Protección contra una funcionaria

C.A. de Temuco.

Temuco, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Ha comparecido GONZALO PABLO TELLO BILBAO, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien expresa : que interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, trabajador social, domiciliado domicilio reservado; y en contra de (01) la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE RIEGO - ANFU RIEGO DOH ARAUCANÍA, organización de carácter gremial que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas; (02) de su presidente nombre reservado, funcionario público; (03) de su secretaria CARMEN GLORIA VÁSQUEZ BAHAMONDE, funcionaria pública; y (04) de su tesorero nombre reservado, funcionario público; domiciliados todos domicilio reservado, por haber los recurridos vulnerado, en forma esencial, derechos garantizados en la Constitución Política de la República, de la manera que expresa:

El día 6 de septiembre de 2023, cuando me desempeñaba como funcionario en la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) de la Región de la Araucanía, obsequié a una compañera de trabajo un queque elaborado por mí con, entre otros ingredientes, “esencia” de cáñamo. Esta situación dio origen a la instrucción de un sumario administrativo, dispuesto ordenado instruir mediante Resolución Exenta N° 741, de 12.10.2023, de la Dirección de Obras Hidráulicas y a una denuncia al Ministerio Público. El primero se encuentra en actual tramitación, solicitándose, por esta parte, la absolución; y la segunda fue una denuncia al Ministerio Público, pues la Fiscalía Local dispuso la incautación del aludido componente desde mi casa para su análisis por el Laboratorio de la PDI, el cual concluyó que no contenía ninguna sustancia ilícita.

Lo anterior, debido a que el componente no era sino “esencia de cáñamo”, a la que se le quita el componente conocido como tetrahidrocannabinol, que es el principal compuesto psicoactivo de las plantas del género cannabis, por lo tanto, se trata de un componente que no es ilegal, pues no contiene ninguna sustancia prohibida. Es más, su comercialización está permitida y puede encontrarse y adquirirse en comercios especializados.

Despejada la interrogante de la licitud del componente señalado, toda la situación objeto del sumario y de una denuncia al Ministerio Público, se trató, simplemente, de ofrecer un queque.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, los recurridos, desarrollando una mal entendida actividad gremial ha realizado una serie de presentaciones orientadas a obtener la destitución de la Sra. nombre reservado, Directora Regional Dirección de Oras Hidráulicas de La Araucanía y, dentro de las situaciones que denuncian en su contra y que les sirve de sustento para su petición, reiteradamente, hacen referencia a mi situación, pero tergiversándola y haciéndola aparecer como “tráfico de estupefacientes”.

Entre estas presentaciones se encuentran:

1. Carta dirigida a la Sra. nombre reservado, ministra de Obras Públicas, con fecha 24.04.2024, en la que irresponsablemente denuncian “infracción en DOH Región de La Araucanía a la ley Nº 20.000, la cual sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y su última modificación, ley Nº 21.575 de fecha 23.05.23”

2. Finalmente, una presentación realizada el Senador Francisco Huenchumilla, con fecha 12.06.2025 en la que hacen alusión a que “realizamos denuncias de actos ímprobos, como, por ejemplo, la infracción a la ley Nº 20.000, “Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, por parte de un funcionario recientemente contratado en la Dirección Regional (2022), en contra de una funcionaria. Este funcionario, quien, increíblemente, aun habiendo reconocido el hecho, fue protegido por parte de la Subdirección Nacional SSR, siendo trasladado a su Departamento de Gestión Comunitaria en nivel central, en donde ejerce actualmente como funcionario público”.

Si bien, actuando en forma solapada, no le nombran expresamente, las expresas referencias al caso, dan a entender que efectivamente se trata de mi persona, ya que no hay otro caso similar en la DOH. De esta manera, continuamente están desprestigiando mi nombre ante los demás funcionarios del servicio, mis colegas y compañero de trabajo, quienes saben perfectamente a quién hacen alusión.

La actividad sindical debe ser realizada en forma responsable, con antecedentes concretos y no justifica menoscabar la honra de las personas, menos aún si son compañeros de trabajo, tergiversando situaciones que, incluso, los procesos sumariales a que dieron origen se encuentran en curso, sin arribar a ninguna conclusión. Desde luego, no puede imputarse tan ligeramente un “tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas” si el sumario instruido en tal sentido no ha arribado a ninguna conclusión y la investigación del Ministerio Público. Es decir, no existe ninguna declaración fehaciente que respalde la temeraria acusación.

De esta manera, el actuar de los recurridos constituye una evidente violación a derechos garantizados en la Constitución Política de la República, concretamente, el derecho a la honra y el derecho a la integridad física y psíquica, del artículo 19 n°s 1 y 4º.- el respeto y protección a la vida privada y la honra.

Respecto del derecho a la integridad física y psíquica, garantizada en el artículo 19 N° 1, inciso segundo de la Constitución Política de la República, se expresa en la incertidumbre y angustia sufridas por el suscrito, lo cual, incluso, me ha traído diagnóstico de depresión.

Toda esta situación, inequívocamente, me provocó su carga de estrés y preocupación constituyéndose en una experiencia traumática, que afecta mi integridad psíquica. Asimismo, se ha vulnerado el derecho a la honra, protegida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución, el que asegura a todas las personas: “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona…”

Indudablemente, se afecta, aunque no me nombren, el hecho de emitir estos comunicados, que son puestos en conocimiento público a todos los funcionarios del Ministerio, pues el incidente ya se hizo conocido por otras vías, aunque los funcionarios solo conocen los hechos y los nombres de los protagonistas, pero los recurridos lo divulgan dando por establecida la existencia de “tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”.

Claramente, se me vincula e imputa, derechamente, la comisión de un delito, lo cual empaña mi nombre y el derecho a la honra.

En cuanto al plazo, claramente la última presentación fue realizada con menos de 30 días a la presentación de este recurso, y, respecto al resto, se trata de una serie encadenada de actos con un mismo fin, con lo que existe una conexión ideológica entre ellos.

El artículo 20 señala que “el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos”. Como se puede desprender de lo señalado, el acto existe y fue cometido por el recurrido, con su carta temeraria y antijurídica, por lo que claramente, deviene en un acto arbitrario e ilegal.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección y en definitiva, tomar las medidas se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho, entre ellas, y sin perjuicio de otras, ordenar a los recurridos que, en lo sucesivo, se abstengan de ejecutar acciones de denuncia en mi contra por supuesto “tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Carta dirigida a la Sra. nombre reservado, ministra de Obras Públicas, con fecha 24.04.2024, por los recurridos.

2. Presentación realizada el Senador Francisco Huenchumilla, con fecha 12.06.2025, por los recurridos.

A folio 23 recurrente solicita se tenga a la vista el sumario administrativo ordenado instruir mediante Resolución Exenta N° 741, de 12.10.2023, de la Dirección de obras Hidráulicas.

A folio 30 tribunal queda en resolver en definitiva.

A folio 29, recurrente acompaña:

1.- Certificado extendido con fecha 14.10.2025, por el psicólogo nombre reservado respecto de salud mental del recurrente.

2.- Copia simpe de la carpeta investigativa R.U.C. 2301028156-3, del Ministerio Público, en la que consta: a. Comunicación de archivo provisional dispuesta por el Ministerio Público con fecha 27.04.2025, y b. Informe policial realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, en el cual consta, como “Resultado de la investigación criminalística”, que “se le efectúa prueba de campo a la sustancia que potaba e imputado y sindicada por él como el componente introducido para la elaboración del cupcake, el cual arrojó como negativo ante la presencia de droga del tipo cannabis”.

A folio 9 informa nombre reservado, funcionario público, por sí y como Presidente Regional de la Asociación de Funcionarios de Riego (ANFU RIEGO DOH ARAUCANÍA), en su representación, según lo dispuesto en el artículo 234 del código del trabajo, y, nombre reservado, chileno, casado, funcionario público, cédula nacional de identidad número RUT reservado, Tesorero de la Asociación de Funcionarios de Riego (ANFU RIEGO DOH ARAUCANÍA), quienes exponen: Que, solicitan el rechazo del recurso en todas sus partes con expresa condenación en costas, por no configurarse los presupuestos constitucionales para que sea concedido, por no existir un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de las garantías que se han denunciado como vulneradas en la presente acción, de acuerdo a las fundamentaciones de hecho y derecho que a continuación pasamos a exponer:

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.

Es preciso señalar, aunque resulte de sobreabundante, en primer término, que, nos encontramos frente al cuestionamiento de actividades desarrolladas por la Asociación de funcionarios de la Dirección de obras hidráulicas de la región de la Araucanía, organización sindical perteneciente al Ministerio de obras públicas, es decir, un órgano del Estado. Asimismo, que el actuar de la Asociación se encuadra dentro del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°19 de nuestra constitución política de la República.

Lo anterior es importante por cuanto las actividades desarrolladas por esta parte tienen por finalidad asegurar los derechos de los trabajadores/empleados públicos y el correcto funcionamiento del servicio público en cuanto en tanto dicho funcionamiento repercute en la vida de quienes ejercen sus funciones en dicho organismo.

Así, dentro de la actividad desarrollada por esta parte efectivamente se han realizado denuncias formales y extensas sobre un cúmulo de situaciones anómalas que afectaban gravemente el clima laboral y la probidad en la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de La Araucanía, todas las cuales se enmarcan en el cumplimiento de los fines estatutarios y en el deber ético y legal que asiste a los funcionarios públicos de denunciar irregularidades que afectan el buen funcionamiento del servicio y la integridad de sus trabajadores, todas las cuales hemos desarrollado de manera rigurosa siguiendo la normativa que nos rige y los reglamentos y protocolos que están establecidos, jamás buscando fines personales o atacando a personas en particular sino más bien velando por el cumplimiento de nuestro rol fiscalizador como Asociación de funcionarios de la nombrada institución.

En dicho contexto, y en un ambiente de falta de control, de omisión de deberes de las jefaturas y de irregularidades, la Asociación, en cumplimiento de su rol fiscalizador, tenía el deber de poner en conocimiento de las autoridades superiores la multiplicidad y gravedad de situaciones que aquejaban a la institución y consecuencialmente a sus trabajadores, a través de las vías destinadas a dicho efecto debido a la falta actividad desplegada por las jefaturas directas para superar las múltiples irregularidades existentes.

Es menester señalar entonces que las variadas acciones tendientes a obtener un pronunciamiento en dicha materia (regularizar el funcionamiento del servicio), no dicen relación con el recurrente sino, como él mismo lo señala, respecto de quien detenta/ detentaba el cargo de director regional de la Dirección de obras hidráulicas de la Araucanía.

Debe considerarse en el caso de marras, que las actuaciones desplegadas por la Asociación se encuentran enmarcadas dentro de los fines de representación y protección de los socios, por un lado y, con la libertad sindical y de expresión, así como con la autonomía con que cuenta la Asociación, cuestiones no discutidas y vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, por el otro, en tanto en cuanto existe el deber o imperativo de actuar por parte de las organizaciones sindicales, libre y autónomamente y sin intervención de terceros, cuando un trabajador o trabajadora se sienta afectada en sus derechos. Lo anterior, en todo escenario, siempre respetando los derechos de terceros, siguiendo los procedimientos y cumpliendo irrestrictamente el sistema jurídico vigente.

De acuerdo con lo anteriormente señalado, las gestiones que haya realizado la Asociación como consecuencia de los hechos que el recurrente señala en su presentación haber realizado, se hicieron de acuerdo a los más altos estándares de funcionamiento de la Asociación. Es decir, en cumplimiento del imperativo que le asiste a la Asociación, dentro de sus facultades, siguiendo los procedimientos establecidos, en cumplimiento de la normativa vigente, considerando la Autonomía y libertad sindical y de expresión, las obligaciones que emanan de la naturaleza de la actividad que se ejerce y con pleno respeto del ordenamiento jurídico vigente íntegramente.

Más precisamente, y dentro de los límites de la presente acción constitucional, de toda la actividad desarrollada por la Asociación de funcionarios de Riego, el actor señala que el hecho de haberlo incluido, sin nombrarlo, en dos cartas privadas enviadas a autoridades públicas habría vulnerado los derechos fundamentales que señaló, cuestión que resulta forzoso sostener o concluir debido a que el análisis no tiene hilo conductor y carece de lógica.

Así, tal como señala el recurrente en ninguna de las acciones desplegadas por esta parte se le nombró o identificó, cuestión que entonces no está discutida y que es precisamente el argumento que impide que su pretensión prospere, pues carece de fundamento. Es más, Ssa., ilustrísima, quien entrega antecedentes y detalles de su situación es el propio recurrente en el presente recurso.

Ahondando en el asunto, y tal como señala el recurrente, las dos presentaciones a que hace referencia se tratan de cartas enviadas a autoridades en el contexto de la actividad sindical desarrollada y en concreto de comunicaciones privadas dirigidas a personas determinadas, cuyo contenido no es público o no debería serlo, razón por la cual el recurrente no debería conocer su contenido y si tomó conocimiento de él no fue por información que haya entregado esta parte.

Las comunicaciones citadas no fueron proclamas públicas ni se trató de panfletos difamatorios; fueron oficios formales, dirigidos por los canales institucionales correspondientes a las más altas autoridades con competencia en la materia, siguiendo los protocolos establecidos en el marco de la actividad desarrollada por esta parte con la finalidad de subsanar el mal funcionamiento del servicio público a propósito de la inactividad frente a múltiples problemáticas de las que no se estaba haciendo cargo la Dirección del órgano y que repercutían no solo en el correcto funcionamiento del servicio público sino en los propios funcionarios públicos. Es preciso indicar que cuando indicamos haber comunicado las situaciones a autoridades con competencia en la materia, nos referimos a autoridades que deben intervenir frente al incumplimiento de funciones y mal funcionamiento del servicio público y no sobre un caso particular ocurrido como pretende hacer creer el recurrente.

Asimismo, es menester aclarar desde ya que esta parte desconoce si efectivamente el recurrente tomó conocimiento del contenido de las cartas enviadas y cómo lo hizo, y entendemos que, es una cuestión que escapa de nuestras facultades o control, aun cuando nos parece gravísimo. Lo anterior ya que, como se dijo, las cartas enviadas y su contenido no son actos ni comunicaciones públicas sino de carácter privado.

Estando contestes entonces en que, en los últimos meses se ha desarrollado actividad por esta parte, ejecutando sus funciones como Asociación de funcionarios de la dirección regional de obras hidráulicas de la Araucanía, la cual dice relación con denunciar el anómalo funcionamiento del servicio púbico en el cual ejercen funciones las partes y que no se ha nombrado en ninguna de dichas actividades al recurrente, resulta forzoso concluir que se haya podido vulnerar, perturbar o amenazar alguno de sus derechos fundamentales puesto que:

- El actuar sindical realizado no es ilegal ni arbitrario bajo ningún respecto sino más bien se encuentra amparado por nuestro ordenamiento jurídico.

- Así también, las acciones desplegadas por esta parte se han realizado respetando la normativa vigente y siguiendo los protocolos existentes en todo momento, por las vías y canales oficiales destinados al efecto.

- Las acciones tendientes a denunciar el incorrecto funcionamiento del servicio público no dicen relación con el recurrente debido a que él no detenta un cargo de jefatura o similar que lo posicione como responsable del funcionamiento del servicio.

- En ninguna de las actividades desarrolladas, ni en las comunicaciones privadas a que hace alusión el recurrente, tal como él mismo reconoce, se hace mención a su nombre, se le identifica o señala.

INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

i. Inexistencia de Vulneración al Derecho a la Honra (Art. 19 N°4 CPR)

El recurrente construye su alegación sobre la base de que, si bien no fue nombrado, sería "identificable" por su círculo cercano.

La discusión no debería existir y por dicho motivo el recurso no puede prosperar, debido a que el propio recurrente reconoce que no se le nombra ni identifica en las actividades que se han desarrollado.

En un esfuerzo por entender su argumento podemos llegar a deducir que es una extraña interpretación que él realiza respecto de actividades que se ejecutaron, en que asume se le incluyó, debido a que desde una perspectiva y apreciación personal considera su situación o persona en tal extremo relevante como para ser incluido en todas las actuaciones realizadas de manera directa o indirecta.

Ahora bien, sobre la posibilidad de que fuera identificable sin haberlo nombrado, es preciso señalar que, si bien la jurisprudencia ha aceptado que se puede afectar la honra sin nombrar explícitamente a una persona si esta es claramente identificable por el contexto, dicha cuestión no es posible aplicarla en este caso debido a que, las acciones denunciadas - envío de cartas a 2 autoridades – por tener carácter de privadas no existe un grupo de personas, contexto o círculo cercano que pudiera identificarlo, más aun recordando que, como latamente se ha señalado, las acciones desplegadas por esta Asociación no tenían como finalidad perseguir individualmente o personalmente al recurrente sino más bien regularizar el mal funcionamiento del servicio por actos u omisiones emanadas desde la Dirección del mismo a la cual el recurrente no pertenece.

Con todo, de insistirse en la hipótesis de que fuera identificable, la pregunta jurídica fundamental que restaría realizar es si el acto que permite esa identificación fue ilegal o arbitrario. En dicho punto, como se ha demostrado hasta la saciedad, el acto de la Asociación —denunciar formalmente hechos graves a la autoridad competente— fue un acto legítimo, fundado y debido.

Finalmente, es preciso recordar que pesa sobre los funcionarios públicos una específica obligación de denuncia frente a hechos presuntamente constitutivos de delito que cobra relevancia al analizar la afectación al derecho a la honra en el caso de marras pues, es menester recordar que el derecho a la honra, como todos los derechos fundamentales, no es absoluto, existiendo entonces una posible o aparente colisión de derechos.

Así, el derecho a la honra no puede ser invocado como un escudo o un manto de impunidad para impedir la fiscalización, la crítica o la denuncia de irregularidades, especialmente cuando éstas ocurren en el seno de la Administración del Estado. Cuestión que no puede perderse de vista y que cobra relevancia ya que, en este contexto podría llegar a resultar atentatorio de la democracia en cuanto en tanto uso ilimitado podría generar un "efecto amedrentador" o chilling effect que inhibiría a todas las organizaciones sindicales, funcionarios públicos y, a los ciudadanos en general, de cumplir con su deber de denuncia, por el temor a ser arrastrados a un litigio constitucional por quienes son objeto de la denuncia. Ello sería, en la práctica, amordazar la función fiscalizadora de la sociedad civil, cuestión que resulta contraria al ordenamiento jurídico y, como se dijo, atentatorio incluso de la democracia.

ii. Inexistencia de Vulneración a la Integridad Psíquica (Art. 19 N° 1 CPR)

El recurrente alega que toda esta situación le ha provocado "incertidumbre y angustia", e incluso un "diagnóstico de depresión". Así pues, para que se configure una vulneración a la garantía de la integridad psíquica, es indispensable que exista un nexo causal directo e inequívoco entre el acto ilegal o arbitrario del recurrido y el daño psíquico alegado por el recurrente.

En la especie, dicho nexo causal es inexistente en primer término porque, como se ha dicho no estamos en presencia de un actuar ilegal o arbitrario y luego porque no ha habido ningún tipo de afectación atribuible a esta parte.

Es preciso señalar, y resulta más lógico entender que la angustia, el estrés y la depresión que el recurrente dice padecer son, en realidad, según su propio relato y los antecedentes que él entrega en su presentación, la consecuencia directa, lógica y, más o menos esperable la cadena de consecuencias derivadas de los hechos que señala ocurrieron el día 6 de septiembre del año 2023 y que dieron origen a un sumario administrativo aún en curso y una investigación realizada por el ministerio público en su contra, cuestiones Ssa., ilustrísima que él mismo da a conocer en el recurso y que nada tienen que ver con el actuar de esta parte en el ejercicio de sus funciones pues no existió intervención en nada de lo que el recurrente señala ocurrió el día 6 de septiembre del año 2023 y las consecuencias derivadas de dichos actos.

El recurrente intenta, mediante una pirueta argumental, transferir la responsabilidad de las consecuencias de sus propios actos a esta parte, lo cual resulta un argumento falaz y carente de toda lógica. Lo anterior Ssa., ilustrísima en tanto en cuanto esta parte no tiene facultad de decisión de ningún tipo en los procesos que se han originado a propósito de los hechos que él narra, ni en los hechos realizados por él y que constituyen en definitiva la fuente u origen de su pesar actual.

Solicitan tener por evacuado, en tiempo y forma, el informe requerido a la Asociación de funcionarios de Riego - ANFU RIEGO DOH ARAUCANÍA, su Presidente Regional don nombre reservado y su tesorero don nombre reservado, todos ya individualizados.

Rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido en autos por don nombre reservado, por carecer de los fundamentos de derecho que lo justifiquen y lo hagan procedente, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario alguno que amerite la tutela de urgencia de esta Magistratura.

Declarar expresamente que el actuar de los recurridos - la Asociación y sus dirigentes - se ajustó en todo momento a derecho, constituyendo un ejercicio legítimo, racional y proporcionado de sus derechos y deberes fundamentales, en especial de la libertad sindical y la libertad de expresión en materias de interés público en tanto no dicen relación con el recurrente de manera personal.

Condenar expresamente en costas al recurrente, por haber litigado sin fundamento plausible y con temeridad, obligando a esta parte a incurrir en gastos y distracciones para su legítima defensa.

A folio 10, informa CARMEN GLORIA VÁSQUEZ BAHAMONDE, funcionaria pública y secretaria de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Riego (ANFU RIEGO DOH ARAUCANÍA), quien dice:

De la lectura del recurso interpuesto se desprende que, el señor nombre reservado, en 2023, obsequió un queque que contenía una sustancia especial, sin advertir de aquello, a una compañera de trabajo. Acto seguido, la Asociación conoció del hecho y lo denunció. Con ocasión de la denuncia se inició un sumario, que sigue en curso. El mismo episodio fue analizado en sede penal. Un laboratorio de la policía determinó que no había componentes ilícitos en el queque.

El resultado de esa pericia que, en estricto rigor sólo determina que el queque incautado en la casa del actor no contenía sustancia ilícita, para el señor nombre reservado parece una suerte de sentencia firme y ejecutoriada. Una declaración irrefutable de inocencia.

Entonces, (y ahí empiezan los problemas de suficiencia en el razonamiento), su acto dejó de ser reprochable. La ausencia de marihuana en el queque de su casa transformó al recurrente en víctima. De esa premisa concluyó que la Asociación no debió denunciar. Concluyó también que lo deben absolver en el sumario, que su honra ha sido dañada y que su depresión es causada por las declaraciones realizadas por la Asociación; cuestión que, a su turno, configura una actuación irresponsable de una Asociación de funcionarios a la que no pertenece.

Convengamos en que, al menos, ha sido gravemente vulnerado el principio de razón suficiente. El relato es inconexo. La Asociación no tiene la obligación de determinar que es delito y que no. Esa es una facultad exclusiva y excluyente de los tribunales competentes en lo penal. Los actos atribuidos a la Asociación no constituyen, bajo ningún respecto, una acción u omisión que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, su actuación se enmarca estrictamente en el cumplimiento de sus fines estatutarios y en el deber ético y legal que asiste a los funcionarios públicos de denunciar irregularidades que afectan el buen funcionamiento del servicio y la integridad de sus trabajadores.

La Asociación debe denunciar lo que le resulte irregular, ante las autoridades competentes, cuando aquello afecta los derechos de las y los trabajadores públicos del ministerio.

De la pericia no se desprende la ilegitimidad de la denuncia. La Asociación habría denunciado igual porque es, a lo menos violento, ofrecer comer un queque a una compañera sin advertirle que contiene una sustancia especial. La decisión de consumir o no el queque pertenecía a ella y el señor nombre reservado vulneró su autonomía. No estamos haciendo ninguna acción irresponsable. Estamos haciendo lo que debemos hacer.

Con todo, que de la pericia se desprende la prueba del daño causado a la salud mental es la peor de sus inferencias. Lamento la enfermedad del recurrente, pero no es razonable que aquella se haya provocado por una denuncia, cuya validez persiste. No existe el menor vínculo causal entre la denuncia y la depresión que padece. Y si, por alguna razón, aquella vinculación existiera, si su honra haya sido dañada por la denuncia realizada por la Asociación, entonces es del todo lógico que la cuestión habría que ventilarla en un juicio de lato conocimiento, porque al ser una organización sindical con personalidad jurídica, su autonomía está reconocida por la Constitución y las leyes. Este no es el procedimiento y esta no es la sede.

No existe en la especie vulneración alguna a las garantías constitucionales que el recurrente invoca. No se ha conculcado su derecho a la honra, toda vez que su nombre jamás fue mencionado, aludido o siquiera sugerido en ninguna de las comunicaciones emitidas por esta parte. Tampoco puede existir una afectación a su integridad psíquica que sea imputable a la Asociación, pues cualquier estado de angustia o zozobra que el recurrente pudiere experimentar deriva, como es lógico y natural, de las consecuencias de sus propios actos y de los procedimientos disciplinarios y penales que estos generaron, y no de la actuación lícita, debida y responsable de esta organización sindical, la cual se fundó en hechos graves, veraces, objeto de una investigación administrativa oficial y formal por parte de la propia Dirección de Obras Hidráulicas.

El recurrente pretende que el derecho a su honra prime de manera absoluta, ignorando que en la especie entra en colisión con otro derecho de igual o superior jerarquía en este contexto: la libertad de expresión. La jurisprudencia, tanto de nuestros tribunales superiores como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es conteste en que, ante una aparente colisión entre el derecho a la honra y la libertad de expresión, esta última adquiere una posición preferente cuando las expresiones vertidas se refieren a materias de interés público.

En virtud de la libertad de expresión, consustancial a la autonomía y libertad sindical, la Asociación denunció el hecho porque verdad que ocurrió. No hay injurias ni calumnias cuando se dice la verdad y los hechos no son privados cuando consisten en interacciones eventualmente constitutivas de violencia en el espacio y horario de trabajo de un servicio público.

Las comunicaciones que el recurrente objeta representan la manifestación más pura y legítima de dos derechos fundamentales que gozan de una especial protección y preeminencia en un Estado Democrático de Derecho: la libertad sindical, garantizada en el artículo19 N° 19 de nuestra Carta Fundamental y en diversos tratados internacionales ratificados por Chile, y la libertad de expresión en materias de evidente y manifiesto interés público, consagrada en el artículo 19 N° 12 del mismo texto constitucional.

La preocupación de la Asociación no fue una invención, una exageración o una campaña de desprestigio. Fue la reacción lógica y esperable ante un hecho que la propia institucionalidad pública ya había calificado como grave y merecedor de una investigación formal. Cuando la Asociación, meses después, se refiere a este incidente, no está actuando sobre la base de un capricho o una animosidad personal, sino sobre la base de un procedimiento oficial y público dentro del servicio. Esto traslada el foco desde una supuesta "persecución" de la Asociación hacia una legítima "preocupación" por un acto ya investigado oficialmente.

La inacción de la Asociación frente a un hecho de esta naturaleza habría constituido un notable abandono de deberes y una traición a la confianza depositada por sus asociados. Si una funcionaria es víctima de un acto de estas características y la organización que debe protegerla, teniendo conocimiento, guarda silencio, podría ser acusada, con justa razón, de negligencia y complicidad pasiva. Al informarla situación ante las más altas autoridades del ramo, la Asociación no hizo más que cumplir con el mandato que sus bases les confirieron. Por lo tanto, su actuar no solo fue legal y legítimo, sino que fue un acto debido. Y un acto debido, por definición, no puede ser calificado de arbitrario.

La crítica a la gestión de los funcionarios públicos y el debate sobre el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado constituyen el núcleo esencial de la libertad de expresión en una sociedad democrática, y gozan, por tanto, de la máxima protección posible.

¿Constituye la denuncia del hecho una acción reprochable? Es posible. ¿Hicimos, como afirma el señor nombre reservado, un uso irresponsable de la actividad sindical? Es posible. Pero el reproche no puede provenir de nadie que no sea parte de la organización. En eso consiste la autonomía sindical. La ley y los estatutos establecen los mecanismos para que los socioscastiguen el “uso irresponsable”. Para nuestra Constitución Política y para los Tratados Internacionales, la autonomía de la asociación está garantizada. Solicita tener por informado, en tiempo y forma, el presente recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección ha sido instaurada por el constituyente para dar tutela urgente ante actos u omisiones arbitrarios ilegales que constituyan una privación, perturbación amenaza al legítimo ejercicio de los derechos fundamentales que indica el artículo 20 de la Carta Política.

SEGUNDO: Que, el hecho que se pretende atentatorio a las garantía constitucionales de los numerales 1° y 4° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que invoca el recurrente, dice relación con dos comunicaciones que los recurridos habría dirigido a la señora Ministra de Obras Públicas y al senador de esta región don Francisco Huenchumilla, al percatarse que aquel obsequió un queque que contendría marihuana, sin embargo, afirma quien acciona, ello quedó desestimado en la investigación penal que se inició con motivo del accionar de los recurridos; no obstante ello, aquello también fue el sustento para iniciar un sumario administrativo en su contra.

TERCERO: Que, siendo como precede, surge claramente que lo debatido se trata de una materia relacionada con el ejercicio legítimo de la actividad gremial que desarrollan los recurridos, y el derecho de emitir opinión, que tiene toda persona. Debiendo considerarse además que, es el propio recurrente quien admite en su presentación que, pese a todo, no se le nombra directamente( en las comunicaciones que ha efectuado la organización recurrida), sino que se llega a la conclusión de su individualización por otros funcionarios de la repartición pública, en base a lo que entendemos como rumores, en ese sentido es manifiesto que no puede sostenerse que ello aparezca como una acción arbitraria e ilegal de los recurridos desde que, en modo alguno el recurrente queda singularizado como autor de un delito de aquellos que contempla la Ley 20.000. Lo que parecen efectuar, en consecuencia, los recurridos es ejecutar acciones propias de la defensa de interés del gremio al que representan de tal forma que, en efecto, ponen en conocimiento del ministerio público, la existencia de un hecho que puede tener caracteres de delito, lo que desde luego es debido considerando que poseen la calidad de funcionario públicos, por lo que en esa actividad, y sin que se individualice al supuesto hechor, lo que existe en sólo el ejercicio legitimo de un deber al poner en conocimiento del ente persecutor un hecho que podría ser delictivo, de esta manera menos se puede avizorar afectación de garantía constitucional alguna.

CUARTO: Que, el inicio de un sumario administrativo habida consideración de la existencia de un eventual ilícito administrativo motivado por la posible existencia de marihuana en un alimento que habría regalado el recurrente a una colega, menos parece arbitrario desde que, es razonable que aquello se investigue con las garantías del caso, y en el contexto de un proceso en donde el recurrente pueda aportar los antecedentes que estime necesarios para el esclarecimiento de la circunstancias ya mencionadas.

Por otro lado, en punto a la remisión de sendas misivas dirigidas a la Ministra de la cartera ya señalada, y al señor senador referido, en las que menos aparece el nombre del recurrente y emitidas con el fin de poner en conocimiento de dichas autoridades algunos defectos de funciones administrativas menos parece ilegal y ausente de razón o motivación plausible, ya ello se inserta en el contexto del fin gremial de la organización recurrida.

QUINTO: Que, además de lo anterior, es dable patentar que el recurso de protección no es un instrumento procesal, para obtener la declaración de derechos y menos para impedir el ejercicio por ejemplo de la libertad de opinión, dentro de los márgenes que nuestro ordenamiento jurídico constitucional prevé y permite, de manera ella que lo requerido por el recurrente es propio de un procedimiento distinto al presente, pues requiere, de la demostración palmaria de actos que, permitan concluir que los recurridos han efectuados actos ilegales o arbitrarios que han redundado en la afectación de las garantías que estima amagadas, de forma ella que, para acceder a efectuar las declaraciones se requiere de un procedimiento adversarial en el que se permita la comprobación de las circunstancia que se afirman, cuya no es la naturaleza y fin de este procedimiento constitucional razones todas que llevaran a desestimar la acción interpuesta.

A mayor abundamiento, cabe considerar que, existe actualmente en curso en sumario administrativo, donde se determinará si la conducta desplegada por el recurrente, constituye o no una falta administrativa.

En razón de lo ya resuelto, se estima innecesario traer a la vista el sumario actualmente en curso, donde se ventilan los hechos ya, resumidamente expuestos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

Que se RECHAZA la acción de protección deducida por GONZALO TELLO BILBAO, quien representa los derechos de nombre reservado, en contra de la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE RIEGO-ANFU RIEGO DOH ARAUCANÍA.

Notifíquese y archívese en su oportunidad Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Rol N° Protección-2780-2025 (acl).