nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En el folio 1 comparece don nombre reservado, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien dice:

Que interpone Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en favor de doña nombre reservado, ingeniero comercial, domiciliada en domicilio reservado, acción que se entabla en contra de la MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada legalmente por su alcalde don MARIO GONZÁLEZ REBOLLEDO, nombre reservado, o por quien lo subrogue o reemplace en conformidad a la ley, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber dictado dicho organismo el Decreto Alcaldicio N°3072 de fecha 29 de diciembre del 2022, notificado a su representada el día 30 de diciembre del año pasado, mediante el cual se rechazó el Recurso de Reposición Interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N° 2485-2022 de fecha 08 de noviembre del 2022,que aprobó sumario administrativo y aplicó medida disciplinaria de término de la relación laboral en contra de doña nombre reservado, acción constitucional que funda en los siguientes antecedentes fácticos y normativos.

1.- Su representada ingresó a prestar servicios personales, bajo dependencia y subordinación para la parte recurrida, Municipalidad de Padre Las Casas, a cambio de una remuneración, con fecha 01 de junio del año 2000, según contrato de trabajo suscrito con fecha 05 de junio de la misma anualidad, esto es, la relación laboral se ha mantenido en forma ininterrumpida por más de 22 años.

1.1.- El contrato de trabajo suscrito con la demandada, desde un comienzo, en conformidad con lo dispuesto en su cláusula segunda fue suscrito con carácter de indefinido.

1.2.- Según indica el mismo contrato de trabajo, su representada fue contratada para desempeñar el cargo de “JEFE DE FINANZAS Y ADQUISICIONES del Departamento de Educación Municipal de la Demandada, desarrollando funciones en Contabilidad Gubernamental, Presupuesto de Educación, Adquisiciones e inventarios, y todas las actividades que emanan de la naturaleza de su empleo”.

2.- Doña nombre reservado, recurrente de autos, se ha desempeñado por más de 22 años como trabajadora de la Municipalidad de Padre Las Casas, siempre destacando su buen desempeño y profesionalismo en el cumplimiento de sus labores.

Más aún, durante la parte más dura de la pandemia del COVID-19 – marzo a diciembre del año 2020- fue una de las pocas profesionales que trabajó presencialmente durante toda la jornada laboral, de lunes a viernes, demostrando así su compromiso con su trabajo debido a la responsabilidad que la correspondía a su unidad de procurar los recursos humanos, físicos y materiales necesarios para atender los requerimientos tanto de los 13 establecimientos educacionales como de los 18 jardines infantiles a cargo del DAEM de Padre Las Casas.

3.- Así las cosas, el día 24 de marzo del año 2021, doña nombre reservado, fue, inesperada y abruptamente, separada de su cargo y suspendida de su trabajo en razón de la instrucción de un Sumario Administrativo ordenado por su empleador, mediante Decreto Alcaldicio N° 163 de 23 de marzo del año 2021 de la Municipalidad de Padre Las Casas, en base a una denuncia anónima recibida en el mes de noviembre del año 2020, por supuestas irregularidades ocurridas al interior del Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas y en las cuales le asistiría responsabilidad administrativa (sic) a su representada junto a la funcionario nombre reservado (Encargada de Adquisiciones) y a la Sostenedora a aquella época doña nombre reservado.

3.1.- En tal proceso disciplinario le fueron formulados 3 cargos:

I.- Relacionado con la contratación durante la Pandemia COVID-19 de una empresa para Sanitizar y Fumigar los 13 establecimientos educacionales y 18 jardines infantiles y salas de cuna VTF JUNJI, una oficina administrativa y bodegas correspondientes al Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas, desde 24 de abril de 2020 y hasta el 31.12.2020.

Aquí se reprocha a la recurrente que no habría exigido la certificación ambiental respectiva a la empresa, no obstante que ella sólo generó la solicitud de compra y que en definitiva nada se le pagó a dicha empresa. De todo lo cual se hizo lato análisis en los descargos respectivos y que aquí sólo se hace una referencia general para mejor comprensión de la Corte.

II.-Un segundo cargo dice relación con que la recurrente habría recibido en su mail copias de proyectos o borradores de especificaciones técnicas para futuros llamados a licitación en temas de telefonía, comunicaciones y cámaras de seguridad; materias todas que no son de competencia y conocimiento de la recurrente como Jefa de Finanzas y que eran requeridas a distintos potenciales proveedores por la Directora del Departamento al carecer el mismo de ingenieros o técnicos en la materia como insumo para los referidos procesos. En suma, se le reprocha haber recibido mails que nunca pidió y que le llegaron copiados.

III.- Y finalmente, el último cargo que se le formuló a la recurrente, guarda relación con que la recurrente tendría una Relación de intima Cercanía y Familiaridad en el trato con un proveedor lo cual denotaría una “eventual falta de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

.2. – A raíz de este proceso sumarial , la recurrente fue suspendida de sus funciones el día 24 de marzo del año 2021, pues en tal ocasión, decir de la recurrente, “en forma prepotente y agresiva” fue informada por quien a la época era la asesora jurídica del Departamento y Fiscal en el Sumario ordenado, doña nombre reservado A., que estaba suspendida de sus funciones de Jefa de Finanzas del DAEM de Padre Las Casas y que debía hacer inmediato abandono de su oficina sin tocar nada de su escritorio, no siquiera efectos personales. Además, en forma humillante se le indica “y me entregas el celular institucional inmediatamente y el Sr. nombre reservado te seguirá para que le hagas entregas y te retires”

Dicho episodio fue presenciado por los funcionarios que se encontraba allí laborando, y a decir de su representada: “me sentí denigrada, humillada, maltratada laboralmente, avergonzada ya que es una situación que jamás había vivido ningún funcionario en las dependencias, provocándome un daño emocional y psicológico importante, vulnerada en mis derechos esenciales como trabajadora. Literalmente, solo faltó sacarme esposada y como un delincuente de mi lugar de trabajo”.

3.3.- Evidenciando la voluntad del empleador en este caso, inmediatamente el mismo día de la suspensión de funciones de la demandante, la Fiscal a cargo del caso informó tal hecho al alcalde de Padre Las Casas, y éste con fecha 05 de abril del 2020, en su calidad de representante legal del empleador, procedió a suscribir contrato de trabajo con el Sr. nombre reservado, RUT N° RUT reservado, quien es contratado desde el 05 de abril y hasta el 31 de diciembre del año 2021, para cumplir las funciones de su representada, en calidad de Jefe de Finanzas Subrogante. Todo ello, sancionado administrativamente mediante la dictación del Decreto Alcaldicio N°787-2021.

Este hecho es un indicio palmario que evidencia la disposición de ninguneo, menoscabo y hostigamiento de la demandada en contra de su representada de aquí en adelante, pues llama poderosamente la atención que contrate especialmente a un trabajador para suplir las funciones de su representada, las que por su naturaleza suponen el conocimiento de una serie de materias de contabilidad gubernamental, finanzas y compras públicas, a la par de acreditaciones especiales para actuar e informar en sistemas de la administración del Estado, la misma Contraloría y el mercado público; conocimientos y competencias con los cuales no contaba el referido Sr. nombre reservado, y que en último término llevaron a que muchos procesos debieron ser suplidos por funcionarios de la Administración de Finanzas de la Municipalidad al no poder ser realizados por quien fue contratado para tal efecto.

3.4.- A partir del hecho vivido por doña nombre reservado antes descrito, esto es, su separación del trabajo y del escarnio público que se hizo del mismo, con el consiguiente shock que la inestabilizó personal y emocionalmente, ésta comenzó a experimentar un cuadro de estrés laboral debiendo guardar reposo médico debido al deplorable estado de salud que se gatilló por su situación laboral.

En efecto, durante el año 2021, su representada estuvo con licencia médica.

3.5.- La acreditación del estado de salud de su representada lo da su médico tratante Dr. nombre reservado, Psiquiatra, en informe de fecha 09 de agosto del 2021, en que expone que su cuadro clínico puntual tiene su origen en relación con un hecho violento vivido en su espacio laboral, el que puede comprenderse a cabalidad según la descripción del clima y cultura organizacional estresante que se vive en su lugar de trabajo, todo lo cual ya ha sido latamente relatado.

Tal es la gravedad del cuadro vivido por su representada que incluso el propio COMPIN, de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, mediante Informe de fecha 29 de octubre de 2021, emitido por la Dra. nombre reservado, ratifica el diagnóstico de Depresión Grave e incluso propone la opción de hospitalización atendido dicho cuadro clínico.

Hacemos presente que hasta antes del mes de marzo del año 2021 el estafo de salud de su representada era bueno y no había tenido licencias médicas de origen psiquiátrico. Más aún el año 2020 sólo tuvo 2 licencias médicas por cuadros de enfermedad común y por un total de 20 días y no los 245 del año pasado, lo que claramente evidencia que el reventón de salud emocional sufrido por la demandante tiene su causa inmediata y directa en el maltrato laboral sufrido por la separación de su cargo y el grave daño causado a su honra e imagen profesional, siendo expuesta a un hecho vergonzoso y humillante ante sus pares y subalternos.

3.6.- Por si lo anterior ni fuera poco, con fecha 12 de noviembre del 2021, la recurrente se reintegra al trabajo tras haber cumplido su reposo médico correspondiente, no obstante, tremenda es la sorpresa con la que se encuentra pues ese mismo día es privada de su trabajo como Jefa de Finanzas del DAEM de Padre Las Casas y es enviada por el Director del Departamento de Educación a cumplir las labores de Pago de Proveedores, existiendo un nuevo trabajador en su cargo de jefe de Finanzas que precisamente fue contratado en forma indefinida para tal cargo el mismo día de su suspensión.

4.- Así las cosas, la recurrente tuvo que soportar el Sumario Administrativo que termina con la medida expulsiva o término de su relación laboral con la Municipalidad de Padre Las Casas, mantenida por más de 22 años, en virtud de un proceso absolutamente irregular que padece de serios vicios de forma y fondo según se dirá a continuación:

4.1. FALTA DE COMPETENCIA PARA INSTRUIR EL SUMARIO La Municipalidad de Padre Las Casas, mediante el Decreto Alcaldicio N°163 de fecha 23 de marzo del año 2021, complementado luego por el Decreto Alcaldicio N°253 de fecha 05 de mayo de esa misma anualidad; ha dispuesto la instrucción de un proceso sumarial fundándose, al tenor de lo consignado el visto 5° del primero de los actos administrativos señalados, en lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley. 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece la responsabilidad administrativa a que están afectos los mismos y que indica los procedimientos de Investigación Sumaria y Sumario Administrativo como mecanismos o herramientas para hacer efectiva dicha responsabilidad. Más aún, en el marco del mismo sumario, se han adoptado medidas preventivas y transitorias como lo son la suspensión de funciones de las sumariadas propias del Sumario Administrativo y se han seguido las ritualidades, plazos y mecanismos contemplados propios de tal proceso sancionatorio con lo que no cabe duda alguna que estamos ante un Sumario Administrativo establecido y regulado por la Ley 18.883.

No obstante lo anterior, lo que la Municipalidad y esa Fiscalía han desconocido absolutamente es que el marco regulatorio de los derechos, obligaciones y responsabilidades que pudiere hacerle efectiva a la sumariada de autos doña nombre reservado es el establecido en su vínculo jurídico que le une desde el día 05 de junio del año 2000 con el Municipio de Padre Las Casas, cuál es su contrato de trabajo suscrito con esa fecha y que le otorga la calidad de trabajadora de dicha entidad edilicia y no funcionaria municipal, en el más estricto sentido administrativo del mismo, debiéndole , en consecuencia ser aplicables las normas propias del contrato de trabajo y del código del ramo, pero no la aplicable a los funcionarios municipales.

En suma Srta. Fiscal, no resulta aplicable a su representada la instrucción del presente proceso sumarial al tenor del artículo 118 y siguientes de la Ley 18.883, pues ella es servidora afecta al código del trabajo y no funcionaria, debiendo la Municipalidad de Padre Las Casas, en el caso de considerar que la Sra. nombre reservado incumplió sus obligaciones laborales haber procedido a hacer efectiva su responsabilidad aplicando las causales respectivas del Código del Trabajo y no tramitar este sumario administrativo que a la larga será inútil y estéril pues jamás producto del mismo el municipio podrá aplicar una medida disciplinaria de aquellas contempladas en el Título V, Art. 120 del Estatuto Administrativo Municipal.

Dada la gravedad de los cargos injustamente formulados por esa Fiscalía, que a todas luces trasuntan la intención de destituir a su representada, no podría en ese hipotético escenario, proponer al alcalde ni menos este aplicar, la medida disciplinaria de Destitución como a cualquier otro funcionario municipal regido por la Ley 18.883, 19.070 o 19.378, sino que necesariamente deberá invocar alguna causal de caducidad del código del trabajo y proceder al despido de la trabajadora.

Ahora bien, quizás al Municipio le asiste la convicción que su piso jurídico para ordenar este Sumario estaría dado por el Reglamento Interno N°40 que data del 18 de mayo del año 2012 , que establece las normas de funcionamiento del Departamento de Administración y Educación Municipal de Padre Las Casas, que entre sus normas establece el régimen disciplinario y sanciones a que están afectos los trabajadores y funcionarios del mismo, lo que a prima facie pareciera del todo razonable, pero ello es exceptuado expresamente por el artículo 4° inciso 3° del citado reglamento que somete a los profesionales no docentes que laboran el en DAEM a la normativa del Código del Trabajo. No obstante, la principal razón por que tal cuerpo normativo no resulta aplicable al caso de autos es porque jamás las disposiciones del citado reglamento han sido incorporadas por las partes en el contrato de trabajo del año 2000 ni en sus sucesivas modificaciones, por tanto las mismas no resultan aplicables, pues, como ya latamente se ha dicho, el marco jurídico que una las partes es un acuerdo de naturaleza laboral que es el único válido aplicar en este caso, el que no contemplas otras materias que las expresamente consignadas en el mismo, suscrito, como antes de ha dicho, con 12 años de antelación a la entrada en vigencia del citado Reglamento N°40.

Por lo demás, si lo anterior no fuera estimado como suficiente, la Municipalidad debió estarse a lo resuelto en un sinnúmero de oportunidades por la Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República, que tratándose de los servidores afectos al Código del Trabajo ha dicho que bastaría una simple investigación para hacer efectiva su responsabilidad de manera de poder asegurar su derecho a defensa ante la administración, mas no la instrucción de un lato procedimiento que incluso ha privado ilegalmente a su representada del trabajo para que fue contratada cual es Jefa de Finanzas y no encargada de pago de proveedores, sin mencionar la suspensión de funciones que esa Fiscalía decreto en su contra por más de seis meses.

4.2.- VICIOS FORMALES QUE AFECTAN AL SUMARIO. - a) La Fiscalía se ha excedido tanto en su Investigación como en la tramitación del Sumario de todos los plazos contemplados en el Estatuto Administrativo. No resulta fácil de entender cómo habiéndose iniciado el Sumario en el mes de marzo del año 2021 recién con fecha 24 de enero del año 2022 vino en formular cargos, excediendo con creces los plazos de la investigación la que en total no puede demorar más de 20 días y finalizando el proceso el día 30 de diciembre del año 2022.

b) Tampoco consta en estos autos sumariales que la Fiscalía haya solicitado la prórroga del plazo de investigación del sumario ni que menos la misma haya sido autorizada por el alcalde mediante la dictación del correspondiente Decreto Alcaldicio, tal como lo exige la norma legal pertinente.

c) El expediente sumarial no da cuenta en forma coherente, lógica, cronológica y ordenada del proceso administrativo, en el figuran en forma repetidas diversas actuaciones como son las que rolan a fojas 40 y luego a fojas 48. En tales casos se han agregado idénticos documentos en forma duplicada sin que los mismos sean un mayor aporte a la investigación, sino que sólo producen el efecto de aumentar el volumen del expediente sumarial.

d) El expediente sumarial sólo está foliado en letras y números hasta la pagina 302.

e) Figuran diversas actuaciones del Sumario que no aparecen haber sido o bien realizadas ante el Ministro de Fe o bien suscritas por éste o por la Fiscal, a saber:

1) Declaración rolante a fojas 82 de don nombre reservado, no está firmada la declaración por el declarante ni tampoco por el Ministro de Fé, entendiéndose en consecuencia que no es válida.

2) Diligencia de levantamiento de fojas 128, sólo aparece haber sido realizada por la Fiscal doña Doris Tello Arriagada y no ante el actuario, por lo que no sería válida.

3) Figuran citaciones a declarar sólo emitidas por la Fiscal y no firmadas por el actuario.

4) La Declaración de don nombre reservado de fojas 143 no aparece haber sido realizada ante el actuario ni tampoco firmada por el mismo.

5) La Declaración de doña nombre reservado de fojas 435 y siguientes, no fue prestada ante el Ministro de fe pues no aparece la firma del actuario.

4.3.- SUMARIO TRAMITADO POR FISCALES Y ABOGADOS CON INTERÉS.

4.3.1.- Los 2 fiscales responsables del Sumario Administrativo tuvieron una participación directa en los hechos investigados al haber emitido informes jurídicos y dado su conformidad al Informe Jurídico que sirvió de base para la contratación vía trato directo del Proveedor SANIFUM durante la Pandemia y al cual, en definitiva, el municipio no pagó suma alguna por los servicios prestados, uno de los hechos materia de cargos.

Según consta a fojas 53 y 59 del expediente sumarial, la Fiscal doña Karin Gómez Ibacache, en su calidad de abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Padre Las Casas, con fechas 24 de abril del año 2020 y 06 de mayo de 2020, intervino en la revisión de los antecedentes del trato directo solicitado por el DAEM, formulando primeramente observaciones al informe de pertinencia respectivo, como lo fueron la inclusión de periodo de vigencia de la contratación y luego la fundamentación del retorno gradual de los funcionarios y alumnos a clases presenciales por levantamiento de la cuarentena en la comuna, todo lo cual no hace sino dejar en evidencia que la misma tuvo participación directa en los hechos que luego reprocha en uno de los cargos formulados a esta funcionaria, teniendo un interés en el desarrollo de la investigación al afectarle directamente los resultados del mismo.

Antes de la Fiscal Srta. Gómez, intervino como Fiscal doña Doris Tello Arriagada como abogada del DAEM y primera fiscal del sumario, fue ella quien evacuó un informe jurídico fundado dando por cumplidas todas las exigencias que hacían posible la contratación del referido proveedor y, debió ser la misma, por su experticia y competencia, quien debió haber reparado o exigido todos los antecedentes jurídicos necesarios para dicha compra, lo que no hizo y luego al advertirlo quiso salvar su responsabilidad pidiendo este sumario.

El otro abogado interviniente en estos hechos es el actual Director Jurídico de la Municipalidad de Padre Las Casas, Sr. nombre reservado, quien en último término dio su visto bueno final para proceder a la citada contratación.

Si tanto doña nombre reservado, doña Karin Gómez Ibacache o don nombre reservado, que autorizó el referido trato directo, como profesionales expertos y con la debida diligencia hubiesen analizado a fondo los papeles de SANIFUM, se habrían dado cuenta de la falta de Resolución Sanitaria de esa empresa y habrían requerido tales antecedentes y de no habérselos adjuntados no hubiesen cursado favorablemente la contratación directa mediante el Decreto Alcaldicio N°191 de fecha 13 de abril del año 2020, rolante a fojas 40 del expediente sumarial.

4.3.2.- Llama poderosamente la atención la fecha citado Decreto Alcaldicio, 13 de abril de 2020, por cuanto aparece haber sido dictado en forma previa a los respectivos informes jurídicos de doña Doris Tello Arriagada de fecha 23 de abril del 2020 o de la misma abogada y fiscal de autos ya citados de fecha 24 de abril y 06 de mayo de 2020.

Más aún, no resulta entendible como el D.A. 191-2020 aparece firmado bajo la fórmula “por orden del Alcalde” y datado 10 días antes que la abogada firmante y luego Fiscal del Sumario, le informara al Director Jurídico la revisión de los antecedentes, lo que necesariamente debiera ser clarificado por probidad y transparencia.

Así las cosas, a priori sería dable sostener que, con este Sumario, los fiscales y abogados intervinientes, teniendo un interés directo, cortaron el hilo por lo más delgado, imputando a funcionarias que no revisten el carácter de abogados, por no haber verificado un antecedente para contratar, omisión que es compartida por todos los letrados intervinientes en ese proceso, asistiéndoles a los mismos responsabilidad administrativa la que nunca se ha establecido.

4.4.- FALTA DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS DESCARGOS.

De la revisión de la Vista Fiscal aprobada por la autoridad edilicia, queda en evidencia que la Fiscal, sólo desarrolló, como visión de túnel, su particular impresión y convicción de los hechos investigados utilizando en su favor todas las probanzas y declaraciones rolante en el expediente sumarial, pero prescindiendo por completo de aquellas que servían para exonerar de responsabilidad a las sumariadas, como si su labor, desde el inicio del proceso estuviera únicamente encaminada a sancionar a las mismas, lo que resulta bastante manifiesto.

Seguidamente, de manera alguna la vista fiscal hace un análisis detallado y pormenorizado de los descargos presentados por la recurrente, para luego de un razonamiento jurídico de contraste poder concluir la manera cómo los mismos son insuficientes para desvirtuar los cargos formulados.

Sinceramente, queda la impresión que si su representada no hubiera formulado escrito alguno de descargos las conclusiones de la Vista Fiscal hubieran sido las mismas, pues, como se dijo, no queda establecido en ella cómo la Fiscal llega a desvirtuar todas las alegaciones y defensas de esta parte.

4.5.- FALTA DE PROPORCIONALIDAD ENTRE LOS CARGOS Y LA SANCIÓN.

Finalmente hacer presente que no existe la más mínima proporción entre los hechos materias de cargos y la sanción en definitiva aplicada a la recurrente, quien, como ya antes se dijo, se ha desempeñado por cerca de 23 años como trabajadora de la Municipalidad de Padre Las Casas, siempre destacando su buen desempeño y profesionalismo en el cumplimiento de sus labores.

Más aún, durante la parte más dura de la pandemia del COVID-19 – marzo a diciembre del año 2020- fue una de las pocas profesionales que trabajó presencialmente durante toda la jornada laboral, de lunes a viernes, demostrando así su compromiso con su trabajo debido a la responsabilidad que la correspondía a su unidad de procurar los recursos humanos, físicos y materiales necesarios para atender los requerimientos tanto de los 13 establecimientos educacionales como de los 18 jardines infantiles a cargo del DAEM de Padre Las Casas.

Nunca había sido objeto de proceso disciplinario ni recibido medida alguna, por lo que sanción aplicada de término de relación laboral con el municipio aparece totalmente desproporcionada a los hechos establecidos y su desempeño funcionario.

5.- Resulta ineludible consignar que resulta seriamente contradictorio el interés evidenciado por el Municipio en sustanciar este proceso ordenándolo el día 23 de marzo del año 2021, por hechos ocurridos el año 2020, y haciéndose eco de denuncias anónimas, haya tardado casi 2 años en la tramitación del mismo.

No resulta explicable cómo el alcalde de Padre Las Casas, habiendo recibido la Vista Fiscal el día 20 de julio del 2022 recién más de 100 días después viene en dictar con fecha 08 de noviembre de 2022 el Decreto que afina el proceso y se tata un tanto más, hasta el mismo 30 de diciembre del año pasado para fallar una reposición presentada el 16 de noviembre de la misma anualidad, omitiendo por completo el plazo de 5 días que tenía para fallarla.

5.1.- Que, en esta línea argumental, el artículo 27 de la Ley N° 19.880, dispone: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Ante la claridad del artículo 27, en cuanto ordena que la duración del procedimiento no podrá exceder de 6 meses contados desde su iniciación y hasta la decisión final, y según fue indicado por el Ejecutivo en el Mensaje de dicho cuerpo normativo, en el sentido que el proyecto, precisamente, tiende a solucionar los problemas derivados de considerar que a la Administración no le afectan los plazos y que solamente generan responsabilidades administrativas su incumplimiento, entre otros aspectos, debe llevar a concluir que, en abstracto, la superación irracional e injustificada del plazo antes indicado deriva en la imposibilidad material para continuar el procedimiento, al concurrir una causal sobreviniente consistente en, precisamente, la expiración del plazo legal, unido a la superación de todo límite de razonabilidad.

Por consiguiente, aun cuando el término del artículo 27 ya citado se aplica con matices a la Administración – por cuanto no basta para la ineficacia del procedimiento su solo transcurso, sino también un análisis adicional de razonabilidad o justificación del exceso – ello no puede significar que el administrado quede entregado al arbitrio del órgano en cuanto a la duración del proceso.

5.2.- Así las cosas, queda de manifiesto que el sentido y objeto natural del proceso disciplinario, tanto por el transcurso del tiempo pero especialmente por la inacción de la recurrida devino en su decaimiento natural, como ha sido sostenido tanto por la doctrina y jurisprudencia , pues ambos, acto y proceso han perdido toda su eficacia- y por tanto trae apareja su extinción, en miras al objeto perseguido cual era la sanción como medida reparatoria y ejemplificadora de la conducta de los sumariados y de los demás funcionarios de la administración pendiente de ella, pues ha existido una manifiesta vulneración a los principios del derecho administrativo que se producen con la dilación indebida e injustificada de su conclusión.

5.3.- Por lo antes expuesto, también venimos en alegar que ha operado el decaimiento de la acción disciplinaria ordenada mediante Decreto Alcaldicio N° 163 de 23 de marzo del año 2021 de la Municipalidad de Padre Las Casas.

6.- Los hechos anteriormente descritos, en virtud de la conducta arbitraria, injustificada y desproporcionada de las recurridas, han afectado gravemente las garantías constitucionales de mi representado, consagradas en el artículo 19 N°1, N°2,N°4, y N°24 de nuestra Constitución Política.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS. - DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA.

El artículo 19 de la Constitución Política de la República dispone que la constitución asegura a todas las personas: 1º “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todas las personas”. Este bien único se descompone de la siguiente forma:

a.- El derecho a la integridad física, entendido como el derecho a no ser objeto de lesiones o privado de algún miembro u órgano corporal.

b.- El derecho al bienestar corporal y psíquico, entendido como el derecho de las personas a no ser objeto de algún dolor psíquico o físico, pudiendo definirse la perturbación a la integridad psíquica como el dolor o los sufrimientos ocasionados por otras personas, el tratamiento que implica su recuperación, el menoscabo emocional provocado, la degradación, la humillación tanto personal como profesional, baja en la autovaloración o la seguridad, la existencia de angustia y la disminución del honor de una persona.

Claramente puede inferirse de los hechos relatados, que las recurridas afectaron gravemente el bienestar físico y psíquico de su representada, primeramente a través de la suspensión de sus laborales profesionales y luego al ser degradada a cumplir otras funciones distintas para las cuales había sido contratada, teniendo que soportar por 2 años un procedimiento sumarial improcedente dada su condición jurídica de trabajadora no afecta al procedimiento aplicado para finalizar con su destitución o término de una relación laboral de un cargo servido ininterrumpidamente por más de 22 años, ésta ha experimentado graves cuadros de depresión y estrés laboral, debiendo incluso acudir a la prescripción de medicamentes ansiolíticos, psicoterapia y variados fármacos para sobrellevar tan injusta situación.

Esta vulneración provocó en la recurrente secuela social y psicológica, lo que trajo un alto impacto en su salud mental, lo que afectó a su vez a su familia y entorno.

DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA HONRA A) El derecho a la dignidad humana se reconoce en el artículo 1º inciso 1º de la Constitución Política de la República al disponer que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, supone que “el ser humano, independientemente de su edad, sexo o condición particular, es acreedor siempre a un trato de respeto Al aplicarlo en el ámbito de las relaciones laborales circunscritas a través del contrato de trabajo, “el empleador está obligado a respetar la dignidad del trabajador, a tratarlo con respeto”, encontrándose obligado a asegurar que el trabajador sea respetado por los jefes o superiores jerárquicos, y también por sus compañeros de trabajo.( En este sentido se ha señalado por Américo Plá, que el empleador debe asegurar la moralidad del ambiente; no sólo es responsable de sus actos y de los actos de sus representantes, sino también de los que realicen otros trabajadores en la medida que no son cortados o sancionados por el empleador.”

De ahí que el artículo 2° inciso 2° parte primera del Código del Trabajo : "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona.”. Tanto la jurisprudencia Judicial como los dictámenes administrativos son contestes en señalar que toda medida de control y revisión implementada por el empleador deben integrarse en sistemas que sean compatibles con el respeto a la dignidad de los trabajadores, siendo además admitidos para casos específicos y dichos procedimientos debieran estar consignados en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. Tales exigencias radican en evitar tensión y presión que resultan finalmente incompatibles con la dignidad humana.

B) En cuanto al Derecho a la Honra b.1. Tradicionalmente tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerado que la Honra o el Honor se manifiestan en 2 fases:

1) Honor interno (subjetivo): noción que cada sujeto tiene de su propia dignidad, del sentimiento de su valía en relación con sus semejantes (autoestima).

2) Honor externo (objetivo): fama o reputación. Opinión que los demás tienen de una persona, normalmente corresponde a la concreción material del honor subjetivo, este ámbito tiene que ver con la estimación o valoración social que tienen los terceros de las calidades morales de un sujeto determinado.

b.2. Por su parte, el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la Republica le brinda protección constitucional del honor en los siguientes términos:

Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas: N°4: “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;”

b.3. Es del caso reiterar que todos los hechos aquí denunciados, han significado un grave daño a la honra personal y familiar de su representada. Basta sólo recordar la manera como la misma fue separada de sus funciones, suspendida de su carga siendo incluso escoltada para que abandona su oficina.

El descrédito sufrido por doña nombre reservado ha sido enorme. No sólo ha sido expuesta públicamente y objeto de una investigación administrativa por temas laborales, sino que además se le formula cargos cuestionando su vida íntima y personal, dándole ribetes propios de una novela romántica o serie policial, estando en boca de todos los compañeros de trabajo de su representada e incluso ha trascendido a la comunidad.

En breves palabras, todo el prestigio y labor profesional de su representada ganado durante 23 años largos años de trabajo para la Municipalidad de Padre Las Casas, ha sido puesto en entredicho por las recurrida mediante la instrucción de un sumario, trascendiendo ello de lo estrictamente personal e íntimo para servir de fundamento al proceso seguido en su contra que terminó con su despido, todo lo cual afectó seriamente su reputación y fama.

IGUALDAD ANTE LA LEY El actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, lesiona la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2, pues la autoridad no ha aplicado correctamente la normativa, discriminando al recurrente en forma arbitraria, al dictar el acto impugnado, sin ningún fundamento válido, generando de un trato desigualitario no amparado por nuestro ordenamiento jurídico.

De la misma manera, se atenta contra esta garantía, al no contener una explicación real y suficiente de la razón de la decisión adoptada pues constituye una discriminación arbitraria.

La recurrida ha otorgado un trato desigual a mi representado al proceder cómo lo ha hecho, incoando un proceso administrativo por hechos propios de la esfera íntima y privada del recurrente, lo que no sucede con lo los otros procesos disciplinarios instruidos únicamente por temas laborales. De esta manera, las recurridas han hecho un tratamiento desigual ante mismos supuestos de hecho, no aplicando el mismo criterio y accionar a otros funcionarios del Servicio en igual situación.

DERECHO DE PROPIEDAD También se ha vulnerado la garantía contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política que asegura a todas las personas “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, específicamente en relación al derecho a la continuidad de los servicios y las remuneraciones propias del cargo del recurrente por cuanto la modificación de funciones no está entregada a la discrecionalidad de la administración, sino a la determinación de la ley, tal como lo dispone el Estatuto Administrativo al señalar que todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo, derecho que también está contemplado en la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en el apartado sobre la Carrera Funcionaria, artículo 48, que dispone expresamente que el personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él por causa legal. Como las cosas incorporales son derechos, no hay duda de que, en relación con la estabilidad en el empleo y las remuneraciones, a título de ejemplo, hay una especie de propiedad que igualmente que, en el caso de las cosas corporales, protege la Carta Fundamental.

De esta manera, las recurridas ha afectado con la destitución del recurrente, mediante un procedimiento arbitrario e ilegal, el derecho que a ésta le asistía de ejercer su trabajo y percibir el pago de sus remuneraciones hasta el término natural de su carrera funcionaria.

7.- Finalmente, los actos impugnados son ilegales y arbitrarios al no dar cumplimiento con las exigencias de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que exige en su artículo 11 inciso 2° , a los Órganos de la Administración del Estado, entre ellos, el Ministerio de Bienes Nacionales, fundamentar explícitamente “en el mismo acto administrativo” la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten a las personas y lo dispuesto en el artículo 41inciso 4° de dicho cuerpo legal que ordena que debe ser fundada toda decisión del ámbito de las atribuciones propias de los órganos de la Administración, actuar que se hace enteramente exigible por mandato del artículo 8° de nuestra Constitución.

Solicita concretamente,se tenga por interpuesto el presente recurso de protección en favor de doña nombre reservado y en contra de la MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS, declararlo admisible, y en definitiva, acogerlo en todas sus partes, dejándose sin efecto el acto recurrido constituido por el Decreto Alcaldicio N° 3072 de fecha 29 de diciembre del 2022 mediante el cual el alcalde de Padre Las Casas, rechazó el Recurso de reposición interpuesto en el sumario de autos y mantuvo a firme la medida de término de la relación laboral de doña nombre reservado; disponiendo la invalidación de la sanción aplicada por adolecer el sumario administrativo de vicios, haber sido tramitado el sumario por fiscales con interés y faltar la debida proporcionalidad entre la faltas imputadas y la sanción impuesta; con reintegro a sus funciones de la recurrente y el íntegro pago de las remuneraciones devengadas entre el tiempo que medie entre su separación y reintegro efectivo, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia del Acto Recurrido.

2.- Contrato Trabajo nombre reservado con Municipalidad Padre Las Casas.

2.- Mandato Judicial con Firma Electrónica Avanzada otorgada por la recurrente 03 de febrero de 2022 otorgado ante la Notario Público de Temuco doña nombre reservado.

A folio 10 informa CARLOS FONSECA AVILA, abogado, por la recurrida Municipalidad de Padre Las Casas, quien dice:

1.- DEL RECURSO DE PROTECCION INTERPUESTO Que la recurrente doña nombre reservado, Rut RUT reservado, interpuso recurso de protección por supuesta vulneración a Garantías Constitucionales consagradas en nuestra Carta Magna, por haber dictado Municipalidad de Padre las Casas, el Decreto Alcaldicio N°3072 de fecha 29 de diciembre del 2022, mediante el cual se rechazó el Recurso de Reposición Interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N° 2485-2022 de fecha 08 de noviembre del 2022,que aprobó sumario administrativo y aplicó medida disciplinaria de término de la relación laboral en contra de doña nombre reservado, fundando su acción en los siguientes hechos:

1.- Municipalidad de Padre las Casas el 1 de junio de 2000 contrató laboralmente a doña nombre reservado el 1 de junio de 2000. De forma indefinida, como jefa de Finanzas y Adquisiciones del Departamento de Educación Municipal.

3.- Que el día 24 de marzo del año 2021, doña nombre reservado, fue, separada de su cargo en razón de la instrucción de un Sumario Administrativo ordenado por su empleador, mediante Decreto Alcaldicio N° 163 de 23 de marzo del año 2021 de la Municipalidad de Padre Las Casas.

4.- La recurrente señala que, no resulta aplicable a su representada la instrucción del presente proceso sumarial al tenor del artículo 118 y siguientes de la Ley 18.883, pues ella es servidora afecta al código del trabajo y no funcionaria.

5. El sumario está fundamentado en el Reglamento Interno N°40 que data del 18 de mayo del año 2012 , que establece las normas de funcionamiento del Departamento de Administración y Educación Municipal de Padre Las Casas, que entre sus normas establece el régimen disciplinario y sanciones a que están afectos los trabajadores y funcionarios del mismo.

6.- La recurrente señala que no resulta aplicable al caso de autos, dicho reglamento porque jamás las disposiciones del citado reglamento han sido incorporadas por las partes en el contrato de trabajo del año 2000 ni en sus sucesivas modificaciones, por tanto las mismas no resultan aplicables.

7.- También la recurrente señala supuestos vicios formales, que podrían afectarle al sumario, a saber: plazo de investigación, de alrededor de 2 años; según el recurrente tiene poca coherencia y lógica el expediente; además señala que algunas declaraciones del sumario, le faltan las firmas del declarante, del fiscal o del actuario; que el fiscal del sumario tendría interés en el resultado del mismo; que no se habrían hecho cargo de sus descargos y que la sanción del sumario no es proporcional a los hechos.

8.- La recurrente señala que estos hechos, le habrían vulnerado el derecho a la vida e integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 Nº 1; el artículo 19 Nº 2, igualdad ante la ley; el artículo 19 Nº 24 derecho de propiedad; el artículo 1 inciso 1 que consagra el derecho a la dignidad a la honra.

9.- La recurrente solicita en su petitorio que se deje sin efecto el acto recurrido constituido por el Decreto Alcaldicio N° 3072 de fecha 29 de diciembre del 2022 mediante el cual el alcalde de Padre Las Casas, rechazó el Recurso de reposición interpuesto en el sumario de autos y mantuvo a firme la medida de término de la relación laboral de doña nombre reservado.

2.- ALEGACIONES PREVIAS AL FONDO DEL ASUNTO RECURRIDO:

A.- EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN:

El recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce. Concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

Que, según la recurrente, el acto que dio origen a la interposición del presente recurso, es el Decreto Alcaldicio Nº 3072 de fecha 29 de diciembre del 2022, mediante el cual el alcalde de Padre las Casas, rechazó el recurso de reposición interpuesto y mantuvo la medida de término de relación laboral de la demandante.

No obstante, el Recurso de Protección presentado con fecha 29 de enero de 2023, en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas, recién se tuvo por interpuesto el 3 de febrero de 2023.

En virtud de lo señalado, el presente recurso de protección estaría siendo interpuesto fuera del plazo previsto en el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, por lo que con lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y por tanto, SE DEBE RECHAZAR por extemporáneo el recurso de protección interpuesto por la recurrente.

B.- INCOMPETENCIA DE ESTA ILUSTRISIMA CORTE DE APELACIONES Antes de entrar al fondo del asunto recurrido, vengo en alegar la incompetencia de esta Iltma. Corte para conocer de estos asuntos, en virtud de las siguientes consideraciones:

En relación al recuro de protección, la doctrina ha señalado lo siguiente: “El recurso de protección corresponde a un proceso sumario para la tutela urgente y privilegiada de los derechos fundamentales. Sin embargo, dicho proceso especial ha terminado por asumir un rol principal y ordinario de solución de conflictos entre el ciudadano y la administración, tutelando no sólo derechos fundamentales, sino en muchos casos meros derechos legales o intereses legítimos, vulgarizándose de este modo su uso y convirtiéndose en vía ordinaria de control de la legalidad administrativa” (El recurso de protección como mecanismo de control jurisdiccional ordinario de los actos administrativos: una respuesta inapropiada a un problema jurídico complejo. nombre reservado y otros. Revista de Derecho Vol. XIV julio 2003, página 67-81)

En la especie se da claramente lo señalado en el párrafo anterior. El recurrente pretende tener derechos o intereses legítimos, haciendo valer una acción constitucional, en la que no se puede conferir un periodo de prueba, como en una acción de lato conocimiento.

Es evidente que lo debatido es una cuestión de lato conocimiento, ajena a la naturaleza cautelar del presente recurso, toda vez que el recurrente, ha planteado que existiría un acto administrativo ilegal y arbitrario que vulneraria sus derechos, los que ha intentado hacer ver como derechos fundamentales. Incluso el recurrente señala “que se le ha afectado el derecho a obtener las remuneraciones propias de su cargo”, lo que deja en evidencia el carácter meramente pecuniario de su acción, sin que esto enmarque su derecho, como derecho fundamental consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de República.

La recurrente, hace alusión además a que se estaría siendo discriminado de manera arbitraria e ilegal, no estableciendo en relación con que o quienes se produce dicha discriminación, siendo aquello por lo demás, situaciones de hechos que deben acreditarse, caso a caso, y esta acción constitucional no es la acción idónea para esto, como ya se ha señalado.

Todo lo alegado por la recurrente es necesario que se acredite, o se desvirtué por nuestra parte, a través de un procedimiento que, de garantía a todas las partes, no solo de la efectividad de todo expuesto, sino que también si existe infracción a normas constitucionales, legales y/o administrativas que sustentan el recurso.

Por todo lo expuesto es procedente que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones se declare incompetente para conocer del asuntó debatido, más aún si la recurrente argumenta que en virtud de la ley 19070 y el carácter supletorio del Código del Trabajo, el término de una relación laboral la conoce el juzgado laboral, todo lo cual hace competente desde esta perspectiva a los Tribunales Especializados con Competencia Laboral.

En razón de lo expuesto, es un Tribunal laboral, quien resulta legalmente competente para resolver conforme lo dispuesto en la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo, que dispone “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo…”

3.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCION DEDUCIDA Por el presente acto se solicita el total rechazo del recurso de protección deducido por la recurrente contra mi representada Municipalidad de Padre Las Casas, en virtud de los argumentos de hecho y de derecho que paso a exponer:

3.1.- Del acto impugnado En primer término, se debe señalar que lo recurrido en el caso de marras, es dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 3072 de fecha 29 de diciembre del 2022, impugnado por la acción constitucional presentada por la recurrente, que sanciona lo siguiente:

“1.- RECHAZASE, el recurso de reposición interpuesto por doña nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, en contra del Decreto Alcaldicio Nº 2485, de fecha 8 de noviembre de 2022, acto administrativo que acepta la proposición del fiscal, consistente en aplicar a causa de término de la relación laboral contemplada en el artículo Nº 160 Nº 1 letra a) del código del trabajo, que dispone: “El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 1) Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan: a) falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones”

10.- DEJASE ESTABLECIDO, conforme lo dispone el artículo 41 de la ley 19.880, que a la ex funcionaria le asiste la prerrogativa contenida en el artículo 156, de la ley 18.883, en virtud del cual, el servidor tendrá un plazo de 10 días hábiles para acudir a la Contraloría General de la República, término que deberá ser contabilizado desde que tuviere conocimiento de la situación, resolución o actuación que estime agraviante. Del mismo modo, le queda salvaguarda recurrir a sede jurisdiccional, utilizando los mecanismos o recursos que estime pertinentes. .”

3.2.- Del Acto Administrativo Reglamento N° 042 de fecha 21 de noviembre de 2012:

En el marco del desempeño de los funcionarios públicos, es indispensable el resguardo y estricto cumplimiento de una serie de principios que fundamentan todo el actuar de los servidores estatales, entre los cuales se distingue por su trascendencia el Principio de PROBIDAD ADMINISTRATIVA.

La probidad consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz.

Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición del cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.

El principio de probidad es de gran importancia en el ámbito de las compras públicas, precisamente en razón del origen público de los fondos que financian dichos procesos.

Lo señalado asigna una enorme responsabilidad a los funcionarios que intervienen en tales procesos. Resulta por lo tanto crucial que en las compras públicas los funcionarios cumplan con los deberes que la probidad conlleva, entre los que cabe destacar:

1. Cumplimiento del principio de legalidad.

2. Cumplimiento de la eficiencia y eficacia.

3. Imparcialidad en el ejercicio de las funciones.

4. Deber de denuncia de actos irregulares.

5. Resguardo de los bienes públicos.

6. Cumplimiento del principio de transparencia.

7. Deber de abstención ante conflictos de interés.

El principio de probidad debe ser respetado y cumplido en cada uno de los hitos que componen el ciclo de compras, incluyendo a la etapa previa a la licitación, a la licitación propiamente tal y a la ejecución de los contratos.

En efecto, niega categóricamente la pretensión de la parte reclamante de impugnar la validez legal del referido Sumario Administrativo, pues en todo momento se dispusieron actuaciones y diligencias en cumplimiento irrestricto de la normativa vigente. Entre otras normas, se consideró el “Reglamento Interno N° 40 de 18 de mayo de 2012, sobre Normas de Funcionamiento del Departamento de Administración y Educación Municipal de Padre Las Casas”, dispone en su Artículo N° 2 que: “Este reglamento interno será supletorio de cada contrato o nombramiento y en su calidad de tal, obliga al personal al cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en su texto”. Y en su Artículo 38 que: “Los Procedimientos para establecer la responsabilidad administrativa en los hechos que revistan carácter de infracción, se denominará investigación Sumaria o Sumario Administrativo. Ningún funcionario podrá ser sancionado por infracciones que hubiera cometido sin la instrucción de la correspondiente investigación sumaria o sumario administrativo”. Finalmente, dispone en su Artículo N° 35 que: “El personal del departamento de Educación y de Los Establecimientos Educacionales que participe en un hecho que revista caracteres de infracción incurrirá en responsabilidad administrativa y será sancionado disciplinariamente en concordancia con la infracción y lo establecido en este reglamento y las normas legales pertinentes, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le correspondiere”. Así las cosas, de acuerdo a lo señalado en los artículos citados, la Reclamante se obliga a lo estipulado en el Reglamento interno del Departamento de Educación Municipal, resultando imperativas a su respecto las disposiciones de dicho cuerpo normativo.

De las normas transgredidas De acuerdo a lo expuesto, no se ha vulnerado el derecho de integridad física y psíquica, igualdad, ni propiedad de la recurrente, menos aún su derecho a la honra toda vez que la decisión de la autoridad municipal en orden a la dictación del Decreto Alcaldicio N°3072 de fecha 29 de diciembre del 2022, mediante el cual se rechazó el Recurso de Reposición Interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N° 2485-2022 de fecha 08 de noviembre del 2022, se ajustó a derecho, según las normas ya invocadas del presente escrito, y se actuó conforme a parámetros y jurisprudencia de Contraloría General de la República.

Por otro lado, la recurrente no fundamento las razones por las que estaría siendo tratado de forma discriminatoria o vulnerada en sus derechos, ya que esta parte ha dejado perfectamente establecido el tratamiento conforme a la ley y la jurisprudencia administrativa en que se fundó la decisión de la autoridad municipal de suspender el pago del bono de incentivo profesional.

3.3.- De la forma en que ocurrieron los hechos de la investigación sumaria:

1.- Con fecha 02 de noviembre de 2020, ingresa a la Oficina de Partes de la Municipalidad de Padre Las Casas, carta anónima en la cual se denuncian eventuales irregularidades al interior del Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas.

Esta denuncia estaba acompañada de correos electrónicos emanados desde la casilla institucional de la reclamante con proveedores de dicho departamento.

2.- Con fecha 19 de enero de 2021, se ingresa Denuncia con reserva de identidad, Consulta N° W001464/2021 en Contraloría Regional de la Araucanía, respecto a Irregularidades en licitaciones, en ejecución de contratos y faltas a la probidad, en Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas, en específico: Contrataciones a la empresa CTR sin los debidos procesos administrativos en el portal Chile Compra, tratos directos sin una verdadera justificación, no dando espacio a libre competencia entre otras empresas del rubro de comunicaciones. No se ha respetado igualdad de acceso a empresas para postular a sus servicios.

3.- Con fecha 23 de marzo de 2021, en virtud de Decreto Alcaldicio N° 163, se instruye Sumario Administrativo, con el fin de investigar la responsabilidad administrativa que pudiere asistirle a funcionarios del Departamento de Educación, entre ellos doña nombre reservado, C.I N° RUT reservado, designándose en calidad de Fiscal a doña nombre reservado, Abogada del Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas.

4.- Con fecha 24 de marzo de 2021, según lo informado por Fiscal del Sumario Administrativo, se le notifica personalmente en su lugar de trabajo a doña nombre reservado, la medida preventiva de suspensión de su cargo con goce total de sus remuneraciones, mientras se desarrolla el proceso investigativo del Sumario Administrativo. Todo esto en virtud de lo señalado en el artículo N° 134 de la Ley 18.883, donde señala: “En el curso de un Sumario Administrativo el Fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma Municipalidad y ciudad, al o los inculpados como medida preventiva”. Durante el periodo de suspensión de funciones hasta el día de hoy, doña nombre reservado, recibe en forma íntegra sus remuneraciones, incluido bono por concepto de Jefatura.

5.- Con fecha 22 de junio de 2021, se ingresa denuncia en Fiscalía Local de Temuco, por la Municipalidad de Padre Las Casas, por presunto delito de Negociación Incompatible y tráfico de influencias en contra de nombre reservado y otros funcionarios del Departamento de Educación, que se encuentra en Investigación en el Juzgado de Garantía de Temuco. Cabe agregar, en relación a este punto, que la reclamante fue formalizada en Investigación Causa RUC N° 2100589911-4, RIT N° 4637-2022, del Juzgado de Garantía de Temuco, por el delito de dos (2) Violaciones de secretos, Grado de Participación Autor, Grado de Ejecución Consumado, según consta de Acta de Audiencia de Formalización de la Investigación, de fecha 22 de Septiembre de 2022.

6.- Con fecha 10 de agosto de 2021, se notifica personalmente a doña nombre reservado en su domicilio particular, de la medida administrativa que dispone que, a contar del 16 de agosto de 2021, se levanta la suspensión de su cargo con goce de remuneraciones, y mientras se desarrolla la investigación del Sumario Administrativo, realizará la función transitoria de Encargada de Pago a Proveedores del Departamento de Educación de la Municipalidad de Padre Las Casas. Todo esto en virtud de lo señalado en el artículo N°134 de la Ley 18.883, que faculta la decisión tomada por la fiscal.

7.- En virtud de Decreto Alcaldicio N° 0430 de fecha 27 de septiembre de 2021, se designa como Fiscal del Sumario Administrativo materia del presente Informe, a doña nombre reservado, abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Padre Las Casas, en reemplazo de la Fiscal nombrada inicialmente, doña Doris Tello Arriagada, en razón de la renuncia voluntaria presentada por esta última.

8.- El día 12 de diciembre de 2021, doña nombre reservado retorna a sus labores en el Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas, pero con el cargo de Encargada de Pago a Proveedores, todo esto mientras se desarrolla el proceso investigativo disciplinario.

9.- Con fecha 20 de julio de 2022, la Fiscal instructora del procedimiento disciplinario materia del presente Informe, emite la correspondiente Vista Fiscal o dictamen establecido en el artículo 137 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, en virtud del cual se propone aplicar la medida disciplinaria de Término de la relación laboral en mérito de la causal contemplada en el artículo 160 N° 1 letra A) del Código del Trabajo, norma que establece que el Contrato de Trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 1) Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan: a) Falta de Probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Lo anterior, respecto de las funcionarias que indica, entre las cuales figura la reclamante, y que se encuentran vinculadas a la Municipalidad de Padre Las Casas por dicha modalidad contractual.

10.- Se dicta Decreto Alcaldicio N° 2485 de fecha 08 de noviembre de 2022, que ordena aplicación de medida disciplinaria a doña nombre reservado.

11.- Se dicta Decreto Alcaldicio N°3072 de fecha 29 de diciembre del 2022, mediante el cual se rechazó el Recurso de Reposición Interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N°2485-2022 de fecha 08 de noviembre del 2022, 3.4.- De los supuestos vicios en el sumario administrativo a) DILACION EXCESIVA EN LA TRAMITACION DEL SUMARIO :

Sin perjuicio de los plazos que establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y normas pertinentes, para la realización de la investigación y la instrucción de los procedimientos disciplinarios, resulta de toda lógica considerar, salvo la existencia de una fiscalía de dedicación exclusiva en el respectivo organismo público, que el desempeño de las labores propias de los funcionarios designados en calidad de fiscales instructores, impiden el cumplimiento estricto de dichos plazos administrativos.

Sin embargo, como puede apreciarse de la revisión del expediente sumarial, que tiene alrededor de 1000 hojas, que consta en dos tomos de antecedentes y un tercero de Anexos complementarios, se aplicó en dicha gestión la máxima diligencia y dedicación profesional posible, a lo cual evidentemente se suma la delicada naturaleza de los hechos denunciados, los cuales motivaron la presentación de una denuncia Formal ante el Ministerio Público, iniciándose la respectiva etapa indagatoria en Fiscalía Temuco, con el apoyo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Temuco de la Policía de Investigaciones de Chile. Por lo tanto, consideramos que, a este respecto, se configura la circunstancia de la fuerza mayor y caso fortuito contemplado por el artículo 27 de la Ley N°19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado.

A mayor abundamiento, sírvase tener presente que el procedimiento disciplinario fue instruido en virtud de Decreto Alcaldicio N° 163 de 23 de marzo de 2021, designándose en dicha oportunidad como Fiscal a doña nombre reservado, Abogada del Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas. Y con posterioridad, por medio de Decreto Alcaldicio N° 0430 de fecha 27 de septiembre de 2021, se designa como Fiscal del Sumario Administrativo materia del presente Informe, a doña nombre reservado, abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Padre Las Casas, en reemplazo de la Fiscal nombrada inicialmente, doña Doris Tello Arriagada, en razón de la renuncia voluntaria presentada por esta última al municipio.

b) VICIOS QUE AFECTAN AL PROCESO Y EXPEDIENTE SUMARIAL :

En concordancia con lo manifestado por la jurisprudencia del ente contralor, contenida en los Dictámenes N°s 29.208, de 1993, 6.150, de 2009, 61.816, de 2009, y 69.155, de 2009, cabe señalar que los errores descritos no alteran la validez del sumario en comento, toda vez que, como señala el artículo 142 de la ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, “…Los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario…”.

Dicha disposición se sustenta especialmente en el hecho de que se trata de actuaciones documentales en las cuales consta el estampe de la firma de los declarantes, lo cual implica indiscutiblemente su aceptación y conformidad con el contenido de la declaración respectiva.

A mayor abundamiento, el sumario administrativo materia de esta presentación, es un procedimiento disciplinario que ha permitido a la parte recurrente, en todas las etapas procesales del mismo, hacer valer sus planteamientos en las diversas instancias establecidas al efecto, las cuales tienen por finalidad garantizar una adecuada defensa, con miras a configurar un debido proceso.

Y por otra parte, el peso del mérito probatorio de todos los antecedentes que forman parte del expediente sumarial, y que finalmente fundamentan y motivan la decisión de aplicar la medida disciplinaria de término de la relación laboral de doña nombre reservado, permiten concluir que cualquier omisión o vicio formal involuntario en el que eventualmente se haya incurrido, no logran desvirtuar la naturaleza de los hechos que fueron denunciados en su oportunidad ni su gravedad, circunstancias que constituyeron la causa del impulso administrativo alcaldicio, al ordenar la instrucción del procedimiento disciplinario, y finalmente la aplicación de la medida disciplinaria ya señalada.

c) SUMARIO TRAMITADO POR FISCALES Y ABOGADOS CON INTERÉS : según los dichos textuales manifestados en su escrito de presentación, al señalar “… los dos fiscales que lo tramitaron tuvieron una participación directa en los hechos investigados al haber emitido informes jurídicos y dado su conformidad al Informe Jurídico que sirvió de base para la contratación vía trato directo del proveedor SANIFUM durante la pandemia…”, incurre en una profunda inconsistencia jurídico-normativa, puesto que, como resultado del proceso indagatorio propio del Sumario Administrativo debidamente instruido, no solo pudo verificarse la existencia de hechos que configuran infracción a deberes y obligaciones funcionarios y determinarse las responsabilidades administrativas específicas correspondientes y las medidas disciplinarias a aplicar en su caso, sino que además se acreditó en dichos autos administrativos, de acuerdo a los elementos de la íntima convicción, la existencia de CULPA GRAVE en la conducta funcionaria materia de autos, respecto de la reclamante, en calidad de autora, en los hechos investigados, por Faltas de Probidad en el desempeño de sus funciones, los que no pudieron ser desvirtuados con los descargos presentados y prueba rendida.

La circunstancia de que, en el marco de las funciones propias de los abogados adscritos a la Dirección de Asesoría Jurídica de este Entidad Edilicia, estos emitan o autoricen Informes Jurídicos de fundamentación de contrataciones públicas, no implica en ningún caso que se participe directamente en la comisión de hechos que eventualmente revistan carácter de infracción administrativa, cuya comisión no puede imputarse de dicha forma al no existir relación de causalidad alguna entre dichas tareas de asesoría legal y la infracción descrita.

3.5.- De la Normativa Infringida por la recurrente Respecto de la señora nombre reservado, se han infringido los principios y obligaciones contenidos en las siguientes disposiciones legales:

1.- Conforme a la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, Artículo 11:

Principio de Imparcialidad: La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de PROBIDAD consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.

2.- Conforme al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley Nº 18.883, Artículo 58, la obligación contemplada en la letra G):

g) Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575 y demás disposiciones especiales.

3.- Conforme a la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Artículo 9, la obligación contemplada en su inciso 2º: “El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato”.

4.- Conforme a la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la obligación contemplada en su artículo 52: “… los funcionarios de la administración pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa”.

5.- Conforme a la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Artículo 62: Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña.

6.- Conforme al Reglamento Nº 040 de 18 de mayo de 20212, Reglamento Interno sobre normas de funcionamiento Departamento de Administración y Educación Municipal de Padre Las Casas, Artículo 33, la obligación contemplada en el Nº 3:3. Desempeñar la labor con diligencia.

7.- Conforme al Reglamento Nº 040 de 18 de mayo de 20212, Reglamento Interno sobre normas de funcionamiento Departamento de Administración y Educación Municipal de Padre Las Casas, Artículo 33, la obligación contemplada en el Nº 15: “15. Desempeñar su cargo con dignidad,…manteniendo principios éticos y una conducta moral adecuada a su función…”.

4.- LA MEDIDA APLICADA SE AJUSTA A DERECHO.

La actuación de la Municipalidad de Padre Las Casas ha sido ajustada a las normas de derecho que gobiernan la República de Chile, la valides del mismo se presume, no obstante, se encuentra justificado según lo expuesto y la contraparte deberá acreditar lo contrario si lo controvierte.

Para la acertada resolución de este caso, el tribunal debe tener presente, estos 2 hechos, precisos, claros e indubitados.

4.1.- Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley Nº16.744, de Mutual de Seguridad Chile, Número de Resolución Nº 4597583, fecha de la resolución 14 de diciembre de 2021, que calificó como Enfermedad Común, la enfermedad que sufría doña nombre reservado.

Así también la Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley Nº 16744, Nº Siniestro 8737780, de fecha 18 de enero de 2023, respecto de la trabajadora nombre reservado.

Por lo tanto, todo daño que supuestamente alegue la demandante, según la mutual de seguridad, tiene como causa una enfermedad común de la misma. Descartándose de esta forma que el daño sea a causa de su interacción laboral y que sea de esta forma de Responsabilidad de la Municipalidad de Padre las Casas.

Que si bien, de dicha resolución de la mutual, la persona reclamante dispone de un plazo de 90 días para apelar de la decisión del Organismo Administrador reclamado (inciso tercero, del artículo 77, de la Ley N°16.744), doña nombre reservado, no apelo a dicha resolución ante la SUSESO, quedando esta firme y produciendo los efectos jurídicos que en derecho corresponden.

4.2.- Por otro lado, Usía debe tener presente el Acta de Formalización de fecha 22 de septiembre de 2022, de causa Rit 4637-2022, del Juzgado de Garantía de Temuco, en la cual consta Formalización de Investigación en contra de doña nombre reservado, por DOS delitos de Violación de Secretos, grado de participación: Autor y grado de ejecución: Consumado.

Estos hechos relatados, que están en conocimiento de fiscalía, cuya investigación se encuentra formalizada y que el tribunal decretó un plazo de investigación de 3 meses, son parte de los hechos por los cuales doña nombre reservado, está siendo investigada.

La situación señalada, data la importancia y relevancia de los hechos investigados y de alguna forma, justifican el actuar del fiscal.

4.3.- Reitera que, existiendo producto de Sumario Administrativo reserva y secreto de los hechos de que trata, no obstante, la información otorgada fue dada a conocer someramente y de forma general por la fiscal del Señalado Sumario Administrativo, y antecedentes que constan en la carpeta investigativa del Ministerio Público en causa RIT- 4637-2022, del Juzgado de Garantía de Temuco.

5.- RESPECTO DE LA ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La recurrente no señala con claridad cómo sería ilegal y arbitrario el acto impugnado, ni mucho menos indica cuáles serían los fundamentos de dicha ilegalidad y arbitrariedad.

En relación a la Ilegalidad La decisión adoptada en sumario administrativo, es completamente legal, toda vez que a doña nombre reservado, se le sanciona en razón de los siguientes hechos:

1.- NO HABER verificado, en su calidad de Encargada de Finanzas del Departamento de Educación Municipal, el cumplimiento por parte de la empresa “Sociedad Comercial SANIFUM LTDA.”, de su obligación de contar con Resolución Sanitaria para efectos de ejecución de servicios contratados en mérito de contratación directa de “Suministro de Servicio de Desratización, desinfección y desinsectación en 13 establecimientos educacionales y 18 jardines infantiles y salas cuna VTF JUNJI, una oficina administrativa y bodegas correspondientes al Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas, desde el 24 de abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020”.

Como consecuencia de dicha omisión, se deja sin efecto la contratación directa de los servicios señalados y se aceptan Notas de Crédito emitidas por “Sociedad Comercial SANIFUM LTDA.” Que anulan las facturas electrónicas emitidas en virtud de órdenes de compra correspondientes a los servicios contratados, que fueron ejecutados efectivamente y facturados en su oportunidad.

Normas Vulneradas:

1.- Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Artículo 53: “El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz …;

2.- Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley Nº 18.883, Artículo 58, la obligación contemplada en la letra C): “c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, educación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad”;

3.- Reglamento Nº 040 de 18 de mayo de 20212, Reglamento Interno sobre normas de funcionamiento Departamento de Administración y Educación Municipal de Padre Las Casas, Artículo 33, la obligación contemplada en el Nº 3:

3. Desempeñar la labor con diligencia.

2.- HABER recibido proyectos o borradores de bases técnicas de licitación de don nombre reservado, representante legal de la empresa “COMUNICACIÓN Y TELEFONIA RURAL S.A.” y de don nombre reservado, representante legal de la empresa “DIGITAL INGENIERÍA LTDA.”, en su correo institucional, para futuros llamados a Propuesta Pública a efectuar por el Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas para la contratación de servicios o adquisición de productos, y remitido a otras funcionarias de dicho Departamento.

Los hechos señalados configuran faltas graves al principio de probidad administrativa consagrado en la normativa legal vigente, que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, generándose una situación de desigualdad de los oferentes frente a los procesos licitatorios del Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas, al contar algunos de ellos con información privilegiada con anterioridad a los llamados a propuesta pública iniciados por éste.

Normas Vulneradas:

1.- Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley Nº 18.883, Artículo 58, la obligación contemplada en la letra G):

g) Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley Nº18.575 y demás disposiciones especiales.

2.- Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Artículo 9, la obligación contemplada en su inciso 2º:

“El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato”.

3.- Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Artículo 62: Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña.

4.- Reglamento Nº 040 de 18 de mayo de 20212, Reglamento Interno sobre normas de funcionamiento Departamento de Administración y Educación Municipal de Padre Las Casas, Artículo 33, la obligación contemplada en el Nº 15:

15. Desempeñar su cargo con dignidad,…manteniendo principios éticos y una conducta moral adecuada a su función …” .

3.- HABER mantenido un trato de íntima amistad, cercanía y familiaridad con un proveedor determinado, en el marco de los procesos de contratación pública de servicios para el Departamento de Educación Municipal, según consta de reiteradas comunicaciones vía correo electrónico institucional, lo cual denota eventual falta de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos señalados configuran faltas graves al principio de probidad administrativa consagrado en la normativa legal vigente, que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, generándose una situación de desigualdad de los oferentes frente a los procesos licitatorios del Departamento de Educación Municipal de Padre Las Casas, al contar algunos de ellos con información privilegiada con anterioridad a los llamados a propuesta pública iniciados por éste.

Normas Vulneradas:

1.- Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley Nº 18.883, Artículo 58, la obligación contemplada en la letra G):

g) Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley Nº18.575 y demás disposiciones especiales.

2.- Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Artículo 9, la obligación contemplada en su inciso 2º:

“El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato”.

3.- Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Artículo 62: Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas:

1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña.

4.- Reglamento Nº 040 de 18 de mayo de 20212, Reglamento Interno sobre normas de funcionamiento Departamento de Administración y Educación Municipal de Padre Las Casas, Artículo 33, la obligación contemplada en el Nº 15:

15. Desempeñar su cargo con dignidad, …manteniendo principios éticos y una conducta moral adecuada a su función … .

Por lo anterior bajo ningún supuesto, este municipio con su actuar a vulnerado norma legal alguna.

En relación a la arbitrariedad Bajo ningún supuesto la Municipalidad de Padre Las Casas, ha actuado con arbitrariedad. El municipio no ha procedido en el caso de marras por simple voluntad o por capricho, sino que lo ha hecho en cumplimiento de una potestad legal.

NO EXISTE VULNERACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS EN EL PRESENTE RECURSO.

La municipalidad en el caso de marras ha actuado dentro del marco legal que le otorga nuestra carta fundamental y los cuerpos normativos que la norman. Al no existir ilegalidad ni arbitrariedad por parte de su representada en el actuar administrativo impugnado, según todo lo expuesto, no puede sino concluirse que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Por todo lo expuesto el recurso de protección carece de fundamento fáctico y legal.

Además, no existen actos ilegales y arbitrarios y como consecuencia no existe vulneración de las garantías constitucionales incoadas que es el sustento jurídico de la presenta acción constitucional, considerado además que los derechos invocados no se desarrollaron correctamente por el recurrente, por lo que no tienen la protección del artículo 20 de nuestra carta fundamental.

CONCLUSIONES El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

El Sumario Administrativo realizado a doña nombre reservado se ha realizado cumpliendo todas y cada una de las etapas procesales que este conlleva, notificando en forma correcta y oportuna cada una de las resoluciones que podrían afectar a la recurrente. Respetando los plazos de reposición en el mismo procedimiento administrativo, quedando estas firmes, generando efectos entre las partes.

Por otro lado, se realizó el sumario Administrativo a la recurrente en razón de la gravedad de los hechos denunciados y la complejidad del caso, con la finalidad de adoptar una decisión más justa y conforme a derecho, dando la oportunidad a doña nombre reservado, de presentar sus descargos y medios probatorios, así ejercer un óptimo derecho a defensa, en dicha instancia administrativa, teniendo en consideración que ella prestó servicios en un ente público, como es la Municipalidad de Padre las Casas.

En el aparato público, se busca que todos los funcionarios respeten el principio de probidad ya mencionado, principio que incumplió y quebranto la recurrente, de la forma en que lo señalan las conclusiones del sumario administrativo, enviando bases de una propuesta pública, previa a su publicación a 2 proveedores distintos, con la finalidad de que estos los adaptasen y pudieran adjudicárselas, de acuerdo a sus intereses.

Lo precedentemente señalado, son hechos tan graves, que están en proceso de investigación por el Ministerio Público, formalizando a la recurrente bajo el delito de violación de secretos.

Por último señalar que el tribunal laboral, ya estimo, que no existen violaciones de derechos fundamentales respecto del proceso aplicado a doña nombre reservado, en la sentencia que se adjunta, fundando su sentencia en 2 resoluciones de Mutual de seguridad que resuelven calificar como común la enfermedad de la recurrente, sin incidencia de agente laboral en ello.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe solicitado en los términos señalados, y en definitiva se rechace el recurso de protección interpuesto por la recurrente doña nombre reservado, ya individualizada, en contra de su representada la Municipalidad de Padre Las Casas, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Reglamento N° 040 de fecha 18 de mayo de 2012, de Municipalidad de Padre Las Casas.

1.- Requerimiento de Fiscal y Acta de Audiencia de Formalización de la Investigación, de fecha 22 de septiembre de 2022, en causa Rit 4637-2022, del Juzgado de Garantía de Temuco, en el cual formalizan la investigación por el Delito de Violación de Secretos, en contra de doña nombre reservado.

2.- Decreto Alcaldicio Nº 163 de 23 de marzo de 2021 y Decreto Alcaldicio 3072, de 21 de diciembre de 2022.

3.- Denuncia Ingresada a fiscalía con fecha 22 de junio de 2021 4.- Resolución de Calificación del origen de los accidentes y enfermedades, ley 16744, de la Mutual de Seguridad, folio 4597583, de fecha 14 de diciembre de 2021, que califica la enfermedad de doña nombre reservado, como enfermedad común.

5.- Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley Nº 16744, Nº Siniestro 8737780, de fecha 18 de enero de 2023, respecto de la trabajadora nombre reservado.

6.- Expediente Causa Laboral T-235-2022, del juzgado laboral de Temuco.

A folio 12, la recurrida recurrido acompaña: Ebook de Causa T-70-2023, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, sobre demanda de Tutela Laboral.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en estos antecedentes, con fecha 29 de diciembre de 2022, se dicta Decreto Alcaldicio N°3072, mediante el cual se rechaza reposición interpuesto en contra de Decreto Alcaldicio N°2485 de fecha 08 de noviembre de 2022, que aprueba sumario administrativo y aplica medida disciplinaria de término de relación laboral de la recurrente. Es aquel Decreto, el acto administrativo, al cual le atribuye la recurrente ilegalidad y arbitrariedad, y en este se centrará el análisis por esta Corte, más allá que en el cuerpo del escrito, la recurrente plantee irregularidades, ilegalidades y arbitrariedad, a los actos que le sirvieron de antecedentes, especialmente a la instrucción de un sumario administrativo, en circunstancias que ella estaría vinculada por un contrato sometido al Código del Trabajo, los cuales no pueden ser revisados por esta acción cautelar de urgencia, ya que evidentemente esas reclamaciones resultan extemporáneas.

TERCERO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, alegada por la recurrida, esta será rechazada, por cuanto el recurso de protección fue interpuesto el día 29 de enero de 2023, respecto del Decreto Alcaldicio N°3072, de fecha 29 de diciembre de 2022, y notificado el 30 de diciembre de 2023, es decir dentro del plazo de 30 días corridos que señala el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

CUARTO: Que con relación a la alegación de incompetencia, también invocada por la recurrida, esta será también rechazada, toda vez que la competencia de esta Corte, la da el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, al plantearse una privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales respecto de las que procede, más allá si al analizarlo, se comprueben o descarten, siendo una cuestión de fondo que no corresponde ser resuelta como excepción previa, puesto que ya fue admitido a tramitación, resolución que está firme, además no es óbice a su tramitación “el ejercicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes” (art. 20 inciso primero, parte final de la Constitución Política de la República).

QUINTO: Que, analizados los antecedentes acompañados al recurso y anexados al informe del recurrido, la presente acción cautelar de urgencia no puede prosperar, porque por un lado, no concurre el presupuesto consistente en que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales esgrimidos, y por otro se observa que en el sumario administrativo que se instruyó, y que sirvió de antecedente al Decreto 3072/2022, cuestionado, la recurrente pudo ejercer y ejerció todos los derechos y recursos que la ley permite, efectuando sus descargos. Finalizando este, con la sanción que señala la recurrente. Además la revisión de este Decreto, permite observar que posee en sus once considerandos la adecuada fundamentación, debiendo destacarse los N°s. 6 a 9.-, no siendo en consecuencia arbitrario ni ilegal. Fue la misma recurrente que lo generó al hacer uso de su legítimo derecho a presentar la reposición, que fue razonadamente rechazada.

En cuanto a la demora de la tramitación del sumario administrativo que alega, ésta se puede deber a múltiples factores, lo extenso y complejo de la prueba, cantidad de involucrados, diligencias solicitadas, recursos de los intervinientes, complejidad de la materia. Sin embargo, en este caso, lo anterior no necesariamente genera la vulneración de derechos fundamentales, como lo plantea la recurrente.

Por otra parte, la materia del presente recurso de protección, según da cuenta la actual tramitación de la causa rol T-70-023, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, contiene los mismos hechos, razón por la cual, ya está siendo conocida en otra sede jurisdiccional, es decir al amparo del derecho.

SEXTO: Que conforme a lo anterior, en la especie, resulta evidente que faltan los supuestos de hecho que permitan justificar la procedencia del recurso de protección, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal, lo que conlleva que no exista amago ni vulneración de las garantías, que la recurrente estima como afectadas, Todo lo cual determina que el recurso interpuesto debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

QUE SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, acción constitucional que se entabló en contra de la MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada legalmente por su alcalde don MARIO GONZÁLEZ REBOLLEDO, o por quien lo subrogue o reemplace en conformidad a la ley, ambos con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado en contra la Municipalidad de Padre Las Casas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro titular Sr. Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Protección-295-2023. (sac)