nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece RODRIGO ANTONIO POBLETE RAMOS, abogado, en representación, según será acreditado en el respectivo otrosí, de doña nombre reservado, factor de comercio, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, quien dice:

Que interpone acción de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada legalmente por su alcalde, don ROBERTO NEIRA ABURTO, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, según los antecedentes fácticos y jurídicos que simultánea y razonadamente expondrá; por la dictación del Decreto Alcaldicio N° 273, de fecha 20 de febrero de 2024, y válidamente notificado, mediante correo electrónico a la recurrente, con fecha 26 de febrero de 2024, -documentos que acompaña en el respectivo otrosí de esta presentación, que resolvió RECHAZAR LA AUTORIZACIÓN DE TRASLADO, de la Patente de Alcohol de depósito de bebidas alcohólicas, microempresa familiar, Rol N° 4-929, Clase A, para ser ejercida en domicilio reservado, de la comuna y ciudad de Temuco, de propiedad de la recurrente.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO, CON OCASIÓN DEL RECHAZO AL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE DE ALCOHOLES.

Para todos los efectos de la acción de la especie, cabe señalar que, con fecha 26 de febrero de 2024, la recurrente es notificada, por correo electrónico, del Decreto Alcaldicio N°273, de fecha 20 de febrero de 2024, y por cuya virtud la Municipalidad de Temuco rechazó el traslado de la Patente de Alcohol de depósito de bebidas alcohólicas, microempresa familiar, Rol N° 4-929, Clase A, para ser ejercida en domicilio reservado, de la comuna y ciudad de Temuco.

Así entonces, dicho acto administrativo dictado por la recurrida, y por cuya virtud se comete un acto ilegal, discriminador y arbitrario, está surtiendo de manera permanente todos sus efectos, razón por lo cual, la presente acción de protección se encuentra dentro de plazo, conforme al artículo 20 de nuestra Ley Magna y al Autoacordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En consecuencia, si el hecho arranca de la acción de una autoridad: “el agravio se produce al momento de la iniciación de ellos (los actos), debiéndose en ese momento reclamar”.

Al respecto la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, ha señalado que el último de los actos realizados es el que inicia el plazo de preclusión y que debe entenderse que ante actos que se ejecutan en forma continua y permanente, el plazo debe entenderse renovado día a día.

Por último, y en lo que a este acápite empece, el acto que por este acto se reprocha de inconstitucional, ilegal y arbitrario, fue dictado en contra de la recurrente, y como ya se indicó, desde el día 26 de febrero de 2024, fecha en que fue notificada, por ende, es desde esa fecha en que comienza a correr el plazo de treinta días para la interposición de la presente salvaguarda constitucional.

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA ACCIONAR DE PROTECCIÓN.

En primer término, es del caso manifestar conforme será expuesto en esta acción constitucional, que la recurrente es una comerciante de la comuna de Temuco y que por la materialización del acto administrativo de la Municipalidad de Temuco que es ilegal y arbitrario, ha denegado el traslado de una patente de alcohol, por ende, con dicho acto, la articulista está siendo vulnerada directamente en el goce y ejercicio de las garantías constitucionales que más adelante se indicarán.

LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA RECURRIDA.

Respecto de la recurrida, esta es, la Municipalidad de Temuco, aquella, con la dictación del Decreto Alcaldicio N°273, de fecha 20 de febrero de 2024, está fraguando un acto ilegal y arbitrario que afecta, perturba y amenaza las garantías constitucionales de los numerales 2°, 3°, 17, 21, 22 y 24 de nuestra Ley Suprema, las que se expondrán en esta presentación, en consecuencia, es una persona jurídica plenamente identificada conforme al inciso segundo del artículo 20 del mismo Código Político.

ANTECEDENTES DE HECHO PREVIOS A LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Como asunto palmario, es del caso señalar que su representada ha tenido un actuar digno, respetuoso y ajustado a derecho en el desarrollo de la actividad de expendio de alcohol en la comuna de Temuco, prueba de lo anterior, es que ella es propietaria de la patente de alcoholes ya singularizada, la que ha sido explotada comercialmente, sin tener mayores problemas.

Ahora bien, existen elementos ajenos a la explotación comercial de la patente que el señor Alcalde y el Honorable Concejo Municipal, no han tenido a la vista al momento de no haber dado su aquiescencia en el traslado de la patente que por este recurso se pide sea dejado sin efecto.

Como más adelante será analizado, la decisión adoptada por el órgano colegiado, perturba el legítimo derecho para ejercer la actividad económica lícita de expendio de alcoholes.

Así entonces, forzoso resulta concluir que el H. Concejo Municipal, al momento de adoptar su decisión de no autorizar el traslado de la patente de la especie, no ponderó los antecedentes de hecho y de derecho para una acertada resolución, situación que puede ser remediada mediante la interposición de la presente acción de protección.

Precisado todo lo anterior, se debe dar cuenta que la decisión adoptada por la Junta de Vecinos Los Castaños, del sector Pedro de Valdivia conforme a lo que se informó por aquella, obtuvo el rechazo de 55 vecinos del sector quienes están en contra de los emprendimientos de depósito de bebidas alcohólicas, microempresa familiar, en el referido sector.

Pues bien, la referida unidad vecinal, de modo alguno fundamentó su rechazo con razones valederas, solo se plantea una oposición calificable como ilegal y arbitraria.

En ese contexto, el dictamen N° 7.162, de 2014, de la Contraloría General de la República, indica, en lo que aquí importa, “Requerida de informe, la Municipalidad de Talagante expresó que en la sesión del concejo celebrada el 16 de abril de 2014, se analizaron los antecedentes del caso, y los miembros de dicha entidad colegiada determinaron que no resultaba procedente acceder a la solicitud del recurrente, por cuanto la actividad que se pretende desarrollar perturbaría la calidad de vida de los residentes del sector, como asimismo, por la existencia de un centro del Servicio Nacional de Menores y de un colegio en las proximidades del recinto de que se trata”.

Como puede ser advertido, bajo ningún punto de vista, en la situación de la especie se dan los elementos considerados en el precitado dictamen, por cuanto en las proximidades del inmueble donde se pretende ejercer la actividad económica lícita, no existen colegios, ni otro tipo de establecimientos públicos que puedan verse afectados con el referido ejercicio comercial.

A mayor abundamiento, el Informe N° 19, de fecha 28 de abril de 2023, de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, indica que la zonificación del cuadrante y cuadrícula, al lugar donde el traslado de la patente se solicita, posee una condición de RIESGO MEDIO, tomando en consideración la baja cantidad de patentes de alcoholes otorgadas en la cuadrícula C ( sólo una patente de restorán) y, además, que los índices de comisión de delitos en el cuadrante según el STOP de Carabineros de Chile, no son altos (sólo 4 el año 2022).

En el mismo sentido se pronunció el Segundo y Tercer Juzgado de Policía Local de Temuco y Carabineros de la misma ciudad, indicando que no se posee infracciones.

Así entonces, los mismos antecedentes que obran en poder del municipio fundamentan el presente recurso de protección.

VI.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- Pues bien, y antes de realizar un análisis extenso de la normativa atingente al recurso de la especie, es del caso señalar que el Concejo Municipal, en el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de fecha 16 de mayo de 2023, junto con hacer uso de la prerrogativa del literal o) del artículo 65 de la ley N° 18.695, sin embargo, no menor resulta fraguar ciertas precisiones respecto a las facultades que poseen tanto el Alcalde como el H. Concejo Municipal en materia de patentes de alcoholes.

2.- Falta de fundamentación al momento de no autorizar el traslado de la patente de la especie.

Sobre este punto, es dable señalar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 11, inciso segundo, de la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, prescribe, en lo que interesa, que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares y, a su vez, el artículo 41, inciso cuarto, de ese mismo texto legal dispone que las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada.

Además, en concordancia con los citados artículos 11 y 41 de la ley N° 19.880, la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 41.457, de 2010, y 70.935, de 2011, ambos de la Contraloría General, ha precisado que los actos administrativos que afecten los derechos de los particulares deben ser fundados, expresándose en ellos los antecedentes de hecho y de derecho que les sirven de sustento, de manera que la sola lectura de su contenido permita conocer cuál fue el raciocinio de la autoridad administrativa para la adopción de su decisión.

3.- Actuación del Municipio y de la Junta de Vecinos como una comisión especial.

Ahora bien y según se desprende del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de fecha 16 de mayo de 2023, adoptado por el concejo municipal de Temuco, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 273, de fecha 20 de febrero de 2024, el cuerpo colegiado amparó la decisión de no autorizar el traslado de la patente en cuestión, “fundamentando” su negativa en el clamor de los vecinos del sector quienes se oponen al emprendimiento del ejercicio de la actividad económica lícita de la venta de bebidas alcohólicas.

Que, en ese orden de consideraciones, el alcalde y concejo de Temuco están actuando como una comisión especial, juzgando y dando por acreditados hechos que en nada se condicen con la realidad.

En efecto, con dicha actuación, abiertamente se vulnera el numeral 3° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, toda vez que se le imputa a mi representada una actividad comercial que en definitiva sería contraria a la ley, sin tener la certeza sobre lo que vecinos aducen. Asimismo, se entiende que, con la denegatoria de traslado, se calificó su actuar como contrario al orden comunal, esto es, atentar contra la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de la ciudad de Temuco.

Que, en el acuerdo y decreto Alcaldicio, se han excedido y actuado desproporcionadamente en relación a cualquier falta o infracción que hipotéticamente se le atribuya a mi mandante, porque ella no está establecida y resulta del todo injusta.

Por otra parte, el artículo 3° de la ley N° 19.925, establece la clasificación de las patentes de expendio de bebidas alcohólicas, siendo, en todo caso, el conocimiento de las infracciones de esta ley materia de conocimiento exclusivo de los tribunales respectivos, estableciéndose la clausura una medida extrema de sanción y sólo en el caso de repetidas y sistemáticas reiteraciones, situación que jamás acaeció en el inmueble donde se pretende trasladar la patente.

Que, de lo anteriormente expuesto, no se divisa la razón o motivo legítimo que tuvo el señor alcalde y concejo para negar el traslado de la patente de la especie, toda vez que en el inmueble donde se aspira el ejercicio de la actividad económica, jamás se han cometido actos antijurídicos y culpables.

De lo hasta aquí anotado, no cabe otra cosa más que concluir que la municipalidad de Temuco -al no autorizar el traslado de la patente de alcohol- incurre en un acto contrario a derecho.

Por lo demás, no existe un informe policial y menos del Gobierno Regional o delegación provincial, que diga relación a que el local ubicado en domicilio reservado, haya sido objeto de clausura por haberse cometido allí algún crimen o simple delito.

Por último y en lo que este punto respecta, ha de soslayarse que su representada cumple con todos y cada uno de los requisitos legales y administrativos para ser autorizado el traslado de la patente, por lo que el actuar de la Municipalidad de Temuco es contrario a derecho.

4.- No hay infracciones cursadas en el local, por lo que no existen fundamentos que constituyan faltas graves que ameriten el rechazo al traslado.

Bajo ese tenor, cabe señalar que la determinación del número de infracciones debe sujetarse, dentro de otras disposiciones, al artículo 47 de la ley N° 19.925, preceptiva que ordena y en lo que nos interesa: “...Para aplicar lo dispuesto en el inciso precedente, así como determinar la segunda, tercera o cuarta transgresión a los artículos 2º, 29 y 43, se considerarán las infracciones cometidas en los últimos doce meses anteriores a la que dio lugar al procedimiento, aun cuando respecto de ellas el juez de policía local haya hecho uso de las facultades que le confieren los artículos 19 y 20 de la ley N° 18.287...”

En efecto, solo deben considerarse las infracciones de las letras d), e) y f), las que se relacionan con las de los últimos 12 meses.

Ahora bien, y si seguimos la lógica del marco sancionatorio de la precitada ley, se puede apreciar que, el legislador, ha establecido las infracciones más graves en los artículos 2°, 29 y 41 al 46, como de idéntica manera el artículo 53 de la ley en estudio.

Que, conforme a lo informado tanto por el Segundo y Tercer Juzgado de Policía Local de Temuco, no existen infracciones hacia su representada, ni tampoco en el domicilio donde se pretende trasladar la patente de la especie, por lo que no existe en el orden jurídico que regula la actividad de expendio de bebidas alcohólicas, fundamentos para NO TRASLADAR la patente de alcohol que le ampara, imponiéndose sanciones más gravosas que las contempladas en la misma ley.

En el caso que nos convoca, se debe tener en alta consideración el artículo 19, N° 21, de la Constitución Política de la República, preceptiva que asegura a todas las personas el derecho a desarrollar una actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional respetando las normas que las regulan, por lo que el municipio no se encuentra facultado para impedir el ejercicio de una actividad económica lícita, en la especie, el expendio de bebidas alcohólicas.

PRECEPTOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO CON LA DICTACIÓN DEL DECRETO ALCALDICIO N° 273, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024.

ARTÍCULO 19 NUMERALES 2°, 3°, 17, 21, 22, 24 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA (GARANTÍAS CONSTITUCIONALES).

ARTÍCULO 19 NUMERAL 2°: Sentada la garantía constitucional aquí transcrita, no hago más que remitir los comentarios, a todo lo expuesto, en los numerales anteriores.

Además, cabe señalar que la Constitución, en su artículo 19 N° 2° proscribe o prohíbe "toda diferenciación o distinción que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual, en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable”.

Esas acciones encuentran justificación, desde luego, en el artículo 1° inciso quinto de la Constitución, donde se contempla, como uno de los cinco deberes matrices del Estado, asegurar el derecho de las personas -naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras- a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

En efecto, la igualdad de oportunidades lleva implícito el reconocimiento de que en la sociedad existen discriminaciones que deben ser erradicadas, empleando los diversos instrumentos de que dispone el Estado, entre otros las acciones positivas, las cuales puede y debe impulsar y, en algunos casos, ejecutar directamente, aunque sin perder de vista su rol subsidiario.

Con todo, no puede olvidarse que la igualdad de hecho o de oportunidades plantea, sin embargo, la "paradoja de la igualdad", quien desee crear igualdad de facto tiene que aceptar una desigualdad de trato jurídico y, al contrario, dada la desigualdad fáctica de las personas, la igualdad de iure permite siempre que existan algunas desigualdades de hecho (con lo que, más bien, las refuerzan).

En nuestra Constitución, es bien sabido que la noción de igualdad de oportunidades ha sido concebida como el deber de situar a todos en el mismo punto de partida, para que cada individuo, contando con medios suficientes, pueda desarrollar sus habilidades y capacidades en condiciones objetivamente similares, y no, por el contrario, igualar en los resultados.

Por ende y desde un punto de vista práctico, esta figura de igualdad supone la apertura de posibilidades, es decir, que las personas cuenten con opciones semejantes ante las decisiones que deben adoptar en su desenvolvimiento cotidiano y que se encuentren en la misma situación o posición que otros sujetos convocados a esas alternativas. Esta igualdad, entonces, no trasunta teorizaciones, sino aplicaciones concretas y precisas, por ejemplo, mediante el establecimiento de acciones positivas.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que ese verbo significa "dejar seguro de la realidad o certeza de alguna cosa", de que se está en situación de igualdad de oportunidades para participar en la vida nacional.

En su sentido natural y obvio, esto es, según el Diccionario citado, participar quiere decir "tomar uno parte en una cosa", por ejemplo, en la vida comunal.

Resumiendo, la igualdad de oportunidades, impuesta como deber del Estado en el citado artículo 1° inciso quinto de la Constitución, consiste y como ya fue anotado, en situar a las personas en un punto de partida similar. Pero sin olvidar que, más allá del esfuerzo desplegado por la sociedad completa y superlativamente por los órganos estatales, lo que ocurra a partir de ese comienzo igualitario supone siempre que entran en juego factores valóricos y culturales.

Precisamente, son esos factores, no obstante, la labor subsidiaria del Estado en la materia, los que obligan a reconocer que deben ser los beneficiados por la acción positiva quienes conserven el protagonismo en el desarrollo de sus potencialidades. Ello, además, explica por qué, dado un punto de partida igual, no es de extrañar que, de todas maneras, se constaten diferencias en los resultados.

Por otra parte, y confirmando que las acciones de promoción pueden ajustarse a la Constitución, el artículo 5° inciso segundo de la Carta Fundamental impone, como deber de los órganos del Estado, respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Con ello, las entidades estatales no sólo deben asumir una actitud pasiva ante los derechos de las personas, absteniéndose de lesionarlos, sino que han de llevar adelante una labor activa en el perfeccionamiento de los derechos humanos, pudiendo ser las acciones positivas un instrumento idóneo para la consecución de ese objetivo.

Así, el valor constitucional de una determinada acción de promoción será determinado por su apego al principio de Igualdad, contenido tanto en la cláusula genérica prevista en el artículo 19 N° 2° de la Ley Suprema, como en numerosos otros preceptos isonómicos contemplados a lo largo de su texto y contexto.

De esta manera, el criterio, en concreto, para verificar si una determinada y precisa acción positiva se ajusta o no al Código Político se encuentra, en definitiva, en determinar que dicha acción no constituya una discriminación, es decir, una diferencia arbitraria, por cuanto beneficia a un grupo o sector que ha sido, históricamente, y continúa siendo discriminado, sin que se lo exima de cumplir los requisitos o condiciones mínimas que sea dable exigir en el ámbito de que se trate.

Asimismo, y si es del caso, dicha ventaja o privilegio justificado debe respetar los principios aplicables sin constituir una discriminación del Estado y sus organismos en materia económica, si es que ella incide en ese rubro; ni puede vulnerar ningún otro precepto que, sea en texto expreso o de manera implícita, contenga prescripciones isonómicas a lo largo de la Carta Fundamental.

Así entonces, cualquiera que sea la acción concreta que tenga por objeto corregir la desventaja de facto, histórica e injustificada, debe ser establecida y regulada por la ley, al tenor del artículo 19 N° 26 de la Constitución.

En suma, una acción de promoción concreta, como instrumento de política pública autorizado y regulado por el legislador, puede ajustarse perfectamente a la Constitución, en tanto respete el principio constitucional de igualdad, pues constituye una manifestación del deber asignado al Estado en orden a asegurar y promover el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

ARTÍCULO 19 NUMERAL 3°: El inciso cuarto del numeral 3°, del artículo 19 de la Constitución respeta, promueve y garantiza que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Con lo precedentemente transcrito, no cabe más que afirmar que la Municipalidad de Temuco juzgó a mi mandante como una comisión especial, debido a que sin tener la entera certeza sobre lo expuesto por la Junta de Vecinos y más aún que no se han cometido infracciones en el local comercial, calificó el actuar de esta como contrario al orden comunal.

El Decreto Alcaldicio cuya invalidación constitucional se solicita ha vulnerado esta garantía constitucional, que ampara el derecho al debido proceso, porque nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Así entonces, consideramos que la Municipalidad de Temuco se excedió y actuó desproporcionadamente en relación a cualquier falta o infracción que se le hubiese podido atribuir a mi representada, toda vez que ella no se encuentra establecida en nuestro ordenamiento jurídico y resultó del todo injusta.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 establece que "El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley" y el artículo 33 del mismo Decreto Ley señala que "las patentes de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas serán clasificadas y otorgadas en la forma que determina la ley N° 19.925, sin perjuicio de quedar afectos a la contribución del artículo 24 de la presente ley". Y este artículo mencionado se refiere a la patente que grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente.

Por otra parte, el artículo 3° de la ley N° 19.925, establece la clasificación de las patentes de expendio de bebidas alcohólicas, siendo, en todo caso, el conocimiento de las infracciones de esta ley materia de conocimiento exclusivo de los tribunales respectivos, siendo la clausura una medida extrema de sanción y sólo en el caso de repetidas y sistemáticas reiteraciones, situación que, en este caso en particular, jamás acaeció. Así es, si los tres Juzgados de Policía Local de Temuco hubiesen estimado que mi actuar iba en total contravención a lo dispuesto por el Título III, específicamente el artículo 47 de la ley N° 19.925, a la cuarta infracción hubiese procedido a la clausura definitiva y la consecuencial caducidad de la patente de alcohol que me ampara.

Sin embargo, se debieron analizar todos los requisitos para vislumbrar la procedencia de la NO AUTORIZACIÓN para el traslado de la actividad gravada. Si ello ocurre en la especie, estamos frente a una aparente superposición de normas legales, un doble régimen de sanción -aunque no de procedimiento, porque el D.L. N° 3.063, no contempla ninguno que dé posibilidades al afectado para reclamar de la sanción-, que por un lado dé competencia a los tribunales correspondientes y por otro al alcalde.

Sobre el caso particular, se debe tener presente que no habría tal superposición o doble régimen de sanciones ya que ella estaría resuelta por el artículo 18 del decreto supremo N° 484 de agosto de 1980, que en lo pertinente señala "las patentes de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas serán otorgadas por decreto Alcaldicio... y que esta clase de establecimientos quedarán afectos a todas las normas sobre sanciones que respectivamente se contemplan en ambas leyes". En otras palabras, la sanción que pueden imponer los tribunales por la infracción a la Ley de Alcoholes, no impediría que se aplicara la sanción que establece la llamada Ley de Rentas Municipales.

A mayor abundamiento, y en lo que a esta garantía constitucional empece, se debe indicar que el proceso “es la secuencia de actos por medio de los cuales se busca la solución de un conflicto sometido a decisión de autoridad competente”; y consecuencialmente, este proceso será “debido” en la medida que se respeten las garantías que el ordenamiento jurídico ha establecido para su prosecución.

Conforme a lo anterior, debemos entender el concepto de debido proceso, como “aquella garantía de carácter fundamental, que protege al ciudadano de cualquier tipo de arbitrariedad en que pudiera eventualmente incurrir la autoridad jurisdiccional, en lo referente a la solución del conflicto sometido a su decisión”.

La garantía del debido proceso es, entonces, un continente, cuyo contenido está compuesto por aquellos derechos y principios, constitucionales y legales, que deben ser respetados por la autoridad al momento de decidir el conflicto sometido a su decisión mediante el procedimiento.

Así, tanto las corrientes doctrinarias instrumentalistas y sustancialistas conceptualizan al Debido Proceso como “una institución, porque constituye una idea común, compleja y objetiva -integrada en un todo unitaria que es la Constitución- a la cual adhieren las voluntades de los justiciables, pero que el Estado, en ejercicio de la función jurisdiccional, mediante un proceso, les ofrezca la tutela judicial que permita a las personas la defensa y goce efectivo de los derechos”, entendiendo, de esta manera al Debido Proceso como el pilar fundamental del derecho procesal y que contiene los principios necesarios para el ejercicio y aplicación de un derecho justo.

Ahora bien, el debido proceso como garantía se encuentra contenido en el Artículo 19, N° 3 inciso quinto, de la Constitución Política de la República que dispone: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

Al tenor de lo ya expuesto, nuestro ordenamiento jurídico entiende la garantía del debido proceso desde una visión instrumental, ya que ordena al legislador a establecer las garantías que debe contener un procedimiento -proceso- racional y justo. Es decir, le encomienda determinar cuál va a ser el contenido de este continente vacío que sería la garantía del debido proceso.

Una vía para cumplir con esta orden constitucional se encuentra recogida en su propio articulado, el artículo 5° inciso segundo de la Constitución, modificado por la ley N° 18.825 de Reforma Constitucional y que permite remitirnos a normas internacionales que sí han tratado la materia, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8° contiene las denominadas Garantías Judiciales, entre las que se detallan aquellos elementos que dan forma al debido proceso tal como es entendido entre nosotros.

En consecuencia, podemos señalar que el proceso no sólo debe ser ‘legalmente tramitado’ y ‘racional y justo’, conforme anota nuestra Constitución, sino que además debe ajustarse a los parámetros que el precitado artículo 5°, inciso segundo de nuestra Ley Suprema obliga en relación a los tratados internacionales, dada la calidad de éstos de leyes de la República de rango constitucional.

Por último, ha de señalarse que el concepto de debido proceso quedará entregado a las visiones que se tengan tanto del proceso, como de un estado democrático y de la importancia que se le atribuya a esta garantía en relación a la protección del ciudadano frente al Estado, pero indudablemente quedará abierta la definición lo que “puede deberse a que las ideas políticas y jurídicas fundamentales, de la misma manera que las grandes obras de arte, se resisten a una decisión final, e incluso y posiblemente a una definitiva comprensión”.

Precisado someramente el marco etimológico del debido proceso en Chile, corresponde analizar cómo el aludido Decreto Alcaldicio N° 273 de 2024, infringe la referida indemnidad fundamental.

Pues bien, y en sede administrativa, el ejercicio de este derecho (debido proceso) debe de reconocerse desde que el procedimiento se inicie contra el involucrado, dado que en esta etapa es cuando asoma el ejercicio del derecho a la defensa, cuyo objeto es dejar en igualdad de condiciones a la Administración del Estado con el administrado, y se constituye en elementos esenciales tales como el derecho a ser oído, lo que en la práctica se traduce en que el administrado envuelto en un procedimiento administrativo tiene el derecho a entregar su versión de los hechos que se le imputan y, por supuesto, invocar las circunstancias favorable que estime pertinentes.

Sentado lo anterior, el procedimiento sancionatorio, como manifestación del poder punitivo del Estado al interior de la Administración, tiene principios que deben conformarse no sólo de lo que podemos extraer del texto de la ley N° 19.880, sino también de aquéllos que nos entregan tanto la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado y los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

En efecto, y a este caso en concreto, conviene traer a colación el principio de legalidad y tipicidad, los que también rigen con otras acepciones en el Derecho Penal, y al ser también una manifestación del ius puniendi, rigen en el derecho administrativo sancionador.

Su manifestación en este ámbito dice relación con el imperativo constitucional, de que cada sanción o pena que vulnere derechos ciudadanos debe estar claramente prestablecida por ley.

Al respecto, nuestra Ley Suprema señala en su artículo 19 número 3 inciso séptimo que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”.

Ahora bien, y en cuanto al principio de tipicidad, este tiene directa relación con el principio de legalidad y de reserva legal, puesto que se refiere a la garantía que tienen los administrados de que la conducta sancionable sea descrita previamente a la comisión del acto, ello, al igual que ocurre en materia penal. En síntesis, el principio de tipicidad es la forma en que se materializa el principio de legalidad.

Bajo ese orden de consideraciones, y tal como se manifestó en acápites anteriores, la conducta que se me ha reprochado y por la cual se le ha aplicado la medida de no autorización, no se encuentra tipificada en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, por ende, abiertamente se está infringiendo el principio de legalidad y tipicidad, situación que vulnera el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 19 NUMERAL 17: El inciso 4° del numeral 17 del artículo 19 de la Constitución promueve, respeta y garantiza respecto a que “Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así” ...

Anotado esto, con la NO AUTORIZACIÓN para el traslado de la patente al inmueble donde se pretende ejercer la patente de alcohol que me ampara, se me prohibió el derecho al trabajo.

Como se puede dilucidar de la norma constitucional transcrita, sólo en caso de ser contrario a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, puede prohibirse un trabajo, situación que en la especie no aconteció, toda vez que cumplo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para seguir funcionando.

Sentado lo anterior, el Decreto Alcaldicio cuya indemnidad constitucional se solicita, vulneró -de sobremanera- esta garantía constitucional.

ARTÍCULO 19 NUMERAL 21: El numeral 21 del artículo 19 de la Constitución respeta, promueve y garantiza “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.

Sobre la situación, en particular, el decreto Alcaldicio N° 273 de 2024, no hizo más que limitar esta garantía constitucional, toda vez que, al carecer de legalidad y racionalidad en los fundamentos que se tuvieron a la vista, irredarguiblemente se produjo una arbitrariedad y discriminación.

Para fines de economía procedimental, esta parte da por total e íntegramente reproducidos los fundamentos señalados en el acápite V y VI, del presente recurso de protección.

ARTÍCULO 19 NUMERAL 22: El numeral 22 del artículo 19 de la Constitución respeta, promueve y garantiza “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.”.

Sobre la situación en particular, el Decreto Alcaldicio N° 273 de 2024, no hizo más que limitar esta garantía constitucional, toda vez que, al carecer de legalidad y racionalidad en los fundamentos que se tuvieron a la vista, irredarguiblemente se produjo una arbitrariedad, ilegalidad y discriminación. Impidiéndole el municipio de Temuco a la recurrente, ejercer una actividad económica lícita a la que siempre tuvo el derecho a desarrollar.

ARTÍCULO 19 NUMERAL 24: El numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, respeta, promueve y garantiza -en lo que nos interesa- “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial...”

Sin lugar a dudas, el Decreto Alcaldicio N° 273 de 2024, es ilegal y arbitrario, puesto que está vulnerando y limitando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre la patente de alcohol, toda vez que, mediante un acto administrativo discriminatorio y sin ponderación total de los hechos imputados y no por disposición de la ley, se está viendo privada de poder ejecutar actos de dominio y, por ende, prescindió de sus atributos, estos son usar, gozar y disponer de la propiedad.

En síntesis, el ya referido Decreto Alcaldicio no reconoce ni ampara la función social del derecho de propiedad.

Ahora bien, se debe tener presente que el derecho aquí vulnerado tiene su ejercicio regulado por la ley, de manera que, en definitiva, se establecerá si se cumple o no con la normativa legal, dentro de un debido proceso, no correspondiendo, al municipio dar por sentado hechos que, a la postre, impiden el legítimo derecho a ejercer una actividad lícita y el derecho de propiedad en todas sus clases.

ARTÍCULO 19 NUMERAL 26: El numeral 26 del artículo 19 de la Constitución respeta, promueve y garantiza “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

Sentado lo anterior, el Decreto Alcaldicio N° 273 de 2024, ha venido en afectar todas las garantías constitucionales aquí expuestas, toda vez que, debido a una ponderación sin una convicción total de los hechos imputados en contra de mi mandante, además, de juzgar hechos como una comisión especial, tomó la decisión de no autorizar el traslado de la patente al local comercial donde se pretende ejercer la actividad comercial que la ampara en su legítimo derecho.

Que, el acto cometido por la Municipalidad de Temuco produce al recurrente un perjuicio evidente, por cuanto con el rechazo del traslado de la patente de alcohol de la especie, se le está privando del derecho que le asiste para usar, gozar y disponer del gravamen municipal aquí conculcado.

PETICIONES CONCRETAS.

Esta parte solicita como petición concreta que se restaure el imperio del derecho dejando sin efecto el acto arbitrario de rechazar el traslado de la patente de alcohol de su representada, que se declare que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, tomando toda providencia necesaria para poner fin a las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por la recurrida, y se disponga la restitución del derecho de la recurrente, ordenando la obtención de la autorización para trasladar la patente municipal rechazada.

se sirva tener por interpuesta acción de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, representada legalmente por su Alcalde, don ROBERTO NEIRA ABURTO, ambos ya individualizados, admitirla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, declarando que se deje sin efecto el DECRETO ALCALDICIO N°273, de fecha 20 de febrero de 2024 y, asimismo, se declare que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario e ilegal, debiendo adoptarse todas las medidas necesarias para poner fin a las arbitrariedades denunciadas y se disponga la restitución del derecho de la recurrente, ordenando el derecho a trasladar la patente de alcohol de restaurante diurno y nocturno conculcado por la recurrida.

subsidio, se adopten o libren las medidas que VS. ILTMA., estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, conforme a los principios de equidad, justicia y al mérito de autos, todo lo anterior, con expresa condenación en las costas de la causa.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia del Decreto Alcaldicio N° 273, de fecha 20 de febrero de 2023 y sus antecedentes.

2.- Copia de correo electrónico de notificación del Decreto Alcaldicio N° 273 de 2024 3.- Informe favorable de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Temuco.

A folio 16 informa CRISTHIAN HORMAZABAL WAGNER, Abogado, en representación de la Municipalidad de Temuco, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada por su Alcalde don ROBERTO NEIRA AGURTO, diciendo:

I.- Antecedentes, que fundan el informe:

Que en el presente recurso interpuesto en contra de su representada, se funda esencialmente la negativa del permiso de traslado de la patente de alcoholes al cual refiere el Decreto Alcaldicio N° 273, de fecha 20 de febrero de 2024, en donde la recurrente afirma que habría manejado correctamente una patente de alcoholes y por tanto busca su traslado. Sin embargo, habría enfrentado obstáculos debido a decisiones que no se encontrarían fundamentadas por parte de su representada y del consejo Municipal, así como la oposición de la Junta de Vecinos Los Castaños, la cual considera ilegal y arbitraria. Informes de seguridad y judiciales respaldarían que no hay riesgos significativos en la ubicación deseada y no existen infracciones registradas, lo que sustenta la presentación de un recurso de protección para resolver el conflicto.

II.- Opone falta de legitimación activa:

Como es ostensible verificar, el recurso de protección ha sido interpuesto por una persona natural, doña nombre reservado, que conforme al texto del recurso, se infiere, que representa al negocio de carácter familiar o microempresa, que ejercía una actividad económica en domicilio reservado, de Temuco.

Parece necesario señalar que, si bien el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto el resguardo de los derechos fundamentales de las personas, resulta imprescindible que se determine en forma clara y precisa, el carácter de su comparecencia, ya que se desconoce si se trata de algún tipo de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, de una sociedad civil, o alguna fórmula diversa a la de persona natural, en los propios dichos de la recurrente.

Lo cierto es que, en la especie, se señala que se trata de una empresa de carácter familiar, sin embargo, comparece únicamente la recurrente, de quien se desconoce la calidad jurídica que posee frente al ejercicio de la acción de protección de derechos fundamentales.

Resulta esencial para una adecuada defensa, que el ejercicio de acciones de cualquier naturaleza reúna los presupuestos mínimos necesarios de toda acción, por lo que, al tratarse de una empresa familiar, o PYME, parece imperioso que la determinación de la empresa que recurre, su representante legal, o la calidad jurídica en que comparece la recurrente, sea lo suficientemente clara y completa para el adecuado ejercicio del derecho a defensa frente a la presente acción constitucional.

Así las cosas, parece meridianamente claro el objeto de la presente acción constitucional.

III.- Del otorgamiento de patentes de alcoholes y su traslado.

La recurrente, en su presentación, ha señalado que el acto arbitrario e ilegal, estaría constituido por la dictación del Decreto Alcaldicio N° 273, de fecha 20 de febrero de 2024, y válidamente notificado, mediante correo electrónico a la recurrente, con fecha 26 de febrero de 2024, -documentos que acompañó en el respectivo otrosí de su recurso, el cual RECHAZÓ LA AUTORIZACIÓN DE TRASLADO, de la Patente de Alcohol de depósito de bebidas alcohólicas, microempresa familiar, Rol N° 4-929, Clase A, para ser ejercida en domicilio reservado, de la comuna y ciudad de Temuco.

Al respecto, es preciso señalar que todo negocio o establecimiento que proporcione o comercialice bebidas alcohólicas deberá contar con una patente para su funcionamiento, la que se renueva en julio y enero de cada año, según lo dispone la denominada Ley de Alcoholes o Ley N° 19.925.

El proceso de obtención o traslado de patente de alcoholes requiere cumplir con las siguientes exigencias:

En el caso de las personas naturales, deben presentar al Municipio diversa documentación, como lo es la solicitud de patente que autoriza la Dirección de Obras Municipales (DOM), el respectivo formulario de solicitud de Patente, que es proporcionado por el Departamento de Rentas y Patentes, que el solicitante debe completar y firmar, copia de su cédula de identidad, autorización o Informe Sanitario, otorgado por el Departamento de Higiene Ambiental, fotocopia de iniciación de Actividades, denominado Formulario N° 4415 del Servicio de Impuestos Internos.

También debe acreditar dominio o tenencia del espacio físico del local o empresa, por medio de escrituras, títulos de dominio, contrato de arriendo, etc.

Debe además presentar una declaración jurada notarial al tenor del artículo 4 de la ley de Alcoholes (que señala a quienes no puede concedérsele patente de alcoholes), debe acompañar el certificado de antecedentes, contar con un informe de la junta de vecinos del lugar en donde se encontrará emplazado el local de Alcoholes, y el acta respectiva de aprobación.

Deberá asimismo, cumplir con el artículo Nº 14 de la Ley Nº 19.925, que establece la Total Independencia del Local de Alcoholes de la Casa Habitación. Y con el Artículo 8º de la misma Ley que prohíbe el otorgamiento de patentes de alcoholes a locales ubicados a menos de 100 metros de establecimientos de educación, salud o penitenciarios, de recintos militares o policiales, de terminales y garitas de movilización colectiva.

Contar con un informe de seguridad ciudadana, y finalmente deberá contar con la Pre- aprobación y aprobación del concejo municipal. Este último aspecto es el que fundó la decisión del consejo Municipal, dado que tal y como lo demuestra el documento acompañado por la propia recurrente, en el sector se habían presentado un total de 4 hechos de carácter delictual. Añade dicho informe que pese a tratarse de un sector de riesgo catalogado como RIESGO MEDIO, y aun no existiendo un alto número de patentes de alcoholes, según informó Carabineros de Chile, respecto de que más del 50% de los delitos cometidos en el área son por Violencia Intrafamiliar y Lesiones, de los cuales, su gran mayoría provienen o tienen relación con la ingesta de alcohol.

Así las cosas, la solicitud de traslado de patente comercial para el expendio de bebidas alcohólicas enfrenta una negativa justificada por diversas razones, que se desprenden de un análisis detallado del informe de seguridad ciudadana y las estadísticas proporcionadas por Carabineros de Chile.

En primer lugar, como se dijo, el informe de seguridad ciudadana evidencia la existencia de cuatro incidentes delictuales en el área donde se pretende establecer el expendio de alcohol. Aunque este sector esté catalogado como de riesgo medio, la presencia de estos eventos debe ser tomada con seriedad, especialmente considerando el tipo de delitos reportados y su relación con el consumo de alcohol.

La información proporcionada por Carabineros de Chile es aún más preocupante. Más del 50% de los delitos cometidos en el área están relacionados con violencia intrafamiliar y lesiones, y la mayoría de estos casos están vinculados con la ingesta de alcohol. Esta estadística subraya la conexión directa entre el consumo de alcohol y la incidencia de delitos violentos en la zona.

Por lo tanto, el otorgamiento de una patente comercial para el expendio de bebidas alcohólicas en este sector conlleva un riesgo significativo para la seguridad ciudadana. Aunque pueda argumentarse que la presencia de un negocio de este tipo pueda generar beneficios económicos, estos no pueden ser considerados a expensas de la seguridad y el bienestar de la comunidad.

El Concejo Municipal, al tomar en cuenta estos datos, ha actuado de manera responsable al negar la aprobación de la patente. Su decisión está respaldada por evidencia concreta de los riesgos asociados con la presencia de un establecimiento de venta de alcohol en el área, y busca proteger a la comunidad frente al flagelo que hoy en día trae aparejado el consumo de forma irresponsable de alcohol, y el nexo innegable de este con la existencia de focos delictuales producto de la ausencia de locales que sirvan como expendios de bebidas alcohólicas.

La evidencia empírica, permite evidenciar que aquellos sectores o lugares que carecen de locales o comercios en donde se vendan bebidas alcoholicas, los hechos de criminalidad asociados a estos es significativamente menor, por lo que los residentes, sobre todo aquellos de más bajos recursos, son presa fácil para el beneficio comercial de la recurrente, quien, a expensas de la salud y seguridad de la comunidad, viene en recurrir de protección de sus derechos fundamentales, sin tener consideración alguna con los derechos fundamentales que se ven afectados por el comercio de alcohol.

Peculiarmente, el mismo día 26 de febrero de 2024, la recurrente presentó su recurso de protección, lo cual, resulta a lo menos peculiar, dada la premura en la presentación del mismo, sin embargo, el mentado Decreto Alcaldicio que da origen al presente recurso de protección y el cual se funda en el rechazó que los concejales efectuaron, dada la información que tuvieron a la vista al momento de la votación, provoca que no se cumplan los requisitos establecidos por ley para el otorgamiento del traslado de la patente de alcoholes que la recurrente viene en sostener como una arbitrariedad e ilegalidad.

Lo anterior, puede ser objeto de debate, puede incluso poner en discusión los derechos de libertad, contra el derecho a la integridad física o psíquica, sin embargo, aquello no constituye un acto ni arbitrario, pues se encuentra ciertamente fundado por cada uno de los concejales que votó en contra, ni tampoco puede catalogarse dicha decisión como ilegal, porque se encuentra en el marco de las atribuciones que la ley le confiere al Consejo Municipal para el otorgamiento y autorización de traslado de patentes de alcoholes en la comuna de Temuco, encontrándose dentro del marco de sus atribuciones, que la propia ley les ha conferido.

IV.- Supuestas garantías conculcadas.

Cabe precisar que el objeto del recurso de protección se encuentra específicamente determinado, por lo que la alusión a eventuales infracciones de carácter legal que escapan a las normas contenidas en el Número 19 de nuestra Carta Magna, es impertinente y ciertamente redundan en la carencia de argumentación legal para sustentar el presente recurso.

1.- En cuanto a la supuesta vulneración del Artículo 1° de la Constitución Política de la República:

La igualdad ante la ley.

El principio de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos no implica que todas las decisiones administrativas deban ser idénticas para cada caso. Las autoridades pueden establecer diferencias en el tratamiento de las patentes de alcoholes cuando existen fundamentos objetivos y racionales para hacerlo, basados en el contexto y las circunstancias específicas de cada solicitud.

Bien común y seguridad pública.

La función del Estado y sus organismos, incluyendo las municipalidades, es promover el bien común. La regulación y restricción de ciertas actividades comerciales, como la venta de bebidas alcohólicas, se justifica desde luego dado que es fundamental para el ente Edilicio preservar la seguridad y tranquilidad pública. La decisión de no autorizar el traslado de la patente puede estar perfectamente fundamentada en consideraciones de seguridad pública, prevención del delito, o protección del orden público.

Cargas administrativas proporcionadas.

Si la municipalidad ha impuesto mayores cargas a ciertos contribuyentes, esto debe ser justificado con base en criterios objetivos y proporcionales que respondan a la necesidad de proteger intereses públicos y no simplemente en discriminaciones arbitrarias.

Imputación de hechos no ajustados a la realidad La base fáctica de las decisiones administrativas, como las Municipalidades deben estar adecuadamente fundamentadas en hechos verificables y no en suposiciones o acusaciones infundadas. Es fundamental revisar las bases factuales sobre las que la municipalidad se apoyó para emitir el decreto, incluyendo, si es aplicable, reportes de policía, estadísticas de delitos, y reclamaciones de los vecinos.

Los procedimientos legales han sido los adecuados, toda vez la administración debe actuar dentro de los límites de su competencia legal, evitando asumir roles judiciales que corresponden a los tribunales de justicia. Si el decreto se basó en hechos no probados o no juzgados legalmente, esto podría constituir una extralimitación de funciones, lo cual no acontece en la especie, dado que este es uno de numerosas negativas de otorgar permisos de alcoholes o el traslado de patentes de alcoholes que tramita el Municipio.

No existe de ninguna forma discriminación en la administración de patentes de alcoholes, ya que para alegar discriminación, debe demostrarse que la municipalidad ha tratado de manera desigual a sujetos en situaciones similares sin una justificación objetiva y razonable. Si existen diferencias en el tratamiento de patentes de alcoholes, debe evaluarse si estas diferencias se justifican en razones de interés público, como la proximidad a escuelas, hospitales, o zonas residenciales. Cuestión a la que la recurrente no ha hecho mención de forma alguna.

2.- En cuanto a la infracción de los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Fundamental:

Controvierte las afirmaciones basadas en infracciones a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, donde se cuestiona la legalidad y arbitrariedad de las acciones de la Municipalidad de Temuco respecto a la no autorización del traslado de una patente de alcoholes, debiendo formularse las siguientes precisiones:

Artículo 6°: Acción sometida a la Constitución y leyes.

Se controvierte lo afirmado por el recurrente, toda vez que el actuar municipal se encuentra sujeto a la ley. Aunque se alegue que la Municipalidad actuó fuera de los dictámenes de la Contraloría General de la República, es fundamental revisar si las acciones específicas del municipio estaban realmente fuera del marco de la ley N° 18.695, artículo 65, letra o), que regula las atribuciones de las municipalidades respecto a las patentes de alcoholes. Esta revisión debe incluir la verificación de que todas las decisiones se tomaron en base a procedimientos legales correctos y en respuesta a circunstancias concretas que justificaran la negativa del traslado.

Asimismo, se controvierte la evaluación de la racionalidad administrativa, pues si bien se critica la supuesta racionalidad de la decisión municipal, es necesario proporcionar evidencias concretas de que se ignoraron atenuantes significativas a favor del recurrente o que la decisión fue desproporcionada en relación con las circunstancias presentadas. Argumentar que la decisión fue una medida necesaria para mantener el orden público o la salud pública podría ser una defensa válida si se respalda con datos o situaciones específicas, tal y como ocurre en el caso de marras.

En cuanto al Artículo 7°: Actuación válida de los órganos del Estado.

La competencia y forma legal, debe considerar que los funcionarios municipales que tomaron la decisión estaban debidamente investidos y actuaron dentro de su competencia legal. La alegación de que la municipalidad actuó de manera arbitraria necesita fundarse en hechos ciertos, objetivos y determinados, lo cual no acontece en el presente recurso, pues la decisión se tomó siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.

Protección de derechos constitucionales.

Respecto a la privación de derechos como la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, es crucial sostener que las restricciones impuestas no constituyen una privación absoluta de estos derechos, sino una regulación basada en intereses legítimos. Además, debe tenerse en consideración que cualquier restricción cumple con el principio de proporcionalidad, y legalidad, siendo adecuada, necesaria y balanceada en relación con los objetivos públicos que busca alcanzar la Municipalidad de Temuco, en su rol de organismo estatal.

El actuar del Municipio se apegó a los procedimientos legales y la justificación ha sido ciertamente razonable y proporcionada, derivándose de aquello el irrestricto apego a la legalidad y la protección de los intereses públicos sobre intereses privados.

3.- En cuanto al artículo 19 Numeral 2° de la Constitución Política de la Republica, esto es la igualdad ante la ley.

La acción del Municipio obedece a diversos criterios que fundan la decisión, dado que se basa en criterios racionales y objetivos, como la ubicación del nuevo local, su proximidad a zonas sensibles (escuelas, hospitales), o historial de incumplimientos normativos anteriores por parte del establecimiento. Estas diferenciaciones deben tener como objetivo proteger el bien común y no ser meramente discriminatorias.

4.- En cuanto al artículo 19 Numeral 3° de la Carta Magna, esto es el Derecho a ser juzgado por el tribunal competente.

Cabe manifestar que el actuar del municipio no constituye un juicio ni una comisión especial, sino un ejercicio de sus facultades administrativas reguladas por ley específica, es decir, la ley de alcoholes y la normativa municipal. Asimismo, las decisiones administrativas de esta índole no prejuzgan sobre la culpabilidad o inocencia en materia penal o civil, sino que responden a criterios de regulación y control locales.

5.- En cuanto al artículo 19 Numeral 17, esto es la Libertad de trabajo.

No existen motivaciones de restricción por parte del Municipio, que se ejecuten respecto de una persona o grupo de personas determinadas, las restricciones impuestas no son arbitrarias sino que están basadas en la protección de la moral, la seguridad o la salubridad pública. Por ejemplo, si el traslado implica un riesgo mayor para la comunidad debido a la ubicación o características del nuevo local, estas son justificaciones válidas bajo la normativa constitucional.

6.- En cuanto al artículo 19 Numeral 21, esto es la Libertad para desarrollar actividades económicas.

Se asegura que la decisión está plenamente justificada en las leyes que regulan la actividad económica en cuestión, y que cualquier limitación impuesta busca preservar el orden público, la moral o la seguridad nacional, dando cumplimiento a los preceptos legales que regulan la materia, como asimismo la observancia de las facultades que la propia Constitución y las Leyes le otorgan al ente Edilicio.

7.- En cuanto al artículo 19 Numeral 22, esto es Prohibición de discriminación arbitraria.

Existe, pues Igualdad en el trato administrativo, ya que la decisión administrativa no se basa en una discriminación arbitraria sino en criterios uniformes que se aplican a todos los establecimientos de manera equitativa, y que existen razones específicas, documentadas y legales para el trato diferenciado en caso de que exista.

8.- En cuanto al artículo 19 Numeral 24, es decir, el Derecho de propiedad.

Existe ciertamente una regulación normativa que determina los parámetros en la materia, pues debe darse cumplimiento a todas y cada una de las exigencias mencionadas con anterioridad, para que, el expendio de bebidas alcoholicas, y otorgamiento de patentes a locales comerciales que se dediquen a dicha actividad, o el traslado de la patente de alcoholes, se realice de forma legal y con el debido cumplimiento de las exigencias que la propia ley establece. No existe vulneración al derecho de propiedad, pues, la normativa sectorial permite otorgar o no, una patente de alcoholes. Por ejemplo, no hay dudas que la negativa a una patente de expendio de bebidas alcohólicas a un local comercial que se ubique a menos de 100 metros de un colegio, no infringe el derecho de propiedad. Si bien este ejemplo encuentra su sustento en la idea que menores de edad no tengan acceso a adquirir bebidas alcohólicas, los mismo ocurre cuando la información técnica no hace aconsejable el otorgamiento de un cambio de patente comercial, por la alta probabilidad de incrementar, entre otras cosas, los índices de criminalidad que en un sector específico pudiera afectar negativamente a la población que circunda el referido establecimiento de comercio. No se busca restringir el derecho de propiedad, se busca resguardar el derecho a la vida e integridad física y psíquica de todas las personas que circundan dicho sector.

La normativa sobre patentes no vulnera el derecho de propiedad sino que regula su uso, lo cual es un aspecto legítimo de la función reguladora del Estado. La negativa de traslado puede estar basada en evaluaciones de impacto social, seguridad o salud pública que justifican la decisión, tal y como se ha venido señalando reiteradamente.

9.- En cuanto al artículo 19 N° 26, esto es la Seguridad jurídica en el ejercicio de derechos.

Debe darse cumplimiento de la ley por parte de todos quienes se someten a la Constitución y las leyes en el territorio de la República, todas las acciones tomadas se ajustan al marco legal vigente y la denegación de la solicitud de traslado se realizó siguiendo un proceso legal adecuado, sin imposición de condiciones, tributos o requisitos que impidan el libre ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución.

En conjunto, estos argumentos deben centrarse en la legalidad, la racionalidad y la proporcionalidad de las decisiones administrativas, y cada uno de estos tópicos son evidentes con el propio sentido común.

V.- En cuanto a las leyes que se analizan y son objeto del Recurso de Protección:

La recurrente realizó un extenso análisis de diversas disposiciones legales que escapan a aquellas objeto del presente recurso y distan en demasía, al objeto del recurso de protección, motivo por el cual, únicamente señalaremos que la interpretación que se efectúe de forma parcializada de diversas normas jurídicas, impide su observancia armónica, y por tanto, resultan infértiles para los objetivos que el recurso de protección, en su parte petitoria señala.

VI.- Inexistencia del acto arbitrario e ilegal que reclama la recurrente.

a lo reseñado anteriormente, no existe acto arbitrario o ilegal por parte del Municipio de Temuco, en la Dictación del Decreto Alcaldicio N° N° 273, de fecha 20 de febrero de 2024, y de acuerdo al acabado y detallado análisis de cada uno de los puntos puestos bajo el conocimiento de la Corte, se viene en negar de forma rotunda y categoría la existencia de actos por parte del Municipio de Temuco que resulten atentatorios de los derechos fundamentales de la recurrente, mucho menos en los términos en que han sido expuestos, motivo por el cual, se solicita el completo rechazo del recurso, tal y como en lo petitorio, finalmente se dirá.

Solicita tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar el Recurso de Protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección de garantías fundamentales establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción tutelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de cuidado o providencias urgentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su ejercicio.

Conforme a lo referido, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos o condiciones de fondo: a) legitimación activa y pasiva; b) se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; c) se establezca la ilegalidad —esto es, contrario a la ley— o arbitrariedad —producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él— de esa acción u omisión; d) que de la misma se siga directo e inmediato atentado —esto es, privación, perturbación o amenaza— contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; e) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la actual u oportuna protección, mediante la adopción de alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de aquella acción u omisión; y f) que se ejerza dentro del plazo fatal previsto por el Auto Acordado de la Corte Suprema que regula el Recurso de Protección.

SEGUNDO: Que, el otorgamiento de una patente de alcohol supone la autorización por parte del órgano administrativo municipal, para habilitar al administrado a desarrollar una determinada actividad comercial —el expendio de alcoholes—, dentro de los límites de la comuna, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos o condiciones jurídicas impuestos por el ordenamiento jurídico. Así, su otorgamiento resulta de un procedimiento administrativo de carácter complejo, contenido en diversas leyes, pues como lo dispone el artículo 33 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979 sobre Rentas Municipales: «Las patentes de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, serán clasificadas y otorgadas en la forma que determina la Ley N° 19.925.-, sin perjuicio de quedar afectos a la contribución del artículo 24.- de la presente ley». Asimismo, esta última ley mencionada, es decir, la ley N° 19.925 de expendio de bebidas alcohólicas, en su artículo 5° (del artículo 1° de tal cuerpo legal) establece: «Las patentes se concederán en la forma que determina esta ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Ley de Rentas Municipales y de la ley Nº 18.695, en lo que fueren pertinentes».

Lo expuesto da cuenta de que se trata de un procedimiento integrado por diversas normas convergentes, esto es, cada una de ellas destinadas a establecer la forma de regular el tributo en que consiste la patente, las condiciones o requisitos en que pueden comercializarse las bebidas alcohólicas y los órganos u autoridades municipales que intervienen en el otorgamiento de aquélla, entre otros aspectos.

TERCERO: Que, en tal sentido, en lo que refiere concretamente al traslado de una patente de alcoholes, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 65 letra o) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dispone que el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo Municipal, para la determinación de la renovación o caducidad de la patente entre otras cosas. Es así que se dispone el requerimiento del acuerdo del Concejo para: «Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas».

Es esta norma la que adquiere relevancia, puesto que es la que otorga el carácter de complejo o compuesto al procedimiento administrativo destinado a trasladar, una patente de alcoholes. En ese sentido, es dable concluir a partir de dicha disposición, que tanto la previa consulta, como el requerimiento del acuerdo del Concejo Municipal, corresponden a presupuestos de dicho procedimiento, en orden a emitir un acto decisorio terminal, cuyo contenido será la decisión propiamente tal, mediante decreto Alcaldicio, de trasladar la patente de alcoholes sometida a examen.

Esta conclusión se sustenta en el propio concepto de procedimiento administrativo contenido en la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo N° 19.880, cuyo artículo 18 establece su definición en orden a que es «una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal». Los actos enunciados más arriba son precisamente de aquellos que detentan el carácter de actos trámite, esto es, aquellos destinados a dar nacimiento a un acto terminal que contendrá la decisión de la Administración sobre un asunto particular.

CUARTO: Que el recurso de protección no puede tener por fin sustituir los medios procesales que permiten una declaración de derechos y luego la ejecución de lo que se resuelva. En ese sentido, la solicitud efectuada por la recurrente, de trasladar su patente de alcoholes a la localidad de Labranza, fue tramitada en un procedimiento reglado, donde se obtuvo información de los estamentos e instituciones que la ley dispone, de manera que no se observa por esta Corte, ilegalidad alguna, y tampoco mero capricho o arbitrariedad, por cuanto si bien puede aparecer mezquina la fundamentación del Decreto Alcaldicio cuestionado, no se desconoce por el recurrente que ello obedeció a la oposición de un importante grupo de vecino del sector a donde pretendía el traslado de su patente; que, además, fue calificado este sector, por la autoridad de Carabineros, como de riesgo medio, y que han existido eventos asociados al consumo de alcohol. Ello fundó La decisión negativa del Concejo Municipal.

En consecuencia, para esta Corte la decisión municipal impugnada no constituye un acto arbitrario ni ilegal, pues se encuentra ciertamente fundada por cada uno de los concejales que votó en contra de la autorización de traslado, y, además, emitida en el marco de las atribuciones que la ley le confiere al concejo y autoridad municipal, para el otorgamiento y autorización de traslado de patentes de alcoholes en la comuna de Temuco, encontrándose dentro del marco de sus atribuciones, las que la propia ley les ha conferido.

Sin perjuicio de lo anterior se estima pertinente dejar asentado por esta Corte, por una parte, que no se aportaron parámetros para verificar que el acto afectara la garantía constitucional de la igualdad y no discriminación, dado que no se ejemplificó con alguna otra solicitud de traslado que, en las mismas condiciones, fuera autorizada por el concejo, y por otra, que se afectara el derecho a ejercer una actividad económica o el derecho de propiedad, por cuanto no se le ha cancelado la patente comercial, la que puede seguir siendo utilizada en el lugar para el cual fue originalmente otorgada; tampoco ha sido el recurrente sometido a algún tipo de juzgamiento, por una comisión especial. Sólo se ejerció por el consejo municipal una facultad legal para autorizar o denegar el traslado de la patente de expendido de bebidas alcohólicas. Tampoco se le ha impedido que para la nueva ubicación, cumpliendo con todas las exigencias legales, pueda requerir el otorgamiento de una patente al efecto deseado.

QUINTO: Que no existiendo un actor arbitrario o ilegal, resulta innecesario analizar las otras garantías constitucionales denunciadas como afectadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por don RODRIGO ANTONIO POBLETE RAMOS, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada legalmente por su alcalde, don ROBERTO NEIRA ABURTO.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro titular, señor Carlos Gutiérrez Zavala.

Rol N° Protección-310-2024.(jog)