MUNICIPALIDAD DE CARAHUE con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Temuco Temuco, siete de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Adolf Topp Cruces, abogado, por la Municipalidad de Carahue, Persona Jurídica de Derecho Público, representada por su Alcalde don Héctor Alejandro Sáez Véliz, quien dice:

Interpone recurso de protección en contra de Contraloría Regional de la República representada por su Contralor Regional don Rafael Díaz De nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, toda vez, que la resolución administrativa de la Contraloría afecta gravemente el derecho a la salud de la población de la comuna de Carahue perturbando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 1 y 9 de la Constitución Política del Estado, en virtud de la dictación del dictamen N° 2.350, de fecha 16 de abril de 2020, resolución que determinó que la Municipalidad de Carahue debiera dejar sin efecto el decreto alcaldicio 785 de fecha 23 marzo de 2020 improcedente el pago de asignaciones pactadas en favor de los asistentes de la educación.

Con fecha 23 de marzo de 2020 el señor Alcalde Subrogante de la Municipalidad de Carahue, dispuso decretar Cuarentena Preventiva, en beneficio de los 26.000 habitantes de la comuna de Carahue, decreto número 785.

Entre otras medidas, se adoptó el cierre del comercio ambulante, se dispuso el cierre del comercio establecido en determinada hora, sólo con el propósito de resguardar el orden y la seguridad en la protección de la salud de los habitantes de Carahue.

El fundamento de esta decisión, no fue antojadiza ni arbitraria, por el contrario, fue en base a un análisis técnico y a una solicitud de la ciudadanía en torno al complejo escenario que actualmente sufre la comuna de Carahue, con un total de 29 contagiados de Covid 19, unido al hecho de ser una comuna con un alto índice de ruralidad (60%) y con un alto índice de vulnerabilidad, considerando además, que no contamos con un centro asistencia de salud que nos permita contener una propagación de la pandemia. Es más, la construcción del centro asistencia se encuentra paralizado producto de la liquidación del contrato de la empresa constructora.

Por su parte, el Decreto Supremo Nº 4 de fecha 05 de enero de 2020 del Ministerio de Salud, decretó Alerta Sanitaria a nivel nacional, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la enfermedad del coronavirus (Covid -19) como una pandemia global, que afecta a toda la humanidad, hasta la fecha, el brote del nuevo coronavirus se encuentra en curso por lo que el espectro de manifestaciones que pueda causar la infección, la fuente de infección, el modo de transmisión, el periodo de incubación y la gravedad de la enfermedad aún se encuentra en estudio. Por su parte, el Decreto N° 04 de 2020 del Ministerio de Salud estableció Alerta Sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional por brote Coronavirus.

En este sentido el Presidente de la República, Su Excelencia Sebastián Piñera Echeñique, ha indicado que el virus se encuentra en fase 4, esto es, un crecimiento exponencial, lo que pone gravemente en riesgo la salud pública.

Es importante indicar que la medida adoptada por la autoridad edilicia fue en el marco de una situación sanitaria compleja que vive nuestro país, siendo muy bien recepcionada por la comunidad, cámara de comercio y demás actores locales.

El dictamen de la Contraloría Regional, establece que las medidas adoptadas por la Municipalidad, no se encuentran dentro de sus atribuciones, indicando en su conclusión que el dictamen no se ajusta a derecho y por ende debe quedar sin efecto, olvidando a modo ejemplar que limitar el funcionamiento del comercio ambulante, el horario de los locales de venta de bebidas alcohólicas, el funcionamiento de cementerios, entre otras medidas le corresponde a la Municipalidad su reglamentación y administración.

En este sentido, la MUNICIPALIDAD DEBE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, en este orden una gran necesidad es la protección de la salud pública y sobre todo en esta circunstancia excepcional no es arbitrario realizar acciones administrativas tendientes a proteger la salud de la comunidad.

Ahora bien, todas las medidas adoptadas están en armonía con las decisiones del gobierno central. En el caso en concreto la Municipalidad de Carahue, en protección a la salud pública se vio obligada a concretar y decretar una medida restrictiva que prohibiera entre otros el trabajo del comercio ambulante, el cierre de algunos locales comerciales a las 16:00 horas, con excepción de los almacenes de primera necesidad.

La norma legal es clara y precisa que las Municipalidades en el ámbito de su TERRITORIO podrán desarrollar funciones relacionadas con la salud pública.

En el caso en concreto, sin duda alguna el decreto alcaldicio fue impuesto por un tema de SALUD PÚBLICA.

Cuando la norma legal hace referencia a SALUD PÚBLICA claramente da el derecho para que la Municipalidad pueda adoptar medidas que miren el bien común de las personas y no los intereses individuales que en ocasiones pueden poner en peligro la salud de las personas.

La Municipalidad de Carahue, NO prohíbe el ingreso a personas a la ciudad de Carahue, sólo se ha limitado a desarrollar un CORDÓN SANITARIO PREVENTIVO, cuyo objeto es, difundir las medidas de seguridad, colaborar con un arco sanitario para fumigar la parte exterior de los vehículos y desinfectar, tomar VOLUNTARIAMENTE la temperatura a las personas naturales.

El decreto Alcaldicio tiene como objeto resguardar la integridad física de todos los ciudadanos de la comuna de Carahue quienes se han visto complicados por la propagación de la pandemia, la circunstancia de derogar el decreto trae como consecuencia poner en riesgo la salud de las personas.

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido la enfermedad del coronavirus (Covid -19) como una pandemia global, que afecta a toda la humanidad, hasta la fecha, el brote del nuevo coronavirus se encuentra en curso por lo que el espectro de manifestaciones que pueda causar la infección, la fuente de infección, el modo de transmisión, el periodo de incubación y la gravedad de la enfermedad aún se encuentra en estudio. Dejar sin efecto una resolución administrativa, que tiende a buscar protección a la comunidad es contradictorio con un conjunto de normas legales que dicen relación a la protección de la vida humana, y poner en riesgo la salud de miles de personas.

Solicita se sirva tener por entablada acción de protección constitucional a favor de la Municipalidad de Carahue en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, ya individualizada, ordenarle que informe en el plazo perentorio que US ILTMA fije y en definitiva acogerlo, resolviendo que se deja sin efecto el Dictamen n.° 2.350, de fecha 16 de abril de 2020, decretando en definitiva que el decreto 785 se mantiene en todas sus partes, o en subsidio se mantiene en todo aquello que npo sea contrario a derecho, toda vez, que se actuó de manera ilegal y arbitraria, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 1 y 9 de la Constitución de la República, con expresa condenación en Costas Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Decreto Alcaldicio 785.

Resolución 2.350.

A folio 14, informa el recurrido, quien dice:

La relación jurídica existente entre la Municipalidad de Carahue y este Ente de Control se configura, especialmente, por los artículos 98 de la Carta Fundamental; 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N° 10.336, que fija su Organización y Atribuciones -facultades que le fueron delegadas a las Contralorías Regionales por el Contralor General mediante su resolución N° 1.002, de 2011-, y los artículos 51 y 52 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Estas disposiciones atribuyen a la Contraloría General facultades y funciones en orden a que, entre otros asuntos, vele por el irrestricto respeto al ordenamiento jurídico por parte de los organismos sometidos a su fiscalización, pudiendo para tales efectos emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control, siendo estos obligatorios para dichas entidades.

De este modo, los pronunciamientos que emite la Contraloría General en el marco de su función fiscalizadora de la Administración estatal interpretan las disposiciones que rigen la conducta de los agentes públicos estatales y hacen efectivo el principio de legalidad cuya observancia es condición necesaria de dicho régimen.

Enseguida, en atención a que las municipalidades son servicios fiscalizados por esta Entidad de Control, ellas se encuentran en el deber de someter su actuación a la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano de Fiscalización. Esta circunstancia las priva para interponer el presente recurso de protección con el objeto de sustraerse del cumplimiento de los pronunciamientos del Ente de Fiscalización, los cuales al interpretar la norma administrativa integran el bloque de juridicidad en que deben enmarcar sus actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Es menester consignar, que conforme con lo prescrito en el inciso final del artículo 6º de la ley Nº 10.336, las decisiones y dictámenes de este órgano de control, en las materias de su competencia, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, los que no solo son imperativos para el caso concreto a que se refieren, sino que constituyen la jurisprudencia administrativa que deben observar, lo que encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política, 2° de la ley Nº 18.575, y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la citada ley N° 10.336.

Aceptar que un servicio público sujeto a la fiscalización de esta Entidad Contralora, como es la Municipalidad de Carahue, pueda impugnar actuaciones que por disposición legal expresa le son obligatorias, interponiendo un recurso de protección cada vez que no las comparta, interfiere las facultades que, en cuanto Organismo Superior de Control, le confiere el ordenamiento jurídico institucional y coloca al servicio fiscalizado en una situación de rebeldía e incumplimiento de las obligaciones que, en su condición de órgano de la Administración, le impone aquél.

A mayor abundamiento, el recurso de protección no puede constituir un mecanismo para amparar actuaciones municipales que transgredan el ordenamiento constitucional o legal, pues ello es contrario al objetivo primigenio de esta acción que es justamente alzarse contra actos u omisiones vulneradores de tal ordenamiento.

Asimismo, se desvirtúa el sentido y razón de ser del recurso de protección, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece y, en ningún caso, servir como instrumento para que un organismo público pueda eximirse de una obligación legal o cuestionar determinadas funciones que la Carta Fundamental y la ley reconocen a la Contraloría General, toda vez que el incumplimiento de un deber legal no puede significar el sustento de esta acción cautelar.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe señalar que el oficio N° 2.350, de 2020, de esta Contraloría Regional, ha sido emitido de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 98 de la Constitución Política de la República; 51 y 52 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 1, 5°, 6° y 9° de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N° 1.002, de 2011, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia.

A su vez, el oficio de que se trata no constituye una acción u omisión que pueda ser calificada de arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye el resultado del estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada y de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia, contenida en el dictamen N° 6.785, de 2020, que condujeron a esta Contraloría Regional a la conclusión que en él se indica. Así, el hecho de que la actora no comparta la decisión de esta Oficina de Control, no transforma la acción recurrida en arbitraria.

De esta forma el citado oficio N° 2.350, de 2020, ha sido dictado en aplicación de la legislación vigente y de la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora.

El oficio N° 2.350, de 16 de abril de 2020, señaló que la Municipalidad de Carahue debía dejar sin efecto el decreto alcaldicio N° 785, de 2020, que dispuso cuarentena preventiva en dicha comuna, por cuanto al establecer, entre otras medidas, la fijación de un horario para el funcionamiento del comercio y la prohibición de ingreso a la comuna no se ajustaba a derecho.

En efecto, de acuerdo con los artículos 5°, 6°, 7°, 39, 41 y 43 de la Constitución Política de la República sólo bajo los estados de excepción constitucional se puede restringir el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas y, aun en estas circunstancias, con estricto apego a la regulación correspondiente a cada uno de éstos.

De acuerdo con el citado artículo 43 de la Carta Fundamental, compete al Presidente de la República adoptar las medidas que impliquen las restricciones a que alude ese precepto constitucional, sin perjuicio de las delegaciones que pueda hacer en los jefes de la Defensa Nacional, a quienes les corresponde la dirección y supervigilancia de esas zonas, con las atribuciones que el legislador les confiere directamente, las que, en todo caso, no pueden afectar las competencias y el funcionamiento de los organismos constitucionales, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política.

Enseguida, en virtud de lo previsto en el artículo 4°, letras b), h) e i), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las entidades edilicias se encuentran facultadas para desarrollar, directamente o en concurrencia con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas, en lo que importa, con la salud pública, con el transporte y tránsito públicos, y con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes.

No obstante, el ejercicio de dichas atribuciones en ningún caso puede afectar los derechos que garantiza la Constitución Política a todas las personas, comoquiera que estos constituyen un límite al desarrollo de las competencias de las entidades edilicias.

En este contexto, es menester recordar que aun en las condiciones de calamidad pública, los municipios se encuentran en el imperativo de dar cumplimiento al mencionado principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según el cual los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, sin más atribuciones que las que expresamente les ha conferido el ordenamiento jurídico.

Así, tratándose de limitaciones a la libertad ambulatoria se debe considerar, además, que según el artículo 19 N° 7 en relación al artículo 7° de la carta fundamental ese derecho sólo puede ser limitado en los casos que señala la Constitución Política y las leyes y, justamente, en la especie el estatuto legal que rige la actuación municipal no establece tal atribución.

A mayor abundamiento, cabe destacar que de conformidad con el citado artículo 7° de la Constitución, “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

En estas condiciones, corresponde al Presidente de la República y a los jefes de la Defensa Nacional, según proceda, adoptar decisiones que signifiquen afectar derechos fundamentales en los términos que establece la normativa indicada.

De lo señalado se advierte, tal como expresó el dictamen N° 6.785, de 2020, que fijó el criterio sobre la materia y ahondó en el desarrollo normativo precedentemente expuesto y que fue recogido en el oficio N° 2.350 de 2020, no compete a las municipalidades decretar medidas tales como cierre de los correspondientes límites comunales, declaración de emergencia comunal, cuarentena en los respectivos territorios, restricción del tránsito local y el cierre o fijación de horarios de funcionamiento de determinados establecimientos que importan arrogarse atribuciones de las que carecen y mermar la unidad de acción necesaria para superar la crisis sanitaria y restablecer la normalidad constitucional.

El acto impugnado no importa desconocer las atribuciones que tienen las municipalidades para limitar el horario de funcionamiento de algunas actividades Al respecto, es necesario anotar que esta Oficina de Control al pronunciarse sobre el decreto N° 785, de 2020, de la Municipalidad de Carahue, fue clara en sostener que el referido acto no se ajustaba a derecho en cuanto fija cuarentena preventiva, horario de funcionamiento al comercio y prohíbe el ingreso a esa comuna, entre otras medidas.

De esta manera, el acto impugnado no se pronunció sobre las actividades respecto de las cuales la municipalidad se encuentra habilitada para limitar o fijar un horario de funcionamiento, como es el caso, en lo que importa, de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, por cuanto el decreto alcaldicio N° 785, de 2020, del mencionado municipio, establece en términos generales, que a contar del día martes 24 de marzo de 2020, el horario de cierre de todos los locales de la comuna será a partir de las 16 horas, con excepción según su numeral 3, de los locales que venden productos de alimentos de primera necesidad (alimentación) y las farmacias, sin hacer una mención específica a dicho tipo de locales comerciales.

Sin perjuicio de lo señalado, es necesario añadir que el oficio N° 2.350, de 2020, guarda estricta armonía con el dictamen N° 6.785, de 2020, de la Contraloría General de la República, el cual fue distribuido a todas las municipalidades del país.

Con todo, cabe recordar que la atribución que poseen los municipios para fijar el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, en conformidad con los artículos 21 de la Ley de Alcoholes y 65, letra p), de la ley N° 18.695, debe necesariamente ejercerse por medio de la Ordenanza respectiva, y previo acuerdo del Concejo Municipal, lo que no ha ocurrido en la especie.

Finalmente, es necesario indicar que el funcionamiento del comercio ambulante y del cementerio a que alude el actor, son materias que deben estar reguladas en una ordenanza municipal y no en un decreto alcaldicio, de conformidad con el artículo 12 de la ley N° 18.695, por cuanto son normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad.

Supuesta falta de análisis de esta Contraloría Regional de las normas legales que habilitan a la municipalidad para fijar el horario de funcionamiento del comercio y prohibir el ingreso a la comuna.

El municipio recurrente aduce que esta Oficina de Control no efectuó un análisis respecto de las numerosas normas legales que habilitan a esa entidad edilicia para dictar el decreto N° 785, de 2020, como son los artículos 1° y 4° de la ley N° 18.695, de conformidad con los cuales el municipio debe satisfacer las necesidades de la comunidad, en este caso la protección de la salud, y puede desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas con la salud pública.

Agrega, que la municipalidad no prohíbe el ingreso de personas a la ciudad de Carahue, sino que sólo se ha limitado a desarrollar un cordón sanitario preventivo, cuyo objeto es difundir las medidas de seguridad, colaborar con un arco sanitario para fumigar la parte exterior de los vehículos, y tomar voluntariamente la temperatura a las personas naturales.

En relación con la supuesta falta de análisis que reclama el municipio cabe señalar que el oficio N° 2.350, de 2020, de esta Contraloría Regional, reiteró al municipio recurrente el contenido del dictamen N° 6.785, de 2020, que analizó el artículo 118, inciso primero, de la Constitución Política de la República, y el artículo 4°, letras b), h) e i), de la ley N° 18.695, normas referidas a la finalidad de las municipalidades de satisfacer las necesidades de la comunidad, y a la facultad que tienen para desarrollar, directamente o en concurrencia con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas, en lo que importa, con la salud pública, con el transporte y tránsito públicos, y con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, resolviendo que el ejercicio de dichas atribuciones en ningún caso puede afectar los derechos que garantiza la Constitución Política a todas las personas, comoquiera que estos constituyen un límite al desarrollo de las competencias de las entidades edilicias.

Dicho pronunciamiento agregó que aun en las condiciones de calamidad pública, los municipios se encuentran en el imperativo de dar cumplimiento al mencionado principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según el cual los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, sin más atribuciones que las que expresamente les ha conferido el ordenamiento jurídico.

Lo anterior, sin perjuicio de la colaboración que corresponda prestar a los municipios en el respectivo ámbito local y de la coordinación que debe existir entre los distintos órganos de la Administración del Estado, de acuerdo con los artículos 3° y 5° de la citada ley N° 18.575.

3.- La Municipalidad de Carahue sostiene que no prohibió el ingreso de personas a esa ciudad, y que sólo se limitó a desarrollar un cordón sanitario preventivo.

Al respecto, cabe señalar que el decreto alcaldicio N° 785, de 2020, del mencionado municipio, señala expresamente en su numeral 4 “Prohíbase expresamente el ingreso a la COMUNA DE CARAHUE de toda persona que no sea residente o trabajador permanente de la comuna de Carahue, especialmente las personas que han viajado al extranjero durante los últimos 14 días y de todos aquellos que se han diagnosticado positivo de Covid 19”; agregando su numeral 8, que “Las medidas decretadas serán obligatorias a partir de la publicación del presente decreto y se mantendrán por el tiempo que sea necesario para garantizar la salud y seguridad de los habitantes de la comuna”.

Como es posible advertir, el precitado decreto alcaldicio prohibió el acceso a la comuna de las personas que no son residentes o trabajadores permanente, contrario a lo que sostiene el recurrente en su escrito, atribución de la cual carecen los municipios.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario anotar que el cordón sanitario preventivo que según el municipio recurrente se habría dispuesto mediante el decreto alcaldicio N° 785, de 2020, no es una atribución de las municipalidades, sino de la autoridad sanitaria, de acuerdo con los artículos 4° N 3 y 12, N°s. 1, 3 y 7, del decreto con fuerza ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; el Código Sanitario y el decreto N° 136, de 2004, de la citada Cartera de Estado, y el decreto N°4, de 2020, del Ministerio de Salud –con sus modificaciones-.

1.- Sobre la supuesta vulneración a la garantía consagrada en el 19 N° 1 de la Constitución Política de la República Al respecto, en primer término cabe señalar que no se advierte de que forma la titularidad de derechos fundamentales puede ser esgrimida por un organismo público, como es el Municipio de Carahue, por lo tanto entendiendo que el municipio recurre a nombre de los integrantes de la comuna, cabe señalar en primer término que tal como lo ha sostenido la Excma., Corte Suprema en fallo rol N° 39.660, de 2020, en su considerando segundo: “Que la regulación constitucional del recurso de protección, en cuanto a la legitimación activa, distingue claramente entre la persona afectada en sus derechos y quien puede recurrir en su favor, determinando una amplia legitimación para accionar o interponer el requerimiento, pudiendo hacerlo “cualquiera a su nombre”, incluso sin representación. Sin embargo, la persona favorecida por la acción debe estar precisamente identificada, puesto que son los derechos y garantías relacionadas con ellas los que corresponde examinar en su afectación, circunstancia a la cual alude el Constituyente con la expresión “el que”. Es así como no es posible entender que el recurso de protección sea una acción popular, la que es posible interponer en favor de personas indeterminadas” (el destacado es nuestro).

Sin perjuicio de lo anterior, no se vislumbra como esta Oficina de Control en cumplimiento de las funciones que la Constitución Política de la República y las leyes le confieren haya podido poner en riesgo la salud de las personas de esa comuna, por cuanto se ha limitado a señalar que el decreto alcaldicio N° 785, de 2020, al disponer cuarentena, limitar el horario de funcionamiento del comercio y prohibir el ingreso a la comuna, no se ajustó a derecho.

En efecto, el referido decreto alcaldicio excedió las facultades legales de que está investida la autoridad comunal y por lo mismo, dichas medidas no pueden ser dispuestas sino por el Presidente de la República y los jefes de la Defensa Nacional según proceda, ello en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública en vigencia.

En este sentido al emitirse el oficio N° 2.350, de 2020, teniendo presente el irrestricto sometimiento de las autoridades al principio de juridicidad, precisamente se contribuye a proteger la salud de las personas al evitar mermar la unidad de acción necesaria para superar la crisis sanitaria, lo cual implica el irrestricto respeto de cada autoridad a las competencias que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico.

2.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 9 de la Constitución Política de la República Al respecto, se debe tener presente que en el artículo 20 de la Carta Fundamental sólo se incluye el inciso final del numeral 9 dentro del catálogo de derechos que pueden ser objeto de la acción cautelar de autos, esto es, el derecho a elegir el sistema de salud al que deseen acogerse las personas, sea éste estatal o privado, garantía que esta Contraloría Regional no ha vulnerado con la emisión de su oficio N° 2.350, de 2020, por lo que dicha alegación debe ser desestimada por improcedente.

Atendidos los antecedentes y consideraciones expuestas, teniendo presentes las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, se solicita a V.S. Iltma. que desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

Se acompañan los siguientes documentos:

1.- Referencia N°W8381, de 2020.

2.- Oficio N° 2.350, de 2020, de esta Contraloría Regional.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada;

SEGUNDO: Que el acto tildado de arbitrario e ilegal por el recurrente, es el dictamen 2350 de fecha 16 de abril de 2020, que determinó que la Municipalidad de Carahue, debía dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N°785 de fecha 23 de marzo de 2020, que había dispuesto la Cuarentena Preventiva en la Comuna de Carahue.

TERCERO: Que el recurrido, informando el recurso manifestó que efectivamente, el Dictamen 2350 de fecha 16 de abril de 2020, ordenó dejar sin efecto el Decreto Municipal 785 de 23 de marzo de 2020, que fue dictada por la Municipalidad de Carahue, por cuanto la Municipalidad de Carahue, no cuenta con atribuciones constitucionales, ni legales, para decretar cuarentenas preventivas.

CUARTO: Que para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que en la especie no concurre, toda vez que la órgano contralor, dentro de la esfera de sus atribuciones, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°10.336; representó a la Municipalidad de Carahue, que el Decreto Municipal N°785, de fecha 23 de marzo de 2020, que establecía cuarentena preventiva en la Comuna de Carahue, infringía lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 39, 41 y 43 de la Constitución Política de la República; por cuanto solo bajos los estados de excepción constitucional, se pueden restringir el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas; y el Presidente de la República, compete adoptar las medidas que impliquen las restricciones a las garantías constitucionales, sin perjuicio de las delegaciones en el Jefes de la Defensa Nacional.

En consecuencia, no queda más que rechazar el presente recurso de protección, por no existir acto arbitrario e ilegal de parte de la recurrida.

QUINTO: Que atendido lo reflexionado precedentemente, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se señalan como vulneradas ni al examen pormenorizado de los documentos acompañados por las partes.

Por estas consideraciones, normas constitucionales y reglamentarias citadas, y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Adolf Topp Cruces, en representación de la Municipalidad de Carahue, en contra de la Contraloría Regional de La Araucanía.

Regístrese, agréguese a la carpeta digital y archívese Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado N° 2828-2020. (sac)