Protección contra Dirección Regional de Temuco del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Temuco.

Temuco, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, El nombre reservado, comuna de San Miguel, en beneficio de doña nombre reservado, DNI N° V NUM000 (Venezuela), de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, quien expresa:

Que vengo dentro de plazo y conforme lo dispone el art. 20 de la Constitución Política de la República, en interponer recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Temuco del Servicio Nacional de Migraciones, R.U.T. N° RUT reservado, representada legalmente por su jefe don nombre reservado

nombre reservado, R.U.N. N° NUM001 y con domicilio en domicilio reservado, Región de La Araucanía, por la negativa a la recepción de solicitud de refugio de la recurrente, con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, regulado lo anterior en el art. 26 y ss. de la Ley N° 20.430: establece disposiciones sobre protección de refugiados, por los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I. LOS HECHOS La recurrente doña nombre reservado, ciudadana venezolana, luego de recabar información respecto de su situación, acudió con fecha 21.07.2025 a la Oficina de la Dirección Regional de Temuco del Servicio Nacional de Migraciones, con dirección en calle, Porvenir # 501, comuna de Temuco, Región de la Araucanía, para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Ahora bien, habiéndose presentado en la fecha referida, el requerimiento específico de la recurrente no fue admitido a tramitación inmediata, de la manera correspondiente -es decir, sin mayor dilación-, a pesar de que ella reúne todos los antecedentes y requisitos necesarios para que se accediera y se le diera curso a su solicitud. Es decir, que ni siquiera se permitió el ingreso de mi patrocinada a las dependencias del servicio y por tanto no se dejó registro de la manifestación de la intención de la recurrente de solicitar refugio.

Lo referido en el párrafo anterior constituye uno de los elementos de mayor importancia para el caso, y que justifica el presente recurso.

Los arts. 26 y 27 de la Ley N° 20.430 indican que, al realizar la solicitud, la autoridad migratoria requerirá a la persona que declare los motivos que lo forzaron a dejar su país de origen, sin demorarla con esperas injustificadas, remitiendo en el más breve plazo los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Pues bien, este trámite está siendo obstruido de forma arbitraria e injusta por la Oficina de Extranjería, al rechazarla de plano, siendo obligación de la referida oficina el recepcionar los antecedentes con la debida prontitud y celeridad.

Existe para la recurrente el claro riesgo de ser expulsada del país, puesto que no tiene ningún registro de haber solicitado refugio.

El derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, por lo que no se puede limitar su ejercicio de forma arbitraria.

El art. 20 de la Carta Fundamental exige, para que nos encontremos frente a una situación protegible, que concurran en ella los siguientes fundamentos: a) Una acción u omisión arbitraria o ilegal en contra de la cual se recurre; exigencia que se cumple, de acuerdo a la doctrina nacional, en que puede tratarse de actos en ejercicio o en la actuación de un particular, de una autoridad pública, del propio Estado o de alguno de sus agentes, o bien en una omisión, abstención o ausencia de una actividad. Ahora bien, la acción u omisión impugnada debe necesariamente ser arbitraria o ilegal, entendiendo dentro del primer concepto el acto u omisión injusta -en el sentido de ser injustificada, contraria a la racionalidad, prejuiciada o desproporcionada-, en tanto que se considera dentro del segundo concepto -el de ilegalidad-, a todo aquello contrario al Derecho positivo y al ordenamiento jurídico vigente. b) Que dicha acción u omisión haya causado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales mencionadas en el mismo artículo; se entiende cumplida esta acción u omisión cada vez que se sufra un agravio que impida el goce total o parcial de las garantías señaladas, o bien, cuando se tema fundadamente la ocurrencia de un agravio.

Se distingue como privación propiamente tal el despojo de la garantía protegida; como perturbación el trastorno en el orden, la quietud o sosiego en el goce de la misma, y como amenaza el anuncio cierto, actual y preciso de un daño futuro. c) La existencia de una relación de causalidad entre la acción u omisión ilegal y arbitraria y la privación, perturbación o amenaza sufrida en las garantías constitucionales protegidas.

En el caso sub-lite se cumplen las exigencias que permiten la procedencia del recurso de protección impetrado, habida consideración de que se han vulnerado -con la actuación de la recurrida- garantías constitucionales y derechos fundamentales de la recurrente.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en favor de doña nombre reservado ya debidamente individualizada, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, admitirlo a tramitación y en definitiva acogerlo, resolviendo que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales de la recurrente que represento, resolviendo que se ordene el ingreso a tramitación de la solicitud de refugio, con su timbraje respectivo, para obtener la visa temporaria de refugio respectiva, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada de la recurrente.

Acompaña a su presentación el siguiente documento: DNI de doña nombre reservado emitido en la República Bolivariana de Venezuela con fecha 11.10.2017.

A folio 5 informa nombre reservado, mandataria de la Dirección Regional de la Araucanía del Servicio Nacional de Migraciones, quien expone: requiriendo el rechazo de la presente acción constitucional de protección, s, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se expondrán y sin que exista, o haya existido de parte de esta autoridad, acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución Política de la República.

ANTECEDENTES DE HECHO Este Servicio no mantiene registros sobre el ingreso al país del recurrente doña nombre reservado, por lo que es presumible que hizo ingreso al país por paso no habilitado. Con fecha 21 de junio de 2023, la recurrente se inscribió en el proceso de empadronamiento biométrico. Posteriormente con fecha 24 de agosto de 2023, la recurrente finalizó su proceso de empadronamiento. No tiene ningún otro tipo de solicitud registrada en sistema de extranjería.

No consta en los registros de este Servicio que la recurrente haya concurrido a las dependencias de la Sección de Refugio y Reasentamiento de este Servicio, ubicada en San Antonio N°580, piso 3, comuna y ciudad de Santiago, o a las dependencias de alguna de sus Direcciones Regionales, para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada.

No consta en los registros de este Servicio la recepción en la oficina de partes de esta autoridad de alguna carta enviada por la recurrente.

Finalmente, esta autoridad migratoria no ha decretado alguna medida de abandono, de expulsión o alguna sanción de cualquier naturaleza en contra del recurrente.

EL DERECHO. SITUACIÓN MIGRATORIA DEL EXTRANJERO Al haber hecho el extranjero ingreso al territorio nacional por un paso no habilitado, eludiendo el control de las autoridades contraloras de fronteras, su situación migratoria es irregular, al no haber cumplido con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 21.325 y por no mantener un permiso de residencia vigente que autorice su permanencia en Chile.

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por: 4. Condición migratoria irregular: Aquella en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él.

Artículo 24.- Forma de ingreso y egreso. La entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su respecto.

En cuanto a la forma normativa de subsanar su situación migratoria irregular, encontramos que aquellos extranjeros que se encuentren en tal condición pueden enviar una solicitud de regularización al Subsecretario del Interior, quien es la única autoridad administrativa facultada para regularizar el ingreso de los extranjeros y concederles visa tras dicha regularización, según lo dispuesto en el artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley 21.325:

Artículo 155.- Funciones de la Subsecretaría del Interior.

Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones: 8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia en condición migratoria irregular que tuviere el interesado. 9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.

Sin perjuicio de lo anterior, no han existido actuaciones por parte del recurrente en cuanto a la presentación de alguna solicitud orientada a subsanar, en la forma prevista, su condición migratoria, manteniéndose por tanto en tal calidad de irregularidad durante el tiempo transcurrido.

EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO:

LEY N° 20.430 Y SU REGLAMENTO, EL DECRETO N° 837.

Para que un extranjero sea considerado solicitante de la condición de refugiado, previamente deberá formalizar su solicitud en los términos dispuestos en el inciso 2° del artículo 1° del Reglamento de la Ley N°20.430, que dispone que:

Nombres y apellidos del solicitante; Lugar y fecha de nacimiento; Sexo;

Para estos efectos, se entenderá por "solicitante de la condición de refugiado" todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y cuya solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado haya sido formalizada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del presente reglamento.

Ahora bien, para que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se formalice, es necesario que el extranjero debe, en primer lugar, que presente su solicitud en la forma prevista por el artículo 36 bis del reglamento y que luego dicha presentación sea formalizada con arreglo al artículo 37 de la misma norma.

Los extranjeros deben presentar una solicitud por escrito a este Servicio o presentarse en sus dependencias y llenar un formulario entregado por esta autoridad. Dicha presentación debe ser realizada de forma personal por el solicitante.

Artículo 36 bis.- Presentación de la solicitud. La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá presentarse, por escrito o completando el formulario entregado por la autoridad competente, ante el Servicio Nacional de Migraciones. Este trámite deberá realizarse de forma personal por el interesado ante el aludido Servicio. En caso que el extranjero esté impedido de presentarse personalmente por motivo de fuerza mayor, debidamente justificado, dicho Servicio arbitrará las medidas para que un funcionario habilitado concurra al lugar donde éste se encuentre, le informe del procedimiento y le asista en la presentación de su petición.

La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se entiende formalizada si es que el extranjero realiza su presentación escrita o llena el formulario entregado por este Servicio.

En consecuencia, la sola manifestación de voluntad de solicitar refugio, sin las formalidades ya individualizadas, no podrá iniciar formalmente el procedimiento.

Es preciso señalar que, respecto de los extranjeros que hacen ingreso clandestino al territorio nacional, tanto en el artículo 6 de la Ley de Refugio como en el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Refugio, se establece una obligación específica: el deber de presentarse ante la autoridad migratoria, dentro el término de 10 días desde la infracción migratoria, para presentar razones justificadas de su ingreso clandestino.

Artículo 6°.- No Sanción por Ingreso Clandestino y Residencia Irregular. No se impondrán a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las autoridades, alegando una razón justificada.

Artículo 8º.- No sanción por ingreso o residencia irregular.

Los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.

Si cualquier extranjero se presenta en dichas condiciones ante el funcionario de la Sección de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones, o ante alguna de sus Direcciones Regionales, la autoridad no puede formalizar la solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

La exigencia de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Refugio para la procedencia de la formalización, busca conciliar el objetivo de la institución de refugio y al mismo tiempo conciliarlo con el propender a una migración regular, segura y ordenada. No establecer como condición el cumplimiento de la legislación ordinaria, o no establecer un límite temporal para señalar causas justificadas que llevaron a infringir la legislación migratoria, generaría una especie de incentivo a la inmigración irregular.

Lo anterior no es obstáculo para los principios y reglas específicas que la recurrente invoca y cita en su acción, puesto que así también lo contempla el artículo 22 de la Convención de Ginebra de 1951, en la que se establece que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se llevará a cabo conforme la legislación de cada país.

RESPECTO DE LA SUPUESTA SOLICITUD DE REFUGIO DEL RECURRENTE. Como bien se expuso en el primer acápite de esta presentación, no existe ningún registro de que el extranjero se haya presentado en las dependencias de este Servicio para solicitar refugio, ya sea en la Dirección Nacional o en alguna de sus Direcciones Regionales.

Tampoco consta a este Servicio que el recurrente haya presentado su solicitud y la haya formalizado de acuerdo a las normas ya expuestas, por lo que la recurrente no goza de la calidad de solicitante de la condición de refugiado. El recurrente tampoco ha presentado algún documento u otro medio probatorio que respalde sus dichos.

Finalmente, este Servicio no ha negado a la recurrente la formalización de alguna solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado, al no existir constancia de alguna presentación por parte de ésta dirigida a esta autoridad.

Solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esta autoridad que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección.

A folio 16 informa Diego Valenzuela Esparza, abogado, en representación, según se acreditará, de la Subsecretaría del Interior, quien dice:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado 94- 2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, vengo en informar sobre la acción de protección de autos, conforme los siguientes antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer.

En relación con el caso de autos, es posible informar a S.S.I. que luego de consultar con la Sección de Refugio del Servicio Nacional de Migraciones, no existe en su registro solicitud alguna de la condición de refugiado de la recurrente que se haya formalizado o se encuentre pendiente de resolución. Sin perjuicio de la anterior, existe registro de una atención de orientación a la recurrente efectuada el día 21 de julio de 2025 en dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones.

Solicita tener por evacuado el informe requerido a la Subsecretaría del Interior, resolviendo el rechazo de la acción de protección de autos por las razones aquí expuestas, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de derechos constitucionales constituye una acción de urgencia destinada a amparar las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe su ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la circunstancia que el Servicio Nacional de Migraciones se ha negado a recepcionar su solicitud de refugio.

TERCERO: Que por su parte la recurrida, Servicio Nacional de Migraciones, como la Subsecretaria del Interior, indican que no consta en sus registros que la recurrente, haya iniciado el proceso de reconocimiento de calidad de refugiada, ni que, como consecuencia de ello haya presentado la solicitud respectiva.

CUARTO: Como es posible de visualizar, existen dos entidades públicas del Gobierno Chileno que afirman de manera contestes que la recurrente no ha ingresado formalmente su petición a efecto de que se le reconozca la condición de refugiada y en dicho sentido menos constan, en estos antecedentes, datos que permitan mínimamente comprobar que efectivamente la misma haya dado cumplimiento a ello ni que, de manera arbitraria, algunos de los entes públicos se hayan negado a su recepción o hayan perturbado que la misma acceda a sus instalaciones con los fines ya señalados.

QUINTO: Que, por lo antes señalado el presente recurso no podrá prosperar, toda vez que no ha quedado constatada la efectividad de la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, atribuible a los recurridos en los términos del recurso, presupuesto esencial a efecto de que la acción constitucional deducida pueda ser acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Rol N° Protección-3073-2025 (pvb).