Protección contra cuerpo de diáconos de la Iglesia Bautista Millaray

C.A. de Temuco Temuco, treinta de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del cuerpo de diáconos de la Iglesia Bautista Millaray, integrado por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, así como en contra del pastor nombre reservado, por haber éstos incurrido en una conducta ilegal y arbitraria que afecta sus garantías constitucionales según pasa a exponer.

Sostiene haber realizado una denuncia previa que fue ingresada a la Fiscalía, en la cual expone haber sido amenazado por el Pastor nombre reservado. A raíz de estos hechos, el cuerpo de diáconos de la congregación decidió iniciar una investigación disciplinaria. Agrega que, como parte de este proceso, la iglesia adoptó la Resolución N°2-2025, la cual establece medidas de resguardo provisional a favor del denunciado, el Pastor nombre reservado y no del denunciante.

El recurrente alega que las medidas constituyen una forma de represalia, discriminación y exclusión que le genera un daño emocional, espiritual y social. Agrega que la decisión es arbitraria porque se le suspende temporalmente de todas las actividades públicas de la iglesia, donde él es miembro activo, sin haber cometido falta alguna y antes de concluir la investigación. Además, se le trata como victimario cuando, según su relato, él es la víctima del acto de violencia denunciado.

Aduce que lo anterior vulnera las garantías constitucionales contempladas en los numerales 19 N° 1, 2, 3 y 6 de la Constitución, esto es, su integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y su libertad religiosa y de culto.

Por lo anterior, solicita se acoja el recurso de protección en todas sus partes y; i) se adopten las medidas necesarias para resguardar sus derechos fundamentales vulnerados, ii) se ordene el cese inmediato de lo dispuesto en la Resolución N°2-2025, específicamente en los puntos que: le prohíben el ingreso a actividades públicas donde se encuentre el pastor nombre reservado (incluyendo los cultos) y realizar nuevas declaraciones públicas sobre los hechos que fueron denunciados A folio 12, comparece el recurrido nombre reservado, pastor de la Iglesia Bautista Millaray, quien evacua informe del recuso, solicitando su rechazo, con costas, por los antecedentes que se pasan a exponer.

Señala que se encuentra vinculado bajo contrato de trabajo con la Convención Evangélica Bautista de Chile y refiere que tiene una extensa trayectoria que combina el ámbito religioso, académico y profesional Detalla que en una asamblea ordinaria de la iglesia el 19 de julio de 2025, el recurrente realizó una denuncia genérica de amenazas. Aunque inicialmente no se individualizó al responsable, internamente se señaló a él. No obstante, declara que dichas imputaciones son absolutamente falsas.

Respecto a las medidas de resguardo que motivan el recurso de protección, aclara que el Cuerpo de Diáconos identificó que la denuncia iba dirigida contra el pastor y, en uso de sus atribuciones exclusivas, inició una investigación disciplinaria interna y, mediante Resolución N° 2-2025, dispuso medidas de prohibición de ingreso y silencio.

Sostiene que no ha existido un acto ilegal o arbitrario de su parte, ya que el no dictó, promovió ni ejecutó la resolución impugnada, la cual emana de un órgano colegiado autónomo y competente. Afirma además que, el recurrente no respetó el Manual de Procedimientos de la Unión Nacional de Pastores Bautistas de Chile, que establece las pautas para denuncias contra pastores, siendo denostado públicamente en las dependencias de la iglesia, lo que ha repercutido negativamente en su vínculo laboral con Convención Evangélica Bautista de Chile y en la salud emocional de su familia y la congregación.

A folio 13 comparecen los recurridos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes informando el recurso solicitan su rechazo, por las razones que se pasan a enunciar.

Explican que la Iglesia Bautista Millaray es una entidad religiosa autónoma afiliada a la Convención Evangélica Bautista de Chile (UBACH). Subrayan que, según los estatutos de la UBACH y la Ley N° 19.638, las iglesias locales gozan de plena autonomía administrativa y patrimonial. En este marco, el Directorio nacional de la UBACH no tiene competencia para intervenir en la disciplina interna de una iglesia local a menos que se solicite expresamente su asesoría, lo que reafirma la autoridad del Cuerpo de Diáconos en este caso particular.

Exponen que el 19 de julio de 2025, durante una asamblea ordinaria de la congregación, el recurrente realizó una denuncia verbal por presuntas amenazas cometidas por un miembro que posteriormente fue identificado como el Pastor nombre reservado. Califican esta intervención como inoportuna y disruptiva para la paz de la iglesia. Sostienen que, al realizar estas acusaciones públicamente en las dependencias de la iglesia —donde el pastor cumple sus funciones bajo un contrato laboral vigente con la UBACH—, el recurrente afectó la honra y la estabilidad laboral del ministro. Por ello, el Cuerpo de Diáconos decidió por unanimidad iniciar una investigación disciplinaria interna para esclarecer los hechos.

Manifiestan que su actuar se ha apegado a la legalidad, basándose en el Reglamento Interno de la IBM, que establece que los diáconos colaboran con el ministerio pastoral y tienen facultades expresas en asuntos de disciplina. Además, se dispone que tienen el deber de tomar la iniciativa ante problemas que surjan en la iglesia, como falsos rumores o conflictos que perturben la armonía, sin necesidad de una denuncia formal previa o autorización de la asamblea.

Señalan que, dado que el reglamento interno no preveía medidas específicas para este tipo de violencia verbal en el ámbito laboral, los diáconos recurrieron por analogía a la Ley Karin (Ley N° 21.643), interpretando la conducta del recurrente como una forma de violencia ejercida por un tercero ajeno a la relación laboral que afecta el empleo del Pastor nombre reservado. Como resultado, se dictó la Resolución N° 2-2025, que dispuso la suspensión temporal del recurrente de las actividades públicas donde esté presente el pastor por un plazo de 30 días renovables, además de la prohibición de realizar nuevas declaraciones públicas sobre el tema mientras dure la investigación. Las medidas adoptadas no son sanciones definitivas, sino preventivas y provisionales, destinadas a resguardar la paz congregacional y la estabilidad del ministerio pastoral mientras se investiga.

Invocan el artículo 19 N°6 de la Constitución y la Ley N°19.638, argumentando que las confesiones religiosas tienen plena libertad para establecer su propia organización y jerarquía. Hacen presente que esta Corte carecería de competencia para revisar el mérito de decisiones disciplinarias internas adoptadas conforme a los estatutos y que el recurrente ya sometió los hechos al Ministerio Público el 29 de julio de 2025, al presentar una denuncia por amenazas reiteradas, por lo que el asunto está siendo tramitado en sede penal, lo cual es ajeno a la naturaleza del recurso de protección, el cual requiere de un derecho no discutido o indubitado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección es una acción constitucional, de naturaleza cautelar, que cualquier persona puede interponer ante la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de solicitar que adopte de inmediato las medidas o providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal, que provoque una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que se mencionan en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer.

Conforme lo anterior, para que se pueda acoger el recurso deducido en autos es necesario que se constate la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de los recurridos; que este acto haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de un derecho constitucional amparado que de manera indubitada corresponde al recurrente; y que sea posible y necesario adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que el recurrente impugna como ilegal o arbitraria la resolución N°2-2025, dictada por el Cuerpo de Diáconos de su congregación que decidió iniciar una investigación disciplinaria, en aquella parte que establece medidas de resguardo provisional a favor del denunciado, el Pastor nombre reservado y no del denunciante, que le prohíben el ingreso a actividades públicas donde se encuentre el pastor nombre reservado, incluyendo los cultos, y realizar nuevas declaraciones públicas sobre los hechos que fueron denunciados.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes aportados al recurso, aparecen como hechos pacíficos los siguientes:

a.- Que el recurrente y los recurridos pertenecen a la Iglesia Bautista Millaray, entidad religiosa autónoma afiliada a la Convención Evangélica Bautista de Chile (UBACH).

b.- Que don nombre reservado presentó una denuncia en Asamblea de 19 de julio 2025, para cuya tramitación el Cuerpo de Diáconos dispuso por resolución N° 1-2026, de fecha 26 de julio de 2025, el inicio de una investigación para determinar su eventual carácter sancionatorio.

c.- Que mediante resolución 2-2026, de 26 de julio de 2025, el Cuerpo de Diáconos dispuso las siguientes medidas cautelares en contra del denunciante nombre reservado: “PRIMERO: Adoptar, como medida de resguardo provisional, la suspensión temporal de la participación pública del hermano nombre reservado en actividades donde esté presente el Pastor nombre reservado, mientras se sustancia la investigación disciplinaria iniciada mediante Resolución 1-2025. Esta medida no constituye sanción, sino una medida preventiva con el único objeto de resguardar la estabilidad del ministerio pastoral y preservar la paz congregacional. SEGUNDO: Disponer que el hermano nombre reservado se abstenga de efectuar nuevas declaraciones públicas sobre los hechos denunciados, por cualquier medio, hasta que se resuelva el fondo del procedimiento disciplinario. TERCERO: Informar formalmente al Pastor nombre reservado de la presente medida, dejándose constancia de que su finalidad es únicamente cautelar, y que su dignidad pastoral y reputación espiritual deben ser protegidas activamente por esta congregación mientras no se acredite lo contrario”.

d.- Que el reglamento Manual de Procedimientos Unapab 2024 establece las normas por las cual se debe regir la investigación y sanción de faltas cometidas por miembros de la institución, regulado en el punto III las pautas para la acusación, disciplina y restauración de un miembro por faltas a los reglamentos, manual de procedimientos y/o código de ética, entre las cuales no se contempla la posibilidad de decretar medidas cautelares y menos aún en contra del denunciante.

e.- Que, según consigna la resolución que decretó las medidas cautelares, la declaración pública del hermano nombre reservado se formuló fuera de los canales establecidos por el Reglamento Interno para la tramitación de denuncias y disciplinamiento interno, generando un daño a la unidad, el orden y el respeto debido al ministerio pastoral, y que ha motivado la Resolución N° 1-2025, por la cual se resolvió iniciar investigación disciplinaria de oficio conforme al artículo 16 del Reglamento de la IBM y que, el artículo 2 letra i) de la Ley Karin (Ley N° 21.643) considera como violencia en el trabajo aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, si afecta el ejercicio del empleo de una persona, en este caso del Pastor nombre reservado, quien tiene vínculo laboral vigente con la UBACH y desarrolla sus funciones en la comunidad IBM, por lo que invoca el artículo 8 de la citada ley, para adoptar medidas inmediatas de resguardo ante hechos que, aún en fase de investigación, puedan afectar la salud mental, la honra o el ejercicio laboral de la persona denunciada, con el fin de evitar mayores daños.

Cuarto: Que conforme lo señalado, la resolución impugnada no se encuentra amparada por las normas que la propia organización se dio para la investigación y sanción de conductas, pretendiendo el Cuerpo de Diáconos suplir esa ausencia normativa haciendo aplicación de la Ley 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, lo que no resulta procedente.

En efecto, el artículo 211-B bis del Código del Trabajo señala que, en caso de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, la persona afectada deberá hacer llegar su denuncia por escrito o de manera verbal a la empresa, establecimiento o servicio, o a la respectiva Inspección del Trabajo, cuestión que no ocurrió en el caso de autos, pues el trabajador, que sería el Sr. nombre reservado, no ha efectuado ninguna denuncia a su empleador acusando violencia de terceros, sino que ha sido el Cuerpo de Diáconos quienes, de oficio y sin permitir al recurrente pronunciarse, decidieron imponer medidas cautelares en su contra, las que al limitar derechos fundamentales no admiten una aplicación por analogía.

Quinto: Que, de esta manera, la resolución recurrida resulta ilegal, por cuanto no existe norma que la ampare y, además, arbitraria, pues se adopta de oficio y sin permitir una discusión previa, con lo que se debe tener por acreditado el primer requisito para la procedencia del recurso de protección.

Sexto: Que en relación con el segundo requisito, esto es, la privación, perturbación o amenaza el legítimo ejercicio de un derecho constitucional amparado que de manera indubitada corresponde al recurrente, cabe señalar que la medida impuesta ha vulnerado su derecho a la libertad de culto del actor, garantizada en el artículo 19 N°6 de la Constitución Política de la República, pues lo ha suspendido temporalmente de la participación pública en actividades de la iglesia de la cual formaba parte y, asimismo, su derecho a emitir opinión, garantizado en el artículo 19 N°12 de la norma fundamental, pues le ordena abstenerse de efectuar nuevas declaraciones públicas sobre los hechos denunciados, por cualquier medio, hasta que se resuelva el fondo del procedimiento disciplinario.

Séptimo: Que, en cuanto al tercer requisito, que sea posible y necesario adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho, cabe señalar que la medida cautelar tenía un carácter temporal, sin embargo, no se ha justificado fehacientemente que ella fue dejada sin efecto ni que haya terminado el proceso disciplinario, por lo que es posible dictar medidas para restablecer el imperio del derecho.

De esta manera corresponde acoger el recuso deducido en contra de la Resolución N°2-2025, dictada por el Cuerpo de Diáconos.

Octavo: Que en cuanto al recurrido don nombre reservado, del mérito de los antecedentes resulta claro que él no dictó la resolución recurrida ni se le puede atribuir intervención como denunciante en el procedimiento disciplinario, razón por la cual deberá rechazarse el recurso a su respecto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I.- Que SE HACE LUGAR, sin costas, al recurso deducido por don nombre reservado, en contra del Cuerpo de Diáconos de la Iglesia Bautista Millaray, integrado por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en cuanto se dispone dejar sin efecto las medidas cautelares dictada en contra del recurrente.

II.- Que, en lo demás, SE RECHAZA el recurso deducido.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro (S) don Robinson Villarroel Cruzat.

N°Protección-2954-2025. (cwm)