nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece Samuel Tomás Saavedra Avilés, abogado, RUT: RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, de doña nombre reservado, RUT: RUT reservado, Estudiante de Ingenieria en Administración de negocios y gestión comercial, domiciliada en domicilio reservado. Traiguén, quienes interponen recurso de protección en contra de a nombre reservado, RUT: RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, por los hechos que procede a exponer:

I. HECHOS Con fecha 26 de julio de 2025, la recurrida publicó en sus cuentas personales de Instagram y Facebook una serie de expresiones ofensivas, injuriosas y difamatorias en contra de mi representada, doña nombre reservado. El perfil de Facebook de la demandada es: https://www.facebook.com/charlotte.gonzalez3.

y el enlace de la publicación en Facebook es: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2440110102285852 9&id=100001559118193&rdid=ueVzeLKFotqWqvJa#.

La publicación también fue compartida en el grupo "Somos La Cisterna":https://www.facebook.com/groups/390194578352788/permalink/1677 277579644475/?rdid=Xh2Kysq6P8tncHaX# El perfil de Instagram de la recurrida es: https://www.instagram.com/chargonzalezmu?igsh=MWptNGhuOG44 eGExMw%3D%3D y el enlace de la publicación dañina es https://www.instagram.com/p/DMkjLrnxViW/.

En dichas publicaciones, la recurrida: • La califica reiteradamente como “sinvergüenza de mierda”, “vaca de mierda”, “gente basura”, entre otras expresiones de similar tenor. • La acusa públicamente de haber abusado de su confianza, de haberla traicionado, y de no cumplir supuestos compromisos personales. • La expone ante su círculo social y público general, solicitando incluso que “la hagan famosa” por su supuesta conducta, con el claro propósito de denostarla y humillarla públicamente.

Junto a una fotografía de la recurrente, la recurrida pone la siguiente glosa: “Nunca eh hecho esto pero me canse de esta sinvergüenza de mierda! Ella es nombre reservado, a esta mina durante muchos años le prestaba plata porque me pedia favores para diferentes tipos de cosas, desde pagar temas médicos, su instituto y un sin fin de cosas. El acuerdo siempre fue que en caso que la despidieran ella me pagaría toda la deuda que es ese momento eran 9 millones y fracción. Llego el día que la despidieron y ni un peso pagó, es más comenzó a no pagar las cuotas pactadas, ya que toda la plata que le presté fueron avances y súper avances que yo pedía para ella. Fueron meses en donde yo no podía pagar ya que tengo mis propias cuentas. Y le digo que hay una opción en donde me dan un crédito, donde juntan la deuda completa más los intereses generados quedando una cuota de casi 600 mil mensual y me promete que cumplirá pagando mensual ya que fue una Irresponsable al no saldar dicha deuda cuando la despidieron y haberme traicionado. Llevo meses nuevamente cobrando y ahora esta sinvergüenza vaca de mierda me dice que la demande porque no puede pagar ese monto!!! Estuve con el seguro de cesantia el cual ya finalizó y esta pretende que siga pagando una deuda que yo asumí en beneficio de ella y todas sus mierdas de necesidades. Insisto que no acostumbro a hacer esto, pero me cansé de la gente basura que abusa de la buena voluntad de las personas. Gracias a mí se pudo titular porque ni la práctica le daban y en la empresa de mi marido le hizo el favor y firmo sus papeles, ni siquiera apareció 1 día a dar las gracias por tremendo favor que se le hizo.

La salve de quedar tirada en Perú porque un amigo suyo según ella la estaba maltratando y no tenía un peso para poder volver ( el sabrá bien quien es) Y podría seguir enumerando mil cosas más que dan cuenta lo mierda que se puede ser al fallarle a una persona que confío al 100% no 1 vez, si no muchas veces. Ayúdenme a hacer famosa a esta sinvergüenza de mierda porque si no me quiere pagar que sepa que su círculo sabe lo basura que es!!”

Estas publicaciones, ampliamente difundidas en redes sociales, han generado un grave daño a la honra, imagen y vida privada de mi representada, afectando su entorno familiar, laboral y social.

La libertad de expresión, derecho que esta parte defiende y respeta profundamente como pilar de nuestra democracia, no es ni puede ser un derecho absoluto y sin cortapisas, menos aun cuando se utiliza como una herramienta para denostar, humillar y dañar la honra de un tercero. Su ejercicio legítimo encuentra su límite infranqueable en los derechos de los demás. En este caso, la libertad de expresión de la recurrida colisiona frontalmente con el derecho a la honra, a la vida privada y a la integridad psíquica de mi representada, garantizados en los numerales 1° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La difusión masiva y pública de imputaciones denigrantes y malignas a través de redes sociales como Facebook e Instagram, con el claro propósito de causar daño y escarnio, se aparta por completo de cualquier noción de ejercicio lícito de la libertad de expresión, transformándose en una conducta abusiva, arbitraria e ilegal que debe ser corregida de inmediato por esta Iltma. Corte. La jurisprudencia de nuestra Excma. Corte Suprema, en sentencias reiteradas, ha dejado claro que las redes sociales, si bien son un espacio para la expresión, no pueden servir de tribuna para proferir insultos, imputaciones de hechos falsos o degradantes, o para denigrar la imagen de las personas, so pena de constituir una flagrante vulneración a la honra y a la dignidad humana. Aceptar lo contrario, significaría validar un "Far West" digital, donde la dignidad de las personas queda a merced de la voluntad caprichosa y maliciosa de terceros, lo que es inaceptable en un Estado Constitucional de Derecho.

El recurso de protección es, en el derecho chileno, el mecanismo idóneo y urgente para dar respuesta a este tipo de vulneraciones, en particular a las que se producen en el entorno digital. La afectación a la honra y a la integridad psíquica no es una mera molestia, sino un daño real y patente que se propaga con la velocidad de la luz en la sociedad moderna, con consecuencias devastadoras para la víctima. Las expresiones de la recurrida, que me califican de "sinvergüenza de mierda" , "vaca de mierda" y "gente basura" , además de imputarme un supuesto abuso de confianza y el incumplimiento de compromisos personales, no solo son vejaciones inadmisibles, sino que atentan directamente contra mi salud mental y estabilidad emocional, configurando la vulneración a la integridad psíquica del Nº 1 del artículo 19. Existe un precedente fundamental al considerar que la honra y la vida privada, lejos de ser conceptos abstractos, son derechos de propiedad sobre la propia imagen y reputación, susceptibles de ser protegidos por el recurso de protección. Este mismo criterio ha sido aplicado en innumerables ocasiones por los tribunales superiores de justicia, entendiendo que el derecho a la honra se configura como un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial de carácter personalísimo, cuya vulneración genera un daño directo, actual e irreparable que amerita una tutela de urgencia.

Finalmente, esta defensa quiere destacar que la situación se agrava al considerar que la recurrida no solo se limita a realizar publicaciones en sus perfiles personales, sino que también las difunde en grupos públicos, como "Somos La Cisterna", con el propósito expreso de que la recurrente sea "famosa" por su supuesta conducta. Esta conducta, desprovista de toda justificación racional o legal, busca directamente causar un daño social, laboral y personal de proporciones incalculables, sometiendo a mi representada a un juicio público, sumario y sin debido proceso. Es precisamente en estos escenarios donde el recurso de protección adquiere su máxima relevancia, como baluarte de la legalidad y la justicia frente a la barbarie y el descontrol. La Iltma. Corte tiene el deber de detener esta escalada de ataques, ordenando la eliminación inmediata de todas las publicaciones vejatorias y la prohibición de futuras acciones de similar naturaleza, como única forma de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a la recurrente, doña nombre reservado. De esta manera, se envía una señal clara a la sociedad de que la justicia no tolerará que las redes sociales se conviertan en un espacio de impunidad para el ataque a la honra y la dignidad de las personas.

Las supuestas acciones que la recurrida atribuye a mi representada, debe en definitiva, ventilarlas ante quien corresponde en un Estado de Derecho: Los Tribunales de Justicia que tienen JURISDICCIÓN para resolver conflictos de interés, y no en la plaza pública digital de las redes sociales, con expresiones abiertamente ofensivas.

II. ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD DE LA CONDUCTA Las publicaciones de la recurrida constituyen actos ilegales, por cuanto:

• Vulneran el derecho a la honra y a la vida privada, consagrados en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Vulnera el Derecho a la integridad psíquica de mi defendida, consagrado en el mismo artículo 19, numeral 1, y por cierto vulnera el derecho a la propiedad sobre cosa incorporal de mi defendida, consagrado en el artículo 19 de nuestra Ley Fundamental, numeral 24.

• Sin perjuicio de lo anterior téngase presente que las acciones de la recurrida contravienen lo dispuesto en el artículo 161-A del Código Penal, que sanciona la difusión no autorizada de información o imágenes que afecten la vida privada de una persona.

• Y por cierto la recurrida también infringe el artículo 2° de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que establece que el tratamiento de datos personales debe respetar los principios de veracidad, finalidad y proporcionalidad. Asimismo, son arbitrarios, en tanto se fundan exclusivamente en la voluntad unilateral de la recurrida, sin respaldo judicial alguno, y con el único propósito de causar daño moral y social a la recurrente.

III. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AMENAZADAS O VULNERADAS Las conductas descritas vulneran directamente las siguientes garantías constitucionales: 1. El derecho a la honra y a la vida privada, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, que dispone: Art. 19. La constitución asegura a todas las personas: …4 El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Al exponer públicamente a la recurrente con expresiones denigrantes, imputaciones graves y descalificaciones personales, sin respaldo legal ni judicial alguno. La recurrida no se limitó a su propio perfil. En una estrategia para amplificar el daño, solicita expresamente a sus contactos que la ayuden a "hacer famosa a esta sinvergüenza de mierda", con el objetivo de que el círculo social de mi representada sepa lo "basura que es". Además, estas publicaciones fueron compartidas en grupos de Facebook de acceso masivo, como "somos la Cisterna", lo que demuestra una intención premeditada de maximizar el escarnio público y la exposición denigrante. Adicionalmente, la recurrida, en su afán de menoscabar la honra de mi representada, divulgó información de carácter privado, mencionando supuestos favores para pagar temas médicos, de instituto, y hasta una situación personal vivida en Perú. Estas son materias que pertenecen al fuero íntimo de las personas y que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser objeto de divulgación pública por un tercero. En definitiva, nos encontramos ante una verdadera campaña de desprestigio y “funa” pública, donde la recurrida ha utilizado plataformas de masiva difusión para atacar la honra y la vida privada de mi representada. La divulgación de su nombre completo, fotografía, y detalles íntimos, junto con una serie de imputaciones y epítetos injuriosos, constituyen un acto ilegal y arbitrario que no puede ser tolerado bajo el amparo de nuestro ordenamiento jurídico. El acto ilegal y arbitrario de la recurrida vulnera directamente la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 4 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas "el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia". El derecho a la honra se vincula intrínsecamente con la dignidad de la persona humana. Se refiere a la buena fama y reputación de la que goza un individuo en su entorno social. Al ser mi representada expuesta públicamente con epítetos como "sinvergüenza de mierda" y "vaca de mierda", y al ser falsamente acusada de una deuda, se ha dañado gravemente su reputación, su dignidad y su imagen frente a terceros. La viralización de estas publicaciones, además de ser una exposición indebida, busca explícitamente el repudio social, con el fin de que su círculo conozca lo "basura que es", lo cual es un ataque directo a su honra. Por otra parte, el derecho a la vida privada protege el ámbito íntimo de cada persona de las intromisiones de terceros. La recurrida ha traspasado este límite al divulgar aspectos de la vida personal y económica de mi representada. Mencionar supuestas deudas, favores y situaciones familiares o de salud, configura una invasión a la esfera más reservada de la Sra. nombre reservado. La exposición pública de su fotografía y nombre completo, sin su consentimiento, es un acto de intromisión que busca un daño específico, y que es incompatible con el respeto debido a la vida privada. La Constitución protege estos derechos de manera absoluta, y solo una sentencia judicial, previa a un debido proceso, podría justificar la afectación de los mismos, lo que evidentemente no ha ocurrido en este caso. La recurrida, actuando de manera unilateral, ha usurpado una función que es exclusiva de los tribunales de justicia, procediendo a una ejecución pública y arbitraria sin que medie ningún tipo de juicio o respaldo legal 2. El derecho a la integridad física y psíquica, establecido en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, en su dimensión psíquica, dispone dicha norma: Art. 19. La constitución asegura a todas las personas: 1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Toda vez que las publicaciones han generado en la recurrente un profundo estado de angustia, ansiedad y afectación emocional, al verse expuesta públicamente al escarnio, la humillación y la descalificación social, lo que ha alterado gravemente su bienestar psicológico y su entorno familiar y laboral. La recurrida ha utilizado expresiones denigrantes y groseras, tildándola de "sinvergüenza de mierda", "vaca de mierda" y "gente basura", entre otras. Además, ha divulgado información sensible sobre supuestas deudas y favores personales que, según ella, mi representada no habría honrado. La intención de la recurrida no es otra que humillar a doña nombre reservado y dañar su imagen pública, buscando que su "círculo sepa lo basura que es". Estos hechos, que han sido ampliamente difundidos y comentados, han provocado en mi representada un grave deterioro en su salud mental y emocional. La exposición al escarnio público y la descalificación social a la que ha sido sometida han generado un profundo estado de angustia, ansiedad y afectación emocional, alterando gravemente su bienestar psicológico y afectando su entorno familiar y laboral. El informe médico de mi representada, nombre reservado, establece múltiples diagnósticos, incluyendo estrés grave, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno adaptativo, insomnio crónico, cervicalgia, cefalea tensional y bruxismo. El certificado que acompaño, señala que la paciente presenta estrés grave y que esto ocurre por la solicitud de un préstamo financiero para sus estudios, y que el prestamista inicia conflictos irracionales e ilógicos contra ella (a pesar de tener las cuotas al día), causando temor, miedo e inseguridad. Como consecuencia, sufre de angustia, ansiedad, estado anímico depresivo, irritabilidad y fatiga, lo que ha afectado su concentración, estado de alerta, relaciones interpersonales y rendimiento laboral. El médico tratante le ha otorgado 15 días de reposo y ha indicado un tratamiento farmacológico y psicoterapia. El informe subraya la importancia de respetar el reposo médico para evitar el perjuicio directo sobre su salud y la necesidad de evitar riesgos o consecuencias de sus patologías de base. Las acciones de la recurrida no solo constituyen una afrenta a la honra y a la vida privada de doña nombre reservado, sino que, de manera directa y grave, han lesionado su derecho fundamental a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1 de nuestra Constitución. El derecho a la integridad psíquica protege la estabilidad emocional, la salud mental y el bienestar psicológico de cada persona, impidiendo que terceros, a través de actos arbitrarios o ilegales, causen un daño o deterioro en dicha esfera. La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia ha sido constante en reconocer esta dimensión del derecho a la integridad, entendiéndola como un pilar fundamental para el libre desarrollo de la personalidad. Los actos de doña nombre reservado, al exponer a mí representada a la humillación pública y a una campaña de desprestigio, han tenido un impacto directo en su salud mental, tal como lo acredita el informe médico. El documento señala que los diagnósticos de estrés grave, trastorno de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno adaptativo están directamente relacionados con "amenazas (por tercero) en su lugar de trabajo, domicilio y social". Esta afectación no es una mera molestia, sino un menoscabo real y verificable de su integridad psíquica, que ha alterado gravemente su vida y su entorno, incluso con la amenaza de una "pérdida laboral y familiar".

3. El derecho de propiedad sobre cosa incorporal, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Dispone la norma citada Art. 19. La constitución asegura a todas las personas: …24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. El daño no se limita a la esfera personal y de la honra, sino que se extiende a la esfera patrimonial. La reputación y el buen nombre de una persona en el ámbito laboral y profesional son un activo invaluable, una "cosa incorporal" sobre la cual se ejerce el derecho de propiedad. La recurrida, con sus actos, ha puesto en riesgo la capacidad de mi representada para mantener o conseguir un empleo, realizar negocios o cualquier actividad económica que dependa de su credibilidad y prestigio. Los actos descritos conculcan directamente las garantías constitucionales de mi representada, en particular, las consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, especialmente el N° 24. a) Vulneración del Derecho de Propiedad sobre Bienes Incorporales (Art. 19 N° 24 CPR). El artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República asegura "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales". Este derecho no se limita a los bienes tangibles, sino que se extiende a aquellos que, careciendo de corporalidad, son susceptibles de apreciación pecuniaria y pueden ser objeto de un derecho. La integridad psíquica, la honra, el prestigio y la buena fama de una persona en el ámbito profesional y laboral, si bien son elementos de la vida privada, constituyen también un bien incorporal con un valor económico tangible. En la sociedad actual, el buen nombre es un activo fundamental para el desarrollo profesional y la generación de ingresos. La difamación y el escarnio público, como los perpetrados por la recurrida, tienen la capacidad de destruir este activo, afectando directamente la capacidad de mi representada para generar patrimonio y ejercer su derecho a la propiedad. La Sra. nombre reservado, al publicar acusaciones infundadas y denostaciones en redes sociales, ha puesto en entredicho la credibilidad, seriedad y responsabilidad de mi representada. Esto no solo afecta su honra, sino que también vulnera su derecho de propiedad sobre este bien incorporal que es su reputación. Un potencial empleador, socio comercial o cliente que acceda a estas publicaciones podría formarse un juicio negativo, impidiéndole obtener un trabajo o realizar negocios, lo que se traduce directamente en una pérdida patrimonial. La Corte Suprema ha reconocido la protección de la propiedad sobre bienes incorporales, como los derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes y, por extensión, todos aquellos bienes intangibles que son parte del patrimonio de una persona. La honra profesional, la buena fama y la reputación son, sin duda, activos que forman parte de ese patrimonio y deben ser protegidos de ataques ilegales y arbitrarios. Al respecto, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol N° 1083-2008, ha señalado que "el derecho a la honra se encuentra tutelado por el recurso de protección, pues su vulneración constituye un acto arbitrario que priva, perturba o amenaza esta garantía constitucional". Por su parte, la doctrina, representada por autores como el Profesor don nombre reservado, ha sostenido que "el recurso de protección procede respecto de la garantía de la honra, a la cual se le puede dar protección en cuanto ella es parte de la propiedad que tiene la persona sobre su nombre y su prestigio". La vulneración del derecho de propiedad sobre bienes incorporales, como la reputación profesional, es un tema que, si bien menos común, ha sido abordado tangencialmente en causas relacionadas con la honra. El daño que se produce es de carácter patrimonial, lo que justifica la invocación del numeral 24 del artículo 19.

La jurisprudencia ha reconocido que la exposición pública mediante redes sociales, con expresiones vejatorias y ofensivas, puede constituir una forma de violencia simbólica y psicológica, especialmente cuando se realiza de manera reiterada y con la intención de dañar la imagen y estabilidad emocional de la persona afectada.

Solicita lo siguiente:

1. Tener por interpuesto recurso de protección en favor de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

2. Acogerlo a tramitación, ordenar bajo apercibimiento que la recurrida informe lo que en Derecho estime pertinente, y en suma declarar que la recurrida ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que vulneran las garantías constitucionales de los artículos 19 N° 1, N° 4 y N°24.

3. Ordenar el restablecimiento del Imperio del Derecho a través de las siguientes medidas definitivas:

La eliminación de todas las publicaciones realizadas en redes sociales por la recurrida que hagan referencia directa o indirecta a la recurrente.

La prohibición de realizar nuevas publicaciones, comentarios o referencias que afecten la honra, vida privada o integridad psíquica de la recurrente.

Expresa condenación en costas de la contraria.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

A) Copia de un correo electrónico de fecha 24 de julio de 2025, de "AIRA" , donde consta la postulación de mi representada a un cargo de "Ejecutivo/a Integral, FT, Banco Falabella Arauco Maipú", lo que demuestra la actividad laboral y la búsqueda de nuevas oportunidades de mi parte. Este documento es crucial para vincular el daño a la honra y vida privada con una afectación directa a su derecho a la propiedad, ya que las publicaciones difamatorias le exponen al escrutinio público y a la burla, afectando sus perspectivas laborales y su derecho a ganarse la vida lícitamente.

B) Informe Médico de fecha 31 de julio de 2025, del Centro Médico TRIZANO, emitido por el Dr. nombre reservado, donde se diagnostica un "estrés grave", "trastorno de ansiedad", "insomnio crónico", "trastorno de ansiedad generalizada" y otras patologías derivadas. El informe vincula expresamente este cuadro clínico con "estrés grave, amenazas (por tercero) en su lugar de trabajo, domicilio y social", y con "conflictos irracionales e ilógicos" causados por un prestamista, lo que causa "temor, miedo e inseguridad". Este documento acredita la afectación a su integridad psíquica y el menoscabo a la salud mental como consecuencia directa de los actos de la recurrida.

A folio 06 se evacua informe en los siguientes términos:

I. Exposición breve de los hechos.

La parte recurrente señala que se habría visto afectado en sus garantías constitucionales por una “funa” realizada a través de redes sociales, en que se habrían difundido expresiones que estima ofensivas para su honra.

Afirma que dichas publicaciones la habrían expuesto públicamente, generando un menoscabo en su vida personal, social y laboral.

Sobre esta base, solicita a SS. Iltma. que ordene la eliminación de las publicaciones, se disponga la abstención de emitir nuevas manifestaciones en el futuro y se adopten medidas de protección en su favor.

II. Sobre los hechos atribuidos.

En primer lugar, debo señalar que no es efectivo que haya existido de mi parte la comisión de actos ilícitos, arbitrarios o vulneratorios de derechos fundamentales de la recurrente.

En la especie, las manifestaciones que se aluden no constituyen amenazas, injurias ni calumnias, sino meras expresiones de opinión en el marco de un debate público o privado, protegido por la Constitución. De esta forma, el recurso carece de sustento fáctico y probatorio, por lo que desde ya debe ser rechazado.

III. Improcedencia formal del recurso.

El recurso de protección es de naturaleza cautelar y urgente, y no es la vía idónea para discutir imputaciones relativas a la honra. Así lo ha señalado la Excma. Corte Suprema en múltiples oportunidades: - “El recurso de protección no es la vía idónea para obtener la declaración de existencia de una injuria o calumnia, puesto que ello requiere un proceso con debate y prueba” (CS, Rol N°2.796-2004). - Igualmente, la Corte ha resuelto que el recurso no puede constituirse en un juicio de lato conocimiento: “El recurso de protección no es un sustituto de las acciones ordinarias o penales” (CS, Rol N° 1.891-2010).

IV. Libertad de expresión como garantía constitucional.

La Constitución de la República de Chile, en su art. 19 N° 12 garantiza la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa. Este derecho, a juicio de la doctrina, es esencial en el sistema democrático.

El profesor nombre reservado sostiene que: “La libertad de expresión constituye una de las piedras angulares de toda democracia, en cuanto permite el libre intercambio de ideas, incluso aquellas que resultan molestas para las mayorías” (Revista de Derecho Constitucional, 2015). A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “La libertad de expresión no se agota en el derecho de cada persona a expresarse, sino que comprende también el derecho de la sociedad a recibir informaciones y opiniones” (Caso nombre reservado vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 108). En igual sentido, en el Caso “La Última Tentación de Cristo” (nombre reservado y otros vs. Chile, 2001), la Corte IDH condenó al Estado chileno justamente por haber impuesto censura previa a una obra cinematográfica, reiterando que la regla general es la libertad de expresión y la excepción son las responsabilidades ulteriores. V. Inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad. La Excelentísima Corte Suprema ha sido clara en que no toda expresión crítica constituye un acto ilegal o arbitrario: - “La sola molestia subjetiva de una persona frente a opiniones difundidas en su contra no basta para configurar un acto ilegal o arbitrario que habilite el recurso de protección” (CS, Rol N° 5.162-2009). - En el mismo sentido, “La protección constitucional de la honra no puede transformarse en un mecanismo de censura que impida el debate público” (CS, Rol N° 13.842-2017). Doctrinalmente, nombre reservado señala que: “La arbitrariedad exige ausencia de razonabilidad y justificación, lo que no ocurre en expresiones que se enmarcan dentro del debate social y que tienen respaldo fáctico” (Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, 2012).

VI. Derecho a la honra y su compatibilización.

El artículo 19 N° 4 de la Constitución protege la honra, pero no de manera absoluta. La Corte Suprema ha resuelto que: “El derecho a la honra debe armonizarse con el derecho a la libertad de expresión, de modo que ninguno anule al otro” (CS, Rol N° 2.431-2015). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs. Argentina (2008), sostuvo que los funcionarios públicos y figuras públicas están sujetos a un mayor escrutinio, y que la libertad de expresión se extiende a críticas duras, siempre que no constituyan incitación al odio o a la violencia. Doctrina nacional, como la de nombre reservado, apunta a que: “El recurso de protección no puede ser utilizado como una herramienta para inhibir discursos, ya que ello genera un efecto amedrentador (‘chilling effect’) sobre el debate democrático” (Revista Ius et Praxis, 2016).

VII. Carencia de acto actual o inminente.

El recurso de protección exige la existencia de un acto u omisión actual o inminente, no meramente eventual ni hipotético. El recurrente se limita a señalar que teme que puedan producirse publicaciones futuras, lo que no satisface el requisito de inmediatez.

La Corte Suprema ha sido clara en rechazar recursos preventivos, toda vez que la acción de protección no tiene carácter anticipatorio ni constituye una declaración general de derechos.

VIII. Principio de proporcionalidad.

Sobre proporcionalidad, el Tribunal Constitucional Chileno ha sostenido: “Las restricciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse si resultan idóneas, necesarias y proporcionales para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo” (STC Rol N° 1512-2009).

La medida que solicita el recurrente (prohibición absoluta de futuras expresiones) es desproporcionada y equivale a censura previa, prohibida expresamente por la Constitución de Chile, y por el artículo 13.2 de la Convención Americana. IX. Conclusiones. De lo expuesto, es posible, entonces, concluir:

1. El recurso carece de fundamento fáctico y probatorio, al no acreditarse que las publicaciones provengan de mi persona.

2. El recurso es improcedente formalmente, ya que no es la vía idónea para proteger la honra.

3. No existe acto ilegal ni arbitrario que justifique la adopción de medidas cautelares.

4. El derecho a la honra debe compatibilizarse con la libertad de expresión, que en este caso debe primar.

5. Las medidas solicitadas son desproporcionadas y equivalen a censura previa, prohibida por la Constitución y los tratados internacionales. Por lo expuesto anteriormente, y con la jurisprudencia y doctrina concordante al caso expuesto, solicita:

1. Tener por evacuado el traslado del recurso de protección en tiempo y forma.

2. Rechazar en todas sus partes la acción constitucional intentada, con expresa condena en costas a la recurrente.

3. Que, para el caso de estimarse procedente alguna medida, que se restrinja estrictamente a aquellas que resulten compatibles con la libertad de expresión, sin que pueda en ningún caso configurarse censura previa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, lo que se reprocha en la presente causa son las publicaciones y opiniones emitidas por parte de la recurrida en contra de la recurrente en el contexto del cobro de una deuda, a través de redes sociales en instagram y facebook.

TERCERO: Que sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra también consagrado “el derecho al buen nombre” consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales. En otros términos puede señalarse que el derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor porque se construye por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad. La persona es juzgada por la sociedad que la rodea, la cual evalúa su comportamiento y sus actuaciones de acuerdo con unos patrones de admisión de conductas en el medio social y al calificar aquellos reconoce su proceder honesto y correcto.

CUARTO: Que la libertad de emitir opinión y de informar, contemplada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República debe entenderse como parte integrante del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contenidos en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que comprende la libertad de informar y el derecho a ser informado, conferidos no sólo a los individuos, sino a los medios de comunicación social.

QUINTO: Que del análisis de las consideraciones precedentes es dable colegir que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto, por cuanto no puede amparar el insulto y denostación de la persona. Es así que el artículo 19 N° 12 de nuestra Carta Fundamental señala que se asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…”. De esta forma, el ordenamiento jurídico no protege un pretendido derecho a denostar y la libertad de expresión no puede ser absoluta, sino que debe debilitarse y morigerarse si tiene el efecto de dañar la reputación de otra persona.

SEXTO: Que nuestro sistema jurídico proscribe la autotutela ilícita y tal afirmación lleva necesariamente a sostener que a la recurrida le está prohibido ventilar, por un medio de comunicación social y efectuar un llamado a una condena social respecto de la recurrente, exponiendo su imagen y calificándolo como sinvergüenza, con el objetivo de obtener un descrédito a su respecto.

SÉPTIMO: Que así las cosas, el actuar de la recurrida no puede calificarse como el ejercicio legítimo de un derecho, cuando de los antecedentes acompañados al libelo por el recurrente se observa el uso de una red social para denostar una persona –con o sin razón- prescindiendo de la institucionalidad.

En consecuencia, no cabe sino sostener que las publicaciones efectuadas por la recurrida tiene un carácter abusivo y ha resultado lesiva para el derecho a la honra de la recurrente, quien ha sido sometido al escarnio público, constituyendo una pena infamante no aplicada por quien no tiene la calidad de ser un órgano jurisdiccional, por lo que se acogerá el recurso como se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de nombre reservado, tan solo en cuanto se ordena que la recurrida eliminar las publicaciones motivo del presente recurso de sus redes sociales.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción bajo la responsabilidad del ministro titular, señor Carlos Gutiérrez Zavala N°Protección-3039-2025. (csd)