nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1 con fecha 23 de febrero del año 2024 comparece nombre reservado, venezolana, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, médico, casada, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP PROVIDA S.A., RUT N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, desconozco profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por los fundamentos de hecho y derecho a que continuación se sintetizan.

Sostiene ser ciudadana venezolana, haber trabajado como médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia, ingresando a prestar servicios en el Hospital San José de Victoria, de la Comuna de Victoria, y en el Hospital Dr. Dino Stagno Maccioni, de la Comuna de Malleco, desde el año 2018, hasta la fecha.

Por razones personales y familiares, tiene la intención de retornar a su país de origen, Venezuela, por lo que, ha solicitado la devolución de los fondos acumulados en su AFP, a saber, AFP PROVIDA S.A., desde 27 de febrero de 2018 a la fecha, en su calidad de trabajadora técnica extranjera, invocando la Ley N° 18.156, que en su artículo 7° señala: “En el caso que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”. El artículo 1°, a su vez, prescribe: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Afirma que ha dado cumplimiento a ambos requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley 18.156, pues acompañó a su solicitud de devolución de cotizaciones, copia de su título profesional, debidamente legalizado, un certificado de afiliación al sistema de seguridad social de su país y un anexo de contrato de trabajo de fecha 27 de diciembre de 2023, y un certificado que declara su voluntad de permanecer afiliada al sistema previsional de su país de origen, de fecha 21 de diciembre de 2023.

La AFP PROVIDA negó la devolución de los montos acumulados, en los siguientes términos: “nombre reservado, gracias por la espera en línea, verificamos que la solicitud de técnico extranjero N°1083106, se encuentra lamentablemente rechazada por el siguiente motivo:

"Conforme al criterio invariable de la Superintendencia de Pensiones, contenido entre otros en Dictamen Nº61847/2006 y Nº224/2009, la Ley Nº18.156 constituye una excepción en materia previsional, que debe interpretarse restrictivamente, de modo que no procede extenderla a quienes no están afectos a un contrato regido por el Código del Trabajo, por lo que no resulta aplicable a las personas que revisten el carácter de funcionarios públicos, como es el caso de la peticionaria que ha desarrollado funciones en el Hospital de Victoria aludido".

La actora considera que su relación contractual es bajo vínculo de subordinación y dependencia, por lo que estima improcedente el argumento de la recurrida. Además, considera el acto impugnado como totalmente discriminatorio y contrario a las normas laborales y de inmigración. De acuerdo a esta interpretación, en Chile existirían ciudadanos de primera y segunda clase, los segundos sin privilegios y sin beneficios previsionales, puesto que solo aquellos que son contratados bajo la figura de contrato de trabajo tendrían la calidad de beneficiarios de todos los servicios sociales, lo que de acuerdo al número 2 del artículo 19 de la Constitución, es prohibido.

Afirma que la actuación de la AFP PROVIDA, afecta la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de Chile, puesto que afecta su derecho de propiedad sobre esos fondos previsionales e importa una disminución concreta y efectiva de su patrimonio, transformándose en un acto arbitrario e ilegal, discriminándole sólo por el hecho de ser una extranjera que trabajó para el sector público.

A continuación, en sustento de su posición, cita el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, en causa Protección 191-2019, caratulada Escalante/A.F.P. Capital S.A. confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol 30.015-2019, mediante sentencia de 10 de junio de 2020.

Finalmente, pide tener por interpuesto el presente recurso de protección, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP PROVIDA S.A., ya individualizada, por el acto ilegal y arbitrario cometido, admitirlo a tramitación y, en definitiva:

1° Ordenar la devolución de todos los fondos previsionales acumulados por la recurrente en dicha institución previsional, dentro de 10 días de fallado el recurso.

2° Arbitrar todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho que se ha visto gravemente quebrantado por un acto arbitrario e ilegal.

3° Condenar en costas a la recurrida.

Acompaña en su recurso los siguientes documentos:

1. Comprobante de fecha de entrega de negación de fondos de pensiones emitida por AFP PROVIDA.

2. Importe de conversación de WhatsApp con ejecutiva de AFP PROVIDA, donde le informa a la recurrente la respuesta al requerimiento interpuesto por esta.

3. Prim de pantalla de respuesta por el canal digital de atención de AFP PROVIDA.

4. Copia de certificado de título profesional de la médico cirujano doña nombre reservado.

5. Copia de constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para retiro de fondos ante las administradoras de fondos de pensiones, Número 012026.

6. Copia de certificado de voluntad de mantener afiliación al sistema de previsión o seguridad social de su país de origen, emitido por oficina de personal, Hospital San José de Victoria, de fecha 21 de diciembre de 2023.

7. Copia de Resolución Exenta N°1197, de prórroga de contrato de trabajo, emitido por Hospital San José de Victoria, de fecha 27 de diciembre de 2023.

8. Certificado de cuentas personales, de fecha 15 de febrero de 2024, total de ahorro previsional, emitido por AFP PROVIDA.

A folio 8 con fecha 25 de marzo del año 2024 comparece DANIEL SANTONI, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacuando el informe requerido solicitando el rechazo del recurso con costas, por los fundamentos que a continuación se indican.

Antes de entrar al fondo del asunto, sostiene que la acción de protección, atendido su carácter cautelar, no fue concebida para conocer asuntos de lato conocimiento, en donde exista un carácter contradictorio. Cita algunos fallos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia que así lo han establecido.

En causa Rol 2452-2015, la I. Corte de Apelaciones de Temuco acogió recurso de protección interpuesto en contra de AFP ProVida S.A. en donde los herederos de doña nombre reservado señalaron que la actuación de ProVida era ilegal y arbitraria, por cuanto se les imponía unilateralmente la calidad de beneficiarios de pensión de sobrevivencia, lo que no era aceptado por ellos, por cuanto si bien es cierto eran mayores de 18 años y menores de 24 años, no se encontraban estudiando. Posteriormente, producto de la interposición de recurso de apelación de su representada, en los autos Rol 12537-2015, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia estableció que:

Considerando Cuarto: “En el caso sub lite, no se ha establecido que los recurrentes posean un derecho indubitado que los habilite para reclamar tales fondos por la presente vía, pues, requieren de una declaración de derechos, lo que no procede hacer en este tipo de procedimientos”.

En otro fallo, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, establece que: “Para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado. Carece de tal calidad quien invoca una situación de hecho contradicha por el recurrido”.

Sostiene que, claramente, en estos autos se desprende que no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección. En efecto, la recurrente sostiene que el actuar de AFP ProVida es ilegal y arbitrario, y su parte sostiene que su actuar es el correcto, de conformidad a la ley vigente y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Señala que en materia laboral y previsional rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos situaciones de excepción que contempla nuestra legislación:

a) Que el trabajador se encuentre acogido a un convenio bilateral de seguridad social, en calidad de desplazado, lo que le habilita para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen y quedar exento de tal pago en el país al cual se le ha destinado a prestar servicios, y b) Que el trabajador quede exento de cotizar, o bien, en caso de haber enterado cotizaciones, puedan efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N° 18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

El artículo 1° de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido compendio de normas. Por su parte, el artículo 7°, de la misma ley, otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora, los trabajadores extranjeros que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que detenten la calidad de técnicos. Se entenderá por técnico, para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esta condición la debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

c) Que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Del análisis de la norma legal recién citada queda claro que el actuar de AFP ProVida no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero de la recurrente de autos, solo ha observado que se cumplan, copulativamente, los requisitos que establece la normativa vigente.

Sostiene que el recurso de protección, materia de estos autos, no cumple con ninguno de los requisitos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que deberá ser rechazado de plano por esta Ilustrísima Corte.

El comportamiento adoptado por parte de su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario, en lo que respecta a la situación que afecta al recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, razón por la que el presente recurso de protección debe ser rechazado, sin más trámite.

Al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, como ya quedó demostrado, es evidente que la recurrente no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Por todo lo anteriormente expuesto, pide se rechace, en todas sus partes, el presente recurso de protección interpuesto en contra de ProVida por la recurrente de autos, todo con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, por cuanto su representada, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida, no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, por todo lo latamente expuesto.

Acompaña junto a su informe un informe con observaciones de ProVida de fecha 25-01-2024.

A folio 9 se trajeron los autos en relación.

El 16 de abril de 2024 se procedió a la vista de la causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la recurrente reclama como acto arbitrario e ilegal, la negativa de AFP Provida de devolverle los fondos acumulados, desde el 27 de febrero de a la fecha, en su calidad de trabajadora técnica extranjera, invocando la ley N°18.156. Afirma que ha dado cumplimiento a todos los requisitos, pues acompañó a su solicitud una copia de su título profesional, debidamente legalizado, un certificado de afiliación al sistema de seguridad social de su país, un anexo de contrato de trabajo y un certificado que declara su voluntad de permanecer afiliada al sistema previsional de su país de origen.

TERCERO: Que la recurrida, al evacuar su informe expone, en primer lugar, que debe rechazarse la acción cautelar, por cuanto ésta, atendida su naturaleza, no fue concebida para conocer asuntos de lato conocimiento, en donde exista un carácter contradictorio. En este caso, no existe un derecho indubitado, por lo que no puede solucionarse por la vía del recurso de protección.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, afirma que la negativa encuentra fundamento legal en los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que establecen los requisitos para solicitar la devolución de fondos previsionales que hubieren depositado los trabajadores extranjeros afiliados a una AFP. Sostiene que en este caso no se cumplen, copulativamente, las exigencias que establece la normativa vigente, en particular, estar afecta a un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo. Por lo anterior, estima que el comportamiento de la recurrida no ha sido ni ilegal ni arbitrario, ni tampoco ha carecido de razonabilidad, toda vez que se ha limitado a dar cumplimiento a sus obligaciones que le impone la normativa legal antes referida.

QUINTO: Que, esta Corte, atenta a los antecedentes expuestos en autos, advierte que el actuar de la recurrida no ha vulnerado ninguna de las garantías invocadas por la actora, toda vez que la AFP, en uso de sus atribuciones y facultades legales, se ha ceñido estrictamente a ella, al aplicar la normativa legal existente en la materia, sin que se observe en dicho actuar un proceder apartado de la ley, ni tampoco motivado por el mero capricho, constitutivo de arbitrariedad, razón por la que se rechazará la acción cautelar intentada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol N° Protección-302-2024.(jog)