Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, doce de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio N°1 comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, y además en contra de COMPIN.

I.- ANTECEDENTES PREVIOS:

Funda su acción en que en la especie, ha concurrido a solicitar el amparo constitucional por esta vía, impugnando la decisión pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social en orden a rechazar sus Licencias Médicas (LLMM) N°75577450-2; N°77364736-4; N°78374260-8; N°79563363-4; 80448000-5; 81238341-8; 819929958-0; 82909605-6; 83645088-4, por un total de 190 días, a contar del 03 de septiembre de 2022, emanado de la SUBCOMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ - CAUTIN, por reposo no justificado.

Para la acertada resolución del caso, habrá de hacer presente que fueron rechazadas por Resolución de la Subcomisión de Medicina Preventiva de la Región de la Araucanía, las licencias médicas otorgadas a quien suscribe por la Dra. nombre reservado médico especialista en Psiquiatría C.I N° RUT reservado, por la causal de reposo prolongado no justificado, las que impugnadas ante la SUSESO, confirmó el rechazo de las licencias.

El día 30 de enero de 2024 recibí y me di por enterada de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-1715-2024, fechada 30/01/2024, resolución que refiere: Considerando que ha recurrido con fecha 30 de agosto de 2024 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-108985-2023 de fecha 21 de agosto de 2023, mediante el cual se confirmó lo resuelto por LA nombre reservado – COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de licencias médicas N°s; N°75577450-2; N°77364736-4; N°78374260-8; N°79563363-4; 80448000-5; 81238341-8; 819929958-0; 82909605-6; 83645088-4, por un total de 190 días, a contar del 03 de septiembre de 2022, por reposo no justificado.

Agregando que, dicha Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por licencias médicas N°75577450-2; N°77364736-4; N°78374260-8; N°79563363-4; 80448000-5; 81238341-8; 819929958-0; 82909605-6; 83645088-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado por 312 días. Asimismo, los informes médicos complementarios y el informe de evaluación psicológica adjuntos no describen síntomas de severidad o compromiso funcional tal que permitan fundamentar los beneficios terapéuticos de la indicación de prolongar el reposo laboral.

Confirmando la Superintendencia el rechazo de las licencias médicas N°s: N°75577450-2; N°77364736-4; N°78374260-8; N°79563363-4; 80448000-5; 81238341-8; 819929958-0; 82909605-6; 83645088-4, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.

Para los efectos de resolver la materia planteada corresponde tener presente que el artículo segundo letra c) de la Ley 16.395 establece: “Son funciones de la Superintendencia las siguientes: c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

El “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Compin e Instituciones de Salud Previsional” dispone en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a)

Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b)

Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c)

Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d)

Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e)

Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

De acuerdo a las normas precedentemente referidas, es posible sostener que las recurridas, con mira a cumplir el mandato legal consistente en resolver las apelaciones presentadas por los afiliados al sistema de salud, pueden disponer que las instituciones que se encuentran bajo su supervigilancia, cuyo es el caso de la Compin, recabe los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema.

En la especie, esta parte padece de:

1.- EJE I:

• Episodio Depresivo Grave • Crisis de Pánico 2.- EJE II aplazado.

3.- EJE III: Hipotiroidismo, Tinitus, Hombro Doloroso.

4.- EJE IV: Problemas relativos al grupo primario de apoyo.

5.- Patología Neurológica: Mono neuropatía de Mediano por atrapamiento a través de túnel del carpio a derecha de curso crónico y grado leve.

Fueron diagnosticadas por especialistas, a saber, la doctora: nombre reservado, Médico Tratante (Psiquiatra), psicóloga magíster en Psicología Jurídica e Intervención Psicosocial, Neurólogo Dr. Alexis Von Johnn mediante informes que se tuvieron a la vista por la Compin. En tales informes, elaborados bajo protocolo de la COMPIN, se efectúa una breve historia con fundamentos clínicos establecen, además, la evolución, tratamientos médicos efectuados y resultados obtenidos. Indican el pronóstico de la enfermedad desde el punto de vista laboral.

Antecedentes y estudios que la SUSESO no tuvo en consideración, al resolver la reclamación, pues no los menciona en los fundamentos para sostener su rechazo, ni solicitó nuevos exámenes o estudios para justificar su resolución, estudios donde está contemplado el Peritaje Médico al cual debí haber sido sometida, ante dudas de la veracidad de los hechos, más aún si los diagnósticos y tratamientos fueron emanados por especialistas del área. Durante todo el período de reposo médico, no existió ninguna citación a peritaje por parte de la nombre reservado.

En las condiciones precedentemente descritas el actuar de la recurrida debe ser calificado de ilegal y arbitrario al no haber instado mediante los mecanismos legales correspondientes por la reevaluación de la mi situación médica actual a fin de determinar mi condición de salud, la necesidad del reposo solicitado y el pronóstico de recuperabilidad, motivo por el cual el recurso deberá ser acogido en los términos que se indican en las conclusiones del recurso.

La garantía constitucional conculcada es la del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho a la propiedad, desde que el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley, quebrantamiento que, adicionado a la arbitrariedad señalada en forma precedente, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida.

III.- ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO Lo anteriormente expuesto deja de manifiesto lo carente de toda razón y fundamento plausible en las decisiones, además es abiertamente arbitrario e ilegal, ello porque fui evaluada por un especialista en la patología que me afecta. Además, cabe mencionar que la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL no tuvo en consideración todos los documentos, informes, recetas y licencias médicas emitidas por mi médico tratante, cuestionando por la misma circunstancia su objetividad y cualificación profesional, desestimándola, y no considerando las conclusiones y recomendaciones emitidas por la médico evaluante que tuvo participación activa en el tratamiento de mi enfermedad, por lo anterior, es que resulta evidente la carencia de criterio y la notable arbitrariedad en la decisión.

Es por esto que se siente vulnerada en el actuar por parte de los recurridos, quedando a la vista la falta de celo y cuidado que tienen al emitir sus resoluciones, considerando la importancia que éstas tienen para la vida y salud tanto física como mental de las personas que recurren a ellas, la SUPERINTENDENCIA avaló e hizo suya la decisión infundada de la nombre reservado.

Como consecuencia de este actuar ilegal y arbitrario, no ha recibido los subsidios a los cuales se accede por el otorgamiento de licencias médicas, lo cual me ha causado un grave perjuicio no solo en lo económico, sino que también psicológico, que la afecta a ella y los demás integrantes de su hogar. Siendo relevante considerar que por la carencia y detrimento económico que tal acto me produjo, me tuve que reintegrar a mi trabajo con fecha de abril del año pasado, no pudiendo completar tratamiento psicológico, aunque he estado sometida junto a mis dos hijos a un constante estrés post traumático, ocasionado por la trágica muerte de mi marido cuyo juicio legal a la fecha no concluye.

Por último, cabe hacer presente que COMPIN es un órgano de la Administración del Estado y que por ello debe someter y encuadrar todos sus actos a lo dispuesto tanto por la Constitución Política de la República, a las Leyes y al Decreto Supremo Nº 3 del 28 de mayo del año 1984 que lo rige, y que le otorga la facultad de aprobar y rechazar las licencias médicas, a través de una resolución evidentemente fundada y razonada, ya sea a través de los antecedentes que se aportan durante el proceso, como es en el caso, o bien disponer de la realización de peritajes con miras de cumplir este mandato legal, situación que no sucedió durante este proceso.

III.- EL DERECHO La presente acción constitucional de protección se entabla en atención a que considero que los hechos anteriormente expuestos a V.S ILTMA., constituyen una flagrante infracción y vulneración a los derechos y las garantías fundamentales expresamente consagradas en nuestra Constitución Política de la República en su artículo N° 19, numerales 1° y 24°;

Artículo19: La Constitución asegura a todas las personas:

N°1: “El derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona…”.

La Constitución Política de la República y las Leyes protegen no solo el derecho a la vida sino que también a la integridad tanto física como psíquica.

A través de la acción constitucional de protección interpuesta se logra evidenciar de los antecedentes narrados en la fundamentación fáctica de esta presentación que los actos de los órganos de la administración del Estado resultan ser arbitrarios e ilegales, vulneran, amenazan y perturban mi integridad física y psíquica, teniendo en especial consideración que la sintomatología propia de la enfermedad, diagnosticada y sometida a tratamiento, revisten un específico carácter psíquico/emocional, que se manifiesta tanto a nivel físico como cognitivo/intelectual de mi persona, y en suma, se me ha negado el acceso a poder obtener el pago de las licencias médicas otorgadas en mi favor, dejándome en una situación precaria que afectó mi vida personal y familiar transcendentalmente.

En este sentido, cabe hacer presente que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República, es deber de los órganos del Estado respetar y promover el legítimo ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados tanto por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en Chile.

En íntima relación a lo expuesto anteriormente, cabe mencionar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), publicada en el Diario Oficial con fecha 05 de enero del año 1991, tratado internacional ratificado y vigente en Chile, prescribe en su artículo 5, el cual consagra el denominado derecho a la integridad personal, que: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. En relación al punto anterior, a su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), suscrito por Chile el 16 de septiembre del año 1969 y publicado en nuestro Diario Oficial con fecha 27 de mayo de 1989, establece en su artículo 12 que: “1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de su salud física y mental...”.

N° 24:“El derecho de propiedad en sus diversas especiales sobre toda clase de bienes corporales o incorporales…”.

Resulta evidente la vulneración a su derecho de propiedad ya que los actos administrativos emanados de los órganos de la administración del Estado, recurridos a través de la presente acción, resultan ser arbitrarios e ilegales, sin existir una razón y/o fundamento plausible para privarme del subsidio al que como derecho tengo acceso a través del otorgamiento y aprobación de las licencias médicas, precedentemente mencionadas y descritas.

Lo anteriormente expuesto implica un evidente perjuicio en su patrimonio, derivado del derecho de dominio que tiene en relación a sus remuneraciones, las cuales ha dejado de percibir y que su carencia le ha privado de poder satisfacer sus necesidades económicas, provocadas por el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos.

Finalmente, cabe desde ya hacer notar que la COMPIN cuenta con facultades para rechazar una licencia médica, y sobre el punto, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, de 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, prevé, que: "La COMPIN la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial o viceversa. En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida".

Sin embargo, en lo concerniente al ejercicio de tales facultades, el referido cuerpo normativo se ha encargado de reglar la necesaria fundabilidad que resulta exigible en el pronunciamiento de la respectiva resolución, y por ello el artículo 21 del aludido Reglamento establece, en lo atinente, que: "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;... d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica".

Por tanto, si a juicio de la recurrida existían dudas o reparos al diagnóstico del médico especialista que la atendía, tenía todas las herramientas que le otorga la ley para disuadirla.

Debido a cómo procedió COMPIN, se impuso una carga económica que, de acuerdo a las normas precedentemente referidas, ha de ser carga del Estado, toda vez que los organismos que conforme a la ley deban resolver sobre el otorgamiento de las licencias médicas, se encuentran facultados para disponer de todas medidas contempladas en el artículo 16 de acuerdo con sus medios. Así también lo dice la Corte Suprema en la sentencia Rol Nº 16.874-2018 del 8 de Noviembre de 2018 en su considerando quinto: “Que en razón de lo expuesto, tanto la ausencia de fundamentación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o evaluación clínica, son motivos suficientes para calificar de arbitrario el rechazo de los permisos médicos que le fueran concedidos, parecer que se sustenta en la voluntad desnuda de la autoridad administrativa”.

Así las cosas, la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL incurre en la misma omisión y vulneración a los preceptos constitucionales y legales precedentemente expuestos, al hacer suya la decisión de COMPIN, confirmándola.

Pide adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a las recurridas dejar sin efecto el rechazo de las licencias médicas N°75577450-2; N°77364736-4; N°78374260-8; N°79563363-4; 80448000-5; 81238341-8; 819929958-0; 82909605-6; 83645088-4, por un total de 190 días, a contar del 03 de septiembre de 2022, debiendo los organismos recurridos proceder a los trámites para el pago de las remuneraciones correspondientes, o en subsidio, y para el caso improbable de que se estime lo contrario, se ordene la reevaluación de las mismas, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1) La Resolución Exenta N° R-01-UME-108985-2023, de fecha 07/04/2021, emanada de SUCESO; 2) Resolución Exenta N° R-01-IBS-17512-2024, DE FECHA 30/01/ emanada de SUCESO; 3) Informe de Médico Tratante, Dra. nombre reservado, de fecha 04 de mayo de 2023; 4) Informe de Médico Tratante, Dra. nombre reservado, de fecha 24 de agosto de 2023; 5) Informe Psicológico de Psicóloga nombre reservado. Psicóloga Magister en Psicología Jurídica e Intervención Psicosocial; 6) Carta apelación a la SUSESO, donde expone que aunque se mantiene con tratamiento psiquiátrico se reintegró a su trabajo con fecha de abril del año 2023. Como prueba fehaciente de ello adjunto informe actualizado de psiquiatra; 7)

Certificado de patología neurológica del médico neurólogo Alexis Von Johnn; 8) Certificado de defunción de la muerte trágica de mi esposo, en la que consta causal de muerte, lo que desencadenó todo mi cuadro depresivo; 9) Certificado de matrimonio; 10) Certificado de Nacimiento mío; 11) Certificado de Nacimiento de 2 hijos, que quedaron a su cuidado, después de la trágica muerte de su esposo y padre de ellos.

A folio N°14 evacua informe la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica que doña nombre reservado, con fecha 20 de febrero de 2024, ha interpuesto Acción de Protección en contra de Resolución Exenta N° R-01-IBS-17512-2024, de 30 de enero de 2024, mediante la cual rechazó el recurso de reconsideración interpuesto con fecha 30 de agosto del año 2023, en contra del dictamen contenido en la Resolución Exenta N° R-01-UME-108985-2023, de 21 de agosto de 2023, mediante el cual mi defendida confirmó lo resuelto por la nombre reservado de Compin de la Región de La Araucanía, la que había decidido mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 75577450-2, 77364736-4, 78374260-8, 79563363-4, 80448000-5, 81238341-8, 81992958-0, 82909605-6, 83645088-4, extendidas por un total de 194 días de reposo a contar del 3 de septiembre de 2022, toda vez que consideró que, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso, el reposo prescrito por el médico tratante no estaba justificado.

En efecto, las licencias médicas reclamadas mediante esta acción constitucional fueron rechazadas sucesivamente por la ya citada COMPIN, siendo reclamadas ante la Superintendencia de Seguridad Social con facha 5 de mayo de 2023, lo que nos lleva a plantear, antes de informar respecto de la materia de fondo de esta acción constitucional, su palmaria falta de oportunidad en su ejercicio.

En efecto, consta de los expedientes administrativos electrónicos que se acompañan a este escrito y de sus respectivas resoluciones exentas, que el recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo y posterior confirmación de las licencias médicas reclamadas, a más tardar, desde 8 de mayo de 2023, pues a contar de esa fecha optó por reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, a través de los recursos jerárquico ya citado y de reconsideración administrativo interpuesto con fecha 30 de agosto de 2023, sin interponer, por lo tanto, dentro del plazo fatal de 30 días corridos el recurso de protección como dispone el numeral primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema.

En consecuencia, la acción constitucional interpuesta con fecha 20 de febrero de del año 2024, en forma subsidiaria de las resoluciones que resolvieron los ya referidos recursos administrativos, no puede prosperar por cuanto ha sido interpuesta en forma por demás extemporánea, correspondiendo su rechazo por dicha razón.

En efecto, el número primero del Auto Acordado de la EXCMA Corte Suprema, que regula la tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, prescribe que la acción de protección se debe interponer en el plazo fatal de 30 días corridos, contados desde que se ejecuta el acto supuestamente ilegal o arbitrario (en este caso el rechazo de las licencias médicas), o se incurre en una omisión de las mismas características o bien, desde que el afectado toma conocimiento cierto del mismo, de acuerdo con la naturaleza del acto recurrido.

En relación con esta alegación, ha de tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República la acción de protección tiene un carácter cautelar de derechos y que frente a un acto ilegal o arbitrario, la persona afectada en sus garantías protegidas, puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

Conforme a dicha norma de rango constitucional, la Acción de Protección no tiene el carácter de subsidiaria de otras vías de reclamación que pudieren existir, lo que evidentemente está en íntima relación con su carácter cautelar de derechos, tal cual lo ha manifestado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justica. Por otra parte, SS. ILTMA., debe tener presente que, como invariablemente ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el plazo para interponer la Acción de protección es objetivo y, en consecuencia, su interposición no puede quedar entregada a la voluntad del que se siente perjudicado por un determinado acto, pues una interpretación contraria estaría en abierta contradicción con su naturaleza cautelar de derechos.

En efecto, instando por una revisión tras otra en el ámbito administrativo, a través del recurso de apelación, jerárquico o de reposición siempre se podría crear un nuevo plazo para ejercer la acción de protección, reclamando mucho tiempo después de ejecutado el acto supuestamente atentatorio, lo que contraviene su finalidad.

Lo anterior, sin perjuicio que, en cuanto al fondo del asunto que motiva esta acción constitucional, como se demostrará, carece de fundamentos fácticos, pues no existe actuación ilegal o arbitraria alguna de parte de mi defendida que haya vulnerado y ni siquiera puesta en peligro algún derecho garantido por nuestra Constitución Política.

Por último, ha de tener presente que la declaración de admisibilidad ya resuelta en autos, se hizo sin previa notificación y audiencia de esta parte, de tal forma que lo resuelto no puede ser obstáculo a que se declare, con los antecedentes proporcionados por esta parte, la palmaria falta de oportunidad y, por lo tanto, su rechazo por esta causa.

Pide se rechace la acción de protección interpuesto por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas EN SUBSIDIO DE LO ANTERIOR, INFORMA RESPECTO AL FONDO DEL ASUNTO DEBATIDO.

En subsidio de la alegación anterior y para el improbable caso que no sea acogida, evacua informe.

Ahora bien, como la Acción de Protección de autos se ha interpuesto en solo contra de la Superintendencia de Seguridad Social en circunstancias que las licencias médicas fueron rechazadas, de acuerdo con la ley, por la Compin de la Región de La Araucanía de tal forma que resulta del todo necesario distinguir entre las actuaciones de mi defendida y aquellas en que tuvo participación la referida COMPIN; la que, en el caso de la recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONADA), de acuerdo con lo prescrito en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

I) ANTECEDENTES a) Actuación de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de doña nombre reservado

1.- Como consta en el expediente administrativo que se acompaña en un otrosí de este escrito, doña nombre reservado, con fecha 8 de mayo del año 2023, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, nombre reservado toda vez que había confirmado el rechazo de las N°s 75577450-2, 77364736-4, 78374260-8, 79563363-4, 80448000-5, 81238341-8, 81992958-0, 82909605-6, 83645088-4, extendidas por un total de 194 días de reposo a contar del 3 de septiembre de 2022, por cuanto la referida comisión de medicina preventiva e invalidez, administradora del beneficio, consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso.

2.- Con la finalidad de resolver adecuadamente la antedicha reclamación, se recabaron los antecedentes médicos del caso de la COMPIN reclamada, a saber, el maestro histórico de licencias médicas y la CARTOLA MÉDICA del Servicio de Salud respectivo. En este último documento se dejó constancia de lo siguiente como fundamento del rechazo de estas licencias médicas: “…RR- LME 7450 - 4736 - 4260 - 3363 - 8000: No se adjuntan nuevos antecedentes que permitan justificar prolongación de reposo más allá del periodo que ya ha sido autorizado previamente, se adjunta IM de psiquiatra idénticos con diferentes fechas de emisión sin sello de profesional sin argumentos que permitan evidenciar que reposo cumpla rol terapéutico a pesar de periodo de reposo prolongado, asimismo se adjunta informe de psicólogo sin evidencia de progresión favorable de cuadro clínico, sin mención de numero de sesiones de psicoterapias recibidas ni sesiones pendientes por cumplir, sin plan de recuperabilidad laboral, estimación de FPA ni antecedentes que permitan justificar reposo. Se rechaza 3.- Pues bien, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-108985-2023, de 21 de agosto de 2023, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 75577450-2, 77364736-4, 78374260-8, 79563363-4, 80448000-5, 81238341-8, 81992958-0, 82909605-6, 83645088-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo...

4.- En efecto, el caso fue estudiado por el Dr. nombre reservado, PSIQUIATRA, de la Unidad Médica del Dpto. Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social dejó constancia de los siguientes antecedentes de relevancia para su resolución: “ "...Respecto del informe del médico tratante: Detalle: Informe de psicoterapia. IMT con fecha 04/05/23 Señala EDM, sin criterios de gravedad. En tratamiento con irss que tuvo algunos cambios, ultimo tratamiento desvenlafaxina 100mg dia, sin GAF, sin FPA...”

Fundamentos de la resolución: Se sugiere rechazar. Se trata de paciente con reposo ya autorizado de 312 días, ahora reclama por 194 dado por psiquiatra particular. A pesar de extensión de reposo se mantiene con antidepresivo de primera línea, con algunos cambios, pero siempre en primera línea y dosis no máximas. Sin uso de Litio, TEC u otra medida acorde a más de un año de reposo…”

5.- Posteriormente, doña nombre reservado, recurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social interponiendo recurso de reconsideración del dictamen contenido en la Resolución Exenta N° R-01-UME-108985-2023 de fecha 21 de agosto de 2023, ya citado.

6.- La Superintendencia de Seguridad Social, previa nueva revisión de los antecedentes médicos del caso mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-17512-2024, de 30 de enero de 2024, confirmó nuevamente el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 75577450-2, 77364736-4, 78374260-8, 79563363-4, 80448000-5, 81238341-8, 81992958-0, 82909605-6, 83645088-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado por 312 días. Asimismo, los informes médicos complementarios y el informe de evaluación psicológica adjuntos no describen síntomas de severidad o compromiso funcional tal que permitan fundamentar los beneficios terapéuticos de la indicación de prolongar el reposo laboral…”

7.- En efecto, revisado nuevamente el caso esta vez por el Dr. nombre reservado, psiquiatra, de la Unidad Médica de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de los siguientes antecedentes de relevancia para la resolución del caso:

Respecto del Informe del médico tratante: “…Detalle: 4-5-23, 24-8-23. Sdr. ansioso depresivo. No se describen elementos de severidad pero clasificado como grave. Asociado a síntomas ansiosos. Cambio de monoteerapia con Paroxetina, a Paroxetina 20mg + Bupropion 150mg + clonazepam + Topiramato 25mg. Por pobre respuesta se ajusta tratamiento a Escitalopram 10mg + Desvenlafaxina hasta 100mg + Topiramato + Quetiapina.

“…Fundamentos de la resolución: Decisión: No acojo Fundamentos: Licencia otorgada por médico psiquiatra. LMs reclamadas por 194 días, reposo previo autorizado por 312 días. No se describene elementos de severidad, compromiso funcional o refractariedad a tratamiento. Ajustes farmacológicos se mantienen en dosis intermedias. Sin certificado de proceso psicoterapéutico…”

8.- Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de su defendida la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN de la Región Metropolitana y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social.

9.- Conforme a ello, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

10.- Ahora bien, explicada la actuación que correspondió a esta Superintendencia en el caso de doña nombre reservado, corresponde referirse al marco legal que regula el derecho denominado “Licencia Médica”, como aquellas en virtud de las cuales esta Superintendencia actúa como institución fiscalizadora de las instituciones de previsión social.

II) EL DERECHO a) Acerca de la licencia médica.

Al respecto, cabe hacer presente a SS. ILTMA., que, en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio de la licencia médica (regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud) la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos los correspondientes a los trabajadores del sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador deberá hacer uso de licencia médica (más tratamiento médico en la mayoría de los casos) luego de lo cual debería quedar en condiciones de volver a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y que creó un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 de la mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencias médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporal para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente.

b) Procedimiento al que se somete la autorización de licencias médicas.

Con relación a este punto, cabe hacer presente a SS. ILTMA., que el Procedimiento de Autorización de Licencias Médicas está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. De acuerdo con este cuerpo reglamentario, y luego de realizada la tramitación a que aluden los artículos 11 y siguientes del decreto supremo en comento, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (nombre reservado), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), como ocurre en la especie, pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Ahora bien, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (nombre reservado), instituciones de previsión que en la actualidad y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI).

Por otra parte, las COMPIN deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), como sucede en el caso de la recurrente de autos.

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas en el párrafo anterior, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

En este punto, cabe hacer presente a US. ILTMA., que los reclamos interpuestos por la ahora recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, relativo al rechazo de sus licencias médicas y por el cual recurre ante US. ILTMA., se ampararon en lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, que otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

c) Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

La actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, en este caso se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de tal forma que está exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir, en lo que resulta de su competencia, el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en la Ley N° 16.395, las funciones de esta Superintendencia en cuanto Institución Fiscalizadora.

Así, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esta Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. Cabe hacer presente que a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍA REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (nombre reservado), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), o bien, como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En contra del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, siempre y en todo caso, se puede pedir reconsideración, como lo hizo la recurrente de autos en tres oportunidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundado, coordinado y sistematizado fue promulgado por el D.F.L. N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Pues bien, en el caso en comento, la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de esta Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya latamente expuestos.

c) Ausencia de derechos vulnerados En esta parte, cabe hacer presente a SS. ILTMA, en primer término, que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento alguno, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En este caso, claramente la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y esta Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

Aclarado lo anterior, cabe hacer presente que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las presentaciones efectuadas por la recurrente, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

En cuanto a la ausencia de vulneración del derecho a la integridad física o psíquica, simplemente cabe preguntarse cómo podría la Superintendencia de Seguridad Social haber atentado contra las garantías relacionadas con integridad física o psíquica de la recurrente, por cuanto mi defendida se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido en orden a ejercer el control técnico de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en tanto institución de previsión social, respecto de un particular derecho como es la licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral. En efecto, de modo alguno, ha causado las afecciones psiquiátricas que padece el recurrente, ni le ha impedido que consulte a su médico tratante, es un hecho que siempre ha tenido la posibilidad de consultar a su médico tratante y que no ha impedido ni podría hacerlo el acceso a los tratamientos y demás prestaciones médicas que contemple su sistema común de salud, en su caso la cobertura que contempla su sistema de salud común (nombre reservado), autorizándosele el reposo prescrito por las licencias médicas en cuanto ello resultó procedente de acuerdo con los antecedentes médicos del caso.

En resumen, esta Superintendencia no ha intervenido o impedido, de manera alguna, el acceso del recurrente a la salud, teniendo la cobertura de su sistema previsional de salud común. La única intervención de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de la recurrente responde al mandato legal de pronunciarse respecto de los reclamos que interpuso en contra de la COMPIN, con ocasión de haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas.

Finalmente, en cuanto a la alegación relacionada con el potencial derecho a recibir el subsidio por incapacidad laboral, cabe hacer presente que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. Lo anterior, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado 2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, de autorización de licencias médicas dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso.”

Por lo expuesto, no existe como pretende la recurrente, algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio por incapacidad laboral o remuneración en el caso de los funcionarios públicos), haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador.

A mayor abundamiento, cabe hacer presente que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo 20 Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide que la acción de protección interpuesta sea desestimado en todas sus partes, con costas Acompañó copias de la totalidad de los antecedentes administrativos que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de la recurrente de autos y que terminó con la resolución exenta reclamada.

A folio N°20 evacua informe la Secretaría Regional Ministerial De Salud Región Metropolitana en representación de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA COMPIN , quien solicita el rechazo del recurso.

nombre reservado, RUN RUT reservado dedujo Recurso de Protección por no pago de las Licencias Médicas N°s 75577450-2, 77364736-4, 78374260-8, 79563363-4, 80448000-5, 81238341-8, 819929958-0, 82909605-6 y 83645088-4.

Que, analizada la base del sistema Maestro Licencias Médicas Fonasa, se desprende que, las Licencias Médicas se rechazan en base a las siguientes razones:

1.- En primer lugar, la licencia médica N° 75577450-2 fue rechazada debido a que los antecedentes médicos que adjuntó la recurrente en septiembre de 2022, emitidos por médico psiquiatra fueron insuficientes para justificar su reposo laboral, ya que no acreditó terapias de apoyo psicológico. Por su parte, la reposición fue desestimada porque la recurrente no adjuntó nuevos antecedentes médicos que permitieran justificar la prolongación de su reposo laboral más allá del tiempo que ya había sido autorizado previamente. Adjunta informe médico de psiquiatra idénticos, con diferentes fechas de emisión, sin sello de profesional, no contando en consecuencia, con argumentos que permitan evidenciar que el citado reposo cumpla un rol terapéutico a pesar de la prolongación del mismo, asimismo, adjunta informe de psicólogo, sin haber evidenciado progresión favorable de cuadro clínico y sin hacer mención de número de sesiones de psicoterapias recibidas ni tampoco sesiones pendientes por cumplir, plan de recuperabilidad laboral, estimación de fecha probable de alta y antecedentes que permitan justificar el mencionado reposo laboral.

2.- En segundo lugar, las licencias médicas N°s 77364736-4 y 78374260-8 fueron rechazadas debido a que la recurrente no presentó antecedentes médicos que justificaran su reposo laboral y rol terapéutico de dicho documento. Por su parte, las reposiciones fueron desestimadas porque la recurrente no adjuntó nuevos antecedentes médicos que permitieran justificar la prolongación de su reposo laboral más allá del tiempo que ya había sido autorizado previamente. Adjunta informe médico de psiquiatra idénticos, con diferentes fechas de emisión, sin sello de profesional, no contando en consecuencia, con argumentos que permitan evidenciar que el citado reposo cumpla un rol terapéutico a pesar de la prolongación del mismo, asimismo, adjunta informe de psicólogo, sin haber evidenciado progresión favorable de cuadro clínico y sin hacer mención de número de sesiones de psicoterapias recibidas ni tampoco sesiones pendientes por cumplir, plan de recuperabilidad laboral, estimación de fecha probable de alta y antecedentes que permitan justificar el mencionado reposo laboral.

3.- En tercer lugar, la licencia médica N° 79563363-4 fue rechazada debido a que la recurrente adjuntó informes de especialista médico, por problemas de salud mental asociados a fallecimiento de cónyuge, refiriendo este, modificaciones farmacológicas realizadas, no mencionando recuperabilidad laboral y fecha probable de alta. Por su parte, la reposición fue desestimada porque la recurrente no adjuntó nuevos antecedentes médicos que permitieran justificar la prolongación de su reposo laboral más allá del tiempo que ya había sido autorizado previamente. Adjunta informe médico de psiquiatra idénticos, con diferentes fechas de emisión, sin sello de profesional, no contando en consecuencia, con argumentos que permitan evidenciar que el citado reposo cumpla un rol terapéutico a pesar de la prolongación del mismo, asimismo, adjunta informe de psicólogo, sin haber evidenciado progresión favorable de cuadro clínico y sin hacer mención de número de sesiones de psicoterapias recibidas ni tampoco sesiones pendientes por cumplir, plan de recuperabilidad laboral, estimación de fecha probable de alta y antecedentes que permitan justificar el mencionado reposo laboral.

4.- En cuarto lugar, la licencia médica N° 80448000-5 fue rechazada debido a que la recurrente no dispuso de antecedentes médicos que permitieran justificar el rol terapéutico de su reposo laboral. Por su parte, la reposición fue desestimada porque la recurrente no adjuntó nuevos antecedentes médicos que permitieran justificar la prolongación de su reposo laboral más allá del tiempo que ya había sido autorizado previamente. Adjunta informe médico de psiquiatra idénticos, con diferentes fechas de emisión, sin sello de profesional, no contando en consecuencia, con argumentos que permitan evidenciar que el citado reposo cumpla un rol terapéutico a pesar de la prolongación del mismo, asimismo, adjunta informe de psicólogo, sin haber evidenciado progresión favorable de cuadro clínico y sin hacer mención de número de sesiones de psicoterapias recibidas ni tampoco sesiones pendientes por cumplir, plan de recuperabilidad laboral, estimación de fecha probable de alta y antecedentes que permitan justificar el mencionado reposo laboral.

5.- En quinto lugar, la licencia médica N° 81238341-8 fue rechazada debido a que la recurrente no adjuntó antecedentes médicos solicitados que permitieran justificar su reposo laboral. Por su parte, la reposición fue desestimada porque el recurrente adjuntó los mismos antecedentes médicos, no contando en consecuencia, con antecedentes actualizados.

6.- En último lugar, las licencias médicas N°s 819929958-0, 82909605-6 y 83645088-4 fueron rechazadas debido a que la recurrente no dispuso de antecedentes médicos que justificaran su reposo laboral. Por su parte, las reposiciones fueron desestimadas porque la recurrente adjuntó informe médico, del cual no se pudieron desprender más argumentos que permitieran justificar la necesidad de prolongar dicho reposo.

Cabe señalar a S.S.I. que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Entonces, tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto. Todo esto en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Acompañó los siguientes documentos: Listado Maestro Licencias Médicas Fonasa del recurrente de los períodos 2022 y 2023; Copia de Decreto N° 22 de fecha 18 de marzo de 2022 que acredita la calidad de Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

A folio N°21 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario es el rechazo por parte de COMPIN y la dictación por parte del Superintendencia de Seguridad Social de la Resolución Exenta N° R-01-UME-108985-2023 con fecha 21 de agosto de 2023, en virtud de la cual se confirmó el rechazo de nueve licencias médicas extendidas a la actora por un total de 194 días a contar del 03 de septiembre de 2022. Posteriormente, la Resolución Exenta N° R-01-IBS-17512-2024 con fecha 30 de enero de 2024 rechaza la reconsideración interpuesta por la actora y confirma el rechazo de las licencias médicas.

TERCERO: Que en cuanto a la extemporaneidad del recurso, y no existiendo antecedentes en autos que den cuenta de la época que la recurrente tomó conocimiento de alguna de las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Salud se entiende que se encuentra dentro de plazo para interponer el presente recurso de protección. Sin perjuicio de lo anterior, al ser tan escueto el recurso interpuesto y considerando que el rechazo de las licencias médicas implican el no pago del subsidio correspondiente, el que se extiende hasta la fecha, permite sostener que el plazo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se encuentra vigente por lo que la presente alegación se rechazará.

CUARTO: Que, en lo referente a la solicitud de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en orden a que se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta por tratarse de materias de seguridad social, y por ende no encontrarse tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que si se encuentran garantizados en el referido catálogo, tales como la vida e integridad física y psíquica, lo que en principio habilita a la actora para requerir la protección que se solicita.

QUINTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, rola en autos que por Resolución Exenta N° R-01-UME-108985-2023 con fecha 21 de agosto de 2023, la Superintendencia confirmó el rechazo de las licencias médicas por no encontrarse justificado el reposo.

SEXTO: Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

SEPTIMO: Que así, según se observa en la Resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

NOVENO: Que, de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I. - Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad e improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de COMPIN y la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, disponiendo dejar sin efecto las Resoluciones Exentas N° R-01-UME-108985-2023 con fecha 21 de agosto de 2023, y Resolución Exenta N° R-01-IBS-17512-2024 de 30 de enero de 2024, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que aqueja a la actora a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, y cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Cristian Carvajal de Vicenzi.

Rol N° Protección-285-2024.(jog)