nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO:

A folio N°22820-2018 comparece SAMUEL TOMÁS SAAVEDRA AVILÉS, Abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, representado por don nombre reservado, por vulnerar el derecho constitucional a la propiedad sobre cosa incorporal, garantizado en el artículo N 19 N° 24 de la Constitución Política del República.

Funda su recurso en que don nombre reservado, es Suboficial del Ejército de Chile, y cumple funciones en la Oficina de Personal del Regimiento de Logística Victoria. En el año 2013, fue sometido a proceso, por la supuesta comisión del delito de falsedad, proceso que está siendo sustanciado por la Fiscalía Militar de Temuco, causa ROL N°49-2013.

Señala que sigue sometido a proceso, pues aún dura el procedimiento judicial militar incoado en su contra, el cual se dictó sentencia de primera instancia, contra la cual se han deducido incidentes de nulidad, y recurso de apelación, por lo que no existe sentencia judicial que esté firme y ejecutoriada que lo declare culpable, y por ende le asiste plenamente la facultad de ser tratado en su calidad de inocente.

Indica que por trámites personales, el día 05 de mayo de 2018, el recurrente debió presentar un certificado de antecedentes penales, constatando en el acto que entre sus antecedentes figura como autor del delito por el que se le sometió a proceso en 2013, proceso en el que aún no hay condena definitiva. Asevera que todo esto pasa por la forma descuidada en que se consigna el asiento registral en el certificado de antecedentes, lo que se evitaría si se antepusiera las expresiones “Procesado en calidad de…”.

Refiere que está siendo privado ilegítimamente de su garantía a la presunción de inocencia, de la cual es titular en propiedad.

Agrega que al revisar con detenimiento, la única glosa que consta en dicho certificado, se percató que dice lo siguiente:

“AUTOR DEL DELITO DE FALSEDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 367 NR. 1,4 Y 5 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 193 N°4 DEL CODIGO PENAL.”

Sostiene que cualquier persona que lea, una glosa de ese tipo, en un certificado de antecedentes no puede distinguir, de forma directa, si esa persona es inocente o culpable. Si está condenado o procesado. De esa simple lectura, se colige, que un organismo público, pero que carece de Jurisdicción, como lo es el Registro Civil e Identificación, está rotulando de culpable a su representado, sin que exista una condena definitiva.

Asevera que lo anterior, le causa un perjuicio al recurrente, pues se le cierran oportunidades laborales extras y de actos jurídicos, y se le priva de su derecho al trabajo y a la honra.

Indica que la Constitución Política de la República, garantiza el derecho a la propiedad de forma amplia, en el numeral 24 del artículo 19. Elevó a rango constitucional el dominio sobre las cosas incorporales, sin siquiera excluir al derecho real de dominio de esta protección, así las cosas uno es dueño, también, de su derecho real de dominio. Esta disposición debe ser complementada con la “garantía del contenido esencial de los derechos” prevista en el artículo 19 Nº 26.

Señala que el derecho a la presunción de inocencia, al ser propiedad de su titular, está “conectado” al derecho de propiedad, y cualquier atentado al primero puede ser protegido con las herramientas jurídicas que consagra el segundo. Es lo que la doctrina constitucional colombiana más avanzada ha dado en llamar “Derechos Fundamentales Por Conexidad”, que son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional sin embargo, les resulta comunicada esta clasificación en virtud de la íntima relación con otros derechos fundamentales de forma que si no fueren protegidos los primeros en forma inmediata, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos.

Sostiene que el derecho a la presunción de inocencia forma parte del bloque constitucional de derechos, porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tales derechos, de acuerdo al artículo 5° inciso 2° de la Constitución, constituyen límites a la soberanía, debiendo ser asegurados y promovidos por todos los órganos del Estado.

Agrega que la presunción de inocencia es el derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les pueda producir.

Agrega que este principio forma parte del derecho al debido proceso, tal como lo establece el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, determinando que una persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, derecho que forma parte del bloque constitucional de derechos en virtud del mandato del artículo 5° inciso 2° de la Constitución, derecho que se incluyó en el artículo 4° del Código Procesal Penal.

Luego de citar abundante doctrina y jurisprudencia relativa al concepto y alcances de la presunción de inocencia sostiene que su representado siendo propietario de su Derecho a ser tenido como inocente, ha padecido injusta e ilegítimamente: la privación, la ilegal expropiación, de este por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien en sus registros de anotaciones penales le tiene como autor del delito que allí se describe.

Pide ordenar que se modifique la glosa actual del Certificado de Antecedentes, por una que, cautele debidamente la garantía de la presunción de inocencia, propiedad del recurrente, que dé cuenta expresamente que está procesado en calidad de autor del delito respectivo, todo con expresa condenación en costas.

Acompañó el certificado de antecedentes, para fines especiales, de don nombre reservado, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 05 de junio de 2018.

A folio N°25007-2018 evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recuso, con costas. Indica que la Ley N°19.477, que Aprueba Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, en su artículo 4, N°1, establece que:

"Son funciones del Servicio:

1. Formar y mantener actualizados, por los medios y en la forma que el reglamento determine, los siguientes Registros:

- De Nacimiento, Matrimonio y Defunción;

- General de Condenas;

- De Pasaportes;

- De Conductores de Vehículos Motorizados;

- De Vehículos Motorizados;

- De Profesionales;

- De Discapacidad;

- De Violencia Intrafamiliar;

- De Consumo y Tráfico de Estupefacientes, y - Los demás que le encomiende la ley".

Asimismo, el citado artículo 4, en su N° 5, dispone que también serán funciones de este Servicio:

"Llevar la filiación penal de las personas, la apertura, actualización y custodia de los prontuarios penales e informar de ellos a los afectados y a las autoridades que la ley establece".

Por su parte, el Decreto N° 64 del año 1960, que Reglamenta la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones, y el Otorgamiento de Certificados y Antecedentes, en su artículo 4, dispone que:

"Los juzgados del crimen o cualquiera otro Tribunal que ejerza jurisdicción en lo criminal enviarán por cualquier medio al Servicio de Registro Civil e Identificación, en tantas como sean las personas afectadas, copia de las siguientes resoluciones, cuando proceda:

1o Autos de procesamiento;

2o Revocatorias de autos de procesamiento;

3o Sobreseimientos definitivos;

4o Sobreseimientos temporales;

5o Sentencias absolutorias y condenatorias".

Señala que recabada la información a la Unidad correspondiente de este Servicio, se ha podido determinar, como consta del extracto de filiación y antecedentes que se acompaña, que don nombre reservado, RUN N°RUT reservado, registra a la fecha una (1) anotación prontuarial en el Registro General de Condenas, a saber:

- Causa Rol N° 49-2013, de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de autor de falsedad previsto y sancionado en el artículo 367 N° 1, 4 y 5 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 193 N° 4 del Código Penal, respecto de la cual a la fecha no se ha recepcionado sentencia alguna.

Afirma que este Servicio, en el extracto de filiación y antecedentes de cualquier persona, consigna lo informado por el Tribunal, en el ítem "Delito", la individualización del delito por el cual fue sometido a proceso la persona cuyos antecedentes se trate, independiente de si a la fecha de la emisión del mismo se haya dictado o no sentencia en la referida causa, y sólo una vez dictada sentencia condenatoria por el Tribunal respectivo e informada por el mismo a este Servicio, en virtud de ello se procede a incorporar en el extracto de filiación y antecedentes la condena impuesta.

En consecuencia, en la causa Rol N° 49-2013, seguida ante la Fiscalía Militar de Temuco, la cual consta en el extracto de filiación y antecedentes del recurrente, sólo se hace mención al delito por el cual se encuentra procesado, sin hacer referencia alguna a la condena, toda vez que a la fecha no se ha recepcionado por este Servicio sentencia alguna dictada por la Fiscalía Militar de Temuco.

Asevera que no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, por lo que no resultaría procedente para este Servicio hacer distinciones de ninguna especie. Las normas jurídicas son iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes.

A folio N°28680-2018 evacua informe el Sr. Fiscal Militar de Temuco, nombre reservado quien señala que se instruye por parte de la Fiscalía Militar de Cautín- Temuco causa rol N° 49-2013, por el presunto delito de Falsedad y/u otros delitos, causa que no se encuentra físicamente en este Tribunal ya que fue remitida para el trámite de consulta a la Ilustrísima Corte Marcial vía Tercer Juzgado Militar el 06 de junio de 2018, no obstante, teniendo a la vista el libro de causas del Tribunal, se informa que el estado procesal de la causa es que se encuentra con sentencia condenatoria de primera instancia en contra de nombre reservado y nombre reservado, como autores de los delitos de falsificación de documentos referentes al Servicio de las Instituciones Armadas previsto y sancionado en los artículos 367 N° 5 del Código de Justicia Militar en relación al artículo 193 N° 1 y 4 del Código de Justicia Militar.

A folio N°105287-2018 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el nombre reservado constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es la anotación efectuada por la recurrida, en el Extracto de Filiación y Antecedentes, del sometimiento a proceso de don nombre reservado en la causa Rol N°49-2013 de la Fiscalía Militar de Temuco, sin anteponer la expresión “procesado en calidad de”, lo que atentaría contra su derecho a la presunción de inocencia.

TERCERO: Que una de las funciones del Registro Civil e identificación, contenidas en el artículo 4° N°1 de la ley Orgánica de dicho servicio N°19.477, es la de formar y mantener actualizados, por los medios y en la forma que el Reglamento determine, entre otros registros, el Registro General de Condenas. Por su parte, el artículo N°5 del mismo artículo indica que debe llevar “la filiación penal de las personas, la apertura, actualización y custodia de los prontuarios penales e informar de ellos a los afectados y a las autoridades que la ley establece”.

A su vez, en el Decreto N°64 del Ministerio de Justicia que “Reglamenta La Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones, y el Otorgamiento de Certificados de Antecedentes”, en su artículo 4° inciso 1° prescribe que: “ Los juzgados del crimen o cualquiera otro Tribunal que ejerza jurisdicción en lo criminal enviarán por cualquier medio al Servicio de Registro Civil e Identificación, en tantas como sean las personas afectadas, copia de las siguientes resoluciones, cuando proceda: 1º Autos de procesamiento; 2º Revocatorias de autos de procesamiento; 3º Sobreseimientos definitivos; 4º Sobreseimientos temporales; 5º Sentencias absolutorias y condenatorias.

Estas resoluciones se comunicarán una vez que estén firmes o ejecutoriadas.”

CUARTO: Que consta en el Extracto de Filiación y Antecedentes acompañado por el recurrente una anotación que indica “Causa: N°49/2013, Tribunal: Fiscalía Militar Temuco, Declarado reo: 19 de diciembre de 2016, delito: autor de falsedad, previsto y sancionado en el artículo 367 N°1, 4 y 5, del Código de Justicia Militar en relación con el artículo 193 N°4 del Código Penal.

QUINTO: Que de la lectura del documento señalado previamente se puede constatar que no existe referencia a la sentencia definitiva dictada en la causa Rol N°49-2013, y por ende, no se hace mención a alguna pena que se habría aplicado en contra del recurrente, sólo se puede observar la individualización de la causa en la que sometió a proceso, que fue declarado reo y el delito por el cual se investiga.

SEXTO: Que este Tribunal estima que la recurrida ha actuado dentro del ámbito de su competencia, limitándose a cumplir la normativa vigente, que establece dentro de sus funciones la de mantener actualizado el Registro General de Condenas, anotando los respectivos autos de procesamiento en virtud de la información que le envían los Tribunales que ejercen jurisdicción en lo criminal.

SEPTIMO: Que atendido lo razonado precedentemente resulta inconcuso que el hecho reprochado no puede estimarse como un acto u omisión arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna las garantías invocadas en la acción constitucional interpuesta.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, el nombre reservado deducido Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Aner Padilla Buzada.

Rol Proteccion N° 2868-2018 Se deja constancia que la Ministra Sra. María Elena Llanos Morales y el abogado integrante Sr. José Martínez Ríos, no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.