COMERCIAL E INVERSIONES EL ARADO LIMITADA con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece la Sociedad Comercial e Inversiones El Arado Limitada, representada por don nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco, denunciando la clausura del local comercial ubicado en domicilio reservado, medida que –afirma- se mantuvo vigente aun cuando el recurrente pagó íntegramente la multa administrativa impuesta con ocasión de la fiscalización realizada el 21 de junio de 2025. Sostiene que tal actuación vulnera las garantías consagradas en los numerales 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al impedir el desarrollo de la actividad económica que ejerce y afectar su derecho al trabajo.

Refiere que es arrendatario del inmueble donde funciona el local comercial, en virtud de contrato celebrado el 14 de febrero de 2025. Expone que, tras la fiscalización municipal, se le cursó infracción por carecer de patente municipal y por infracción a la Ley de Alcoholes, originándose la sanción de multa ascendente a $516.922, la que canceló el día 3 de julio de 2025. A pesar de ello, el 23 de junio del mismo año se procedió a la clausura del establecimiento mediante la colocación de sellos, sin que posteriormente se dictara resolución fundada que justificara la mantención de la medida ni se notificara trámite alguno destinado a evaluar su levantamiento.

Indica que el 10 de julio de 2025 su abogado concurrido al Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad con el objeto de solicitar una audiencia y obtener información respecto del alzamiento, pero no fue atendido, indicándosele que debía formular una solicitud por Ley de Transparencia, lo que demoraría entre 10 y 15 días. Agrega que funcionarios municipales señalaron que la petición debía ser presentada por el arrendador del inmueble y acompañar el término del contrato de arrendamiento, exigencias que estima improcedentes, por cuanto el arrendatario tiene interés directo en la reapertura del local y en la protección de los bienes que allí se encuentran.

La Municipalidad informa que la clausura se decretó mediante Decreto Alcaldicio N° 677, de fecha 13 de junio de 2025, dictado en ejercicio de las facultades previstas en el Decreto Ley N° 3.063/79, al constatarse que el establecimiento funcionaba sin patente municipal y efectuaba expendio de bebidas alcohólicas sin autorización, hechos constatados en fiscalización policial. Señala que la clausura constituye una medida de apremio destinada a impedir la continuidad de una actividad comercial irregular y que su alzamiento no se vincula al pago de la multa, sino al término de la infracción.

La recurrida expone además que el propietario del inmueble manifestó desconocer las actividades del recurrente y que solicitó el alzamiento de la clausura para recuperar la propiedad, alegando término anticipado del contrato de arrendamiento. Agrega que el recurrente habría roto los sellos de clausura, hecho que estima constitutivo de delito previsto en el artículo 270 del Código Penal.

Asimismo sostiene que el recurso es improcedente por falta de derecho indubitado, toda vez que el recurrente carece de patente municipal y que la autorización para ejercer actividad económica está condicionada al cumplimiento de la normativa aplicable. Afirma también que existen vías administrativas y judiciales específicas para impugnar los actos municipales, de conformidad con el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Se trajo los autos en relación, procediendo a la vista del recurso en la audiencia del pasado veinte de octubre, a la que comparecieron los apoderados de las partes a alegar ante estrado, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de derechos fundamentales cuando éstos se vean afectados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios, exigencia que presupone la existencia de un derecho indubitado cuya privación, perturbación o amenaza requiera tutela urgente.

SEGUNDO: Que la controversia dice relación con la clausura del local comercial ubicado en Bernardo O’Higgins N° 906 de Temuco, medida dispuesta mediante Decreto Alcaldicio N° 677 de fecha 13 de junio de 2025, fundado en la constatación de actividad comercial sin patente municipal y expendio de bebidas alcohólicas sin autorización, circunstancias verificadas en fiscalización policial y administrativa. Dicha clausura se materializó el 23 de junio de 2025 mediante la colocación de sellos municipales.

TERCERO: Que la clausura dispuesta encuentra su fundamento en el artículo 58 del Decreto Ley N° 3.063/79, el cual faculta al alcalde para disponerla respecto de establecimientos que funcionen sin patente municipal o que no enteren las multas impuestas por infracciones detectadas, disposición que constituye una potestad-deber de la autoridad destinada a impedir la continuidad de actividades económicas realizadas al margen de la normativa vigente. Asimismo, la Ley N° 19.925 sanciona expresamente el expendio de bebidas alcohólicas sin autorización, facultando la clausura del establecimiento infractor.

CUARTO: Que el recurrente reconoce que al momento de la fiscalización el establecimiento operaba sin patente municipal, situación que por sí sola habilita la clausura, conforme lo prevé el ordenamiento jurídico. El pago posterior de la multa administrativa no subsana la infracción de fondo ni otorga derecho automático a la reapertura, puesto que el levantamiento de la clausura exige que cese íntegramente la actividad irregular, no siendo el pago pecuniario un medio sustitutivo de la autorización municipal exigida por la ley.

QUINTO: Que, en consecuencia, no se configura arbitrariedad en el actuar de la autoridad recurrida, desde que la clausura fue dispuesta mediante acto administrativo formal, fundado en hechos objetivos constatados en fiscalización y dictado en el ejercicio de facultades legales expresas. Tampoco se aprecia ilegalidad, por cuanto la autoridad actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y de conformidad con las normas que rigen la materia.

SEXTO: Que la pretensión del recurrente se funda en la tesis de que el pago de la multa elimina la irregularidad administrativa y obliga al municipio a reabrir el local, criterio que desconoce el carácter no sancionatorio sino preventivo de la clausura dispuesta en virtud del artículo 58 del Decreto Ley N° 3.063/79, destinada a impedir el funcionamiento de negocios sin patente o habilitación legal. Esta finalidad ha sido reiteradamente reconocida por la jurisprudencia, descartándose que exista derecho indubitado a operar un negocio sin patente municipal o sin cumplir los requisitos que la ley impone.

SÉPTIMO: Que en el contexto descrito no se advierte vulneración del derecho de propiedad, desde que el recurrente no es titular de ningún derecho a desarrollar actividad económica sin patente municipal; tampoco resulta afectada la garantía del artículo 19 N° 21, pues dicha libertad se ejerce respetando las normas legales que regulan la actividad económica, entre ellas la obligación de contar con patente y autorización para el expendio de bebidas alcohólicas. Del mismo modo, la alegación relativa a la supuesta afectación de la libertad de trabajo carece de fundamento, por cuanto la imposibilidad de operar deriva del incumplimiento de obligaciones legales básicas imputables al propio actor.

OCTAVO: Que la existencia de vías administrativas y judiciales específicas para discutir la legalidad del acto impugnado, como el reclamo del artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, refuerza la improcedencia de esta acción, dado su carácter excepcional y subsidiario.

NOVENO: Que, en definitiva, las alegaciones del recurrente no logran desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo de clausura, ni permiten configurar la existencia de un derecho indubitado lesionado, razón por la cual la acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Sociedad Comercial e Inversiones El Arado Limitada en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

N°Protección-2887-2025. (csd)