nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE VILCUN

C.A. de Temuco Temuco, treinta de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio 1, comparece don Juan Javier Jara Müller, abogado, con domicilio en domicilio reservado, de Temuco, a favor de doña nombre reservado, empleada, con domicilio en domicilio reservado.

Que, interpone acción de protección a favor de doña nombre reservado, ya individualizada, contra la MUNICIPALIDAD DE VILCÚN, institución de derecho público, representada por su ALCALDESA DOÑA KATHERINNE TATIANA MIGUELES MUÑOZ o quien la subrogue legalmente, autoridad municipal, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por haberse dictado el acto administrativo contenido en el Decreto N°2304 fechado el 30 de mayo de 2022, notificado (inválidamente) el 31 de mayo de 2022 a través de la secretaria del suscrito, que rechazó la nulidad administrativa y reposición subsidiaria del decreto sancionatorio Nº5109 del 2 de diciembre de 2021, de la I. Municipalidad de Vilcún, que dispuso la destitución de doña nombre reservado, por las acciones y omisiones que se verifican en el acto impugnado, conculcando las garantías constitucionales de amparada por la presente acción.

1. Dice que, por Decreto Alcaldicio de la I. Municipalidad de Vilcún Nº248-2019, se aperturó sumario administrativo por la denuncia efectuada por el Juez Titular del Juzgado de Policía Local, Sr, Claudio Jofré Standen.

2. Los hechos informados por el Sr. nombre reservado, decían relación con la falta de oportunidad en el ingreso de dinero a la Tesorería Municipal de Vilcún, derivado del cobro de multas en causas de su oficio, básicamente en dos causas que se detallan en su denuncia.

3. La indagatoria administrativa, en una primera fase, terminó con la decisión de la Alcaldesa titular de destitución de su representada, decisión que fue dejada sin efecto por la Contraloría General de la República, ordenando diligencias precisas y determinadas y, la más esencial, proceder a citar y tomar declaración a su representada.

4. Así, el fiscal administrativo, procedió a citar a su representada para que prestara declaración. Señalándose la opción de declarar por escrito o videoconferencia, su representada optó por la declaración por escrito, pero una vez que acabara la licencia médica que indicaba reposo absoluto para su defendida -cuestión que se acreditó en forma fehaciente-; ello en razón de las garantías constitucionales a un debido proceso y a su integridad física y psíquica, cuestión que fue desestimado por el fiscal, quién procedió a cerrar la indagatoria, formulando cargos contra su representada.

5. Esta evidente conculcación a la garantía contenida en el Art.19 N°1 de la Constitución, se replicó no subsanándose en los actos administrativos posteriores.

6. En la formulación de cargos, en resumen, se le imputó y se dio por establecido, a la Srta. nombre reservado, dos cargos:

CARGO 1: Haber Infringido gravemente el Principio de Probidad Administrativa: "Observar una conducta funcionaría intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el interés particular" - para el caso específico haber vulnerado a través de su conducta el artículo 62 inciso 3o, 4o y 8o Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en concordancia con el artículo 58, letra g) de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo Municipal.

7. El Cargo N° 1, que se formula, se efectúa en atención – A QUE SEGUN EL FISCAL-, que en razón de sus funciones administrativas desempeñadas en las dependencias del Juzgado de Policía Local de Vilcún procedió habiéndose emitido la sentencia de aplicación de multas, a efectuar el cobro del valor de estas multas a través de la confección de comprobantes manuales de cobro, en el transcurso de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 percibiendo posteriormente el valor de lo cobrado y cancelado por los infractores, no habiéndose ingresado los citados montos cobrados y percibidos en arcas municipales: para el caso no ingreso a Tesorería Municipal, provocando un daño al patrimonio de la Municipalidad. (Acta Constancia N° 8 que Rola a Fojas 92 a 106 - Declaraciones que Rolan a Fojas 125 a 130).

8. Sumado a lo anterior que mantuvo en su poder fondos municipales de acuerdo al detalle que más adelante se indica por el transcurso de varios días, efectuando recién y después de haber transcurrido un periodo de tiempo que no es justificable, el ingreso de los recursos en Tesorería Municipal y sólo ante el requerimiento de la Secretaria Abogado del J.P.L Vilcún; fondos que una vez entregados a la Secretaria Abogado antes citada, son depositados en Tesorería Municipal por parte de ésta última. Dicha situación constituiría una apropiación o retención indebida de fondos municipales. (Ord. 158 que Rola Fojas 7 a 9 -Declaración que Rola a Fojas 129 - Causa que Rolan a Fojas 42 a 54), todo lo relacionado con la causa 549-2018, del Juzgado de Policía Local de Vilcún.

9. CARGO 2: Haber Infringido el artículo 82 letra a), del Párrafo 5o De las prohibiciones, de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo Municipal. Artículo 82.- El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:

a) Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente investido, o no le hayan sido delegadas.

El Cargo N°2, que se formula, se efectúa en atención que en razón de sus funciones administrativas desempeñadas en las dependencias del Juzgado de Policía Local de Vilcún procedió habiéndose emitido la sentencia de aplicación de multas, a efectuar el cobro del valor de estas multas y su recaudación gestión llevada a cabo sin haber estado facultada para aquello. (Oficio 1 que Rola a Fojas 83 - Declaraciones que Rolan a Fojas 125 a 130.)

Respecto del cargo formulado resulta pertinente señalar que compete a la unidad de administración y finanza de cada Municipalidad recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan, según la DL. N° 3.063 de Ley 18.695).

10. Luego del período de prueba se dieron por acreditados, a juicio del recurrente, erradamente, los cargos imputados, acogiéndose la propuesta de destituir a su representada, la que no se condice con la prueba rendida y funciones que se habían asignada a su representada y tampoco se cumplió con la tipicidad administrativa de la conducta, cuestión necesaria para una debida defensa.

11. En relación al primer cargo imputado o cargo número uno, lo primero que indica es que éste no se basta asimismo, no cumpliendo con el principio de tipicidad administrativa de la infracción, dado que se indica vagamente que su representada procedió a efectuar el cobro del valor de estas multas a través de la confección de comprobantes manuales de cobro, en el transcurso de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 percibiendo posteriormente el valor de lo cobrado y cancelado por los infractores, no habiéndose ingresado los citados montos cobrados y percibidos en arcas municipales, no señalando específicamente el monto de lo imputado, como tampoco en que causas se habría ocasionado lo acusado administrativamente, debiéndose haber establecido los montos exactos y las causas en que incidían, señalándose pormenorizadamente cada uno de los supuestos apoderamientos.

12. Cabe, señalar que la recepción del dinero proveniente de multas, fue una instrucción que se recibió por la jefatura directa por distintos medios, utilizando todas las vías para poder transmitirla, dinero que fue ingresado a una caja fuerte a la que su representada no tenía acceso directo.

13. Tampoco se ha indagado los múltiples fallos en la plataforma informática de gestión de ingresos municipales, que pudo haber hecho que el sistema no registrara correctamente los ingresos de las causas, existiendo procesos en que simplemente el dinero era recaudado por terceros ajenos al juzgado, pese a que no hay ningún registro que constate lo fidedigno de las certificaciones que dicen haberse efectuado, se señala que no existen registros de incidencias anteriores a septiembre de 2016, pues el sistema migró al actual, no pudiendo determinar con certeza que días la plataforma informática estaba operativa y que días no.

14. Agrega que, en algunos casos, la Srta. nombre reservado realizó los comprobantes de ingreso en forma manual, pues el sistema fallaba y no se encontraba operativo, siendo ingresados los dineros por el propio contribuyente a la tesorería municipal o los recibía temporalmente su defendida dejándolos en la caja fuerte del Juzgado a la que tenían acceso distintos funcionarios de dicho tribunal.

15. En otros casos, por causas de fuerza mayor, recepcionó dineros proveniente de multas, pero nunca se apropió de ellos ni los uso para fines propios o ajenos; en algunos casos, los dejó encima de su escritorio o en un cajón, en otros se lo entregó a doña nombre reservado al ser ella hasta el 2017, la secretaria del Juzgado, en otros los dejaba en la caja fuerte o en la caja de seguridad del tribunal, todo ello con pleno conocimiento del Juez Titular Sr. Jofré y de la Secretaria del Juzgado Sra. nombre reservado, como también de la Sra. nombre reservado.

16. Precisa que, estas situaciones se daban por el disímil horario en que funcionaba el Juzgado de Policía Local y la Tesorería Municipal, además de las licencias médicas, feriados legales y permisos administrativos que en ocasiones hacían que el dinero no fuera ingresado inmediatamente en arcas municipales. Otra cuestión que también estaba en conocimiento del juez, es que en las dependencias del tribunal en más de una oportunidad se produjeron robos y hurtos, algunos de los cuales ni siquiera se denunciaron, cuestión que era de conocimientos de todos los funcionarios.

17. Explica que, el hecho de haberse confeccionado algunas papeletas de ingreso por su defendida, no es indicativo indubitado de que se haya apropiado de los ingresos que representa dicha papeleta, dado que una cosa en la confección manual de la papeleta y otra muy distinta era la percepción y apropiación del dinero que no está acreditada en este proceso, pues su defendida, reitera no se apropió indebidamente del dinero de las multas recaudadas, es más es evidente que hay una total incertidumbre en cuanto a quien percibió el dinero manualmente, pues existen días en que su defendida no estaba en funciones y aparecen sentencias rellenadas al parecer con su letra, siendo la atribución de responsabilidad abusiva y carente de prueba concreta.

18. Sostiene, en relación con el cargo número dos, esto es, haberse atribuido funciones respecto al cobro de montos y la recaudación de los mismos, esta conducta está imputada y comprendida en el cargo número uno, vulnerándose así el principio “non bis in ídem”, que implica que no pueda valorarse dos veces un mismo hecho o fenómeno para calificar la tipicidad de una infracción administrativa.

19. Sin perjuicio de lo anterior, el propio Juez Titular Sr. Jofré, reconoció este hecho como una cuestión que ocurría y, por ello, se estableció un protocolo interno de trabajo y que estableció explícitamente la concurrencia de situaciones excepcionales, en que la Secretaria del Juzgado o en su caso por ausencia de ésta, la funcionaria más antigua en la planta de empleados, pudiese percibir estos ingresos, para poder darle continuidad al servicio.

20. Agrega que, lo expuesto en el punto anterior, fue ratificado el 6 de marzo de 2019 por la I. Corte de Apelaciones de Temuco, señalando que esta función debía ser efectuada por el Secretario del tribunal, entendiendo que si este falta debía ser efectuada por quien lo subrogue.

21. Insiste que, de este modo, no puede nacer responsabilidad administrativa de este cargo pues, por una parte ya está comprehendido en el cargo número uno y, además, esta situación era amparada de facto por el Juez, quien posteriormente estableció un protocolo por escrito a petición de su representada.

22. Precisa que no se ejecutaron cabalmente las siguientes diligencias solicitadas en el escrito de descargos, a saber:

22.1. Agregar al sumario las calificaciones de su representada y las anotaciones de mérito que consten en su hoja de vida, pues no aparece ningún análisis de esta cuestión.

22.2. Agregar al sumario los periodos de licencia médica, feriado legal y permisos administrativos de mi defendida, obviamente que esta solicitud debía ser analizada en su plenitud lo que s ese hizo.

22.3. Agregar al sumario la certificación del horario de atención a público y de funcionamiento interno de la Tesorería Municipal de Vilcún y del Juzgado de Policía Local de Vilcún.

22.4. Establecer con precisión los períodos en que hubo fallas en el sistema computacional de ingresos y egresos de la Municipalidad de Vilcún y en que la tesorería estuvo no operativa, pues solo existe un documento interno peor no así una auditoria informática 22.5. Establecer con precisión, quién tenía acceso a las dependencias del Juzgado de Policía Local de Vilcún, cuestión esencial para determinar quién podía tener acceso al dinero y a la caja de fondos.

22.6. Precisar los horarios de permanencia en el tribunal de todos los funcionarios del Jugado de Policía Local de Vilcún, esto es, el Juez, la secretaria, las actuarias y el funcionario de aseo, lo que no se realizó en forma fidedigna.

22.7. Establecer si en dicho Juzgado de Policía Local de Vilcún, existía caja fuerte o cajas de seguridad y cuál es su destino y funcionalidad, tampoco existe una cabal determinación de este elemento.

22.8. Se agregue certificado de capacitación de uso y manejo de sistema informático de ingreso y egreso de Tesorería, que debía ser un certificado fechado en la época que se impartió, no una mera constancia subjetiva sin ningún valor como se hizo.

22.9. Se establezca qué claves de acceso poseían los computadores del Juzgado, y quien tenía el conocimiento de las mismas, tampoco se realizó la misma con determinación y certeza 22.10. Efectuar una auditoria informática al sistema de ingresos de tesorería de la I. Municipalidad de Vilcún, determinando de que computadores y con que claves se accedía a dicho sistema y que fallos presentó, ya sea por sistema interno o por conectividad, diligencia que no se hizo, lo que no permite establecer con certidumbre, quién y cómo tenían acceso a la plataforma de ingresos.

23. Alega que, en la vista fiscal existen múltiples inconsistencias de análisis probatorios y argumentación en relación con la prueba que ejemplifica.

24. Análisis y conclusión de los hechos supuestamente establecidos: En relación con el punto 4.1 Letra C: El juez y la secretaria en sus declaraciones de fojas 125 a 130, sólo reconocen la letra en la confección de comprobantes manuales de causas exhibidas pero, en ningún momento, señalan que su representada se apropió de dinero de las multas, ya que nunca pudieron ver dicha situación, ni tampoco corroborar que estos fueran sacados de la caja fuerte o de cualquier otro mueble de la oficina.

25. Agrega, respecto del punto 4.1 Letra F: En la causa rol n° 549-2018, el dinero no pudo ser ingresado porque el infractor llego cinco minutos antes que cerrara la Tesorería y se negó a volver en otro momento, por tanto para evitar conflictos verbales con el infractor, por ser este más que reincidente en infracciones de tránsito ante este tribunal, se le recibió el dinero y se dejó guardado en uno de los cajones de un escritorio, para posteriormente salir a colación y volver a tomar audiencias de juicio, entregar despacho al juez y proveer las resoluciones de rebaja que los usuarios habían presentado durante la mañana, siendo postergado el ingreso de modo involuntario, sin embargo el dinero fue enterado a Tesorería según se entiende por un tercero bajo orden la secretaria del tribunal.

26. En relación al punto 4.1 Letra G: dice que no es efectivo que esté comprobado que su defendida recibió dinero de oficios de órdenes de arresto de Carabineros, dado que las tres funcionarias o las dos que había en años anteriores, podían recibir los oficios en el mesón de atención a público y colocar el cargo y dejarlos dentro del libro de ingresos, hasta que se terminara de recibir correspondencia de toda índole. Además, del mismo expediente sumarial se desprende que no se encuentra verificado quien pudo apropiarse del dinero con propias anotaciones que se han efectuado por el fiscal del sumario y cuya copia obra en nuestro poder, se debe señalar que sólo están responsabilizando a su defendida por la letra administrativa asignada “m” y por el relleno del triplicado de sentencia que muchas veces había que completar para poder notificar al infractor en rebeldía por no presentarse en la fecha indicada por carabineros en el parte denuncia, lo que no significa que se pueda inculpar a alguien de apropiación de fondos municipales, ya que hay causas donde la sentencia tiene la letra de su representada, pero los cobros fueron efectuados por la colega de su representada, como lo indica la foja 78 y 79 del expediente sumarial.

27. Respecto del punto 4.1 final del párrafo letra g, señala que los valores de multa ingresadas sin comprobante y que se le imputan a fojas 462 a 475, no puede existir responsabilizad de su defendida, al no existir comprobantes manuales de por medio, ni oficios de carabineros, e incluso a fojas 501 a 512 se demuestra que hay expedientes que tienen resolución de arresto, pero que no están los oficios de carabineros, pero si una resolución de sus antecedentes lo que confirmaría que si existía alguna pieza procesal, que a la fecha no está ahí y resolución de archivo de la causa firmada por el juez y secretaria, por ende, se puede concluir la hipótesis que la documentación original pudo ser sacada del expediente por las personas que denunciaron a su representada, puntualmente por la secretaria abogada- 28. En relación al punto 4.1 letra h primer párrafo, indica que el juez no le concedió a las actuarias la facultad de recibir ingresos de multas, por tanto, lo que no es efectivo, pues el juez firmó las resoluciones de archivo de multas teniendo a la vista los comprobantes manuales en los mismos expedientes al momento de pasar las causas a despacho para su firma, como lo demuestra la foja 2906 y 2907 y así muchas otras y no de un solo año.

29. Respecto del punto 4.1 letra i, indica que, desde el punto de vista jurídico, los recursos deben ser recaudados por un funcionario municipal especialmente destinado para este fin, pero ello no ocurría así desde el punto en los hechos, de ser así, porque se le ordenaba a su defendida recibir vale vistas bancarios de multas de tránsito y llevarlas a la tesorería por mano, o llevar dinero de órdenes de arresto a tesorería en efectivo en algunas ocasiones, principalmente cuando estas provenían de destacamentos que no eran de esa jurisdicción, pudiendo dar fe de esto, es decir, de sus ingresos, las personas que se encontraban en ese momento atendiendo caja en la tesorería municipal.

30. Por lo demás, la secretaria abogada del juzgado tampoco tiene la designación especial que indica Administración y Finanzas y la normativa vigente que se pretende está aplicar, sin embargo percibió de igual modo dinero de causas, quedando de manifiesto a fojas 39 a 41 del inicio del expediente sumarial, donde generó comprobante de pago manual con fecha 25-04-2018, e ingresó el dinero 12 días después a la tesorería municipal personalmente, aparte de haber proveído resolución de pago de multa y firmado tanto el juez como ella, dicha resolución del 04-05-2018, fecha de archivo que es posterior a la fecha real que señala el tiket de ingreso de tesorería, además esto lo realizo sin tener la autorización de la I. Corte de Apelaciones de Temuco, le concediera en marzo de este año y, peor aún, antes que se hiciera firmar el protocolo de trabajo interno del 13-07-2018 y que ella también recibió conforme firmándolo según rola a fojas 16 a 18 del expediente sumarial. Lo expuesto, confirma que la facultad de recibir dinero si fue otorgada por el juez a sus actuarias y a sus diferentes secretarias de forma verbal, como una instrucción directa de él como superior jerárquico y que por ende se debía obedecer al ser sus subalternos.

31. En relación al punto 4.2 Agravantes (Falta de colaboración con la Fiscalía), afirma que nunca hubo intención de parte de su representada de no cooperar con la fiscalía, ya que hasta la fecha no ha recibido la carta de invitación a declarar que le fuera enviada por correos de Chile. Según averiguaciones realizadas por su parte, en la oficina de correos de Chile de Temuco, por medio del supervisor de carteros que reparte hacia la dirección de su representada, don nombre reservado y el jefe operativo regional Araucanía, gerencia zonal sur don nombre reservado, informan que el envío con código 1180565281850 fue recepcionado el 22-03-2019 a las 21:07 en la planta Temuco, que el día 25-03-2019 envío en reparto a las 12:00, el 28-03-2019 a las 17:13hrs. primer intento de entrega, y que al 08-05-2019 a las 04:33 horas se encuentra en la oficina de correos de Chile Planta Temuco en los bolsos destinados a ser enviados a Santiago, para que esta los remita a su planta de origen y desde ahí a la sucursal de la comuna que lo envío.

32. Que, su parte, pidió se reabriera el sumario para declarar, a lo que el fiscal administrativo no accedió.

33. Atenuantes (página 220): señala que recursos humanos informa que no existen anotaciones de mérito para esta funcionaria, ni tampoco agregaron las calificaciones anuales, como así también lo señala la foja 192, lo que resulta en una omisión manifiesta y grave, dado que el juez dispuso una anotación de mérito de fecha 24 de febrero de 2017, por medio del oficio n°176, dirigido a la Unidad de Personal de Recursos.

34. Tampoco se agregaron las calificaciones de su representada, en tiempo oportuno, siendo todas ellas sobresalientes.

35. Además, señala que, en ninguna parte, aparece la fecha de cobro de los comprobantes manuales, como para poder realizar los cotejos con las licencias médicas, permisos administrativos, devoluciones tiempo, feriados legales, ni con la información entregada por recursos humanos a fojas 192.

36. Afirma que no es efectivo lo que se indica respecto que se desprende con certeza que la inculpada, a través de su abogado, ha contado con información clara y específica, pues la primera visita que dice haber realizado como abogado de la Srta. nombre reservado, para poder revisar los expedientes de prueba, el fiscal a pesar de estar avisado y coordinado vía correo electrónico con el suscrito, el funcionario no se encontraba en funciones y en las dependencias municipales para poder exhibirnos y custodiar los expedientes de prueba.

37. Señala también, respecto de las fallas del sistema informático que, los constantes cortes de luz en la comuna, ya sea por inclemencias del tiempo, reparaciones del tendido eléctrico, casos fortuitos y corte de luz en la oficina de la funcionaria por no pago de las boletas de luz a Frontel por el departamento de finanzas, también provoco que se tuviera que realizar ingresos manuales para que los usuarios no siguieran alegando con las funcionarias que atendían público, como era su caso ya que, esa oficina no cuenta con generador de corriente propio, como si lo cuenta la municipalidad, por ende, nunca el sistema de tesorería arrojaría que el sistema no está funcionando porque ellos cuentan con luz, al momento que en esas oficina no.

38. Indica que, entre otras probanzas, se puede señalar que el 29-05-2018, por medio de orden 223 de la directora de Administración y Finanzas nombre reservado, emitió un informe a varios funcionarios solicitándole la devolución de bienios, con copia a la alcaldesa, donde señala que la causa que ocasionó las diferencias en los pagos de bienios era motivo de la transición de base de datos Crecic a SMS en octubre de 2016, por ende, se desprende también que tuvo que pasar más de un año para que pudieran advertir que, producto del cambio de sistema, les provocó errores en los pagos de bienios, pagos erróneos en las liquidaciones de sueldo de los trabajadores planta y contrata, indicando también como un factor de excusa la rotación constante de personal de su departamento.

39. En relación a lo consignado respecto del descargo punto 18 -foja 234, indica que la I. Corte de Temuco, ratificó el 06-03-2019, que la Secretaria era la única que tenía la facultad de recibir el dinero del Juzgado de Policía Local pero, esta ratificación fue posterior a los hechos denunciados, cabe señalar que la I. Corte sólo reiteró una instrucción, no señala que hizo una investigación, ni cual fue la instrucción reiterada explícitamente.

40. A mayor abundamiento y, en cuanto a las diligencias solicitadas que no fueron cumplidas a cabalidad indica que, en primer término, el memorándum de recursos humanos de fecha 30 de abril del año en curso en su letra “a”, en vez de señalar calificaciones y anotaciones de mérito, indica que no hay ninguno de estos documentos pero que si existirían reclamos en contra de su defendida por usuarios según Ord. 68 de fecha 12 de febrero de 2019 y Ord n° 65 de fecha 11 de febrero de 2019, lo cuales fueron anexados al presente sumario con la finalidad de agravar la situación de la Srta. nombre reservado, siendo que, si estos documentos aparecieron en su carpeta de personal, también deberían ir acompañado de las respectivas respuestas, en que el juez desestimo los reclamos.

41. En cuanto al horario de funcionamiento del tribunal, se señala que el juez tendría horario de 15:00 a 17:18 horas, contradiciéndose esto con lo que señala la foja 240 letra f, el inicio del horario de trabajo del juez, indicando que sería a contar de las 14:20.- 42. Respecto del acceso a las dependencias del Juzgado de Policía Local, no existe en el sumario documento alguno que pueda acreditar objetivamente quién accedía a sus dependencias y de qué modo se accedía, tampoco se encuentra acreditada quién tenía acceso a la caja fuerte y caja de seguridad del juzgado.

43. Agrega que, en el horario de permanencia de los funcionarios, no corresponde que se fije el mismo horario de trabajo de las funcionarias al juez, ya que este no marca entrada, ni salida en el reloj control de la municipalidad y tampoco tiene el mismo horario de trabajo, dado que él está autorizado por la I. Corte de Apelaciones de Temuco y no por la municipalidad, como las funcionarias.

44. En relación con la caja fuerte anclada a la pared, no se indica de cuando está funcionando en el tribunal, ni tampoco indica que existía otra caja pequeña de seguridad, con llave colgada en la manilla de la caja con un hilo rojo, que era de color azul y que esta llevaba más de 10 años siendo utilizada para guardar licencias y dinero en ciertas ocasiones y que todos tenían acceso a ella.

45. Respecto del certificado de capacitación, este no es fiel reflejo de la realidad, dado que nunca su representada fue sujeta a inducción del manejo del sistema de tesorería, contradiciéndose lo señalado por personal de Tesorería a fojas 241 letra i; tampoco existió capacitación a funcionarios de la empresa SMC, ya que en la fecha que ellos fueron a las oficinas del Juzgado en verano 2018, su representada se encontraba con licencias médicas acreditadas por recursos humanos.

46. En cuanto a quien poseía las claves de los computadores y sistemas, tampoco se acredita lo solicitado según lo indica la foja 203.- 47. Por lo demás, hay que tener presente que el Sr. Ministro nombre reservado don nombre reservado, realizó inspección al Juzgado a fines del año 2018, y no encontró irregularidades, como las que se mencionan hoy en día, revisando una muestra significante de los procesos.

48. Concluye que existe una absoluta falta de fundamentación propia del decreto de destitución, pues no basta el reenvió a la vista fiscal, sino que el acto administrativo propiamente tal debe tener sus propios argumentos de hecho y de derecho, lo que no se observa en lo más mínimo en el decreto de destitución como en el que resuelve la reposición, dicho de otro modo, debe el acto sancionatorio bastarse asimismo, lo que no ocurre en la especie.

II. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AMENAZADAS O CONCULCADAS POR LAS ACCIONES Y OMISIONES QUE SE DENUNCIAN.

1. Afirma que, como se observará por la I. Corte, en primer término, se vulneró la garantía del Art. 19 N°1 de la Constitución Política de República, por haber decretado la diligencia de la toma de declaración estando bajo licencia que consignaba reposo absoluto, no permitiéndose en hacer uso de su derecho a declarar al terminar su periodo de licencia, amenazando arbitrariamente su garantía de mantener su integridad física y psíquica, a querer realizar una diligencia con una persona que por prescripción médica debía guardar reposo absoluto, no permitiendo hacer uso de un derecho opcional que el mismo fiscal otorgó.

2. Del mismo modo, se conculca la garantía del Art. 19 N°2 de la Constitución Política de República, por cuanto la falta de motivación propia y/o la solamente formal, atentan contra la igualdad ante y la proscripción de diferencias arbitrarias, ello ocurre tanto con el acto originario de destitución de su representada (Decreto N°5109-2021), como en el acto culmine del proceso administrativo, (Decreto 2304-2022) que resuelve la nulidad y la reposición del acto originario, pues se replica la falta de fundamentos al no acogerse las vías de impugnación ejercidas.

Precisa que se conculca las garantías del Art. 19 N°2 y la del Art. 19 N°24, ambas de la Constitución Política de Republica, al no ordenar el pago de las remuneraciones correspondientes pues, se afecta flagrantemente el derecho de propiedad a las mismas, como también su falta de motivación la constituye una discriminación arbitraria y una falta a la igualdad ante la ley. Lo expuesto pues, habiéndose decretado la nulidad de los decretos municipales anteriores N°616 y 954 de 2021 en cumplimiento de lo resuelto por la Contraloría, no habiendo ningún acto formal anterior al Decreto N°5109-2021, de 2 de diciembre de 2021, que desvincule a su representada en forma definitiva de su cargo, siendo la suspensión sólo una medida preventiva, no dando razón alguna para rechazar el pago de dichas remuneraciones de su representada desde febrero de 2021, omisión ilegal y arbitraría que debió ser enmendada, cuestión que no se subsana, no dando ningún argumento para ello.

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesta acción de protección a favor de doña nombre reservado, ya individualizada, en contra la ILTRE. MUNICIPALIDAD DE VILCÚN, representada por su ALCALDESA DOÑA KATHERINNE TATIANA MIGUELES MUÑOZ o quien la subrogue legalmente; por haber dictado el acto administrativo contenido en el Decreto N°2304 fechado el 30 de mayo de 2022, notificado (inválidamente) el 31 de mayo de 2022, a través de la secretaria del suscrito, el que rechazó la nulidad administrativa y reposición subsidiaria del decreto sancionatorio Nº5109 del 2 de diciembre de 2021, de la I. Municipalidad de Vilcún, que dispuso la destitución de su representada, solicitando se declare admisible para que, previo informe o a falta de éste, se acoja el recurso en todas sus partes, disponiendo que se dejan sin efecto los decretos antes mencionados (Decreto N° 2304-2022 y Decreto N° 5109-2021), ordenando se reabra la etapa de sumario, realizando las diligencias faltantes o, derechamente, ponderando cada una de las piezas del expediente sumarial, se ordene dejar sin efecto la destitución, por no estar motivados materialmente los decretos señalados y no ser existir proporción alguna entre la conducta funcionaria, que se desprende de la propia investigación administrativa, y la sanción impuesta a la amparada de protección a quién represento; ordenando además, el pago de las remuneraciones de su representada desde febrero de 2021 a la fecha, con todas sus asignaciones y reajustes, o hasta el mes que S.S.I. determine conforme a la ley y al mérito de los antecedentes.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes:

1. Copia del Decreto N° 2304 fechado el 30 de mayo de 2022, notificado el 31 de mayo de 2022.

2. Copia del acta de notificación del Decreto N° 2304 fechado el 30 de mayo de 2022, notificado el 31 de mayo de 2022.

3. Copia de Decreto Municipal Nº 5109 del 2 de diciembre de 2021, de la I. Municipalidad de Vilcún.

4. Copia de mandato judicial conferido al suscrito por doña nombre reservado.

A folio 11, informa FRANCO CARRASCO RUBILAR, abogado la recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILCÚN, quien dice:

Que, la Municipalidad de Vilcún, por intermedio de esa defensa, niega y controvierte cada uno de los hechos invocados por la actora en su libelo de protección, excepto respecto de aquellos que se manifieste expresamente lo contrario en el transcurso de su presentación.

Asentado lo anterior, estima pertinente contextualizar la decisión administrativa que se objeta por la recurrente, examinando los hechos y resoluciones más relevantes relacionados a ella.

Dice que, mediante el Decreto N°248 de fecha 14 de febrero de 2019, la entidad consistorial recurrida instruyó un sumario administrativo con la finalidad de esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en los hechos de que da cuenta el Ord. N°158 de fecha 08 de febrero de 2019, remitido por el Juez de Policía Local de Vilcún, don Claudio Jofré Standen.

Agrega que, con fecha 09 de mayo de 2019, el Fiscal hizo entrega de su vista, proponiendo la destitución de las entonces funcionarias doña nombre reservado –recurrente– y de doña nombre reservado.

Posteriormente, mediante Oficio N°6.078 de fecha 06 de septiembre de 2019, la Contraloría Regional de La Araucanía, ordenó al municipio retrotraer el sumario administrativo a la etapa indagatoria, procurando agotar los medios disponibles para obtener la declaración de ambas inculpadas. Esta instrucción del ente de Fiscalización se cumplió mediante el Decreto N°1412 de fecha 10 de octubre de 2019, ordenándose la reapertura del proceso disciplinario.

Después, el día 26 de enero de 2021, el Fiscal hizo entrega de la vista fiscal correspondiente.

Precisa que, a través del Decreto N°616 de fecha 12 de febrero de 2021, la corporación edilicia aprobó íntegramente la vista fiscal, aplicando a doña nombre reservado y a doña nombre reservado la medida disciplinaria de destitución y que, esa resolución fue notificada al abogado don Javier Jara Müller, en representación de doña nombre reservado, quien interpuso nulidad administrativa y recurso de reposición subsidiario en su contra.

Expone que, aquella presentación de la inculpada doña nombre reservado fue resuelta por la máxima autoridad comunal por medio del Decreto N°954 de fecha 08 de marzo de 2021, siendo rechazada en todas sus partes y que, enseguida, la asesoría letrada de doña nombre reservado interpuso recurso de reclamación del artículo 156 de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (en adelante “el Estatuto” o “el Estatuto Municipal”), en contra del precitado Decreto N°954 de fecha 08 de marzo de 2021.

Aclara que, la Contraloría General de la República, dictando el Oficio N°3.078 de fecha 15 de junio de 2021, acogió el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente, sólo en cuanto a su alegación de falta de fundamentación de los Decretos N°616 y 954, ya singularizados, por no ajustarse a lo prescrito en el artículo 41 inciso 4° de la Ley N°19.880, sobre Bases Generales de los Procedimientos Administrativos (en adelante también “LBPA”), ordenándosele a este municipio dejar sin efecto dichos actos administrativos y retrotraer el estado del proceso sumarial a la etapa de dictarse una nueva resolución terminal.

La Municipalidad de Vilcún requirió la reconsideración de dicha instrucción, lo cual fue desestimado por el Órgano de Fiscalización Regional en su Oficio N°4.621 de fecha 21 de septiembre de 2021, reiterando lo resuelto en su Oficio N°3.078 anteriormente citado.

Indica que, en cumplimiento de lo anterior, el municipio recurrido dictó el Decreto N°5109 de fecha 02 de diciembre de 2021, en cuya virtud dejó sin efecto el Decreto N°616 de fecha 12 de febrero de 2021 y el Decreto N°954 de fecha 08 de marzo de 2021; aprobó el sumario administrativo y la vista fiscal de don nombre reservado, en su calidad de fiscal sumariante y aplicó a las funcionarias doña nombre reservado, administrativa grado 17° EM y a doña nombre reservado, técnico planta grado 14° EM, la medida disciplinaria de destitución prevista en el artículo 123 del Estatuto Municipal. Este decreto fue notificado a la asesoría letrada de doña nombre reservado, el día 06 de diciembre de 2021 y personalmente a doña nombre reservado el día 10 de diciembre de la misma anualidad.

Los fundamentos que, en síntesis, sirvieron para dictar este decreto alcaldicio fueron, a saber:

En primer lugar, por mandato del artículo 6° de la Ley N°10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República, el municipio se encontraba en la obligación de dar cumplimiento a lo ordenando en el Oficio N°4.621 de fecha 21 de septiembre de 2021 ya citado, a fin de dictar un nuevo acto administrativo que se pronunciara fundadamente sobre la vista fiscal (considerando 18°).

En segundo lugar, el Sr. Alcalde (S), compartiendo lo aseverado por el Fiscal sumariante y, con arreglo a las probanzas incorporadas al proceso, tuvo por acreditado que las funcionarias doña nombre reservado y doña nombre reservado desempeñaron funciones en dependencias del Juzgado de Policía Local de Vilcún y que, en ese contexto, cobraron y recepcionaron recursos municipales por concepto de multas aplicadas por sentencias dictadas por dicha judicatura, durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (considerandos 19° y 20°).

Tercero, se determinó que ambas servidoras públicas no se encontraban facultadas ni investidas para llevar a cabo aquel cobro ni aquella recepción de recursos municipales y fiscales (considerando 21°).

En cuarto orden, se tuvo por demostrado que las dos inculpadas, cobraron y recaudaron aquellos dineros, manteniéndolos en su poder, procediendo a ingresarlos en las arcas municipales sólo una vez que les fue requerido por la Secretaria del mismo tribunal, constituyendo dicha situación una retención indebida o injustificada de fondos municipales (considerando 22°).

En quinto lugar, el decreto se pronunció sobre los cargos fiscales y los descargos formulados por la defensa de una de las inculpadas –la actora de autos– y, aceptando las conclusiones del Fiscal, se resolvió en tener por no desvirtuadas las imputaciones, debiendo mantenerse íntegramente los cargos que les fueron atribuidos en su oportunidad (considerandos 23° a 30°).

En sexto lugar, el referido Decreto N° 5109 de fecha 02 de diciembre de 2021, en lo medular determinó que, las pruebas acumuladas en el expediente sumarial permitieron a la autoridad comunal tener por superada la presunción de inocencia que les asistía a las inculpadas, sin que la defensa de una de ellas –doña nombre reservado– hubiere aportado al proceso otros elementos con mayor fuerza de convicción que autorizaran a tener por desvirtuada la acusación fiscal, conforme a los puntos N° 4.3 y 5 de su informe final (considerando 31°).

Por último, la autoridad comunal determinó que, efectivamente, los hechos demostrados en el proceso disciplinario dan cuenta, respecto de ambas inculpadas, de una abierta transgresión al artículo 62 N° 3, 4° y 8° de la Ley N°18.575, Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante “Ley de Bases de la Administración”), en relación al artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, lo que constituye una falta grave al principio de probidad administrativa, sancionable con la destitución, de acuerdo al artículo 123 de dicho cuerpo normativo. Y, asimismo, los hechos acreditados constituyen una vulneración a la prohibición prevista en el artículo 82 letra a) del Estatuto (considerandos 32° y 33°). Por estas razones, la autoridad edilicia determinó aceptar las conclusiones fiscales y aplicar a ambas sumariadas la sanción de destitución.

Con fecha 13 de diciembre de 2021, el letrado don Javier Jara Müller, en representación de la ocurrente, interpuso recurso de nulidad administrativa y recurso de reposición subsidiario en contra del Decreto N°5109 de fecha 02 de diciembre de 2021, el cual también ha sido impugnado ante esta Magistratura.

Finalmente, la máxima autoridad comunal dictó el Decreto N°2304 de fecha 30 de mayo de 2022, por el cual desestimó la nulidad administrativa impetrada y rechazó fundadamente el recurso de reposición subsidiario, confirmándose lo resuelto en el Decreto N° 5109 de fecha 02 de diciembre de 2021.

En paralelo, por los hechos ya descritos, el municipio de Vilcún, con fecha 20 de junio de 2019, dedujo querella criminal en contra de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, por su participación como coautoras en la comisión de los delitos previstos y sancionados en los artículos 233 y 239 del Código Penal, la cual fue sustanciada bajo el RIT N° 3492-2019 del Juzgado de Garantía de Temuco. Con fecha 15 de julio de 2022 se celebró audiencia de juicio abreviado sólo respecto de doña nombre reservado –la otra imputada justificó su inasistencia por encontrarse con licencia médica–, en la que se dictó sentencia en la que se le condenó como autora del delito de exacción ilegal, previsto y sancionado en el artículo 157 inciso 2° del Código Penal, en relación al artículo 467 del mismo cuerpo normativo, a la pena de presidio menor en su grado medio y una multa de un tercero de Unidad Tributaria Mensual (UTM) y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena. La referida pena privativa de libertad se sustituyó por la de remisión condicional por el lapso que dure la misma, a la luz de lo señalado en el artículo 4° de la Ley N° 18.216.

Con relación a la actora de autos, doña nombre reservado, el Juzgado de Garantía de Temuco reprogramó la audiencia de procedimiento abreviado para el día 03 de septiembre de 2022 a las 10:30 horas, quedando notificada de ello a través de su abogado defensor.

LA MUNICIPALIDAD DE VILCÚN NO HA INCURRIDO EN UNA ACCIÓN U OMISIÓN ILEGAL NI ARBITRARIA.

Para que una acción de protección de garantías constitucionales como la de la especie pueda prosperar, se debe sustentar en la existencia de un acto u omisión ilegal de la persona en contra de quien se dirige. Es decir, el acto u omisión debe contrariar una norma de derecho positivo. Asimismo, esta acción puede encontrar su sustento en un acto u omisión arbitrario, esto es, caprichoso, injustificado, sin fundamento ni motivo lógico o racional.

En ambas hipótesis –ilegalidad o arbitrariedad–, la acción u omisión debe implicar una amenaza, conculcación o privación de los derechos y garantías constitucionales de la persona que ocurre ante la judicatura, lo que en la especie no se cumple, según se indicará.

En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

La recurrente alega una vulneración al artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, esto es, la garantía a su integridad física y psíquica, por haberse decretado la diligencia de toma de declaración estando bajo licencia médica y por no habérsele permitido declarar una vez concluido dicho reposo médico. Bajo su particular opinión, estos hechos habrían amenazado arbitrariamente la garantía constitucional de mantener su integridad física y psíquica.

Sobre el punto resulta pertinente hacer presente que esta alegación ha sido sostenida tenaz y reiteradamente por la defensa de doña nombre reservado, tanto durante el proceso disciplinario, como ante la Contraloría Regional de La Araucanía.

En sede administrativa esta alegación fue desestimada puesto que, conforme a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, obligatoria para este municipio, si bien la Administración del Estado no puede adoptar una decisión que conculque el descanso que implica una licencia médica, lo cierto es que en atención al interés público comprometido en el esclarecimiento de los hechos que pudieran implicar una infracción a los deberes funcionarios, en caso que sea necesario notificar a un servidor que se encuentre haciendo uso de reposo médico para que declare ante un investigador o un fiscal, se deben ejecutar toda las diligencias tendientes a ese objetivo (aplica dictámenes N° 7012 de 2016 y 26.041 de 2017). Por lo demás, la misma jurisprudencia administrativa ha zanjado la cuestión señalando que, la falta de declaración del inculpado en un proceso disciplinario no es un vicio de carácter esencial, cuando previamente se le haya citado de conformidad a la Ley N°18.883, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 inciso 2° de la Ley N° 19.880.

Es así como, teniendo la diligencia de declaración de la inculpada un interés público comprometido, estando ajustada a lo prescrito en los artículos 129 y 130 de la Ley N° 18.883 y encontrando además amparo en la jurisprudencia administrativa del ente Contralor, no se divisa la ilegalidad que indeterminadamente se ha invocado por parte de la recurrente. Por lo demás, estando suficientemente justificada la necesidad de que declarase en el sumario administrativo, cuestión que de sus propios escritos se deprende que tenía la voluntad de cumplir, malamente podría entenderse que la decisión del Fiscal sumariante y de la Municipalidad fue arbitraria o caprichosa.

En consecuencia, la acción de protección impetrada en contra del municipio de Vilcún deberá ser desestimada por este concepto.

En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Enseguida, la recurrente esgrime que, en la especie, se habría infringido su garantía constitucional de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, toda vez que, a juicio suyo, tanto el Decreto N° 5119 de fecha 02 de diciembre de 2021, que dispuso la aplicación de la sanción de destitución, como el Decreto N°2304 de fecha 30 de mayo de 2022, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de aquél, habrían sido dictados sin suficiente motivación al no acogerse las vías de impugnación deducidas.

Explica que, el Decreto N°5119 de fecha 02 de diciembre de 2021 habría hecho un mero reenvío a la vista fiscal y a los cargos formulados en la etapa indagatoria. Sobre tal afirmación, podrá advertir de la sola lectura de dicho acto administrativo que en él se desarrollaron suficientemente todas las consideraciones de hecho y de derecho, conforme lo ordenan los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4°, ambos de la LBPA. A mayor abundamiento, en los considerandos 19° a 30° del precitado Decreto N°5119 datado el 02 de diciembre de 2021, se observa que la máxima autoridad comunal examinó pormenorizadamente las presentaciones y actuaciones contenidas en el expediente disciplinario, para luego, en los considerandos 31° a 34° pronunciarse sobre las conclusiones a las que arribó el Fiscal, aprobándolas íntegramente y, adoptando la decisión de aplicar la destitución de ambas inculpadas, en los términos prescritos en el artículo 123 del Estatuto Municipal.

Luego, en el Decreto N°2304 de fecha 30 de mayo de 2022, que se pronunció sobre la nulidad administrativa y el recurso de reposición subsidiario impetrado por la defensa de doña nombre reservado, nuevamente se examinaron y consignaron las actuaciones relevantes del proceso disciplinario.

Asimismo, en dicho acto administrativo se desarrollaron los fundamentos invocados por la recurrente y, a renglón seguido, la autoridad edilicia, ponderándolos junto a las probanzas incorporadas al expediente, decidió desestimar las alegaciones de la defensa, confirmando lo resuelto en el Decreto N°5119 de fecha 02 de diciembre de 2021.

Hace presente que, las alegaciones deducidas por la defensa de la actora fueron las mismas que se invocaron ante la Contraloría Regional de La Araucanía en el recurso de reclamación que ella dedujo de conformidad a lo previsto en el artículo 156 de la Ley N°18.883, siendo también desestimados por dicho organismo, aceptándose sólo aquella sobre falta de fundamentación respecto del Decreto N°616 de fecha 12 de febrero de 2021 que, en primera instancia, había dispuesto su destitución. Fue precisamente que, en base a lo instruido por la Contraloría Regional de La Araucanía, que se dictó el Decreto N°5119 de fecha 02 de diciembre de 2021, en la que se plasmaron detalladamente los motivos por los que el municipio decidió aplicar la sanción ahora objetada.

Solicita rechazar la acción de protección deducida en contra de la Municipalidad de Vilcún, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Expediente sumarial, en 3 tomos;

2. Decreto N° 248 de fecha 14 de febrero de 2019;

3. Oficio N° 6078 de fecha 06 de septiembre de 2019;

4. Decreto N° 1412 de fecha 10 de octubre de 2019;

5. Decreto N° 1926 de fecha 04 de diciembre de 2019;

6. Oficio entrega Vista Fiscal, de fecha 25 de enero de 2021;

7. Decreto N° 616 de fecha 12 de febrero de 2021;

8. Presentación de don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en cuya virtud interpuso nulidad administrativa y reposición en contra del Decreto N° 616 de fecha 12 de febrero de 2021.

9. Decreto N° 954 de fecha 08 de marzo de 2021;

10. Oficio N° 3.078 de fecha 15 de junio del año 2021, de la Contraloría Regional de La Araucanía, que acogió parcialmente el recurso de reclamación deducido por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado;

11. Reconsideración deducida en contra del precitado oficio, interpuesta por la Municipalidad de Vilcún;

12. Oficio N° 4.621 de fecha 21 de septiembre de 2021, de la Contraloría Regional de La Araucanía, que rechazó la reconsideración mencionada en el numeral precedente.

A folio 14, la recurrida acompaña:

Resumen escriturado de la Sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de la ciudad de Temuco en Audiencia de procedimiento Abreviado de fecha 26 de Septiembre del año 2022, causa ROL Ordinaria 3492-2019, en contra de la recurrente de autos, doña nombre reservado, condenándosele como autora del delito consumado de Exacciones ilegales cometidas por Funcionario Público, previsto en el Artículos 157 en relación al 467 del Código Penal.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso su agregación extraordinaria de esta causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de autos ha sido deducido en contra del Decreto N°2304 de fecha 30 de mayo de 2022, por el cual rechazó incidente de nulidad y, en subsidio del recurso de reposición del Decreto sancionatorio N°5109 de fecha 02 de diciembre de 2021, de la Municipalidad de Vilcún, que dispuso la medida de destitución de la recurrente nombre reservado.

Su acción se funda en que la sanción deviene de un proceso administrativa llevado a efecto con múltiples falencias, irregularidades, omisión de diligencias.

La pretensión de la recurrente, en términos generales, es obtener se reabra la etapa de sumario o bien dejar sin efecto la sanción aplicada; ordenando además el pago de las remuneraciones desde febrero del año 2021, a la fecha.

SEGUNDO: Cabe hacer presente que, en esta sede jurisdiccional, resultan ser hechos no controvertidos los siguientes:

1.- La recurrente, funcionaria del Juzgado de Policía Local de Vilcún, fue objeto de un sumario administrativo a fin de determinar su responsabilidad, por infracción al principio de probidad administrativa.

2.- Que se acreditó, en el sumario que, las funcionarias doña nombre reservado y doña nombre reservado desempeñaron funciones en dependencias del Juzgado de Policía Local de Vilcún y, que, en ese contexto, cobraron y recepcionaron recursos municipales por concepto de multas aplicadas por sentencias dictadas por dicha judicatura, durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (considerandos 19° y 20°). Además, se determinó que ambas servidoras públicas no se encontraban facultadas ni investidas para llevar a cabo aquel cobro ni aquella recepción de recursos municipales y fiscales.

3.- Que la recurrente fue sancionada con la medida de destitución, según Decreto N°2304 de fecha 30 de mayo de 2022, por el cual rechazó incidente de nulidad y en subsidio de recurso de reposición del Decreto sancionatorio N°5109 de fecha 02 de diciembre de 2021, la Municipalidad de Vilcún.

TERCERO: Que, para analizar el asunto planteado en estos autos, resulta conveniente consignar, primeramente que, tal como ha expresado con reiteración la Excma. Corte Suprema de Justicia, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, resulta ser que, la naturaleza de la acción de protección y el procedimiento especial dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear esta vía para la solución del conflicto sub lite puesto que, la materia en que se basa el libelo junto a no ser la vía, excede el ámbito de este recurso. En efecto lo que se pretende es que esta Corte se pronuncie respecto de la forma llevada a cabo el procedimiento sumarial incoado, con el fin de revisar la prueba ofrecida, hacer una nueva valoración, aceptar otra, declarar infracciones cometidas en su tramitación, anular el sumario administrativo, para que, en los hechos investigados finalmente se aplique una sanción menor a la recurrente.

QUINTO: Que, el fundamento en que se apoya el recurso resulta ajeno a una acción cautelar, más aun, cuando el propio recurrente, ha recurrido al procedimiento especial de reclamo ante la Contraloría General de la República, por lo que, en consecuencia, no es posible revertir el proceso administrativo a través de esta acción cautelar.

SEXTO: Que, en cuanto la vulneración de la garantía consagrada en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y que la hace consistir en no haber percibido la recurrente su remuneración desde febrero de 2021 a la fecha, por lo que pide se ordene el pago de ella, con todas sus asignaciones y reajustes, preciso es señalar que esa pretensión tampoco podrá ser oída por cuanto, durante todo el periodo por el cual pretende se le remunere, no prestó servicio para la recurrida, motivo por el cual, no se encuentra justificado el pago que pretende, toda vez que la remuneración es el pago o retribución de un servicio o trabajo establecido en el contrato de trabajo y, sin ningún servicio haya prestado para la recurrida durante el periodo señalado, no aparece un fundamento para que se pueda disponer por esta Corte que le corresponda percibirlo.

SÉPTIMO: Que, resulta establecido que los actos administrativos atacados son, el Decreto N°2304 de fecha 30 de mayo de 2022, por el cual rechazó incidente de nulidad y en subsidio de recurso de reposición del Decreto sancionatorio N°5109 de fecha 02 de diciembre de 2021, la Municipalidad de Vilcún, por el que dispuso la medida de destitución de la recurrente.

OCTAVO: Que los decretos antes señalados, son actos administrativos, que se encuentran amparados por la presunción de legalidad consagrada en el artículo 3° de la Ley N°19.880 de Bases sobre Procedimiento Administrativo, sin que tampoco se advierta arbitrariedad alguna en lo dictaminado, sin perjuicio que pudo hacer uso en su oportunidad de todos los recursos que el procedimiento administrativo le permitió.

Por estas consideraciones, conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por a favor de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Roberto Fuentes Fernández.

Rol N° Protección-28832-2022.(jog)