio del caso la cual quedó plasmada en la ficha médica respectiva, la Superintendencia de Seguridad Social emite la siguiente resolución:

• Resolución Exenta Nº R-01-UNRA-82500-2022 de fecha 24 de junio de 2022, resolvió confirmar lo obrado por la nombre reservado REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, por reposo no justificado. Lo anterior, fundado en que, como se señala en el dictamen en comento:

“…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 141 días por la misma patología. No acredita asistencia regular a terapia psicológica ni derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario, del cual pudo haberse visto beneficiada precozmente para lograr un reintegro laboral adecuado y oportuno”.

Indica que realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista ya citados, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por las licencias médicas objeto del recurso no se encontraba justificado.

Por lo anterior, se aprecia que los dictámenes impugnados por la recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas Resolución Ex., en orden a rechazar la licencia indicada.

4.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica, garantizado a todas las personas en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o nombre reservado)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, una rechazada sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Por lo que pide, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Al folio N° 11, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitraria, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, la recurrente ha invocado como conculcadas las garantías previstas en los Nos 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto, estima que el rechazo de las dos licencias médicas afecta su derecho a la integridad física y psíquica y su derecho de propiedad. La recurrida Superintendencia de Seguridad Social alegó la extemporaneidad, la improcedencia del recurso y en subsidio, el rechazo, por motivos de fondo.

EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD ALEGADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL:

Tercero: Que, respecto de la extemporaneidad del recurso planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, teniendo presente que el acto emanado de la referida Superintendencia es un acto administrativo terminal, dictado con fecha 24 de junio de 2022, sólo desde la fecha de aquel acto puede computarse el plazo para recurrir de conformidad con el N° 2 del Auto Acordado que regula el recurso de protección de garantías constitucionales, por lo que aparece que la acción constitucional ha sido interpuesta dentro del plazo de 30 días, por cuanto fue interpuesta con fecha 15 de julio del año 2022, debiendo desestimarse la alegación.

Asimismo, la extemporaneidad constituye uno de los aspectos que, conforme el N° 2 del Auto Acordado pueden fundar la inadmisibilidad y, habiéndose declarado admisible y encontrándose dicha decisión firme por no haber sido impugnada por la recurrida, no es posible, en esta etapa procesal, acoger la alegación previa planteada.

Finalmente, pudiere incluso estimarse que el acto recurrido tiene efectos permanentes en el tiempo, por lo que no resultaría procedente alegar la extemporaneidad.

EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL:

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no es aquella señalada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendidas en los números 1 y 24 de dicho artículo 19, esto es debemos atenernos a la causa de pedir de la acción y esta justamente se asila en las garantías invocadas en el libelo, las que sí se encuentran protegidas, debiendo desestimarse tal alegación.

EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN:

Quinto: Que, respecto del fondo del asunto, el acto concreto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprochado por la parte recurrente a la Superintendencia de Seguridad Social es la confirmación del rechazo, por reposo no justificado, de dos licencias médicas por 60 días en total desde el 2 de marzo de 2022.

Respecto de este punto, conviene indicar que la recurrente tiene autorizados días previos, ascendentes a 141, cuestionándose, únicamente las dos licencias objeto del recurso sin que aparezca la existencia de un peritaje médico psiquiátrico imparcial, que avale que el reposo no sería justificado, con lo que no se da cumplimiento a la regulación reglamentaria existente, especialmente los artículos 16 y 21 del D.S. N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las nombre reservado e Instituciones de Salud Previsional.

Sexto: Que, de esta manera, y frente a lo que se ha decidido en otros casos similares con anterioridad, un mejor examen permite advertir que el defecto radica en que el informe médico efectuado con ocasión de los pronunciamientos de rechazo con fecha 20 de junio de 2022 se realizó por un médico respecto de los antecedentes que tuvo a la vista, sin examinar a la paciente, por lo que no satisface la exigencia indicada, siendo en definitiva una opinión de un profesional de la salud sin haber tenido el adecuado contacto directo y personal con la persona evaluada. En efecto, la existencia de un peritaje médico que corrobore o descarte la justificación del reposo constituye un elemento probatorio esencial, que se encontraba dentro de las prerrogativas de la recurrida realizar, disponiendo de los medios para ello. Incluso de haber existido una evaluación inicial o intermedia respecto del período de días efectivamente autorizados, resultaba del todo pertinente efectuar una nueva evaluación conforme lo prevé el artículo 21 del ya citado D.S. N° 3 de 1984, máxime si el acto terminal dictado por la Superintendencia de Seguridad Social no explicita más fundamento que el mérito de los antecedentes tenidos en vista.

Séptimo: Que, en efecto, del análisis de los fundamentos esgrimidos para rechazar las licencias médicas del actor, aparece que la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale, más que la referencia a los antecedentes que la llevan a concluir la falta de justificación de la extensión del reposo ya autorizado, no haciendo mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado, sin que tampoco explicite los motivos, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados, máxime cuando consta en el expediente administrativo un informe médico que justifica el reposo otorgado. Si bien, la facultad de rechazar las licencias médicas se encuentra dentro de la competencia de la recurrida, disponiendo de mecanismos para ello, siendo por ello el acto legal, la carencia de la debida fundamentación la torna arbitraria, pudiendo perfectamente esta Corte adoptar medidas para reestablecer el imperio del derecho, por estimarse conculcada la garantía del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en relación con los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA, SIN COSTAS, la alegación de extemporaneidad e improcedencia de la acción de protección, alegadas por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, SE ACOGE, SIN COSTAS, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación, de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la dictación de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-82500- 2022, de fecha 24 de Junio del 2022, emitida por la recurrida, la que se deja sin efecto, ordenándose que la Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas que han sido objeto del presente recurso.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro (S) Sr. Wilfred Ziehlmann Zamorano.

Rol N° Protección-31147-2022.(jog)