nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

C.A. de Temuco Temuco, catorce de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Comparece BÉLGICA MÁRQUEZ AVENDAÑO, abogada, FRANCISCO ACUÑA GONZÁLEZ, abogado, y nombre reservado, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región del Maule, en representación, de nombre reservado, Técnico en telecomunicaciones, domiciliado en domicilio reservado, Región de La Araucanía, quienes dicen:

Que interponen recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana o, por quién lo subrogue o reemplace legalmente; por cuanto en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente en una resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por médico psiquiatra tratante -que será individualizado más adelante- de su parte, se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República, derechos de los cuales la recurrente es titular y cautelados por la acción de protección; para que S.S. Ilustrísima, resuelva conforme pedimos en la conclusión y en mérito de lo siguiente:

ACTO ARBITRARIO E ILEGAL RECURRIDO:

Se recurre en contra de RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-175872-2022, de fecha 23 de diciembre de 2022, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado, RUT reservado, 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64183377-0. De forma tal que:

-Se confirmó el rechazo de licencia médicas N°s 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 240 días a contar del 10 de noviembre de 2020, por reposo no justificado.

- Se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64183377-0, extendidas por un total de 180 días, bajo la misma causal de rechazo, esto es, reposo no justificado.

-Se confirmó el rechazo de las licencias médicas licencias médicas N°s 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado, RUT reservado, 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64183377-0, no se encontraba justificado.

Resolución que en lo pertinente declaró “Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, que corresponde a 657 días para el cuadro diagnosticado, sin concretar tratamiento especializado, ni lograr su recuperación.”. Dicha determinación no se ajusta al mérito del proceso, por cuanto, JAMÁS se me practicó un peritaje alguno por la COMPIN.

Sepa que lo que gatilló el tratamiento es que el recurrente desde el año 2017 comenzó a presentar inconvenientes, los que se fueron acrecentando en el año 2019 a la fecha, manteniendo fuertes dolores musculares, imposibilitando de cumplir las funciones más básicas de su vida, siendo diagnosticado con discopatia lumbar con radiculopatía.

A posteriori tal y como se acredita con informe médico, el recurrente fue diagnosticado con HERNIA LUMBAR con EXTRUSION DE DISCO ENTRE L3-L4, CON EXTRUSION DE DISCO ENTRE L3 y L4, respecto de la que se debe someter a cirugía, pero, lamentablemente, la atención pública es lenta, sin lograr una solución real a la patología.

A consecuencia de lo expuesto, el actor fue gatillando un TRANSTORNO DEPRESIVO MAYOR SEVERO, con sintomatología ansiosa y labilidad emocional, como se acredita por la doña nombre reservado. nombre reservado Sala, Psicóloga Adulto, según se acredita con certificado médico de fecha 18 de julio de 2022, acompañado a esta presentación.

La patología que aqueja al recurrente no es injustificada, sino que según RM Columna lumbar se constató que se halló “fenómenos degenerativos multisegmentarios destacando protusiones discales, foraminoestenosis y una hernia extruida L3-L4 posterolateral derecha”, conforme el médico radiólogo, don nombre reservado”.

A raíz de la situación de salud de su representado, inició su cuadro clínico, físico y mental. conforme lo anteriormente expuesto, en atención a las crisis que la afectan, sus estados de ánimos, no le permitieron dormir de una forma correcta, es que fue diagnosticado y el tratamiento a seguir consta de diversos medicamentos los cuales alteran el rendimiento diario de nuestro representado, en el ámbito emocional, familiar y social. Lo que adiciona dado que al ser un hombre joven mantiene incertidumbre sobre su futuro, del como proveerá su subsistencia, creciendo su angustia al ser rechazadas sus licencias médicas, pese a lo real de su patología y dolor físico que le ocasiona.

Así las cosas, la SUSESO le rechazó las siguientes licencias médicas:

- El rechazo de la licencia médica licencias médicas N°s 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado, RUT reservado, 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64183377-0, 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado, RUT reservado, 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64183377-0, sin mayor justificación para ello.

Las decisiones del rechazo carecen de fundamento, limitándose a indicar que los reposos no se encuentran justificados, la resolución carece de prolijidad, toda vez del porque no se expone el motivo por el que don nombre reservado debió recuperarse en menor plazo al señalado. Además, en el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO, se hace referencia a que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación, del por qué el recurrente se debió mejorar con antelación, considerando que sus médicos tratantes así no lo determinaron y fueron quienes conocieron en detalle la evolución del tratamiento de don nombre reservado.

La decisión fue adoptada PRESCINDIENDO DE LAS CONCLUSIONES DE LOS MÉDICOS TRATANTES Y, LO QUE ES MÁS GRAVE, SIN INDICAR LAS RAZONES O FUNDAMENTOS POR LOS QUE LOS MENCIONADOS INFORMES NO LE PERMITEN ESTABLECER LA INCAPACIDAD LABORAL, ES DECIR, SIN DAR RAZÓN Y FUNDAMENTO DE SU DECISIÓN, LO QUE – INEVITABLEMENTE – LAS HACEN DEVENIR EN ARBITRARIAS.

El recurrente permaneció todo el tiempo con atención psiquiátrica y psicológicas de los profesionales citados, por ende, resultan ser ellos, quienes más conocimiento mantiene de su estado de salud.

A mayor abundamiento, cabe señalar que no consta que el referido órgano haya accedido a algún análisis o examen del estado de salud del recurrente, desde que la COMPIN en su oportunidad, no ejecutó ninguna de las acciones tendientes a evaluar a esta parte, no existiendo peritaje.

Dada la patología de salud la que requiere de operación fui ingresada a lista esperar el día 31 de mayo de 2022, sin que a la fecha exista respuesta, presentando un reclamo en FONASA, por el tiempo transcurrido, sin resultados en la actualidad, siendo una negligencia del sistema público. A la fecha mantiene dolores insoportables, sin que siquiera el tramadol y morfina calmen aquellos.

Cabe señalar que el artículo 16 del referido Decreto Supremo, establece que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, hecho que – por cierto – no ocurrió.

Sin que existan otros antecedentes que haya podido tener a la vista la COMPIN que acrediten la conclusión contraria a la indicada en los referidos informes y sin que – en lo pertinente al recurso de protección – indique en la resolución recurrida los informes, fundamentos, peritajes, visitas domiciliarias o cualquier otro instrumento, documento o modo de convicción en que funde la decisión de confirmar el no pago de las licencias médicas respectivas, razón por la que el acto recurrido es arbitrario.

Los hechos anteriormente descritos influyeron negativamente en la recuperación de la recurrente, pues no podía someterse con tranquilidad al tratamiento prescrito, debiendo preocuparse, no obstante la gravedad del diagnóstico médico, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes y sin contar, además, con los medios económicos para sustentar el tratamiento y sus gastos, le significaron un estado emocional muy inestable, vulnerable y anímicamente deteriorado, lo que, evidentemente, influye en que se extienda la necesidad de reposo.

Que, de esta manera, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que falta la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de las licencias médicas, además de su ambigüedad, transforma su decisión en caprichosa y carente de razones.

Que así las cosas, el acto reprochable descrito, evidentemente vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, protegido en el numeral 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, en el primer caso, el referido rechazo de licencias médicas impacta severamente en la salud del recurrente produciendo un deterioro de la misma al no poder tomar los descansos necesarios para recuperar su estado de salud, y, en el último caso, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la decisión de la recurrida que le impide acceder al subsidio por enfermedad, por lo que el recurso debe ser acogido.

Por lo mismo, estimamos que a esta Ilustrísima Corte le corresponde velar por los derechos del recurrente en cuyo favor se recurre, ordenando a la recurrida autorizar las licencias médicas N° RUT reservado, N°s 71673777-2 y N°s RUT reservado, proceder a su pago por la entidad competente. Porque los derechos que buscamos proteger mediante el presente recurso son de rango constitucional, y por esta razón existe una necesidad urgente de cautela, toda vez que existe una amenaza y perturbación evidente y cierta, en la forma que determina el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esto es, privación, perturbación o amenaza.

Solicita se sirva tener por interpuesta la presente acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ya individualizada, admitirlo a tramitación y, previos los trámites legales de rigor, en definitiva, se sirva acogerlo y, declarando que los actos de la recurrida importan la violación de las garantías constitucionales señaladas o en subsidio, aquellas otras que estime el caso concurrir de acuerdo a sus facultades conservadoras o aquellas que determine.

1.- Que se acoge el presente recurso de protección, por ser la actuación de la recurrida, en los términos descritos en lo principal de este escrito, arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; y derecho de propiedad del recurrente don nombre reservado, establecidas en los Nº 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política;

2.- Que, como consecuencia de lo referido, se aprueban y ordena el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas de las licencias médicas N°s 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado, RUT reservado, 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64183377-0, 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado, RUT reservado, 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64183377-0, o bien, la declaración que sirva efectuar en igual sentido.

3.- Sin perjuicio que S.S. Iltma., adopte todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del Derecho, de acuerdo a los derechos cuya tutela se solicita, con costas de los recurridos.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-175872-2022, de fecha 23 de diciembre de 2022, emitida por la SUSESO.

2.- RM Columna Lumbar, emitida con fecha 09 de noviembre de 2021, por evacuado por el Dr. nombre reservado.

3.- Informe proceso diagnóstico de mayo de 2022, evacuado por don nombre reservado.

4.- Informe psicológico emitido por la psicóloga doña nombre reservado, con fecha 18 de julio de 2022.

5.- Informe médico emitido por doña nombre reservado, con fecha 22 de julio de 2022.

6.- Informe kinesiológico emitido con fecha 05 de julio e3 2022, emitido por don nombre reservado.

A folio 9, informa FRANCISCO ORTEGA BELLO, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

Respecto de la acción de protección interpuesta por el Sr. nombre reservado, alegamos previo a informar el fondo del asunto, la falta de oportunidad en su ejercicio, por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional.

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DE EL SR. nombre reservado

Como consta en el expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 27 de enero de 2023, en circunstancias que el Sr. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia, por primera vez, mediante presentación de fecha 04 de febrero de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó las licencias médicas N°s 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 240 días, a contar del 10 de noviembre de 2020, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, mi representada la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado por 657 días. El informe médico aportado, no detalla evolución del cuadro ni incapacidad funcional. No acredita kinesioterapia u otro procedimiento terapéutico durante la vigencia de la misma, y tampoco acredita estar en lista de espera quirúrgica, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-20137-2022, de 20 de febrero de 2022.

Posteriormente, el Sr. nombre reservado se presenta ante esta Superintendencia, por segunda vez, con fecha 05 de agosto de 2022, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-20137-2022. Junto con lo anterior, reclamó por el rechazo de las licencias médicas N°s 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 64183377-0, extendidas por un total de 180 días, bajo la misma causal de rechazo. Respecto a esta presentación, este Servicio cumplió con informar que, el reposo otorgado no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, que corresponde a 657 días para el cuadro diagnosticado, sin concretar tratamiento especializado, ni lograr su recuperación. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-175872-2022, de 23 de diciembre de 2022.

Ahora bien, según se advierte del expediente administrativo acompañado en autos, al realizar su segunda presentación ante esta Superintendencia, el Sr. nombre reservado señaló aceptar recibir notificación vía correo electrónico, refiriendo, para esos efectos la casilla correo reservado.

En ese sentido, al momento de dictar la citada Resolución Exenta N° R-01-IBS-175872-2022, de 23 de diciembre de 2022, se procedió a la notificación de la misma, a través del correo electrónico indicado por el recurrente, notificación que se realizó el mismo 23 de diciembre, según consta en la cronología del expediente administrativo.

A mayor abundamiento, si bien, en el libelo presentado indica haber sido notificado el día 28 de diciembre de 2022, el recurrente no ha acompaño ningún antecedente que respalde fehacientemente su afirmación. No pudiendo descartar, en consecuencia, lo referido en el expediente administrativo acompañado en autos.

De tal manera, existe la certeza que el Sr. nombre reservado tomó conocimiento del acto administrativo, con fecha 23 de diciembre de 2022, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

Por tanto, el plazo señalado precedentemente venció el 22 de enero de 2023, en circunstancias que el presente recurso fue presentado recién, el 27 de enero de 2023, esto es, fuera de plazo.

Por otra parte, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad para lo que fue creada por el constituyente, SE UTILIZA COMO ÚLTIMA INSTANCIA DE RECLAMACIÓN PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS, la que, por razones médicas, fue rechazada en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el DS Nº 3 de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda al trabajador cotizante del Fondo Nacional De Salud (FONASA) o a uno afiliado a una Institución de Salud Previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, DEBE INTERONERSE EN CONTRA DEL ORGANISMO QUE ADMINISTRA LA PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, en este caso, la licencia médica.

Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto esta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, el recurrente, si estimaba que la resolución de la COMPIN que rechazó la licencia en comento, adolecía de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante SS. Iltma., TAN PRONTO TUVO NOTICIAS O CONOCIMIENTO CIERTO DE LOS MISMOS, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula.

rechazar la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Que, sin perjuicio de lo recientemente expuesto, vengo en solicitar a S.S.I., que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales. Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, el Sr. nombre reservado, reclamó por primera vez, mediante presentación de fecha 04 de febrero de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó las licencias médicas N°s 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 240 días, a contar del 10 de noviembre de 2020, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado por 657 días. El informe médico aportado, no detalla evolución del cuadro ni incapacidad funcional. No acredita kinesioterapia u otro procedimiento terapéutico durante la vigencia de la misma, y tampoco acredita estar en lista de espera quirúrgica, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-20137-2022, de 20 de febrero de 2022.

Posteriormente, el Sr. nombre reservado se presenta ante esta Superintendencia, por segunda vez, con fecha 05 de agosto de 2022, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-20137-2022. Junto con lo anterior, reclamó por el rechazo de las licencias médicas N°s 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 64183377-0, extendidas por un total de 180 días, bajo la misma causal de rechazo. Respecto a esta presentación, este Servicio cumplió con informar que, el reposo otorgado no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, que corresponde a 657 días para el cuadro diagnosticado, sin concretar tratamiento especializado, ni lograr su recuperación. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-175872-2022, de 23 de diciembre de 2022.

Al respecto, es importante destacar a SS. Iltma. que en atención al reclamo presentado por el Sr. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia, ante ese Organismo, consignó en la cartola médica de la paciente lo siguiente:

“(17/12/2020) … RR LM 1-39886322. Usuario adjunta la misma documentación anterior. Se revisa en sistema de SSAS evaluación por NC quien señala que no es de resorte quirúrgico. No acredita encontrarse en lista de espera quirúrgica. Acumula más de 600 días de reposo continuo. IM no describe clínica ni manejo actual, solo describe hallazgos en RM. Se mantiene rechazo por reposo prolongado e injustificado…”

“(07/03/2022) … RR 694, 377, 706, 780, 168, 226 y 783 Adjunta RM de noviembre 2021 que da cuenta de HNP, además de evaluación en sistema privado por NCx. En ficha clínica electrónica TMT de columna a mediados del 2021 estima que la dolencia no se traduce en clínica relevante, por lo que establece solo manejo médico. Por la extensión del reposo, sin poder acreditarse recuperabilidad, mantengo rechazo…”

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: CONCLUSIÓN: 32 años. Reclama 8 LMs por 240 días a/c 10-11-2020 por G55.1 - COMPRESIONES RAICES Y PLEXOS NERV EN TRAST DISCOS INTERVERT (M50-M51+), emitidas por MG. 657 días con LM autorizados previos. IMC NC 07-01-2022: Lumbago irradiado a Eider. Dg: HNP L3-L4 der extruida. Requiere cirugía. RNM Col. Lumbar 09-11-2021: Rectificación lumbar, fenómenos degenerativos discales multisegmentarios, hernia discal extruida L3-L4 posterolateral der, Trabajador señala que por pandemia no pudo encontrar hora con especialista en 2020. IMC no detalla evolución ni incapacidad funcional, no acredita KNT ni estar en LEQ. Rechazo.”.

A mayor abundamiento, las resoluciones impugnadas señalan los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…El informe médico aportado, no detalla evolución del cuadro ni incapacidad funcional. No acredita kinesioterapia u otro procedimiento terapéutico durante la vigencia de la misma, y tampoco acredita estar en lista de espera quirúrgica, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito…”.

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esta Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente:

“…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello. Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso. Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación copia del expediente administrativo, relativo al caso del Sr. nombre reservado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, que la SUSESO, esta será rechazada por cuanto se recurre de protección respecto de la resolución la Resolución exenta N°R-01-IBS-175872-2022 de fecha 23 de diciembre de 2022, y el presente recurso fue interpuesto el día 27 de enero de 2023.

El recurrente, señala que fue notificado de dicha resolución con fecha 28 de diciembre de 2022. Sin embargo, el recurrido no adjunto antecedente alguno que de cuenta de la notificación el día 23 de diciembre de 2022, razón por la cual, y en virtud del principio de buena fe, es que se estimará que el presente recurso fue presentado dentro de plazo, y se rechazará la alegación de extemporaneidad.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar – como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ambos expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la referida Superintendencia.

CUARTO: Que es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-175872-2022, de fecha 23 de diciembre de 2022, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado, RUT reservado, 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64183377-0. De forma tal que: -Se confirmó el rechazo de licencia médicas N°s 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 240 días a contar del 10 de noviembre de 2020, por reposo no justificado.

- Se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64183377-0, extendidas por un total de 180 días, bajo la misma causal de rechazo, esto es, reposo no justificado.

-Se confirmó el rechazo de las licencias médicas licencias médicas N°s 39886322, 39886330, 39886345, 39886108, 39886276, 39886296, RUT reservado, RUT reservado, 55308226-9, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 64183377-0, no se encontraba justificado.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre el paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo de la recurrente buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SEXTO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

SÉPTIMO: Que este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

OCTAVO: Que en razón de lo anterior, es que se acogerá el presente recurso y se ordenará práctica de nuevas pericias y, conforme a ellas, definir si procede –o no- el pago de las licencias respectivas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE que:

I.- SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad, alegada por la recurrida.

II.- SE RECHAZA, la alegación de improcedencia planteada la Superintendencia de Seguridad Social, por lo motivos expuestos en lo considerativo.

III.- SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por en favor nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas, contenidas en RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-175872-2022, de fecha 23 de diciembre de 2022, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, determinándose desde ya que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo indicado, debe proceder la emplazada a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámites.

Regístrese, comuníquese, agréguese a la carpeta digital y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-285-2023.(jog)