nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Temuco Temuco, cinco de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A Folio 1, comparece nombre reservado, Ingeniera, domiciliada domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante “SUSESO”, persona jurídica del giro Institución de Salud Previsional, rut RUT reservado, representada legalmente, su carácter de superintendente subrogante, doña PATRICIA SOTO ALTAMIRANO, cédula de identidad número RUT reservado, ignoro profesión u oficio, o por quien haga sus veces, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Señala la recurrente que, el ejercicio de la presente acción se justifica por cuanto en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente en una resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por el médico tratante - que será́ individualizado más adelante – de su parte, se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la Republica, derechos de los cuales la recurrente es titular y cautelados por la acción de protección; para que resuelva conforme pido en la conclusión y en mérito de lo siguiente:

Al ser este acto ilegal y arbitrario, que tiene como consecuencia el unilateralmente privarme del ejercicio de un derecho, la presente acción es el mecanismo cautelar de emergencia para poner pronto fin a privaciones, perturbaciones y amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales.

I.- DEL PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN. De conformidad al numeral 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, la presente acción constitucional es interpuesta dentro del término legal, por cuanto los actos ilegales y arbitrarios en contra de los que se reclama, se generan a consecuencia de la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UNAAD-84489- 2025, notificados a su contra con fecha 18 de junio de 2025, siendo el plazo máximo para ejercer la presente acción el día 18 de julio de 2025.

II.- HECHOS QUE MOTIVAN EL RECURSO 1.- Que, con fecha 14 de marzo de 2025, se me extendió por mi médico tratante, doña nombre reservado, de especialidad médico psiquiatra adulto, con la cual mantengo un tratamiento médico desde hace más de 2 años, una licencia médico de folio RUT reservado ordenando un reposo por el periodo de 30 días por motivos de padecer yo de un Trastorno mixto de ansiedad y depresión, post parto y Trastorno por ansiedad crisis paroxísticas a consecuencia del nacimiento de mi tercera hija, nombre reservado, con fecha 04 junio de 2024. Dicho padecimiento no solo se origina con este último nacimiento, sino que es una condición que he mantenido desde hace muchos años, con diversos especialistas y médicos tratantes, la que se reactivó con el nacimiento de mi segunda hija nombre reservado, el día 23 de mayo de 2022, generando una condición difícil de sobrellevar y controlar y que se vuelve a manifestar al naciera mi tercera hija Martina. Por lo anterior, se trata de una condición que padezco desde hace muchos años y que ha implicado una fuerte limitación en mi vida, tanto personal, familiar y profesional. 2.- La anterior licencia, de folio 3-20632307, fue extendida entre los días 17 de febrero y 18 de marzo, ambas de 2025, ordenándome reposo total, el que cumplí íntegramente en mi domicilio. 3,.- Sin perjuicio de lo anterior, desde la ISAPRE, COLMENA GOLDEN CROSS S.A., se me emitió RESOLUCIÓN DE LICENCIA MÉDICA, en la cual se ordenaba su rechazo, fundado principalmente en lo siguiente: “según evaluación efectuada por especialista interconsultor externo el 5-12-2024, no se justifica mayor reposo laboral, d.s. n° 3, art. 21 de 1984, minsal. además sin informe médico complementario según decreto 7, minsal 2013. acumula 120 dias de reposo.”

Efectivamente, fui evaluada por un médico interconsultor externo, el que fue determinado por la misma Isapre y que solo realizó una breve y escueta entrevista, que duró menos de 40 minutos y se realizó vía plataforma “zoom” con preguntas vagas y sin sustento, sin ahondar en su situación personal o particular o ahondar en mi diagnóstico. Dicha reunión, más que un análisis clínico serio tuvo la apariencia de entrevista para analizar si yo mentía, donde nunca se hizo el más mínimo intento por conocer mi situación clínica psiquiátrica. Por lo anterior, llama la atención que haya otorgado mayor valoración a lo señalado por éste médico interconsultor, frente a un diagnóstico de una médica psiquiátrica de vasta trayectoria, con la que llevo venía realizando un trabajo desde el día 19 de enero de 2023. En ningún momento se desarrolla alguna razón médica relevante y fundamentada por la cual un médico de evidente menos experiencia, pueda desacreditar un diagnóstico de un especialista del área, con quien mantengo un tratamiento de larga data.

4.- Además de lo anterior, la Resolución es manifiestamente infundada, al no desarrollar ningún aspecto médico y/o técnico con el cual desvirtuar lo señalado por mi médico tratante y solo se limita a señalar que "no se justifica mayor reposo laboral", sin considerar que diagnósticos de depresión pueden extenderse durante años. Sumado a lo anterior, Rechazo carece también de fundamento, toda vez que refiere solo a una cuestión temporal, de 90 días de reposo, sin justificar una supuesta carencia de sintomatología que justifiquen rechazo ni tampoco ahondar en un fundamento técnico que determine porqué exceder de dicho plazo lo tornaría injustificado, más aún cuando se trata de padecimientos psiquiátricos. Sintomatología está vigente, afectando mi vida diaria, lo que justifica el reposo otorgado, lo que se constata con años de evaluaciones con profesional experta del área. Sumado a lo anterior, Resolución también hace referencia a art 21 de D.S. 3-1984, sin embargo, dicha norma no hace referencia a rechazos por cuestiones de extensión prolongada de reposo. Lo único relacionado a dicha norma es lo relativo a Interconsultor, el que fue determinado y señalado por misma isapre, quién no señaló razones técnicas o de fondo que desacrediten diagnóstico de profesional experta del área quién, por lo demás, es mi médico tratante desde hace años. Resolución no menciona razones que me permitan conocer reales motivos del rechazo. Hago presente que esta no es la única licencia que ha sido rechazada por mi ISAPRE, sino que, hasta la presente fecha, van 5 licencias rechazadas en total, lo que me ha generado varios meses de no contar con ingresos para solventar mis gastos diarios ni costear mis tratamientos médicos.

5.- Una vez agotadas las instancias de reclamación ante la misma isapre, recurrí al COMPIN a presentar un reclamo por el rechazo infundado. Este fue resuelto mediante Resolución Exenta Nº 92-25-007493 de fecha 14 de marzo de 2025, el que determinó que el pronunciamiento de mi ISAPRE se encontraba justificado, limitándose a señalar como fundamento, escuetamente, que “la información proporcionada por el cotizante, el médico tratante en la apelación, y por antecedentes previosque constan en nuestro poder, no permiten justificar el período de reposo indicado mediante la licencia médica reclamada. Según lo dispuesto en el art. 21 del D.S. 03/84 del Ministerio de Salud.” Como queda en evidencia, no existe ningún desarrollo respecto a los motivos por los cuales, desde un aspecto médico, se estima que los antecedentes aportados resultan insuficientes para cuestionar el reposo otorgado por una médico especialista del área de psiquiatría de adultos, teniendo como referencia sólo a un facultativo externo, designado por la propia isapre, con el que sostuve una breve reunión inferior a 40 minutos y el que no analizó ningún antecedente psiquiátrico ni realizo prueba alguna en tal sentido.

6.- Respecto de la anterior resolución deduje recurso de REPOSICIÓN ante el mismo COMPIN, el que fue resuelto mediante Resolución Exenta Nº 92-25-009433 de fecha 07 de abril de 2025, en la que, como fundamento, se limitó solo a señalarse como fundamento que “de la revisión de los antecedentes remitidos por el (la) trabajador(a) a esta Comisión, se ha estimado que el pronunciamiento de la Isapre es justificado.”

7.- Dictamen N°R-01-S-67225-2025 de fecha 19 de mayo de 2025.

8.- Respecto de la anterior resolución, con fecha 25 de mayo de 2025, solicité reconsideración dictamen N°R-01-S-67225-2025 de fecha 19 de mayo de 2025, el cual confirmó lo que fue resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN-COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, que mantuvo el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado. Esta última reconsideración fue resulta mediante la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UNAAD-84489-2025, de 18 de junio de 2025. Dicha resolución solo se limitó a señalar lo siguiente: “Que, en primer término, se cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará” Como se logra apreciar, no se señala ningún fundamento técnico o médico que desacredite lo señalado por mi médico especialista, sino que sólo se limita a señalar que analizaron los antecedentes por medio de sus propios especialistas quienes, sin señalar motivos, los habrían considerado como insuficientes para justificar el reposo. Por lo demás, determina el invertir la carga de la prueba, forzándome a mí a acompañar más antecedentes (¿qué otros antecedentes podría tener, si ya acompañé todo lo que corresponde a un tratamiento psiquiátrico?), sin realizar ellos ninguna indagatoria real ni seria para analizar fundadamente mi situación. Por lo anterior, las decisiones adoptadas por la SUSESO se basan en un criterio errado, infundado y abiertamente arbitrario.

II.- DEL IMPACTO EN MI SALUD Y ECONOMÍA Que, producto de lo anterior, a la presente fecha me encuentro sin recibir ningún tipo de ingreso producto de esta situación, ni tampoco cuento con recursos de otras fuentes que me permitan costear mis consumos diarios. Por lo anterior me he encontrado impedida de poder abocarme en mi recuperación y, mucho menos, el poder cumplir con el tratamiento farmacológico que me ha sido recetado por mi médico tratante, lo que ha empeorado mi condición y ha supuesto un retroceso de todos los avances logrados en casi 2 años de tratamiento con su médico especialista. Lo anterior a consecuencia de una decisión arbitraria, ilegal y manifiestamente infundada de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, la que determinó el ratificar lo resuelto tanto por mi ISAPRE como posteriormente por el COMPIN. Hago también presente que esta decisión no solo me afecta a mí directamente, sino también a todo mi núcleo familiar, atendido que tengo 2 hijas menores, de 3 y 1 años actualmente, por lo que resulta indispensable para mí el contar con mi subsidio de reposo laboral a fin de constar sus necesidades básicas. Por lo anterior, encontrarme en esta situación de estrés a supuesto un retroceso evidente en mi tratamiento, al desmejorar de forma considerable en todo lo evolucionado, atendido al estado de angustia que supone no contar con recursos para solventar mi quehacer diario.

III.- ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD DEL RECHAZO Sobre este respecto, es necesario señalar con mucha fuerza y claridad que: 1) La recurrente solo ha sido evaluada vía zoom, en reuniones breves y ambiguas que no superan los 40 minutos, donde no se realiza ningún análisis o test psiquiátrico de consideración ni tampoco se le ha realizado algún tipo de peritaje o evaluación que permita desvirtuar lo que ha sido diagnosticado por una médica especialista y experta del área luego de varios años de tratamiento; Y 2) Que todas y cada una de las licencias están respaldadas por una profesionales tratante, experta en el área quien, luego de años de evaluaciones y sesiones de trabajo, ha ordenado el reposo señalado en la licencia respectiva, a fin de promover mi recuperación. Que, la superintendencia de seguridad social SUCESO al insistir en resolver sin fundamentar técnicamente lo obrado como lo mandata la ley a cualquier funcionario público, como lo es fundar lo obrado (inciso 2º del artículo 11 y el inciso 4º del artículo 41, ambos de la Ley N° 19.880). El primer inciso mencionado dispone: que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. Y el segundo indica que “las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Que, a mayor abundamiento, los artículos 11 inciso 2º y art 41 inciso 4º de la Ley N° 19880, complementado por el artículo 16 del señalado Decreto Supremo N°3 - 1984, el rechazo de la licencia debe ser fundado, indicando las razones de hecho y de derecho que motivan la resolución, cosa que, en este caso, no ocurre sino que se basan en una mera apreciación, sin ningún sustento técnico que, en ningún caso, tiene la fundamentación técnica o profesional suficiente para descartar el diagnostico que me ha realizado ni tampoco los días de reposo que se me han ordenado para mi recuperación. Que, cada una de las licencias médicas se le adjuntaron informes médicos de atenciones presenciales que justifican mi reposo. Por el contgrario, por parte de la recurrida no existe informe médico de especialista complementario o peritaje que contradiga el diagnóstico del profesional tratante, ni tampoco se realiza un mayor análisis de los motivos por los cuales los días de reposo que me fueron ordenados serían “excesivos” en consideración a mi padecimiento. Que, por último, la recurrida con su resolución pretenden traspasar la carga de la prueba lo que es su responsabilidad ya sobre esta el máximo tribunal del país, la carga de probar que el reposo es injustificado corresponde a quien debe emitir el pronunciamiento o resolver el correspondiente recurso administrativo. En sus propias palabras (Corte Suprema, 26 de noviembre de 2018, rol Nº 19005-2018) por lo que resulta del todo arbitrario rechazar un reposo médico que es parte de un tratamiento concedido por facultativos sin ningún antecedente adicional proporcionado por la autoridad recurrida. En suma, la resolución reclamada es contraria a derecho, siendo lo resuelto ARBITRARIO E ILEGAL, por carecer de motivación suficiente, en violación a los artículos 6º, 7º y 8º de la Constitución, a los artículos 11, 13 y 53 de la Ley N.º 19.880, al principio de juridicidad, al debido proceso y a la confianza legítima. Estos vicios esenciales afectan la validez del acto, haciéndolo susceptible de ser invalidado administrativamente, conforme al procedimiento regulado en el artículo 53 de la LBPA. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AFECTADAS Sobre este punto, el artículo 20 de la Constitución Política de la República, establece que quien sea privado, perturbado o amenazado a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagrados en algunos de los numerales del artículo 19 podrá recurrir de protección. Los derechos que se encuentran los vulnerados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL recurrida son: ( Derecho a la integridad física y psíquica (art. 19 N° 1): El rechazo arbitrario de mis licencias ha agravado mi condición de salud, poniendo en riesgo mi recuperación. ( Derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2): Las demoras y fallas administrativas afectan a personas que padecen enfermedades, afectando su capacidad para defenderse frente a un sistema diseñado para defraudarlos, colocándolos en desventaja frente a estos organismos. ( Derecho a la protección de la salud (art. 19 N° 9): Se me han negado los recursos una adeucada recuperación, generándome falta de capacidad económica para poder centrarme en mi mejoría y la compra de mis medicamentos, que en casos de esta naturaleza, son de un alto valor, según es de público conocimiento. ( Derecho a la propiedad privada (art. 19 N° 24): El subsidio por incapacidad laboral, al ser un derecho adquirido, ha sido negado arbitrariamente, afectando mi estabilidad económica. En consecuencia, el derecho constitucional a elegir el sistema de salud de la persona por quien se recurre resulta conculcado por lo cual deberá ser protegido por SSa. Ilustrísima, acogiendo este recurso de protección ordenando a la Isapre recurrida mantener el plan de salud vigente en las mismas condiciones de beneficio y precio.

Solicita el tener por interpuesto el presente recurso de PROTECCIÓN, acogerlo en su integridad y, en definitiva, determinar que ha existido un comportamiento ARBITRARIO E ILEGAL por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por medio de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-84489-2025, la que adolece de evidentes faltas de fundamento, ordenando dejarla sin efecto y, en definitiva, ordenar que se proceda al pago de la licencia médica RUT reservado, todo con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

-Licencia médica folio RUT reservado, emitida con fecha 14 de febrero de 2025.

-Resolución Exenta Nº 92-25-007493 de Fecha: 14 de marzo de 2025.

-Resolución Exenta Nº 92-25-009433 de Fecha: 07 de junio de 2025.

-Resolución Exenta N° R-01-S-67225-2025, de fecha 19 de mayo de 2025.

- Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-84489-2025 de fecha 18 de junio de 2025.

- Certificados médicos, emitidos por médico tratante, doña nombre reservado, respecto de la paciente nombre reservado, de fechas 17 de marzo de 2023, 17 de enero de 2025, 03 de febrero de 2025 y 11 de abril de 2025.

A folio 13, informa CLAUDIA BRETON JARA, abogado, en representación según se acreditará de ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., quien dice:

I.- EL RECURSO DE PROTECCION DE AUTOS. Según consta en el libelo presentado por doña nombre reservado, recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), y se le solicita informe a Isapre Colmena, a su parecer por la acción ilegal y arbitraria que habría cometido al confirmar el rechazo de la Licencia Médica N° 20632307, y en su lugar solicita que sea autorizada, toda vez que dicho rechazo, según expone la recurrente, atentaría con las garantías constitucionales establecidas en el Nº 1, 2, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

II.- IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN Al respecto, debemos señalar a S.S. Iltma. que no es efectivo lo que señala el recurrente doña nombre reservado acerca de que Isapre Colmena o la SUSESO hubieren incurrido en algún acto ilegal o arbitrario en su contra con motivo del rechazo de su Licencia Médica, ni menos es efectivo que se hayan conculcado con ello las garantías constitucionales que señala y, en 2 consecuencia, solicitamos desde ya que este recurso de protección sea rechazado por improcedente, con costas y, luego, también pedimos su rechazo por establecer la Ley un procedimiento especial para conocer de los hechos reclamados, y que se encuentra clara y precisamente establecido en el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRE, y que justamente dicho procedimiento consiste en el reclamo ante la competente Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), con la posibilidad de luego apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que es justamente lo que ocurrió, pero al no estar de acuerdo con lo resulto busca una nueva vía, no contemplada por el legislador, para que se vuelvan a revisar sus licencias médicas, todo en mérito de las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos a exponer:

1) INEXISTENCIA DEL ACTO ILEGAL O ARBITRARIO QUE SE RECLAMA Efectivamente la señora nombre reservado, se encuentra afiliada a Colmena Golden Cross, y es del caso señalar que presentó la primera licencia por diagnóstico siquiátrico continuada, correspondiente a la N° 3-19927189 justo a continuación del término de su post natal parental. Esta licencia médica fue autorizada, y luego le fueron finalmente autorizadas otras dos licencias médicas, es decir, tres en total, sin embrago la licencia médica reclamada, que era la cuarta, le fue rechazada de manera definitiva. Tal decisión se estampó en la resolución de rechazo de la Licencia Médica, tal como puede observarse de la resolución que se acompaña en el primer otrosí de este informe, en que se señala que en vista de los días de reposo, los peritajes efectuados por especialista, guías clínicas se consideraba injustificado el reposo, y la falta de informe médico se consideró injustificado el reposo. Al efecto, cabe señalar que la recurrente fue citada a dos peritajes justamente para estudiar la procedencia de su reposo, el primero se llevó a efecto con fecha 5 de diciembre de 2024. El perito psiquiatra concluye: “Desde un punto de vista psiquiátrico impresiona un Episodio depresivo moderado. Patología de origen común y recuperable. Sin manejo farmacológico, logra un buen nivel de funcionamiento. Pendiente atención psicológica. Reposo laboral otorgado en licencia nº 3-19927189 no se encuentra justificado según cuadro descrito. Paciente sin tratamiento medicamentoso, sin psicoterapia. Por examen mental y anamnesis paciente estaría en condiciones de reintegrarse a su trabajo al inicio de licencia evaluada, es decir el 19/11/24.” Es decir, el reposo no está justificado.

Así las cosas, como podrá apreciar S.S. Iltma., resultan absolutamente falsos e improcedentes los dichos sostenidos por la Sra. nombre reservado en su libelo, por cuanto las decisiones tomadas por Isapre Colmena en ningún caso han sido arbitrarias, muy por el contrario, mi representada ha señalado los argumentos y motivos por los que ha decidido rechazar, aún más, teniendo a la vista los antecedentes de la recurrente, y sin que estos justificaran un mayor reposo, se decidió efectuar dos peritajes que no le fue favorable en relación a prolongar el reposo, y así después de un estudio de los antecedentes disponibles, no eran suficientes para determinar un reposo mayor. De esta forma, la Isapre ha hecho uso de las facultades que la ley le otorga, mencionadas en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRES y, particularmente, ha cumplido con su obligación de fiscalización de las Licencias Médicas, hecho no menor puesto que es responsabilidad de mi representada velar para que estos documentos no sean usados de manera fraudulenta o equivocada. Con los antecedentes tenidos a la vista, la Contraloría Médica de Isapre Colmena se ajustó en todo momento a lo estrictamente señalado en la normativa legal que regula el otorgamiento, uso y beneficios que la licencia médica implica, conceptos contenidos, como ya se mencionó, en el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRES, el que en su artículo 48, establece de un modo imperativo, la obligación ineludible de la Contraloría Médica, en cuanto a fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica. A su vez los artículos 14, 16, 18 y 21 facultan a la misma para ejercer el control técnico y administrativo de las licencias médicas, en cuyo desarrollo juegan un papel determinante: a) el informe del especialista tratante; b) los exámenes realizados; y c) la definición terapéutica. Por lo tanto, resulta absolutamente improcedente lo señalado por el recurrente en su libelo. En este punto debemos indicar que lo cierto es que el Decreto N° 7 del Ministerio de Salud, del año 2013, que “Aprueba reglamento sobre guías 4 clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de Licencias Médicas”, publicado en el Diario Oficial de 18 de Julio de 2013, se hace cargo en su Artículo 4° II: “Patologías mentales”, del caso de extender licencias médicas más allá de los sesenta (60) días, cuya es la situación de la Sra. nombre reservado guía establece que en estos casos la licencia médica siempre debía ser otorgada por un médico psiquiatra, contar con un informe de peritaje (el que concluyó que el reposo no estaba justificado), refractariedad o resistencia al tratamiento (sin embrago, existe un buen nivel de funcionamiento), cada episodio clínico debe contar con tratamiento farmacológico, y sicoterapia (no está en tratamiento medicamentoso ni en sicoterapia). En definitiva, si bien las guías son referenciales, podemos observar que no se cumplían importantes directrices señaladas en ellas. Por otro lado, no se presentaron a Colmena algún otro Informe que pudiera comprobar la necesidad de un reposo más prolongado al ya autorizado, lo que necesariamente llevó a rechazar las licencias médicas al no cumplir los criterios técnicos para su autorización. Las guías clínicas indican la extensión de los reposos que debe prescribirse, por lo mismo, cuando dichos reposos escapan a la normalidad, es que se cita a Peritaje para evaluar la procedencia de la continuidad del reposo, ya que la licencia médica tiene un fin curativo, por lo que al encontrarse recuperado el trabajador, debe reintegrarse a sus labores. Sin antecedentes que demuestren la necesidad de un reposo que va más allá de lo normal, evidente que se rechazará la licencia médica. Ahora bien, no conforme con lo resuelto por la Isapre, la Sra. nombre reservado recurre ante la COMPIN, quien confirma el rechazo y luego ante la SUSESO quien también confirma el rechazo. Es decir, TRES instancias técnicas independientes entre sí determinaron que el reposo no estaba justificado. Cabe recordar, que tanto la Contraloría médica de la Isapre como la COMPIN y la SUSESO, son organismos de carácter técnico, razón por la cual tienen conocimientos específicos respecto de los diagnósticos señalados en las licencias médicas. No son azarosas las determinaciones que se tomen con relación al rechazo o aprobación de las mismas, y tienen en cuenta las guías clínicas del Ministerio de Salud, antecedentes concretos del caso y conocimientos de su expertise.

De este modo, y sin perjuicio que lo ya expresado basta por sí sólo para el total rechazo de la presente acción de protección, también es necesario tener presente que en este caso aparece de manifiesto la doctrina tantas veces consagrada por este Ilustrísimo Tribunal en diversas sentencias, en cuanto a que NO PROCEDE ACOGER EL RECURSO por establecer la Ley un procedimiento especial para conocer del hecho reclamado, y que se encuentra clara y precisamente establecido en el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRE, y que justamente dicho procedimiento consiste en el reclamo ante la competente Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), y que ante un eventual rechazo de la COMPIN, dicha resolución también puede ser apelada ante la Superintendencia de Seguridad Social. Se puede divisar entonces que no es efectivo lo señalado en el recurso en el sentido de que mi representada hubiera actuado injustificadamente o de manera arbitraria y menos de forma ilegal. Por lo demás, el reclamo de licencias médicas, según consta de la jurisprudencia, no puede conocerse mediante este procedimiento cautelar, toda vez que no existe un derecho indubitado que se quiera proteger.

2) GARANTIAS CONSTITUCIONALES SUPUESTAMENTE CONCULADAS Realmente V.S. Iltma., parece sorprendente el tipo de imputaciones que se hace por parte del recurrente y sin ninguna justificación, puesto que, de acuerdo a los hechos narrados, se aprecia claramente que mi representada no ha vulnerado de ninguna manera las Garantías Constitucionales de la afiliada. Sostenemos que no existe vulneración a la garantía Constitucional establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, ya que según se prevé, el rechazo de una Licencia médica acarreará, para quien la presenta la privación del sustento económico que podría corresponderle, sin embargo, esta privación es consecuencia del ejercicio de una facultad que la Ley otorga a mi representada, por lo tanto, se trata de una situación que ya está regulada por ley, así como sus consecuencias, y en ese sentido no podría configurarse un actuar ilegal, y tampoco arbitrario si el actuar fue de acuerdo a los parámetros otorgados en la misma normativa y siempre bajo argumentos médicos que se tuvieron a la vista por mi representada. En vista de lo anterior y de que mi representada ha actuado conforme a facultades legales es evidente que no puede estar vulnerándose ninguno de las demás garantías que se alegan, ya que el actuar de Colmena no es ilegal ni caprichoso. En ese sentido menos podría estar afectándose ninguna otra garantía constitucional. Por todo lo expuesto, queda en evidencia que Isapre Colmena Golden Cross S.A. NO ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal frente a la recurrente doña nombre reservado que deba enmendarse por esta vía constitucional que constituye este recurso de protección, por lo que necesariamente deberá ser rechazo por improcedente.

Solicita tener por evacuado el Informe solicitado a Isapre Colmena Golden Cross S.A. y se sirva rechazar el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, por improcedente y con costas.

Acompaña a su presentación:

1. Resolución de rechazo de Isapre Colmena en donde consta el fundamento del rechazo.

2. Peritaje de diciembre de 2024. 3. Resolución SUSESO que confirma el rechazo de la licencia médica reclamada.

A folio 17 informa FRANCISCO nombre reservado BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

Que, antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, vengo en solicitar a S.S.I, que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar. Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales. Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria. Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal. En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo. El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”. Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado reclamó, por primera vez, mediante presentación de fecha 17 de abril de 2025, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 17 de febrero de 2025, emanado de la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., por reposo no justificado. En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas, los informes del médico tratante y el peritaje de segunda opinión de fecha 5 de diciembre de 2024, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 90 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-S-67225-2025, de 19 de mayo de 2025. Ahora bien, la Sra. nombre reservado se presenta, por segunda vez, con fecha 25 de mayo de 2025, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-S67225-2025. Respecto a esa presentación este Servicio cumplió con informar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-84489-2025, de 18 de junio de 2025. Cabe agregar que el Artículo 21 del D.S N° 3/84, señala que, para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, algunas medidas, en las que se incluye Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas. En virtud de lo expuesto, la citada ISAPRE con fecha 05 de diciembre de 2024, efectuó un peritaje a la recurrente, en el cual se concluyó lo siguiente: “…Desde un punto de vista psiquiátrico impresiona un Episodio depresivo moderado. Patología de origen común y recuperable. Sin manejo farmacológico, logra un buen nivel de funcionamiento. Pendiente atención psicológica. Reposo laboral otorgado en licencia nº 3-19927189 no se encuentra justificado según cuadro descrito. Paciente sin tratamiento medicamentoso, sin psicoterapia. Por examen mental y anamnesis paciente estaría en condiciones de reintegrarse a su trabajo al inicio de licencia evaluada, es decir el 19/11/24...” Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Conclusiones: Comentarios: Médico especialista psiquiatría adulto Mujer de 34 años, trabaja como COORDINADOR DE CANALES INDIRECTOS. Con permiso autorizado por 90 días con diagnóstico de F41 - Otros trastornos de ansiedad. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita psicoterapia. En peritaje de fecha 05.12.2024 se concluye reposo no justificado. Se rechaza.”. Por otra parte, las resoluciones impugnadas señalan los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas, los informes del médico tratante y el peritaje de segunda opinión de fecha 5 de diciembre de 2024, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 90 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo…”. Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esta Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado. En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médico administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia. Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad. Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas. 5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento. En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable. En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente: “…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello. Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso. Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”. Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Acompaña con citación, copia del expediente administrativo, relativo al caso de la Sra. nombre reservado.

A folio 25 se prescinde informe de COMPIN.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN:

Primero: Que, la recurrida afirma que las materias objeto del recurso incoado pertenecen al campo de la seguridad social y que, por ende, se encuentran excluidas del ámbito de la acción de protección. Que en este punto, cabe recordar que lo pretendido por la actora es el pago del subsidio por incapacidad laboral que indica, el cual ha sido negado por la recurrida y respecto del cual se afirma que lo fue de manera ilegal y arbitraria. Así las cosas, la recurrente ha imputado a la Superintendencia de Seguridad Social la realización de un acto ilegal y arbitrario que afectaría su derecho de propiedad, materia que, por imperativo del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, es precisamente objeto de la presente acción constitucional. De esta manera, esta alegación queda rechazada.

EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO PLANTEADO A ESTA CORTE:

Segundo: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario es decir, producto del mero capricho de quien incurre en el y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Tercero: Que, por la presente acción constitucional, se pretende que esta Corte determine que la conducta de las recurridas constituye un acto ilegal y arbitrario, debiendo por tanto ser dejadas sin efecto las resoluciones que rechazaron sus licencias médicas y ordenar que la recurrida disponga el pago del subsidio correspondiente.

Cuarto: Que, para una adecuada decisión del asunto, corresponde dejar asentadas las siguientes circunstancias, que emanan de los antecedentes reunidos en la carpeta electrónica, a saber:

a.- Por Licencia Médica N°RUT reservado, de fecha 14 de febrero de 2025, médico psiquiatra nombre reservado, por 30 días, desde el 17.02.25, al 18 de marzo de 2025.

b.- Isapre Colmena Golden Cross S.A:. rechaza licencia médica, por evaluación de especialista interconsultor externo, el 05.12.24, no se justifica reposo.

c.- Compin reclamo por Resolución Exenta N°92-25-007493, de fecha 14 de marzo de 2025.

Se presentan reposiciones, las cuales son rechazadas por Compin, con fecha 07 de abril de 2025 por resolución exenta 92-25-009443.

d.- Se presenta reconsideración ante Subcomisión Cautin-Compin Araucania, que mantuvo rechazo, mediante resolución exenta N°R-01-UNAAD-84489-2025.

e.- SUSESO, rechaza reclamo por resolución exenta N°R-01-UNAAD-84489-2025.

Quinto: Que, efectuadas estas precisiones fácticas, cabe desechar, en primer término, la acusada ilegalidad en el actuar de la recurrida, por cuanto el pronunciamiento sobre el rechazo de las licencias médicas efectuado por la Superintendencia de Seguridad Social tiene fundamento legal en los artículos 2 letra c), 3 y 27 de la Ley 16.395, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, y en los art culos 16, 25, 43, 44 y 45 del D.S. N 3 de 1984, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional.

Sexto: Que, distinta es la situación respecto a la arbitrariedad, donde se debe tener presente que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, del año 1984, señala que en caso de rechazo de una “… licencia ( ) la resolución o pronunciamiento respectivo se estampar en … el mismo formulario de licencia y se dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida . ” Por su parte, el artículo 11 de la Ley 19.880, ya referida, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que la Administración debe actuar con objetividad y “respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” para lo cual ordena que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio , norma que es complementada por el ”artículos 40 inciso final y 41 inciso 4 de la misma ley, las que disponen que una decisión de este tipo debe ser fundada. Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porque del acto, su sustento material y juridicidad.

Séptimo: Que, revisadas la resolución recurrida, aparecen desprovistas de la fundamentación que la ley le exige, utilizando fórmulas genéricas que pretenden desvirtuar el diagnóstico de la psiquiatra que prescribió el reposo cuestionado, sin que existan antecedentes para ello.

En cuanto al peritaje realizado, se debe señalar que no es posible examinar y determinar la gravedad de una enfermedad, con una video llamada de no más de 40 minutos, como fue el peritaje realizado a la recurrente.

Octavo: Que, en las precisas condiciones antes anotadas, la arbitrariedad en que incurre la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional del art culo 19 N°24 de la Constitución Política de la República que le asiste al recurrente, desde que la negativa a acoger las reclamaciones respecto a la licencia médica cuestionada por la recurrente la ha privado del correspondiente subsidio por incapacidad laboral.

Noveno: Que, en estas condiciones, el arbitrio deducido debe ser acogido, ordenando el pago del subsidio relacionado con las licencias médicas materia del presente recurso, Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción de protección;

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto, dejando sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-84489-2025, de 18 de junio de 2025, debiendo la recurrida disponer lo necesario para que el subsidio correspondiente a las licencias médicas materia de esta acción sea pagado dentro de un plazo máximo de 15 días.

Redacción del abogado integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2851-2025. (cwm)