Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Temuco Temuco, trece de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado y nombre reservado, ambos abogados, en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, de nacionalidad venezolana, con domicilio en la comuna de Pucón, quienes interponen recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES; por la omisión en pronunciarse sobre solicitud de residencia definitiva efectuada con fecha 24 de mayo de 2023 lo que vulneraría los derechos de la recurrente, garantizados en el artículo 19 números 1,2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Señala que Don nombre reservado, ciudadano de nacionalidad venezolana, identificado con pasaporte N° RUT reservado y cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, ingresó regularmente a Chile, país en el cual ha residido de manera continua y estable, desarrollando su vida personal y laboral en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía. Actualmente, se desempeña como representante legal y socio único de la empresa MANGIARE.CL SpA, constituida formalmente ante el Servicio de Impuestos Internos, empresa a través de la cual desarrolla una actividad económica lícita y permanente. Además, mantiene cotizaciones previsionales vigentes y continuas ante AFP Modelo, acreditadas desde el año 2022 hasta la fecha.

En fecha 24 de mayo de 2023, el recurrente presentó su solicitud de residencia definitiva, la cual fue registrada bajo el N° 49714598. Con posterioridad, y conforme a los requisitos formales del procedimiento, el día 23 de junio de 2023 fue habilitado el pago de derechos migratorios, cumpliendo con dicha exigencia administrativa, lo que permitió emitir el certificado de residencia en trámite correspondiente, el cual ha sido renovado para mantener vigente su condición migratoria.

Pese al cumplimiento íntegro y oportuno de todos los requisitos legales, ha transcurrido más de un año desde la presentación de la solicitud sin que exista pronunciamiento alguno por parte del Servicio Nacional de Migraciones. La omisión administrativa no ha sido subsanada a la fecha, manteniendo al recurrente en una situación de incertidumbre e indefensión jurídica, con su solicitud estancada y sin resolución concreta.

Sostiene que la omisión administrativa impugnada no solo resulta arbitraria e ilegal por fundarse en una parálisis injustificada del procedimiento, sino que también evidencia una actuación contraria al debido proceso administrativo, al no dictarse resolución alguna ni notificarse observación alguna, en más de dos años. Esta pasividad infringe principios esenciales de la Ley N° 19.880, como la buena fe, la racionalidad, la imparcialidad y la continuidad del procedimiento administrativo, y desconoce el deber reforzado de motivación que pesa sobre la Administración en casos que comprometen derechos fundamentales.

En este contexto, la negativa injustificada del Servicio Nacional de Migraciones no sólo lesiona garantías fundamentales de la recurrente, como su derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y al debido proceso, sino que también contradice los principios de la Ley N° 21.325, el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones del Estado respecto a la protección efectiva de las personas migrantes.

Piden que se acoja el presente recurso de protección, declarando que la inactividad prolongada del Servicio Nacional de Migraciones constituye una omisión arbitraria e ilegal, y ordenando al órgano recurrido que, dentro del plazo que S.S. Ilustrísima fije, dicte una resolución expresa, motivada y conforme a derecho respecto de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, valorando los antecedentes acompañados y su legítimo derecho a la regularización migratoria conforme al principio de celeridad, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

A folio 5 informa el Servicio Nacional de Migraciones, pidiendo el rechazo el recurso.

Señala que respecto de la solicitud de residencia definitiva realizada por el recurrente quien solicitó con fecha 24 de mayo de 2023, mediante la solicitud N° ID 49714598 se encuentra actualmente en trámite, en etapa de Analisis jurídico de operaciones.

Hace presente que la solicitud de residencia definitiva del recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería.

La Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería ha establecido una serie de normas protectoras, que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros solicitantes de un permiso de residencia definitiva. En efecto, en virtud de los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la norma individualizada, todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia definitiva en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional.

Vinculado a lo anterior, la Ley N° 21.325, en su artículo 43 inciso final, protege el legítimo ejercicio de los derechos de los extranjeros al establecer, de pleno derecho, la prórroga de la vigencia de la cédula de identidad de extranjeros, siempre y cuando su titular pueda acreditar que mantiene una solicitud de permiso de residencia en trámite.

Explica que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, es impone como un plazo no fatal, esto es, un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado.

Sostiene al efecto que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo, y en el presente caso la contraparte no ha solicitado la debida certificación ante este Servicio que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo, siendo ésta la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal.

El certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan. En efecto, verificado el silencio administrativo entonces, el interesado cuenta con todos los plazos y acciones que el ordenamiento jurídico le entrega para hacer valer sus derechos en el evento de existir disconformidad con lo que ha sido resuelto.

Es en virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

Solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, lo cual el actor califica de ilegal y arbitraria, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene al recurrido pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva dentro de plazo no mayor a 60 días, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo cabe señalar que como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 87.976-2023, existió un cambio de legislación reciente en esta materia, pues de estar regida por el Decreto Ley N°1094 y su Reglamento, actualmente se encuentra sometida a la Ley N°21.325 y al Decreto Supremo N°296 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública que contiene el Reglamento de la misma. Dentro de las modificaciones establecidas, el legislador expresamente reguló la situación de la vigencia de las cédulas de identidad durante la tramitación de los procedimientos administrativos de residencia temporal y definitiva, señalando el artículo 43 de la Ley N° 21.325: “Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la Identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberé expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud. ”

CUARTO: Que, en ese orden de ideas, y siguiendo el raciocinio del máximo Tribunal, tanto del tenor del recurso como de los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. En consecuencia, al mantenerse la vigencia de dicho instrumento durante la tramitación del procedimiento administrativo, no puede existir perturbación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, pues no resulta efectivo que el extranjero esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada. Misma situación ocurre respecto al ingreso y egreso del territorio nacional, ya que conforme al artículo 38 de la Ley N° 21.325, no existen limitaciones mientras se encuentra pendiente el procedimiento administrativo, debiendo acreditarse únicamente dicha circunstancia.

QUINTO: Que, de ese modo, habiendo sido asentado que la parte recurrente se encuentra en una situación migratoria regular, en cuanto a la alegación relativa a la demora en la dictación del acto administrativo terminal, cabe señalar que como indica el artículo 27 de la Ley N° 19.880, el plazo de seis meses señalados en dicha disposición no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento.

SEXTO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente ni aún en grado de amenaza, deberá desestimarse la acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez, quien estuvo por acoger el presente recurso, atendido a que la tramitación del procedimiento administrativo ha excedido el término de seis meses que indica el artículo 27 de la Ley N° 19.880, sin que se haya acreditado la existencia de caso fortuito que justifique dicha demora, lo que significa una vulneración al principio de igualdad ante la ley, respecto de otros interesados que han obtenido una respuesta formal, dentro de plazo legal.

Redacción del fallo por el Ministro Sr. José Marinello Federici.

Regístrese y archívese.

N°Protección-2788-2025. (cwm)