nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien dice:

Que, vengo en interponer acción de protección, en contra de nombre reservado, SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL.

Que, se recurre de protección en contra de la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-30634-2020, de 12 de abril de 2020, que rechazó apelación de sus licencias rechazadas por Compin de la ciudad de Angol por mis Licencia Médica FOLIO N° 38304278 con fecha 22/11/2018 reducida por 15 días, 38304283 con fecha del 22/12/2019 38304288 con fecha 22/01/2019.

Que, existe una contradicción de la entidad, en el sentido de tener los antecedentes médicos actualizados con informes de dos especialistas de Psiquiatra fecha 24/02/2020 y de la psicóloga fecha 24/01/2020 sin embargo ha rechazado Licencia por “rechazo por reposo injustificado” fecha de la última resolución 12/04/2020 firmado electrónicamente por nombre reservado.

Perturbando el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que asiste al recurrente respecto del contrato de trabajo, toda vez que dicha actitud determinada en forma unilateral e injustificada por la recurrida, afecta en forma directa mi patrimonio, al obligársele a efectuar sin la debida justificación, una disminución del patrimonio de mi familia y salud mental.

Solicita se sirva tener por interpuesta Acción Constitucional de Protección en contra del Sr. nombre reservado, representado legalmente con firma electrónica SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL, ambos ya individualizados, acogerlo a tramitación, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle a mi parte la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, y en definitiva, ordenar que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal del rechazo de Licencias médicas N°38304278-38304288-38304283 según RESOLUCION N° 22419-2020 CON FECHA 12 de Abril del 2020.

Ordenando que se me aprueben mis licencias médicas rechazada, ya que, en ella se da cuenta de una patología cierta que requiere tratamiento por un largo tiempo ya que yo no me encuentro con licencias psiquiátricas solo estoy con tratamiento con fármacos Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resoluciones Nº 12367-2019 del 10/04/2019-Nº 42981-2019 del 12/09/2019- Nº 7695-2020 del 30/01/2020- Nº 22419-2020 del 12/04/2020 2.- Recurso de Reposición COMPIN de las licencias con fechas 38304288 con fecha12/02/2019 38304283 del 22/02/2019 38304278 con fecha 22/01/2019 3.- Certificado psiquiatra nombre reservado actualizado del 24/02/2020 4.- Certificado psicóloga nombre reservado actualizado del 24/02/2020 5.- Fotocopias de recetas de fármacos y tratamiento para mi asma y hipertensión 6.- Carta Presidente de la Republica 7.- Copia Cedula de Identidad 8.- Apelación de licencias en Suseso Temuco 104077 con fecha 13/01/2020 Apelación de licencias en Suseso Temuco 156520 con fecha 09/03/2020.

A folio 8, informa SUSESO, quien dice:

Solicito en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA.

1.-Como consta de la copia del expediente administrativo código R-24419-2020, el 9 de marzo de 2020, recurrió a esta Superintendencia la sra. nombre reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-DASU-08039-2020 de fecha 30 de enero de 2020, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 38304278, 38304283, 38304288, extendidas por un total de 90 días a contar del 22 de noviembre de 2018, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-30634-2020, de 12 de abril de 2020, y previa solicitud de informe de parte de mi representada del estudio de los antecedentes del caso, este Servicio concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 38304278, 38304283, 38304288, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados (no protocolizados ni amplios ni fundados, sin plan de tratamiento) no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 209 días continuos y por la misma patología”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 38304278, 38304283, 38304288, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 26 de abril de 2020, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por esta Superintendencia respecto de las licencias médicas N°s 38304278, 38304283 y 38304288.

En efecto, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-S-06076-2019, de 10 de abril de 2019, este Servicio resolvió el reclamo que efectuó la Sra. nombre reservado el día 19 de febrero de 2019, por cuanto la SUBCOMISIÓN MALLECO -COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó la reducción a 15 días el período de la licencia N° 38304278, emitida inicialmente por un total de 30 días a contar del 22 de noviembre de 2018 y el rechazo de las licencias médicas N°s 38304283, 38304288, extendidas por un total de 60 días a contar del 22 de diciembre de 2018.

Ahora bien, esta Superintendencia, previa solicitud de informe de parte de mi representada del estudio de los antecedentes del caso, concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 38304278, 38304283, 38304288, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma la reducción de la licencia N°38304278 y el rechazo de las licencias médicas N°s 38304278, 38304283, 38304288, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Lo anterior se reafirma en el sentido que, mediante una presentaciòn de 11 de junio de 2019, la Sra. nombre reservado recurrió a esta Superintendencia solicitando que se reconsidere el dictamen N° R-01-S-06076-2019, de fecha 10 de abril de 2019 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 38304278, 38304283 y 38304288, extendidas por un total de 90 días a contar del 22 de noviembre de 2018, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-S-41042-2019, de 12 de septiembre de 2019, y previa estudio por parte de mi representada de los antecedentes del caso, concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 38304278, 38304283, 38304288, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los nuevos antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 38304278, 38304283, 38304288, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

De esta forma, la Sra. nombre reservado ya conocía el rechazo de sus licencias médicas con una fecha muy anterior a la de la solicitud de reconsideración que originó la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-30634-2020, de 12 de abril de 2020, contra la cual la interesada ejerció la Acción de Protección.

Por lo anterior, se evidencia que ya desde a lo menos UN AÑO antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas N°s 38304278, 38304283 y 38304288.

Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En consecuencia, el recurrente, si estimaba que las resoluciones de esta Superintendencia que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante SS.- ILTMA., tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, los rechazos de estas licencias médicas fueron dispuestos por esta Superintendencia a lo menos UN AÑO atrás y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 26 de abril de 2020 en contra de mi representada, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula. En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Solicito se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio:

Antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, de SS., solicito se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

Informando el recurso señala, La Dra. nombre reservado., de esta Superintendencia, el día 10 de abril de 2020, manifestó, respecto de las licencias médicas N° 38304278 38304283 y 38304288:

“R-22419-2020, reconsideración RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-41042-2019 de fecha 12 / 09 / 2019 (expediente R-7695-2020 no es reconsideración porque no dio curso al reclamo).

“nombre reservado RUT:RUT reservado FONASA 46 años. Trabaja en educación en municipalidad.

“Reclamo ingresado el 9 de marzo del 2020 por reducción 15 días del período y rechazos respectivos de licencias por reposo injustificado. Folios de licencias Nºs: 38304278 38304283, 38304288, extendidas por un total de 90 días a partir del 22-11-2018. Emitidas por Dr. nombre reservado, alto emisor, psiquiatra, modalidad institucional, con diagnóstico de Trastorno depresivo.

“Expedientes relacionados: R-33146-2019 ( confirma el rechazo de 2 LMs por 45 días desde el 22-2-2019 )

“Acumula un total de 314 días de reposo por causa psiquiátrica.

“209 días ya autorizados previos a los reposos reclamados.

“LMs posteriores a las reclamadas ya están rechazadas por SUSESO.

“Reposos por salud mental se continúan con LMs por displacía cervical leve, nuevamente por salud mental y luego por reposos prolongados por TMT hasta la actualidad.

“Cuento con los siguientes antecedentes relevantes para el caso:

“-Reclamo hecho a dirección de gestión ciudadana.

“-Certificado de atención psicológica en hospital.

“-Informe de médico tratante fechado el 24-2-2020, consta que estaría en tratamiento en hospital desde mediados del 2018 por síntomas anímicos inespecíficos ante conflictos laborales luego de haber realizado denuncias en su trabajo. En la evolución habría presentado " ideas auto agresivas”. Mutualidad califica el caso como común. No agrega más información. Informe de diciembre del 2019 no agrega mas datos. Informe de enero del 2019, más extenso, pero mayormente ilegible, se reconocen diagnósticos de episodio depresivo, TAG, quiste ovárico, agrega síntomas inespecíficos y estresores laborales (no logro obtener mayor información sobre ello), con indicación de Venlafaxina 225mg y Probablemente Clonazepam.

“-Carnet de control por distintas morbilidades como hipertensión, miomatosis, etc.

“Ante los antecedentes entregados que son escuetos y vagos, los cuales sólo permiten aclarar somera, parcial y tangencialmente la complejidad del cuadro de la reclamante (estresores y síntomas sin mayor descripción, temporalidad o escala de gravedad), pero no especifica el impacto funcional de los síntomas, su evolución o tan siquiera la necesidad de mayor ajuste de tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico, los reposos reclamados impresionan no justificados por ser reposos prolongados y sin claro fin terapéutico.

“Los 209 días de reposos ya aprobados, impresionan suficientes para la estabilización de un cuadro con componente reactivo y fóbico y que no ha requerido de evidente ajuste de tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico”.

Es del caso agregar que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “PATOLOGÍAS MENTALES GUÍAS REFERENCIALES DE REPOSO LABORAL”, contempla “Reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a “Cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”.

Por consiguiente es posible observar que la Sra. nombre reservado farías, antes de las licencias médicas rechazadas, ya había cumplido reposo por el diagnóstico de “Otros Trastornos de Ansiedad” por 209 días.

De esta forma, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo otorgado por las licencias médicas N° 38304278 38304283 y 38304288, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. ILTMA., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Cabe hacer presente a SS. ILTMA. que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese ILTMO. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

“Que la aseveración efectuada en el motivo precedente por la recurrida encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente N° 01736-2014-P1, tenido a la vista, en los que no sólo se encuentran las resoluciones impugnadas, sino el examen realizado a la hija de la recurrente en el Centro Radiológico Fleming el día 8 de enero de 2013”.

“Que a la luz de los antecedentes referidos en los motivos sexto y séptimo se aprecia que no aparece desprovisto de fundamento el acto recurrido, desde que no se encuentra acreditada la existencia de la enfermedad por la cual se otorgaron las licencias reclamadas. En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión de la recurrida de rechazar el reclamo del afiliado respecto de las licencias médicas, razón por la que el presente recurso debe ser rechazado”.

Por todo lo anterior, se aprecia que, en la Resolución de esta Superintendencia impugnada por la recurrente, referido a la licencia reclamada, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de la Resolución, en orden a rechazar las licencias médicas N° 38304278 38304283 y 38304288.

Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación, expedientes administrativos, relativos al caso de doña nombre reservado.

A folio 12, informa COMPIN, quien dice:

II.- Los antecedentes evaluados con dichas licencias médicas fueron los siguientes:

1.- Listado Maestro de Licencias Médicas: La recurrente presenta un nutrido historial de licencias médicas; 244 días de reposo autorizados y 30 días rechazados el año 2018; 202 días de reposo autorizados y 60 días rechazados el año 2019; 315 días de reposo autorizados y 30 días rechazados el año 2020; esto, solo considerando los últimos 3 años. Gran parte de estas licencias médicas en el año 2018 fueron otorgadas con Diagnostico de Trastorno Mixto Ansioso Depresivo y/o Trastorno Depresivo, es decir, por salud mental.

2.- Informe de Evaluación Psiquiátrica por Enfermedad Mental N°438, del 09.10.2018, realizado por Dra. nombre reservado, Psiquiatra, el cual concluye (textual):

“1.- Pérdida de Temporalidad del Reposo:

Posterior al peritaje Psiquiátrico, se mantuvo la Autorización de 58 días de reposo laboral por Salud Mental, incluso abarcando hasta el 06 de Diciembre, dándole más tiempo que el señalado por el peritaje realizado, sin embargo, la recurrente, se mantuvo haciendo uso de licencia médica posterior a la fecha estimada por la perito, las cuales se Redujeron y Rechazaron por la causal RESPOSO PROLONGADO, desde el día 07/12/2018, en base al Peritaje Psiquiátrico efectuado, considerando las Guías Clínicas del Decreto Supremo N° 7 del año 2013, Articulo 4o, apartado II, por lo tanto, no se trata de un rechazo arbitrario ni mucho menos caprichoso, puesto que el periodo autorizado a la usuaria de Acuerdo a las Guías Clínicas DS N° 7/13, y el tiempo de uso de licencia médica por la recurrente con diagnostico relacionado a SALUD MENTAL (209 días) ha sido más que suficiente para considerar su reposo laboral como terapéutico.

2.- Guías Referenciales del Área: De acuerdo a las guías referenciales de reposo por trastornos mentales del Decreto 7/2013 en el que señala que después de un plazo de 60 días, el reposo podría prorrogarse hasta un máximo de 180 días, si cuenta con peritaje psiquiátrico que dé cuenta de cuadro clínico de gravedad que impida el desempeño de sus actividades laborales y debe existir refractariedad o resistencia a tratamiento. Con cada episodio clínico se debe considerar para la indicación de reposo laboral: tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales, todo lo anterior no se cumple en este caso, ya que:

- Supera con creces los 180 días de reposo por patología de salud mental, sin necesitar iniciar un trámite de invalidez, sumando 209 días de reposo por salud mental.

- Peritaje del 09.10.2010 que estima reposo suficiente, sin compromiso funcional actual significativo.

3.- Antecedentes Médicos Aportados Insuficientes:

- Del informe médico de Dr. Espejo del 17.01.2019:

El cual no es concluyente respecto al pronóstico de la enfermedad desde el punto de vista laboral y fecha probable de alta de la recurrente.

- Psicoterapia: Inicio de psicoterapia recién el día 24 de Enero de 2019, según certificado presentado.

Por todo lo anterior se consideró que los antecedentes médicos son insuficientes para justificar tan prolongado reposo por Patología de Origen Mental Acompaña su presentación los siguientes antecedentes:

1.- Notificación N° CM4/2318, de la COMPIN Subcomisión Malleco;

2.- Resolución Exenta N° CM4/08, de la COMPIN Subcomisión Malleco;

3.- Notificación N° CM4/ 10, de la COMPIN Subcomisión Malleco;

4.- Notificación N° CM4/ 166, de la COMPIN Subcomisión Malleco;

5.- Resolución Exenta N° CM/2442, de la COMPIN Subcomisión Malleco;

6.- Resolución Exenta N° CM1/5514, de la COMPIN Subcomisión Malleco 7.- Resolución Exenta N° R-01-S-41042-2019, de la SUSESO;

8.- Resolución Exenta N° R-01-IBS-30634-2020;

a) Informe Médico Complementario Dr. nombre reservado; y b) Informe de Evaluación Psiquiátrica por Enfermedad Mental N°438, realizado por Dra. nombre reservado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, por su parte, el artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección establece que el recurso o acción de protección se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

CUARTO: Que, en este orden de ideas, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, del tenor del libelo pretensor se logra desprender que el acto que se reprocha por esta vía es la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-30634-2020, de 12 de abril de 2020.

Por su parte, consta de la tramitación digital de la presente causa que la acción constitucional que nos ocupa ha sido impetrada el día 24 de abril de 2020.

Sin embargo, queda de manifiesto que la recurrente, tuvo conocimiento de la reducción y rechazo de las licencias que se reclama, desde el 30 de enero de 2020, fecha en la cual, la Superintendencia de Seguridad Social rechazó las licencias médicas.

Sin embargo la recurrente, presentó reconsideración, respecto las misma licencias, razón por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, mantuvo su dictamen.

En razón de lo anterior, se estima que el recurso de protección fue presentado en forma extemporánea.

QUINTO: Que, en relación a la alegación de improcedencia de la presente acción formulada en subsidio por la Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que, en la especie, nos encontraríamos ante el derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política del Estado, conviene precisar que las garantías invocadas por la recurrente como vulneradas, conforme se señala expresamente en el escrito pretensor, son aquellas establecidas en el artículo 19 N°24 de nuestra Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad, careciendo de esta forma de asidero la ya referida defensa. Sin perjuicio de lo anterior, no cabe perder de vista que la naturaleza cautelar, excepcional y de emergencia de la presente sede, disponiendo este Tribunal de Alzada de amplias facultades para reestablecer el imperio del derecho, y por tanto, para determinar, sin perjuicio de las alegaciones que pudiesen efectuar las partes sobre el particular, el derecho fundamental, que resultare afectado por la acción u omisión ilegal o arbitraria denunciada, desestimándose de esta manera este segundo capítulo.

SEXTO: Que, cabe consignar que la recurrente, nombre reservado, respecto de la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-30634-2020, de 12 de abril de 2020, dedujo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Dicha resolución confirmó el rechazo, decidido por la Comisión, respecto de la licencia médica extendidas en favor de la recurrente, a contar del 22 de noviembre de 2018, 22 de diciembre de 2019, y 22 de enero de 2019, por 30 días, hecho que afecta sus derechos constitucionales, consagrados en los artículos 19 N°24 de la Constitución Política.

QUINTO: Que, así las cosas, la acción se funda en una discrepancia entre lo resuelto por la recurrida, dentro de sus facultades y en el ámbito de su competencia, y las expectativas de la actora en cuanto acoger el reclamo por el rechazo de sus licencias médicas.

En ese contexto, no es posible calificar de ilegal y arbitraria la decisión adoptada, ya que por una parte, como se ha dicho, fue dictada por el organismo técnico encargado de conocer de estas materias, dentro de las facultades legales y reglamentarias que posee en este ámbito, y por otra, de la lectura de la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-30634-2020, de 12 de abril de 2020, se desprende que cuenta con la fundamentación suficiente, pues indica explícitamente cual es la razón que tiene presente para justificar la decisión que se adopta, esto es:

1.- Resolución de COMPIN, respecto de la licencia que se reclama.

2.- Informe de la Dra. nombre reservado., de esta Superintendencia, el día 10 de abril de 2020. .

De manera tal que satisface los requisitos que exigen el inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N°19.880.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

1.- Se acoge la excepción de extemporaneidad.

2.- Se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2868-2020. (sac)