nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

C.A. de Temuco Temuco, tres de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 15 de abril de 2024, comparece doña Katherine Sepúlveda Vargas, abogada, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en su favor, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS, representada legalmente por su Alcalde, don Mario González Rebolledo, por haber dictado el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el Decreto Alcaldicio N° 724 de 15 de marzo de 2024, por el cual se rechaza su recurso de reposición interpuesto, a su vez, en contra del Decreto Alcaldicio N° 47 de 10 de enero de 2024, por el cual se le aplicó sanción disciplinaria de destitución, en el marco de un sumario administrativo incoado en contra del recurrente.

Estima se han conculcado las garantías del artículo 19 números 1, 2, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte, se ordene dejar sin efecto el acto recurrido y se absuelva al Sr. nombre reservado; en subsidio, se ponderen las circunstancias atenuantes acreditadas en el proceso y aplique alguna de las sanciones administrativas menos gravosas que corresponda, sin perjuicio de las medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Como fundamento de su recurso, explica que el recurrente siendo funcionario de la planta del municipio, al haber accedido por concurso público de antecedentes como Jefe de la Dirección de Seguridad Pública, dependiente del Departamento de Inspección Municipal, se instruyó en su contra un sumario administrativo con fecha 24 de octubre de 2022 por Decreto Alcaldicio N° 2377, con motivo de denuncias efectuadas esa misma fecha por la funcionaria doña nombre reservado, quien hasta entonces se desempeñaba en un Programa que dependía de dicho Departamento en la Dirección de Seguridad Ciudadana, decretándose desde un inicio del proceso la suspensión preventiva de funciones del Sr. nombre reservado, por parte de la Fiscal sumariante.

Agrega que, en dicho sumario, en el cual se formularon dos cargos en su contra, los que se tuvieron por acreditados, existieron indicios de una actitud negativa durante todo el proceso, de una tendencia excesiva a no modificar los criterios de los cargos, omitiendo de manera grave y evidente circunstancias modificatorias de responsabilidad administrativa y aspectos propios de un debido proceso.

Acusa que en el transcurso del sumario se exhibió una notoria animadversión en contra del Sr. nombre reservado que se tradujo en una serie de inconvenientes para lograr sortear su propia defensa, lo que encontró su crisol en el momento en que, cerrada la etapa indagatoria, se procede a la formulación de cargos, con las siguientes imputaciones administrativas “1.- Haber realizado actos de acoso sexual en contra de la Srta. nombre reservado… y 2.- Haber infringido el deber funcionario de probidad administrativa”.

Explica que presentaron sus descargos, haciendo un análisis detallado, estimando que existían una serie de consideraciones que no estaban siendo atendidas por la Fiscal al momento de construir las hipótesis fácticas imputadas, lo que conllevaría a una grave lesión de sus derechos fundamentales. Se descartaron los hechos y elementos de prueba ofrecidas por su parte, persistiendo en presentar la Vista Fiscal, conculcando la garantía del debido proceso.

Recalca que, en el ejercicio de las facultades legales, la Fiscal sumariante omite deliberadamente, lo que luego replica el Alcalde, el considerar las circunstancias atenuantes de responsabilidad administrativa que obran en el expediente y que habiendo sido oportunamente alegadas en el proceso, fueron ignoradas con las consecuencias ya expuestas.

Desarrolla pormenorizadamente las imputaciones, las declaraciones de la denunciante y testigos y los cargos que luego se construyen en su virtud, los argumentos que con tales antecedentes se elabora la Vista Fiscal y la propuesta de sanción, refiriendo una valoración diversa a la arribada por la Fiscal, que habría permitido, de acogerse sus planteamientos, concluir la absolución del Sr. nombre reservado o, al menos, considerar atenuantes que morigeran su responsabilidad administrativa y habilitan a aplicar una sanción menos gravosa que la destitución.

Asevera que el Decreto Alcaldicio N° 47, de 10 de enero de 2024, sólo replica las irregularidades que sustentan la Vista Fiscal al aprobar ésta y resolver la destitución del recurrente, afectando el debido proceso que lo ampara y que luego se perpetúan con la dictación del Decreto Alcaldicio N° 724 de 15 de marzo de 2024, por el cual el Sr. Alcalde rechaza su recurso de reposición, manteniendo el decreto de destitución con sus efectos.

Destaca que dicho Decreto Alcaldicio N° 724 de 15 de marzo de 2024, sólo se limita a reproducir los argumentos ventilados por su parte en el escrito de reposición para luego sin referirse ni analizar ningún argumento de fondo ni explicar el como arriba a sus conclusiones, limitarse a señalar que estaban agotadas las instancias administrativas y que, por las consideraciones expuestas, se procederá a mantener la sanción de destitución propuesta por la Fiscal. Que aquello implica ratificar el mal proceder de la recurrida, que, sin fundamentación lógica y fundada razonablemente, decide adquirir convicción de que el Sr. nombre reservado es responsable en calidad de autor de una situación tan grave como lo son las conductas constitutivas de acoso sexual.

Afirma que no puede permitirse sostener una conclusión en tal sentido, con tanta relevancia para la vida personal y laboral de una persona, en tanto los hechos denunciados no resultaron acreditados tras un análisis serio y razonable de los elementos probatorios allegados.

Particularmente sobre el cargo N° 2, sobre infracción a la probidad administrativa por ocupar tiempo de sus funciones en cuestiones ajenas al servicio, indica que las imputaciones se sustentan en acusaciones de funcionarios que tienen enemistad a su respecto y en un video obtenido ilegalmente al interior de su despacho, lo que no puede ser aceptado.

Por otro lado, en cuanto a lo formal, indica que se alegó la falta de precisión de las imputaciones contenidas en los cargos, en relación con la ocurrencia de los hechos para poder ejercer adecuadamente su derecho a defensa y presentar probanzas directas, todo lo cual sin embargo no fue atendido por la Fiscal y ratificado por el Sr. Alcalde. Cita jurisprudencia administrativa sobre el particular.

Especifica que la Vista Fiscal incumple el artículo 137 de la Ley N° 18.883, que exige que el dictamen contenga la anotación de circunstancias atenuantes y agravantes, particularmente en lo que dice relación con su irreprochable conducta anterior.

Entiende vulnerados los derechos reconocidos en los numerales 1, 2, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. En cuanto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, explica que se conculca tal derecho ya que el Sr. nombre reservado se encuentra en un estado depresivo diagnosticado producto de los graves hechos atribuidos y sus consecuencias en lo laboral y familiar; respecto a la igualdad ante la ley, por haber sido objeto de un trato diferenciado por parte de la recurrida aplicando una sanción tan gravosa que no se consideró en casos análogos respecto de otros funcionarios; luego, en cuanto a el derecho a la honra de la persona y su familia, dice se han ventilado los antecedentes del sumario de forma pública, siendo objeto de burlas y comentarios, afectando su propia imagen, lo que es contrario al deber de secreto que sobre el proceso debe guardarse; el derecho a la libertad de trabajo, desde que accedió al cargo por concurso público y se le ha impedido desde el inicio de la tramitación del sumario de ejercer su cargo y ahora de forma permanente con la sanción impuesta, que solo se aplica al haber desatendido las ilegalidades y arbitrariedades que acusó durante el transcurso del proceso, lo cual terminó derivando en la pérdida de su empleo y la aplicación de una sanción de inhabilidad temporal para desempeñar cargos públicos, limitando su reinserción laboral, a pesar de que incluso, la autoridad debió ponderar el catálogo de sanciones de las cuales es posible seleccionar frente a una determinada infracción, lo que no se hizo; por último, en relación al derecho de propiedad, explica que ha sufrido consecuencias patrimoniales derivadas de la suspensión preventiva lo que se agrava con la perdida del cargo y con ello del total de sus ingresos.

En consecuencia, solicita que se acoja la presente acción, se ordene a la recurrida dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 724 de 15 de marzo de 2024, dictando de conformidad a todos los antecedentes, que se absuelva a don nombre reservado y, en subsidio, ponderar adecuadamente los antecedentes y circunstancias modificatorias de responsabilidad administrativas acreditadas en el proceso llevado a cabo y que la Vista Fiscal no consideró en su análisis y proposición, aplicando una sanción menos gravosa conforme al catálogo del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, reestableciendo así el imperio del derecho.

Acompaña los siguientes documentos: 1.

Correo de 13 de octubre del 2022 de nombre reservado al jefe Director del Departamento don nombre reservado; 2. Correo electrónico enviado de nombre reservado a nombre reservado de fecha 18 y 19 de octubre de 2022 y respectiva respuesta; 3. Correo de fecha 20 de octubre del 2022, donde hay distintas comunicaciones entre jefa de recursos humanos y de prevencionista de riesgos; 4. Pantallazo de Dirección de asesoría jurídica que da un acceso público al Decreto que rechaza la recusación formulada en contra de la fiscal instructora; 5. Hoja de vida de Contraloría del referido nombre reservado emitida por la Contraloría General de la República; 6. Certificado De Antecedentes Penales de don nombre reservado; 7. Decreto Alcaldicio N°2377 / 2022, emitido por la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas, de fecha 24 de Octubre del 2022; 8.Descargos en Sumario Administrativo presentados por el recurrente ante la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas, con fecha 18 de julio del 2023; 9. Copia escrito donde se acompaña prueba documental, se ofrece testimonial y se solicita término probatorio testimonial en el sumario administrativo referido; 10. Decreto Alcaldicio N°47 de fecha 10 de enero del 2024, mediante el cual se le aplica al recurrente la medida disciplinaria de destitución contemplada en el artículo 123 letra c) de la ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; 11.

Recurso de reposición presentado ante la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas, de fecha 25 de enero del 2024; 12. Decreto Alcaldicio N° 724 de fecha 15 de marzo de 2024, notificada a través de correo electrónico con la misma fecha, que se pronunció sobre el recurso de reposición administrativo interpuesto ante la recurrida, reposición deducida en contra del Decreto Alcaldicio N° 47 de fecha 10 de enero de 2024, mediante la cual se mantiene respecto del recurrente la aplicación de la medida disciplinaria de destitución contemplada en el artículo 123 letra c) de la ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; y 13. Mandato Judicial.

A folio 11, informa la recurrida Municipalidad de Padre Las Casas y solicita el rechazo de la acción por la ausencia de una actuar arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales del Sr. nombre reservado, sin perjuicio de sostener que el recurso no explica pormenorizadamente cuales son los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que le atribuye a la entidad edilicia.

Refiere, tras explicar el devenir del proceso administrativo incoado contra el recurrente, que la sanción de destitución se aplicó tras establecerse particularmente la efectividad de las imputaciones del cargo N° 1, relativo a sostener conductas de acoso sexual, que vulnera gravemente el principio de probidad administrativa, siendo aquella la única sanción posible conforme el estricto tenor del artículo 123 de la Ley N° 18.883.

Del mismo modo que la recurrente, explica el análisis efectuado sobre las probanzas recabadas en el expediente, los cargos formulados en su virtud y la conclusión que permitió establecer la efectividad de concurrir las infracciones administrativas denunciadas, respecto de los dos cargos.

Afirma que el Municipio ha actuado dentro del marco legal que le otorga la Constitución Política de la República y los cuerpos normativos que la norman de manera que al no existir ilegalidad ni arbitrariedad en la labor desplegada a través del sumario administrativo, no puede sino concluirse que no existe vulneración de garantías constitucionales que se invocan en el libelo;

Sostiene, además, que el recurso carece de fundamento fáctico y legal, adolece de falta de especificidad de los actos u omisiones arbitrarios o ilegales, habida cuenta de que es un imperativo para la máxima autoridad comunal, dar curso a los procedimientos administrativos procedentes para salvaguardar el más estricto apego a la probidad, ante hechos que revistan el carácter de ilícitos funcionarios y proteger a quien es víctima de acoso sexual dentro del especio de trabajo que le compete.

Afirma que, en cuanto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del Sr. nombre reservado, sólo existe una consecuencia inevitable del proceso llevado a cabo, dentro de las atribuciones del Alcalde y que serían más bien propias de los actos realizados por el propio recurrente, sin perjuicio que naturalmente hay una afectación emocional lógica de esperar de una medida como la destitución de su cargo. Señala que más bien se ataca la valoración de la prueba vertida en el sumario de forma sesgada.

Sobre el derecho a la igualdad ante la ley, explica que solo se sostiene dicha afectación en una diferente valoración de la prueba que le conviene al Sr. nombre reservado y en no haberse considerado atenuantes de responsabilidad, lo que dice no puede hacerse ya que la destitución es la única sanción aplicable de acuerdo con la ley y ésta no puede ser graduada, sino que sólo se aplica en el evento de tener por acreditados los hechos contrarios a la probidad administrativa, como ocurrió en la especie.

Con respecto a la honra de la persona y de su familia, afirma que no ha sido ventilado el proceso como se acusa, manteniéndose el mismo de modo inalterable hasta la formulación de cargos, pero que en vista de las acciones realizadas por le recurrente, acreditadas en el expediente sumarial, resulta natural que emanen consecuencias como un desprestigio de su persona, las que no pueden atribuirse en ningún caso a la recurrida.

Por último, en cuanto a la libertad de trabajo y derecho de propiedad se limita a afirmar que no ha habido afectación alguna de tales derechos fundamentales, desde que las acciones desplegadas con motivo de las denuncias de 24 de octubre de 2022, dieron curso a un proceso sumarial que se desarrolló conforme a las normas estatutarias vigentes y a fin de dar cumplimiento al deber de probidad funcionario, cuyo primer responsable es el Alcalde.

Destaca que el recurrente ejerció todas las defensas franqueadas por la ley, presentó descargos, se abrió un probatorio, rindió prueba documental y testimonial y luego de dictado el Decreto Alcaldicio N° 47 de 10 de enero de 2024 que dispuso sanción de destitución, interpuso reposición, el cual fue rechazado por Decreto N° 724 de 15 de marzo de 2024, el cual analiza igualmente las alegaciones de la recurrente.

Acompaña los siguientes documentos: a) Expediente Sumario Administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio N°2377 de fecha 24 de octubre de 2022; b) Decreto Alcaldicio N°47 de fecha 10 de enero de 2024; c) Decreto Alcaldicio N°724 de fecha 15 de marzo de 2024; y d) Dictámenes de Contraloría citados.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, se recurre de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas, por haber dictado el acto que se califica de ilegal y arbitrario consistente en el Decreto Alcaldicio N° 724 de 15 de marzo de 2024, por el cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto, en contra del Decreto Alcaldicio N° 47 de 10 de enero de 2024, por el cual se aplicó sanción disciplinaria de destitución, en el marco de un sumario administrativo incoado en contra del recurrente, estimándose como conculcadas las garantías del artículo 19 números 1, 2, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitándose a esta Corte, se ordene dejar sin efecto el acto recurrido y se absuelva al Sr. nombre reservado y en subsidio, se ponderen las circunstancias atenuantes acreditadas en el proceso y se aplique alguna de las sanciones administrativas menos gravosas que corresponda.

TERCERO: Que, de lo expuesto por las partes y documentos allegados al recurso han de establecerse los siguientes hitos relevantes:

a)- Que mediante Decreto N°2377 de fecha 24 de Octubre del 2022, la Municipalidad de Padre Las Casas, dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo, con el fin de investigar la responsabilidad administrativa que pudiere asistirle al funcionario nombre reservado, dependiente del Departamento de Inspección Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Publica, como a cualquier otro funcionario que aparezca involucrado en los hechos denunciados en el documento señalado en el considerando Nº 1º.

Los aludidos hechos son los siguientes: “1.- Que, se ingresó por la Dirección Jurídica del municipio denuncias reservadas que dan cuenta de una serie de hechos acaecidos al interior del Departamento de Inspección Municipal, dependiente de la Dirección de Seguridad Publica, de la Municipalidad de Padre Las Casas.”

En el mismo Decreto se designa a la Fiscal, designándose en el curso del sumario una segunda Fiscal sumariante debido a licencia médica de la primera.

b).- Que, con fecha 27 de junio del año 2023, se formulan cargos en contra del recurrente, siendo éstos los siguientes:

1- Haber realizado actos de acoso sexual en contra de la Srta. nombre reservado.

2.- Haber infringido el deber funcionario de probidad administrativa.

c).- Que, el recurrente, debidamente representado por su abogada efectuó los correspondientes descargos, ofreció rendir prueba y solicitó la apertura de un término probatorio, a lo cual se accede por parte de la Fiscal sumariante, con fecha 31 de julio de 2023.

d).- Que con fecha 08 de noviembre de 2023, se dicta la “Vista Fiscal”.

En el acápite III, se efectúa una “Relación de los Hechos acreditados” y bajo el número 1, se indica lo siguiente: 1).- “con fecha 24 de octubre de 2022, se ordena por Decreto Alcaldicio N°2377, la instrucción de un sumario administrativo por la responsabilidad funcionarla que pudiese atribuirse a don nombre reservado en los hechos denunciados a través de declaraciones fechadas el mismo día, y suscritas por los funcionarios del Departamento de Inspección Municipal, en concreto, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, y doña nombre reservado. Estas declaraciones, a grandes rasgos, discurren sobre situaciones de conflictos laborales con don nombre reservado, en el contexto de cambio del Departamento de Inspección desde la Dirección de Calidad y Gestión de Servicios, a la Dirección de Seguridad Pública, dirigida por don nombre reservado, en el mes de agosto de 2022.

Así, los conflictos tienen que ver con la implementación de nuevas directrices en la forma de trabajar de los funcionarios del Departamento de Inspección, tales como generar documentos adicionales en sus labores, como la orden de trabajo, organizar y programar labores para inspeccionar los días sábados (horas extras), programación de actividades diarias, instalación de GPS al vehículo municipal de inspección. A dichas instrucciones, que aparentemente emanaban del Director de Seguridad Pública, se presentó cierta resistencia por parte de los inspectores, alegándose por ellos haber recibido un trato inadecuado por parte de don nombre reservado, quien habría tenido una actitud prepotente, poco cordial y amenazante en contra de ellos, sumando a que todos los declarantes afirman que el aludido permanentemente hacia el comentario de que era "amigo del Director de Seguridad", A ello se suman acusaciones respecto a que el funcionario don nombre reservado no cumplía sus funciones y jornada a cabalidad, realizando actividades ajenas a las municipales dentro del horario de trabajo, tales como salir de compras, salir a retirar del colegio a su prole, ver programas de televisión u otros.

Sin embargo, a juicio de esta fiscal, la situación acusada más importante recae en conductas de acoso sexual, que presuntamente habrían sido ejercidas en contra de la funcionaría doña nombre reservado, dentro del marco de sus funciones como administrativa del departamento, que realizaba en la misma oficina que el inculpado, en una de las casas de las Aldeas SOS, donde funciona el Departamento de Inspección Municipal. Las conductas que se describen consisten en comentarios sobre su apariencia física, su atractivo, así como en contacto físico forzado e invasión de su espacio personal, de manera que, traspasando las barreras de la confianza, se genera evidente incomodidad respecto de quien recibe esta inesperada cercanía, A ello se turnan tactos en muslos, cintura y cuello, aparentemente sin consentimiento de la funcionarla indicada.”

A continuación se describen diversas actuaciones del sumario y se deja constancia de los antecedentes y medios de prueba incorporados.

El acápite VI de la “Vista Fiscal”, por su parte, contiene la “Expresión formal de los cargos en contra de don nombre reservado:

I. HABER realizado acciones constitutivas de acos sexual en contra de la funcionaría doña nombre reservado, de acuerdo a los términos consagrados en el artículo 82 letra L, de la Ley 18.883, en relación con el articulo 2 del Código del Trabajo, materializadas en una amplia variedad de conductas, que abarcan no llamarla por su nombre, sino de forma inadecuada como "amor", "cariño" y “reina", entre otras; efectuar comentarios sobre su atractivo físico, ropa y accesorios; acercarse mucho a su espacio personal, especialmente en el escritorio de ella, poniendo su mano en rodilla o muslo; solicitar abramos o darlos inesperadamente; beso en la cara forcejeado con la mano en la nuca; tocar accesorios del cuello, por mencionar algunas, lo que se produjo sin el consentimiento de la afectada, y a pesar de ella haber manifestado su incomodidad al inculpado, en varias ocasiones- Todo lo anterior, dentro del espacio donde se emplazan las oficinas destinadas al Departamento de Inspección Municipal”.

2- HABER infringido el deber funcionario de probidad administrativa. En este caso, referido al deber de ocupar tiempo de la jornada de trabajo y utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, en particular salir en horario laboral a hacer trámites personales exceder ampliamente el horario de colación, dormir en el puesto de trabajo, ver series de televisión durante la jornada y solicitar a otros funcionarios, en virtud su superioridad jerárquica, realizar funciones inherentes al ejercicio di su cargo, como jefe de oficina.”

Se concluye lo siguiente en el acápite VIII:

1.- El inculpado, don nombre reservado,. cédula de identidad número RUT reservado, incurrió en responsabilidad administrativa, en los términos que se expresó en la formulación de cargos.

2.- Ha sido posible acreditar en autos, de acuerdo a los elementos de la íntima convicción, la existencia de CULPA GRAVE en la conducta funcionaría materia de autos, respecto del inculpado antes señalado, en calidad de autor en los hechos investigados, los que no pudieron ser desvirtuados con los descargos presentados y prueba rendida.

3.-Que no se acreditó la concurrencia de alguna circunstancia que impidiera la verificación de los hechos sobre los que versa el presente sumario administrativo.

Finalmente bajo el acápite IX. se propone al Sr. Alcalde aplicar la medida disciplinaria de Destitución de conformidad al artículo 123 de la Ley 18.883, que establece que esa es la sanción procedente en caso de verificarse una infracción al artículo 82 letra L), indicándose que se subsumen ambos cargos en la sanción de destitución, que es la establecida por el legislador para el cargo N° 1, que es el de mayor gravedad por revestir una mayor transgresión al deber de probidad administrativa.

e).- Que, con fecha 10 de Enero del 2024 se dicta el DECRETO N°47 / 2024 por parte del Alcalde de la Municipalidad de Padre Las Casas que en su parte resolutiva indica lo siguiente: “DECRETO:

1. Téngase por acreditados fehacientemente los hechos investigados, informados en los actos administrativos que ordenan instruir el respectivo procedimiento administrativo disciplinario, indicados en Vistos N° 4 y 5, por tratarse de actos constitutivos de infracciones graves a los deberes funcionarios.

2.- Acéptase la proposición de la Fiscal, consistente en aplicar al inculpado la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN, de conformidad al artículo 123 letra C) de la Ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece como procedente dicha sanción en caso de verificarse una infracción al artículo 82 letra L) del mismo cuerpo legal: “Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2° inciso 2° del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la Ley que establece medidas contra la discriminación”, por los hechos materia del procedimiento disciplinario en comento.”

3.- Procédase a la aplicación de la sanción contemplada en el artículo 123 letra C) de la Ley N° 18.883, que establece Estatuto para Funcionarios Municipales, esto es, de DESTITUCIÓN, de conformidad al artículo 123 letra C) de la Ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece como procedente dicha sanción en caso de verificarse una infracción al artículo 82 letra L) del mismo cuerpo legal: “Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2° inciso 2° del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la Ley que establece medidas contra la discriminación”, a don nombre reservado, RUT N° RUT reservado…”

f).- Que, el recurrente dedujo recurso de reposición en contra del Decreto referido en la letra precedente.

g).- Que mediante Decreto Alcaldicio N°724 / 2024 de fecha 15 de Marzo del 2024 se rechazó el recurso de reposición deducido.

CUARTO: Que, como ya se señaló se recurre de protección en virtud de la dictación del Decreto Alcaldicio N°724 / 2024 de fecha 15 de Marzo del 2024 que rechazó el recurso de reposición deducido, en contra del Decreto Alcaldicio N°47 / 2024 que dispuso la sanción de destitución del recurrente.

El aludido acto impugnado consigna lo siguiente:

“CONSIDERANDO:

1- Que, la abogada Katherine Sepúlveda Vargas, en representación de don nombre reservado, inculpado en el indicado proceso administrativo, dedujo recurso de reposición en contra del Decreto Alcaldicio N°47 de fecha 10 de enero de 2024, que aplica la medida disciplinaria de destitución contemplada en el artículo 123 letra c de la ley 18.883.

2- Que, dicha medida se aplicó en función de los siguientes cargos, que se tuvieron por fehacientemente acreditados: 1) HABER realizado acciones constitutivas de acoso sexual en contra de la funcionaria doña nombre reservado, de acuerdo a los términos consagrados en el artículo 82 letra L, de la Ley 18.883, en relación con el artículo 2° del Código del Trabajo, materializadas en una amplia variedad de conductas, que abarcan no llamarla por su nombre, sino de forma inadecuada como “amor”, “cariño”, “reina”, entre otras; efectuar comentarios sobre su atractivo físico, ropa y accesorios; acercarse mucho a su espacio personal, especialmente en el escritorio de ella, poniendo su mano en rodilla o muslo; solicitar abrazos o darlos inesperadamente; beso en la cara forcejeado con la mano en la nuca; tocar accesorios del cuello, por mencionar algunas, lo que se produjo sin el consentimiento de la afectada, y a pesar de ella haber manifestado su incomodidad al inculpado, en varias ocasiones. Todo lo anterior, dentro del espacio donde se emplazan las oficinas destinadas al Departamento de Inspección Municipal. 2) HABER infringido el deber funcionario de probidad administrativa. En este caso referido al deber de ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, en particular, salir en horario laboral a hacer trámites personales, exceder ampliamente el horario de colación, dormir en el puesto de trabajo, ver series de televisión durante la jornada y solicitar a otros funcionarios, en virtud su superioridad jerárquica, realizar funciones inherentes al ejercicio de su cargo, como jefe de oficina. Ello vulnera el artículo 58, letras a) y d) de la ley 18.883, que preceptúa que son obligaciones de cada funcionario municipal desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, así como cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que se le ordenen.

3- En cuanto a las alegaciones expresadas en el cuerpo del recurso de reposición, la abogada centra sus argumentos en que sus descargos no fueron acogidos en el proceso disciplinario por la Fiscal, aseverándose que se han infringido las normas del debido proceso, y omitiendo circunstancias modificatorias de la responsabilidad administrativa.

4- Que, la recurrente plantea como primer asunto la animadversión de los inspectores municipales en contra de su representado, las insolencias que habrían proferido en contra de éste, así como que el relato de la señorita nombre reservado sería equívoco o sin asidero en la realidad, basándose sobre todo en el hecho de que habría solicitado un aumento de sueldo, y como éste no se habría materializado, su actitud hacia su jefatura se habría vuelto hostil.

5- Que, la misma apunta a que todas las acusaciones obedecen a una confabulación de los declarantes en contra de don nombre reservado, que todos se habrían puesto de acuerdo en qué denunciar, y que, en términos generales, no dan cuenta de conductas de acoso sexual concretas con lugar y fecha, así como que aquéllos no habrían presenciado directamente los hechos que se le imputan. Subraya principalmente este hecho, de que los testimonios que refrendan los cargos, no provendrían de personas que hayan visto lo ocurrido.

6- Que, revisadas nuevamente las declaraciones con ocasión del recurso de reposición interpuesto, cabe señalar que lo anterior no es efectivo, ya que, en el caso de nombre reservado, sí estuvo presente cuando se produjeron algunas de las situaciones descritas por la denunciante, nombre reservado, lo que se desprende de las declaraciones rolantes a fojas 195 y siguientes del expediente sumarial. Ello es corroborado por doña nombre reservado, a fojas 213 y siguientes, quien aporta antecedentes del trato entregado a doña nombre reservado y a ella misma, recibiendo incluso palmadas en el sector de los glúteos, de parte de don nombre reservado.

El argumento referido a que si tales episodios realmente hubieran ocurrido respecto a la señorita nombre reservado, no resulta verosímil que haya asistido a un asado en el domicilio particular del inculpado, no puede ser atendido por improcedente, ya que es prácticamente hacer responsable a la víctima por exponerse al actuar del agresor. Ello, sin olvidar que tanto nombre reservado y nombre reservado fueron subordinadas jerárquicamente del inculpado, y además mucho más jóvenes que nombre reservado, especialmente la primera.

7- Que, otro punto importante de subrayar, tal como se señala en la reposición por la propia recurrente, es que inculpado y denunciante habrían tenido, al menos al principio, una buena relación, e incluso de cierta manera compartieron espacios de confianza como salidas a almorzar, entre otros, lo que es mencionado en algunos testimonios, como los de nombre reservado, nombre reservado, o nombre reservado. Por este motivo, resulta extraño que el inculpado afirme en su declaración que tenía con ella una relación estrictamente laboral y que la llamaba simplemente “Ale” o “nombre reservado”, porque no es coincidente con los elementos de contexto. Por ello, se constata un relato falto de coherencia. Porque el sentido común y la experiencia dicen que, de haber existido para el inculpado una relación cercana y natural con doña nombre reservado, lo lógico habría sido afirmar que así era, pero que él nunca tuvo intenciones de connotación sexual hacia su subalterna, y que ésta lo malinterpretó. Pero esto es negado en su declaración rolante a fojas 189 del expediente sumarial, omitiendo circunstancias que son relevantes para contraponer su relato al de la denunciante.

8- Que, con respecto a la falta de objetividad de los testigos, cabe señalar que don nombre reservado en su declaración señala que ya no eran amigos, porque él tomó distancia de ella por los problemas que ocurrieron en la oficina y que a él le habrían afectado en demasía.

9- En este orden de ideas, a través del avance del expediente sumarial, se constató el peso subjetivo que tienen las acusaciones de maltrato laboral respecto de los inspectores municipales, referidas a órdenes de trabajo improcedentes, de que la jefatura no sabía hacer su trabajo y que quería perjudicar a sus trabajadores, cuando es claro que dichos funcionarios no tenían buena disposición frente a las instrucciones que su jefatura directa podía legítimamente impartir. Por ello, las acusaciones de malos tratos confluyen más bien en un ambiente laboral poco amigable, con conflictos frente al poder de decisión y posibles celos profesionales, que no puede imputársele exclusivamente a don nombre reservado. Así, considerando que los funcionarios don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, quienes son más jóvenes que don nombre reservado, llegaron al municipio no más allá del 2019, y no ostentaban ningún cargo que pudiesen perder o ver eclipsado por la designación de don nombre reservado, así como tampoco poseen una arraigada experiencia municipal que sea presumiblemente difícil de modificar o encauzar, no existe motivo para éstos hayan tenido una mala disposición hacia su nueva jefatura, don nombre reservado, del cual ellos mismos afirman haber tenido, sobre todo al principio, una buena relación por él. Por tanto, con respecto de ellos, no es posible dilucidar alguna clase de celo profesional o competencia por el ejercicio de poder, u otro sesgo personal, que les reste imparcialidad.

10- Que, de esta manera, es perfectamente razonable considerar veraces sus relatos, más cuando dieron razón de sus dichos, circunstanciando cada una de las situaciones vividas, reflejando con claridad el ambiente laboral que reinaba en la oficina de inspección. En este sentido, es difícil extraer declaraciones falaces para acreditar el acoso sexual imputado a don nombre reservado, principalmente porque no son contradictorias, describen adecuadamente cuáles fueron las conductas, cómo fueron pasando, cómo actuaba el inculpado y cuáles eran las reacciones que les generaron dichas conductas, sin constatarse motivos plausibles de enemistad con el inculpado.

11- Que, en relación a la carencia de fechas exactas de las conductas calificadas de acoso sexual, es importante dejar claro, y de conformidad con lo consignado por el dictamen de Contraloría General de la República número 48983 de 2015, que las conductas de acoso sexual no requieren tener fechas específicas, ni una serie de testigos que hayan visto lo que ocurrió, ya que por el tipo de hechos que lo configuran, es natural que dicho actuar se produzca a espaldas de otros, por lo que pedirle a la víctima que reúna sendos testimonios presenciales de cuando fue acosada sexualmente, es desproporcionado e injusto. Sumado a ello, por ser actos reiterados y que escalaron en intensidad en el tiempo, es difícil para los involucrados datar cada uno de ellos, a pesar de que es posible determinar un período de tiempo en que se verificaron, esto es, desde inicios de diciembre de 2021, hasta mediados de octubre de 2022, cuando es suspendido don nombre reservado de sus funciones.

El dictamen citado señala, a propósito de valoración de las probanzas en este tipo de procedimientos: “Sin perjuicio de lo expresado, y en lo que atañe al reclamo del recurrente en orden a que el fiscal habría llegado al convencimiento acerca de su responsabilidad en los hechos sólo en base al testimonio de la propia funcionaria que lo acusó y al de otro servidor, es pertinente anotar que, según lo concluido, entre otros, en los dictámenes N°s 66.506, de 2013 y 71.258, de 2014, de este origen, la ponderación de los hechos y la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos cabe a los inculpados, son materias cuyo conocimiento corresponde primariamente a los órganos de la Administración activa, agregando el primer pronunciamiento citado, que atendida la forma subrepticia en que se llevan a cabo las conductas de acoso sexual, como acontece en la especie, no siempre es posible contar con probanzas directas, más allá del propio testimonio que efectúen las víctimas de esas actuaciones, lo que no puede obstar a que el fiscal o la autoridad se formen la convicción sobre su acaecimiento, ya que de lo contrario, tales irregularidades quedarían impunes.

“Luego, en lo atingente a la imprecisión de los cargos formulados al habérsele imputado conductas genéricas, es necesario indicar que analizada la pieza sumarial en cuestión, se advierte que contrariamente a lo manifestado por el afectado, aquéllos señalan de forma clara y precisa el comportamiento reprochado, expresando que éste “consistía en tocamientos de notoria connotación sexual, en reiteradas ocasiones y sin consentimiento de la denunciante y por haber efectuado dichos de la misma índole y gravedad”, evidenciándose además, que el ocurrente hizo uso de todas las instancias de defensa que contempla la preceptiva vigente, lo que denota un detallado conocimiento de las imputaciones de que se trata.”

12- Que, otro aspecto relevante es que la defensa del inculpado asume que debe haber, conforme a la normativa aplicable, un requerimiento sexual no consentido más bien explícito por parte de don nombre reservado, cuando ello no es así, ya que el concepto de acoso sexual, “entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo” (art. 2 Código del Trabajo), se ha entendido de un modo más amplio por la doctrina laboral, abarcando también situaciones como la denunciada en este proceso, vale decir, tocaciones en el muslo, tomar de la nuca a la afectada para besarla, entre otras. Se puede entender por conductas de acoso sexual los siguientes ejemplos dados por la Dirección del Trabajo: - Acercamientos o contactos físicos no consentidos. - Propuestas verbales de carácter sexual. - Regalos con connotaciones románticas o físicas no aceptados. - Correos electrónicos o cartas personales con requerimientos sexuales, etc.

13- Que, respecto del cargo número dos, es posible extractar conductas señaladas como frecuentes y que se repiten en todas las declaraciones, de que el funcionario en cuestión realizaba labores ajenas al trabajo durante la jornada y que ya fueron descritas anteriormente, así como que el funcionario solía delegar sus funciones personales en sus subalternos, como la redacción de correos desde su usuario, cuestión que a todas luces es irregular. Por otro lado, afirmaron que en ocasiones el funcionario inculpado dormía en la oficina, y se acompañó un video que acredita que ese hecho al menos ocurrió una vez, sin que ese hecho sea negado por su defensa. Por ello, resulta acreditada la falta a la probidad relativa a la ley N° 18.883, el artículo 58, letras a), d) y g), y con ello, el cargo número 2.

Cabe señalar que dicho video se tomó en un espacio público - oficina municipal- de libre acceso, y en su puesto de trabajo, motivo por el cual es difícil encuadrarlo, como indica la abogada recurrente, en el artículo ART. 161 - A. del Código Penal.

14- Que, con respecto a la prueba testimonial solicitada por la defensa del inculpado, se tomaron 6 testimonios propuestos por la defensa del inculpado, y en nada varían la convicción en cuanto a tener por acreditados los cargos, ya que es dable entender de que dichos funcionarios, que no son dependientes del Departamento de Inspección Municipal, y que sólo concurrían ocasionalmente a las oficinas, no presenciaran las conductas de acoso sexual, objeto de esta investigación. Como se observa, se franquearon todas las posibilidades de defensa al funcionario objeto de la sanción, con el objeto de considerar todas las circunstancias y versiones sobre la materia, de manera de garantizar la mayor objetividad posible.

15- Como consecuencia de los antecedentes contenidos en el expediente sumarial en comento, se ha establecido que se han infringido los deberes funcionarios, establecidos en la siguiente normativa:

A.- Conforme al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley Nº 18.883, Artículo 58 : “Serán obligaciones de cada funcionario: g) Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575 y demás disposiciones especiales”.

B.- Conforme a la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Artículo 13, la obligación contemplada en su inciso 1º:

“Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan”.

C.- Conforme a la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la obligación contemplada en su artículo 52:

“… los funcionarios de la administración pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.

“El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

“Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso".

Cabe acotar que se infringe con la conducta de acoso sexual el principio de probidad administrativa, porque claramente constituye actuar que pugna con el concepto mismo de conducta funcionaria intachable y con un desempeño honesto y leal de la función del cargo, que forman parte de lo que por ley se entiende corresponder a aquélla. Así, como conducta que atenta contra la dignidad de otro funcionario, en este caso, de una funcionaria que trabajaba bajo su dependencia, es dable concluir que el actuar del inculpado se encuentra absolutamente reñido con la ética en un ambiente de trabajo, así como el deber de respeto que debe existir hacia los demás compañeros de trabajo y hacia su indemnidad sexual.

D.- Conforme a la Ley Nº18.883, que aprueba el ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, Artículo 82.- “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:

“l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación”.

E.- Conforme al Código del Trabajo, el Artículo 2 inciso segundo, que dispone: “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.”

F.- Conforme a la ley N°18.575, lo dispuesto en el Artículo 62: “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas:

“4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.”

G.- Conforme a la ley N° 18.883, el artículo 58, letras a) y d), preceptúa que son obligaciones de cada funcionario municipal desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, así como cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que se le ordenen.

En tanto que la letra g) de su artículo 82 les prohíbe ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales.

16- Que, en cuanto a la sanción aplicable, la ley 18.883, en su Artículo 123, dispone que: “La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario.

“La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: “c) Infringir lo dispuesto en la letra l) del artículo 82”.

Frente a la normativa transcrita, es claro que, al haberse vulnerado el principio de probidad funcionaria, así como infringir específicamente la prohibición contenida en el artículo 82 letra l) de la ley 18.883, a través de los cargos atribuidos a don nombre reservado, no es procedente una sanción menos gravosa que la destitución del funcionario, toda vez que la ley la establece de manera explícita. Así, la sanción aplicable al cargo número uno de la Vista Fiscal, es la destitución, y, al ser la de mayor entidad, en ella se subsume la que pudiese aplicarse al cargo número dos, por ser los hechos acaecidos bajo dicho cargo de menor gravedad.

17- Que, la relación de los hechos investigados; el grado de responsabilidad de la parte recurrente como autor, y la forma en que se comprobaron los hechos dentro del proceso investigativo, cumplen, en definitiva, con las exigencias previstas en el artículo 137, inciso segundo, de la anotada ley N° 18.883, por lo que no se advierte irregularidad ni omisión alguna en ese sentido, puesto que todo lo obrado en el marco del procedimiento administrativo disciplinario que fue sustanciado en su oportunidad, se realizó para establecer fehacientemente la existencia de responsabilidad Administrativa en los hechos denunciados. Y las medidas adoptadas por la fiscal fueron del todo razonables, justificadas y proporcionales con las irregularidades denunciadas y finalmente acreditadas.

En razón de ello y de la trascendencia que reviste la naturaleza misma de los hechos, la cual determina la configuración de los cargos formulados, de las infracciones cometidas, de la responsabilidad, grado de participación y grado de ejecución del recurrente en los hechos investigados, se considera que las alegaciones esgrimidas por doña Katherine Sepúlveda Vargas, en representación de don nombre reservado, como fundamentación del Recurso de Reposición interpuesto con fecha 25 de enero del año 2024, no logran desvirtuar en ningún caso el mérito del procedimiento disciplinario sustanciado en su contra y que consta en los autos administrativos materia del presente decreto, además de no ser procedente una sanción menos gravosa que la dispuesta en el Decreto Alcaldicio N°47/2024.

18.- Que, esta Entidad Edilicia, ha agotado todas y cada una de las instancias administrativas necesarias y pertinentes, destinadas a esclarecer los hechos materia del procedimiento disciplinario incoado en contra del recurrente.

19.- Que, por las consideraciones antes expuestas, se procederá a mantener la sanción administrativa propuesta por la Fiscal, y mantener a firme lo resuelto en el Decreto Alcaldicio N°47/2024 de fecha 10 de enero de 2024, toda vez que los hechos descritos anteriormente son constitutivos de la sanción establecida en el artículo 123 letra C de la ley 18.883, por infringir lo dispuesto en la letra l) del artículo 82 del mismo cuerpo legal, esto es, la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN, la cual consiste en poner término a los servicios de un funcionario.

20.- Que, siendo ello así, se ha dado cumplimiento y respeto irrestricto a la garantía constitucional establecida en el inciso quinto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la sanción que por este acto administrativo se ratifica, ha cumplido con los estándares de un justo, racional y debido proceso, por cuanto los hechos investigados y la consecuencial sanción al incumplimiento fehacientemente constatado, se ha realizado mediante un sumario administrativo debidamente tramitado y sustanciado.

DECRETO:

1- RECHÁZASE el recurso de reposición interpuesto por doña Katherine Sepúlveda Vargas, en representación convencional de don nombre reservado, en contra del Decreto Alcaldicio N°47/2024, de fecha 10 de enero de 2024, acto administrativo que acepta la proposición de la Fiscal, consistente en aplicar la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN establecida en el artículo 123 letra C de la ley 18.883, por infringir la prohibición dispuesta en la letra l) del artículo 82 del mismo cuerpo legal, esto es, “Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación…”

QUINTO: Que, no se ha discutido que el acto impugnado, parcialmente transcrito en el considerando precedente, ha sido dictado por la autoridad competente, quien ha actuado en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, las cuales se detallan con precisión en los “Vistos” del acto recurrido.

SEXTO: Que, en cuanto al deber de fundamentación del acto impugnado, Decreto Alcaldicio N°724 / 2024 de fecha 15 de Marzo del 2024, cabe tener presente, tal como se ha sostenido por la Excma. Corte Suprema que “el ejercicio de las potestades sancionatorias queda sometido a las disposiciones de la Ley N° 19.880 que consagra, entre otros, los principios de transparencia y publicidad, conforme a los cuales el procedimiento administrativo debe tramitarse de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él, lo que se ratifica en el artículo 11 inciso segundo de la misma ley, que obliga a motivar o fundamentar explícitamente el acto administrativo, presupuesto cuya necesidad se torna aún más patente cuando se trate de decisiones que afecten los derechos de las personas.

Por último, es útil destacar que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal ordena: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”, Se agrega por el Máximo Tribunal “Que, de lo expresado, sólo cabe colegir que es un requisito sustancial en la dictación de un acto administrativo, la expresión de sus motivaciones, pues la omisión está vinculada a una exigencia que ha sido puesta como condición de mínima de racionalidad, ya que permite y promueve el conocimiento del contenido y fundamentos de las decisiones que adopten los órganos de la Administración del Estado” (sentencia dictada en causa Rol 234.245-2023)

SÉPTIMO: Que, el acto impugnado Decreto Alcaldicio N°724 / 2024 de fecha 15 de Marzo del 2024 cumple con las exigencias de fundamentación, en tanto la autoridad recurrida, se hace cargo pormenorizadamente de las alegaciones contenidas en el recurso de reposición, que motivó la dictación del mentado Decreto, explicando cada una de las razones por las cuales tales alegaciones son rechazadas, haciendo referencia a los antecedentes incorporados al sumario administrativo, que según se indica, fueron nuevamente ponderados, destacando la forma en que se acreditaron los hechos que sustentan las imputaciones, indicando, además, las normas que fueron transgredidas y la forma en que los hechos acreditados se subsumen en las aludidas normas, concluyéndose que se encuentran debidamente acreditados los cargos formulados, las infracciones cometidas, la responsabilidad, grado de participación y grado de ejecución del recurrente en los hechos investigados, exponiéndose los motivos que sustentan tal conclusión.

Así las cosas, no resulta ser efectivo que en el acto administrativo que ha motivado la presente acción constitucional, la autoridad recurrida se limite a reproducir los argumentos ventilados en el escrito de reposición, como se sostuvo por la recurrente, pues del examen del mismo, como ya se refirió, consta que se ha dado cumplimiento al deber de fundamentación que pesa sobre la recurrida.

Cabe destacar, que en el aludido Decreto se explicita, además, que no resulta ser procedente una sanción menos gravosa que la dispuesta en el Decreto Alcaldicio N°47/2024, lo que es concordante con el hecho de haberse establecido que se ha transgredido el artículo 82 letra l) de la Ley N° 18.883 infracción que, conforme lo dispone el artículo 123 letra c) del mismo cuerpo normativo, se encuentra sancionada con la destitución, de manera tal que ninguna incidencia pueden tener, en la determinación de la sanción aplicable, la concurrencia de circunstancias atenuantes de responsabilidad, cuyo análisis la recurrente denuncia haberse omitido.

OCTAVO: Que, de esta manera el acto recurrido no resulta ser arbitrario, como tampoco ilegal.

NOVENO: Que, se sostuvo por la recurrente, además, que durante la tramitación del sumario administrativo incoado en contra del actor, se habían vulnerado aspectos propios de un debido proceso, sin que pueda vislumbrarse, sin embargo, cómo ello se habría materializado, especialmente desde el momento que el funcionario investigado pudo hacer efectivo su derecho a defensa, formuló sus descargos y rindió prueba.

Y en cuanto a que se alegó la falta de precisión de las imputaciones contenidas en los cargos, en relación con la ocurrencia de los hechos, cabe destacar que lo anterior fue expresamente analizado en la Vista Fiscal, y en el Decreto Alcaldicio N°724/ 2024 de fecha 15 de Marzo del 2024, en que se sostuvo que las conductas de acoso sexual no requieren tener fechas específicas, ni una serie de testigos que hayan visto lo que ocurrió, y que por ser actos reiterados y que escalaron en intensidad en el tiempo, es difícil para los involucrados datar cada uno de ellos, a pesar de que es posible determinar un periodo de tiempo en que se verificaron, esto es, desde inicios de diciembre de 2021, hasta mediado de octubre de 2022, cuando es suspendido don nombre reservado de sus funciones, de manera tal que no existe la indeterminación que se alega, atenta, además, la naturaleza de las conductas que sustentan los cargos.

DÉCIMO: Que, en cuanto se cuestiona, en relación al cargo N° 2 la ponderación de un video en que se observaría al actor durmiendo al interior de su oficina, sosteniéndose en el recurso que sería un medio probatorio ilegal, cabe señalar que según se desprende de los antecedentes allegados, se trataría de una grabación obtenida al interior del Municipio de modo tal que no se vislumbra la ilegalidad que se alega, sin perjuicio de lo cual, es del caso señalar que no fue el único elemento probatorio que fue ponderado para establecer los hechos que sustentan dicho cargo.

UNDÉCIMO: Que, cabe señalar, finalmente, que si bien no consta de los antecedentes allegados al recurso, el haberse tomado razón por parte de Contraloría General de la República, del Decreto Alcaldicio que aplicó la sanción de destitución del actor, tal como se ha sostenido por la Excma. Corte Suprema, la acción constitucional de protección, en cuanto a su interposición, resulta procedente “aun cuando dicho control preventivo, general y de legalidad del acto administrativo no se haya dispuesto, por cuanto este trámite en caso alguno se refiere a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto administrativo...” (sentencia dictada en causa Rol Nº 123.691-2022), de manera tal que teniendo presente lo anterior y toda vez que no aparece que en el sumario administrativo incoado, se haya incurrido en alguna ilegalidad o arbitrariedad, en los trámites, prerrogativas y términos establecidos por la ley, como así mismo, en la dictación del acto que ha motivado la interposición del presente recurso de protección, éste ha de ser rechazado, resultando inoficioso referirse a las garantías constitucionales que se señalan haber sido conculcadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas.

Redacción de la Ministra Suplente Cecilia Elena Subiabre Tapia.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-3032-2024 (pvb).