nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, diez de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparecen nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en Quintrilpe, comunidad nombre reservado, comuna de Vilcún; nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de la Presidencia de Chile representada por nombre reservado.

Expresan en su recurso que El centro de inmersión infantil Txempeyem Mapuzugun mew, también conocido como nido lingüístico comenzó su funcionamiento en marzo del año 2023, teniendo por objetivo apoyar a familias mapuche en la crianza de sus hijos e hijas en su lengua mapuche. Para esto, en Txempeyem por medio de la educación inicial aportamos en el proceso de adquisición de la lengua mapuche de niños y niñas mapuche desde un año de edad hasta los cuatro años. Esto fue posible, gracias al financiamiento de un fondo internacional que apoya distintas iniciativas relacionadas a nombre reservado; el cual cubría un porcentaje del costo total del proyecto, para su funcionamiento los años 2023 y 2024.

El funcionamiento de Txempeyem, como experiencia piloto ha demostrado grandes avances para el mapuzugun como lengua de enseñanza, marcando un hito para esta lengua minorizada.

Pero más importante aún, Txempeyem ha hecho posible el sueño de familias mapuche permitiendo que sus hijos e hijas hablen mapuzugun y puedan jugar, y vivir como niños en su propia lengua; volviendo así desde el amor y la contención, un espacio seguro para pu püchikeche (niños) y sus familias.

Es importante señalar, que su lengua se encuentra realmente en riesgo, dado que aproximadamente hace dos décadas se detuvo la transmisión en el hogar, dando paso a que todos los niños y niñas mapuche sean monolingües en castellano. Dado que el compromiso con nuestra lengua ha ido creciendo entre la juventud y familias jóvenes, hoy es posible que existan niños hablantes de mapudungun, gracias al trabajo de las familias y de Txempeyem.

Sostuvieron audiencia con la SEREMI de Educación de la región de la Araucanía con fecha noviembre de 2022, donde fueron a presentar su proyecto que abriría sus puertas en 2023, el objetivo además era solicitar apoyo económico para llevar adelante el proceso; sin embargo, desde el departamento jurídico se les indicó que un nido lingüístico no es una figura reconocida por el Ministerio de Educación, por lo que son considerados una guardería, y por esto al ser una empresa, el MINEDUC no podría apoyar de ninguna forma nuestra iniciativa. Paralelo a esto, la seremi de educación les aconseja solicitar dinero a "las forestales"; sin considerar que ante estas palabras está condicionando la educación de nuestros hijos a la caridad de terceros y no asumiendo la responsabilidad como institución. De esta forma, tal como lo señala el enfoque de derecho al que apela la educación en específico la educación Parvularia, sus hijos no son considerados sujetos de derecho, sino objeto de necesidad, dependiendo de solidaridad su bienestar integral y no responsabilidad del Estado.

Un segundo hecho a considerar es el compromiso asumido por el actual director de CONADI Luis Penchuleo Morales en 2022, donde se asignaría un presupuesto para apoyar Txempeyem en 2023. Este compromiso fue avanzando hasta que, en febrero de 2023, el jefe nacional del departamento de cultura les llama para informarles que el monto asignado para su centro era de $25.000.000, un aporte que vendría a permitir el financiamiento total del proyecto.

Luego de distintas reuniones y gestiones, el monto logrado es enviado a CONADI Sur, para realizar el convenio con el Instituto Nacional de la Lengua Mapuche, personalidad jurídica a través de la cual se bajaría el aporte. Durante meses de conversaciones, donde se estaban realizando las gestiones legales para la firma del convenio, en junio de 2023 les envían el borrador del mismo, para revisión de este. Sin embargo, luego de meses de no tener mayor información, y sin obtener respuesta a sus mensajes y solicitudes; les convocan a conversar desde el gabinete del director nacional, para informarles que el apoyo comprometido no se hará efectivo, puesto que no existirían las vías administrativas para bajar los recursos; a lo que además, se señala que debido al llamado caso convenios no pueden apoyar iniciativas mediante trato directo, sin embargo con fecha 10 de agosto de 2023 se le realiza asignación directa para la ejecución de un proyecto lingüístico y espacio de formación indígena a la Fundación Familia Larraín Echeñique por el monto de $30.000.000; información a la vista en el Portal de Compras Públicas. Es preciso aclarar, que, durante todo ese tiempo de espera, Txempeyem continuaba su funcionamiento, cumpliendo con recursos propios y los del fondo internacional los ítems que serían cubiertos con el aporte de CONADI, como serían los honorarios de las educadoras, cocinera, principalmente.

En relación a lo antecedentes planteados, hoy Txempeyem no cuenta con apoyo económico para continuar su funcionamiento en marzo de este año; esto dado que el no cumplimiento del aporte económico de CONADI, como organización se vieron obligados a pagar sueldos con el dinero del fondo internacional destinado para el funcionamiento del centro durante 2024.

Hoy como familias beneficiadas por el trabajo de Txempeyem, se encuentran sumamente desesperanzados dado que a pesar de las muchas gestiones no han logrado que se apoyara realmente este proyecto destinado a nuestros püchikeche. Con horror, ven como las políticas públicas no han sido bien direccionadas, y dejan desprotegida a la primera infancia mapuche, niñas y niños hablantes de mapudungun, quienes son el futuro de su lengua; pero que, dado a la poca comprensión de las autoridades sobre procesos de revitalización lingüística, así como la importancia de la educación en primera infancia, no gestionan los recursos públicos de forma en la que realmente sea un aporte, y cumpla con los compromisos asumidos por su gestión.

Inversión en recursos pedagógicos para la primera infancia, siendo estos: material didáctico Montessori; recursos de psicomotricidad y corporalidad de la pedagogía de Bernard Aucouturier; recursos pedagógicos de la pedagogía Pikler; así como la habilitación del espacio arrendado para el buen desarrollo de las actividades con los niños y niñas, además de la compra de mobiliario infantil según norma del JUNJI, y la compra de un furgón para traslado de los niños y niñas; todos estos gastos realizados gracias a un fondo internacional aportados a la organización.

Además, señalan que con fecha 29 de enero de 2024, como apoderados fueron notificados por medio de una carta, la no continuidad del proyecto educativo por falta de recursos económicos, debido a la poca rigurosidad al cumplimiento de compromisos de las instituciones públicas, en específico de CONADI.

Como familias recurrentes, presentan estos antecedentes con la finalidad de dar cuenta que el espacio Txempeyem presenta las condiciones físicas, como el espacio y mobiliario para continuar de buena forma con las actividades y clases de con sus hijos e hijas, pero que no cuenta con el presupuesto suficiente para el pago de honorarios y gastos de funcionamiento diario del centro de inmersión, lo que permitiría continuar con las clases durante este año 2024; esto en desmedro de nuestros hijos, dado que no existe otro espacio educativo con las características de Txempeyem mapuzugun mew, donde se enseñe íntegramente en mapuzugun.

La presentación de este recurso de protección va en directa relación a los compromisos realizados por el entonces candidato a la presidencia de la república señor nombre reservado, quién fuera electo y por el cual trabajamos para alcanzar políticas públicas pertinentes para los pueblos originarios, y una de ellas es la revitalización lingüística.

Es del caso que, el "Programa de Gobierno de Apruebo Dignidad", coalición que presentó la candidatura del actual Presidente de la República, incluyó un acápite (p. 82 y ss.) de compromisos relativos a los pueblos indígenas y tribal afrodescendiente, cuyo párrafo introductorio señalaba el deber de cumplir los tratados y convenios internacionales, entre otros aspectos, en el ejercicio "de los derechos lingüísticos y la promoción de los idiomas indígenas" (p. 82), y enseguida, incorporó un compromisos especifico relativo a la implementación del Convenio 169 de la OIT, que incluía los derechos lingüísticos, además del patrimonio cultural e intelectual, los derechos sociales y los derechos de las niñas y mujeres indígenas (p. 83).

Que, consecuentemente con lo anterior, desde la asunción del gobierno del Presidente nombre reservado y consiguientemente con el nombramiento de Luis Penchuleo Morales, como director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), se han sucedido una serie de declaraciones de autoridades gubernamentales anunciando acciones de salvaguarda y de promoción de las lenguas de los pueblos indígenas, comprendiendo al mapuzugun, lengua del pueblo mapuche, lo que comprometería al gobierno.

Que, la importancia que adquiere para el gobierno la revitalización de las lenguas indígenas fue ratificada internacionalmente con la participación de la entonces Ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, en la ceremonia de lanzamiento del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, organizado en París por la Unesco, en diciembre de 2022, siendo la única ministra de América Latina y el Caribe que asistió a la ceremonia. Posteriormente, la entonces Subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, ratificaría dicho interés en la 22a Sesión del Foro Permanente de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, vinculando acciones concretas de revitalización tanto a un Plan Decenal de Acción, como al Plan Buen Vivir que se ejecuta en las regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (abril 2023).

Que, las referidas declaraciones se han expresado en acciones administrativas que comprometen recursos públicos, tal como la campaña "Las lenguas son el futuro", impulsada por el Observatorio de Participación Ciudadana y no Discriminación, del Ministerio Secretaria General de Gobierno, y que se enmarca en el nombre reservado, correspondiendo, además, a una primera fase de una campaña comunicacional para promover la importancia de las lenguas y su recuperación en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo, declarado por la Unesco.

Que, respecto del modo de revitalizar las lenguas indígenas del país, ha cobrado relevancia para las autoridades la metodología de la "inmersión lingüística" por ser probadamente efectiva en la generación de nuevos hablantes de acuerdo a la experiencia comparada desarrollada internacionalmente y en el propio país, tratándose de un enfoque educativo intensivo y experiencial que sumerge a los estudiantes en un entorno donde el idioma objetivo se habla y se utiliza de manera exclusiva, constante y cotidiana.

Que, en el paso a acciones administrativas concretas, consta en el Primer Informe de la Comisión Mixta de Presupuesto recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2024 (Capítulo 06, Programa 01), que la Subsecretaría de Servicios Sociales, nombre reservado vinculó la solicitud de aumento presupuestario para la Conadi, entre otros aspectos, para cumplir con los acuerdos con Naciones Unidas respecto de la recuperación y revitalización de las lenguas indígenas.

Que, en la misma ocasión el Director Nacional de la Conadi, Luis Penchuleo Morales indicó "que no existe dentro de las políticas públicas del Estado una que apunte a formar nuevos hablantes, y que Conadi debiera liderar ese proceso de revitalización lingüística en coordinación con las otras instituciones del Estado que trabajan la temática indígena" señalando que, para ello, el presupuesto de la Unidad de Cultura y Educación aumentaría un 24% aproximadamente, lo que iría en línea con los énfasis de la administración respecto a desarrollar un plan de revitalización lingüística (p. 20).

Que, el conjunto de declaraciones, compromisos y principalmente actos administrativos de distintas autoridades gubernamentales dan cuenta de una intención inequívoca de impulsar políticas de revitalización de las lenguas indígenas, por si y como compromisos con organismos internacionales, y se han concatenado evidenciando un comportamiento coherente frente a terceros, lo que ha generado legitimas expectativas de que dichos anuncios y finalmente presupuestos públicos destinados a tal revitalización, se materialicen en acciones concretas.

Que, en el marco de tales expectativas, el Instituto Nacional de la Lengua Mapuche Mapuzuguletuaiñ, presentó al director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, un proyecto innovador destinado a la creación de una "sala cuna" para la enseñanza del mapuzugun a la primera infancia, basándose en la metodología de inmersión lingüística, y siguiendo el modelo de los "nidos lingüísticos" que se desarrollan, como ya se ha dicho, en Rapa-Nui y en otros lugares del mundo.

Que, este proyecto fue concebido como una respuesta directa a la urgente necesidad de revitalizar una lengua que constituye un pilar fundamental de la identidad cultural del pueblo mapuche y que, por causales ajenas a la voluntad colectiva de los propios mapuches, se encuentra en una situación crítica de perdida de hablantes. Dicho proyecto atrajo el interés de nuestros representados, quienes convinieron con los ejecutores del proyecto la inscripción de sus hijos en el programa de inmersión lingüística.

Que, en respuesta a esta iniciativa, el director nacional de la Conadi manifestó inicialmente su apoyo verbal al proyecto, comprometiéndose a financiarlo a través de la Subdirección Nacional Sur de la Conadi, lo que se materializaría en la elaboración de una resolución para el traspaso de recursos desde dicha repartición a la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio, entidad que podría destinarlos por asignación directa a Mapuzuguletuaiñ.

Que, el inicio de gestiones administrativas entre ambas instituciones fue interpretado por los recurrentes como una confirmación de los compromisos del director nacional de la Conadi, lo que abrigó la confianza legítima de contar con los recursos, producto de lo cual y previendo la necesidad de comenzar las actividades de manera anticipada al inicio del año escolar, les llevó a realizar inversiones significativas, tales como el arrendamiento y acondicionamiento reglamentario de un local para el jardín infantil y la adquisición de un vehículo para el transporte de los niños y niñas participantes.

Que, contrariamente a las expectativas generadas por el director nacional de la Conadi y a pesar de los esfuerzos realizados por nuestros mandantes para avanzar en la implementación del proyecto, la Corporación no concretó la firma del convenio necesario para formalizar el traspaso de los recursos comprometidos. Esta omisión arbitraria ha provocado no solo un perjuicio económico significativo para el Instituto, sino que además ha frustrado las expectativas de un grupo de padres y madres indígenas comprometidos con la transmisión del mapuzugun a sus hijos, como ejercicio de derechos lingüísticos que las autoridades de gobierno latamente han dicho respaldar.

Que, además, se debe considerar que el presupuesto fiscal asignado a la Unidad de Cultura y Educación de la Conadi para el año 2024 fue incrementado en un 24% por la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso, precisamente con el objetivo de financiar proyectos de revitalización lingüística que principalmente empleen la metodología de inmersión, lo que debería haber eliminado cualquier obstáculo para la formalización del convenio con nuestros representados.

EL DERECHO A. ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD DE LAS ACCIONES DEL RECURRIDO.

1. La negativa de flnanciamiento del proyecto de los recurrentes, viene en constituir una violación flagrante a la doctrina de los actos propios: El contrato, o la resolución sobre el financiamiento del proyecto presentado por el requirente, si bien no alcanzó el término de su tramitación por parte del requerido, da cuenta de la expresión de un acuerdo tácito previo en dirección a que dicha voluntad era objetiva y había provocado en nuestro representado la confianza legítima de concreción del proyecto en comento. Tal situación configura una lesión severa a la buena fe que sustenta la doctrina de los actos propios, cuya expresión medular es "el deber de no defraudar deslealmente la confianza que un tercero ha podido legítimamente depositar en un determinado estado de hecho provocado voluntariamente por las palabras o las actuaciones de una persona" (nombre reservado. "La doctrina de los actos propios en el Derecho de Familia Chileno". Cuadernos de Extensión Jurídica N° 18, Universidad de Los Andes; páginas 105 y 106 - Citado en el Pronunciamiento de la Excma Corte Suprema Rol N° 3602-09).

La negativa de la Conadi a financiar el proyecto, a pesar de los compromisos previamente asumidos por su director nacional y de las acciones ya emprendidas por el recurrente en confianza a esos compromisos, representa una contradicción evidente con la voluntad expresada por el Estado. Esta contradicción no solo vulnera los principios de buena fe y confianza legítima, sino que también afecta directamente los derechos culturales y educativos de las comunidades indígenas, comprometiendo el derecho a la preservación y promoción de su lengua y cultura, aspectos fundamentales para su identidad y desarrollo.

La aplicación de la doctrina de los actos propios en este contexto refuerza la argumentación del recurso de protección, evidenciando que las acciones y declaraciones previas del Estado y sus representantes crearon expectativas legítimas en nuestros representados y en las familias indígenas involucradas. La negativa posterior a financiar el proyecto, sin una justificación adecuada y en contradicción con las declaraciones y compromisos previamente asumidos, constituye una vulneración de los derechos que este recurso busca proteger. Por tanto, es imperativo que se restablezca la coherencia entre las políticas públicas anunciadas y las acciones concretas del Estado, garantizando así el respeto y la efectiva promoción de los derechos de los pueblos indígenas, en particular, en lo que respecta a la revitalización de sus lenguas y culturas.

-- GARANTÍAS VULNERADAS CPE: 19 N°2: la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

CPE: 19 N°11: la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en 1989 y ratificado por Chile en 2008, es uno de los principales instrumentos internacionales que establecen los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En cuanto a los derechos relacionados con las lenguas indígenas y el derecho a la educación, los artículos relevantes son:

Artículo 28: Este artículo se enfoca en el derecho a la educación. Establece que la educación de los niños indígenas debe ser conducida de manera que se respete su cultura y se les permita superar las barreras culturales. Además, subraya la importancia de la enseñanza en la lengua materna, al menos en las primeras etapas de la educación, y promueve la participación de estas comunidades en la formulación, implementación y evaluación de programas educativos destinados a ellos.

Artículo 30: Se refiere específicamente al uso y enseñanza de las lenguas indígenas. Este artículo establece que se deben adoptar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos a utilizar libremente sus propias lenguas y promover el desarrollo de estas lenguas en la educación, la prensa, la administración y otros aspectos de la vida pública.

Estos artículos del Convenio 169 de la OIT son fundamentales para garantizar que los derechos lingüísticos y educativos de los pueblos indígenas sean respetados y promovidos, reconociendo la importancia de la lengua y la cultura en la educación y en la preservación de la identidad de los pueblos indígenas.

Ley 19.253: estable Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, art 1, 2, 27, 28 letra a, letra b, letra c, letra d.

Ley 21430: Sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, artículos 1, 2, 3, 4 y 5, Título 2: artículos 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 y 15.

Artículo 4.- "Aplicación de la ley. Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes son universales. Esta ley se aplicará a todo niño, niña o adolescente que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado de Chile." Artículo 5.- "Obligaciones del Estado. Los órganos de la Administración del Estado cumplirán con las obligaciones que esta ley establece, dentro del marco de sus competencias legales, asegurando el goce y ejercicio de los derechos mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos, los que emplearán hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado, tratándose de los derechos económicos, sociales y culturales." Artículo 6.- "Sujetos de derecho. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Todo niño, niña o adolescente es titular y goza plenamente de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales de nombre reservado ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes." Artículo 7.- "Interés superior del niño, niña o adolescente. El interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta." Derecho Internacional:

1. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007): Esta Declaración, en sus artículos 13 y 14, establece el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, utilizar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones sus historias, lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas. También reconoce el derecho de los indígenas a establecer y controlar sus sistemas educativos y medios de información en sus propias lenguas.

2. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989): Ratificado por Chile, este Convenio obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus lenguas y culturas. Específicamente, el artículo 28 establece el deber de los Estados de garantizar que la educación de los niños indígenas sea llevada a cabo en su propia cultura y, preferentemente, en su propia lengua.

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): El artículo 27 del PIDCP protege los derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a disfrutar de su propia cultura, profesar y practicar su propia religión, y usar su propio idioma. Un recurso de protección podría argumentar que el Estado chileno tiene la obligación de adoptar medidas para garantizar el uso y promoción del mapuzugun como parte del derecho de los mapuches a disfrutar de su propia cultura y lengua.

4. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005): Esta Convención de la UNESCO subraya la importancia de las culturas y lenguas indígenas como parte esencial de la diversidad cultural mundial. Reconoce el derecho soberano de los estados a adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales dentro de su territorio, incluyendo las lenguas indígenas.

5. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001): Este documento destaca la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad y afirma que su defensa es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad humana. Incluye el compromiso de los Estados de fomentar el pluralismo lingüístico y alentar el respeto hacia todas las culturas, incluyendo las prácticas y lenguas de los pueblos indígenas.

6. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003): Esta Convención reconoce la importancia de salvaguardar las expresiones del patrimonio cultural inmaterial, que incluyen las tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Los Estados Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, lo que puede incluir la protección y promoción de lenguas indígenas como el mapuzugun.

7. Convención sobre los derechos de los niños (ratificado por Chile en,1990) Artículos 2, 3, 4, 6, 29.

Artículo 2:

1. "Los estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. "Los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares." Artículo 3:

1. "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." Artículo 4:

"Los estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional." Estos instrumentos internacionales ofrecen un marco sólido para argumentar a favor de la protección y promoción del mapuzugun, enfatizando la importancia de la diversidad cultural y lingüística y el papel de los Estados en la salvaguarda de este patrimonio existiendo varias experiencias exitosas a nivel mundial en la promoción de las lenguas de los pueblos indígenas que abarcan diversas estrategias y políticas públicas, incluyendo la educación, legislación, tecnología, participación comunitaria, reglamentos y decretos, tales son los casos de Nueva Zelanda, Gales ,Bolivia, Canadá, País Vasco (Euskera), Breton en Francia; entre otras experiencias útiles para preservar, promover y fomentar el uso de las lenguas minorizadas, experiencias que el Estado de Chile debe de considerar para el éxito de la revitalización lingüística.

Solicita en definitiva acoger el recurso de protección, reestableciendo el imperio del derecho tomando las siguientes medidas.

1) Que se reconsidere el presupuesto comprometido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) de $25.000.000, durante 2023.

2) Que se asigne presupuesto para 2024, para el funcionamiento del centro de inmersión Txempeyem mapuzugun mew.

3) Que se reconozcan los nidos lingüísticos o centros de inmersión de mapuzugun como centros educativos propios, en igualdad de condición a los jardines infantiles.

4) Que se generen políticas públicas efectivas que estén orientadas a la revitalización del mapuzugun, que garanticen la formación de nuevos hablantes en la primera infancia.

O lo que estime pertinente de acuerdo a la normativa vigente.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Carta de Notificación enviada por Txempeyem mapuzugun mew a los apoderados, con fecha 29 de enero de 2024.

2. Contrato de arrendamiento celebrado entre INSTITUTO SECULAR DE SCHOENSTATT HERMANAS DE MARÍA, RUT N° RUT reservado, de giro actividades de organizaciones religiosas, representada por doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, de nacionalidad chilena, de profesión religiosa, ambas domiciliadas en domicilio reservado, Región Metropolitana, teléfono celular teléfono reservado, e- correo reservado; y por la otra parte INSTITUTO NACIONAL DE LA LENGUA MAPUCHE MAPUZUGULETUAIN, RUT N° RUT reservado, de giro actividades de Enseñanza y Promoción de la Lengua Mapuche, representada por doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, de nacionalidad chileno.

3. Factura electrónica compra de furgón Sunray marca JAC, para traslado de niños y niñas.

4. Factura electrónica de compra de mobiliario infantil y recursos pedagógicos en empresa Fabricación de Muebles Montessori limitada.

5. Documento Borrador Convenio Colaboración CONADI.

6. Listado niños y niñas inscritos en Txempeyem mapuzugun mew 7. Boleta de honorarios educadoras interculturales de Txempeyem mapuzugun mew.

A folio 21 se evacua informe por parte de la Presidencia de la República en los siguientes términos:

CUESTIONES PREVIAS Antes de referirnos al fondo de la acción deducida, es necesario pronunciarnos respecto a ciertas cuestiones previas que dan cuenta que la acción de protección en análisis no cumple con los requisitos para su procedencia, sin satisfacer las condiciones formales y procedimentales para su interposición, de conformidad al artículo 20 la Constitución Política y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

1. La acción deducida es extemporánea De conformidad al numeral 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, el plazo para deducir la acción de protección es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión; o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. En consecuencia, la omisión se verifica al momento en que los hechos se ejecutan, de manera que el plazo para interponer la acción de protección debe computarse desde que se tenga conocimiento cierto del acto ilegal o arbitrario que le da origen.

Según lo ha sostenido la doctrina y reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, el plazo para recurrir de protección tiene un carácter objetivo y no puede quedar al arbitrio de las partes. En este sentido, la finalidad que envuelve a la acción "justifica que el plazo estatuido para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del acto u omisión que le causa agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales". Siendo así, el "plazo para ejercer la acción de protección, se computa desde la fecha en que el agraviado tiene conocimiento del acto atentatorio a sus derechos y se cuenta desde el pronunciamiento inicial del órgano correspondiente (...). Lo contrario significa que un recurrente puede alargar a su capricho el plazo fatal fijado al efecto, mediante sucesivas presentaciones sobre asuntos ya resueltos".

Por su parte, la presente acción es especialmente oscura en la determinación de los hechos frente a los cuales la Administración habría omitido actuar. De esta manera, los recurrentes exponen una serie de gestiones que habrían acontecido el año 2023, sin referencia concreta respecto a su fecha -se cita la remisión de un borrador en junio del año 2023 y se señala que el 10 de agosto del mismo año se habría realizado una asignación a otro proyecto lingüístico-. Sin embargo, la acción de protección fue deducida con fecha 22 de febrero del año 2024, plazo dista sobremanera del plazo de 30 días corridos que entrega nuestro ordenamiento en atención a la naturaleza cautelar de la acción constitucional. Lo anterior, pone de manifiesto que la acción deviene en extemporánea de acuerdo a los hechos narrados por los mismos recurrentes.

A su vez, en el escenario en que el recurrente estime que nos encontramos frente a una conducta de carácter permanente, no es posible sostener que la existencia de esta omisión sostenida en el tiempo le otorgue un plazo inagotable para ejercer la acción. En este sentido se ha pronunciado la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, al señalar que ello implicaría no solo "dejar al arbitrio de quien intente el recurso la determinación del plazo para interponerlo, sino que además, no se compadecería con la naturaleza misma del recurso de protección que tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y servir de remedio rápido y eficaz frente a una determinada situación de hecho, pero no resolver problemas de larga data, que se arrastran por años".

En el mismo sentido se ha pronunciado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco -en fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema-, indicando que el plazo se debe contar desde que se tuvo conocimiento del acto ilegal y arbitrario para deducir la acción. Luego, el no entenderlo de esta manera "significaría que la acción en comento jamás caduca, por cuanto el efecto podría no cesar jamás".

2. La acción se dirige contra una autoridad para impugnar el actuar de otra.

La acción de protección debe dirigirse en contra de aquel que haya lesionado o afectado el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, pudiendo tener como destinatarios a los órganos del poder público, autoridades o agentes del Estado, instituciones o personas jurídicas de derecho privado o personas determinadas o determinables.

En el caso que nos ocupa, los recurrentes dirigen su acción constitucional en contra de S. E. el Presidente de la República, sin que en la relación de los hechos exista referencia alguna a una acción u omisión del Mandatario. Sin que le corresponda a esta parte esclarecer la determinación del destinatario, si consideramos que el escrito hace referencia fundamentalmente a la CONADI -y, por tanto, los recurrentes podrían pretender considerar la Corporación como sujeto pasivo de la acción en comento-, se trata de un organismo respecto del cual el Jefe de Estado no detenta posición de jerarquía alguna.

Así, de conformidad con la ley N° 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas (en adelante, "Ley Indígena"), la CONADI es un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo anterior, implica que la relación jurídico-administrativa que vincula a órganos y funcionarios como superiores e inferiores y delimita sus ámbitos de competencias y responsabilidades es de supervigilancia o tutela.

Se trata de una forma de control donde las decisiones requieren cierta independencia del nivel central para garantizar cierto nivel de autonomía. La autoridad con poder de supervigilancia carece de poder de dirección o mando para regular la actuación de los funcionarios a través de reglamentos internos, circulares o instrucciones, ni para adoptar decisiones o expedir actos administrativos; no posee poder de control respecto de las conductas de los funcionarios ni de los actos que emitan sus órganos - reflejo de la autonomía normativa que la ley le ha concedido al servicio-; y, finalmente, carece de poder disciplinario para evaluar el desempeño -e instruir procedimientos disciplinarios frente a incumplimientos.

Respecto de la CONADI, si bien S. E. el Presidente de la República tiene competencias para nombrar a su Director y a otros de sus consejeros, la Corporación se compone de una serie de miembros -incluyendo representantes indígenas- que toman sus decisiones mediante acuerdos. Teniendo presente lo anterior, la facultad para asignar un determinado beneficio compete exclusivamente a la CONADI, sin que sea posible asignar responsabilidad al Mandatario, que carece de competencias para realizar la presunta acción u omisión arbitraria e ilegal que le atribuyen los recurrentes.

3. La acción no identifica los hechos o actos ilegales o arbitrarios ni la forma en que importan una vulneración del legítimo ejercicio de derechos Pese a tratarse de una acción poco formalizada, la protección exige que quien la deduce identifique tanto los hechos o actos arbitrarios o ilegales que importan una amenaza, perturbación o privación de los derechos taxativamente tutelados por la acción; como la explicitación de la forma en que aquellos importan una vulneración del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales identificados.

En el caso en comento, el escrito no identifica con ninguna especificidad la acción u omisión que considera ilegal o arbitraria, refiriéndose de forma genérica a los intentos frustrados de financiar con recursos públicos el proyecto de nido lingüístico. No es claro cuál es la conducta reprochada de la Administración ni se explicita la manera en que aquel actuar u omitir implica en concreto ilegalidad o arbitrariedad, limitándose a señalar la relevancia y consagración de acciones de promoción de las lenguas de los pueblos indígenas.

No corresponde a esta parte efectuar una relación fundada de la manera en que la conducta de la Administración alegada supone una infracción a las disposiciones vigentes o carece de motivación. De acuerdo a la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, quien acciona por protección debe establecer las razones por las cuales el acto deviene en ilegal o arbitrario en un estándar que haga al menos comprensible la ponderación del acto que se denuncia para que pueda prosperar, lo que no se ve satisfecho en el caso en análisis.

Por su parte, si bien los recurrentes individualizan la igualdad ante la ley y de la libertad de enseñanza como garantías presuntamente afectadas, no existe referencia alguna de la forma en que la acción u omisión -ya inespecífica- supone una vulneración del legítimo ejercicio de dichos derechos constitucionales o referencia alguna al contenido de aquellos.

4. Los requirentes reclaman una mera expectativa y no un derecho indubitado La naturaleza de la acción constitucional interpuesta presupone velar por la protección de garantías constitucionales que permitan el ejercicio de derechos fundamentales preexistentes e indubitados. Dada su finalidad cautelar, entrega medios para que el juez reestablezca de manera rápida y urgente su legítimo ejercicio por su titular.

La jurisprudencia uniforme exige la acreditación de un derecho indubitado para que prospere la acción cautelar de garantías fundamentales, sosteniendo que si ello no ocurre "la controversia debe ser resuelta en el proceso correspondiente, en que las partes puedan hacer uso de sus derechos procesales y rendir prueba, lo que no se aviene con la naturaleza y fin de la acción cautelar intentada". En igual sentido, la Excma. Corte Suprema ha señalado "que los recurrentes no han acreditado en autos la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada, sin perjuicio del ejercicio de otras acciones que puedan asistirles".

En el caso a la vista, los recurrentes sostienen que, en virtud de la legítima confianza y buena fe con la que dispusieron de los fondos, han sufrido un perjuicio a sus derechos. Sin embargo, no existe acto administrativo que suponga una decisión de la autoridad que otorgue un derecho subjetivo sobre el financiamiento reclamado -de conformidad con el artículo 3° de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (en adelante, "ley N° 19.880"). La esencial naturaleza cautelar de la acción deducida, cuya tramitación se realiza de forma breve y sumaria, no puede desvirtuarse por mero arbitrio de los requirentes en un juicio declarativo de lato conocimiento al no constituir una instancia de declaración de derechos.

5. La acción no es la vía idónea para impugnar la actuación de la Administración El artículo 20 de la Constitución Política permite a toda persona interponer una acción ante los tribunales superiores con objeto de caucionar determinados derechos, dando lugar a un procedimiento sumario de urgencia que resulta en la adopción de medidas de tutela de derechos fundamentales. Es una acción de rango constitucional que "permite incoar un proceso de amparo de derechos fundamentales de naturaleza cautelar especial, abreviada, de urgencia y extraordinario, que permite corregir o enmendar actos antijurídicos lesivos de tales derechos, restableciendo el statu quo o apariencia de imperio del derecho".

Se trata, entonces, de una acción constitucional y no de un recurso, en tanto su objetivo no es impugnar una resolución judicial, sino conocer de una acción u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza a los derechos que taxativamente establece la Constitución. Así, comprende un proceso excepcional de características sumarísimas y urgente que solo pretende amparar, de forma rápida y expedita, a los particulares frente a actos u omisiones que afecten sus derechos fundamentales. Lo anterior, implica que su uso está limitado a la afectación de derechos fundamentales y no corresponde a un proceso contencioso administrativo general por el cual los particulares puedan impugnar o reclamar determinados derechos a la Administración.

Dado que la acción de protección produce cosa juzgada formal, esto es, que deja a salvo la posibilidad de discutir en un proceso de lato conocimiento los asuntos objeto del litigio, su naturaleza jurídica no es propia de un proceso judicial donde se resuelvan dos intereses contradictorios, sino más bien el de un carácter tutelar ante determinadas actuaciones.

Considerando lo anterior, no se puede pretender que a través de la presente acción se califiquen las decisiones o políticas adoptadas -o su eventual ausencia- por la autoridad administrativa; ni se determine la existencia o inexistencia de una legítima expectativa resguardada por el derecho que haga necesario disponer los fondos requeridos, lo que requiere un procedimiento de lato conocimiento -donde existe una etapa de discusión y prueba-. En este sentido, los recurrentes utilizan una vía inidónea para discutir el eventual cumplimiento forzado de una decisión que no fue adoptada.

6. Los requirentes alegan consideraciones de mérito En efecto, de acuerdo a la parte petitoria y al razonamiento de la presente acción, los recurrentes pretenden que esta Ilma. Corte de Apelaciones ordene a la Administración a financiar el proyecto Txempeyem Mapuzugun mew para resguardar los derechos culturales y educativos de las comunidades indígenas. Sin perjuicio de los errores lógicos de este razonamiento, la argumentación pretende cumplir con la estructura de la acción de protección, pero esconde el verdadero reclamo de los recurrentes: La CONADI habría incumplido un eventual compromiso de entregar presupuesto público para la operación del centro de inmersión infantil -e, incluso, luego de que se hubiera incurrido en gastos con otros fondos que esperaban compensarse con aquellos-.

Resulta necesario recordar que el control jurisdiccional de los actos administrativos queda limitado al examen de legalidad, sin que sea posible la evaluación de cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia propias de las alternativas en materia de gobierno, administración y política pública que constitucionalmente se entregan a la Administración para el desarrollo de sus labores.

Lo anterior ha sido recogido por nuestra jurisprudencia, quien ha establecido que no se puede solicitar vía recurso de protección la evaluar la idoneidad de las decisiones de la Administración. Así, "no corresponde pronunciarse sobre la idoneidad e ineficiencia de las políticas sectoriales aplicadas para controlar y reducir el fenómeno (...), ámbitos que corresponde a la evaluación, elaboración, y corrección de las políticas públicas que, constitucionalmente, está entregado exclusivamente a otro poder del Estado, por tratarse de actos de mero gobierno".

Dado que le corresponde a la autoridad determinar el tipo de programas a desarrollar y la forma de dar cumplimiento a sus funciones de conformidad a la ley, los recurrentes no pueden pretender que esta Iltma. Corte reemplace en esta cede esa decisión en particular bajo la excusa de un impacto en abstracto y prescindiendo del reclamo de legalidad.

7. El escrito no cumple con estándares mínimos formales Sin perjuicio de lo ya señalado y del carácter desformalizado de la acción constitucional en cuestión, es necesario explicitar que el escrito presentado no reviste características mínimas de seriedad, conteniendo referencias a un formato tipo y controles de cambio que no son esperables de una presentación patrocinada por un profesional.

LA CONDUCTA DE LA ADMINISTRACIÓN NO ES ILEGAL NI ARBITRARIA Y NO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES El presente apartado se explicita el contexto en el que se enmarca la presenta acción, detallando la naturaleza y regulación de las subvenciones como forma de financiamiento público de prestaciones, en general, en tanto manifestación de la actividad de fomento del Estado; para luego detallar los programas con los que cuenta la CONADI para la promoción de las lenguas de pueblos indígenas, en particular. A continuación, se describen las restricciones a la asignación de fondos públicos a instituciones privadas a partir de las irregularidades detectadas en junio del año 2023. Finalmente, se exponen las razones por las cuales no existe omisión ilegal o arbitraria en la conducta de la Administración, descartando amenaza, perturbación o privación alguna de las garantías constitucionales reclamadas.

1. La naturaleza y regulación del financiamiento público de privados y la promoción de las lenguas de pueblos indígenas A continuación, revisaremos la naturaleza de las subvenciones dentro de la actividad de fomento del Estado, incluyendo su finalidad, regulación, modalidades y margen de acción de la Administración, sin que constituyan -en general- un derecho para los privados solicitantes. Luego, revisaremos los tipos de programas con los que cuenta la CONADI para la promoción de las lenguas de pueblos indígenas; y, finalmente, las restricciones que se impuso a la asignación de fondos públicos a partir de las irregularidades detectadas en junio del año 2023.

a. Las subvenciones son manifestación de la actividad de fomento del Estado y no un derecho de los particulares En un sentido general, las subvenciones son una manifestación de la actividad de fomento del Estado, caracterizada como "aquella modalidad de intervención administrativa que consiste en dirigir la acción de los particulares hacia fines de interés general mediante el otorgamiento de incentivos diversos". La doctrina reconoce diversos medios de fomento, ya sea honoríficos, jurídicos o económicos.

Las subvenciones son aportes económicos o pecuniarios que otorga la Administración para que un particular desarrolle una actividad o prestación determinada que se considera de interés general. La doctrina señala que la actividad subvencional del Estado está sometida a una doble legalidad. En dicho sentido, concurren tanto la legalidad administrativa, por un lado, como la legalidad presupuestaria por el otro. La primera se refiere a la norma legal que establece "las hipótesis de hecho que podrán dar lugar a la acción administrativa de fomento, las medidas que a tal fin puedan adoptarse, las condiciones básicas para acceder a ellas, la cuantía que, en su caso, puedan alcanzar, etc. Por su parte, la legalidad presupuestaria se refiere a la norma presupuestaria que hace operativa la disposición sustantiva en particular, autorizando el gasto necesario para su cumplimiento.

El Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que la actividad subvencional del Estado debe encontrarse regulada en la ley; agregando, sin embargo, que la reserva de ley debe moderarse debido a que el otorgamiento de subvenciones permite en ciertos casos el ejercicio de derechos otorgados por la Constitución Política. Así, la reserva de ley debe aplicarse de manera flexible a la Ley de Presupuestos debido a la importancia que esta ley tiene para la satisfacción de necesidades públicas.

La ley autoriza, entonces, la entrega de una subvención a un privado para alcanzar una meta socialmente relevante. Al regular la entrega de la subvención y autorizar el gasto, la ley puede especificar en mayor o menor medida los criterios que la Administración debe observar para adjudicar la subvención; entregando a la decisión discrecional de aquella todo lo que no se encuentre expresamente regulado.

En términos generales, los procedimientos de asignación de los recursos al sector privado son (a) la asignación reglada, conforme al cual la subvención se asigna a todos los sujetos que cuenten con cierto título previo, sin que la Administración cuente con la opción de elegir al destinatario; (b) el concurso público, entendido como una elección competitiva de los postulantes previa convocatoria realizada por la Administración; y (c) la asignación directa, bajo la cual los recursos se otorgan directamente, es decir, sin procedimiento reglado de selección.

Sólo en el caso de las subvenciones regladas la ley determina que el aporte pecuniario se entrega a todos quienes cuentan con una "condición jurídica cualificada (...), sin necesidad que la Administración tenga que emitir un juicio sobre el merecimiento de los fondos". Se trata de subvenciones en las que la autoridad está obligada entregar a los sujetos previstos por la ley cuando cumplen los requisitos que ésta señala.

En todos los demás casos, la postulación de un privado a una subvención no le otorga el derecho a ser declarado adjudicatario bajo ningún supuesto. Es decir, la propia ley entrega a la autoridad la facultad de decidir aquello que la norma legal no prevé; "la discrecionalidad 'surge cuando el ordenamiento jurídico atribuye a un órgano competencia para apreciar en un supuesto dado lo que sea de interés público". Lo anterior no obsta a que la propia Administración pueda limitar el ámbito de discrecionalidad que la ley le entrega mediante resoluciones o bases de convocatoria para presentar las solicitudes.

Adicionalmente, la Administración goza en materia presupuestaria no sólo de discrecionalidad en tanto colegislador -al concurrir a determinar el contenido del presupuesto del sector público cada año junto al Congreso-; sino que tiene un rol central y discrecional en su ejecución -como instrumento principal de política fiscal-. Así, es la Constitución Política la que establece que el Ejecutivo cuenta con la iniciativa para determinar la provisión de gastos y la priorización de las diversas partidas dado que es aquel quien conoce mejor las necesidades financieras del Estado. Por último, la discrecionalidad para la Administración es especialmente fuerte en el caso de los gastos, donde su competencia específica es priorizar el destino de los recursos a aquellas necesidades más apremiantes, así como determinar la forma de hacer frente a las necesidades que se consideren más adecuadas.

Por último, las transferencias de recursos también constituyen una especie de subvención. Si bien no existe un concepto legal de estas transferencias, la jurisprudencia administrativa ha entendido que estas pueden definirse como un subsidio o ayuda de carácter financiero que el Estado brinda a un receptor, desafectándose el carácter público de dichas sumas.

b. Los programas de la CONADI para el financiamiento de privados para la promoción de las lenguas de pueblos indígenas De conformidad con el artículo 39 de la Ley Indígena, la CONADI es el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional. En particular, le corresponde promover las culturas e idiomas indígenas y sistemas de educación intercultural bilingüe en coordinación con el Ministerio de Educación.

En el caso a la vista, la Ley de Presupuestos considera un Fondo de Cultura y Educación Indígena en la partida 21, capítulo 06, programa 01, subtítulo 24, ítem 01, asignación 579 del Fondo de Cultura y Educación Indígena. La glosa 13, que regula dicha subvención, establece que dichos recursos podrán financiar "programas que permitan la promoción, revalorización, enseñanza y difusión de las lenguas indígenas, así como la preservación de su patrimonio inmaterial, su cosmovisión y su valor cultural asociado".

Con cargo a este presupuesto se realizan diversos programas. En lo que nos interesa, el programa de aplicación del diseño curricular y pedagógico intercultural bilingüe tiene por objeto construir un proceso de interculturalidad y bilingüismo acorde a las necesidades de alumnos y alumnas indígenas y no indígenas de los establecimientos de educación parvularia y básica donde interviene el programa y abrir espacios académicos en universidades para el conocimiento y ciencia indígena.

Por su parte, el programa de recuperación y revitalización de las lenguas indígenas busca contribuir a la recuperación de las lenguas originarias en población infanto-juvenil en la escuela y la comunidad, desarrollando recursos educativos y generando instancias de participación. Incluye apoyo en la escrituración y modernización de las lenguas indígenas tanto a nivel oral y escrito -generando insumos para la planificación-, recursos didácticos escritos, audiovisuales y multimedia e instancias de difusión y aprendizaje -con campañas mediáticas talleres, cursos, inmersión o nidos lingüísticos, encuentros, eventos regionales o nacionales-.

Finalmente, el programa de educación intercultural e indígena busca contribuir a preservar las lenguas y culturas indígenas del país en niños menores de 6 años del nivel preescolar que se encuentren matriculados en establecimientos educacionales con al menos 20% de matrícula indígena. Así, implementa un programa de lenguas indígenas - incluyendo a un monitor o educador comunitario y materiales didácticos- en establecimientos educativos focalizados; incrementa la formación de docentes interculturales y busca insertar de manera activa las lenguas indígenas en el currículo pre​escolar; y contempla estrategias de educación no formal en instancias de aprendizaje con participación de familias de hablantes nativas con foco en primera infancia.

A su vez, la misma partida dispone de presupuesto adicional en el subtítulo 24, ítem 03, asignación 999 para permitir transferencias corrientes a otras entidades públicas para el apoyo del Fondo de Cultura y Educación Indígena por medio del cual se transfieren recursos a organismos como municipalidades o la Junta Nacional de Jardines Infantiles para la ejecución de iniciativas afines.

c. Las restricciones a la asignación de fondos públicos a instituciones privadas a partir de las irregularidades detectadas en junio del año 2023 Es común que la legislación otorgue a la Administración la potestad de recurrir al trato directo cuando es necesario reducir los altos costos de transacción que supone un concurso público para satisfacer el interés general. Así, un proceso licitatorio "no supone un beneficio económico per se para la Administración", pues presenta algunas desventajas, tales como, "la lentitud, su complejidad, su costo y el hecho que no siempre se obtiene por su intermedio la oferta más ventajosa para el interés público".

A partir de las irregularidades conocidas a partir del mes de junio del año 2023 en el marco del llamado caso convenios, el Ejecutivo tomó una serie de medidas con objeto de regular la relación entre el Estado y las instituciones privadas receptoras de fondos públicos teniendo en consideración los principios de integridad, transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas.

Mediante el decreto supremo N° 15 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del año 2023 se creó la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado (en adelante, "Comisión Jaraquemada"). El informe de dicha entidad reconoció dificultades en la interpretación del clasificador presupuestario -especialmente, respecto a transferencias corrientes- que habrían obstaculizado la adecuada transparencia de los gastos públicos; y constató la omisión de estándares comunes para la evaluación y ejecución de dichas transferencias[2]. Por otro lado, identificó problemas en el sistema de registro de información de las instituciones privadas sin fines de lucro, explicando que aquello entorpece el seguimiento y control de las transferencias y rendición de cuentas.

Para abocarse a lo anterior, el Ministerio de Hacienda dictó el oficio circular N° 20 de fecha 11 de agosto del año 2023, que regula los contenidos mínimos de los convenios que suscriban los servicios durante el año 2023 y mandata la realización de la rendición de cuentas mediante el sistema electrónico de la Contraloría General de la República (en adelante, "SISREC"). En la misma línea, para mejorar la calidad de la información de los balances de las instituciones privadas sin fines de lucro y mejorar su control y supervisión, el Servicio de Impuestos Internos (en adelante, "SII") modificó la declaración jurada N° 1945, reduciendo el monto que obliga a las organizaciones sin fines de lucro a entregar información de sus presupuestos, como sus ingresos, gastos y otros antecedentes relevantes; y ampliado el universo de entidades privadas sin fines de lucro que deben presentarla.

A su vez, se introdujeron modificaciones a la ley de presupuestos del año 2024, robusteciendo la regulación y estableciendo (a) la concursabilidad como norma general, eliminando las asignaciones directas; (b) contenidos mínimos para convenios de transferencias de recursos; (c) requisitos adicionales para instituciones y personas jurídicas receptoras de fondos públicos; y (d) prohibición del fraccionamiento de convenios, entre otras medidas.

2. No existe acción u omisión ilegal o arbitraria En atención a lo descrito, revisaremos las razones por las que no existe una acción u omisión ilegal o arbitraria en la conducta de la Administración considerando la vía por la que Txempeyem Mapuzugun mew pretendió obtener el financiamiento de nido lingüístico y el alcance de la regulación, obligaciones y derechos que nuestro ordenamiento dispone respecto de las subvenciones a instituciones privadas en el caso a la vista.

Antes de todo, es necesario complementar los hechos descritos por los recurrentes. Las conversaciones con el centro de inmersión lingüística infantil y la CONADI comenzaron durante el año 2022, requiriendo un presupuesto de $139.000.000 de pesos al programa de recuperación y revitalización de las lenguas indígenas. Dado el presupuesto del citado programa y las modalidades de ejecución establecidas por la Ley de Presupuestos, no fue posible atender a dicho requerimiento y se comprometió la revisión y evaluación de la iniciativa para el año 2023. Resultado de dicho análisis, una propuesta de convenio de colaboración y términos de referencia fue evaluado con la SUBPO del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural por un monto de $25.000.000. Si bien se contactó a nido lingüístico para afinar el desarrollo metodológico del proyecto a mediados del año 2023, el contexto del caso convenios supuso un freno a la celebración de convenios en una escala general en la Administración y un aumento de los estándares de selección y control. De lo anterior fue informado nido lingüístico en diferentes ocasiones por vía telefónica y presencial, incluyendo una audiencia de lobby con fecha 6 de noviembre del año 2023.

De la descripción que antecede, es imperativo subrayar que Txempeyem Mapuzugun mew ya había buscado en 2022 el financiamiento de sus actividades por medio de mecanismos de fomento de la Administración, en particular, el programa de recuperación y revitalización de las lenguas indígenas. Esta subvención constituye uno entre miles de fondos de adjudicación de financiamiento para iniciativas no gubernamentales que otorga el Estado de carácter especializado que se suma a otros varios de naturaleza general. De esta forma, y con objeto de respaldar la iniciativa, durante el año 2023 se propuso evaluar el uso de otra vía de financiamiento por medio de otro servicio público y de un fondo general.

En ambos casos, la decisión de otorgar una subvención es discrecional y se realiza por medio de un acto administrativo, de conformidad con el artículo 3° de la ley N° 19.880. Así, al momento de realizar la adjudicación, la autoridad no sólo debe considerar las restricciones que impone la normativa vigente; sino que la adecuación del método de financiamiento al proyecto a ejecutar, además de la pertinencia y especialidad que otros fondos públicos puedan proveer de manera más efectiva. Como hemos revisado, la amplia discrecionalidad en materia presupuestaria y de gastos hace que sea la misma ley la que explicita sólo algunas de las condiciones y remita la estimación subjetiva de su mérito o conveniencia a la Administración.

Así, no existe un derecho de nido lingüístico a acceder al financiamiento ni aun satisfaciendo los requerimientos legales para uno u otro programa, estándares que no cumplía en 2022 y que fueron modificados durante 2023 con carácter general en virtud de los problemas identificados en su aplicación.

Por su parte, resulta inverosímil el reclamo de los recurrentes referido a la legítima expectativa de contar con los fondos públicos para operación del centro de inmersión infantil y la compensación de gastos de manera retroactiva. En los hechos, los montos conversados con los distintos órganos representaban casi un 18% del presupuesto informado por Txempeyem Mapuzugun mew para el desarrollo de sus actividades, sin que tenga la entidad suficiente para frustrar su operación de forma radical, como argumentan; mientras que la administración de fondos públicos se realiza siempre de forma separada y queda siempre sujeta a rendición de cuentas -demandado la ejecución de gastos de forma posterior a la total tramitación del acto administrativo y de acuerdo a los fines establecidos para su otorgamiento-, según dispone la jurisprudencia administrativa.

Sin perjuicio de lo señalado, cabe aclarar que existe un diagnóstico compartido respecto del riesgo en el que se encuentra, en particular, el mapuzungun dada la baja práctica en jóvenes y la falta de traspaso intergeneracional; además de compromiso de Estado para la promoción de las lenguas de pueblos indígenas. Chile ha decidido formar parte del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) convocado por las Naciones Unidas con el fin de llamar la atención del mundo sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción.

Así, la Administración ha adoptado distintas estrategias, medidas y programas para lograr dichos objetivos. En particular, desde el año 2023 se desarrolla una iniciativa de inmersión lingüística denominada nido lingüístico Mapuzugun ñi choyü en la comuna de Saavedra, nido de rapa nui Hoqa'a Re'o que cuenta con el financiamiento de la CONADI y del municipio.

Finalmente, la argumentación deducida por los recurrentes pretende sostener que la negativa a financiar el centro de inmersión infantil Txempeyem Mapuzugun mew, por sí misma, supone la vulneración de los derechos de los indígenas sin distinción y el incumplimiento de las obligaciones que el derecho nacional e internacional disponen al Estado. Dicha aseveración ignora, desconoce o desestima la complejidad y diversidad de personas que son destinatarias y ejecutoras del accionar público-privado y pretende atribuirse un impacto que no tiene proporción ni asidero material o jurídico.

3. No hay amenaza, perturbación o privación de derechos constitucionales A continuación, revisaremos en breve el contenido de los derechos enunciados por el escrito para luego, sucintamente, desestimar la pertinencia de su presunta vulneración, de conformidad con nuestro ordenamiento y considerando la acción que enmarca los autos.

a. No existe vulneración al derecho de igualdad ante la ley El artículo 19 N° 2 de la Constitución Política reconoce el derecho a la igualdad ante la ley, sosteniendo que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado, tampoco esclavos, además de la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Finalmente, prohíbe a la ley y a la autoridad establecer diferencias arbitrarias.

Así, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la igualdad ante la ley implica que "las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes". No se trata de una igualdad absoluta, sino que exige la aplicación de la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo, distinguiendo razonablemente entre quienes no se encuentren en la misma condición.

El mismo Excmo. Tribunal Constitucional ha propuesto, para efectos de dilucidar infracciones a la garantía de igualdad ante la ley, que "es necesario determinar, en primer lugar, si realmente estamos frente a una discriminación o diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar para, luego, examinar si tal diferencia tiene el carácter de arbitraria importando una transgresión a la Carta Fundamental. Así, debe analizarse si tal diferencia carece de un fundamento razonable que pueda justificarla y si, además, adolece de falta de idoneidad para alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el legislador'.

Dada la omisión de los recurrentes al explicitar la forma en que los hechos, actos u omisiones de la Administración suponen una discriminación arbitraria, es imposible para esta parte dilucidar la manera en que Txempeyem Mapuzugun mew ha recibido un tratamiento diferenciado e injustificado y los sujetos respecto de los cuales reciben un régimen desigual.

b. No existe vulneración a la libertad de enseñanza Por su parte, el artículo 19 N° 11 de la Constitución Política consagra la libertad de enseñanza, la que se compone de tres elementos o acciones esenciales a resguardar, a saber, abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales por parte de su titular. La existencia de esta libertad supone el respeto y protección de la autonomía del fundador o sostenedor para llevar adelante su proyecto educativo a través de cualquiera de las tres acciones -tanto por parte de la sociedad, como del Estado y sus órganos-, tolerándose como único límite la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

En lo relevante al caso en análisis, el Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que la subvención no se enmarca dentro de la garantía del artículo 19 N° 11 de nuestra Carta Fundamental, indicando que "el privado que desea abrir un establecimiento debe poder mantenerlo con cargo a sus ingresos. Mantener es costear las necesidades, sostener o proveer lo necesario para ello (...) No se puede invocar la libertad de enseñanza para abrir y organizar, y no para mantener el establecimiento (...) En el marco del art. 19, N° 11, la mantención corre por cuenta del establecimiento, no del Estado".

Nuevamente, dada la falta de referencia absoluta de los recurrentes respecto a la manera en que los hechos, actos u omisiones de la Administración implican una vulneración a la libertad de enseñanza y considerando que, en su interpretación más sistemática, dicho derecho no resguarda la subvención estatal de un establecimiento, es imperativo desestimar la alegación de la presente acción sin más.

Solicita en definitiva tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes.

A folio 43 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena evacúa informe en los siguientes términos:

a) Extemporaneidad de la acción de protección.

Lo primero que esta Corporación debe hacer presente a S.S. es la extemporaneidad de la acción de protección interpuesta.

Si bien de la lectura del recurso no es posible desprender de manera inequívoca quién o quiénes son los afectados que lo interponen, a saber, si a) es el propio centro de inmersión infantil Txempeyem mapuzugun mew propiamente ta1, o b) un grupo de apoderados del mismo, ciertamente en cualquiera de ambos casos ha transcurrido con creces el plazo de 30 días establecido en el numerando 1° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, desde la ocurrencia de los hechos descritos hasta la presentación de la acción de protección en curso.

En efecto, en caso de que la acción se entable por el centro lingüístico, de los dichos del propio recurrente se desprende que al menos desde el segundo semestre de 2023 ya estaban en conocimiento de que CONADI no podría prestar el financiamiento propuesto en mérito de las coyunturas a las que ya se hará referencia:

“Durante meses de conversaciones, donde se estaban realizando las gestiones legales para la firma del convenio, en junio de 2023 nos envían el borrador del mismo, para revisión de este. Sin embargo, luego de meses de no tener mayor información, y sin obtener respuesta a nuestros mensajes y solicitudes; nos convocan a conversar desde el gabinete del director nacional, para informarnos que el apoyo comprometido no se hará efectivo, puesto que no existirían las vías administrativas para bajar los recursos; a lo que, además, se señala que debido al llamado caso convenios no pueden apoyar iniciativas mediante trato directo (…)

Efectivamente, se generó una primera coordinación con el Gabinete de nuestro Director Nacional y una segunda por solicitud de audiencia que realiza la misma organización a través de la Plataforma Ley de Lobby, audiencia que fue atendida por el Director Nacional don Luis Penchuleo Morales con fecha 6 de noviembre 2023, donde se informa que no hay posibilidades de firma de convenio con otra institución pública que ejecute los recursos requeridos.

Y, por otro lado, en caso de ser los apoderados del centro los recurrentes, se alega por aquellos que:

“(…) con fecha 29 de enero de 2024, como apoderados fuimos notificados por medio de una carta, la no continuidad del proyecto educativo por falta de recursos económicos, debido a la poca rigurosidad al cumplimiento de compromisos de las instituciones públicas, en específico de CONADI”

Sin embargo, los recurrentes sólo acompañan para efectos de acreditar lo anterior una copia simple de la carta en comento, fechada 29.01.24, sin más, esto es, sin copia de correo electrónico donde conste despacho o recepción de la misma o comprobante de Correos de Chile que de fe de la fecha de su derivación ni ningún otro antecedente complementario que en definitiva permita demostrar la época exacta de la notificación respectiva. Se trata entonces de un simple instrumento privado que, al tenor de lo dispuesto en el art. 1703 del Código Civil, carece de fecha cierta, siendo por tanto inoponible. En consecuencia, habiendo sido participes de la reunión de noviembre de 2023 con el Director Nacional, según relatan en el propio recurso, es desde esta fecha que se debe contabilizar el plazo indicado en el Auto Acordado ya indicado.

Así pues, en cualquiera de ambos casos, habiendo tenido la parte recurrente conocimiento de la no asignación de los recursos reclamados al 6 de noviembre de 2023, y presentándose este recurso el 22 de febrero de 2024, la acción constitucional plantada es extemporánea.

b) Improcedencia de la acción de protección: acción excede fines del recurso y competencias de esta Iltma. Corte.

La acción constitucional planteada es improcedente, siendo la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco incompetente además para otorgar las peticiones de los supuestos afectados.

En efecto, según se desprende del petitorio del recurso, lo que el recurrente solicita a esta Iltma. Corte es, en definitiva: a) obligar a esta Corporación a destinar recursos públicos del presupuesto del servicio para fines particulares y b) dar reconocimiento oficial a los “centros lingüísticos o centros de inmersión de mapuzugun” como establecimientos educacionales, y c) orientar nuestras políticas públicas hacia los fines que la recurrente estima pertinentes, todo lo cual escapa absolutamente a los fines de esta acción constitucional, así como a las competencias de esta Iltma. Corte, tal y como se ha resuelto previa e invariablemente en casos análogos ya conocidos por S.S. Iltma., donde inclusive ni siquiera se ha estimado necesario requerir de informe a los recurridos, sino que derechamente se ha declarado la inadmisibilidad de las acciones interpuestas.

Así pues, esta Iltma. Corte, en el marco de un recurso de protección, se encuentra inhibida de poder obligar a este servicio a ejercer de determinada forma las competencias y facultades que la ley le confiere (art. 7° de la Constitución Política de la República), desde que ello excede la verdadera finalidad de esta acción constitucional, siendo incompetente este Tribunal Superior para determinar el manejo del patrimonio público que esta Corporación administra.

Por otra parte, ahondando aún más en la incompetencia alegada, la solicitud del recurrente en orden a “Que se reconozcan los nidos lingüísticos o centros de inmersión de mapuzugun como centros educativos propios, en igualdad de condición a los jardines infantiles”, no sólo escapa a las atribuciones de esta Iltma. Corte sino también de la propia CONADI. En efecto, tal y como indica el inc. 5° del art. 19 N° 11 de la Constitución Política, invocado por los recurrentes, establece claramente que sólo una ley orgánica constitucional determina los requisitos para que un centro de enseñanza pueda ser reconocido oficialmente como establecimiento educacional, reconocimiento que en base a aquello le corresponde al Ministerio de Educación y no a esta Corporación.

Así pues, teniendo este recurso como finalidad que obligue a este servicio a ejercer las facultades que la ley le confía, así como a materializar la entrega de recursos pecuniarios a un particular, así como otorgar reconocimientos que sólo la ley y determinados órganos pueden otorgar, lo cual excede los márgenes y finalidades de esta acción constitucional y las competencias que respecto de ella tiene la Iltma. Corte, el recurso en comento debe ser desestimado por improcedente.

c) Improcedencia de la acción de protección: falta de oportunidad, ausencia de derechos indubitados y necesidad de un proceso de lato conocimiento.

Por otra parte, la acción planteada es improcedente desde que los derechos invocados por los recurrentes no poseen en carácter de indubitados, y que pudiesen ser afectados por la acción u omisión reclamada, todas motivaciones para rechazar el recurso.

En esa línea, los recurrentes (si entendemos como tales a los apoderados del centro Txempeyem) alegan que la falta de los recursos esperados de la Corporación trajo como consecuencia el cierre del centro educativo respectivo durante el año 2024, impidiendo que sus hijos (beneficiarios finales) pudieran acceder a aquel.

Sin embargo, la propia parte recurrente acompaña un borrador de los términos de referencia que, mediante resolución exenta de este servicio, se esperaba permitiesen aprobar para la ejecución del proyecto denominado “Creación de Nidos Linguísticos en la Comuna de Temuco”, año 2023, que en su título IX, párrafo segundo, establece los productos 1 y 2 que se esperaban del proyecto.

El borrador de resolución no indica expresamente qué infantes y, por tanto, qué familias se beneficiarían exactamente con el proyecto, sólo se refiere a cupos determinados de infantes (15 de entre 1 a 4 años y 6 de 1 a 6 años) de la comuna de Temuco. Es decir, no existe certeza alguna de que los supuestos apoderados recurrentes hubiesen sido los elegidos para tal fin y, de hecho, ni siquiera hay antecedentes en autos de que los mismos sean padres o madres de infantes de esa edad a la época de los hechos. Se trata, en definitiva, de una mera expectativa, en contraposición a los derechos indubitados que busca proteger la acción de protección del art. 20 de la Constitución Política.

Por otra parte, los recurrentes invocan perjuicios económicos sufridos a consecuencia de los hechos que describen, frustrándose —según sus dichos— sus expectativas como apoderados y defraudándose así su confianza legítima, violándose por parte de CONADI sus actos propios.

No obstante, el recurso de protección, cual busca sólo salvaguardar derechos constitucionales indubitados en un procedimiento rápido y desformalizado, no permite ni es lugar para acreditar derechos, probar perjuicios o demandar las consecuencias de supuestas vulneraciones a la buena fe, desde que todo ello está reservado para juicios de lato conocimiento, en los cuales pueda rendirse la prueba necesaria y ordenarse el resarcimiento de los supuestos daños y detrimentos sufridos por un afectado.

Y finalmente, respecto a la solicitud de los recurrentes en orden a que “se reconsidere el presupuesto comprometido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) de $25.000.000, durante 2023”, ha operado la falta de oportunidad, ya que como es evidente, el año presupuestario en comento ya terminó, habiéndose ejecutado ya el presupuesto aprobado por la entonces vigente Ley N° 21.516.

Como surge de lo expuesto, en el caso de marras no es posible advertir un derecho de carácter indubitado al que se pueda brindar tutela a través de la presente vía, y dado que los conflictos objeto del recurso dicen relación con materias controvertidas por las partes, la acción deducida no es la vía idónea para resolver la discusión, la que trasciende el recurso de protección y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve que tiene éste, sumado al hecho de existir peticiones que no pueden ser concedidas por esta Iltma. Corte.

d) Inexistencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

La lamentable imposibilidad de ayudar a concretar el proyecto denominado “Creación de Nidos Lingüísticos en la Comuna de Temuco”, año 2023, respaldando así la iniciativa de Txempeyem mapuzugun mew, no radica en un acto de mero capricho o contrario a la legalidad, sino por el contrario, a circunstancias ajenas a su voluntad y a propender al resguardo del buen uso de los recursos públicos, tal y como se expondrá a continuación.

En el año 2022, la entidad denominada Txempeyem Mapuzugun, centro de inmersión lingüística infantil, presentó al Director Nacional de CONADI, don Luis Penchuleo Morales, una propuesta de inmersión lingüística para ser desarrollada en un jardín infantil dentro de la comuna de Temuco, cuyo proyecto consideraba un monto total de $193.000.000. Sin embargo, debido al limitado presupuesto que posee el programa de Recuperación y Revitalización de las Lenguas Indígenas y la modalidad de ejecución establecida por la Ley de Presupuesto vigente a esa época, no fue posible atender en lo inmediato la proposición tal como estaba diseñada. En consecuencia, se asumió el compromiso de revisar y evaluar la posibilidad de atender desde CONADI la iniciativa considerando presupuesto disponible, subtítulos presupuestarios y glosas.

A comienzo del mes de febrero de 2023, y después de analizar el presupuesto existente y la importancia que tendrían estos procesos de inmersión, se solicitó a DIPRES la autorización de modificación presupuestaria para aumentar el presupuesto del programa, a través del cual se podía abordar esta iniciativa. Por ello, la Unidad de Cultura y Educación (UCE) de la Dirección Nacional informa a Txempeyen Mapuzugun que no se podría acceder al 100% de lo planteado en la propuesta, pero se pretendía destinar un monto de $25.000.000 aproximadamente, y cuya condición de ejecución sería por medio de convenio de colaboración con entidades públicas, pues no existían mecanismos de asignación directa a entidades privadas. En esta etapa se evalúo conjuntamente con la Subdirección de Pueblos Originarios (SUBPO), dependiente del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, diseñar y ejecutar un convenio de colaboración con transferencia de recursos orientada a apoyar procesos de inmersión lingüística en primera infancia, en donde se incluiría a Txempeyem Mapuzugun.

Durante el primer semestre 2023, la Dirección Nacional de este servicio y la Subdirección mencionada levantaron una propuesta de convenio y términos de referencia. Para tal objetivo se consideró la propuesta de la organización y se les contactó para afinar metodológicamente como se desarrollaría el proyecto, relevando los objetivos, metodología y plan de trabajo, lo cual finalmente no pudo concretarse debido a que la institución colaboradora (SUBPO) desistió, fundamentalmente debido a las nuevas condiciones que se estaban definiendo por los ministerios en cuanto al mejoramiento de la gestión en la suscripción de convenios impulsado por el Ministerio de Hacienda, todo ello en el marco del denominado “Caso Convenios”. En ese contexto, se emite el Decreto Supremo Nº 15 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del año 202, que creó la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado (“Comisión Jaraquemada”) y, consecuentemente, el Ministerio de Hacienda dictó el Oficio Circular N° 20 de fecha 11 de agosto del año 2023, que regula los contenidos mínimos de los convenios que suscriban los servicios durante el año 2023 y mandata la realización de la rendición de cuentas mediante el sistema electrónico de la Contraloría General de la República (SISREC).

El segundo semestre del mismo año se continuaron las gestiones para intentar implementar estas iniciativas con otras entidades colaboradoras, como la Universidad de La Frontera, a través de su Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Departamento de Educación de la Municipalidad de Temuco, quienes a pesar de la disposición e interés en fomentar de manera conjunta estos temas, no les fue posible formalizar un convenio, pues tras las necesarias evaluaciones técnicas se constató que el modelo propuesto por las organizaciones proponentes se alejaba de las estrategias y competencias de las primeras dos instituciones y por el tiempo transcurrido.

Así pues, la formulación del eventual convenio de colaboración, ya mencionado, se realizó en el periodo de las nuevas condiciones de control en materia de convenios, por lo cual se debió esperar las orientaciones sobre implementación de medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda, sobre el cuidado y buen uso de los recursos ejecutados vía convenios, ya sea con instituciones público y/o privadas. En consecuencia, este proceso iniciado a principios de 2023 se retrasó y debió ir más lento desde junio en adelante, por la implementación de las referidas nuevas condiciones a las que había de dar cumplimiento.

Lo anterior fue sin desmedro de que CONADI explicase este proceso a la organización transmitiendo las nuevas dinámicas al interior de la administración pública, relevando el examen minucioso que debe realizarse en estas materias por todos los servicios públicos. Estas explicaciones fueron dadas en diferentes ocasiones, telefónicamente y, en cuanto a las reuniones presenciales, de acuerdo a la solicitud de la organización proponente se generó una primera coordinación con el Gabinete de nuestro Director Nacional y una segunda por solicitud de audiencia que realiza la misma organización a través de la Plataforma Ley de Lobby, audiencia que fue atendida por el Director Nacional don Luis Penchuleo con fecha 6 de noviembre 2023 —según se dijo ya—, y quien explicó efectivamente lo antes señalado y que sobre la base de los programas, instrumentos y estrategias disponibles se habían evaluado las vías de ejecución, sincerando los diferentes escenarios que se revisaron para intentar llevar a cabo el apoyo a la iniciativa. Finalmente, en esa ocasión se advierte, transcurrido gran parte del año, que no hay posibilidades de firma de convenio con otra institución pública que ejecute los recursos y menos posibilidades de financiar gastos de manera retroactiva, por las razones ya indicadas pretéritamente en este informe.

Asimismo, es importante destacar que el presupuesto de la Unidad de Cultura y Educación funciona mediante dos Ítem Presupuestarios: 24-01-579, para compras públicas y 24-03-999, para realizar convenios de asignación directa a otras entidades públicas. En ese contexto, y frente al requerimiento de Txempeyem, fue necesario ajustar fichas y presupuestos con la gestión de cambio de ítems presupuestarios pasando del 24-01 al 24-03 a fin de poder realizar asignación directa a otro servicio público, para intentar dar cumplimiento al requerimiento de aquellos. Esto conllevó la necesaria consulta previa con DIPRES, lo cual retraso en más de 5 meses los trámites a la espera de ratificación.

Por otra parte, es importante recordar que, si bien el atender la necesidad de implementar estrategias de visibilización y revitalización del mapunzugun es una preocupación de CONADI, evaluando estrategias especiales, dirigidas a la primera infancia, niños, niñas y adolescentes; y adultos indígenas, garantizando la participación y el derecho a preservar, revitalizar y promover sus lenguas nativas, no deja de ser menos cierto que de acuerdo a las competencias de cada órgano del Estado, es el Ministerio de Educación el que debe abordar estas materias de manera íntegra y transversal. Por ello es que se está en proceso de reuniones de trabajo con la Subsecretaría de Educación Parvularia para evaluar el diseño de un programa específico de nidos lingüísticos a través de JUNJI o Integra, que permita atender la emergencia del interés de nuevas estrategias para la revitalización lingüística en primera infancia en el ámbito educativo. Cabe agregar que actualmente materias vinculadas a lenguas indígenas están radicadas en el Ministerio de Educación, al igual que en primera infancia a través de jardines infantiles dependientes de JUNJI e INTEGRA, lo cual se implementa a través de Educadores/as de Lengua y Culturas Indígenas (ELCI), en donde CONADI financia a través de licitaciones o convenios directos con dichas instituciones.

Finalmente, en relación al aumento en el presupuesto del 24% para este 2024 para el Fondo de Cultura y Educación de CONADI, acusado por los recurrentes, si bien es efectivo, el global sólo viene a normalizar y equilibrar el presupuesto en los diferentes programas de la Unidad de Cultura y Educación ya existentes a lo largo del país.

Así pues, CONADI realizó todos los esfuerzos por ayudar a la concreción del proyecto enunciado, dentro de los márgenes de legalidad y probidad imperantes en la época de los hechos, sin que pudiesen concretarse las ayudas deseadas sólo por imposibilidades de terceros o de orden jurídico, sin que pueda imputarse arbitrariedad o ilegalidad a esta entidad.

e) Respecto del derecho a la igualdad del art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

El recurrente invoca como garantía vulnerada la igualdad ante la ley del art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pero sin dar explicación alguna de cómo o por qué se comprende vulnerado este derecho, razón más que suficiente para desestimar su supuesta transgresión.

Sin desmedro de ello, y respecto a cualquier tipo de discriminación que pudiese invocarse, debe recordarse que el ejercicio del derecho de igualdad ante la ley debe entenderse como una igualdad jurídica que impide que en textos legales o en sus interpretaciones se establezcan privilegios o excepciones que se otorguen a unos excluyendo a otros encontrándose en iguales circunstancias. Dado que CONADI ha procedido de la misma manera para todos aquellos usuarios en la misma situación, no se puede colegir que ha existido por parte del Servicio una vulneración de la garantía constitucional señalada. A mayor abundamiento, debe recordarse además que la Constitución Política no proscribe la discriminación en sí, sino la arbitrariedad en las diferenciaciones, es decir, tratar desigualmente a personas que se encuentran en igual situación de hecho.

En consecuencia, si hubiese algún tipo de diferenciación respecto a los recurrentes, ello se justificaría en la ausencia de arbitrariedad, en vistas de la necesidad de este servicio de actuar en el marco de la legalidad y probidad en el buen uso de los recursos públicos, según se ha explicado latamente.

f)Respecto del derecho a la enseñanza del art. 19 N° 11 de la Constitución Política de la República.

Complementando los argumentos entregados por el recurrido, S.E. el Presidente de la República en su informe, a propósito de este tema (p. 18 del informe), y no ser reiterativos, lo que se alega aquí es la improcedencia de invocar la protección de este derecho por parte de los recurrentes, al no cumplirse los presupuestos exigidos por la misma norma.

En efecto, la libertad de enseñanza y el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, invocado por los recurrentes, debe ser complementado por lo dispuesto en el inc. 5° del numerando 11 en comento, el cual dispone:

“Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel”.

Es decir, el derecho de enseñanza se enmarca en el reconocimiento oficial de los establecimientos educativos a través del Ministerio de Educación, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 20.370, condiciones que el centro lingüístico Txempeyem mapuzugun mew lamentablemente no cumple hoy.

Solicita en definitiva tener por evacuado el informe.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección que contempla la Carta Fundamental es un procedimiento cautelar que tiene por objeto subsanar de modo urgente y excepcional un hecho en que una persona hubiere sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías de uno o algunos de aquéllos que contempla el artículo 20 de la Constitución Política.

SEGUNDO: Que, por el carácter del recurso, debe dársele un sentido restringido y de oportunidad para resolver aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronto pronunciamiento judicial, que dé rápido remedio a los actos u omisiones arbitrarias e ilegales, siendo estos elementos los que debe examinar esta Corte para definir su resolución.

TERCERO: Que, entonces para que proceda la acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de las siguientes circunstancias; la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas y, finalmente, que quien lo interpone, se encuentra ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

CUARTO: Que , el artículo 28 de la Ley 18.575 y sus modificaciones dispone que los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos Ministerios, cuyas políticas, planes y programas les corresponderá aplicar, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 22, inciso tercero, y 30 La ley podrá, excepcionalmente crear servicios públicos bajo la dependencia o supervigilancia directa del Presidente de la República.

QUINTO: Que, en consecuencia, los órganos descentralizados, se encuentran ubicados fuera del esquema orgánico piramidal de la administración, no existiendo con el Presidente de La Republica una relación de jerarquía, sino que de supervigilancia. A su respecto, el Presidente carece de potestad de mando, que es un atributo propio de la jerarquía teniendo solo las atribuciones que explícitamente y como expresión de supervigilancia sobre los agentes o sobre los actos del ente descentralizado le entregue el ordenamiento jurídico. Por lo mismo, el Fisco de Chile no responde de los actos de los Servicios descentralizados, los que comprometen su propio patrimonio en sus actuaciones y que actúan representados judicial y extrajudicialmente por su Jefe de Servicio.

SEXTO: Que, en relación al recurso de autos, y dado que los hechos que generarían la supuesta afectación de los derechos y garantías constitucionales que invocan la recurrente dicen relación con la actuación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, entidad que conforme al artículo 38 de la Ley 19.,253 es un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Ministerio de Planificación y Cooperación, deberá desestimarse el recurso contra el Presidente de La Republica por carecer el mismo de legitimación pasiva.

SEPTIMO: Que, adicionalmente cabe reiterar que la presente acción cautelar tiene por finalidad tutelar garantías y derechos preexistentes, esto es, derechos que no se encuentren discutidos, y cuyo imperio se debe proteger por mandato constitucional. En este sentido el Recurso de protección no es la vía para declarar, constituir o extinguir derechos y solo opera cuando los derechos amagados son indiscutidos. En este sentido esta Iltma. Corte de Apelaciones por sentencia de 16 de octubre de 2014, rol 2355-14, la que ha sostenido que: 4°. Es indispensable que quien lo intente [el recurso de protección] acredite la existencia de un derecho actual que lo favorezca, que esté claramente establecido y determinado […]”. 5° “[…] para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal”.

OCTAVO: Que, la recurrente explícitamente señala que la presentación del presente recurso de protección va en directa relación “a los compromisos realizados por el entonces candidato a la presidencia de la república señor nombre reservado, quién fuera electo y por el cual trabajamos para alcanzar políticas públicas pertinentes para los pueblos originarios, y una de ellas es la revitalización lingüística”. En esta lógica la causa de pedir del mismo es que: 1) Que, se reconsidere el presupuesto comprometido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) de $25.000.000, durante 2023.- 2) Que, se asigne presupuesto para 2024, para el funcionamiento del centro de inmersión Txempeyem mapuzugun mew.- 3) Que, se reconozcan los nidos lingüísticos o centros de inmersión de mapuzugun como centros educativos propios, en igualdad de condición a los jardines infantiles.-4) Que, se generen políticas públicas efectivas que estén orientadas a la revitalización del mapuzugun, que garanticen la formación de nuevos hablantes en la primera infancia.

NOVENO: Que, de lo expuesto aparece que la recurrente no ha demostrado en estos autos ser titular de un derecho indiscutido y preexistente, al punto tal que lo solicitado no dice relación con cautelar el respeto y ejercicio de las garantías constitucionales protegidas, sino que se vincula con la adopción de estrategias propias de la determinación de políticas públicas y de su financiamiento, lo que escapa completamente a la naturaleza de la presente acción cautelar.

DECIMO: Que, lo anterior hace también improcedente la presente acción contra la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a quien de oficio se le pidió informe en la presente causa.

UNDECIMO. Que, en consecuencia, atendido lo reflexionado precedentemente, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se señalan como vulneradas ni al examen pormenorizado de los documentos acompañados por las partes.

Por estas consideraciones, normas constitucionales y reglamentarias citadas, y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, en contra de la Presidencia de Chile representada por nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese virtualmente en su oportunidad.

Redacción abogado Roberto David Contreras Eddinger.

N°Protección-296-2024. (sac)