Protección contra sus progenitores

C.A. de Temuco.

Temuco, seis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña JOSEFA MAC KAY ARAYA, abogada, en representación del HOSPITAL DR. nombre reservado nombre reservado, Hospital Autogestionado en Red, RUT RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en favor de la lactante menor nombre reservado, nacida el NUM000 de 2025, y en contra de sus progenitores, doña nombre reservado y don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado por la negativa de estos últimos a permitir la administración de las vacunas contempladas en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).

En cuanto a los hechos, expone que nombre reservado nació el NUM000 de 2025 en el Hospital de Angol, presentando buenas condiciones generales de salud. No obstante, durante su estadía en la Unidad de Puerperio, los padres rechazaron la administración de las vacunas BCG y Hepatitis B, solicitando su postergación, por lo que la lactante fue dada de alta sin dichas inmunizaciones.

Señala que la niña no ha recibido la vacuna BCG (contra la Tuberculosis), ni la vacuna contra la Hepatitis B (VHB). Asimismo, al cumplir dos meses de edad el NUM001 de 2026, tampoco se le administró la vacuna Hexavalente (Hepatitis B, Tétanos, H.

Influenzae tipo B, Poliomielitis y Coqueluche), la Neumocócica conjugada 13 valente (Bronconeumonías y Meningitis) ni la vacuna contra la Meningitis tipo B.

Sostiene que esta injustificada omisión sitúa a la lactante en una situación de especial susceptibilidad para contraer enfermedades graves que amenazan su vida o pueden dejar secuelas crónicas.

Advierte que, desde la salud pública, la omisión afecta el denominado “efecto rebaño”, pese a que las vacunas son las estrategias más costo-efectivas para erradicar o reducir enfermedades. Indica que los padres han persistido en su negativa aun habiendo sido informados de los riesgos y de la obligatoriedad legal del programa.

En cuanto a los fundamentos de derecho, apoya su acción en el Decreto Exento N° 50 de 2021 del Ministerio de Salud, que establece la vacunación obligatoria de la población contra enfermedades inmunoprevenibles. Sostiene que la oposición de los padres contraviene este mandato legal, configurando una actuación ilegal.

Asimismo, invoca la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, específicamente su artículo 38, el cual consagra el derecho de todo niño a la inmunización y establece que el Estado debe suministrarlas, mientras que los padres deben garantizar que los niños sean vacunados oportunamente, constituyéndose estos como garantes inmediatos de la salud de sus hijos.

Refuerza su argumentación citando jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt (Rol N°1037- 2024) y de la Excelentísima Corte Suprema (Rol 7616-2025), la primera de las cuales establece que, si bien los padres tienen la potestad parental, no pueden imponer creencias que pongan en riesgo la salud del niño, debiendo primar el interés superior del niño, mientras que por la segunda se razona que “la obligatoriedad de la vacunación omitida respecto del lactante se encuentra consagrada en el Decreto N°6 del Ministerio de Salud, promulgado el 29 de enero de 2010, norma que en su artículo 1° dispone la vacunación obligatoria de la población contra las enfermedades inmunoprevenibles dentro de las que se menciona la tuberculosis y la hepatitis b, siendo su objeto toda la población infantil[...] Se encuentra acreditada la existencia de una acción ilegal y arbitraria atribuible a los recurridos, al negarse a que su hijo sea vacunado conforme al Plan Nacional de Inmunización, afecta el derecho a la vida e integridad del niño amparado”.

Considera que el actuar de los recurridos es ilegal, por infringir la Ley 21.430 y el Decreto N°50, y arbitrario, por carecer de fundamentos científicos. Esto vulnera la garantía contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la menor, al exponerla injustificadamente a riesgos vitales.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, ordenando a los recurridos permitir la vacunación de la menor conforme al Plan Nacional de Inmunización, disponiendo las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y proteger la vida de la niña.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos:

Copia de certificado médico evacuado por el Dr. Alejandro nombre reservado, médico pediatra del Hospital de Angol, de fecha 08 de enero de 2026; Certificado de vacunación de fecha 23 de enero de 2026, firmado por enfermera nombre reservado de Central de Vacunas del Hospital de Angol; Informe médico de fecha 27 de enero de 2026, firmado por Dr. nombre reservado, médico pediatra y jefe del Servicio de Pediatría del Hospital de Angol.

A folio 13, comparece doña nombre reservado, en representación de los recurridos doña nombre reservado y don nombre reservado, quien evacua informe solicitando el rechazo total de la acción de protección, en base a los fundamentos que consigna en su presentación.

Sostiene que sus representados están sumamente comprometidos con la defensa del derecho a la vida y salud de su hija, considerando que el Programa Nacional de Inmunizaciones no ofrece condiciones para una vacunación ética y responsable.

Afirma que la decisión se basa en una evaluación de riesgos e incertidumbre científica, contando con el respaldo de especialistas y pediatras particulares. Destaca que la niña se encuentra sana, con controles al día y bajo un plan de inmunización individualizado adecuado a sus condiciones particulares, lo que evidencia una parentalidad responsable, informada y diligente.

Explica que, tras informar su decisión de rechazar las vacunas en el Hospital de Angol, los padres experimentaron un trato discriminatorio. Asimismo, denuncia que el hospital no diagnosticó oportunamente un “frenillo lingual" que impedía la succión ni detectó una reacción alérgica a la fórmula láctea, situaciones que debieron ser resueltas por especialistas externos.

Cuestiona la seguridad y necesidad de las vacunas, y manifiesta preocupación por las reacciones adversas y efectos secundarios (anafilaxia, síndromes neurológicos, entre otros), argumentando que la autoridad no ha cumplido con el deber de proporcionar información veraz bajo el estándar del "consentimiento informado" establecido en la Ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes.

Sostiene que ambas vacunas, BCG y hepatitis B, se recomiendan en circunstancias epidemiológicas e inmunológicas de alto riesgo, lo que no se cumple en el caso de nuestro país y de las condiciones materiales y sociales del núcleo familiar de los recurridos, por lo que no estaría afectado al colectivo social o a otras personas con su decisión, ni tampoco genera una amenaza sobre la salud e integridad física de los individuos, familias, y de la sociedad en su conjunto.

Respecto de la vacuna BCG, señala que en países desarrollados su aplicación es selectiva y que el bacilo puede producir reacciones graves en niños con mutaciones genéticas.

En cuanto a la vacuna en contra de la Hepatitis B, afirma que carece de sustento epidemiológico en recién nacidos de madres negativas, dadas las vías de contagio (sanguínea/sexual).

Como fundamentos jurídicos invoca el artículo 33 del Código Sanitario, señalando que existe la posibilidad de exención temporal mediante certificado médico, para lo cual acompaña documento emitido por la Dra. nombre reservado. Argumenta que el Estado no posee una política de compensación por lesiones de vacunas, por lo que los padres deben actuar como protectores directos. Sostiene que su negativa se ampara en la libertad de conciencia (Art. 19 N°6 de la Constitución) y en instrumentos internacionales como el Código de Nuremberg (consentimiento voluntario), la Declaración de Helsinki y la Declaración Universal de Bioética de la UNESCO.

Cita diversos fallos de tribunales superiores (v.gr. SCS Rol N° 28.368-2024; CA Santiago Rol N° 11812-2024) que han rechazado recursos similares argumentando que la obligatoriedad de vacunas como la BCG "no se extiende más allá del primer mes de vida" o que, habiendo expirado la oportunidad de inoculación según el esquema del Decreto N° 50, la acción pierde urgencia y obligatoriedad.

Finalmente, alega la falta de idoneidad del medio, sosteniendo que el recurso de protección carece de fundamentos esenciales al no existir un acto arbitrario o ilegal, ya que los padres han actuado precisamente para proteger la integridad física y psíquica de su hija, no existiendo una vulneración de garantías que deba ser cautelada por esta vía.

Solicita que se rechace la acción de protección en todas sus partes, con costas.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos:

Certificado médico de la niña, emitido por la Dra. nombre reservado, con fecha 10 de diciembre de 2025; Controles médicos al día de la niña, desde su nacimiento a la fecha, emitido por la pediatra nombre reservado; Certificado médico de la niña emitido por la Dra. nombre reservado, con fecha 18 de enero de 2026; Control nutricionista de la niña, emitido por el nutricionista nombre reservado con fecha 27 de noviembre de 2025; Certificado médico, emitido por el Dr. nombre reservado, con fecha 29 de octubre de 2026; Examen Hepatitis B negativo de la madre, emitido por el laboratorio clínico del Hospital de Purén, con fecha 16 de octubre de 2025; Examen Ecografía de caderas, emitido por Centro radiológico central, con fecha 07 de febrero de 2026; Examen Ecografía abdominal, emitido por Centro radiológico central, con fecha 07 de febrero de 2026; Radiografía de pelvis, emitido por Laboratorio clínico Diagnomed, con fecha 11 de febrero de 2026; Solicitud de Acceso a la Información Pública ley de transparencia a MINSAL, folio N°: NUM002, con fecha 15 de enero de 2026; Informe psicológico y habilidades parentales de la madre doña nombre reservado, emitido por la Psicóloga Clínica nombre reservado, emitido con fecha 18 de febrero de 2026; Informe psicológico y habilidades parentales del padre don nombre reservado emitido por la Psicóloga Clínica nombre reservado, emitido con fecha 18 de febrero de 2026; Documento de SIRI sobre estudio realizado en Henry Ford Health System, comparando a niños vacunados y no vacunados, con fecha 5 de septiembre de 2025. (http://www.Sirillp.com )

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, el centro de la controversia radica en determinar si la negativa de los recurridos a vacunar a su hija lactante, con fundamento en su libertad de conciencia y en una interpretación particular del bienestar de la niña, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la niña.

TERCERO: Que, respecto a la legalidad de la vacunación impetrada por el nosocomio, el artículo 32 del Código Sanitario faculta al Presidente de la República para declarar obligatoria la vacunación de la población contra enfermedades inmunoprevenibles. Así, en ejercicio de dicha facultad, el Decreto Exento N° 50 de 2021 del Ministerio de Salud establece la obligatoriedad del Programa Nacional de Inmunizaciones. Por tanto, la administración de las vacunas BCG, Hepatitis B, Hexavalente y demás mencionadas en el recurso no pueden quedar al arbitrio o voluntad de los particulares, sino que constituye un deber legal cuyo cumplimiento resulta imperativo.

Lo anterior se ve reforzado por la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la cual, en su artículo 38, es taxativa al señalar que “todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles” y que los padres son los “garantes inmediatos de la salud de sus hijos”, estando obligados “a cumplir con los controles médicos y adoptar todas las medidas necesarias con el fin de velar por la salud de los niños, niñas y adolescentes”. En consecuencia, la omisión de los recurridos no solo contraviene normas administrativas, sino que infringe directamente el estatuto de protección integral del cual la lactante menor de autos es titular.

CUARTO: Que, en la especie, la decisión de los padres carece de un sustento científico comprobado que justifique el riesgo de exponer a la lactante a patologías como la Tuberculosis Miliar, Meningitis o Hepatitis B, las cuales poseen altas tasas de morbilidad y mortalidad.

En ese sentido, los antecedentes de alergias referidos por los recurridos, si bien los han sustentado en certificados médicos particulares — emitidos por la Dra. nombre reservado y Dr. nombre reservado — estos no constituyen una contraindicación médica específica y técnica para la lactante en particular, ni ha sido validada por la autoridad sanitaria institucional, por lo que no pueden sobreponerse a la política pública de salud que protege no solo a la niña, sino a toda la comunidad a través de la inmunidad colectiva, frente a enfermedades de alta letalidad como las ya mencionadas.

QUINTO: Que, respecto de la alegación de las recurridas sobre el derecho al consentimiento informado y la autonomía para rechazar tratamientos médicos, cabe precisar que la propia Ley N° 20.584, en su artículo 15, establece límites claros a dicha autonomía cuando la falta de tratamiento —en este caso, la inmunización— supone un riesgo para la salud pública o pone en peligro la vida o integridad del paciente, situación que se configura en la especie al tratarse de una lactante expuesta a enfermedades erradicadas o controladas únicamente mediante la vacunación obligatoria. De este modo, la potestad parental no puede ejercerse de forma que vulnere el núcleo esencial del derecho a la vida e integridad física y psíquica de la niña.

SEXTO: Que, finalmente, cabe hacer presente que conforme ha razonado recientemente la Excelentísima Corte Suprema en un caso análogo (v.gr. Rol 7616-2025, considerando tercero) “…se encuentra acreditada la existencia de una acción ilegal y arbitraria atribuible a los recurridos, al negarse a que su hijo sea vacunado conforme el Plan Nacional de Inmunización, afecta el derecho a la vida e integridad del niño amparado.” En consecuencia, siendo un hecho indiscutido que la niña no cuenta con su esquema de vacunación al día por la sola voluntad de sus padres, se configura una amenaza real a su salud que amerita la adopción de medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, esta Corte a fin de resguardar la vida e integridad física y psíquica de la niña afectada, dispondrá que se le apliquen todas las vacunas, que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, según se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el HOSPITAL DR. nombre reservado

nombre reservado, en favor de la lactante menor nombre reservado, y en contra de sus progenitores, doña nombre reservado y don nombre reservado, sólo en cuanto, se dispone que de forma inmediata se le apliquen todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro titular Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

Rol N° Protección-311-2026 (pvb).