Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación

C.A. de Temuco Temuco, nueve de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos Comparece el Sr. nombre reservado, ex funcionario de Carabineros de Chile, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución Política, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), por la forma en que este organismo consigna información en su Certificado de Antecedentes para Fines Especiales.

Expone que se encuentra sometido a proceso penal militar ante la Fiscalía Militar de Arica, Rol 204-2020, por el delito previsto en el artículo 406 del Código de Justicia Militar (“embriaguez”), destacando que su alcoholemia habría sido cero y que no consume alcohol “hace años”, sin perjuicio de lo cual la tramitación en el denominado “sistema antiguo” puede prolongarse por un periodo considerable.

Señala que, con fecha 28 de julio de 2025, al emitirse su certificado de antecedentes para fines especiales, el SRCEI incluyó bajo el epígrafe “Registro General de Condenas” la glosa que lo identifica como “AUTOR DEL DELITO DE EMBRIAGUEZ (art. 406 C.J.M.)”, con referencia a actuación fiscal de 05 de diciembre de 2022, sin existir sentencia firme en su contra; alega que tal redacción lo trata como condenado y no como persona sometida a proceso.

Indica que la glosa referida le ocasiona perjuicios concretos en su empleabilidad, por cuanto, al postular a un trabajo en la empresa Mitra, se le exigió certificado “sin antecedentes”, advirtiéndosele que, por razones de auditoría, “es muy importante que no tengan antecedentes”, todo lo cual habría derivado en el cierre de oportunidades laborales y afectación de su honra y dignidad.

Funda su acción en la presunción de inocencia como regla de trato y de juicio (artículo 4 del Código Procesal Penal; artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), integrada al ordenamiento interno por el artículo 5 inciso segundo de la Constitución. Sostiene, además, la afectación del artículo 19 N° 26 (contenido esencial de los derechos) y la perturbación de su derecho de propiedad sobre bienes incorporales (artículo 19 N° 24), en cuanto la actuación administrativa le impondría una condena informal contraria al estándar constitucional e internacional.

Califica la actuación del SRCEI como ilegal —por desconocer el deber de distinguir entre condenas firmes y procesos en curso— y arbitraria, por resultar irrazonable y desproporcionada la ubicación y redacción de la glosa bajo el “Registro General de Condenas”, generando una apariencia de culpabilidad que excede el fin legítimo de informar antecedentes.

Concluye que no pretende ocultar la existencia del proceso, sino que el Estado —a través del SRCEI— informe con veracidad, precisión y proporcionalidad, evitando calificarlo como autor mientras no exista sentencia ejecutoriada, por cuanto esa práctica vulnera su presunción de inocencia y le restringe ilegítimamente el acceso al trabajo.

En su petitorio, solicita acoger el recurso y ordenar al SRCEI modificar la glosa del certificado asociado a su R.U.N., de modo que refleje su real calidad procesal en la causa militar —identificando rol, sede y tipo penal— y deje constancia de la inexistencia de sentencia firme; pide, además, que se dispongan las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se condene en costas al recurrido.

En otrosí, acompaña antecedentes documentales, entre ellos: (i) conversaciones que evidencian los requisitos laborales exigidos por la empresa y el impacto del certificado; (ii) el certificado de antecedentes cuestionado; (iii) comunicaciones de su postulación (currículum, cédula y certificados) y el “Dictamen N.° 11” de la Fiscalía Militar de Arica de 29 de abril de 2024.

Que el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI) informa señalado que el recurso impugna como ilegal y arbitraria la supuesta negativa del Servicio a modificar la glosa del certificado de antecedentes del recurrente, quien pretende que se consigne expresamente su calidad de procesado en la causa N.º 204/2020 de la Fiscalía Militar de Arica, en lugar de aparecer como “autor del delito” de embriaguez del art. 406 del Código de Justicia Militar.

Tras revisar la base de datos del Registro General de Condenas, el SRCEI informa que el recurrente registra la anotación: Causa 204/2020, Fiscalía Militar de Arica; “Decl. reo”: 5 de diciembre de 2022; delito: “Autor del delito de embriaguez, art. 406 CJM”. Precisa que el “Auto de Procesamiento” queda consignado en la glosa “Decl. reo” dentro del Extracto de Filiación y Antecedentes (que adjunta), lo cual , según sostiene, refleja justamente la situación procesal que el actor desea se explicite. Asimismo, deja constancia de que el recurrente no registra orden de aprehensión vigente, no figura como prófugo, ni presenta anotaciones en el Registro de Responsabilidad Penal Adolescente.

El Servicio añade que, con base en los antecedentes del prontuario penal, se configuran los presupuestos de arraigo de pleno derecho respecto de la causa 204-2020, conforme al art. 305 bis C del Código de Procedimiento Penal. Este punto se informa como un efecto jurídico derivado de la condición procesal registrada.

En cuanto a gestiones previas, el SRCEI refiere una consulta SIAC resuelta el 22 de julio de 2025 (F.P. Ord. N.º 38126), en la que se indicó al recurrente que, para resolver lo que en derecho corresponda, debía remitir copia autorizada y ejecutoriada de la sentencia definitiva de la causa, y se explicó que el Servicio cumple con el art. 4º del Decreto Supremo N.º 64 de 1960 (Ministerio de Justicia), norma que ordena a los tribunales remitir al SRCEI, entre otras resoluciones, los autos de procesamiento, revocatorias, sobreseimientos y sentencias para su ingreso al prontuario.

El informe transcribe y destaca el art. 4º del D.S. 64/1960, que obliga a los tribunales con jurisdicción penal (incluida la justicia militar) a enviar las resoluciones pertinentes, en particular, autos de procesamiento, y regula además el envío de órdenes de detención/prisión/aprehensión y su catastro (de acceso restringido a autoridades). Con apoyo en esa normativa, el SRCEI sostiene que no existe otra modalidad: cuando hay auto de procesamiento (sistema antiguo), debe incorporarse la información respectiva (delito y fecha), mientras que en el sistema procesal penal actual (garantía y juicio oral), al no existir resolución de procesamiento, lo que se ingresa es la sentencia condenatoria si la hay.

Sobre esa base, el SRCEI afirma haber actuado dentro de los márgenes legales, niega la existencia de ilegalidad o arbitrariedad, y agrega que no procede un “beneficio de omisión o eliminación” en el caso, por cuanto no existe sentencia en la causa indicada (esto es, no se está en el supuesto habilitante para las figuras de eliminación reguladas). Recalca, además, que no discrimina: aplica las mismas reglas a todos, por lo que no corresponde efectuar distinciones o tratos especiales fuera de lo previsto por la normativa.

En su petición final, solicita a la Corte tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección, con condena en costas. Como antecedentes adjuntos, acompaña: (i) el Extracto de Filiación y Antecedentes del recurrente donde consta la glosa “Decl. reo” y la referencia al art. 406 CJM; y (ii) la respuesta SIAC de 22-07-2025 que explica el fundamento legal del registro y la exigencia de sentencia firme para otras solicitudes.

CONSIDERANDO Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías allí indicadas frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen su privación, perturbación o amenaza, siempre que tales derechos aparezcan indubitados y que la vía cautelar sea idónea para restablecer el imperio del derecho de manera inmediata.

Segundo: Que, asentados los términos del debate, la cuestión controvertida se contrae a determinar si la glosa consignada por el Servicio de Registro Civil e Identificación en el certificado de antecedentes del actor, que hace referencia a un auto de procesamiento dictado en sede militar y a su calidad jurídica en esa causa, configura un acto ilegal o arbitrario y, en tal caso, si corresponde ordenar su modificación por esta vía.

Tercero: Que de los antecedentes aparece que la información cuestionada emana de una resolución jurisdiccional (auto de procesamiento) remitida al Servicio de Registro Civil e Identificación por el tribunal competente y se incorpora al registro en cumplimiento de un mandato legal y reglamentario que impone al Servicio el deber de asentar en el prontuario los hitos procesales relevantes. Luego, la actuación recurrida tiene el carácter de acto administrativo reglado, pues su emisión, contenido y soporte se encuentran previamente determinados por la ley; en tales condiciones, no se advierte ilegalidad en el mero hecho de transcribir lo decidido por la autoridad judicial competente.

Cuarto: Que, en lo concerniente a la alegada arbitrariedad, cabe precisar que la glosa impugnada no equivale a una declaración de culpabilidad ni a la imposición de una sanción por parte del órgano administrativo, sino que refleja el estado procesal del recurrente y la calificación técnico-jurídica utilizada por el tribunal de la causa. La presunción de inocencia, como regla de juicio y de trato, no se ve desconocida por el hecho de que un certificado oficial dé cuenta de una resolución judicial vigente, tanto más si su fuente es pública y el Servicio carece de potestad para alterar o reformular el contenido de lo resuelto por el órgano jurisdiccional.

Quinto: Que, la pretensión del actor, en rigor, importa recalificar o modificar la manera en que se expresa una decisión judicial en los registros administrativos, procurando sustituir la indicación de la calidad procesal asentada por el tribunal por una fórmula distinta. Tal decisión excede el marco del recurso de protección, por cuanto supone revisar, o neutralizar en sus efectos externos, una resolución jurisdiccional aún vigente, cuestión que corresponde promover ante el tribunal de la causa mediante las incidencias o impugnaciones que el ordenamiento prevé, supuesto tras el cual el Servicio de Registro Civil e Identificación debe efectuar las actualizaciones que procedan.

Sexto: Que, por otra parte, el perjuicio laboral que el actor atribuye al certificado, consistente en dificultades en procesos de selección, constituye, a lo sumo, una consecuencia mediata de decisiones de terceros particulares, no un efecto directo e inmediato de un acto arbitrario del Servicio. El nexo causal exigido por el artículo 20 no se presenta con la inmediatez y certeza que la acción cautelar demanda, lo que robustece la improcedencia de la tutela solicitada.

Séptimo: Que la vía de protección no es apta para sustituir procedimientos especiales o controversias de lato conocimiento que requieren debate y prueba sobre extremos como la exactitud o alcance de las resoluciones judiciales de base, o sobre la procedencia de su supresión o modificación en los registros; admitir lo contrario importaría desnaturalizar la acción cautelar y vaciar de contenido las competencias del tribunal de la causa.

Octavo: Que, en suma, no se configura en la especie un acto ilegal ni arbitrario atribuible al recurrido, desde que el Servicio se ha limitado a cumplir con un deber jurídico de registrar información jurisdiccional; tampoco se advierte privación, perturbación o amenaza actual y directa de alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 que sea susceptible de ser restablecida por esta vía.

Noveno: Que, atendido que la controversia se ha promovido con antecedentes que permiten comprender la inquietud del actor, se regularán las costas en la forma que se dirá.

por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-2979-2025.(jog)