nombre reservado con CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece PAULINA SILVA TORRES, abogada, en representación de nombre reservado, cédula de Identidad N° RUT reservado chilena, antropóloga, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR; HOSPITAL DE PITRUFQUÉN y la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.

Expresa en síntesis que, el presente recurso de protección se presenta en favor nombre reservado, en su calidad de inculpada en los sumarios administrativos ordenados instruir por Resolución Exenta N° 14539 de fecha 05.09.2023 y Resolución Exenta N° 621 de fecha 03.01.2024, ambos ordenados por la Dirección del Hospital de Pitrufquén, y acumulados por Resolución Exenta N° 7149 de fecha 16.04.2024 de la misma autoridad. En abril de 2024, nombre reservado fue suspendida de sus funciones, y posteriormente, se le formulan cargos, notificándola con fecha 24 de julio de 2024. Presentó sus descargos oportunamente en agosto de 2024, se rindió prueba testimonial en septiembre de 2024. No hubo más noticias respecto a dichos sumarios, hasta que, en enero de 2025 nombre reservado recibe una remuneración muy inferior a la que le correspondía, consultó por mail al funcionario de la Unidad de gestión de personas del Hospital de Pitrufquén, sin obtener respuesta, reiteró la inquietud, siendo informada por esa vía que existía un resolución del Servicio de Salud respectivo, que disponía su destitución, manteniendo medida preventiva de suspensión y privación del 50% de su remuneración.

La recurrente no tuvo conocimiento oportuno de la resolución en virtud de la cual se le sanciona con la medida de destitución, ni ha recibido tal notificación hasta la fecha, como se explicará, y por tanto, no pudo deducir oportunamente recurso de reposición, más aún cuando se mantienen cargos respecto de ella, que acreditó de los antecedentes acompañados en sus descargos y etapa probatoria no haber incurrido en la conducta inculpada, y se ponderan hechos no acreditados, en su contra, todo lo cual, conduce a la máxima medida disciplinaria, la que no fue notificada a los correos electrónicos informados como forma de notificación en los descargos. Así las cosas, se certificó el hecho de no haber presentado recursos en contra de dicha resolución destitutoria y el Director Servicio de Salud Araucanía Sur, frente a ese hecho mantuvo la medida, la cual sí le fue notificada a nombre reservado personalmente en su nuevo domicilio domicilio reservado.

Ante el actuar ilegal del Hospital de Pitrufquén y del Servicio de Salud Araucanía Sur, con fecha 14.02.25 se presentó una reclamación ante Contraloría General de la República, conociendo y resolviendo la Contraloría Regional de la Araucanía, ente administrativo que pudo haber subsanado las situaciones vulneratorias contra nombre reservado y las ilegalidades expuestas; sin embargo, se limitó a rechazar el reclamo de ilegalidad, notificando a esta defensa con fecha 03.07.2025, fecha a partir de la cual se contabiliza el plazo de 30 días para presentar el presente recurso de protección contra el Hospital que instruyó el Sumario Administrativo, dependiente del Servicio de Salud Araucanía Sur, que también incurrió en las irregularidades que se expondrán y contra la Contraloría Regional de la Araucanía porque teniendo las facultades para corregir los vicios de procedimiento que han afectado el fondo del asunto -y que, en definitiva, conllevan a aplicar la máxima medida disciplinaria a mí representada, esto es la medida de destitución-, no lo ha hecho, rechazando la reclamación que fue interpuesta oportunamente por esta defensa.

Detalles de los acontecimientos:

1. Mediante Resolución Exenta N° 14.539 de fecha 05.09.2023 de la Dirección del Hospital de Pitrufquén, que instruye sumario administrativo con el objeto de establecer responsabilidad administrativa en los hechos denunciados con fecha 21.08.2023, y que dicen relación con accesos indebidos a historial clínico electrónico de funcionarios denunciantes. Designa como Fiscal al funcionario nombre reservado, médico del Hospital de Pitrufquén. Esta investigación no tuvo ninguna gestión ni diligencia, manteniéndose abandonado durante más de 6 meses, hasta su acumulación en abril de 2024. nombre reservado recién es abril toma conocimiento que existe esta investigación en su contra.

2. Por Resolución Exenta N° 621 de fecha 03.01.2024, del Director del Hospital de Pitrufquén; se ordena instruir sumario administrativo para indagar existencia de responsabilidad administrativa en consideración de las denuncias de maltrato laboral de nombre reservado y D. nombre reservado en contra de D. nombre reservado, todas funcionarias del Hospital de Pitrufquén. Se designa como fiscal a doña Patricia Urzúa Gacitúa.

3. A través de la Resolución Exenta N° 7.149 de fecha 16.04.2024 de la Dirección del Hospital de Pitrufquén que dispone la acumulación de los dos sumarios administrativos referidos, a petición de doña Patricia Urzúa al Director del Hospital de Pitrufquén, quien queda como fiscal instructora de ambos.

4. Con fecha 26.04.2024, se notifica Resolución Interna N° 3 de la fiscal Patricia Urzúa que suspende preventivamente de funciones a nombre reservado.

5. Con fecha 06.05.2024, esta defensa deduce recurso de Nulidad y Reposición contra la Resolución Interna N° 3 de la Fiscal, hecho que consta en el expediente de sumario, a folio 1183 y siguientes del expediente, lo que fue desechado por la Fiscal mediante Resolución Interna N° 4 de fecha 09.05.2024. Cabe hacer presente que esta medida fue adoptada durante la misma semana en que nombre reservado fue citada a declarar en juicio de tutela laboral de otra funcionaria del mismo establecimiento, ofrecida como testigo por esta última.

En esta primera presentación de defensa, se acompañó entre otras cosas, mandato judicial y se solicitó como forma de notificación, correos electrónicos al siguiente tenor:

“por este acto, vengo en informar como forma de notificación, los correos electrónicos correo reservado y correo reservado, en forma conjunta”.

Con fecha 07 de mayo de 2024, la Fiscal a cargo acusó recibo. Esta actuación forma parte integrante del expedienta sumarial, como consta a folio 1185, en el sexto otrosí de la respectiva presentación, en relación con folio 1199; a folio 1225 la Fiscal provee al sexto otrosí “téngase presente”, e incluso a folio 1226 ordena notificar la Resolución interna en cuestión a ambos correos indicados.

6. Con fecha 24.07.2024 se notifica formulación de 7 cargos a nombre reservado, este documento fue remitido tanto al correo electrónico de nombre reservado como al mío en su defensa y representación, plasmados en once páginas.

A continuación, reproduce las supuestas infracciones funcionarias, contenidas en los cargos formulados.

7. Cabe hacer presente que se solicitó copia digital del expediente administrativo, se negó en ese formato y sólo se entregó copia material, constituyendo un expediente de casi dos mil páginas.

Se solicitó y concedió el aumento de plazo de cinco días.

8. Con fecha 07.08.2024 se presenta escrito a la Fiscal del Sumario, vía correo electrónico, solicitando en lo principal que se declare el decaimiento del proceso administrativo, por haber excedido ambos sumarios el plazo de 6 meses desde su instrucción hasta la formulación de cargos, además, el primero de estos sumarios estuvo “abandonado” por más de 6 meses; en subsidio se solicita nulidad en la formulación de cargos en atención a la extralimitación de facultades que se denuncia respecto de la fiscal sumariante; en subsidio, se formulan los descargos; se acompañan documentos, y se solicitó abrir un término probatorio a fin de rendir prueba testimonial.

9. Mediante correo electrónico de fecha 30.08.2024, se notifica Resolución Interna N° 9/2024, resolviendo los recursos de Decaimiento y Nulidad deducidos por esta defensa en escrito de formulación de cargos, los cuales fueron desechados; se tuvieron por contestados los cargos, y se abrió un término probatorio a solicitud de esta defensa, entre los días 02 y 06 de septiembre, en el cual se solicitó la declaración de dos funcionarias y se acompañó documentación que justificaba la asistencia a trabajar de todos los días de marcajes cuestionados.

10. Posterior a este evento, no se tuvieron antecedentes del sumario administrativo.

11. De otra parte, el día viernes 17 de enero de 2025, nombre reservado me contacta y me comenta que se había cambiado de casa hace unas semanas, a fines de 2024, y que con el cambio de casa no había tenido oportunidad de comentarme. Le indico la importancia de cambiar el domicilio en las distintas instituciones donde tenía registrado el anterior domicilio (Lagos 115, Temuco), así como de informar a su empleador, e inclusive, de informar a la Fiscal del Sumario en cuestión, pese a que en ese momento no habíamos tenido ninguna noticia del Sumario Administrativo – la última comunicación con la Fiscal del sumario, doña Patricia Urzúa, fue precisamente mediante correo electrónico, con fecha 06 de septiembre de 2024, a propósito de la rendición de prueba que solicitamos en los descargos de nombre reservado-.

Así las cosas, ese mismo día, con fecha viernes 17 de enero de 2025 envié un mail a doña Patricia Urzúa, durante la tarde, acompañando un escrito que da cuenta del nuevo domicilio, quien el día [cuenta reservada] me responde: “Acuso recibo. Sin embargo hago presente que mi rol de fiscal término en el mes de septiembre de 2024, al momento de emitir dictamen y entregar el sumario a la autoridad con facultad disciplinaria. Por ello reenviaré su correo a la jefa de personal de la Dirección de SSAS, D. nombre reservado, quien cumple el rol de ministro de fe del Servicio, para que lo considere para futuras notificaciones”.

Por su lado, nombre reservado, el día lunes 20.01.2025, envía mail a la funcionaria nombre reservado, de la Unidad de Personal del Hospital de Pitrufquén indicando: “Estimada, Junto con saludar y esperando que sea un buen inicio de año, solicitó cambio de domicilio en mis registros de datos personales. En el mes de diciembre del 2024, cambié mi domicilio y por motivos de lo implica un traslado no había podido comunicar esta situación antes.

Dirección domicilio reservado. Que esté muy bien”

12. Posteriormente, con fecha 24 de enero de 2025, nombre reservado, advierte un descuento considerable en su remuneración, lo informa a FENATS Histórica Hospital de Pitrufquén, quienes, a través de sus representantes, envían un mail a don nombre reservado, en su calidad de Subdirector (S) de Gestión y Desarrollo de las Personas del Hospital Pitrufquén, realizando la consulta, a fin de obtener información, al siguiente tenor:

“Esperando que se encuentre muy bien, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar información respecto a la falta de pago de las remuneraciones de la profesional nombre reservado, quien no ha recibido el depósito correspondiente durante este mes de enero 2025.

Cabe destacar que la profesional se encuentra suspendida de sus funciones. Asimismo, es importante señalar que ella informó, mediante correo electrónico, un cambio de domicilio para efectos de cualquier comunicación oficial.

En este sentido, solicitamos a usted, de manera respetuosa, que nos informe a la brevedad posible cuál ha sido el inconveniente que ha derivado en esta situación, con el objetivo de dar solución a este tema de manera oportuna.

Agradeciendo su atención y disposición, quedamos atentos a su respuesta.”

13. Que, al no obtener respuesta, reiteraron la solicitud por la misma vía, el día 31 de enero de 2025, durante la mañana.

Ese mismo día, reciben mail de respuesta del Sr. nombre reservado, que expresa lo que indica.

Este mail, fue copiado a nombre reservado y fue precisamente en ese momento que mi defendida toma conocimiento, de manera bastante irregular y abrupta, de la existencia de Resolución Exenta N° 31.302 de fecha 18 de diciembre de 2024, que de acuerdo a lo que el mismo mail señala, le aplica la medida disciplinaria de destitución.

14. Ese mismo día, 31.01.2025 durante la tarde, funcionarios del Servicio de Salud Araucanía Sur, concurren a su domicilio, ubicado en domicilio reservado, a fin de notificar personalmente la Resolución Exenta N° 2750 de fecha 30.01.2025 que confirma la medida disciplinaria de destitución a nombre reservado, y que de conformidad a la misma, establece que la funcionaria no ha ejercido el derecho a accionar de reposición.

15. La funcionaria, a la fecha, agosto de 2025, aún no ha recibido efectivamente la aludida Resolución Exenta N° 31.302 de fecha 18 de diciembre de 2024, ni ha tomado conocimiento de su contenido íntegro.

16. El considerando 12 de la Resolución Exenta N° 2750 de fecha 30.01.2025, estipula “Que, conforme lo señalado en el considerando precedente, con fecha 18.12.2024 se dictó por esta Dirección de Servicio la Resolución Exenta N° 31.302, que dispuso aplicar a la funcionaria D. nombre reservado la medida disciplinaria de Destitución, […]

Además, se resolvió mantener la medida preventiva de Suspensión con privación del 50% de la remuneración, conforme al inciso final del artículo 136 del Estatuto Administrativo”

17. Luego, de acuerdo a los considerandos 13 y 14, se indica que funcionarios notificadores del SSAS acudieron al domicilio de la funcionaria D. nombre reservado, ubicado en domicilio reservado, los días 03.01.2025 a las 09:45hrs y 06.01.2025 a las 15:05 hrs, a fin de proceder con la notificación personal de la resolución señalada, “pero realizados varios llamados a viva voz y tocando en varias oportunidades el portón del inmueble, no hubo respuesta, lo que se certificó por los funcionarios”, en ambas oportunidades.

18. En considerando 15 de la Resolución Exenta N° 2750 de 30.01.25, se agrega que, por Reservado N° 3 de fecha 07.01.2025, de la jefatura de Personal del SSAS dirigido a D. nombre reservado, se remite y comunica Resolución Exenta N° 31.302 de la DSSA, disponiendo su destitución. En considerando 16, añade que, “con fecha 09.01.2025 se remite desde la Oficina de Partes del SSAS a la Oficina de Correos de Chile 5 documentos, a efecto de que se notifiquen a sus destinatarios por medio de Carta Certificada, dentro de los que se incluye el Reservado referido en el considerando precedente, señalando como destinatario a d. nombre reservado y como dirección de destino Lagos N° 115, comuna de Temuco, bajo el código N° 1180030683141. Lo anterior, consta en Nómina N° 5 de la Oficina de Partes de la DSSAS dirigido a Correos de Chile, de fecha de despacho y recepción 09.01.2025, código N° 41.232-5”. Lo subrayado es nuestro.

Es importante mencionar que, Al consultar en el seguimiento en línea de la página web de Correos de Chile, https://www.correos.cl/seguimiento-en-linea#0 con el código que se indica en la resolución, esto es, código N° 1180030683141, se observa claramente que la correspondencia después de haber salido a “Reparto” el día 10.01.2025, fue devuelta a Correos, CON FECHA 14.02.2025 FUE DEVUELTA Y ENTREGADA AL REMITENTE POR HABER CUMPLIDO EL PLAZO DE PERMANENCIA, por lo que, esta notificación por carta certificada, jamás ha llegado a nombre reservado ni a esta defensa. Se pega pantallazo de la información proporcionada por Correos de Chile en seguimiento en línea.

19. En la misma Resolución Exenta N° 2750 de fecha 30.01.2025, es sus considerandos 17 y 18 indica: “17. Que, con fecha 17.01.2025 la abogada de D. nombre reservado remite correo electrónico a ex fiscal administrativa, solicitando tener presente cambio de domicilio de su representada a domicilio reservado. 18. Que, con fecha 20.01.2025 D. nombre reservado remite correo electrónico a funcionaria de la Unidad de Personal del Hospital de Pitrufquén, solicitando cambio de domicilio domicilio reservado”.

Posteriormente, señala:

“19. Que, por correo electrónico de fecha 22.01.2025 funcionario de Oficina de Partes Hospital de Pitrufquén informa no haber recibo presentaciones de parte de D. nombre reservado.

20. Que, por correo electrónico de fecha 22.01.2025 la secretaría de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur informa no haber recibo presentaciones de parte de D. nombre reservado.

21. Que, conforme al artículo 131 del Estatuto Administrativo, las notificaciones que se realicen en los sumarios administrativos deberán hacerse personalmente, pero si el funcionario no fuera habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificara por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. Agrega la norma que los funcionarios citados a declarar deberán fijar en su primera comparecencia un domicilio dentro del radio urbano en que la fiscalía ejerza sus funciones, bajo el apercibimiento que las notificaciones se practiquen por carta certificada en el domicilio registrado por la institución, o en su defecto, en su oficina. Concluye la norma señalando que el funcionario se entenderá notificado una vez cumplidos tres días desde que la carta haya sido despachada”.

20. Que, de conformidad a la misma resolución en su considerando 22 señala: “Por lo anterior, habiendo sido notificada legalmente D. nombre reservado de la Resolución Exenta N° 31.302 de fecha 18.12.2024, sin que haya ejercido el derecho a accionar de reposición conforme al inciso primero del artículo 141 del Estatuto Administrativo, se procederá a confirmar la sanción de destitución dispuesta en la Resolución referida”.

21. En síntesis, se le aplica una presunción legal de notificación a nombre reservado, del acto administrativo que le aplica una sanción de destitución, sin que a la fecha, haya recibido efectivamente la comentada resolución, ni tenga conocimiento de su contenido.

22. Lo anterior es relevante y era imprescindible reponer de la resolución restitutoria ante el órgano o autoridad que debía conocer el fondo del asunto porque en la resolución de fecha 31.01.2015 se aprecia en sus consideraciones y resolución que, se mantienen cargos a nombre reservado por situaciones que acreditó en los descargos y documentación acompañada en la etapa probatoria no haber incurrido en la conducta que se le acusa, también porque se establecen presunciones graves respecto de nombre reservado por hechos o situaciones que no fueron fehacientemente acreditadas contra nombre reservado en el proceso, y más aún, hay supuestas infracciones que no se configuran de conformidad a lo establecido expresamente por la ley, sancionándola por conductas no tipificadas o interpretando normas administrativas en sentido amplio y en desmedro de mi defendida, respecto de quien se ha producido prácticamente un ensañamiento del aparato y herramientas administrativas disfrazadas de aparente legalidad y que, desde un principio han tenido por único objetivo destituir a nombre reservado desde el momento en que denunció al Servicio de Salud Araucanía Sur por tutela laboral, acusando acoso laboral contra dos funcionarias del Hospital de Pitrufquén y exponiendo el actuar negligente del aparato estatal, hechos que fueron acreditados y acogidos mediante sentencias de tutela laboral en causas Rol T-6-2021 y T-13-2021 del Juzgado de Letras de Pitrufquén.

23. Así las cosas, siendo notificada nombre reservado con fecha 31.01.2025 de la resolución que confirma su destitución, sin oportunidad de recurrir ordinariamente, se recurre vía administrativamente y de conformidad al artículo 160 del Estatuto Administrativo ante la Contraloría General de la República, a través del contralor regional de La Araucanía, exponiendo las vulneraciones legales y constitucionales respecto de mi defendida, con fecha 14.02.2025.

En este sentido, se presenta una solicitud de nulidad de la Notificación de la Resolución Exenta que aplica medida de destitución a nombre reservado, así como todo acto y resolución posterior a ese momento, inclusive la resolución Exenta N° 2750 de fecha 30.01.2025, disponiendo en consecuencia se notifique válida y efectivamente en el nuevo domicilio informado por la funcionaria y/o en los correos electrónicos que se ha dispuesto como forma de notificación.

En subsidio, se solicita declarar el decaimiento y/o la imposibilidad de continuar el proceso administrativo sancionador en contra de nombre reservado, consistente en dos sumarios administrativos -acumulados- en los cuales, mi representada tiene la calidad de inculpada, toda vez que, desde que se inició cada uno de los procesos administrativos, acumulados por Resolución Exenta N° 7.149 de fecha 16.04.2024 de la Dirección de Hospital de Pitrufquén, y a la fecha del acto terminal del sumario, esto es Resolución Exenta N° 2750 de fecha 30.01.2025, suscrita por el Director (s) del Servicio de Salud Araucanía Sur, que confirma la destitución contra nombre reservado, ha transcurrido un plazo muy superior a los seis meses que establece el artículo 27 de la Ley N° 19.880, en consecuencia, los sumarios administrativos y su objeto han perdido eficacia, encontrándose en la imposibilidad material de prosperar.

Finalmente, en la misma presentación se deduce reclamo de ilegalidad evidenciando las faltas graves de las cuales ha adolecido el proceso sumarial, solicitando se tomen las medidas pertinentes que allí se expresan en detalle y explícitamente.

En acto posterior y ante la misma Contraloría, se reclama el pago íntegro de la remuneraciones no efectuadas a nombre reservado en atención a la falta de notificación de la resolución exenta N° 31.302, de 2024, del SSAS, que le impuso la medida disciplinaria de destitución y que mantuvo la medida preventiva de suspensión con goce del 50% de su remuneración.

24. Con fecha 03 de julio de 2025 se notifica a esta defensa Resolución Folio E110963/2025, REF. N° E18236/2025 de fecha 02.07.2025 firmado electrónicamente por el Contralor Regional Sr. Carlos Segundo Bilbao Fuentes, el rechazo de todas las peticiones antes aludidas. Cabe destacar que, consta que las notificaciones personales de la resolución sancionatoria no se pudieron efectuar a nombre reservado y que, aún cuando reconoce que la notificación por carta certificada fue devuelta al Servicio de Salud, y en definitiva la Sra. nombre reservado no tomó conocimiento, es válida por el mero hecho de ser una “notificación legal”. Nada alude a la omisión de haberse notificado por correo electrónico pese a que fue la forma de notificación que se solicitó expresamente.

Como es de costumbre, refiere que los plazos legales no son fatales para la administración, rechazando también el decaimiento.

Respecto a la errónea ponderación de la prueba, en definitiva alude que no es de su competencia, correspondiéndole sólo apreciar infracciones al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria, y que aún, cuando se han expuesto latamente en la reclamación de ilegalidad, éstas han sido desechadas.

En definitiva, se rechazan todas las peticiones solicitadas, disolviendo la posibilidad de corregir el proceso en esa vía administrativa.

25. Luego, con fecha 11 de julio de 2025 se notifica también el rechazo del pago íntegro solicitado en atención a la resolución anterior.

Antecedentes relevantes:

Para contextualizar los sumarios administrativos contra nombre reservado, es necesario precisar que ella desde el año 2020 sufrió acoso laboral de parte de la funcionaria nombre reservado y otra funcionaria, presentó MALS con fecha 01.12.2020, acto seguido, se inicia un sumario administrativo por otras circunstancias al presente procedimiento, en su contra, respecto del cual se ha deducido el Recurso de Protección Rol 7376-2024 ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, cuya vista de la causa se vió el día 28.07.2025 y cuya sentencia a la fecha de esta presentación se encuentra en acuerdo.

Posteriormente ella denuncia el acoso mediante tutela laboral, la que fue acogida. El Servicio de Salud denunciado no acató las medidas de la sentencia, por lo que, nombre reservado debió iniciar una segunda denuncia por tutela laboral, acreditándose el acoso en ambas oportunidades (RIT T-6-2021 y T-13-2021, ambos del juzgado de Letras de Pitrufquén). En virtud de esta última resolución, se estableció que nombre reservado, quien se encontraba alejada de sus funciones, se reincorporara a trabajar, al mismo cargo, funciones y condiciones que tenía previamente y se establece un “Plan de Reintegro” en julio de 2023, el que lamentablemente no se cumplió a cabalidad y es en esas circunstancias, que nombre reservado ha tenido diferencias con otros funcionarios.

Entre las medidas de dicho Plan, se estableció que su jefatura directa, nombre reservado, no podía ejercer la jefatura respecto de nombre reservado, por el antecedente de acoso laboral, así las cosas, hubo bastantes dificultades para establecer quien ejercería dicha jefatura, nombrándose finalmente a la jefa de admisión para ejercer su jefatura, siendo a la fecha de incorporación de nombre reservado, doña nombre reservado.

Así las cosas, a folio 102 del expediente administrativo consta un mail de fecha 06.07.2023, don nombre reservado, supuestamente dirigido a “Karina y nombre reservado”, sin embargo, en dicho mail no figura el mail de nombre reservado, pero sí el de nombre reservado, en virtud del cual se convoca a reunión para tratar el reintegro de nombre reservado.

Con fecha 06.07.2023 se dicta resolución exenta N° 11084 que designa como jefatura directa de nombre reservado a “Jefa de Admisión” del Hospital de Pitrufquén, sin nombre ni apellido de la funcionaria en cuestión.

Con fecha 23.08.2023, es decir – con posterioridad-, mediante Resolución Exenta N° 13.494, se aprueba encomendación de funciones como “Jefe Subrogante de Admisión del Hospital de Pitrufquén a la profesional nombre reservado, profesional a contrata grado 16°, entre sus funciones no se deja expresamente establecido que debe ejercer jefatura respecto de nombre reservado o respecto del cargo que nombre reservado detentaba. Esto es relevante, pues, al ser una resolución posterior a la anteriormente referida, pudo contemplarlo expresamente y no se hizo.

nombre reservado en distintas oportunidades ha representado a las autoridades del Hospital de Pitrufquén la inconveniencia que la Srta. nombre reservado ejerza su jefatura en atención a que, tiene grado de jerarquía menor al de ella y se encuentra “subrogando”, cuestión que ha sido interpretada como un acoso laboral de nombre reservado hacia nombre reservado.

Al respecto, la fiscal a cargo, hizo la consulta respectiva a otra funcionaria del Servicio de Salud para esclarecer si ello era procedente o no, invocándose un dictamen que lo permitiría, en vez de hacer la consulta al caso concreto, directamente a esta Contraloría.

A mayor abundamiento, a fin de no redundar respecto de los antecedentes, a folio 598 consta Circular 0028 de fecha 18.05.2021 suscrita por el Director del Servicio de Salud Araucanía Sur de ese entonces, instruyendo en materia de personas, cómo y en qué casos proveer los cargos de reemplazo, agregando que el cargo de vacante debe ser provistos con el mismo grado de la vacante, cuestión que en los hechos no ha ocurrido.

Por otra parte, en el proceso de reintegro, a nombre reservado se le quitaron facultades que son inherentes a su cargo y dificultan el ejercicio del mismo.

Más aun, previo a la reincorporación de funciones de nombre reservado, en julio de 2023 se generó una reunión de funcionarios, con el único objeto de advertir la llegada de nombre reservado, provocar un prejuicio desmedido en su contra y polarizar el ambiente laboral entre las denunciadas previamente y nombre reservado, lo que evidenció una mala predisposición generalizada en su retorno, ello consta en el expediente sumarial.

En suma, habiendo recurrido ante la Contraloría General de la Republica de conformidad al artículo 160 del Estatuto Administrativo, cuya resolución de fecha 02.07.2025 que rechazó reclamo de ilegalidad mediante su contralor regional, lo que fue notificado vía correo electrónico con fecha 03 de julio de 2025, se deduce el presente recurso de protección, dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados a partir de dicha notificación, contra los órganos que han incurrido en las vulneraciones de derechos que se expondrán como contra el órgano que ha tenido la atribución y oportunidad de subsanar los errores, ilegalidad y vulneraciones denunciadas y no lo ha hecho.

A continuación, en relación con el acto ilegal y arbitrario, desarrolla en extenso, los vicios que afectaría a su juicio el procedimiento, conforme a los siguientes puntos:

1. NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 31.302 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2024.

2. IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO (DECAIMIENTO)

3. OTRAS VULNERACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

A. DEMORA EXCESIVA E INJUSTIFICADA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y EN LA “SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE FUNCIONES”.

B. APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE FUNCIONES BAJO ESTÁNDARES Y CRITERIOS NO EXIGIDOS NI SUGERIDOS POR EL ESTATUTO ADMINISTRATIVO.

C. DESVIACIÓN DE PODER Y EXTRALIMITACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCAL DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO.

D. nombre reservado PARA MANTENER LOS CARGOS FORMULADOS.

E. ERRÓNEA PONDERACIÓN DE LA PRUEBA.

F. ERRÓNEA PONDERACIÓN DE AGRAVANTES Y ATENUANTES.

A continuación, expone las garantías que a su juicio se verían vulneradas, en los siguientes términos:

En primer lugar, es necesario precisar que, la circunstancia que mi defendida ha tenido oportunidad de formular sus descargos, rendir prueba y recurrir de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, no implica que su derecho fundamental de integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, al debido proceso y a la propiedad no hayan sido vulnerados.

Tal como se ha explicado a través de los antecedentes expuestos y reiterados, en el proceso administrativo sancionador en contra de doña nombre reservado se han infringido una serie de normas, y principios, que como se ha vuelto costumbre en derecho administrativo, se ha flexibilizado en la interpretación de aquellas normas legales expresas, especialmente aquellas que se refieren a los plazos que la administración debe cumplir y por otra parte creando o interpretando normas que no están establecidas expresamente, en un sentido desfavorable para mi defendida.

Todo lo anterior se traduce en la infracción de garantías constitucionales, principios y normas legales de nuestro ordenamiento jurídico contra la recurrente y que a continuación se especifican:

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

Sin duda, todos los hechos expuestos precedentemente, han afectado la salud de mi defendida, especialmente su integridad psíquica. La circunstancia de estar sometida a un proceso administrativo, y más aún, que se le suspenda de sus funciones por largo periodo y aplique después de nueve meses de dicha medida, la destitución, en la forma injusta que se ha expuesto, vulnera su dignidad como profesional y como persona, quien se ha visto constantemente cuestionada y acusada. Apartada de su vida laboral con una hoja de vida funcionaria manchada.

2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo de privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

La dilación excesiva del presente proceso administrativo sancionatorio, más allá de los plazos que establece la ley de 6 meses constituye una evidente vulneración de la igualdad ante la ley de nombre reservado. Tal como se ha evidenciado.

Reitero que sólo la suspensión de nombre reservado se prolongó más allá de nueve meses, hasta aplicársele injustamente la destitución.

Esta vulneración también se ha evidenciado en la circunstancia de acumularse dos sumarios y extender los cargos más allá de lo que las resoluciones instruyeron investigar, de modo que este sin fin de cargos y extralimitación de funciones de la fiscal Sra. Urzúa, ha generado que nombre reservado en el plazo de 10 días que pudo hacerse cargo de 1 o 2 cargos, debió hacerlo por 7 extensos cargos plasmados en once páginas, además de tener que estudiar un expediente de casi dos mil páginas para formular sus descargos. Al revisar los cargos es posible evidenciar un sesgo y ensañamiento de máximo rigor en su conducta funcionaria que probablemente no se ha ejercido respecto de otro funcionario del mismo establecimiento. Esto evidencia una falta de imparcialidad absoluta en su investigación, dirigida desde un inicio en lograr su destitución como se ha explicado.

Además, la circunstancia que, no se hayan investigado los hechos denunciados por nombre reservado en contra de la funcionaria nombre reservado y sí se haya acogido la denuncia de esta última, en contra de nombre reservado, por parte del Director del Hospital de Pitrufquén, por los mismo hechos o circunstancias, relatados por cada una desde su perspectiva, y más aún que se haya sancionado a nombre reservado por Maltrato Laboral, sin prueba fehaciente, es sin duda, una infracción evidente a su igualdad ante la Ley.

3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

(inciso 5°) Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Tal como se ha expuesto latamente, también se vislumbra vulnerado este derecho, respecto de nombre reservado, especialmente, en las constantes extralimitación de facultades de la Fiscal a cargo del sumario durante la investigación, así como de la intromisión del Director del hospital y de una funcionaria denunciante contra nombre reservado, mientras el sumario debía mantenerse en reserva, al momento de determinar su suspensión funcionaria.

(inciso 6°) Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

El debido proceso se ha vulnerado de manera grave y reiterada en el proceso administrativo llevado a cabo contra nombre reservado, el que se ha ido manifestando y evidenciando tanto en los hechos como en el derecho expuesto del presente recurso.

Sin duda, uno de los hechos más palmarios de esta falta al debido proceso, es la falta de notificación efectiva y eficiente de la resolución que le aplicaba medida disciplinaria de destitución en los términos latamente expuestos la ha privado de una legítima defensión de nombre reservado, pues la falta de notificación expuesta y cuya presunción legal aplicada al tercer día de emitir vía Correo de Chile, ha sido desvirtuada al acreditarse que nombre reservado recibió esa notificación, por el contrario, la carta fue devuelta al Servicio de Salud remitente. Tampoco se le envió un correo electrónico a ella o a mí en calidad de su abogad, pese a que fue el medio que se informó para recibir notificaciones relativas al proceso administrativo en cuestión, y que sin duda, resultaba ser más eficiente.

Lo que ha privado, sin duda, a mi defendida, de presentar oportunamente el recurso de reposición, más aún, advirtiendo de acuerdo a lo que se expone en esta presentación que no se ha hecho una adecuada valoración de la prueba, hay conductas que fundamentan cargos sin configurar la falta funcionaria que se imputa, e inclusive, se pueden aportar nuevos antecedentes probatorios que permitan desvirtuar los cargos que se han mantenido y en definitiva, han aplicado una sanción de destitución; siendo aquella la etapa procesal para discutir el fondo del asunto y no la Contraloría ni ésta.

24°.- Derecho de Propiedad, evidentemente, se ha vulnerado este derecho en el caso de nombre reservado, toda vez que, como se ha mencionado precedentemente, la resolución que se denuncia no haber sido NO NOTIFICADA, dedujo la remuneración de la funcionaria en un 50%, mientras se confirmaba la resolución. Así las cosas, nombre reservado durante enero del presente año recibió la mitad de su remuneración sin justificación alguna y de acuerdo a la resolución que confirma medida disciplinaria de destitución, notificada a nombre reservado con fecha 31.01.2025, y desde febrero a la fecha no ha recibido remuneración alguna por encontrarse “destituída”.

nombre reservado DE RACIONALIDAD Y PROPORCIONALIDAD:

Teniendo presente que la destitución es la medida disciplinaria más severa en materia de responsabilidad administrativa y que conforme lo indica el mismo artículo 125 de la Ley 18.834 en el caso de grave infracción del principio de probidad la única sanción aplicable es precisamente ésta, esto ha sido modificado por la Excelentísima Corte Suprema señalando que el ejercicio del control judicial de esta potestad sancionadora, la misma está sujeta a control de razonabilidad y del principio de proporcionalidad por parte de los tribunales de justicia.

La Corte Suprema ha resuelto en forma unánime que la administración activa se encuentra obligada o tiene el deber de ponderar la gravedad de la conducta no solo en sí misma, sino también en cuanto debe ponderar otros factores que mitigan, eximan o excluyan la responsabilidad, siempre en perfecta armonía de la gravedad de los hechos y de sus “circunstancias concomitantes”.

Tal como se ha expuesto en este caso, la medida de destitución, incluso la “suspensión de funciones” no ha sido acorde a la racionalidad y proporcionalidad, ni se ha considerado ningún atenuante por parte de nombre reservado, más aún, se expresa que ha mentido al respecto, aseveración injuriosa cuando en los mismo antecedentes del expediente sumarial constan sus atenuantes.

A mayor abundamiento, basta ver la extensión de sumario administrativo (casi dos mil páginas) y los siete cargos formulados en once páginas, para deducir, que el rigor es máximo, el objetivo es la destitución desde el momento en que se instruyó el sumario y no se evidencia ninguna racionalidad ni proporcionalidad que conlleve a la más grave de las sanciones administrativas, la destitución.

Conforme a lo expuesto, solicita acoger el recurso y declarar lo siguiente:

1) Se declare la nulidad de la Notificación de la Resolución Exenta N° 31.302 de fecha 18 de diciembre de 2024, que aplica medida de destitución a nombre reservado, así como todo acto y resolución posterior a ese momento, inclusive la resolución Exenta N° 2750 de fecha 30.01.2025, -notificada con fecha 31.01.2025-, disponiendo en consecuencia, se notifique válida y efectivamente en el nuevo domicilio informado por la funcionaria y/o en los correos electrónicos que se han dispuesto como forma de notificación, me manera conjunta, estos son: correo reservado y correo reservado

2) En subsidio, se declare el decaimiento y/o la imposibilidad de continuar el presente proceso administrativo sancionador en contra de nombre reservado, consistente en dos sumarios administrativos -acumulados- en los cuales, mi representada tiene la calidad de inculpada, de conformidad a lo ya expuesto, toda vez que, desde que se inició cada uno de los procesos administrativos, acumulados por Resolución Exenta N° 7.149 de fecha 16.04.2024 de la Dirección de Hospital de Pitrufquén, y a la fecha del acto terminal del sumario, esto es Resolución Exenta N° 2750 de fecha 30.01.2025, suscrita por el Director (s) del Servicio de Salud Araucanía Sur, que confirma la destitución contra nombre reservado, ha transcurrido un plazo muy superior a los seis meses que establece el artículo 27 de la Ley N° 19.880, en consecuencia, han perdido eficacia los sumarios administrativos, encontrándose en la imposibilidad material de prosperar.

3) En subsidio, se declarare que se configuran las graves faltas del proceso que se exponen, declarando la nulidad del procedimiento administrativo por vulnerarse los principios indicados, esto es, de legalidad, juridicidad, vulneración a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, al debido proceso, el derecho a defensa y el derecho de propiedad de nombre reservado e incluso el de indemnidad laboral;

4) En subsidio, de aquello, dejar sin efecto todo lo obrado hasta antes de la formulación de cargos, declarando que la Fiscal ha extralimitado sus facultades, incurriendo en una “desviación de poder”, debiendo formular cargos conforme a la resolución que ha instruido el respectivo sumario administrativo; y en subsidio de lo anterior, retrotraer el sumario administrativo al momento de tener que notificar a la inculpada de la resolución que le aplica sanción o absuelve, manteniendo los plazos legales que la ley ha dispuesto para deducir en definitiva, el recurso de reposición.

5) Todo lo anterior, sin perjuicio de otras medidas de protección que US., Iltma., estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, 6) con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso, los siguientes documentos:

1) Resolución de Contraloría General de la República, Folio E 110963/2025, REF N° E 18236/2025 de fecha 02.07.2025 que rechaza reclamo de ilegalidad .

2) Correo electrónico de fecha 03.07.2025, en virtud del cual se notifica la resolución precedente.

3) Resolución Exenta N°2750 de fecha 30 de enero de 2025, suscrita por don nombre reservado en calidad de Director (S) del Servicio de Salud Araucanía Sur, en virtud de la cual se confirma la medida disciplinaria de destitución.

4) Pantallazo de mail en virtud del cual se informa formulación de cargos por la fiscal a los mail indicados para efectos de notificación, sin perjuicio de haber remitido notificación por carta certificada.

5) Pantallazo de seguimiento en línea de la página web de Correos de Chile, https://www.correos.cl/seguimiento-en-linea#0 con el código que se indica en la resolución, esto es, N° 1180030683141, observando claramente que la correspondencia después de haber salido a “Reparto” el día 10.01.2025, fue devuelta a Correos, y luego, con fecha 14.02.2025 se entregó a su REMITENTE, por lo que, esta notificación por carta certificada, efectivamente, no ha sido notificada a nombre reservado ni a esta abogada, hasta la fecha.

6) Cadena de correos electrónicos entre FENATS y nombre reservado, copiados a nombre reservado, en virtud de los cuales se consulta por su remuneración incompleta en el mes de Enero de 2025 7) Copia de Resolución Exenta N° 6/2024 de fecha 11.07.2024 que contiene la formulación de cargos contra nombre reservado (notificada 24.07.2024)

8) Copia de Formulación de descargos presentados con fecha 07.08.2024, donde se contextualiza además, las circunstancias del presente sumario administrativo.

9) MANDATO JUDICIAL A folio 13, evacúa informe la recurrida CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, expresando, en síntesis, lo siguiente:

Que, con fecha 2 de julio de 2025, esta Contraloría Regional emitió el oficio N° E110963, de 2025, desestimando el reclamo presentado por la interesada, atendiendo cada una de las alegaciones planteadas.

En ese contexto, el recurso de protección en cuestión se interpone, en lo que respecta a esta Contraloría Regional, por haber emitido el precitado oficio N° E110963, de 2025, que rechazó el reclamo presentado por la recurrente, ya que, a su juicio, ello constituiría un acto arbitrario e ilegal que vulneraría la garantía fundamental contemplada en los numerales 1, 2, 3, inciso 5°, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por tal razón, la recurrente solicita a V.S. Iltma. como petición concreta de su acción, acogerla y:

1. Declarar la nulidad de la notificación de la resolución exenta N° 31.302, de 2024, que aplica la destitución a doña nombre reservado, junto con todos los actos posteriores, incluyendo la resolución exenta N° 2750, de 2025. Se pide que la notificación se realice válidamente en el nuevo domicilio informado y/o en los correos electrónicos: correo reservado y correo reservado

2. En subsidio, se solicita declarar el decaimiento del proceso administrativo sancionador, por haber transcurrido un plazo superior a seis meses desde el inicio de los sumarios acumulados.

3. En subsidio, se pide declarar la nulidad del procedimiento administrativo por graves faltas, incluyendo vulneración de principios como: legalidad, juridicidad, integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso, derecho a defensa, y el derecho de propiedad e indemnidad laboral.

4. En subsidio, se solicita dejar sin efecto todo lo obrado antes de la formulación de cargos, por extralimitación de facultades de la fiscal, configurando una “desviación de poder”.

5. En subsidio, se pide retrotraer el sumario administrativo al momento de notificación de la resolución sancionadora o absolutoria, respetando los plazos legales para interponer el recurso de reposición.

II. nombre reservado de legitimación pasiva de esta Entidad de Control 1.- En razón del acto que supuestamente produce agravio a la recurrente Si bien la actora recurre, en lo que respecta a esta Contraloría Regional, en contra del oficio N° E110963, de 2025, que desestimó su reclamo de ilegalidad en contra de la medida disciplinaria de destitución que le fue impuesta por el Servicio de Salud Araucanía Sur y, en general, contra actuaciones libradas en el referido procedimiento disciplinario, lo cierto es que lo verdaderamente impugnado son las resoluciones exentas N° 31.302 y 2.750, ambas de 2025, que emanaron de aquel servicio.

En efecto, fue el Servicio de Salud Araucanía Sur y no esta Sede Regional de Control, el órgano que tramitó el sumario y tomó la determinación de destituir a la señora nombre reservado, limitándose el oficio N° E110963, de 2025, a resolver el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 160, del Estatuto Administrativo, a requerimiento de la propia recurrente, rechazándolo.

Confirma lo manifestado, respecto a la falta de legitimidad pasiva de esta Entidad de Control, el contenido del petitorio de la acción interpuesta, en donde no hay alusión alguna al mencionado oficio N° E110963, de 2025, de este origen, a diferencia de las resoluciones exentas N° 31.302 y 2.750, ambas de 2025, dictadas por el Servicio de Salud Araucanía Sur, las cuales son expresamente citadas e impugnadas.

De esta manera, lo que pretende la actora mediante la presente acción cautelar, es que esa Iltma. Corte de Apelaciones deje sin efecto la destitución que le fue impuesta en el sumario administrativo resuelto por el referido servicio, revisando un procedimiento disciplinario afinado.

Así las cosas, el presente recurso de protección en ningún caso debió dirigirse contra este Órgano de Control, por lo que se solicita a este Iltmo. Tribunal desestime la acción cautelar de autos, por falta de legitimación pasiva de la acción respecto de esta Contraloría Regional de La Araucanía.

2.- En cuanto a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 19.880 Conviene tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 19.880, interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.

Agrega ese precepto, en su inciso segundo, que, planteada una reclamación ante la Administración, se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, y que el término volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del mismo.

Al respecto, cabe anotar que, en la especie, la actora presentó ante este Órgano Fiscalizador el reclamo contemplado en el artículo 160 de la ley N° 18.884, en contra del sumario administrativo de autos, siendo desestimado por el oficio N° E110963, de 2025, de esta Contraloría Regional de La Araucanía.

En consecuencia, agotada la vía administrativa con la notificación del aludido oficio N° E110963, de 2025, de este origen, que desestimó la reclamación intentada, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 54, inciso segundo, de la ley N° 19.880, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, no en contra de este Órgano Contralor, sino contra del Servicio de Salud Araucanía Sur -lo que la actora hizo, recurriendo en autos contra el citado servicio- por lo que el presente arbitrio no debió dirigirse en contra de esta Entidad de Control.

3.- En razón de las peticiones contenidas en el recurso Sobre el particular, y de acuerdo con el tenor de las peticiones concretas del recurso ya citadas, lo pretendido por la recurrente mediante la interposición de este arbitrio es que se declare la nulidad de la notificación de la resolución exenta N° 31.302, de 2024, así como todo acto y resolución posterior a ese momento; se declare el decaimiento y/o la imposibilidad de continuar el procedimiento administrativo en atención al tiempo transcurrido; se declare la nulidad del procedimiento administrativo por las razones que invoca; o se deje sin efecto todo lo obrado hasta antes de la formulación de cargos en el aludido procedimiento disciplinario.

De la sola lectura de las peticiones concretas, se advierte que ellas no son susceptibles de ser cumplidas por esta Entidad de Control.

En este contexto, conviene precisar que esta Sede Regional a través del oficio N° E110963, de 2025, únicamente resolvió el reclamo de ilegalidad presentado por la recurrente, por lo que dejar sin efecto tal oficio, sería inocuo a su pretensión que no es otra que se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución que le fue impuesta por el Servicio de Salud Araucanía Sur, o bien se retrotraiga el proceso a la etapa de formulación de cargos.

En consecuencia, resulta manifiesto que las peticiones formuladas en el recurso en ningún caso podrían ser satisfechas por esta Entidad de Control, pues la destitución de la señora nombre reservado fue dispuesta por la autoridad dotada de la potestad sancionatoria -Servicio de Salud Araucanía Sur- y dice relación con atribuciones propias de dicha autoridad.

III. Improcedencia del recurso de protección contra un sumario administrativo Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, es preciso indicar que la determinación de la responsabilidad administrativa, el análisis de los antecedentes y la ponderación de la sanción aplicable son trámites que requieren discusión y prueba, que ya se verificaron en el procedimiento disciplinario que se impugna.

La recurrente cuestiona la medida disciplinaria de destitución aplicada, aspirando a que se revise nuevamente el mérito de lo resuelto en el sumario administrativo, lo que excede con creces la naturaleza cautelar del recurso de protección y, enseguida, es evidente que pretende que se analice el criterio jurídico contenido en el oficio N° E110963, de 2 de julio de 2025, en cuya virtud esta Contraloría Regional desestimó el reclamo de ilegalidad del artículo 160 de la ley N° 18.834.

En este contexto, el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como es el caso de los sumarios administrativos, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la amplia admisibilidad de medios de prueba de que estos puedan hacer uso; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquellos pueden hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se les apliquen en los plazos que el ordenamiento jurídico establece, todo lo cual se cumplió en el caso de marras.

En efecto, esta acción constitucional no se ha creado para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de los organismos competentes, que actúan dentro del marco de sus atribuciones legales y, consecuentemente, bajo el imperio del derecho, resultando improcedente interponer este recurso en contra de las determinaciones que se adopten por los funcionarios o la superioridad correspondiente, ya que ello implicaría desconocer el procedimiento fijado por el ordenamiento jurídico para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos respectivos.

En este sentido, cabe tener presente la sentencia de la Iltma., Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictada en autos rol N° 20.566-2023, confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de marzo de 2024, que expresa: “Cuarto: Que se debe considerar, que el recurso de protección no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos, toda vez que se trata de una acción cautelar de protección y no de revisión administrativa. En este sentido, el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, por lo que resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada”.

Así también, se ha pronunciado, la Iltma. Corte de Valdivia, en sentencia dictada en causa rol N° 1.817-2023, confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 10 de enero de 2024, en autos rol N° 248.058-23, considerando sexto “Que, en realidad, el recurrente pretende que por esta vía se revise la integridad del sumario administrativo debidamente tramitado, lo que se aparta de la finalidad urgente, cautelar y no declarativa de la acción constitucional de protección. Resulta improcedente utilizar el recurso de protección para objetar el mérito de las decisiones de la autoridad cuando este no sea compartido por quien acude a estrados. Y ello es, precisamente, lo que se evidencia en el presente caso, en donde el reproche que se conduce por esta vía dice relación, más bien, con una diferencia de apreciación y no con una acción u omisión, ilegal y/o arbitraria de la recurrida.” (El destacado es nuestro).

Así, resulta evidente que el asunto recurrido no es una materia que corresponda ser dilucidada por este medio. Aceptar una tesis contraria implicaría que todo procedimiento disciplinario en que se sancione a un funcionario terminaría siendo conocido por los Tribunales Superiores de Justicia mediante la presente vía cautelar, transformando el recurso de protección en un subterfugio para llegar a estos y tener una instancia nueva de revisión en materia de sumarios administrativos.

IV. Esta Entidad de Control, en el marco de sus atribuciones, resolvió el reclamo de ilegalidad interpuesto por la actora, careciendo su actuación de ilegalidad o arbitrariedad No se advierte de qué manera la emisión del oficio N° E110963, de 2025, de esta Contraloría Regional, que resolvió el reclamo de ilegalidad, ha podido ser ilegal, toda vez que esta Entidad de Control ejerció las competencias que le han sido asignadas en virtud del artículo 160 de la ley N° 18.834, que consagra respecto de los funcionarios, el derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere ese Estatuto, facultad que le fue delegada por el Contralor General a las Contralorías Regionales mediante su resolución N° 1.002, de 2011.

De esta forma, la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo con la habilitación que la mencionada norma ha otorgado a esta Contraloría Regional, a requerimiento de la propia recurrente, por considerar que existían vicios que afectaban la legalidad del sumario incoado en su contra, y que, a cuyo término, le fue aplicada la medida disciplinaria de destitución.

Respecto de la arbitrariedad, la actuación contra la cual se recurre no constituye una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de esta Sede Regional de Control, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación analizada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un acto administrativo que fue motivado en derecho.

En efecto, con ocasión del reclamo de ilegalidad de la recurrente, esta Sede Regional de Control constató que, en el sumario administrativo instruido en su contra, en ningún caso la señora nombre reservado se le privó de un racional y justo procedimiento, no vislumbrándose, por tanto, una infracción a su derecho a defensa que ameritara ordenar corregir el acto administrativo que afinó tal proceso.

En este sentido, resulta aplicable el criterio sostenido en la sentencia rol N° 20.566-2023, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que aunque referida al reclamo de ilegalidad del artículo 156, de la ley N° 18.883, resulta extrapolable al reclamo de ilegalidad del artículo 160, de la ley N°18.834, cuyo considerando segundo expresa: “Que dicho reclamo, establecido en el artículo 156 de la Ley N 18.883 por ser de ilegalidad, sólo permite al ente contralor revisar si el proceso sancionatorio se ajustó a las normas que lo regulan, y en ese sentido, el análisis que hizo en su momento la Contraloría Regional de Valparaíso se encuentra ajustado a derecho, pues no detectó ninguna ilegalidad en la tramitación del sumario administrativo”, decisión confirmada por la Excma. Corte Suprema, a través del fallo rol N° 217.792-23, de 21 de marzo de 2024, que expresó: “Vistos y teniendo únicamente presente: Que, atendido el mérito de los antecedentes, tanto aquellos expuestos por las partes en sus respectivas presentaciones, como los que surgen del análisis de los documentos allegados a los autos, aparece de manifiesto que en el presente caso no ha existido acto ilegal o arbitrario alguno que haya importado vulneración a las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada (...)”.

Así, el hecho de que la señora nombre reservado no comparta la decisión de esta Sede Regional de Control no transforma al acto en arbitrario o ilegal.

V. De las alegaciones efectuadas por la parte recurrente Cabe relevar a US. Iltma. que a través del oficio N° E110963, de 2025, de este origen, esta Entidad de Control se pronunció respecto de las alegaciones que se reiteran con ocasión de la interposición del presente arbitrio.

1.- Sobre la nulidad de la notificación de la resolución exenta N° 31.302, de fecha 18 de diciembre de 2024, del Servicio de Salud Araucanía Sur La recurrente alega que la notificación de la resolución exenta N° 31.302 es un acto ilegal y arbitrario toda vez que fue notificada por carta certificada, pero esta fue devuelta sin ser recibida, lo que impidió que tomara conocimiento efectivo del acto y, a pesar de ello, esta Entidad de Control consideró válida la notificación, ignorando que se había solicitado expresamente el uso de correo electrónico, lo que vulneraría el debido proceso y afectando su derecho a defensa.

En este sentido, corresponde indicar que los artículos 126 y 131 de la ley Nº 18.834, establecen que las notificaciones que se realicen en las investigaciones sumarias y en los sumarios administrativos regidos por ese cuerpo estatutario, deberán hacerse personalmente y, si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia, y, en ambos casos, deberá entregarse copia íntegra de la resolución respectiva, agregándose que, en este último caso, el funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días desde que la carta haya sido despachada.

De esta manera, en el expediente sumarial consta que los días viernes 3 y lunes 6 de enero de 2025, a las 9:45 hrs. y 15:05 horas, respectivamente, los ministros de fe del Servicio de Salud Araucanía Sur se constituyeron en el domicilio ubicado en domicilio reservado -que corresponde a aquel indicado por la propia inculpada en su primera declaración-, con el fin de notificar personalmente la aludida resolución exenta N° 31.302, certificando que no se pudo materializar aquella diligencia por cuanto nadie atendió sus llamados a viva voz, ni respondió a los llamados al portón y alrededores de la casa, certificación que dio pie a la notificación por carta certificada a dicho domicilio, la que fue ingresada a Correos de Chile el día 9 de enero de 2025, entendiéndose practicada al tercer día.

Así las cosas, si bien aquella carta certificada fue posteriormente devuelta al servicio, aquello no obsta la notificación legal de aquella resolución, toda vez que la norma aplicable contiene una presunción de conocimiento por parte del afectado de la notificación del pertinente acto, la que para operar requiere de un supuesto objetivo, que es la recepción de la carta certificada en la oficina de Correos respectiva, de manera de no perjudicar la seguridad jurídica de los eventuales destinatarios de la misma, trámite que es válido aun cuando la carta sea devuelta, como ocurrió en la especie (aplica dictámenes N°s. 72.032, de 2012, y 26.215, de 2018, de este origen).

Además, consta que tanto la señora nombre reservado, como su abogada, informaron el cambio de domicilio de la sancionada al Servicio de Salud Araucanía Sur y al Hospital de Pitrufquén mediante correos electrónicos de fecha 17 y 20 de enero de 2025, respectivamente, esto es, con posterioridad, inclusive, a la fecha que se le tuvo por notificada legalmente de aquel acto administrativo.

En este orden de consideraciones, al resolver el reclamo previsto en el artículo 160 de la ley N° 18.834, interpuesto por la recurrente en contra del referido sumario administrativo, esta Contraloría Regional no advirtió irregularidad en la notificación de la resolución exenta N° 31.302 mediante carta certificada enviada al domicilio registrado en el servicio y en el sumario administrativo de la especie, toda vez que dicha actuación se efectuó con estricto apego a la normativa y jurisprudencia administrativa aplicable al caso y, como se ha señalado, correspondía a la recurrente informar oportunamente cualquier cambio de domicilio a su servicio, cuestión última que no ocurrió en el caso.

2.- Sobre la supuesta imposibilidad material de continuar el procedimiento (decaimiento)

La actora alega que el procedimiento administrativo excedió el plazo legal de seis meses sin justificación válida, lo que genera su decaimiento conforme al artículo 27 de la ley N° 19.880 y que esta Contraloría Regional desestimó esta causal, permitiendo que se mantuviera un proceso viciado por exceso de tiempo, lo que vulnera el principio de legalidad y afecta la seguridad jurídica de la funcionaria sancionada.

Al respecto, corresponde señalar que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, salvo disposición legal expresa en contrario, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y su vencimiento no implica, por sí mismo, su caducidad o invalidación, de modo que la expiración del pertinente término no impide que las actuaciones que procedan se lleven a cabo con posterioridad a ella.

En este orden de ideas, es menester considerar que el criterio para asentar el decaimiento del procedimiento administrativo no sólo se relaciona con el transcurso del tiempo, sino que el eje esencial consiste en la falta de eficacia del acto en virtud de la demora en la decisión, lo que afecta el contenido jurídico del procedimiento administrativo, determinando que producto del tiempo excesivo transcurrido, éste se torna inútil, cuestión que, evidentemente, no se configura en la especie En la especie, el periodo de trámite del sumario no tornó el acto en inútil e ilegal, ya que el término entre la dictación de la resolución exenta Nº 14.539, que lo instruyó de 5 de septiembre de 2023, y su conclusión mediante resolución exenta Nº 31.302, de 18 de diciembre de 2024, se justifica por las diligencias realizadas, los diversos cargos formulados y prueba rendida, así como en el proceso de análisis de los antecedentes recabados y de la normativa pertinente, la cual consideró dos procedimientos disciplinarios acumulados, todo lo cual resultó necesario para una oportuna conclusión del procedimiento disciplinario analizado.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema, en autos rol N° 248.524-23, de 16 de enero de 2025, señaló, en su considerando duodécimo: “Que, por consiguiente, la autoridad administrativa no ha vulnerado abiertamente los principios señalados en los considerandos anteriores, ocasionando efectos jurídicos en el procedimiento administrativo, vale decir, su imposibilidad material de continuarlo, de conformidad a lo previsto en el artículo 40 inciso segundo de la Ley Nº 19.880. En efecto, no puede considerarse en este caso que el procedimiento ha perdido su eficacia y, por lo mismo, también la sanción aplicada, al quedar vacía de contenido y sin fundamento jurídico que la legitime, pues, tal como se adelantó, no ha existido una manifiesta vulneración a los principios del derecho administrativo que se producen con la dilación indebida e injustificada de su conclusión”. (El destacado es nuestro).

En igual sentido, el fallo de la Excma. Corte Suprema, rol N° 15.031-22, de 22 de agosto de 2022, expresa en su considerando quinto “(…) En este mismo sentido, conviene puntualizar que no cualquier dilación en la dictación del respectivo acto administrativo conlleva la pérdida de eficacia del procedimiento, sino solo aquella que es excesiva e injustificada” (el destacado es nuestro).

3.- Sobre la presunta injustificada de “suspensión preventiva de funciones” y la aplicación de aquella bajo estándares o criterios no exigidos ni sugeridos por el Estatuto Administrativo La recurrente alega que la suspensión preventiva de funciones aplicada a la señora nombre reservado se extendió por más de un año sin justificación razonable, afectando la estabilidad laboral de la funcionaria y, además, alega que se aplicó esta medida bajo criterios subjetivos y no contemplados en el Estatuto Administrativo, toda vez que se solicitó autorización a la jefatura para decretarla, lo que vulneraría el principio de legalidad y el debido proceso.

Sobre el particular, en cuanto a que la fiscal instructora habría solicitado autorización al jefe del servicio para proceder con la suspensión, debe anotarse que el artículo 136 de ese cuerpo estatutario prescribe que, en el curso de un sumario administrativo, el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma institución y ciudad, al o a los inculpados como medida preventiva, añadiendo que esta última medida terminará al dictarse el sobreseimiento, que será notificado personalmente y por escrito por el actuario, o al emitirse el dictamen del fiscal, según corresponda.

Adicionalmente, debe recordarse que la suspensión preventiva obedece al ejercicio de una facultad que la normativa jurídica otorga al fiscal durante el curso de un sumario administrativo, es decir, el impedimento tiene su origen en el legítimo ejercicio de una atribución establecida en resguardo de la Administración, por lo que tal proceder no puede considerarse al margen de la legalidad vigente sobre la materia, resultando necesario señalar, además, que según la normativa tal medida es excepcional y tiene por objeto resguardar el éxito de la investigación, cuando los hechos indagados comprometen al afectado o la gravedad de los mismos lo aconsejan (aplica dictamen N° E495113, de 2024).

En este orden de ideas, el inciso cuarto del artículo 13 de la ley N° 19.880, establece que el vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado, situación que no se configura en la especie, toda vez que la supuesta solicitud de autorización al jefe del servicio para ordenar la suspensión preventiva de la inculpada no constituye un vicio esencial que afecte la validez de dicha decisión, por cuanto esta emanó directamente de la fiscal instructora conforme a la normativa aplicable y su extensión fue determinada por la propia fiscal en el marco del cumplimiento de los objetivos del sumario administrativo.

5.- Sobre la desviación de poder y extralimitación de la fiscal del sumario administrativo La actora alega que en el sumario administrativo del caso hubo desviación de poder y extralimitación de facultades por parte de la fiscal instructora, denunciando la acumulación irregular de sumarios, aplicación arbitraria de medidas disciplinarias, y formulación de cargos sobre cuestiones no contempladas en las resoluciones originales, cuestiones que habrían generado indefensión y una sanción desproporcionada, configurando una posible persecución laboral.

Ahora bien, sobre este punto corresponde señalar que de la revisión del proceso sumarial por esta Entidad de Control en el marco del reclamo presentado, fue posible advertir que tales alegaciones no son tales, toda vez que el artículo 135 de la ley N° 18.834, en lo que interesa, otorga amplias facultades al fiscal para realizar la investigación, de lo que se colige la libertad para dirigir las indagaciones y realizar las actuaciones que estime necesarias para su éxito, lo que implica que aquel puede extender sus averiguaciones a todas las irregularidades de las cuales tome conocimiento, aunque no se hayan precisado en la resolución que instruyó el procedimiento (aplica criterio en los dictámenes Nos 55.001, 2013 y 72.984, de 2016, ambos de este origen).

Por su parte, en cuanto a la supuesta acumulación irregular de dos procedimientos disciplinarios, cabe manifestar que al no contener la ley Nº 18.834 ningún precepto relativo a la acumulación de causas, procede la aplicación de las reglas que sobre la materia contempla la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, cuyo artículo 33 prevé, en lo que concierne al caso, que la entidad que inicie o tramite un procedimiento, podrá disponer su acumulación a otros más antiguos con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, como ocurre en el caso de que un funcionario haya cometido diversas infracciones administrativas, lo que sucedió en la especie (aplica dictamen N° 79.194, de 2014).

5.- En cuanto a la falta de motivación y sustento jurídico para mantener los cargos formulados La recurrente argumenta que en el sumario administrativo de la especie no se configura infracción a la probidad ni uso indebido de datos y que la resolución sancionatoria carece de motivación normativa y fáctica suficiente, omitiendo incluso fechas de los hechos. Se denuncia vulneración al debido proceso, legalidad y derechos fundamentales.

Sobre este punto conviene puntualizar que esta entidad fiscalizadora ha expresado, entre otros, en su dictamen N° 12.271, de 2015, que los reproches que se formulen en el sumario deben ser concretos y precisos y, necesariamente, deben describir el detalle de los hechos constitutivos de las faltas que se le atribuyan a los inculpados y la forma en que ellas han incidido en los deberes vulnerados, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda determinar si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho corresponda, presupuestos que, según se examinó, se satisfacen en las acusaciones realizadas en contra de la señora nombre reservado, toda vez que aquellas se establecen claramente las conductas reprochadas, la época en las que estas ocurrieron, el respaldo fáctico que la da sustento, así como la normativa infringida con ese actuar.

6.- Acerca de la errónea ponderación de la prueba La recurrente alega que los cargos formulados en el sumario por ausencias laborales injustificadas son infundados, a la vez que acusa a la fiscal de no ponderar adecuadamente pruebas como correos y pantallazos que justifican las ausencias, por lo que la sanción aplicada se basaría en una interpretación errónea de los antecedentes.

Sobre este punto, conviene precisar que la ponderación de los hechos que constituyen las faltas que son materia del procedimiento disciplinario, y la determinación del grado de responsabilidad administrativa que en ellos les cabe a los inculpados, son materias que, según se desprende de los artículos 140 y 141 de la ley N° 18.834, se han entregado, de manera primaria, a los Órganos de la Administración activa, correspondiéndole a esta Entidad de Control objetar la decisión adoptada si se aprecian infracciones al debido proceso; a la normativa legal o reglamentaria, o bien, alguna decisión de carácter arbitrario, lo que tras la revisión del expediente sumarial en el marco del reclamo interpuesto por la recurrente, no se advirtió en la especie.

Asimismo, si bien a esta Entidad Fiscalizadora le corresponde cautelar la regularidad del proceso, no puede sustituir a la Administración activa en la ponderación de los elementos de convicción destinados a fijar un juicio de valor acerca de la responsabilidad disciplinaria del inculpado, los que deben ser analizados en conciencia, de acuerdo a lo previsto en el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 19.880 -aplicable supletoriamente en la especie, al no contener la ley N° 18.834, aplicable a la recurrente, normas a este respecto-, cuestión impide atribuir a esta Entidad de Control la supuesta irregularidad alegada.

7.- Sobre la errónea ponderación de agravantes y atenuantes La recurrente alega una incorrecta ponderación de agravantes y atenuantes en sumario de la especie, donde se habría ignorado una anotación de mérito por puntualidad y compromiso, y se aplicó una agravante basada en una medida disciplinaria que se mantiene que se encuentra impugnada judicialmente, para finalmente aplicar una medida disciplinaria que considera desproporcionada.

Al respecto, encontrándose asignada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves al principio de probidad administrativa -como aconteció en este caso-, la autoridad se encuentra plena y expresamente facultada por la ley para imponer la destitución ante contravenciones de tal envergadura, sin que pueda aplicar otra medida.

En este contexto, los hechos indagados configuraron, conforme con la valoración que hizo la autoridad del servicio a partir de las pruebas allegadas al sumario, contravenciones graves al principio de probidad administrativa, las que, según lo previsto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, tienen asignada, como sanción específica, la destitución, por cuanto tal como lo señala la anotada norma, la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario manifestar que, el procedimiento administrativo se encuentra afinado al dictarse el respectivo acto de término. Para tal fin, tratándose de procedimientos en los que se sanciona a un funcionario, el acto de término es aquel que impone la medida disciplinaria luego de haberse resuelto los recursos del artículo 141 del Estatuto Administrativo o vencido el plazo para interponerlos sin que ello se hubiera verificado. Lo dicho, puesto que, a contar de la emisión de tal instrumento, ya no es posible impugnar dentro del procedimiento las actuaciones llevadas a cabo en este, como tampoco la determinación de la autoridad sancionadora.

Dicho lo anterior, en la especie existe un procedimiento disciplinario previo mediante el cual se sancionó a la inculpada -a través de la resolución exenta N° 15.364, de 2023, del Servicio de Salud Araucanía Sur-, por lo que tampoco resulta procedente la concurrencia de la atenuante de irreprochable conducta anterior que alegó en su reclamo y reitera en esta ocasión, toda vez que el sumario en el cual se impuso la sanción previa se encuentra afinado. Ello, pese a haberse interpuesto un recurso de protección sobre aquella materia -seguido bajo el rol N° 7.376-2024 ante esa Ilustrísima Corte de Apelaciones-, proceso en el cual se dictó sentencia rechazando el recurso de protección con fecha 18 de agosto de 2025, encontrándose pendiente la apelación de la misma, no constando la existencia de resolución alguna que suspenda o deje sin efecto aquel acto administrativo.

Por último, cabe indicar que, el jefe superior del Servicio, al decidir imponer una determinada sanción disciplinaria, no se encuentra obligado a considerar, para rebajar la pena, el buen comportamiento anterior.

VI. Garantías constitucionales supuestamente vulneradas 1.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República La actora aduce que todos los hechos que expone en su recurso han afectado la salud de su representada, especialmente su integridad psíquica, por cuanto el procedimiento disciplinario al que fue sometida y la suspensión de funciones durante la tramitación de este, así como la medida aplicada, vulneran su dignidad como profesional y como persona, al ser constantemente cuestionada y acusada.

Al respecto, no se advierte de qué manera se habría producido alguna privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de este derecho constitucional por parte de esta Entidad Fiscalizadora, toda vez que no sustanció el sumario administrativo en cuestión ni la recurrente explicita cómo la emisión del oficio N° E110963, dictado a su requerimiento en el contexto de un reclamo de ilegalidad, vulneraría dicho derecho fundamental, considerando que el referido oficio fue emitido en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales conferidas a esta Entidad Fiscalizadora y, como se ha señalado, a solicitud de la propia recurrente, aplicando la normativa y la jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia.

Luego, de acogerse el planteamiento de la actora, habría que concluir que cada vez que los organismos del Estado ejercen las facultades que les han sido conferidas se entendería que afectan a los particulares mediante las actuaciones que de ellas se deriven cuando su contenido no coincida con la opinión que tales personas tengan respecto del asunto que les concierne, como ocurre en la situación en examen.

2.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República La recurrente señala que se habría vulnerado esta garantía, por cuanto el sumario de la especie se encontraría marcado por dilaciones excesivas, acumulación injustificada de cargos y falta de imparcialidad, y existiría un trato desigual respecto a otros funcionarios.

Sobre este punto, conviene señalar que lo alegado solo podría ser dirigido al servicio que tramitó el sumario de la especie y no contra Entidad de Control, ya que no se advierte cómo la garantía en estudio habría sido vulnerada por este Órgano Contralor a través de la emisión del oficio N° E110963, de 2025, de esta Contraloría Regional de La Araucanía, puesto que esta fue realizada en estricto cumplimiento de la normativa y dictámenes aplicables a la especie -como se ha expuesto latamente en este informe-, sin hacer ninguna clase de discriminación ni menos ser arbitraria.

Por otra parte, la recurrente no acredita la existencia de diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido estrictamente respetado por este Órgano Fiscalizador, toda vez que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa existente en la materia a todos quienes se han encontrado en igual situación jurídica, razón por la que mal podría suponerse que dicha actuación haya significado dar a la actora un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado la garantía de que se trata.

De esta forma, corresponde reiterar que el mérito que puedan tener los elementos de convicción y la ponderación de los hechos, son aspectos que deben ser apreciados por quien sustancia el procedimiento disciplinario y por la autoridad sancionadora, correspondiéndole a esta Entidad de Fiscalización impugnar la decisión del servicio si del examen del expediente se observa alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia, o bien, si se advierte una decisión de carácter arbitraria, cuestión que no se apreció en el caso de la especie al momento de atender el reclamo presentado por la recurrente.

Finalmente, si esta Entidad de Control se hubiese pronunciado en el sentido que la actora requiere, ello la habría situado en una posición de privilegio que sí habría constituido una vulneración al derecho de igualdad ante la ley que se invoca, toda vez que se habría apartado de lo establecido en la ley y de la jurisprudencia administrativa uniforme de este Órgano de Control.

3.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República Como cuestión previa, cabe tener presente que de la lectura del libelo es posible constatar que la eventual vulneración de derechos constitucionales que esgrime la recurrente dice exclusiva relación con actuaciones del servicio y no con este Órgano de Control.

En este sentido, no se advierte de qué forma el derecho constitucional aludido, podría haber sido vulnerado por esta Contraloría Regional, toda vez que no ha efectuado en ningún caso una labor jurisdiccional o de juzgamiento, ni menos ha actuado como una comisión especial, sino que se han ejercido las potestades que la Carta Fundamental, la ley N° 10.336 y el artículo 160, de la ley N° 18.834, confieren a la Contraloría General, y cuyo ejercicio corresponde también a las Sedes Regionales, de conformidad con la delegación contenida en la resolución N° 1.002, de 2011, de la Contraloría General, en cuanto al conocimiento de los reclamos de ilegalidad formulados por los servidores públicos, por lo que la alegación efectuada resulta improcedente.

4.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República La recurrente sostiene que la falta de notificación de la resolución que le impuso la medida disciplinaria implicó la deducción del 50% de su remuneración mientras se confirmaba dicha resolución, señalando que durante enero del presente año percibió solo la mitad de su sueldo sin justificación alguna y que, conforme a la resolución que confirma la medida de destitución, notificada el 31 de enero de 2025, dejó de percibir remuneraciones a partir de febrero del mismo año por encontrarse destituida.

Al respecto, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha puntualizado, en lo relativo a esta garantía, que no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la Administración.

La función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña y las remuneraciones percibidas en razón de éste, participan de tal carácter y constituye una clase de representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional.

Por otra parte, no se verifica ninguna privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de esta garantía, toda vez que, como se ha señalado previamente, esta Entidad de Control, en uso de las facultades legales y constitucionales con que se encuentra investida y en el marco del reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 160 de la ley N° 18.834, emitió el oficio N° E110963, de 2025.

VII. Conclusión En atención a los antecedentes y consideraciones anotadas, y teniendo en cuenta las disposiciones citadas y las atribuciones que constitucional y legalmente competen a este Organismo de Control, se solicita que ese lltmo. Tribunal desestime en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en el caso de marras.

VIII. Documentos Se acompañan al presente informe, copia de los siguientes antecedentes:

1. Reclamo funcionario presentado por la señora nombre reservado en representación de la señora nombre reservado, asociado al número de referencia E18236, de 2025, interpuesto ante esta Contraloría Regional de La Araucanía.

2. Reservado N° 708, de 2025, del Servicio de Salud Araucanía Sur, por el cual informa el reclamo presentado por la señora nombre reservado en representación de la señora nombre reservado.

3. Copia del oficio N° E110963, de 2 de julio de 2025, de la Contraloría Regional de La Araucanía.

A folio 14, informa el SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR, expresando que, solicita el rechazo del recurso de protección, por cuanto conforme a los fundamentos de hechos y derecho que a continuación se exponen, no es posible calificar de ilegal y arbitraria la decisión adoptada, ya que fue dictada por mi representada, dentro de las facultades legales y reglamentarias pertinentes así como también por lo resuelto de la Contraloría General de la República en cuanto a la Reclamación de la recurrente al respecto, sin que pueda sostenerse que en dicho obrar se haya actuado al margen de los principios de legalidad y debido proceso como afirma el recurrente, no correspondiente a la Iltma. Corte de Apelaciones, pronunciarse sobre el fondo del sumario administrativo, evaluando en definitiva el mérito de la decisión adoptada.

RELACIÓN DE LOS HECHOS:

1.- Que, por Resolución Exenta N°14539 de fecha 05.09.2023 la Dirección del Hospital de Pitrufquén se ordenó la instrucción de sumario administrativo destinado a esclarecer responsabilidad administrativa en los hechos denunciados con fecha 21.08.2023, y que dicen relación con acceso indebidos a historial clínico electrónico de funcionarios denunciantes.

2. Que, por Resolución Exenta N°621 de fecha 03.01.2024 del director del Hospital de Pitrufquén se ordena la substanciación de un Sumario Administrativo para indagar la existencia de responsabilidad administrativa de D. nombre reservado en consideración a denuncias de maltrato laboral efectuadas por D. nombre reservado y D. nombre reservado.

3. Que por Resolución Exenta N°7.149 de fecha 16.04.2024 de la Dirección del Hospital de Pitrufquén se dispuso la acumulación de sumario administrativo instruido por Resolución Exenta Nº621 de fecha 03.01.2024 al sumario administrativo instruido por Resolución exenta N°14.539 de fecha 05.09.2023, ambos del Hospital de Pitrufquén.

4. Que, por Resolución interna del sumario N°03 de fecha 25 de abril de 2024 la Fiscalía administrativa, en uso de la facultad establecida en el artículo Nº136, del DFL Nº29/04 que Fija Texto Refundido, Coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, Sobre Estatuto Administrativo, suspende preventivamente funciones a D. nombre reservado, como medida preventiva.

5. Que con fecha 06.05.2024 la Fiscalía administrativa recibe correo electrónico de D. nombre reservado en el cual presenta escrito en representación de D. nombre reservado solicitando en lo principal nulidad de la suspensión preventiva, y a continuación interpone recurso de reposición en subsidio, solicita copias, acompaña documentos, entre otros.

6. Que por Resolución exenta N°04 de fecha 09.05.2024 de la fiscalía administrative se rechazan los recursos de nulidad y reposición interpuestos en contra de la resolución interna N°3 de fecha 25 de abril de 2024 de Fiscalía administrativa que dispuso la suspensión preventiva de funciones de D. nombre reservado.

7. Que, por Resolución interna N°5 de fecha 10.07.2024 de la Fiscalía administrativa se declara cerrada la etapa indagatoria.

8. Que, tras la revisión de los antecedentes de la investigación llevados a cabo en la etapa indagatoria, la Fiscalía Administrativa estimó fundadamente que existen los elementos suficientes para realizar una imputación de 6 de los 7 cargos formulados a doña nombre reservado mediante Resolución Exenta N°6 de fecha 11.06.2024.

9. Que por medio de Reservado N°160/16.12.2024 del Jefe del Departamento Jurídico al Director del Hospital de Pitrufquén, se ha emitido informe jurídico estimando que, en conclusión, que el proceso se encuentra legalmente tramitado y que se han dado por acreditados 6 de los 7 cargos formulados, siendo de especial gravedad los que respectan a conductas de acoso y maltrato laboral en contra de dos funcionarias del Hospital de Pitrufquén, respecto a lo cual se debe tener presente que las letras l) y m) del artículo 84 del DFL Nº29, del año 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo prohíben a los funcionarios públicos realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios y realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo. Señala también que la fiscalía administrativa en su dictamen refiere que artículo 125 del mismo cuerpo legal, establece que “la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos”, entre los que se señala en su letra B)Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84”. A este respecto debe realizarse la prevención de que la incorporación de la letra m) a dicho artículo no se encontraba vigente a la fecha de la presentación de las denuncias que motivaron el presente procedimiento disciplinario, sino que dicha letra m) al artículo 125 se incorporó con la entrada en vigencia de la Ley N°21.643 conocida como “Ley Karin” a partir del 01 de agosto de 2024. Sin embargo, aún realizada dicha prevención, igualmente estima proporcional y adecuada para este caso la aplicación de la sanción más gravosa de destitución, toda vez que a través de las conductas reprochadas en 6 de los 7 cargos formulados, se han acreditado múltiples y graves vulneraciones legales y al principio de probidad administrativa, dentro de las cuales se encuentra infracción al artículo 84 letra l) y g), artículo 61 letras a), b) c), d), f), g) y h), artículo 62 N°1 y N°4 de la Ley 18.575, e inciso 4° del artículo 13 de la Ley 20.584, considerando además que a la inculpada no le favorece la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, por constar en su hoja de vida una medida disciplinaria anterior.

10. Que por medio de Reservado N°240/17.12.2024 el Director del Hospital de Pitrufquén se dirige al Director del Servicio de Salud Araucanía Sur, señalando su acuerdo con la sanción propuesta por la Fiscalía Administrativa y lo señalado en el Informe Jurídico, toda vez que los actos descritos son acciones que vulneran el deber de probidad administrativa y atentan contra la dignidad de los demás funcionarios, por lo que solicita al Director de Servicio aplicar la medida disciplinaria de Destitución, por no tener éste facultades delegadas para ello.

11. Que, la autoridad administrativa, realizando el análisis de los hechos descritos en lo cargos, ponderando la vasta y concordante prueba arribada al proceso, estimó que las conductas reprochadas en 6 de los 7 cargos formulados, fueron debidamente acreditadas, dentro de los cuales se encuentran conductas graves de acoso y maltrato laboral, por lo que se estimó absolutamente procedente la sanción administrativa más gravosa que contempla el DFL Nº29, del año 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, la Medida Disciplinaria de Destitución, agregando además que la funcionaria no le favorece la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, por constar en su hoja de vida una medida disciplinaria previa.

12. Que, conforme lo señalado en el considerando precedente, con fecha 18.12.2024 se dictó por esta Dirección de Servicio la Resolución Exenta N°31.302, que dispuso aplicar a la funcionaria D. nombre reservado la medida disciplinaria de Destitución, por los siguientes hechos:

A) Efectuar conductas de Acoso laboral en contra de su jefatura directa, D. nombre reservado, entre los meses de julio del 2023 al mes de abril del año 2024.

B) Acceder sin autorización legal ni consentimiento previo y expreso de su titular al historial clínico electrónico de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y de nombre reservado.

C) Dar a conocer clave de seguridad para acceso a SGAU a personas que no pertenecen a dicho servicio mediante correo electrónico de fecha 09.04.2024, por el cual reenvía correo electrónico de la jefa de admisión.

D) Ausentarse de parte de su jornada laboral con la excusa de comparecer a horas de atención médica gestionadas por el ISL, las cuales no se efectuaron de acuerdo a lo informado por dicho organismo, mediante reservado E1977/2024 del secretario ejecutivo Comité de Auditoría del ISL respecto de los días 05.01.2024 y 02.02.2024.

E) Efectuar conducta de maltrato laboral en contra de D. nombre reservado, durante visita a la oficina de dicha funcionaria, acontecida el día 03.08.2023.

F) No efectuar marcajes para el registro de asistencia obligatorio de la jornada laboral los días: 10,13, 23 de noviembre, 04, 05, 11, 18, 28 de diciembre del año 2023, 05, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 31 de enero, 02, 09, 13, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, y 29 de febrero del año 2024.

Además, se resolvió mantener la medida preventiva de Suspensión con privación del 50% de la remuneración, conforme al inciso final del artículo 136 del Estatuto administrativo.

13. Que, con fecha 03.01.2025 a las 09:45 horas funcionarios notificadores del SSAS acudieron al domicilio de la funcionaria D. nombre reservado, ubicado en domicilio reservado, a fin de proceder con la notificación personal de la resolución señalada en el considerando precedente, pero realizados varios llamados a viva voz y tocando en varias oportunidades el portón del inmueble, no hubo respuesta, lo que se certificó por los funcionarios.

14. Que, con fecha 06.01.2025 a las 15:05 horas funcionarios notificadores del SSAS acudieron al domicilio de la funcionaria D. nombre reservado, ubicado en domicilio reservado, a fin de proceder con la notificación personal de la resolución señalada en el considerando precedente, pero realizados varios llamados a viva voz y tocando en varias oportunidades el portón del inmueble, no hubo respuesta, lo que se certificópor los funcionarios.

15. Que, por Reservado N°3 de fecha 07.01.2025, de la jefatura de Personal del SSAS dirigido a D. nombre reservado, se remite y comunica Resolución Exenta N°31.302 de la DSSAS, disponiendo su destitución.

16. Que, con fecha 09.01.2025 se remite desde la Oficina de Partes del SSAS a la Oficina de Correos de Chile 5 documentos, a efecto de que se notifiquen a sus destinatarios por medio de Carta Certificada, dentro de los que se incluye el Reservado referido en el considerando precedente, señalandocomo destinatario a d. nombre reservado y como dirección dedestino Lagos N°115, comuna de Temuco.

17. Que, con fecha 17.01.2025 la abogada de D. nombre reservado remite correo electrónico a ex fiscal administrativa, solicitando tener presente cambio de domicilio de su representada a domicilio reservado.

18. Que, con fecha 20.01.2025 D. nombre reservado remite correo electrónico a funcionaria de la Unidad de Personal del Hospital de Pitrufquén, solicitando cambio de domicilio domicilio reservado.

19. Que, por correo electrónico de fecha 22.01.2025 funcionario de Oficina de Partes Hospital de Pitrufquén informa no haber recibo presentaciones de parte de D. nombre reservado.

20. Que, por correo electrónico de fecha 22.01.2025 la secretaría de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur informa no haber recibo presentaciones de parte de D. nombre reservado.

21. Que, conforme al artículo 131 del Estatuto Administrativo, las notificaciones que se realicen en los sumarios administrativos deberán hacerse personalmente, pero si el funcionario no fuera habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. Agrega la norma que los funcionarios citados a declarar deberán fijar en su primera comparecencia un domicilio dentro del radio urbano en que la fiscalía ejerza sus funciones, bajo el apercibimiento que las notificaciones se practiquen por carta certificada en el domicilio registrado por la institución, o en su defecto, en su oficina. Concluye la norma señalando que el funcionario se entenderá notificado una vez cumplidos tres días desde que la carta haya sido despachada.

22. Por lo anterior, habiendo sido notificada legalmente D. nombre reservado de la Resolución Exenta N°31.302 de fecha 18.12.2024, sin que haya ejercido el derecho a accionar de reposición conforme al inciso primero del artículo 141 del Estatuto Administrativo, se procedió a confirmar la sanción de destitución dispuesta en la Resolución referida.

EN CUANTO AL DECAIMIENTO:

La actora alega el decaimiento del procedimiento administrativo, el cual ha durado más de 6 meses, excediendo el plazo legal establecido en las normas del derecho administrativo, según seañala.

Primero que todo, señalar que, en materia administrativa los plazos no son fatales, ya que su finalidad es propender al cumplimiento de las funciones y potestades de los órganos públicos, por lo que el vencimiento del plazo, no implica bajo ningún respecto, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de esta forma la expiración de los plazos no impide que las actuaciones se puedan realizar con posterioridad, independiente de que puedan surgir responsabilidades administrativas debido a la inobservancia de los plazos fijados para el desempeño de ciertas funciones para los servicios públicos.

De esta manera, si existe incumplimiento de esos plazos al interior del procedimiento, operan los remedios propios de la terminación anormal del procedimiento (¿prescripción? ¿caducidad?), mas no la figura invocada por la actora. En estos autos estamos ante un acto dictado y legítimo que, por causas ajenas a su contenido, la recurrente pretende dejar que produzca efectos. Por lo demás, en la especie, no existe una demora injustificada para transformarla en ilegitima.

Que, por otro lado, como S.S.I. puede apreciar el sumario administrativo, trata sobre un procedimiento en el cual se aplicó medida disciplinaria de destitución, la sanción más gravosa del Estatuto Administrativo. De esta manera, estamos ante un sumario administrativo delicado y de lato conocimiento, el cual por su naturaleza es muy extenso, donde además consta de la acumulación de dos sumarios para su investigación, gran cantidad de medios probatorios para poder resolver el asunto sometido a conocimiento.

Al respecto, con fecha 02 de julio de 2025, la Contraloría General de la República, sobre este punto señaló a raíz de reclamación interpuesto por la Sra. nombre reservado, lo que indica.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, no se advierte cómo la garantía de que se trata habría sido vulnerada por este Servicio a través de la emisión de la resolución emanada de mi representada, puesto que, como se ha dicho, ella fue dictada por esta Entidad en uso de las potestades que la Ley le confieren, dentro de un proceso sustanciado conforme a derecho y aplicando la jurisprudencia administrativa existente sobre la materia, en iguales términos que a cualquier otro funcionario, sujeto de un justo y racional proceso disciplinario, de modo tal que no es dable suponer que lo expresado en ella habría significado un tratamiento discriminatorio a la recurrente.

No obstante lo anterior, el decaimiento del proceso administrativo es una institución que específicamente no se encuentra tratada en la jurisprudencia administrativa de la Contraloría respecto de los sumarios administrativos, pero sí en otros procesos de tipo disciplinario, ya que el mismo Organismo Contralor ha señalado que los sumarios administrativos “son procesos reglados conforme a la ley N° 18.834, de modo que a su respecto no caben otros trámites o instancias que los previstos en ese ordenamiento” (Dictámenes N°s 22.601/1996 y 15.060/2001). Es más, la Contraloría General, en sus dictámenes N°s 21.876 de 2015, 46.862, de 2016, 39.248 de 2017, entre otros, al pronunciarse acerca de la demora en la tramitación de ciertos procesos investigativos -afectos a otras normas administrativas, no al Estatuto Administrativo, como por ejemplo los procesos investigativos llevados a cabo por Carabineros de Chile y los sumarios sanitarios instruidos por las Seremis de Salud-, ha manifestado que si bien el procedimiento administrativo no puede exceder de seis meses, desde su inicio hasta que se emita la decisión final, salvo caso fortuito o fuerza mayor, conforme con lo establecido en el artículo 27 de la ley N° 19.880, el vencimiento de aquel plazo no constituye, por sí mismo, una causal de invalidación de la pertinente indagación, ni tampoco se configura, a la luz de lo sostenido en el dictamen N° 86.579, de 2016, de ese origen, un supuesto decaimiento, por lo que esa causal de pérdida de eficacia de un proceso administrativo por excesiva demora en su sustanciación no puede ser considerada.

A lo anterior, debe agregarse que los procesos disciplinarios regulados por el Estatuto Administrativo contemplan plazos de prescripción, los cuales rigen se haya o no instruido el respectivo proceso, contemplándose además la hipótesis en el artículo 159 inciso 2° del Estatuto Administrativo, que si habiéndose instruido un sumario administrativo, y éste se paraliza por más de dos años, seguirá corriendo el plazo de prescripción transcurrido, situación que no podría ocurrir ni preverse, si la tramitación del sumario no pudiera extenderse más de seis meses por aplicación del decaimiento contemplado en el artículo 27 de la ley 19.880.

Por otra parte, tal como lo ha expresado la Corte Suprema en causa rol N° 7554-2015 “el decaimiento consiste en la extinción de un acto administrativo provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho o derecho, que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo”, circunstancias que no acontecen en la especie, dado que solo se esgrime el transcurso del tiempo, lo cual por cierto no constituye una circunstancia sobreviniente, así como tampoco éste afecta el contenido jurídico de la tramitación y decisión final del sumario administrativo de la especie.

En todo caso, resulta útil reiterar que Contraloría ha señalado que los plazos para la administración no son fatales, toda vez que, tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración del pertinente término no impide que las actuaciones que procedan se lleven a cabo con posterioridad a ella; y que, el límite de tiempo de los sumarios e investigaciones lo marca el tiempo necesario para que opere la prescripción de la acción disciplinaria.

OTRAS VULNERACIONES:

Sobre este punto, se remite a lo ya señalado por la CGR al resolver la reclamación de la recurrente, que reproduce en su informe.

A folio 21, el Servicio de Salud Araucanía Sur, acompaña los siguientes documentos:

Reservado N°169/2024 Dirección H. Pitrufquén;

Reservado N°160/2024 Depto. Asesoría Jurídica SSAS;

Resolución Exenta N°31392/2024 Dirección SSAS;

Correos electrónicos entre dependencias SSAS;

Resolución Exenta N°2750/2025 Dirección SSAS;

Oficio Folio N°E62533/2025 Contraloría Regional de la Araucanía, y Reservado N°708/2025 Dirección SSAS;

Oficio Folio N°E110963/2025 Contraloría Regional de la Araucanía.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, como ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el recurso de protección constituye una herramienta de emergencia que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías consagradas en la Constitución Política del Estado o en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado y no disputado, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue es su amparo o restablecimiento, siendo un requisito esencial para su procedencia que el acto u omisión recurrido sea ilegal o arbitrario.

SEGUNDO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

TERCERO: Que en estos antecedentes la recurrente denuncia como ilegal y/o arbitraria en su calidad de inculpada en los sumarios administrativos ordenados instruir por Resolución Exenta N° 14539 de fecha 05.09.2023 y Resolución Exenta N° 621 de fecha 03.01.2024, ambos ordenados por la Dirección del Hospital de Pitrufquén, y acumulados por Resolución Exenta N° 7149 de fecha 16.04.2024 de la misma autoridad.

Indica que abril de 2024, la recurrente fue suspendida de sus funciones, y posteriormente, se le formulan cargos, notificándola con fecha 24 de julio de 2024.

Refiere que presentó sus descargos oportunamente en agosto de 2024, se rindió prueba testimonial en septiembre de 2024. No hubo más noticias respecto a dichos sumarios, hasta que, en enero de 2025 recibe una remuneración muy inferior a la que le correspondía, siendo informada por esa vía que existía un resolución del Servicio de Salud respectivo, que disponía su destitución, manteniendo medida preventiva de suspensión y privación del 50% de su remuneración.

CUARTO: Señala la recurrente no tuvo conocimiento oportuno de la resolución en virtud de la cual se le sanciona con la medida de destitución, ni ha recibido tal notificación hasta la fecha, como se explicará, y por tanto, no pudo deducir oportunamente recurso de reposición, más aún cuando se mantienen cargos respecto de ella, que acreditó de los antecedentes acompañados en sus descargos y etapa probatoria no haber incurrido en la conducta inculpada, y se ponderan hechos no acreditados, en su contra, todo lo cual, conduce a la máxima medida disciplinaria, la que no fue notificada a los correos electrónicos informados como forma de notificación en los descargos. Así las cosas, se certificó el hecho de no haber presentado recursos en contra de dicha resolución destitutoria y el Director Servicio de Salud Araucanía Sur, frente a ese hecho mantuvo la medida, la cual sí le fue notificada personalmente en su nuevo domicilio domicilio reservado.

QUINTO: Que ante el actuar ilegal del Hospital de Pitrufquén y del Servicio de Salud Araucanía Sur, con fecha 14.02.25 se presentó una reclamación ante Contraloría General de la República, conociendo y resolviendo la Contraloría Regional de la Araucanía, la que se limitó a rechazar el reclamo de ilegalidad, notificando a esta defensa con fecha 03.07.2025, fecha a partir de la cual se contabiliza el plazo de 30 días para presentar el presente recurso de protección contra el Hospital que instruyó el Sumario Administrativo, dependiente del Servicio de Salud Araucanía Sur y contra la Contraloría Regional de la Araucanía. SEXTO: El recurrido al momento de informar señala que esta acción debe ser rechazada, dividiendo sus alegaciones en dos acápites:

En relación al decaimiento del acto administrativo, particularmente por la demora en que a su juicio se incurrió por el entidad sumariante, señala que ello no resulta aplicable, por cuanto y tal como lo ha expresado la Corte Suprema en causa rol N° 7554-2015 “el decaimiento consiste en la extinción de un acto administrativo provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho o derecho, que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo”, circunstancias que no acontecen en la especie, dado que solo se esgrime el transcurso del tiempo, lo cual por cierto no constituye una circunstancia sobreviniente, así como tampoco éste afecta el contenido jurídico de la tramitación y decisión final del sumario administrativo de la especie.

Señala además que resulta útil reiterar que Contraloría ha señalado que los plazos para la administración no son fatales, toda vez que, tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración del pertinente término no impide que las actuaciones que procedan se lleven a cabo con posterioridad a ella; y que, el límite de tiempo de los sumarios e investigaciones lo marca el tiempo necesario para que opere la prescripción de la acción disciplinaria.

SEPTIMO: Que en relación a lo que la recurrida define como demora del proceso sumarial y cuya consecuencia a su juicio es el decaimiento del acto administrativo, conviene señalar que tal como se ha señalado de forma uniforme por nuestros Tribunales superiores de justicia, así como por la Contraloría General de la República, los plazos establecidos para la sustanciación de los sumarios administrativos, no son fatales, sino que son plazos que deben regirse por los principios propios del estatuto administrativo y también por plazos que deben ser considerados dentro de un margen de razonabilidad, que a su vez deben considerar cuestiones propias de su tramitación tales como, complejidad de lo investigado, duración, diligencias, forma de notificación, entrega de copias, tratamiento de solicitudes e incluso la valoración de los antecedentes por la fiscal instructora.

OCTAVO: Que, de otra parte, el desarrollo doctrinario y jurisprudencial del instituto del decaimiento administrativo aclara que su aplicación conlleva a la extinción de un acto administrativo, provocado por circunstancias sobrevinientes de hecho o de derecho, que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo.

Se estima, en este orden de ideas, que se produce el decaimiento del acto administrativo por la variación sustancial de las circunstancias de hecho tenidas a la vista al decretarlas. También se ha dicho que el decaimiento de los actos de la Administración se produce en el contexto del demérito o pérdida de eficacia; primero, por desaparición sobreviniente de los presupuestos de hecho que ocasionan la imposibilidad de producir sus efectos, en que la substancia o contenido del acto pierde su eficacia y, en segundo lugar, producto de su falta de legitimidad por antijuricidad del acto también con posterioridad a su dictación, por alteración del ordenamiento jurídico sobre cuya base se dictó y que determina que, en el nuevo escenario, el acto sea ilegal o, a lo menos ilegítimo.

NOVENO: Que es efectivo, como señala la recurrida, que los plazos previstos para procedimientos administrativos como el de autos no son fatales. Ante ello, en casos como el que nos ocupa, donde se reclama una tardanza inexcusable en la resolución de investigaciones de la administración, la jurisprudencia ha acudido a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, aplicable a la especie en tanto procedimiento administrativo. La norma dispone que “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, disposición que obedece, conforme se extrae del Mensaje de la Ley, a la finalidad de ese estatuto de solucionar los problemas derivados de considerar que a la Administración no le afectan los plazos y que su incumplimiento únicamente genera responsabilidades administrativas.

Es notorio que, en la especie, ese lapso de tiempo claramente no reviste el exceso que legalmente puede estimarse, ello en razón de que el sumario se inició con Resolución Exenta N° 14539 de fecha 05.09.2023 y Resolución Exenta N° 621 de fecha 03.01.2024, ambos ordenados por la Dirección del Hospital de Pitrufquén, y acumulados por Resolución Exenta N° 7149 de fecha 16.04.2024 de la misma autoridad, y concluyó en el mes de enero de 2025.

Luego analizada la naturaleza de la investigación sumarial, se puede concluir que el plazo que demoró el sustanciador en resolverlo no es excesivo, sino que resulta del todo razonable conforme lo debatido en el.

DECIMO: Que en relación a los actos denunciados que se constituirían en una afectación al debido proceso, por las a su juicio, irregularidades cometidas durante su tramitación, es necesario señalar que del mérito de los antecedentes, es un hecho no controvertido que el Servicio recurrido instruyó un sumario administrativo, al amparo de la normativa funcionaria que le rige, para tal efecto se realizaron una serie de actuaciones de tipo procesal, debidamente reglamentadas en la Ley que norma este tipo de procedimiento, en ese sentido se procedió a la designación de fiscal, se decretaron diligencias, formulación de cargos, se hizo los descargos, apertura de término probatorio y dictación de vista fiscal, notificaciones, etc.

Lo anterior confirma que lo actuado por el recurrido se enmarca dentro de un procedimiento administrativo disciplinario regular, reglado y con etapas claramente establecidas por la ley y desarrolladas conforme la misma.

DECIMO PRIMERO: Que en este sentido nuestra jurisprudencia ha sido constante al sostener que la vía del recurso de protección es improcedente para revisar actos dictados dentro de un procedimiento sumarial, salvo que exista una infracción manifiesta y grave al ordenamiento jurídico que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria con un contenido cautelar inmediato.

En este sentido nuestra Excma. Corte Suprema ha resuelto que:

“La legalidad y mérito de los actos producidos dentro de un sumario administrativo deben reclamarse en la sede propia del procedimiento disciplinario” (CS, Rol 13.288-2017).

“El recurso de protección no es la vía idónea para resolver controversias propias de un procedimiento administrativo, pues ello desnaturalizaría la acción cautelar” (CS, Rol 5.844-2016).

“No corresponde a los tribunales superiores sustituir a la autoridad administrativa en la valoración de los antecedentes del sumario” (CS, Rol 15.204-2019).

A su vez esta Corte de Apelaciones a señalado en causa Rol 5659-2016: solo procede intervenir si la infracción al debido proceso es de tal intensidad que “desnaturaliza al ente administrativo y lo transforma en una comisión especial”.

DECIMO SEGUNDO: A su vez la doctrina ha señalado a este respecto que la potestad disciplinaria del Estado:

a) Es reglada, aun cuando contenga márgenes de discrecionalidad.

b) Se enmarca en un procedimiento que satisface el debido proceso administrativo, regulado por la Ley Nº 19.880.

c) Admite mecanismos de impugnación interna, tales como reposición, reconsideración o jerárquico.

d) Opera bajo la presunción de legalidad del acto administrativo.

Lo anterior no hace sino reforzar que el examen de legalidad corresponde efectuarse dentro del procedimiento mismo, no mediante la acción de protección.

DECIMO TERCERO. Que en cuanto la falta de notificación denunciada, es menester indicar que conforme lo planteado en el informe y en estrados, se puede concluir que la funcionaria materia del procedimiento, señaló un domicilio al inicio del proceso, en el cual se notificaron todas las actuaciones que debía ser comunicadas a la sumariada, siendo de cargo de ella informar las modificaciones del mismo, sin que pueda pretender imputar a la recurrida alguna responsabilidad en la notificación al domicilio informado por la propia recurrente y cuya modificación no fue oportunamente informada, debiendo por lo mismo asumir su propia responsabilidad en ello, sin que pueda endosarle al recurrido su no presentación de descargos en la oportunidad y dentro del plazo respectivo.

Además no le corresponde a esta Corte, a través de la acción cautelar, realizar un pronunciamiento sobre materias de mérito, oportunidad, proporcionalidad o fundamentación de resoluciones administrativas.

DECIMO CUARTO: Que conforme lo razonado, no se aprecia, del mérito del recurso ni del informe de la recurrida, la existencia de un acto u omisión de carácter actual, ilegal o arbitrario, distinto del propio desarrollo del sumario administrativo regularmente tramitado. Por el contrario, existen instancias adecuadas en la sede administrativa para discutir cada cuestión planteada.

El recurso de protección no puede transformarse en una instancia paralela de revisión del procedimiento disciplinario, pues ello excede su naturaleza cautelar.

DECIMO QUINTO: Que, en consecuencia, no concurre ninguno de los requisitos que habilitan el actuar de esta Corte en virtud del artículo 20 de la Constitución Política, debiendo desestimarse la acción.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra del SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR, del HOSPITAL DE PITRUFQUEN y la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-3014-2025.(jog)