nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Temuco Temuco, once de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, Abogado, y PRISCILLA DELGADO CASTAÑO, Abogado, por su representada, según se acreditará, doña nombre reservado, funcionaria Pública, todos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien dice:

De conformidad a los Artículos 19 N°2; Nº3 inciso quinto; Nº24 todos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, interponemos recurso de protección a favor de nuestra representada y en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, representada por don nombre reservado, Contralor Regional de la Araucanía, o quien lo subrogue legalmente, domiciliado –para estos efectos- en domicilio reservado, de la Ciudad y Comuna de Temuco, correo electrónico correo reservado, por la comisión del acto ilegal y arbitrario que consiste en la decisión de instruir a la Ilustre Municipalidad de Pucón de poner término al contrato de trabajo de mi representada, dentro de un plazo perentorio de 60 días hábiles contados desde la notificación de la Resolución N°2.448 de fecha 15 de Abril de 2.019, emitida por la recurrida en estos autos.

Esta decisión de parte del órgano contralor, le ha conculcado a mi representada, las garantías fundamentales de: igualdad ante la ley; al no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho; y el derecho de propiedad; garantías consagradas y protegidas por la Constitución Política de la República en sus artículos 19 Nº 2; 19 N° 3 inciso tercero; y 19 Nº 24, respectivamente, derechos que por cierto se encuentran expresamente protegidos y resguardados por nuestra Carta Fundamental y por vía de la Acción Constitucional de Protección que interpongo en este acto. Por lo anterior, es que solicitamos la inmediata intervención del Poder Judicial para que estos derechos sean restablecidos, todo ello en atención a los antecedentes de hecho y derecho que a continuación expongo a S.S.I.:

Que con fecha 01 de Abril del año 2013, doña nombre reservado ingresó a prestar funciones como Educadora de Párvulos al Jardín Infantil Carileufú, ubicado en Camino Pucón-Caburgua, Km., 18 s/n, en la comuna de Pucón, organismo cuya administración depende de la Ilustre Municipalidad de Pucón, vía transferencia de fondos realizada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), contrato aprobado por Decreto Exento N°089 de fecha 25 de Marzo del mismo año.

Más tarde fue destinada a otro Jardín Infantil y su contrato original fue modificado, pasando a cumplir funciones como Encargada de la Dirección del Jardín Infantil Ayun-Antu de Carileufú.

Que, a esa fecha, su madre, doña nombre reservado se desempeñaba como Secretaria Municipal del señalado Municipio, integrando el estamento profesional según lo contempla el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Directivo, Grado 08° de la Planta Municipal de Pucón Así las cosas, mediante una presentación efectuada con reserva de identidad, se efectuó una denuncia ante la Contraloría Regional de la Araucanía (Novena Región) la que señalaba que mi representada, doña nombre reservado, “[...se encontraría prestando funciones como Educadora de Párvulos en virtud de un contrato de Trabajo celebrado con la Municipalidad de Pucón, en circunstancias que es hija de doña nombre reservado, funcionaria directiva de esa Corporación edilicia, por lo que al respecto se configuraría la inhabilidad indicada en el artículo 54, letra b), de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

Requerido el informe al Municipio de Pucón, este indicó que “…. al respecto no se configuraría la inhabilidad de que se trata, toda vez que la Señora nombre reservado , integraría el estamento profesional de esa entidad y que no existe una relación jerárquica entre las funcionarias ligadas por el aludido vínculo de parentesco”

Que, al respecto el Órgano Contralor entre otras cosas señaló lo siguiente “sobre el particular, cabe señalar que el citado artículo 54 Letra b) de la Ley 18.575, previene que sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establece la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado, las personas que tengan la calidad de Cónyuge, Hijos, Adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive”

Agregó además que “cabe señalar que los departamentos de educación y salud y demás servicios traspasados a las municipalidades, son unidades de éstas y los empleos a través de los cuales se cumplen sus cometidos revisten la condición de municipales, por ende, el ingreso a los mismos está condicionado a que el postulante no tenga alguna de las calidades que el citado artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, establece, respecto de cualquiera de las autoridades y funcionarios directivos de la entidad edilicia, aun cuando se rijan por normas estatutarias diversas ”

Finalmente, indica “[…]En consecuencia, con el mérito de lo expuesto, corresponde que la Municipalidad de Pucón ponga término en forma perentoria a la relación laboral que mantiene con doña nombre reservado, informando y acreditando aquello a este Organismo de Control de un plazo de 60 días hábiles, contado desde la notificación del presente oficio, o cual deberá ser ingresado el Sistema de Seguimiento y Apoyo al cumplimiento dispuesto para ello, según se precisó en el oficio N°14.100, de 2018, de esta Entidad de Control Como se ha señalado en los antecedentes, mi representada ingresó a prestar funciones al Departamento de Educación Municipal, en adelante DEM, en Marzo del año 2.013, Organismo traspasado, como es de público conocimiento, cuya jefatura directa corresponde al Director de dicha área, quien tiene amplias facultades, especialmente aquellas que dicen relación con la Administración y funcionamiento del señalado departamento.

Así las cosas, mediante una presentación que ha tenido el carácter de “Anónima”, se ha manifestado que la relación de parentesco que tiene con su madre, Secretaria Municipal de ese Ilustre Municipio, trae aparejada una sanción no menor para la recurrente, es decir, la determinación del Organismo Contralor para hacer cesar en sus funciones a doña nombre reservado, cuestión que a todas luces resulta arbitraria e ilegal, lo anterior en atención a que en ningún caso el Organismo de Control puede vulnerar las garantías procesales mínimas que se deben cumplir en aquellos casos en que se vulneren derechos a través de decisiones discrecionales.

El estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales- 18.883- establece en su artículo 83 que: “En una misma municipalidad no podrán desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de afinidad hasta el segundo grado, o adopción cuando entre ellas se produzca Relación Jerárquica”

Por su parte, el artículo 84 señala que “Todos los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas distintas de las contenidas en este Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad las funciones o cargos de elección popular. Son también incompatibles los empleos regidos por este Estatuto, con cargos remunerados por funciones docentes en establecimientos dependientes o vinculados a la respectiva municipalidad. Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior. Lo dispuesto en los incisos precedente, será aplicable a los cargos de jornada parcial en los casos que, en conjunto, excedan de cuarenta y cuatro horas semanales”.

En relación a lo anterior, se debe destacar, en primer término, que el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, establece que no podrán ingresar a la Administración del Estado, las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y funcionarios directivos del organismo al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente.

Así lo ha manifestado el órgano contralor en sus dictámenes N°s 3.670/2.012; 3.670/2.006, en donde se señala expresamente que “se infiere que para que se origine dicha inhabilidad, debe existir, no sólo alguno de los vínculos de matrimonio o parentesco a que la citada disposición alude, sino que, además, se requiere que entre las personas ligadas por aquél se produzca una relación jerárquica, lo que, tal como ya se informó, no concurre en la situación en examen”.

Con todo, dable es recordar que los funcionarios del Estado en el desempeño de sus cargos deben respetar el principio de la probidad administrativa contemplado en el artículo 13 de Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que importa básicamente una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado, para lo cual, en el caso que nos ocupa, el empleado debe además, conforme con el artículo 62, N°6, de la ley citada, abstenerse de intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tenga interés -entre otros- el cónyuge, como asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. (Dictamen N°38.582/2.003).

En razón del precedentemente expuesto, resulta por lo menos contradictorio y curioso que el mismo fiscalizador haya señalado que existe una inhabilidad en el caso de mi representada, cuando ha quedado de manifiesto que ha sido el mismo quien ha señalado que efectivamente debe existir una relación jerárquica entre las partes de cuya inhabilidad se reclama, así también lo ha señalado de manera clara y precisa en Dictamen N°58.125/2005.

La presente acción constitucional se presenta como un medio extremadamente eficaz para detener la arbitrariedad administrativa y exigir que los agentes administradores se sometan al principio de legalidad y actúen con la prudencia, oportunidad, racionalidad y sustento técnico que resulten debidos cuando ejerzan facultades discrecionales.

La expresión “ilegal” no presenta mayores dificultades de comprensión: un acto es ilegal cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Las expresiones referidas cobran especial importancia en el ámbito de las facultades discrecionales de la administración. Tal es así porque se ha reconocido que un acto que es lícito por no contrariar norma legal alguna, puede no obstante ser arbitrario al derivar del simple capricho o voluntad inmotivada de quien lo dictó o ejecutó.

Ahora bien, para este caso particular, las principales garantías constitucionales infringidas son:

Nuestra Carta Fundamental, en su artículo 19 N° 2 de la Constitución en su inciso segundo dispone que “Ni la ley ni autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias”.

La igual aplicación de la ley se relaciona con la igual defensa y protección de los derechos. En este sentido, lo que garantiza este numeral es lo que en doctrina se conoce como el debido proceso, es decir, las garantías procesales mínimas que se deben cumplir en aquellos casos en que se vulneren derechos a través de decisiones discrecionales de autoridad.

El contenido del debido proceso, en consecuencia, queda consagrado en este y comprendiendo integralmente el derecho a la defensa, el derecho a un racional y justo procedimiento y la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales. En nuestro país, la Excma. Corte Suprema confirma que “a) La garantía de todo ciudadano –funcionario o no- a ser sometido al “debido proceso”, involucra, a su vez, las garantías de un justo y racional procedimiento. De acuerdo a tales conceptos, no ha de faltar, por lo menos, un sumario administrativo, una acción o querella y su oportuno conocimiento, la adecuada defensa, y la producción de una prueba necesaria, libre y eficaz; lo dicho, sin perjuicio de otras muchas expectativas que ofrece la noción de debido proceso”.

Así, con ocasión de analizar si se ha infringido la garantía en comento, la Corte analiza si el procedimiento que siguió el órgano o tribunal ha respetado el derecho a defensa y la forma debida para emitir pronunciamiento, de forma que si la decisión fue adoptada en un proceso arbitrario, la decisión misma resulta arbitraria y concluye que se infringe la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales.

En estos casos la Corte asume, en primer lugar, que todo acto de aplicación de derecho o de imposición de una consecuencia jurídica es actividad jurisdiccional, y, en segundo lugar, establece una vinculación necesaria entre el derecho al debido proceso y la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales.

En este caso, la recurrente, no ha podido defenderse adecuadamente de las acusaciones sustentadas en antecedentes, que por un lado, fueron entregadas por una persona que carece de identidad, ya que como podrá observar en la documentación adjunta, es el propio órgano contralor quien señala que la denuncia se inicia “mediante una presentación efectuada con reserva de identidad”

Además, la instancia en que el órgano recurrido entrega al Municipio para que provea de antecedentes e informe de la situación planteada, no resulta suficiente para que mi representada pueda defenderse de las acusaciones que fueron planteadas y que originaron la decisión de la Contraloría Regional de la Araucanía de poner término a su contrato de trabajo con el Departamento de Educación Municipal.

En el caso indicado, lo que correspondía conforme a derecho, era iniciar un procedimiento administrativo para escuchar a la recurrente en su condición de funcionaria, darle la oportunidad de poder desarrollar una defensa jurídica técnica y hacer valer sus argumentos dentro de un proceso disciplinario interno – investigación sumaria o sumario administrativo -, donde se pueda abrir un término probatorio para rendir prueba de descargos frente a las supuestas contravenciones o infracciones de las que se acusa, lo que ha resultado arbitrario desde cualquier perspectiva.

De tales elementos de juicio surge con nitidez que, pese a lo expuesto en la resolución de la cual hoy se recurre, el fundamento de la decisión de poner término al contrato de trabajo de la recurrente, no guarda relación con el excelente desempeño de sus funciones desde que ingresó hace ya más de seis años, a cargo de diversos directores de educación, cuestión que incluso podría ser salvada mediante la tramitación de un procedimiento disciplinario interno que esclarezca las anotadas circunstancias fácticas y que permita, en consecuencia, justificar, eventualmente, una determinación como la adoptada en la especie, que se asimila a una medida expulsiva, más aun cuando existe normativa especial al respecto- Ley 18.883- y diversos dictámenes de los cuales el propio Órgano Contralor ha señalado que es un requisito sine quanon la relación de JERARQUÍA, lo que no consideró al tomar tan drástica e ilegal determinación.

En efecto, el señalado medio es la herramienta que el ordenamiento jurídico administrativo contempla para evaluar las conductas en que la recurrente habría incurrido, de modo que es por su intermedio y en esa sede que se ha debido determinar si, efectivamente, concurren en la especie los antecedentes de hecho que harían necesaria su desvinculación, así las cosas, lo que hubiere procedido en la especia, es que el órgano recurrido hubiese instruido que el Municipio de Pucón ordene instruir un procedimiento administrativo para recabar información y determinar si resulta o no procedente el despido o desvinculación de mi representada, lo que en la práctica jamás ocurrió.

Por ello, esta parte sostiene que los hechos configuran la fundamentación para desvincular a mi representada constituyen a todas luces una Comisión Especial, específicamente, en relación a la actuación de la recurrida, podemos asegurar que ni la Constitución Política de Chile, ni las leyes vigentes facultan a la recurrida para aplicar de facto una sanción expulsiva - desvinculación -, sin respetar, garantizar y realizar un justo y debido procedimiento administrativo -a través de una investigación racional y justa.

La necesidad jurídica -constitucional, legal y reglamentaria- de que, en las sanciones disciplinarias que afectan a la recurrente se respete el debido proceso, las normas legales y reglamentarias internas, ha sido confirmado en una sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, confirmada por la Excma. Corte Suprema de Justicia. La Corte afirmó que “las sanciones son determinadas por una comisión especial cuando: a) se impone la sanción al margen de lo preceptuado en el Reglamento Disciplinario y b) con prescindencia de algún procedimiento previamente establecido. Dichos requisitos se producen en el caso de autos puesto que la amenaza de sanción se ha realizado por una autoridad distinta a la contemplada en los reglamentos y sin seguir el procedimiento correspondiente” (Corte de Apelaciones de San Miguel: sentencia Rol N° 187-2011, de 5 de septiembre de 2011, considerando 12, confirmada por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Rol N° 8880-2011, de 30 de septiembre de 2011).

Como se puede observar, se trata de la misma situación que se ha producido en el caso que se está conociendo en estos autos. Por tanto, la recurrida al aplicar de facto una medida tan gravosa como el término de la relación laboral de mi representada, lo que equivale a una medida expulsiva, más aún cuando de los argumentos vertidos por el recurrido se encuentra aquel que señala que “[…]los departamentos de educación y salud y demás servicios traspasados a las municipalidades, son unidades de éstas y los empleos a través de los cuales se cumplen sus cometidos revisten la condición de municipales /.../" sin respetar el procedimiento establecido en su reglamentación legal vigente se ha constituido en “comisión especial” juzgando a la recurrente al margen de la legislación vigente.

A mayor abundamiento, Si hubieren existido hechos que puedan configurar infracciones a sus obligaciones funcionarias contra la recurrente, lo que debió instruir es que se inicie un procedimiento disciplinario en el que se haya permitido ejercer su derecho a defensa y garantizado el ejercicio de todos los recursos que establecen la ley o concluido todos los plazos legales, para luego aplicar una sanción, situación que no ha ocurrido en la especie, lo que constituye el actuar de la recurrida en comisión especial, arbitrario e ilegal, al margen de la legalidad vigente, ya que dentro de las facultades de la recurrida se encuentra el de fiscalización y velar por la legalidad de los actos de la administración y cuando así no fuere, instruir a que se inicien los procesos de rigor para restablecer la legalidad de los mimos, siempre con la supervigilancia de aquellos, lo que no está en discusión.

De igual modo, los hechos que han motivado la interposición de este recurso me han vulnerado la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, el cual consagra el derecho a la propiedad en sus diversas especies. En este caso, se me ha privado de forma arbitraria e ilegal del derecho a permanecer en el cargo que he ostentado por más de 6 años y a no ser removida por procedimientos ilegítimos.

Como el artículo 583 del Código Civil dispone que sobre las cosas incorporales existe también una especie de propiedad, resulta indudable que esta especie o clase de propiedad sobre derechos incorporales también se encuentra protegida por el precepto constitucional.

De lo anterior se desprende que el acto recurrido vulnera el derecho a la propiedad sobre el cargo de nuestra representada, en específico la estabilidad en el empleo y sus remuneraciones.

La instrucción por parte del órgano Contralor contenida en la Resolución N° 2.448 de fecha 15 de Abril de esta anualidad, como se expresó en el desarrollo de las garantías constitucionales anteriores, sobre igualdad ante la ley y el debido proceso-, constituye además una afectación del derecho de dominio incorporal sobre el cargo que detenta en la actualidad como educadora de párvulo y encargada de la Dirección del Jardín Infantil en que presta funciones, sus remuneraciones, derechos y demás beneficios que forman parte del patrimonio de la recurrente.

En el mismo sentido S.S.I., de los antecedentes aportados en autos, en especial la decisión de la recurrida afecta la estabilidad en el empleo y la propiedad incorporal sobre la calidad contractual que detenta, a saber-un contrato con calidad de indefinido- lo que constituye una privación de la garantía constitucional alegada, que impide a la recurrente continuar cumpliendo sus funciones públicas, recibir sus remuneraciones, ejercer derechos estatutarios y gozar de los beneficios adscritos al cargo – que tienen una naturaleza alimentaria -.

En este sentido, el numeral 24 del artículo 19 de la Carta fundamental protege la propiedad incorporal de la recurrente, que está incorporada a su patrimonio y no puede verse afectada por actuaciones ilegales y arbitrarias, como las que han sido ejecutadas por la recurrida, sino solo por causales legales, debidamente fundadas y motivadas.

Solicita tener por interpuesto y admitir a tramitación este recurso de protección, y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes, declarando ilegal y arbitrario el acto administrativo recurrido, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, en especial, ordenar que la recurrida deberá dejar sin efecto la RESOLUCIÓN N° 2.448, de fecha 15 de Abril de 2019, denominada “LA CONTRATACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE PUCÓN DE LA SEÑORA nombre reservado SE ENCUENTRA AFECTADA POR LA INHABILIDAD DE INGRESO” , emitida por La Contraloría Regional de la Araucanía; todo con expresa condena en costas.

Pero, además, S.S.I., dado que la facultad cautelar que nuestra Constitución Política del Estado entrega a las Cortes de Apelaciones por la vía del Recurso de Protección es amplia, y, además, vinculante en cuanto a que el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental señala expresamente que “…la Corte de Apelaciones respectiva, adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado…”, es que solicito, además, de la declaración de ilegalidad y/o arbitrariedad del acto impugnado, que se ordene a la recurrida a NO REITERAR o NO INCURRIR en conductas similares en el futuro a su respecto, ante iguales supuestos de hecho, toda vez que la protección otorgada por la Jurisdicción es permanente y no transitoria.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia de Mandato Judicial de fecha 29 de abril de 2019, ante el notario Luis Enrique Espinoza Garrido, repertorio Nº 1242-2019 2.- Copia de Oficio N°2.448 de fecha 15 de Abril de 2.019 3.- Copia de Oficio N°45 de fecha 11 de Enero de 2.019 4.- Copia de Decreto N° 089 de fecha 25 de Marzo de 2.013 5.- Copia de Contrato de Trabajo de fecha 01 de Abril de 2.013 6.- Copia de Decreto N° 199 de fecha 09 de Julio de 2.013 7.- Copia de Contrato de Trabajo de fecha 09 de Julio de 2.013 8.- Copia de Anexo de Contrato de doña nombre reservado.

9.- Copia de Certificado N°05 de fecha 11 de Enero de 2.109 10.- Copia decreto Nº 112, de fecha 01 de julio de 1997 11.- Certificado Nº 001, de fecha 11 de enero de 2019 SEGUNDO: Que la recurrida informando el recurso señala:

Con fecha 13 de noviembre de 2018, se presentó una denuncia con reserva de identidad ante esta Contraloría Regional, por medio de la cual se dio a conocer que la recurrente, doña nombre reservado, se encontraba prestando funciones de Educadora de Párvulos en virtud de un contrato de trabajo celebrado con la Municipalidad de Pucón, en circunstancias que es hija de doña nombre reservado, funcionaría directiva de dicha entidad edilicia, por lo que a su respecto se configuraría la inhabilidad indicada en el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Sometida a tramitación dicha denuncia, esta Entidad Fiscalizadora requirió informe a la aludida entidad edilicia, la que manifestó que en la situación en cuestión no se configuraría la inhabilidad de que se trata, toda vez que la señora nombre reservado integraría el estamento profesional de esa entidad; agregó que las inhabilidades respecto de los funcionarios del Departamento de Educación -del cual depende la señora nombre reservado—, sólo alcanzan al director de dicho departamento, y que no existe relación jerárquica entre las funcionarías ligadas por el aludido vinculo de parentesco.

En ese contexto y analizados los antecedentes respectivos, se pudo constatar la existencia del aludido grado de parentesco entre las funcionarías de que se trata, y que, a la fecha de ingreso al municipio por parte de la actora, el primero de abril de 2013, su madre ocupaba un cargo de! estamento directivo, grado 8°, como Secretaria Municipal –cargo que conserva actualmente en el grado 6o-, razón por la cual se emitió el oficio impugnado N° 2.448, de 15 de abril de 2019, que concluyó que a la señora nombre reservado le afectada la inhabilidad de! aludido artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, por lo que la Municipalidad de Pucón debía poner término a la relación laboral que mantenía con la recurrente, dentro del plazo de 60 días hábiles desde la notificación del referido oficio N° 2.448, de 2019.

De acuerdo con lo expuesto por la recurrente, la dictación del mencionado pronunciamiento constituiría un actuar ilegal y arbitrario de este Organismo de Control que vulneraría sus derechos fundamentales garantizados en los números 2o, 3o inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por tal razón, solicita acoger la acción constitucional deducida, disponiendo que se deje sin efecto el citado oficio N° 2.448, de 2019, de esta Contraloría Regional.

El recurso de protección fue establecido como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a violaciones o atropellos flagrantes de ciertos derechos fundamentales, y que pretende el amparo o restablecimiento de estos, pero no como una instancia de declaración de derechos que implique dilucidar discusiones jurídicas acerca de la correcta interpretación y alcance que debe darse a los preceptos legales aplicables.

En la especie, la controversia jurídica planteada por la recurrente no ha intentado amparar un derecho indubitado y no disputado, sino que busca que esa lltma. Corte determine que no le es aplicable la inhabilidad de ingreso establecida en el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, ni la consecuencia aparejada a la designación de una persona que le afecta la misma, establecida en el artículo 63 del mismo cuerpo legal.

En este sentido, la lltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en sentencia en causa de protección rol N° 2.083-2018, confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 14 de mayo de 2019, relativa a la misma inhabilidad del recurso en cuestión, indicó en su considerando sexto: "Que solo a mayor abundamiento, estos sentenciadores concuerdan con Jo alegado por la recurrida en cuanto a que no existe en la especie un derecho indubitado de la actora, desde que lo discutido, como lo manifiesta expresamente en su libelo, es la procedencia de aplicar en el caso sub judice la causal de inhabilidad del artículo 54 letra b) de la Ley N° 18.575, respecto de la actora en relación a su padre, cuestión que es en definitiva un asunto de lato conocimiento ya que, si bien trasunta en una controversia de derecho estricto, excede con creces el ámbito cautelar de este procedimiento constitucional, al ser objeto de debate el fundamento último de la legalidad del acto recurrido y no si aquel se ha apegado a derecho en su formulación En mérito de lo expuesto, y especialmente de la petición formulada a V. S. Iltma. en el recurso, queda en evidencia que se trata de una cuestión de lato conocimiento, tendiente a obtener un juicio declarativo, ajeno a toda solicitud de restablecimiento de algún derecho indiscutido que se encuentre amagado, de modo que la cuestión sobre la cual se suscita constituye un asunto ajeno a su naturaleza.

No se advierte de qué manera el pronunciamiento que se impugna habría podido ser ilegal, toda vez que esta Entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas, en virtud de los artículos 6o, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; y artículos 1o, 6o, 9o y 19 de la ley N° 10,336; las que habilitan a esta Entidad Fiscalizadora a emitir dictámenes jurídicos obligatorios, sobre todas las materias sujetas a su control, para los órganos y servicios de la Administración sometidos a la fiscalización de esta Entidad de Control, como ocurre con los municipios.

Respecto de la arbitrariedad, la actuación contra la cual se recurre no constituye una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de esta Entidad de Control, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de este Órgano de Control.

Así, el hecho de que la recurrente no comparta la decisión de esta Sede de Control no torna en arbitrario el pronunciamiento que por esta vía pretende dejar sin efecto.

Por su parte, esta Contraloría Regional ha respetado estrictamente el ordenamiento jurídico que regula la materia, como se señalará a continuación:

1. A la señora nombre reservado le afecta la inhabilidad de ingreso a la Administración del Estado, por vínculo de parentesco, contemplada en el artículo 54 letra b), de la ley N° 18.575 El título III de la ley N° 18.575, regula la Probidad Administrativa, estableciendo en su artículo 52, que las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración, sean de planta o a contrata, deben dar cumplimiento estricto al principio de probidad administrativa.

A continuación, el párrafo 2o del mismo título prescribe cuáles son las inhabilidades e incompatibilidades administrativas, las primeras se encuentran señaladas en el artículo 54 y las segundas en el artículo 56.

En lo que concierne a la presente acción cautelar, el artículo 54, letra b), de la aludida ley N° 18.575, establece:

"Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado:

b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive" (el destacado es nuestro).

En la especie, en primer lugar, la recurrente es hija de doña nombre reservado, En segundo lugar, de acuerdo con el registro de actos administrativos que constan en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER, que administra esta Entidad de Control, la señora nombre reservado, luego de haber sido parte de la planta profesional de la Municipalidad de Pucón, asumió un cargo titular en el escalafón directivo de ese municipio, en el grado 9°, desde el 1D de marzo del año 1996. Posteriormente, es ascendida al cargo de Secretario Municipal, del mismo escalafón directivo, grado 8o, a partir del 6 de diciembre del año 1996, mediante decreto alcaldía N° 112, de 1997, del referido municipio, cargo que ocupa hasta la actualidad, en el grado 6o de la planta directiva, Sobre este punto, es importante destacar que desde que se fijó la planta de la Municipalidad de Pucón, mediante el decreto con fuerza de ley ND 211, de 1981, del Ministerio de Hacienda, el Secretario Municipal es parte del estamento directivo de esa entidad edilicia, circunstancia que se ha mantenido tanto en la dictación del decreto con fuerza de ley N° 315, de 1994, como en la dictación del reglamento ND 1, de 2018, de la Municipalidad de Pucón, que han modificado y establecido dicha planta en forma posterior.

En tercer y último lugar, la actora, con fecha 1 de abril de 2013, fue contratada para desempeñar funciones como Educadora de Párvulos en el Jardín Infantil "Ayun-Antu" de Carileufu, administrado por el Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Pucón.

En consecuencia, al momento de! ingreso de la señora nombre reservado a la Municipalidad de Pucón, con fecha 1° de abril de 2013, su madre ya ocupaba el cargo directivo de Secretario Municipal, razón por la cual se configuraba a su respecto la inhabilidad contemplada en el citado artículo 54 letra b) de la ley 18.575, siendo procedente, como se manifestó en el pronunciamiento impugnado, que la Municipalidad de Pucón ponga término en forma perentoria a la relación laboral que mantiene con la actora.

2.- El cargo de Secretario Municipal se encuentra entre los directivos que indica el artículo 54 letra b), de la ley N° 18.575.

Tal como se señaló precedentemente, el principio de probidad administrativa resulta aplicable a todas las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, razón por la cual cuando el indicado artículo 54 letra b) de la ley N° 18.575 se refiere a "organismo de la Administración del Estado", deben entenderse incluidas las municipalidades.

Enseguida, acorde con lo dispuesto en el Párrafo 4o de la ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, éstas se encuentran estructuradas sobre la base de distintas unidades, enunciadas en sus artículos 15 y siguientes, pudiendo éstas establecerse en los diferentes niveles jerárquicos que indica, cuyo orden de prelación es: dirección, departamento, sección y oficina.

Luego, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 15, 16, y 20 de la aludida ley N° 18.695, en la estructura edilicia se comprende, como unidad mínima, la Secretaría Municipal, a cuyo funcionario a cargo le corresponde dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del concejo, y desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales, entre otras actividades.

De este modo, el cargo de Secretario Municipal corresponde a funcionario directivo de los que se refiere el artículo 54, letra b), de la ley ND 18.575.

Finalmente, cabe destacar que lo que el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, busca evitar es la existencia de conflictos de intereses que pudiesen afectar a funcionarios directivos, en relación al ingreso de determinadas personas al organismo en que se desempeñan, en el ejercicio de su cargo.

3.- La designación de una persona inhábil para ingresar a la Administración del Estado, es nula El Párrafo 4o de la ley N° 18.575, del señalado Título III, contempla que la infracción a las conductas exigibles prescritas en este Título hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones que determine la ley, estableciendo en su artículo 63, inciso primero, que la designación de una persona inhábil será nula.

De la norma expuesta, se desprende que la consecuencia que determinó el legislador ante la existencia de una causal de inhabilidad en el nombramiento de una persona en un cargo municipal, como el de la especie, es la nulidad de la designación, por cuanto ésta tiene un vicio de origen que afecta la validez del correspondiente acto y que le impide a quien ha sido designado, adquirir la calidad de funcionario del respectivo municipio.

Así lo señaló expresamente el citado fallo en causa rol N° 2.083-2018 de la lltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, confirmado por la Excma. Corte Suprema con fecha 14 de mayo de 2019, en su considerando séptimo, a! establecer "Que sin perjuicio de lo razonado precedentemente, el hecho de encontrarse pendiente de pronunciamiento la presentación del Municipio de Quemchi ante la recurrida, según lo manifestara en su informe dicho órgano, no obsta a! pronunciamiento de esta Corte sobre el asunto sometido a su conocimiento, desde que aquella petición dice relación con la forma de aplicare! procedimiento de audiencia previa respecto del ejercicio de la potestad invalidatoria regulada en el artículo 53 de la Ley N°19,880 y como lo sostuviera el Órgano de Control en sus dictámenes N°17.596 y 6.617, impugnados en autos -por expresa mención de la actora en su libelo-, no corresponde aplicar dicha preceptiva a la declaración de ineficacia que afecta al acto administrativo ab initio, de iure, al ser la sanción contemplada en la Ley y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6o y 7o de la Constitución Política de la República, por lo que la gestión pendiente resulta inoficiosa al tenor de las decisiones cuestionadas" (el destacado es nuestro).

4.- La norma estatutaria contenida en el artículo 83 de la ley N° 18.883, no es aplicable a la actora La recurrente, en su recurso, ha precisado que en su caso resultaría aplicable la norma sobre inhabilidades contenida en el artículo 83 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto sobre Funcionarios Municipales, que establece que "en una misma municipalidad no podrán desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de afinidad hasta el segundo grado, o adopción, cuando entre ellas se produzca relación jerárquica".

No obstante lo anterior, de conformidad al artículo 1o de la ley N° 19.070 -que Aprueba Estatuto de Profesionales de la Educación-, en lo que importa, dentro de la enseñanza pre-básica, sólo están sometidos a ese texto lega! los docentes que presten servicios en recintos subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, en virtud del cual únicamente pueden tener esta última condición, los establecimientos pertenecientes a esa categoría que, cumpliendo con las demás exigencias que la norma prevé, impartan el primer o segundo nivel de transición, contando aquellos, además, con el reconocimiento oficial del Estado.

Luego, tratándose de servidores que se desempeñan en la educación pre-básica, que no se rigen por la ley N° 19.070, siempre que ejecuten actividades en un plantel de enseñanza administrado directamente por una municipalidad, y mientras cumplan alguna de las labores señaladas en el artículo 2° de la ley N° 19.464 -que Establece Normas y Concede Aumento de Remuneraciones para Personal No Docente de Establecimientos Educacionales que Indica- debe entenderse que tienen el carácter de asistentes de la educación y, por ende, su relación contractual con la entidad edilicia, de acuerdo al artículo 4o del texto legal en comento, se encuentra sujeta a los preceptos del Código del Trabajo y a las disposiciones especiales de la referida ley N° 19.464, no obstante encontrarse afecta en cuanto a permisos y licencias médicas, a las normas establecidas en la ley N° 18.883.

En la especie, la señora nombre reservado fue contratada para desempeñarse en el Jardín Infantil "Ayun-Antu" de Carileufu, administrado por el Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Pucón, en virtud de un convenio de colaboración suscrito entre la JUNJI y el mencionado municipio, razón por la cual las normas estatutarias contenidas en la ley N° 18.883 -a excepción de aquellas relativas a permisos y licencias médicas- no son aplicables a la actora.

En consecuencia, en materia de inhabilidades el régimen aplicable a la recurrente se encuentra establecido en la ley N° 18.575, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 8o de la Constitución Política de la República, artículo 13 y Título III de la citada ley N° 18.575, que consagran el principio de probidad administrativa, el que resulta extensivo a todas las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y a mayor abundamiento, es necesario indicar que la norma contenida en el aludido artículo 83 de la ley N° 18.883, regula una hipótesis diferente a aquella contenida en el referido artículo 54 letra b) de la ley N° 18.575.

Al respecto, el mencionado artículo 83 analiza el caso de dos funcionarios entre los cuales se genera posteriormente un vínculo de matrimonio, parentesco o adopción, en cuyo evento el servidor de menor jerarquía no se encuentra obligado a presentar la renuncia a su empleo, sino que es posible su destinación a una labor que evite el eventual lazo de subordinación.

Corrobora lo anterior, el hecho de que la destinación es una medida de la cual puede ser objeto una persona que ya es funcionaría público, según se precisa en los artículos 70 y siguientes de la ley N° 18,883, más no una persona que recién va ingresando a la Administración del Estado.

La diversidad de hipótesis entre ambas normas es más clara aun, al ver que la norma del artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, a diferencia del artículo 83 de la ley ND 18.883, expresamente constituye una inhabilidad relacionada al ingreso de funcionarios a la administración, donde no se exige, en su tenor, la existencia de una relación jerárquica entre el funcionario directivo y la persona que está ingresando, para configurar dicha inhabilidad.

IV. Derechos constitucionales supuestamente vulnerados a. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de República No se advierte cómo la garantía en estudio habría sido vulnerada por este Órgano Contralor a través de (a actuación recurrida, puesto que la emisión del oficio N° 2.448, de 2019, de esta Contraloría Regional de La Araucanía, fue realizada en estricto cumplimiento de la normativa aplicable a la especie -como se ha expuesto latamente en este informe- sin hacer ninguna clase de discriminación ni menos arbitraria.

Por otra parte, la recurrente no ha acreditado la existencia de las referidas diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido estrictamente respetado por este Órgano Fiscalizador, toda vez que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa existente en la materia a todos quienes se han encontrado en igual situación jurídica, razón por la que mal podría suponerse que dicha actuación haya significado dar a la actora un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado la garantía de que se trata.

En efecto, a través de los dictámenes Nos 73.080, de 2013, y 68.879, de 2015, la Contraloría General ha sostenido el mismo criterio manifestado en el pronunciamiento impugnado, dejando claro que el poseer alguno de los vínculos de parentesco que señala el artículo 54, letra b, de la ley N° 18.575, con funcionarios del estamento directivo de las municipalidades, implica la inhabilidad de ingreso al respectivo municipio, cuya sanción conforme con lo dispuesto en el artículo 63 del mismo texto legal, es la nulidad del acto respectivo.

Por su parte, los dictámenes a que alude la recurrente y que, según su parecer, serían contradictorios con el oficio N° 2.448, de 2019, dicen relación a circunstancias tácticas muy diferentes.

En efecto, el dictamen N° 3.670, de 2012, se refiere al eventual nexo parental entre una funcionaría y una persona que no tiene carácter de directivo, sino como funcionario a contrata, las cuales, según se precisa en el dictamen N° 62.891, de 2011, no pueden desempeñar labores de jefatura.

Además, el citado dictamen hace referencia a la inhabilidad contenida en el artículo 85, de la ley N° 18.834, de tenor casi idéntico al citado artículo 83 de la ley N° 18.883, el cual, como ya sostuvimos, regula una situación distinta a la indicada en el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575.

Lo mismo sucede en el caso referido al dictamen N° 58.125, de 2005, citado igualmente por la recurrente, relativo a un profesional grado 4o, en el que se involucra un grado de parentesco distinto de los contemplados en el mencionado artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575 -de cuarto grado por afinidad- y una norma distinta, aludido artículo 85, de la ley N° 18.834, de tenor similar al artículo 83 de la ley N° 18.883, según ya se indicó.

De este modo, no se divisa que esta Entidad de Control haya vulnerado la garantía invocada de igualdad ante la ley, debiendo advertirse que, por el contrario, acceder a lo solicitado por la recurrente pondría a ésta en una situación de favorecimiento indebido y arbitrario en relación con el resto de las personas que pretendan acceder o permanecer en la Administración en su misma situación.

b. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República Sobre el particular, cabe hacer presente que el recurrente en su libelo alude a la vulneración del artículo 19 N° 3 inciso quinto que asegura a todas las personas el derecho a no ser juzgadas por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley.

No se advierte cómo podría considerarse a este Órgano de Control como una comisión especial de aquellas a que alude el indicado artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, ya que esta Entidad Fiscalizadora es un órgano administrativo, cuyo proceder y existencia se rige por el ordenamiento jurídico vigente y en el ejercicio de sus funciones no ejerce jurisdicción -en los términos del artículo 76 de la Constitución Política-, ni actúa como tribunal alguno. En la especie, al emitir el impugnado oficio N° 2.448, de 2019, esta Contraloría sólo ha ejercido las potestades que la Carta Fundamental y su Ley Orgánica le confieren para dictaminar, especialmente sobre la acertada aplicación del ordenamiento jurídico que rige en la materia.

Establecido lo anterior, cabe consignar que, a diferencia de lo que parece entender la actora, acá no resulta aplicable la circunstancia de tramitarse previamente un proceso disciplinario, toda vez que el oficio N° 2.448, de 2019, no está dirigido a determinar alguna eventual responsabilidad administrativa de algún funcionario, ni a aplicar una sanción disciplinaria a la recurrente, sino que se determinó que la Municipalidad de Pucón debía poner término en forma perentoria a la relación laboral con doña nombre reservado, por cuanto se encuentra afectada por una inhabilidad de ingreso a la Administración del Estado.

Se debe agregar que tampoco resulta aplicable el procedimiento de invalidación establecido en el artículo 53 de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, toda vez que el artículo 63 de la ley N° 18.575 establece expresamente la consecuencia jurídica que conlleva la designación de una persona inhábil, preceptuando que el respectivo acto es nulo.

c. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República Es útil hacer presente que la recurrente considera que el acto impugnado constituye, además, una afectación del derecho de dominio incorporal sobre el cargo que detenta en la actualidad, sus remuneraciones, derechos y demás beneficios que forman parte de su patrimonio.

Resulta necesario indicar que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha declarado que el nombramiento de un funcionario púbico como titular de un empleo no confiere el derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio.

A lo señalado, es necesario agregar que tal como determinó el oficio N° 2.448, de 2019 -impugnado en autos-, la señora nombre reservado se encontraba afectada por una inhabilidad de ingreso a la Administración del Estado, por lo que no puede pretender ser titular de derecho alguno respecto del acto administrativo por medio del cual fue nombrada, toda vez que éste es un acto nulo, según el tenor del artículo 63 de la ley N° 18,575.

De esta manera, no se divisa cómo a través de la emisión del oficio impugnado se habría vulnerado el derecho de propiedad del actor.

Considerando los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente expuestos, y teniendo además en cuenta las atribuciones que constitucional y legalmente competen a este Organismo de Control, procede que esa lltma. Corte de Apelaciones desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1.- Oficio N° 2.448, de 2019, de la Contraloría Regional La Araucanía.

2.- Decretos con fuerza de ley Nos 211, de 1981, y 315, de 1994, del Ministerio de Hacienda y del Interior, respectivamente, y reglamento N° 1, de 2018, de la Municipalidad de Pucón, todos los cuales han fijado y/o modificado la planta del personal de dicha entidad edilicia.

3.- Dictámenes Nos 58.125, de 2005; 3.670, de 2012; 73.080, de 2013; 9.673, de 2014; 68.879, de 2015; 18.455, de 2017; y 17.596, de 2018, todos de la Contraloría General de la República.

4.- Copia de hoja de vida funcionaría que consta en el SIAPER, de la recurrente, doña nombre reservado, y su madre, doña nombre reservado.

5.- Resolución N° 1.002 de 2011, de la Contraloría General de la República, que establece la organización y atribuciones de las Contralorías Regionales.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto el restablecimiento de derecho, cuando un organismo o una persona, en virtud de un acto arbitrario o ilegal, ha amenazado, amagado o afectado una garantía consagrada por la Carta Fundamental, con el fin de poner pronto remedio al derecho conculcado.

SEGUNDO: Que la acción intentada por la recurrente contra la Contraloría Regional, da cuenta que este organismo, ante una denuncia reservada, informa que en le Municipalidad de Pucón, una Educadora de Párvulos que presta servicios profesionales en un Jardín Infantil dependiente del Departamento de Educación Municipal, desde 2013, es hija de la Secretaria Municipal, por lo cual el Órgano Contralor, sin proceso previo y en virtud de lo dispuesto por el artículo 54 letra b) de la ley 18.575, ordena la Municipalidad la desvinculación de profesional dentro del plazo de 60 días.

Estima que dicha decisión afecta sus garantías del artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política.

TERCERO: Que el ente recurrido informa que no ha cometido ningún acto arbitrario ni ilegal, en virtud de las facultades que tiene con Órgano Contralor. Insiste en que hubo infracción al mencionado artículo 54 de la ley de bases toda vez que la madre de la recurrente, es Directiva de la Municipalidad por lo que su nombramiento del 1° de abril de 2013 sería nulo, según el artículo 63 de dicha ley.

Agrega que la norma contenida en el artículo 83 de la ley 18.883 no es aplicable a la actora, porque tendría la calidad de asistente de la educación por lo que se encontraría afecta al Código del Trabajo. Tampoco podría ser aplicable el mencionado artículo 83 porque regula una hipótesis distinta a la del artículo 54 de la ley de bases.

Por último, estima que no ha conculcado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

CUARTO: Que de acuerdo a la controversia que se ha producido entre recurrente y recurrida, aparece que la norma alegada por el Órgano Contralor, la ley de bases, no sería aplicable a la recurrente toda vez que existiendo una norma aplicable a los funcionario municipales –ley 18.883- esta tendría el carácter de especial ante la otra que es de aplicación general, toda vez que regula las bases de toda la administración del Estado, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Código Civil.

En efecto, el artículo 83 dispone que en una misma Municipalidad no podrán desempeñarse personas ligadas por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, cuando entre ellas se produzca relación jerárquica. Y el inciso segundo del mismo artículo dispone que si se produjera alguno de los vínculos, el subalterno deberá ser destinado a otra función en que esa relación no se produzca. Es decir, la norma contiene la sanción si se produce un vínculo de jerarquía, no constituyendo como pena la terminación de su contrato.

QUINTO: Que por otra parte, la Contraloría Regional se ha constituido en una Comisión Especial, al disponer la terminación del contrato de trabajo de la recurrente, sin invocar una causal legal de despido, sin siquiera sugerir la procedencia de un sumario administrativo, afectando gravemente el derecho a defensa que tiene la actora.

SEXTO: Que la actora fue nombrada en el año 2013, seis años atrás, sin que nadie en la Municipalidad o en la Contraloría haya alegado la incompatibilidad y ahora a través de una denuncia reservada, anónima, el Órgano Contralor, invocando una ley que no es aplicable a juicio de esta Corte, solicita el despido de ésta, afectando su derecho de propiedad sobre el nombramiento, el cual sólo estará vigente hasta que exista una causal legal para poner término a su contrato de trabajo.

SEPTIMO: Que la actuación de la recurrida, ha sido arbitraria e ilegal, por haber aplicado una norma general, en circunstancia que existe una norma especial, se ha constituido en una Comisión Especial, al ordenar poner término a un nombramiento, sin existir una causal legal para ello, y ha afectado el derecho de propiedad que tiene sobre su cargo, motivo por el cual se acogerá el recurso.

Y visto también lo que previenen los artículo 84 de la ley 18.883 y 19 N° 2, 3, y 24, y artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y en consecuencia, SE DEJA SIN AFECTO la Resolución N° 2.448 de fecha 15 de abril de 2019 denominada “La contratación en la Municipalidad de Pucón de la señora nombre reservado se encuentra afectada por la inhabilidad de ingreso”

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del fallo Ministro Sr. Aner Padilla Buzada.

Rol N° Protección 2756-2019.