nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE GALVARINO

C.A. de Temuco Temuco, ocho de septiembre de dos mil veinticinco. C.A. de Temuco VISTOS:

A folio 1, comparece CAMILA ANDREA GAJARDO ALEGRÍA, abogada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, correo electrónico correo reservado, por doña nombre reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de la ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL GABRIELA MISTRAL DE GALVARINO, representada por su Director don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de la Araucanía en base a los siguientes hechos:

I. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS 1. Con fecha 20 de mayo de 2025, la Escuela Gabriela Mistral de Galvarino resolvió sancionar a la actora, apoderada del establecimiento, con la pérdida de su calidad de apoderada por el plazo de un año calendario, impidiéndole además el acceso físico a las dependencias del establecimiento y restringiendo su participación a canales formales indirectos.

2. La medida se adoptó supuestamente como consecuencia de conductas atribuidas a la actora, calificadas como “acoso y trato indebido hacia una integrante del equipo docente”. Posteriormente, con fecha 3 de junio, la recurrente presentó un recurso de reconsideración, el cual fue rechazado por el director del establecimiento mediante resolución de fecha 10 de junio de 2025.

3. La medida adoptada carece de fundamento legal suficiente, vulnera principios esenciales del debido proceso, impone una sanción desproporcionada y discriminatoria, y restringe injustificadamente derechos fundamentales, como la libertad personal y seguridad individual (art. 19 N°7), el derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2) y el derecho a la educación y participación en el proceso educativo de su hijo (art. 19 N°10 y N°11).

4. Señala que los hechos que motivaron la sanción aplicada contra la recurrente han tenido consecuencias emocionales significativas para su hijo, nombre reservado, alumno de cuarto año básico del mismo establecimiento, conforme consta en el informe psicológico emitido por el Centro Médico Dental de Carabineros de Temuco. El menor ha sido víctima de bullying escolar tanto por parte de compañeros como de docentes durante los años 2023 y 2024, situación que le ha generado cuadros de ansiedad, miedo, trastornos del sueño y una importante afectación emocional, la cual se agravó tras un episodio de hostigamiento fuera del contexto escolar, que motivó la denuncia ante el Ministerio Público y derivó en la recomendación de cierre anticipado del año escolar por parte de la neuróloga tratante. La profesional interviniente destaca el rol activo y contenedor de la madre en su proceso terapéutico y la necesidad de un entorno protector y emocionalmente seguro para su recuperación. Por ende, la sanción que impide a la madre participar activamente en la vida escolar de su hijo afecta de forma grave e indirecta los derechos del menor, vulnerando su integridad psíquica, el principio del interés superior del niño y su derecho a la educación y al acompañamiento familiar en dicho proceso.

5. Afirma que actualmente se encuentra embarazada de 34 semanas y está catalogado de “alto riesgo”, por lo que sumado a todo lo acontecido y relatado en autos, se ve amenazada o perturbada la garantía Constitucional establecida en el artículo 19 Nº 1, de nuestra Constitución Política de la República.

II. ACTO ARBITRARIO E ILEGAL La resolución impugnada incurre en ilegalidad y arbitrariedad por las siguientes razones:

1. Violación al debido proceso (art. 19 N°3 CPR): El procedimiento sancionatorio fue tramitado por una entidad no jurisdiccional, sin reglas claras de imparcialidad ni con mecanismos efectivos de defensa. El proceso se desarrolló enteramente dentro del establecimiento, sin posibilidad real de apelación, vulnerando el principio del juez natural.

2. Desproporcionalidad de la sanción: La sanción impuesta es excesiva y sin precedentes, especialmente considerando que se trata de una madre que vela por el bienestar de su hijo.

3. Falta de legalidad estricta: El reglamento interno no puede sustituir la ley ni limitar derechos fundamentales sin una habilitación legal expresa. Vulneración al derecho de participación y representación: Se impide expresamente a la madre su participación activa en el proceso formativo de su hijo.

4. Afectación a la libertad personal y seguridad individual: La prohibición de acceso físico constituye una restricción indebida del libre desplazamiento.

III. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AMENAZADAS O VULNERADAS - Articulo 19 Nº 1: Integridad psíquica.

- Artículo 19 N°2: Igualdad ante la ley.

- Artículo 19 N°3: Derecho al debido proceso.

- Artículo 19 N°7: Libertad personal y seguridad individual.

- Artículo 19 N°10 y N°11: Derecho a la educación y participación en el proceso educativo.

IV. PETICIÓN Solicita en definitiva:

1.- Ordenar la suspensión inmediata de los efectos de la sanción impuesta o lo que estime pertinente.

2.- Declarar que el acto recurrido es arbitrario e ilegal, dejándolo sin efecto.

3.- Condenar en costas a la parte recurrida.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Certificado de nacimiento del alumno.

2.- Informe proceso terapéutico.

3.- Recurso de reconsideración.

4.- Respuesta recurso de reposición.

5.- Registro de acciones Convivencia Escolar.

6.- Aplicación protocolar.

7.- Certificado de embarazo.

A folio 9 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Galvarino, en los siguientes términos:

I. LOS HECHOS Que, para una mejor resolución del asunto cabe hacer presente que el año 2024 la recurrente doña nombre reservado y su cónyuge presentaron una denuncia en contra de la docente de la Escuela Gabriela Mistral nombre reservado, por presuntas vulneraciones hacia su hijo de iniciales A. F. D., el que una vez aplicado el protocolo por violencia ejercida desde un adulto de la comunidad educativa hacia un estudiante la resolución final, estableció que, “en base a los relatos registrados no hay evidencia concreta de "castigo masivo al grupo curso 3°A, en relación a hechos de supuesto maltrato a los estudiantes, no hay evidencia en los relatos de los estudiantes algún maltrato sea este tipo físico, psicológico y ninguna sensación de malestar respecto a hechos y acciones en relación a medidas de disciplinas, conductas y comportamientos en el grupo curso.

Que, durante este año con fecha 14 de mayo de 2025, la docente de la Escuela Gabriela Mistral nombre reservado expone una serie de situaciones que han ocurrido con la recurrente, indicando, entre otras, que la Sra. nombre reservado, el año 2024 generó diversas acciones en su contra, entre ellas; acusaciones de maltrato hacia los estudiantes, discriminación entre otras acciones que dejó estipuladas bajo denuncias en organismos tales como: Policía de Investigaciones, Fiscalía y Superintendencia de Educación.

Que, a propósito de estas situaciones, desarrolló un cuadro de ansiedad y estrés laboral, debiendo ser atendida por la Mutual de Seguridad, la que bajo Resolución N° 5707806 de fecha 31 de diciembre de 2024, de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley Nº 16.744 determinó que la patología presentada era de origen laboral. Trabajador (a) expuesto a riesgo o agente: Violencia o acoso desde usuarios, etc.; por lo tanto, el empleador debe readecuar el puesto de trabajo o cambiar al trabajador de puesto de trabajo, con la finalidad de cesar la exposición al agente causante de la enfermedad profesional.

Por su parte el informe sobre los fundamentos de la calificación de la patología de fecha 31 de diciembre de 2025, en su diagnóstico indica que en EPT se identifica probabilidad de presencia de violencia o acoso desde usuarios, en el cargo de docente. En base al análisis cualitativo de la información, se logra identificar que la trabajadora ha estado expuesta a las conductas hostiles de una apoderada de su curso durante un tiempo, frecuencia e intensidad suficiente para configurar un estresor laboral;

Asimismo, la funcionaria indica que se encuentra aún en terapia psicológica particular, para disminuir los niveles de ansiedad y estrés generados por las acciones y acusaciones infundadas por parte de la Sra. nombre reservado, así como el derecho, de desarrollar sus funciones laborales en un ambiente propicio y que me brinde la seguridad necesaria- Por lo anteriormente expuesto solicitó la aplicación del reglamento interno, en particular lo dispuesto en el artículo 14 de dicho cuerpo normativo, el que dispone en su inciso final que:

Cuando el apoderado infrinja sus deberes, cualquier estamento de la comunidad educativa puede solicitar, por escrito y con la argumentación necesaria las siguientes acciones remediales y/o reparatorias: a) No podrán formar parte de los miembros representativos y/o directiva de padres y apoderados del curso (durante 1 año). b) No podrán formar parte de los miembros representativos del centro general de padres y apoderados (durante 1 año). c) Solicitar cambio de apoderado, en función de restablecer la convivencia armónica y resguardar tanto del bienestar físico como emocional de los miembros de la comunidad. El cambio de apoderado implica la privación del acceso al establecimiento educacional y ante cualquier consulta referente a temáticas educativas o de convivencia podrá realizarlas mediante documento escrito a inspectoría general o vía E-mail, al correo electrónico correo reservado.

Que a su solicitud la funcionaria acompaña Resolución N° 5707806 de fecha 31 de diciembre de 2024, de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley Nº 16.744, Informe sobre los fundamentos de la calificación de la patología de fecha 31 de diciembre de 2025, y la resolución final del protocolo por violencia ejercida desde un adulto de la comunidad educativa hacia un estudiante.

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interno, mediante el documento denominado aplicación protocolar, teniendo presente la solicitud docente, el Informe de Mutual de Seguridad y el Informe de Convivencia Escolar, se aplican las siguientes medidas en contra de la recurrente Sra. nombre reservado:

1) No podrá formar parte de los miembros representativos y/o directiva de padres y apoderados del curso (durante 1 año).

2) No podrá formar parte de los miembros representativos del centro general de padres y apoderados (durante 1 año).

3) Solicitar cambio de apoderado, en función de restablecer la convivencia armónica y resguardar tanto del bienestar físico como emocional de los miembros de la comunidad. El cambio de apoderado implica la privación del acceso al Establecimiento Educacional Que, asimismo se le informa su derecho a requerir recurso de reconsideración, en tiempo y forma en conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento Interno.

Que, la decisión del establecimiento es notificada con fecha 20 de mayo de 2025, dando a conocer los plazos para interponer recurso de reconsideración.

Que, con fecha 03 de junio de 2025, la Sra. nombre reservado presenta recurso de reconsideración, indicando 1. Vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso, al principio de proporcionalidad y razonabilidad, al principio de legalidad y al derecho a la participación y a la representación, solicitando se reconsidere la resolución sancionatoria.

Que, según da cuenta acta del Consejo Escolar se sometió a su consulta el recurso de reconsideración, aprobándose la respuesta al mismo y rechazándolo, en definitiva.

Que, el Director, como se indicó previa consulta resuelve el recurso de reconsideración.

Que tal resolución fue notificada en tiempo y forma a la Sra. nombre reservado.

II. EL DERECHO Que, decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, del año 2010, dispone en su artículo 46 letra f) El Ministerio de Educación reconocerá oficialmente a los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media, cuando así lo soliciten y cumplan con los siguientes requisitos:

f) Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento.

Que, según dispone la Circular N°27 la Superintendencia de Educación, emitida el 11 de enero de 2016, que Fija Sentido y Alcance de las Disposiciones sobre Derechos de Padres, Madres y Apoderados en el Ámbito de la Educación. establece en el numeral 6. Responsabilidades de Padres, Madres y Apoderados que: “Por tanto, todos los padres, madres y apoderados en su relación con el establecimiento educacional, autoridades, docentes, asistentes de la educación, apoderados y en general todos los miembros de la comunidad educativa, están compelidos at cumplimiento de estas obligaciones, comprometiéndose a colaborar en mantener una buena y sana convivencia. En los casos en que corresponda, en especial los relacionados con las normas de buena convivencia, buen trato y respeto del reglamento interno se podrán establecer medidas tendientes a resolver estas situaciones, pudiendo imponer sanciones respecto de los responsables, las que siempre se deberán aplicar de conformidad a los criterios de gradualidad y proporcionalidad y a un justo procedimiento establecido en el reglamento interno exigido en el artículo 46 letra f) de la Ley General de Educación, las que en ningún caso deben afectar los derechos de los alumnos y alumnas”.

Por su parte el Reglamento Interno en su artículo 14 dispone en lo pertinente respecto a deberes de los padres, madres y/o apoderados:

Respetar el RICE de la escuela y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. Por tanto, todos los padres, madres y apoderados en su relación con el establecimiento educacional, autoridades, docentes, asistentes de la educación, apoderados y en general todos los miembros de la comunidad educativa, están compelidos al cumplimiento de estas obligaciones, comprometiéndose a colaborar en mantener una buena y sana convivencia. En los casos que corresponda, en especial los relacionados con las normas de buena convivencia, buen trato y respeto al reglamento interno, se podrán establecer medidas tendientes a resolver estas situaciones, pudiendo imponer sanciones respecto de los responsables, las que siempre se deberán aplicar de conformidad a los criterios de gradualidad y proporcionalidad y a un justo procedimiento establecido en el Reglamento interno, las que en ningún caso deben afectar los derechos de los y las estudiantes. (circular n°0027, Superintendencia de Educación. Fija sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos y responsabilidades de padres y apoderados)

Cuando el apoderado infrinja sus deberes, cualquier estamento de la comunidad educativa puede solicitar, por escrito y con la argumentación necesaria las siguientes acciones remediales y/o reparatorias: a) No podrán formar parte de los miembros representativos y/o directiva de padres y apoderados del curso (durante 1 año). b) No podrán formar parte de los miembros representativos del centro general de padres y apoderados (durante 1 año). c) Solicitar cambio de apoderado, en función de restablecer la convivencia armónica y resguardar tanto del bienestar físico como emocional de los miembros de la comunidad. El cambio de apoderado implica la privación del acceso al establecimiento educacional y ante cualquier consulta referente a temáticas educativas o de convivencia podrá realizarlas mediante documento escrito a Inspectoría General o vía E-mail, al correo electrónico correo reservado.

III. EN CUANTO A LAS SUPUESTAS GARANTÍAS VULNERADAS.

La recurrente indica que la resolución impugnada es arbitraria e ilegal, dando como razones:

▪ Artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República: Derecho a la integridad psíquica: No es posible estimar como vulnerado el derecho a la integridad psíquica la aplicación de una sanción a la recurrente que tiene su fundamento en la propia ley que mandata a contar con un reglamento interno que regule aspectos como aquellos respectos de los cuales se aplicó la sanción.

Bajo ese argumento no sería posible la imposición de una sanción en cualquier tipo de procedimiento por considerar que la persona respecto de la cual esta se aplica se encuentra en una situación delicada de salud.

▪ Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, derecho a la igualdad ante la ley: No es efectivo que exista vulneración al derecho de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, toda vez que, no ha existido, ni el recurrente ha acreditado, aplicación diferenciada de la ley para casos similares, por lo que no hay afectación de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ajustándose a derecho el acto recurrido, no pasando de la mera enunciación, sin fundamentos de hecho o antecedentes que permiten indicar de forma alguna tal vulneración.

▪ Artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República Violación al debido proceso: Como primera cuestión, se debe indicar que la garantía constitucional del debido proceso no se encuentra dentro de aquellas protegidas por el Constituyente por medio de la acción de protección. En todo caso no es efectivo que exista vulneración al debido proceso establecido en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental Sin perjuicio de lo anterior, es dable señalar que, en la aplicación de la medida recurrida, se cumplieron con las garantías procedimentales básicas:

En tal sentido y como da cuenta documento de aplicación protocolar se realizó la debida indagación de los hechos, teniendo presente en particular la resolución de calificación de enfermedad profesional, el informe sobre los fundamentos de la calificación de la patología, así como el informe final de aplicación de protocolo.

Por lo que la decisión fue tomada, a partir de los antecedentes reunidos, y no de forma arbitraria o unilateral.

Que, se notificó a la recurrente otorgando plazo para presentar recurso de reconsideración, el que fue presentado en tiempo y forma, recurso en el cual no adjunta ningún antecedente, como lo son certificados médicos o informe de proceso psicológico, es más habiendo solicitado copia de los antecedentes en que ampara la medida a fin de contar con los antecedentes para una adecuada defensa, se le envía copia de los antecedentes en que se funda la medida, así como copia del Reglamento Interno y protocolos de actuación, sin perjuicio de que estos son entregados a comienzo de año, como consta en el acta de la primera reunión de padres y apoderados, en que consigna el compromiso de cumplir con lo estipulado en el Reglamento Interno socializado en dicha reunión en que participó el esposo de la recurrente en calidad de apoderado don nombre reservado, por lo que su derecho a ser oído en instancia tampoco fue vulnerado. Finalmente la resolución que impone la sanción fue debidamente fundada en los antecedentes recopilados y en el marco normativo del establecimiento.

En tal sentido la Corte de Apelaciones de Antofagasta causa Rol de Protección - 2131 – 2024, en su considerando noveno señala que “NOVENO: Que, al tenor de lo informado por la Superintendencia de Educación, según la Circular N°27, emitida el 11 de enero de 2016, establece que: “Por tanto, todos los padres, madres y apoderados en su relación con el establecimiento educacional, autoridades, docentes, asistentes de la educación, apoderados y en general todos los miembros de la comunidad educativa, están compelidos at cumplimiento de estas obligaciones, comprometiéndose a colaborar en mantener una buena y sana convivencia. En los casos en que corresponda, en especial los relacionados con las normas de buena convivencia, buen trato y respeto del reglamento interno se podrán establecer medidas tendientes a resolver estas situaciones, pudiendo imponer sanciones respecto de los responsables, las que siempre se deberán aplicar de conformidad a los criterios de gradualidad y proporcionalidad y a un justo procedimiento establecido en el reglamento interno exigido en el artículo 46 lefra f) de la Ley General de Educación, las que en ningún caso deben afectar los derechos de los alumnos y alumnas”.

De lo anteriormente expuesto no es posible estimar que exista vulneración al debido proceso.

▪ Artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, ya que a diferencia de lo sostenido por la recurrente la prohibición de acceso físico no constituye una restricción indebida del libre desplazamiento, sino que se de en el marco de la aplicación del Reglamento Interno de la Escuela Gabriela Mistral y la aplicación de las sanciones dispuestas en él.

▪ Artículo 19 N° 10 y 11 de la Constitución Política de la República, dispone que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos.

Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

Que, respecto al derecho a la Educación, la Constitución Política de la República no se aprecia como la sanción impuesta venga a amenazar o vulnerar derecho preferente de educar, en tal sentido, el rol activo y contenedor de la madre y la participación en el proceso educativo, este no sólo se da en establecimiento educacional sino también en el hogar del educando, esfera que no se ve afectada en forma alguna por la medida adoptada por el establecimiento.

Respecto al ejercicio del derecho a la participación y representación, si bien el artículo 13 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) de la Escuela Gabriela Mistral de Galvarino establece que: "Los apoderados tienen el derecho de participar en la vida escolar de sus pupilos, en los términos establecidos por el presente reglamento y en las instancias que se habiliten para ello." Este precepto reconoce y garantiza el derecho de los apoderados a involucrarse activamente en el proceso educativo de sus hijos, dentro de los marcos y procedimientos definidos por el establecimiento.

Sin perjuicio de lo anterior este precepto está íntimamente ligado con lo dispuesto en el artículo 14 del RICE, esto es los derechos, atribuciones y deberes de los padres, madres y/o apoderados.

De lo anterior, el derecho a la participación no es un derecho absoluto, sino que tiene límites que no son otros que los deberes como parte de la comunidad educativa entre los que se encuentra respetar el RICE de la escuela y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa, cuestión que según los antecedentes que dan lugar a la sanción que se recurre fueron contravenidos por la Sra. nombre reservado.

▪ Sobre la supuesta desproporcionalidad de la sanción, la Ley N° 20.536 sobre violencia escolar establece en su artículo 16 que toda medida adoptada frente a situaciones de violencia escolar debe ser proporcional, pertinente, educativa y ajustada a la gravedad de los hechos. Estos principios son parte esencial de un enfoque formativo de la convivencia escolar.

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del establecimiento incorpora expresamente estos principios, y establece un procedimiento graduado para abordar conductas que afecten la sana convivencia escolar, en especial aquellas de carácter grave.

Aplicación de la sanción: evaluación proporcional de los hechos.

La decisión de aplicar la sanción de suspensión de la calidad de apoderada por un año se basó en una evaluación exhaustiva y documentada de los antecedentes, incluyendo:

La gravedad de la conducta, la trabajadora ha estado expuesta a las conductas hostiles de una apoderada de su curso durante un tiempo, frecuencia e intensidad suficiente para configurar un estresor laboral; (Informe sobre los fundamentos de la calificación de la patología)

El impacto generado en la comunidad educativa, especialmente en la seguridad emocional del personal afectado.

La responsabilidad de los adultos en el modelo formativo y el respeto entre los actores escolares. Que, como lo señala la Respuesta al recurso de reconsideración, la medida cumple una finalidad educativa y restaurativa. La sanción impuesta tiene como fin no solo sancionar una conducta grave, sino también proteger la integridad del cuerpo docente, resguardar el clima escolar y generar un precedente de respeto y responsabilidad en las relaciones adulto-adulto dentro de la escuela, optando por una sanción temporal, no permanente, permitiendo la reincorporación futura de la apoderada bajo condiciones que aseguren el respeto mutuo y la convivencia armónica.

Considerando lo anterior, la medida adoptada es adecuada a la gravedad de la conducta; Es necesaria para proteger la convivencia y el respeto a los docentes; es proporcional al daño causado y; es reversible, lo que permite una posible reintegración una vez cumplido el período sancionatorio.

El establecimiento reitera su compromiso con el respeto irrestricto a la normativa vigente y al principio formativo de todas sus acciones.

▪ En cuanto a la falta de legalidad estricta: El reglamento interno no puede sustituir la ley ni limitar derechos fundamentales sin una habilitación legal expresa.

Que, la habilitación expresa se encuentra en la Ley 20.536, que introduce modificaciones en el DFL N° 2/2010 del Ministerio de Educación, particularmente el artículo 46 letra f), el que en definitiva obliga a contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar obligando a todos los miembros de la comunidad educativa, entre los que se encuentran los padres y apoderados.

Como bien lo señala la respuesta al recurso de reconsideración, el principio de legalidad se refiere a que toda actuación de una autoridad o entidad debe estar fundada en una norma previa y vigente, emanada de una fuente legítima. Este principio tiene reconocimiento tanto en el derecho administrativo como en el derecho civil, garantizando la sujeción de toda medida a la ley.

El Código Civil, en su artículo 7, establece que: "La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros." La Ley N° 19.880, en su artículo 2 letra c), consagra el principio de legalidad como rector del procedimiento administrativo, señalando que: "Los órganos de la Administración del Estado deberán actuar con arreglo a la Constitución y a las leyes." Si bien el establecimiento educacional es un órgano del Estado, este ha actuado conforme a su normativa interna, la cual fue previamente aprobada, socializada y puesta en conocimiento de toda la comunidad educativa, incluidos los apoderados, dando cumplimiento al principio de legalidad interna.

Así las cosas, la fuente normativa aplicable: Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y la sanción aplicada tiene como fundamento directo lo establecido en el RICE del establecimiento, documento elaborado conforme a la normativa del Ministerio de Educación.

Por otro lado, la decisión adoptada, se ajustó a una norma vigente, conocida y aceptada por quienes forman parte de la comunidad escolar (RICE); fue tomada por una autoridad competente en el ámbito de sus competencias, con base en los procedimientos establecidos, que, fundamentada por escrito, resguardando el derecho a ser notificada; Se aplicó sin arbitrariedad, conforme a hechos acreditados en un procedimiento previo y objetivo.

Se aplicó conforme a las garantías mínimas del procedimiento y con pleno respeto a las disposiciones legales aplicables.

Por lo tanto, a su juicio, la medida adoptada es válida y se enmarca dentro de un actuar reglado, proporcional y fundado.

Por todo lo anteriormente expuesto la acción intentada por la recurrida carece de fundamentos para prosperar.

Solicita, en definitiva, rechazar la presente acción de protección en todas y cada una de sus partes, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Solicitud de la docente nombre reservado, de fecha 14 de mayo de 2025.

2. Informe de convivencia escolar de la Escuela Gabriela Mistral 3. Resolución de calificación de enfermedad profesional de la Mutual de Seguridad de la docente nombre reservado.

4. Informe sobre fundamentos de la calificación de la patología de la Mutual de Seguridad de la docente nombre reservado.

5. Aplicación protocolar de medida 6. Notificación de medida de fecha 20 de mayo de 2025.

7. Correos electrónicos entre el 20 y 23 de mayo de 2025 8. Recurso de reconsideración 9. Correo informa extensión de plazo para resolver 10. Acta Extraordinaria Consejo Escolar de fecha 09 de junio de 2025.

11. Respuesta recurso de reconsideración 12. Correo de notificación respuesta de recurso de reconsideración 13. Reglamento Interno de la Escuela Gabriela Mistral.

14. Acta primera reunión 4°A de la Escuela Gabriela Mistral de fecha 01 de abril de 2025.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, los hechos que fundan el presente recurso dicen relación con la eventual infracción de garantías constitucionales en que habría incurrido el establecimiento educacional, en contra de la apoderada doña nombre reservado, al establecer como sanción la pérdida de su calidad de apoderada por el plazo de un año calendario, impidiéndole además el acceso físico a las dependencias del establecimiento y restringiendo su participación a canales formales indirectos.

Que el establecimiento funda dicha medida en las distintas acciones que tendría la actora en contra de una docente de su establecimiento, que habría realizado acusaciones de maltrato y discriminación hacia los estudiantes, dejando denuncias en la Fiscalía, Policía de Investigaciones y la Superintendencia de Educación, que desencadenó una enfermedad profesional de la docente, y a raíz de la cual esta última solicita que se apliquen las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

TERCERO: Que, la recurrida activó los protocolos de convivencia escolar tomando la decisión de realizar la suspensión en conformidad a los artículo 13 y 14 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar CUARTO: Que es un hecho ajeno al debate que la sanción recurrida es una contemplada en el reglamento escolar, en relación a hechos, llevados a través de un proceso racional, y ajustado al mismo, y al no existir señalamientos respecto a vicios del procedimiento más allá de la proporcionalidad de la sanción.

De esta forma, la sanción impuesta es producto de un procedimiento contemplado en el reglamento previamente citado en su artículo 13, en relación a las obligaciones del artículo 14, siendo aplicada una medida contemplada en tal norma y, siendo esta recurrida administrativamente, fue rechazada.

En ese contexto, no se logra vislumbrar la afectación de las garantías fundamentales referidas, vinculado a los artículos 19 N° 7, 2, 3, 10 y 11 de la Constitución Política de la República, en tanto se limita el acceso a un lugar privado por aplicación de normas propias, siendo tal situación conforme a derecho, de acuerdo a lo establecido en el propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Respecto a la garantía de debido proceso e igualdad ante la ley, la resolución recurrida es producto de un proceso racional, fundamentado en la normativa correspondiente, debidamente fundamentado, y sometido a las instancias formales establecidos en el reglamento de convivencia escolar.

En lo relativo al derecho a la educación, al hijo de la recurrida no se le ha privado de su derecho a la educación, y tiene a su padre como apoderado, no desvinculando a la familia del proceso educativo, y siendo racional la decisión en cuestión.

Finalmente, en lo relativo en al derecho a la vida e integridad física y psíquica, corresponde señalar que las circunstancias relativas a un embarazo de alto riesgo no exime de la responsabilidad de los hechos realizados, y las sanciones administrativas que se impongan en el contexto del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

QUINTO: Que ante hechos de la naturaleza que da cuenta el presente recurso, los entes directivos de los establecimientos educaciones que tienen su cargo la educación de los estudiantes, puedan resolver en forma razonada y de conformidad a sus reglamentos o protocolos internos las sanciones o adecuaciones necesarias para impedir, reparar o restaurar la convivencia escolar ante situaciones acoso como ocurrió en el presente caso.

SEXTO: Que, la medida adoptada por el establecimiento educacional recurrido en cuanto al cambio de curso de la recurrente que aparece como autora de acoso frente a una profesional del cuerpo docente, no resulta ni ilegal ni arbitraria, toda vez que, en la escala de las medidas posibles que apuntan a superar internamente un conflicto escolar, resulta ser de menor afectación en beneficio del hijo de la actora, no obstante, que ello pueda generar un disconformidad o malestar en la recurrente por la sanción impuesta; afectaciones estas que de ser efectivas, deben ser abordadas mediante los instrumentos de intervención escolar necesarias para la buena convivencia escolar.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL GABRIELA MISTRAL DE GALVARINO.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Fernando Crates Sepúlveda.

N°Protección-2747-2025. (csd)