Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de abril de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña CAROLINA OLAVE ESPINOZA, abogada, en representación de doña nombre reservado, trabajadora dependiente, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante nombre reservado, representada por don nombre reservado. Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso en que su representada comenzó con licencia médica desde marzo de 2016 de forma continua hasta la actualidad. En dicho momento ingresó a urgencia por diversas dolencias, específicamente, no sentir sus piernas y un intenso dolor lumbar. Luego de ser examinada por un especialista, se le indicó cirugía, la que se pospuso por casi 3 años. Finalmente fue operada el 22 de junio del 2019, estando hospitalizada 3 días, siendo derivada al kinesiólogo para rehabilitación. Luego comenzó con los trámites para obtener pensión de invalidez, siendo rechazado en varias ocasiones, acompañándose copia de la última resolución. Desde diciembre del 2020 comenzaron a ser rechazadas las licencias, reclamando ante las instancias administrativas previstas en la ley, manteniéndose por éstas, tal decisión.

Expresa que las licencias medidas que fueron rechazadas por la COMPIN y luego, confirmadas por la nombre reservado son:

1) N° RUT reservado fecha: 05/12/20 hasta 02/02/21 2) N* RUT reservado fecha: 03/02/21 hasta 04/03/21 3) N* RUT reservado fecha: 05/03/21 hasta 03/04/21 4) N* RUT reservado fecha: 04/04/21 hasta 03/05/21 5) N* RUT reservado fecha 04/05/21 hasta 02/06/21 6) N* RUT reservado fecha 03/06/21 hasta 02/07/21 7) N* RUT reservado fecha 03/07/21 hasta 01/08/21 8) N* RUT reservado fecha 02/08/21 hasta 31/08/21 9) N* RUT reservado fecha 01/09/21 hasta 30/09/21 10) N* RUT reservado fecha 01/10/21 hasta 30/10/21 11) N* RUT reservado fecha 31/10/21 hasta 29/11/21 Indica que según se desprende de los respectivos rechazos, el motivo casi unívoco invocado en casi todas las resoluciones es que el reposo no se encuentra justificado, por cuanto, el diagnóstico de la recurrente tendría una naturaleza de irreversible e irrecuperable, no siendo procedente, en concepto de la recurrida, el pago del subsidio, pues, éste supone una patología que devenga en incapacidad temporal para el trabajo. Sin embargo, el carácter temporal o permanente, es relativo, conforme se desarrollará más adelante.

Manifiesta que la administración a través de la Superintendencia aludida, rechaza las licencias estimando que, su representada debe iniciar el trámite de declaración de invalidez, para sujetarse a la normativa especial que la regula. Sin embargo, la propia subordinada de la recurrida ha rechazado la solicitud de declaración de invalidez, por estimar que no alcanza el mínimo para obtener dicha declaración.

Refiere que el razonamiento anterior deja a su representada en el más entero desamparo, pues, por un lado la Superintendencia de Seguridad Social, rechaza continuadamente las licencias médicas que justificadamente su médico tratante emite, dejándola sin el pago del respectivo subsidio, y, por otro, niega la declaración de invalidez, quedando privada de toda solución concreta.

Sostiene la ilegalidad y arbitrariedad de dicha decisión, por cuanto carente de fundamentos concretos vulnerando la normativa, reglamentaria, legal y constitucional que regula la cuestión.

Subraya que según consta de los informes médicos de los facultativos que otorga las licencias médicas, su representada tenía posibilidades de recuperación, con el tratamiento adecuado, acompañándose, en su oportunidad, a la Compin informe de su médico tratante donde consta el diagnostico, causas, tratamiento farmacológico, indicaciones por la que se considera necesario el reposo laboral, entre otras. Sin embargo, la decisión se mantuvo, careciendo esta de sentido, si se considera que existe un gran número de licencias aprobadas previamente, con carácter ininterrumpido, lo que hace pensar a esta parte, cuál sería la razón de acoger algunas y rechazar otras, más que el mero arbitrio o capricho. Por lo anterior, al carecer los actos impugnados de la debida fundamentación, hace que éstos, no se basten así mismos, debiendo buscar los argumentos de otros antecedentes, lo que ciertamente, contraviene el deber de fundamentación de la administración del Estado y sus órganos. De este modo, necesariamente el rechazo de la recurrida se torna en arbitrario, por cuanto teniendo la posibilidad y ante el mandato legal del artículo 21 del reglamento para la autorización de licencias médicas, de requerir antecedentes, informes y exámenes, no lo hace y es más, hace suyo el informe de una de las partes que precisamente es quien se verá económicamente perjudicada en el caso de aprobarse las licencias médicas.

Expone que de acuerdo con el razonamiento de la Excma. Corte Suprema, la entidad recurrida, que esta llamada por ley a dirimir la controversia entre las partes, por el solo hecho de fundar su resolución en un peritaje emanado de la misma parte, convierte este hecho en ilegal y arbitrario, ya que su pronunciamiento se vuelve parcial, siendo, además, necesaria la debida fundamentación.

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental por cuanto se le impide a su representado el acceder a las prestaciones médicas necesarias para recuperar su salud, ya que con el rechazo de las licencias médicas debe necesariamente reintegrarse a trabajar, por cuanto no se autoriza su reposo médico y, eventualmente, restituir aquellas sumas pagadas por su empleador.

En segundo lugar, estima que se ha conculcado la garantía del artículo 19 N° 2 del Código Político, por cuanto, en la mayoría de los casos y grueso de reclamantes, en la misma situación fáctica la recurrida ha acogido o aprobado las licencias, siendo dicho actuar, atentatorio de la igualdad ante la ley, que obliga a tratar de manera equivalente a las personas que se encuentren en igualdad de supuestos fácticos.

En tercer lugar, estima que se ha vulnerado el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Carta Fundamental ya que la recurrida al abstenerse de fundamentar las decisiones cuestionadas, se erige como una verdadera comisión especial, que juzga o decide, conforme a su propia convicción de forma arbitraria y antojadiza.

Finalmente, estima que se ha vulnerado el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo de las licencias importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley, viéndose obligado a restituir aquellas sumas de dinero pagadas por la municipalidad en el evento de confirmarse el rechazo de las licencias médicas.

Finalmente, en cuanto al plazo de interposición del recurso, señala que los actos denunciados como conculcatorios, tienen efectos permanentes, persistiendo mientras se mantenga el rechazo de las licencias médicas. Por ende, se consuma mientras se invoque por la recurrida la negativa, habiéndose interpuesto el recurso, dentro del plazo indicado en el N° 2 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección. En el mismo sentido se ha resuelto “Lo expresado trae como consecuencia que, si el administrado ha planteado un recurso administrativo, sólo una vez resuelto opera el agotamiento de la vía administrativa y, en tal caso, podrá deducir el reclamo judicial” (Sentencia Excma. Corte Suprema de fecha 09 de septiembre de 2014, Rol N° 7071-2014). Por lo anterior, no puede considerarse que el recurso sea extemporáneo, al contrario, éste ha sido enderezado dentro del plazo previsto.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso, que se declare arbitrario e ilegal el actuar del ente administrativo, el cual se manifiesta en todas las resoluciones indicadas en la parte primera de este recurso, sean acogidas, debiendo la recurrida pagar los subsidios por incapacidad correspondiente a ellas a quien corresponda, o bien, adopte las medidas que S.S. Ilustrísima estime pertinente con miras a establecer el imperio del derecho, como una reevaluación ante un facultativo imparcial que elabora un nuevo peritaje, todo ello con costas del recurso.

Acompaña a su recurso: 1.- Resoluciones exentas de la nombre reservado que confirman el rechazo de las licencias médicas efectuado por COMPIN. 2.- Resolución que rechaza la solicitud de invalidez de su representada.

A folio 8, comparece don nombre reservado abogado, en representación de la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien evacúa informe.

Sostiene, en primer término la extemporaneidad de la presente acción, toda vez que consta en el expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 13 de enero de 2022, en circunstancias que la recurrente recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 8 de noviembre de 2021 , reclamando por cuanto la Subcomisión Cautín – Compin Región de La Araucanía, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 300 días a contar del 05 de diciembre de 2020, por diagnóstico irrecuperable.

En razón de lo señalado, su representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° 01-IBS-176115-2021, de fecha 22 de diciembre de 2021.

Sin perjuicio de lo anterior, consta que la Sra. nombre reservado recurre previamente ante la COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, reclamando por el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, presentación que fue desestimada, mediante Resolución Licencia Médica, ya con fecha 07 de enero de 2021. Lo propio se resolvió respecto de las licencias médicas Nºs RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, en orden a confirmar su rechazo por la misma entidad previsional. Por lo anterior, se evidencia que ha pasado más de treinta días, desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que el recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas apeladas, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas.

En segundo lugar, y en subsidio de lo anterior, sostiene la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En subsidio, informa sobre el fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Manifiesta que como consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 08 de noviembre de 2021, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-134734-2021, por el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 300 días a contar del 05 de diciembre de 2020, por diagnóstico irrecuperable. En razón de lo señalado, su representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 1772 días por la misma patología. Tiene además, un trámite de evaluación de invalidez rechazado.

Indica que en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que el trabajador es portador de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en el trámite de invalidez rechazado. Sólo en la medida que la recurrente cuente con una resolución ejecutoriada de las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones, que le asigne un porcentaje de invalidez igual o superior a un 50%, este Servicio podrá revisar nuevamente la situación del reposo más allá del período previamente autorizado, dictamen y fundamentos contenidos expresamente en Resolución Exenta N° R-01-IBS-176115-2021, de fecha 22 de diciembre de 2021.

Sobre la materia, es importante destacar que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: “Oscar Storme. Ficha Médica. IMC (informe médico complementario) Detalle: Intervenida en 2019 con artrodesis lumbar, evoluciona con dolor crónico sin que Médico Tratante plantee solución. Aporta los mismos antecedentes imagenológicos. TPI (trámite pensión de invalidez) Detalle: Trámite de pensión de invalidez ejecutoriado el 20.10.2020, dictaminó pérdida de 34 % de capacidad de ganancia (…) Fundamentos de la resolución: Solicita reconsideración de rechazo de 9 LMs (7 de ellas nuevas) por 300 días por Sindrome de dolor lumbar crónico. No aporta nuevos antecedentes que hagan variar lo resuelto”.

Destaca que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria. Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONA, puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal. En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

Refiere que como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. En este orden de ideas, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, negando alguna vulneración de derechos fundamentales.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: Copia del expediente administrativo, relativo al caso del recurrente de autos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, respecto de la excepción de extemporaneidad de la presente acción, cabe señalar que se impugna la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social de confirmar el rechazo de las licencias médicas, respecto de una misma patología que afecta al actor, resolviéndose el último recurso en sede administrativa dentro del término de 30 días que exige el auto acordado que rige la materia, por lo que será desechada dicha alegación. En este mismo sentido debemos agregar que la mencionada resolución materia de esta vía es de fecha 22 de diciembre de 2021, siendo presentada esta protección con fecha 13 de enero de 2022, lo que reafirma lo ya señalado en cuanto que ella fue presentada efectivamente dentro de plazo.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no es aquella señalada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendida en los numerales 1, 3, 4 y 24 del artículo 19, por lo que deberá desestimarse dicha defensa.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo de la acción de protección, cabe señalar que el acto arbitrario e ilegal denunciado por la parte recurrente dice relación con la resolución adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social de confirmar el rechazo de doce licencias médicas de la actora, denunciando, en definitiva la falta de fundamentación de dicho acto administrativo, el cual no se encontraría avalado por ningún antecedente médico o clínico que pudiera respaldar técnicamente tal decisión, especialmente por cuanto el motivo del rechazo dice relación con una incapacidad permanente en el estado de salud de la actora, lo que se ve reforzado por el hecho de que la Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez, reconoce tal situación, pero rechaza la declaración de invalidez de la recurrente.

QUINTO: Que, del análisis de los fundamentos esgrimidos para rechazar las licencias médicas de la actora, aparece que la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale más que la referencia a los antecedentes que la llevan a concluir la falta de justificación de la extensión del reposo ya autorizado, no haciendo mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado, sin que tampoco explicite los motivos, especialmente en atención que Compin estimó que el estado de salud de la recurrente no tenía el carácter de permanente, de modo tal que no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados. En este mismo orden de ideas destaca que en esta causa se aprecia una evidente contradicción, ya que por un lado se reconoce una afectación de salud de tipo permanente, la que a juicio de la recurrida hace improcedente la concesión de licencias médicas y por otra parte la misma institución de Salud, al resolver respecto de la petición de pensión por parte de la recurrente la rechaza por estimar que el porcentaje de invalidez no resulta suficiente para ello. Argumento que por este solo hecho podríamos considerar arbitrario. Y consecuencialmente pertinente para dar lugar a este recurso, ello por que una decisión de esa naturaleza deja a la recurrente en una clara situación de desprotección y afectación a sus legítimo derechos.

SEXTO: Que, además resulta insoslayable reflexionar que de acuerdo a las normas precedentemente referidas, es posible sostener que la recurrida, con mira a cumplir el mandato legal consistente en resolver las solicitudes presentadas por los afiliados al sistema de salud, pueden recabar los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido que se omite injustificadamente en el presente caso, trasladando el gravamen de cumplir con aquello al recurrente y sosteniéndose en dicha falta de antecedentes para fundar su decisión. En ese mismo sentido, como ha señalado la Excma. Corte Suprema en autos Rol N° 22.184-2018 “Que de esta forma, se advierte que el rechazo de la licencia médica que ha sido motivo del recurso, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, y lo sitúa en una encrucijada en la que a razón de su condición de salud no puede trabajar, pero, dada la cronicidad de la misma no tiene derecho al pago del subsidio que la respectiva licencia genera.”

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad e improcedencia de la acción de protección alegada por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña CAROLINA OLAVE ESPINOZA, abogada, en representación de doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, todos ya individualizados, por la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-176115-2021, de fecha 22 de diciembre de 2021, la que se dejan sin efecto, ordenándose que la Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente libelo.

Redacción del abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

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