nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Temuco.

Temuco, nueve de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado don Pablo Peñaloza Parra, quien deduce un recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A, representada por don nombre reservado, domicilio reservado, Santiago y de la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 17 de junio de 2025, que rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Explica que doña nombre reservado, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Agrega que el 17 de junio de 2025 fue rechazada la petición, de acuerdo a los siguientes antecedentes:

1.- Respecto a la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, informamos que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

"b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio." No obstante lo anterior, la Superintendencia de Pensiones, de manera excepcional ha señalado que se puede cumplir con este requisito con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas.

Por tanto, la Constancia Electrónica De Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, De acuerdo a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones, te informamos que después de haber analizado en forma exhaustiva los antecedentes adjuntos en la Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley Nº 18.156, nuestra Fiscalía resolvió rechazar dicha solicitud. no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Por su parte, la declaración jurada de fecha 20 de mayo de 2025, tampoco cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente.

A este respecto, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°3141 de 20 de febrero de 2024, ha señalado:

"el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas.

Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile." Por lo anterior y, para efectos de dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 1° y 7° de la Ley N° 18.156, se solicita acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Ahora bien, se debe tener en consideración lo establecido por la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la misma norma:

“Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

· Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

· Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Destaca que doña nombre reservado realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que el recurrente al ser profesional extranjero cumple con los requisitos supra señalados. En consecuencia, se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

En ese orden de ideas, es imperioso señalar que la recurrida en su rechazo señala en lo atingente a la constancia que “Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”, lo que admite implícitamente que la recurrente se encuentra afiliada, más aún, de la simple lectura indica la fecha de afiliación a la seguridad social, por lo que desde ya, se observa que el rechazo de la recurrida es arbitraria e ilegal.

Del texto extenso transcrito, la recurrida señala que la superintendencia de pensiones ha señalado expresamente que “se solicita acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

Así las cosas, es imperioso señalar que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal según se desarrollará en lo sucesivo.

En relación a lo anterior, señala que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss.

Agrega que la constancia electrónica emitida por la seguridad social del recurrente puede ser verificada a través del link arriba señalado y, en su defecto, de una simple búsqueda que se realice en el motor de google.

Lo anterior, dice relación a que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web señalada. El código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia, que señala textualmente “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S.(www.ivss.gob.ve), con el código de verificación N° “5dbb65336-2025609”.

Así las cosas, como se evidencia, la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no es un documento válido, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen.

Que, la señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y, puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos y, en el evento improbable que no fuere suficiente, se realizó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada para su constatación.

En ese orden de ideas, otras Administradoras de Fondos de Pensiones, a modo ejemplar, A.F.P. CUPRUM, realizando el mismo procedimiento señalado, es decir, verificando el código de validación de la constancia electrónica en la web indicada, han concluido que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley, puesto que, como se ha señalado una interpretación excesivamente formal vulnera el derecho de propiedad de los peticionarios.

Arguye también que misma recurrida ha autorizado en fecha recién, la devolución de fondos de pensión de los nacionales venezolanos que encontrándose en situación jurídica similar que el accionante, han obtenido una respuesta afirmativa, por lo que desde ya, se evidencia que la conducta desplegada por la AFP vulnera los derechos fundamentales de la accionante, esto es, la igualdad ante la ley y, el derecho de propiedad.

Refiere que la recurrida insiste en señalar que las constancias electrónicas no es un documento válido, sin siquiera especificar el motivo de esa afirmación, más aún, el fundamento jurídico que lo sustente, según se desprende de la comunicación electrónica rechazando la solicitud de fecha 17 de junio de 2025.

Agrega que las constancias electrónicas, al momento de ser descargadas arrojan un código de verificación que lo componen letras y números, que en el caso del recurrente es 5dbb65336-2025609.

Que, a mayor abundamiento, la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, esto se realiza ingresando al dominio web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/.

Si se observa, la búsqueda se realiza esta vez, con el número de cédula de identidad venezolana, que en el caso del recurrente es RUT reservado, el que puede ser corroborado en la página anterior.

Afirma que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante, adoptó una decisión a todas luces contraria a derecho, puesto que de forma arbitraria e ilegal rechaza la solicitud del recurrente sin que la respuesta estuviera lo suficientemente motivada, sin siquiera, cotejar lo acompañado por el recurrente, lo que deviene en un actuar que afecta el derecho de propiedad ampliamente protegido y tutelado por la Constitución Política de la República En ese sentido, es menester aclarar, que la página web de la seguridad social al momento de emitir una constancia de afiliación, indica el plazo de vigencia, el cual puede ser descargada sucesivamente, es el motivo por el cual, se modifican los códigos alfanuméricos correspondiente a la constancia de junio con el del mes de julio.

Que, la señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y, puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos, además que la misma web señala verificación de constancia certificada.

De este modo, la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando, en la especie se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula.

Finalmente, traemos a colación que la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión. Cita jurisprudencia.

Las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, deducida en la Notificación de fecha 17 de junio de 2025, que rechaza la solicitud de devolución de fondos de AFP Modelo, siendo que la solicitud cumple con lo señalado en la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos e informado por la Superintendencia de Administraciones de Fondos de Pensiones, situación que la deja en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario.

Alega que, de la simple lectura del rechazo de parte de la administradora de fondos de pensiones argumentando genéricamente que el certificado de afiliación que se acompaña no es válido, no obstante, la normativa especial no realiza distinciones, siendo que solamente se limita en señalar que el técnico profesional extranjero se encuentre afiliado, sea a lo menos técnico y, que manifieste la voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen en el contrato de trabajo o en sus anexos, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad.

Arguye que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal.

En el evento improbable que se considere que se requiere que el documento se encuentre legalizado o apostillado, es menester citar el artículo 18 del Código Civil que señala En los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas.

Lo anterior sustenta nuestra teoría del caso, puesto que la ley no exige formalidades adicionales, por lo que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos cuando en la especie, se cumplen los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156.

En relación a lo anterior, las prestaciones sociales que cubre la seguridad social del recurrente son aquellas que están enumeradas en el artículo 1 de la Ley 18.156, esto es, vejez, muerte, enfermedad e invalidez, por lo que la decisión que se recurre no encuentra sustento normativo para rechazar la mentada solicitud.

Que, en otro orden de ideas, es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor.

Es menester precisar que, a lo imposible nadie está obligado, no obstante, el recurrente acompañó el certificado electrónico de afiliación de la seguridad social de su país de origen lo que desde ya, implica el pleno cumplimiento de la normativa señalada, por lo tanto, se infiere forzosamente que la negativa es injustificada, arbitraria e ilegal, afectando el derecho de propiedad del recurrente.

En relación a lo anterior, es necesario traer a colación que la falta de apostilla o de legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera del recurrente, sino únicamente de las relaciones diplomáticas de los Estados de Chile y de Venezuela, siendo que no existen relaciones diplomáticas, más aún, teniendo la recurrida pleno conocimiento por ser un hecho público la dificultad de los nacionales venezolanos de obtener ciertos documentos, como lo es, el certificado de afiliación apostillado.

Lo transcrito, es imperioso reiterar que la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino que, simplemente que se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar por cualquier medio, como en el caso del recurrente, con la simple búsqueda ingresando el código de verificación que arroja la constancia.

En ese sentido, esto ha conducido a una multiplicidad de problemas para los nacionales venezolanos, a modo ejemplar, trámites migratorios, los cuales han sido resueltos por los tribunales superiores de justicia, confirmando nuestra teoría del caso, de que la exigencias de ciertos documentos que son imposibles de obtener cuando estos se encuentran dentro de la esfera de un tercero, en este caso, el gobierno Venezolano, no debe servir como excusa, sino como eximente. Cita jurisprudencia.

Desde esa perspectiva, no es posible pasar por alto las graves consecuencias que conlleva para la amparada la decisión impuesta por la administración, teniendo especialmente en consideración la grave crisis política e institucional que atraviesa el país de origen de aquélla y que repercute negativa y directamente en la celeridad en la obtención de documentación oficial [...]

Que, en el evento improbable que se considere que es insuficiente la constancia electrónica de afiliación, es imperioso señalar que lo que busca el legislador, es que el técnico profesional que solicita el retiro de los fondos previsionales se encuentra efectivamente afiliado, el cual, se acredita de la simple búsqueda del certificado, específicamente en la web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, con el código señalado o, en su defecto http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, ingresando la cédula de identidad venezolana y, que ut supra fue acreditado, por lo que el requerir formalidades adicionales que no están expresamente señalados en la normativa especial deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

Que, la acción de protección de garantías constitucionales procede ante una actuación arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental.

En tal sentido, el derecho vulnerado es la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, según el cual no hay persona ni grupo privilegiado, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, de manera que, no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes o en este caso excluyentes, pues todos tienen los mismos derechos y deberes, siendo el caso que, la recurrida ha infringido esta garantía constitucional, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido a otorgado respuesta favorables, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, a quien se le ha requerido una formalidad adicional que no se encuentra contemplado de acuerdo con la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, ni en su portal oficial, interrumpiendo el proceso para el retiro de fondos previsionales, aun cuando dio cumplimiento íntegro con lo establecido en Circular N°553 de la ley 18.156 bajo la que se otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales a los extranjeros.

Cita jurisprudencia y concluye que del criterio jurisprudencial, se evidencia que la finalidad del legislador en lo referente a la exención de las cotizaciones previsionales de los técnicos profesionales extranjeros es con el objeto de atraer personal calificado para aportar al desarrollo en el país, por lo que el legislador tuvo la intención de evitar imponer obstáculos a los técnicos profesionales extranjeros, en caso contrario, no tendría sentido que éstos coticen en dos sistemas previsionales distintos pero, con prestaciones idénticas.

Así las cosas, es imperioso señalar que si el legislador hubiere pretendido incorporar mayores limitaciones o excepciones para el retiro de los fondos de pensión, el mismo se hubiere establecido expresamente en la norma, por lo tanto, el actuar de la recurrida es arbitraria e ilegal, puesto que resuelve de forma antojadiza la solicitud y, además, no tiene sustento jurídico que lo ampare.

Asimismo, la recurrida vulnera el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, el derecho de propiedad. Cita jurisprudencia.

Concluye que es una mala práctica por parte de la Administradora de Fondos, incorporando hipótesis y requisitos no señalados expresamente, lo que como se ha señalado reiteradamente, vulnera su derecho a la propiedad consagrado en el artículo 19 N°24. Cita jurisprudencia.

Arguye que los criterios jurisprudenciales evidencian que, las administradoras de pensiones no pueden realizar una interpretación excesivamente literal, puesto que ésta conducta deviene en la imposibilidad de que los profesionales extranjeros obtengan la devolución de los fondos, contradiciendo el propósito de la ley in comento.

Es menester señalar lo establecido en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política que señala no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio, siendo relevante, puesto que la afectación a las garantías fundamentales en el caso de marras se puede resumir en la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por lo que rechazar el retiro de los fondos de pensión del recurrente, cumpliendo todos los requisitos señalados por la normativa especial; siendo que es de su exclusiva propiedad, afecta esencialmente su derecho de propiedad, ampliamente protegido por el constituyente y; que la administradora de fondos de pensiones inobserva la normativa especial e incorpora requisitos no expresamente señalados, restringiendo los derechos del recurrente, en lo atingente a la igualdad ante la ley, siendo que otros solicitantes han obtenido el retiro de sus fondos a diferencia del recurrente en estos autos y, en el derecho de propiedad que recaen en sus fondos de pensión, en virtud de que la administradora pensiones de su país de origen cubre las prestaciones señaladas en la Ley.

Finalmente, como se aprecia de las fotocapturas arriba señaladas, la verificación de la constancia electrónica se puede realizar directamente en la web de la seguridad social de Venezuela http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss o; http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, siendo que, si ingresas el código de verificación que indica la mentada constancia en la parte inferior o, la cédula de identidad venezolana, tal como se hizo ut supra, arrojará la constancia original, pudiendo ser visualizada y descargada sin inconvenientes, por lo que la recurrida cuenta con distintos medios para cumplir con la verificación.

En ese sentido, es menester reiterar que la normativa especial no exige documento legalizado, menos aún, que el mismo no pueda ser expedido de forma electrónica, siendo que lo que pretende el legislador es que simplemente el peticionario se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar sin mayor formalidades.

En ese orden de ideas, la legislación vigente solo señala que el técnico profesional extranjero manifieste la voluntad ante el empleador de que se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de orígen, sin mayores formalidades, lo que refuerza nuestra teoría del caso respecto de la decisión arbitraria e ilegal adoptada, puesto que desconoce lo señalado en el artículo 1 de la Ley 18.156 tantas veces citado.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo y la Superintendencia de Pensiones, de fecha 17 de junio de 2025, por el acto ilegal y arbitrario, que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero lo que impide la devolución de fondos previsionales, rechazando de forma ilegal y arbitraria su solicitud de devolución de fondos previsionales, obrando en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República y lo establecido en la ley N°18.156, que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, acompañando documentos probatorios al primer otrosí de esta presentación, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado.

2. Notificación de rechazo de la AFP Modelo de nombre reservado.

3. Constancia de afiliación electrónica de nombre reservado.

4. Título profesional apostillado, que acredita profesión de nombre reservado.

5. Anexos de contratos de trabajo que manifiesta la voluntad del recurrente de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen y, que acredita domicilio de nombre reservado.

6. Cédula de identidad venezolana de nombre reservado.

7. Carta de aprobación de AFP Modelo, que autoriza retiro de fondos de pensiones cumpliendo con los mismo requisitos que el recurrente de marras.

8. Carta de aprobación de AFP Cuprum, que autoriza retiro de fondos de pensiones cumpliendo con los mismo requisitos que el recurrente de marras.

A folio 5 informa la recurrida al siguiente tenor.

1. El recurrente ha presentado una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N° 18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas por el empleador SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS FLOEMY SPA, a su nombre, RUT RUT reservado, con fecha 13 de junio de 2025, registrándose como solicitud 24213 (número interno) por el período cotizado comprendido entre febrero de 2023 y diciembre de 2023.

2. Con el objeto de acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, la recurrente acompañó los siguientes documentos:

2.1.

Título Profesional de la recurrente.

2.2.

Declaración Jurada de la recurrente ante notario.

2.3.

Constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente.

2.4.

Contrato de Trabajo de fecha 01 de febrero de 2023, suscrito con el empleador Sociedad Comercial y de Servicios Floemy SPA.

2.5.

Anexo de Contrato de Trabajo de fecha 02 de mayo de 2023, suscrito con el empleador Sociedad Comercial y de Servicios Floemy SPA.

3. En virtud de los antecedentes aportados por la recurrente, mi representada realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de mi representada.

4. Tras el análisis de los antecedentes, mi representada dio respuesta a las solicitudes de la recurrente:

4.1.

Solicitud 24213 (número interno) por el período cotizado comprendido entre febrero de 2023 y diciembre de 2023, se rechazó por lo siguiente:

“1.- Respecto a la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, informamos que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

"b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio." No obstante lo anterior, la Superintendencia de Pensiones, de manera excepcional ha señalado que se puede cumplir con este requisito con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas.

Por tanto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Por su parte, la declaración jurada de fecha 20 de mayo de 2025, tampoco cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente.

A este respecto, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°3141 de 20 de febrero de 2024, ha señalado:

"el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas.

Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile." Por lo anterior y, para efectos de dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 1° y 7° de la Ley N° 18.156, se solicita acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

5. En virtud de lo señalado, se puede apreciar que AFP Modelo rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

6. Finalmente, se hace presente que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario. Mi representada ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.

7. De lo expuesto, se puede determinar que mi representada no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que tal como se explicará en el derecho de este escrito, la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que en caso de autos, el recurrente no cumplía.

Capítulo III: El Derecho.

La Ley N° 18.156, que establece la exención de la obligación de cotizar para las y los técnicos extranjeros contratados por una empresa, siempre que se reúnan ciertas condiciones. Esta Ley en su artículo 7° establece lo siguiente:

“En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

Por su parte, el artículo 1° establece:

“Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Es importante hacer presente que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales.

Asimismo, las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas cuyo objeto único y exclusivo es la administración de fondos de pensiones, además de otorgar los beneficios y prestaciones establecidos en el D.L. 3.500 de 1980. La supervigilancia, control y fiscalización de estas sociedades corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en adelante la Superintendencia, según lo establece el artículo 52 del Reglamento del D.L. 3.500 de 1980.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 94 del D.L. 3.500, a la Superintendencia de Pensiones, como órgano contralor del sistema de pensiones chileno, le corresponde, además de las atribuciones y obligaciones que establece la ley, las siguientes funciones generales:

“2. Fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras y el otorgamiento de las prestaciones que éstas otorguen a sus afiliados, y el funcionamiento de las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales.

3. Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, las sociedades filiales a que se refiere el inciso duodécimo del artículo 23 y las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales, y dictar normas generales para su aplicación.”

En el uso de estas facultades, la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, señala:

“…se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156…”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones ha señalado que excepcionalmente se puede cumplir este requisito, con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas.

Lo anterior, va en consonancia con lo prescrito en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe que “[l]os instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados”, en relación con el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que señala que los “instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento”.

A su vez, el artículo 345 bis del mismo cuerpo legal dispone:

“Los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento.

Las certificaciones oficiales que hayan sido asentadas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones para la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas, podrán presentarse legalizadas o con apostillas otorgadas, con arreglo al artículo precedente y a éste, respectivamente. Pero en estos casos la legalización o apostilla sólo acreditará la autenticidad de la certificación, sin otorgar al instrumento el carácter de público.

Según lo dispuesto por la Convención a que se refiere el inciso primero, no podrán otorgarse apostillas respecto de los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera”.

Lo anterior es de suma importancia para proteger la fe pública, entendida como aquella institución jurídica cuyo fundamento es la seguridad del tráfico jurídico. Cita jurisprudencia.

Tras lo expuesto, cabe concluir que todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención establecida en dicha ley o que quiera retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos. En este caso, y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que la recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Por otra parte, es necesario tener presente lo señalado en el artículo 46 de la Ley 19.882 se establece: “Créase la Superintendencia de Pensiones, organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social.

La Superintendencia estará regida por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882., “La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos”.

Adicionalmente, el artículo 47, establece entre sus funciones y atribuciones, las siguientes: “7. Interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas.

8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República”.

Tal como se aprecia, la Superintendencia de Pensiones, es el organismo regulador y fiscalizador de todas y cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones del país. Su función principal, es velar por la aplicación correcta de las leyes y reglamentos que rigen a las Administradoras, y dictar instrucciones pertinentes para su adecuado funcionamiento.

A mayor abundamiento, y en razón de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, es que AFP Modelo, debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el D.L. N° 3.500, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Normas especiales, y Oficios Ordinarios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, puesto que, en caso de incumplimiento de dicha normativa, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

Por otra parte, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción que busca restablecer el imperio del derecho, cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se ha ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Para que proceda un recurso de protección, es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso y, AFP Modelo ha actuado según lo instruye la normativa vigente y la Superintendencia de Pensiones. Así las cosas, en este caso mi representada no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la constitución le reconoce al Recurrente.

Pide tener por evacuado informe para el presente recurso de protección y rechazarlo con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos 1. Copia de escritura pública donde consta la estructura de poderes de AFP Modelo, de fecha 16 de marzo de 2023, Repertorio 11304- 2023, de la Notaría de doña nombre reservado.

A folio 9 la recurrida acompaña los siguientes documentos 1.- Título Profesional de la recurrente 2. - Declaración Jurada de la recurrente ante notario.

3.- Constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente.

4.- Contrato de Trabajo de fecha 01 de febrero de 2023, suscrito con el empleador Sociedad Comercial y de Servicios Floemy SPA.

5.- Anexo de Contrato de Trabajo de fecha 02 de mayo de 2023, suscrito con el empleador Sociedad Comercial y de Servicios Floemy SPA.

A folio 12 los autos quedan en estado de relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

Jurisprudencialmente se reconocen como requisitos para su configuración, la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) Una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEGUNDO: Que en el caso de autos se denuncia por la recurrente de autos la acción, que estima ilegal y arbitraria consistente en que con fecha 17 de junio de 2025, que Rechaza Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero, con la intención de solicitar a su Señoría Ilustrísima adoptar las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que procedo a exponer.

TERCERO: Que a su turno la recurrida solicita el rechazo de esta acción porque en virtud de los antecedentes aportados por la recurrente, realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de la recurrida.

Indica que tras el análisis de los antecedentes, mi representada dio respuesta a las solicitudes de la recurrente:

Solicitud 24213 (número interno) por el período cotizado comprendido entre febrero de 2023 y diciembre de 2023, se rechazó por lo siguiente:

“1.- Respecto a la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, informamos que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

"b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio." No obstante lo anterior, la Superintendencia de Pensiones, de manera excepcional ha señalado que se puede cumplir con este requisito con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas.

Por tanto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Agrega que por su parte, la declaración jurada de fecha 20 de mayo de 2025, tampoco cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente.

Señala que a este respecto, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°3141 de 20 de febrero de 2024, ha señalado:

"el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas.

Indica que adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile." Por lo anterior y, para efectos de dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 1° y 7° de la Ley N° 18.156, se solicita acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Concluye que en virtud de lo señalado, se puede apreciar que AFP Modelo rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

CUARTO: Que, como ha sido reiteradamente sostenido por la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar y de urgencia, destinada exclusivamente a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten garantías constitucionales expresamente amparadas en la Ley.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo de la acción constitucional deducida, cabe tener presente que la devolución de cotizaciones previsionales a trabajadores extranjeros se encuentra regulada de manera expresa y restrictiva por la Ley Nº 18.156, normativa de carácter especial que supedita el ejercicio de dicho derecho al cumplimiento copulativo de los requisitos que ella establece, entre los cuales se cuenta, en lo pertinente, la acreditación fehaciente de la calidad de trabajador extranjero, la vigencia de un contrato de trabajo que contemple cláusula de afiliación a un sistema previsional distinto al chileno y la certificación correspondiente emitida por la autoridad o institución extranjera competente, en los términos y forma exigidos por la ley y su reglamentación.

SEXTO: Que, del examen de los antecedentes acompañados por la recurrente a su presentación, aparece que, si bien ésta acompañó diversa documentación, no lo hizo en conformidad a las exigencias formales y sustantivas previstas en la Ley Nº 18.156, circunstancia que fue debidamente ponderada por la recurrida al momento de resolver la solicitud, razón por la cual el rechazo impugnado no puede estimarse como ilegal ni arbitrario, sino como una consecuencia directa del incumplimiento de los presupuestos normativos que habilitan la devolución pretendida.

SEPTIMO: Que, en este sentido debemos concordar que el recurso de protección no constituye una vía idónea para discutir el cumplimiento de requisitos legales específicos ni para sustituir los procedimientos administrativos establecidos por el legislador, especialmente cuando el acto impugnado se funda en la aplicación directa de una norma legal expresa y vigente, como ocurre en la especie.

OCTAVO: Que, por otra parte, tal como lo expone la recurrida en su informe, el rechazo de la solicitud no reviste carácter definitivo ni irreversible, toda vez que no impide a la recurrente volver a presentar una nueva solicitud, acompañando en esa oportunidad los antecedentes completos y debidamente ajustados a las exigencias legales, lo que excluye la existencia de una privación, perturbación o amenaza actual y permanente del derecho de propiedad invocado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

En este sentido la doctrina ha señalado que el derecho de propiedad, para efectos de la acción de protección, exige una afectación cierta, actual y efectiva, no bastando una mera expectativa o un perjuicio eventual o transitorio derivado del rechazo de una solicitud administrativa subsanable (Nogueira Alcalá, Humberto, Acción de Protección, Editorial Jurídica de Chile). En ese orden de ideas consideramos que no existe vulneración constitucional cuando el administrado conserva la posibilidad real y concreta de ejercer nuevamente su derecho por las vías legales ordinarias.

NOVENO: Que, en consecuencia, no advirtiéndose en la actuación de la recurrida un acto ilegal o arbitrario, ni tampoco una afectación actual y permanente de las garantías constitucionales invocadas, el recurso de protección deducido no puede prosperar, debiendo ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, SIN COSTAS el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, ciudadana venezolana, en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-2744-2025 (pvb).