Protección contra CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 07 de julio del año 2022, comparece don Sergio Andree Mellado Careau, abogado, en representación de don nombre reservado, enfermero del Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena de Temuco, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, de Temuco, quien interpone Recurso de Protección en contra de la CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, RUT N°RUT reservado, representada por el Contralor Regional don Marcello Rodrigo Limone Muñoz, CI. RUT reservado, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado.: W011971/2022 CCR.

Funda el recurso en que luego de la elaboración de un informe por parte de Contraloría Regional de la Araucanía, el Director del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, dictó la resolución exenta N° 718 de fecha 07.02.2022, la cual fue impugnada por su representado en tiempo y forma. Posteriormente, y en respuesta a aquella impugnación, la misma institución de salud, emitió la resolución N ° 1919 de fecha 24.03.2022, la cual fue oportunamente apelada ante la Contraloría Regional de la Araucanía. Como consecuencia de aquella apelación, finalmente, este órgano del Estado, emitió el dictamen FOLIO E221970/2022 REF.: W011971/2022 CCR, notificado con fecha 08 de junio de 2022, a través de correo electrónico, y respecto del cual deduce la presente acción de protección.

Sostiene que su representado se desempeña como enfermero en el Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez Aravena hace más de 11 años a la fecha, en la unidad de electrofisiología, funciones a través de las cuales ha aportado a elevar este servicio a los más altos rangos de eficiencia y resultados positivos para los pacientes que son atendidos. A partir de la elaboración del Informe de Contraloría Regional de la Araucanía, N*1014/31.12.2021, Unidad de Control Interno, sobre Auditoría a Compras de Servicios de Implantes de Marcapasos en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, acusó a su representado de incumplimiento de jornada laboral entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, dictándose la Resolución Exenta N°718/07.02.2022, sobre Incumplimiento de Jornada y Descuento de las próximas remuneraciones a su representado, la cual resolvió: “…1. regístrese incumplimiento de jornada por el período que se indica en recuadro y DESCUÉNTESE de la más próxima liquidación de remuneraciones correspondientes a los meses señalados de los años 2016, 2017, 2018 y 2019…”. Refiere que su representado ha sido sancionado como incumplidor de jornadas laborales que se señalan en tal informe, lo que en definitiva constituye ausentismo. En este orden de ideas, impugnó tal resolución, ante la misma autoridad que la dictó, la cual la confirmó desestimándola, a través de la resolución exenta N°1919 de fecha 24 de marzo de 2022. Finalmente, procedió a recurrir ante Contraloría General de la República, Dirección Regional de la Región de La Araucanía, misma institución que había elaborado el informe en el cual se basa la sanción, la cual confirmó la sanción a través de la resolución que por este acto se recurre de protección.

Dando cuenta en forma pormenorizada de las alegaciones en sede administrativa, refiere que pese a acompañar prueba suficiente que da cuenta de haber realizado efectivamente las labores respecto de las cuales se le acusan no haberlas llevado a cabo, fue sancionado de igual forma por el director del Hospital Regional HHA. Sus defensas, como se evidencia, señalaron que: 1) efectivamente llevo a cabo sus funciones, 2) que, en caso de no concederse tal alegación, se declarara la prescripción de los periodos señalados (2016 y 2017) y 3) que, en caso de insistirse con la obligación de restituir dinero, este fuese en cuotas. Así las cosas, y a pesar de haber controvertido cada uno de los puntos, el ente sancionador (hospital HHA) confirmó la sanción y más tarde, también lo hizo la Contraloría General de la República, dirección regional de La Araucanía.

En cuanto al Dictamen recurrido, postula la falta de motivación y fundamentación del acto administrativo, hecho que se puede apreciar del análisis de las argumentaciones contenidas en las defensas de su representado como lo fueron: 1) Lo relativo a la alegación de prescripción de los periodos 2016 y 2017, 2) principio de Primacía de la Realidad e Inexistencia de Ausentismo: y 3) lo referente a problemas en el sistema de registro, las cuales no han sido consideradas, analizadas y ponderadas en el dictamen que da lugar a este recurso. En cambio, este dictamen, solo se ha limitado a enunciar las defensas esgrimidas por su representado, pero no se indica porque no han sido acogidas ni los fundamentos por los cuales no fueron ponderadas en beneficio de su representado, quien acompañó en el expediente administrativo pruebas suficientes que daban cuenta de que efectivamente habría realizado siempre sus funciones.

Así, estima infringida el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, ya que se le ha negado a su representado, en lo relativo a la prescripción, la aplicación de una norma de ley especial que le beneficia (Artículo 158 del Estatuto Administrativo), y en su lugar se ha resuelto citando ley general (artículo 2.515, del Código Civil), todo ello sin manifestación de causa evidente, negando inclusive la aplicación de una norma que beneficia a su parte. Tal acto, reviste una discriminación arbitraria y una vulneración manifiesta de esta garantía constitucional protegida por la acción de protección. Asimismo, señala que la falta de fundamentación y motivación del acto ubica a su representado en una condición desfavorable respecto de otros sancionados bajo los mismos preceptos y que sí han logrado la motivación del acto. Tal circunstancia además perjudica su derecho a una legítima defensa y al debido proceso administrativo. De la misma forma, estima infringida el derecho de propiedad, ya que de darse cumplimiento a lo resuelto a través del dictamen recurrido tanto la Contraloría General de la República como el Hospital Regional D. nombre reservado, su representado podría ser privado de ingresos mensuales que legítimamente ha recibido en razón de sus funciones. $1.880.948.- (un millón ochocientos ochenta mil cuarenta y ocho pesos).

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, representada por el Contralor Regional don Marcello Rodrigo Limone Muñoz, ya singularizados, por haber emitido, respectivamente, el Dictamen FOLIO E221970/2022 REF.: W011971/2022 CCR, someter la presente acción a debida tramitación y, en definitiva, acogerla, declarando ilegal y/o arbitrario el mencionado acto administrativo y, a su vez: 1. Dejar sin efecto el dictamen FOLIO E221970/2022 REF.: W011971/2022 CCR; ordenando al recurrido emitir un nuevo dictamen que se pronuncie completa y suficientemente respecto de todas las alegaciones formuladas por su representado, de conformidad a Derecho; 2. O, en subsidio, ordenar a la recurrida dejar sin efecto el dictamen FOLIO E221970/2022 REF.: W011971/2022 CCR, y emitir un nuevo dictamen que se pronuncie completa y suficientemente respecto de todas las alegaciones formuladas por mi representado, de conformidad a Derecho; 3. Con costas.

A folio 10, con fecha 19 de agosto del año 2022, informa don nombre reservado, CONTRALOR REGIONAL, por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Manifiesta que en cumplimiento del plan anual de fiscalización de la Entidad de Control para el año 2021, la Contraloría Regional efectuó una auditoría a las compras de servicios de implantes de marcapasos, en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, la cual culminó con el Informe Final N° 1.014, de 31 de diciembre de 2021, de este origen, el que observó, entre otras anomalías, que ciertos funcionarios -entre estos el recurrente-, omitieron registrar el horario de entrada y/o salida de su jornada diaria de trabajo en los periodos que allí se detallan, razón por la cual, se instruyó a dicho centro asistencial que determinara las sumas de dinero que les correspondía restituir a los funcionarios, respetando el plazo general de prescripción de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil. En razón de lo instruido por esta Sede Regional, el anotado recinto hospitalario dictó la resolución exenta N° 718, de 7 de febrero de 2022, mediante la cual estableció, respecto del señor nombre reservado, el incumplimiento de la jornada laboral por el periodo allí indicado, ordenando el descuento en “la más próxima liquidación de remuneraciones, correspondiente a los meses señalados de los años 2016, 2017, 2018 y 2019”. Enseguida, el actor reclamó ante el servicio hospitalario por la emisión de la citada resolución exenta N° 718, de 2022, alegando la prescripción de los periodos investigados en los años 2016 y 2017, la inexistencia de ausentismo, y las falencias en el sistema de registro. Posteriormente, el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, a través de la resolución exenta N° 1.919, de 24 de marzo de 2022, luego de ponderar las alegaciones del señor nombre reservado, ordenó al recurrente reintegrar la suma de $1.880.948, a raíz de la omisión de marcaje en la entrada y/o salida de su jornada diaria de trabajo en las fechas que la misma detalla, siendo la primera de éstas, la de 10 de marzo de 2017. Con fecha 13 de abril de 2022, el recurrente reclamó ante esta Contraloría Regional en contra de la reseñada resolución exenta N° 1.919, de 2022, esgrimiendo a su favor los mismos fundamentos expuestos, y analizados los antecedentes que se tuvieron a la vista por la Sede Regional de Control, se emitió el oficio N° E221970, de 7 de junio de 2022 -impugnado en estos autos- que desestimó el reclamo del señor nombre reservado, toda vez que no se advirtió ilegalidad o irregularidad en la dictación de la aludida resolución. Hace presente que en aludido Informe Final N° 1.014, de 2021, además de constatar que ciertos funcionarios, entre ellos, el actor, omitieron registrar el horario de entrada y/o salida de su jornada diaria de trabajo en ciertos periodos, se observaron otras anomalías. Así, se estableció, que la entidad Fundación Pro Ayuda a la Unidad de Radioterapia Hospital Base Valdivia -FUNCOVAL-, que se adjudicó la ejecución de servicios de implantes de marcapasos para ser realizados fuera del horario institucional de ese hospital, facturó irregularmente 506 prestaciones por dichos servicios, las que fueron pagadas por el hospital por la suma de $409.536.493, por cuanto estas prestaciones fueron realizadas por el centro hospitalario dentro de su horario institucional y con personal de ese establecimiento, lo que permitió, por otra parte, que dichos funcionarios percibieran los honorarios acordados con la empresa por cada uno de los servicios. En atención a lo expuesto, en el citado informe, se concluyó, entre otras cosas, que el Organismo de Control procedería a remitir copia de este documento a la Fiscalía Local de Temuco, en virtud de la causa RUC N°1901057586-1, en la cual, con fecha 13 de mayo de 2022, se formalizó -en lo que interesa- al actor por el delito de fraude al Fisco, en calidad de autor. Finalmente, indica que en el reseñado informe se ordenó la instrucción de un sumario administrativo, y la remisión de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Alega la falta de legitimación pasiva, ya que si bien el actor recurre en contra del oficio N° E221970, de 2022, de la Contraloría General de la República, lo cierto es que lo verdaderamente impugnado es la resolución N° 1.919, de 24 de marzo de 2022, del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco. En efecto, el acto que presuntamente habría causado agravio al recurrente fue emitido por el reseñado centro hospitalario, ello en atención a que el oficio N° E221970, de 2022, se limitó a emitir el pronunciamiento solicitado por el actor, quedando firme el acto original dictado por el Hospital, debiendo, en consecuencia, dirigirse la presente acción en contra de aquella determinación, refiriendo que el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco no ha sido emplazado en la presente acción Agrega que el asunto planteado es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, ya que al deducir la presente acción, no se ha intentado amparar algún derecho indubitado, sino que por el contrario, lo que verdaderamente pretende el actor, a través de la presente acción es plantear ante una controversia fáctica y jurídica sobre la procedencia de acoger la solicitud de prescripción de los hechos que alega, correspondientes al año 2017, conforme con las disposiciones aplicables a la acción disciplinaria, o si los correos electrónicos que señala haber emitido durante el periodo cuestionado -que por cierto, no acompañó a la reclamación efectuada ante esta Sede Regional de Control-, son suficientes para acreditar el desempeño de sus funciones en las fechas en que omitió registrar su entrada y/o salida de su jornada diaria de trabajo, o si efectivamente existían falencias en el sistema de registro de control horario del recinto hospitalario ya mencionado, que hubiesen incidido en dicha omisión, antecedentes que tampoco aportó en su presentación, refiriendo que las mencionadas situaciones no corresponden ser dilucidadas por medio de la presente acción cautelar, ya que esta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, requisitos copulativos que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia. En mérito de lo expuesto, queda en evidencia que se trata de una cuestión tendiente a obtener un juicio declarativo, ajeno a toda solicitud de restablecimiento de algún derecho indiscutido que se encuentre amagado.

Añade que no se advierte de qué manera el oficio impugnado puede ser estimado ilegal, toda vez que fue emitido de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas a esta Entidad Regional, en virtud de los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; artículos 5°, 6° y 9° de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General y la resolución N° 1.002 de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales, por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales, legales y reglamentarias han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico sustantivo que regula la materia. Asimismo, la actuación contra la cual se recurre no constituye una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de esta Entidad Regional de Control, sino que es el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, a solicitud expresa del recurrente, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y de la aplicación de la jurisprudencia administrativa pertinente, en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho. Así, la sola circunstancia que el interesado no comparta la decisión de esta Institución de Fiscalización, en ningún caso transforma en arbitrario el oficio impugnado. Finalmente, y dado que en la especie no concurren los supuestos de ilegalidad o arbitrariedad establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe rechazarse el recurso de autos.

En cuanto al fondo, refiere que el Oficio N° E221970, de 2022, se encuentra debidamente fundado y motivado. Del simple examen se puede advertir que en él se indican todos los fundamentos jurídicos en los cuales se basó, haciendo un análisis de la situación particular del recurrente -con los antecedentes tenidos a la vista- para luego resolver desestimar las argumentaciones expuestas por el actor, dando origen a un pronunciamiento motivado en derecho que señala las razones por las cuales la Contraloría Regional resolvió desestimar su pretensión. La obligación de reintegrar lo adeudado por concepto de incumplimiento de jornada del actor, no se encuentra prescrita. De la lectura del reclamo presentado por el actor ante esta Contraloría Regional, con fecha 13 de abril de 2022, en contra de la citada resolución exenta N° 1.919, de 2022, del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, se advierte que los argumentos y defensas expuestas para fundamentar su petición dicen relación con que, respecto de las omisiones de marcaje de entrada y/o salida de su jornada diaria de trabajo ocurridas durante los años 2016 y 2017, habría operado la prescripción de la acción disciplinaria conforme a lo dispuesto en el artículo 158, de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Es primer lugar, manifiesta que tal como se indicó en los antecedentes del presente informe, la resolución exenta N° 1.919, de 2022, ordenó al recurrente reintegrar la suma de $1.880.948, a raíz de la omisión de marcaje en la entrada y/o salida de su jornada diaria de trabajo en las fechas que la misma detalla, siendo la primera de ésta, la de 10 de marzo de 2017, sin hacer alusión a situaciones ocurridas en el año 2016. En segundo lugar, resulta pertinente señalar que el actor, para efecto de eximirse del pago de la suma $ 1.880.948, que debe reintegrar, fundamenta su petición en lo dispuesto en el artículo 158, de la ley N° 18.834, lo que resulta del todo erróneo, por cuanto la obligación de restituir del recurrente no surge a consecuencia de un procedimiento disciplinario, indicando el artículo 72, inciso primero, del mismo texto legal. Así, la resolución del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, que ordenó al actor el reintegro de las remuneraciones percibidas indebidamente por la suma de $1.880.948, obedece al ejercicio de las atribuciones que la propia ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, concede a la jefatura para descontar aquellas sumas recibidas por el tiempo durante el cual no se hubiere trabajado efectivamente, y no al ejercicio de la potestad sancionatoria de que se encuentra dotada la autoridad en el marco de un proceso disciplinario de acuerdo a lo preceptuado en sus artículos 119 y siguientes de aquella ley, razón por la cual no resulta procedente aplicar las normas sobre prescripción de acción disciplinaria establecidas en los artículos 158 y siguiente de la anotada ley N° 18.834. De esta manera, indica que la autoridad respectiva se encuentra facultada para deducir directamente las sumas correspondientes al tiempo no trabajado por un funcionario, sin necesidad de instruir un proceso disciplinario, en la medida que las omisiones consten de manera palmaria o manifiesta, otorgándole traslado al interesado. Criterio recogido por la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, entre otros, en los dictámenes Nos 69.505, de 2016 y 63, de 2020, de este origen. Enseguida, refiere que la obligación de reintegrar las remuneraciones percibidas indebidamente no reviste la naturaleza de una sanción administrativa, sino que se trata de la consecuencia jurídica de una situación expresamente prevista en la ley N° 18.834 y, por consiguiente, no implica el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado. Criterio recogido por la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control en el dictamen N° 24.980, de 2018. Por otra parte, afirma que si bien no existe una disposición expresa que determine la época desde la cual corresponde ejecutar los descuentos por remuneraciones percibidas indebidamente, estos pueden realizarse en cualquier momento, respetando, por cierto, el plazo general de prescripción de cinco años establecido en el artículo 2.515, del Código Civil. Criterio recogido por la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría, entre otros, en los dictámenes Nos 19.756, de 2019 y E51687, de 2020. En razón de lo anterior, y atendido que el plazo general de prescripción de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil y lo precisado en los citados dictámenes Nos 19.756, de 2019 y E51687, de 2020, ambos de este origen, se debe desestimar la alegación del interesado referida a la prescripción de la acción de cobro de la deuda correspondiente al año 2017. En cuanto a la inexistencia de ausentismo por parte del actor y las falencias del sistema de registro señala, que si bien el actor indica que habría acompañado antecedentes o elementos de juicio, en su presentación ante esta Sede de Control, que sustentan sus afirmaciones, lo cierto es que no consta dicha documentación, y por otra parte, resulta, a lo menos, increíble sostener que el recurrente fuera el único funcionario del servicio hospitalario que tuvo problemas con el sistema de registro. presuntamente vulnerados.

En cuanto a los derechos constitucionales invocados como afectados, señala que no se advierte de que manera la garantía en estudio ha podido ser vulnerada por este Órgano Contralor a través de la actuación recurrida, puesto que la emisión del oficio N° E221970, de 2022, fue realizada con estricto cumplimiento de la normativa y jurisprudencia aplicable en la especie, sin hacer ninguna clase de discriminación, ni menos arbitraria. Del mismo modo, el recurrente tampoco ha acreditado la existencia de diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido respetado por este Órgano Fiscalizador, toda vez que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa existente en la materia a todos quienes se han encontrado en igual situación jurídica, razón por la que mal podría suponerse que dicha actuación haya significado dar al actor un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado la garantía de que se trata. En efecto, a través de los dictámenes Nos 69.505, de 2016; 7.963 y 24.980, ambos de 2018; 19.756, de 2019; 63 y E51687, ambos de 2020, la Contraloría General ha sostenido los mismos criterios manifestados en el pronunciamiento impugnado, dejando claro que la autoridad puede deducir directamente de las remuneraciones las sumas correspondientes al tiempo no trabajado por un funcionario; que aquello no reviste la naturaleza de una sanción administrativa y, por ende, el plazo de prescripción aplicable a dichos descuentos es el de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil. Por el contrario, si esta Entidad de jurisprudencia administrativa vigente en la materia, dicho pronunciamiento habría significado dar al señor nombre reservado un privilegio que habría quebrantada la garantía de que se trata. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República El recurrente alega, que, de darse cumplimiento a lo resuelto en el oficio impugnado, podría verse privado de los ingresos mensuales que legítimamente ha recibido en razón de sus funciones. Agrega respecto al artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental que para contar con esa protección constitucional es necesario que el derecho reclamado ingrese válidamente al patrimonio del afectado, condición que no se verificó en la especie. Ello por cuanto, para que un bien ingrese al patrimonio de una persona se deben satisfacer las condiciones que el ordenamiento jurídico prevé al efecto. En este sentido, reitera que el recurrente en su presentación no acompañó antecedente o documentación alguno que acreditase la efectividad de las alegaciones referidas al cumplimiento íntegro de su jornada de trabajo en los periodos cuestionados y a las fallas o falencias que presuntamente presentaba el sistema de registro de control horario del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, que permitiesen a esta Sede Regional de Control alterar o reconsiderar las conclusiones a las que se arribó sobre este punto en el citado Informe Final N° 1.014, de 2021, y en la resolución N° 1.919, de 2022, del aludido hospital. De esta manera, concluye que al no haber desempeñado efectivamente sus funciones el actor durante el periodo observado en la citada resolución exenta N° 1.919, de 2022, del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, nunca tuvo derecho a percibir las remuneraciones asociadas a dicho desempeño, por lo que no se aprecia de que forma el oficio N° E221970, de 2022, de esta Contraloría Regional, pudo privar, perturbar o amenazar su derecho de propiedad sobre un derecho inexistente. Por todo lo anterior solicita se desestime el recurso de protección.

A folio 16, con fecha 06 de diciembre del año 2022, conforme el artículo tercero del Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección se dispuso solicitar informe al Hospital Regional de Temuco, el que fue evacuado a folio 20.

Se trajeron los autos en relación y la vista de la causa tuvo lugar el día dieciséis de febrero en curso, con asistencia de los letrados representantes de ambas partes que alegaron conforme a sus respectivas pretensiones.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar protección.

SEGUNDO: Que, en el caso de autos, se ha interpuesto recurso de protección por el abogado don Sergio Andree Mellado Careau, en representación de don nombre reservado, en contra de la CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, con motivo de la dictación del Dictamen Folio E221970/2022, que desestimó el reclamo en contra de la Resolución Exenta Nº1919, de 2022 emanada del Hospital Hernán Henríquez Aravena, que ordenó al recurrente reintegrar la suma de $1.880.948, por concepto de incumplimiento de su jornada de trabajo por el período que indica.

De esta forma, se ha solicitado por la actora que, en virtud de la vulneración de derechos fundamentales, se deje sin efecto el dictamen, ordenando a la recurrida emitir un nuevo dictamen que se pronuncie completa y suficientemente respecto de todas las alegaciones formuladas por su representado, de conformidad a derecho; y, en subsidio, ha solicitado que se ordene a la recurrida dejar sin efecto el dictamen, y emitir uno nuevo, todo ello con costas.

TERCERO: Que, previo a analizar el fondo, y respecto a la alegación de la recurrida Contraloría Regional de la Araucanía en relación a la falta de legitimación pasiva, necesariamente esta Corte debe tener presente que las peticiones concretas del recurso de autos pretenden dejar sin efecto el Dictamen Folio E221970/2022, de su origen, fundado en su falta de motivación, no excediendo los términos del recurso en orden a afectar las decisiones de otros organismos administrativos, sin perjuicio del cumplimiento que ha realizado esta Corte a lo dispuesto en el artículo tercero del Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, motivo por lo que desechará esta alegación.

CUARTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, la Excma. Corte Suprema ha sostenido invariablemente que la motivación del acto administrativo, por expreso mandato de los principios constitucionales y legales de publicidad y transparencia, supone la exposición clara y concreta de los motivos del acto administrativo.

En efecto, la motivación del acto administrativo, entendido como una resolución fundada, implica un examen riguroso de las razones expresadas en el mismo, cuestión que supone analizarlas en concreto conforme han sido esgrimidas por la Administración. Además, la motivación debe incluir una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión, indispensables para evaluar su razonabilidad y proporcionalidad, cuestión a lo que no está ajeno la recurrida.

QUINTO: Que, en estos antecedentes, es prístino que el Dictamen Folio E221970/2022 emitió pronunciamiento respecto al reclamo formulado por el actor respecto a la Resolución Exenta Nº1919, de fecha 24 de marzo del año 2022, emanada del Hospital regional Hernán Henríquez Aravena, que a su vez se pronunció respecto de la apelación deducida por don nombre reservado respecto de la Resolución Exenta Nº718, de fecha 07 de febrero del año 2022, que dispuso el registro de incumplimiento de la jornada por el período que indica y dispuso el reintegro. Cabe añadir que este acto administrativo tiene como antecedente el Informe Final de Auditoría N° 1014/2021, de 31 de diciembre de 2021, que concluyó en la existencia, entre otras falencias, de omisiones de marca de asistencia incluyendo al ahora recurrente, instruyendo el cálculo de los montos a restituir por parte de los funcionarios involucrados, respetando el plazo de prescripción general del artículo 2515 del Código Civil, previo traslado a los afectados, lo que se efectuó por la entidad hospitalaria.

Así entonces, la Resolución Exenta Nº1919 ha dado cuenta y respondido los tres argumentos de la apelación del actor consistentes en la prescripción de los periodos investigados 2016 y 2017; la aplicación del principio de primacía de realidad e inexistencia de ausentismo, unido a las falencias del sistema de registro, todo lo cual fue rechazado por el Hospital Hernán Henríquez Aravena en la predicha Resolución.

SEXTO: Que, en consecuencia, teniendo a la vista el escrito de reclamación, acompañado por el actor a folio 38 y documental de folio 20, en relación al Dictamen Folio E221970/2022, no se advierte ilegalidad alguna, puesto que precisamente consta que el acto administrativo da cuenta de los fundamentos para desechar las alegaciones de prescripción, y de fondo, relativas a que habría prestado efectivamente los servicios como de las falencias del sistema de registro, no dando razones el actor de qué argumentos fueron omitidos por Contraloría en su libelo.

Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto a la supuesta omisión de una revisión documental, cuya diligencia fue solicitada por el recurrente en un otrosí de su escrito presentado ante el Órgano de Control, reclamado particularmente en estrados, esto es, que Contraloría dispusiera que el Hospital remitiera el Expediente Administrativo respectivo, aparece que la entidad en su Dictamen señala que no se aportó por el actor nuevos antecedentes o elementos de juicio que permitieran alterar las conclusiones a las que se arribó en el Informe Final Nº1014, del año 2021, del mismo organismo, que también fue acompañado a estos autos y en que fueron analizados elementos en tal sentido.

SEPTIMO: Que, por tales razones, a juicio de esta Corte, el acto recurrido satisface el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, expresando razones para rechazar la presentación, decisión adoptada en el marco de sus competencias propias y en conformidad al mérito de los antecedentes, motivo por lo que la acción cautelar no está en condiciones de prosperar, al no concurrir los presupuestos de ilegalidad o arbitrariedad que se exigen al efecto.

Por estas consideraciones, normativa citada y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Sergio Andree Mellado Careau, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, todos ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Francisco Ljubetic Romero.

Rol N° Protección-29998-2022.(jog)