nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dos de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece don Alfonso Eduardo Podlech Delarze, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, ingeniero comercial, y de la sociedad Servicios Logísticos El Hualle Limitada, quien deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de doña Tania Zurita Riquelme, Jueza del Juzgado de Familia de Temuco, en virtud de la resolución dictada con fecha 21 de enero de 2021, en causa Rit C-571-2020.

Expone que en el marco de esa causa en cuya virtud nombre reservado demanda de divorcio y rebaja de alimentos a nombre reservado, quien, a su turno, interpuso demanda reconvencional de compensación económica, las partes ofrecieron prueba diversa, entre ellas la abogada de la demandada y demandante reconvencional, solicitó se oficiara a la Comisión para el Mercado Financiero a fin de que ésta informara las instituciones bancarias en que nombre reservado y/o de la sociedad a cuyo nombre interpone el recurso, registraren operaciones vigentes. Llegado el informe de la Comisión para el Mercado Financiero, y lo requerido por la abogada de la demandada, doña Tania Zurita Riquelme, Jueza del Juzgado de Familia de Temuco, resuelve con fecha 21 de enero de 2021, oficiar al Banco Santander Chile, al correo electrónico: correo reservado, a fin que informe respecto de la empresa Servicios Logísticos El Hualle Limitada, al tenor de lo solicitado.

Refiere que lo requerido importa extender las actuaciones del juicio ante la entidad bancaria de la sociedad Servicios Logísticos El Hualle Limitada, persona jurídica ajena al proceso, por lo que la resolución que da lugar a lo pedido transgrede lo relativo al secreto bancario, que impide proporcionar la información solicitada.

Agrega que no es posible estimar que la demandada y demandante reconvencional, señora nombre reservado, posea un interés legítimo en acceder a la información, pues su propósito evidente es conocer el estado y/o movimientos de las empresas familiares, pero estas no guardan relación alguna con el eventual patrimonio de nombre reservado.

En su concepto, la información solicitada busca acceder a datos que van más allá de la situación económica - bancaria de nombre reservado, pues importa entregar información de los socios de la sociedad Servicios Logísticos El Hualle Limitada y que hacer entrega de la documentación requerida conlleva que terceros tomen conocimiento de todas las operaciones que efectúa la sociedad antes indicada como también de sus socios, siendo ello atentatorio al artículo 154 del D.F.L. N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos, que contempla tanto el secreto bancario como la reserva bancaria.

Indica que la resolución que da lugar a la petición de la abogada de la parte demandada, transgrede respecto de sus representadas el artículo 19 en sus numerales 4° y 21° de la Carta Fundamental, pues de la forma como se ha requerido la información, se vulnera la privacidad de las personas jurídicas y por cierto de los socios de estas, más aún cuando solicita la entrega de cartolas de cuentas corrientes, incluso en forma genérica, sin establecer un espacio de tiempo. Asimismo, el solicitar la información de la forma dicha permite a terceros conocer el manejo interno de la empresa, sus estrategias de negocios, y ello claramente vulnera el numeral 21, del artículo 19, de la Carta Fundamental.

Pide en consecuencia, se acoja el presente recurso adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle a sus representadas la debida protección en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, y en definitiva, ordenar que solo se requiera por el tribunal de la institución bancaria ya referida, los antecedentes de nombre reservado como persona natural y se abstenga de requerir información genérica que importa una transgresión a los derechos de su parte en esta acción de protección, con costas.

Que informando la señora jueza recurrida mediante presentación de 01 de febrero de 2021, expresa que del estudio de los antecedentes recabados se puede señalar que el presente recurso incide en la causa RIT C-571-2020, iniciada por don nombre reservado quien demanda a su cónyuge, la señora nombre reservado, interponiendo dos acciones por vía principal, divorcio por cese de la convivencia y rebaja de alimentos, mientras que la demandada reconviene interponiendo la acción de compensación económica.

Que, el día 25 de noviembre de 2020, se celebró la segunda sesión de la audiencia preparatoria respectiva, la que fue presidida por la Magistrado Claudia Sanchez, quien, habiendo terminado dicha etapa procesal, cita a audiencia de juicio, agendada para el día 3 de mayo de 2021.

Que, en dicha oportunidad procesal, la parte demandada principal y demandante reconvencional, solicita en el marco de la oferta de su prueba conforme al principio de libertad que le avala la Ley 19.968, un requerimiento de información a la Comisión del Mercado Financiero, respecto, entre otros, de todas aquellas sociedades de las que informara el Servicio de Impuestos Internos, tuviera participación el demandante principal y demandado reconvencional, lo que fue cumplido por dicha institución, el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 22 de diciembre de 2020, oficio que fue resuelto e incorporado en la carpeta digital el día 23 de diciembre del mismo año, en que el que se detalla entre otros, que el actor nombre reservado, efectivamente tenía participación en la Sociedad Servicios Logísticos El Hualle Ltda.

Que, habiendo sido ordenado por la Juez que presidió la audiencia preparatoria, Magistrado Sánchez, no habiendo sido recurrida por ninguna de las partes, ambas patrocinadas por abogado, siendo dicha oportunidad procesal la que hace precluir la discusión respecto de la procedencia o no de las pruebas, esta Juez a petición de parte, sólo cumplió con la resolución que firme y ejecutoriaba ordenaba el requerimiento de dicha información.

Que, el Artículo 28 de la Ley 19968, establece el principio de la libertad de prueba, que expresa que todos los hechos que resulten pertinentes para la adecuada resolución del conflicto familiar sometido al conocimiento del juez podrán ser probados por cualquier medio producido en conformidad a la ley e inmediatamente después, el artículo 29 señala que las partes podrán, en consecuencia, ofrecer todos los medios de prueba de que dispongan, pudiendo solicitar al juez de familia que ordene, además, la generación de otros de que tengan conocimiento y que no dependan de ellas, sino de un órgano o servicio público o de terceras personas, tales como pericias, documentos, certificaciones u otros medios aptos para producir fe sobre un hecho determinado, agregando que las partes tendrán plenas facultades solicitar a los órganos, servicios públicos, o terceras personas, la respuesta a los oficios solicitados en la audiencia preparatoria y que hayan sido admitidos por el tribunal, a fin de que puedan ser presentados como medios de prueba en la audiencia del juicio.

Que, si bien el Artículo 154 del DFL 3, establece el secreto bancario, el mismo artículo excepciona dicha reserva cuando los antecedentes sean solicitados por la justicia ordinaria, lo que ocurre en este caso.

Que, debe tenerse presente que el presente juicio versa sobre la determinación de alimentos menores en favor de los hijos de las partes, cuyo monto el padre pretende rebajar en atención a sus propios argumentos, dentro de los cuales están la existencia de un nuevo alimentario y el detrimento de su patrimonio.

Que, a efectos de determinar este patrimonio necesariamente deben otorgarse todos los antecedentes para poder establecerlo de manera fehaciente, tal como lo ordena el Artículo 5 de la Ley 14.908, siendo esta una obligación legal del alimentario, y en caso de que no se cumpla entonces queda el Tribunal facultado para solicitar dicha información al Servicio de Impuestos Internos, Administradora de Fondos de Pensiones y cualquier organismo público o privado que estime.

Que, incluso dicho cuerpo legal, señala que en el juicio de alimentos el ocultamiento en la entrega de los antecedentes, podrá ser apremiado con el Artículo 543 del Código de Procedimiento Civil.

Que, en el caso que nos ocupa el demandante de autos no otorgó dicha información de manera voluntaria y completa, quedando la existencia de la sociedad Servicios Logísticos El Hualle Ltda, de la cual forma parte desde el año 2019, solo en conocimiento de los intervinientes al momento de ser informado por el Servicio de Impuestos Internos.

Que, de acuerdo a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, para establecer de manera real su patrimonio y capacidad económica actuales, cuál es su propio argumento para su pretensión de rebajar la pensión que otorga en favor de sus hijos, incorporar y evaluar los aportes y eventuales retiros que pudiera o no percibir de dicha y otras sociedades.

Que, respecto del hecho que se trata de una sociedad y que la diligencia significaría una vulneración al principio de reserva del secreto bancario del socio recurrente en representación de dicha Sociedad, lo cierto es que el actor en el proceso de rebaja de alimentos también es socio, y en ese sentido el Tribunal valorará en la sentencia, como le fuere ordenado sólo aquellos antecedentes que determinen el patrimonio del demandante, circunstancia que de otra manera no podría ser establecido.

En consecuencia, concluye que la resolución dictada lo ha sido en el marco que la ley y la Constitución Política de la República otorgan en el proceso.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía el abogado don Alfonso Eduardo Podlech Delarze, en representación de don nombre reservado y de la Sociedad Servicios Logísticos El Hualle Limitada, fundado en que la resolución de fecha 21 de enero de 2021, dictada por doña Tania Zurita Riquelme, Jueza del Juzgado de Familia de Temuco, que dispone oficiar al Banco Santander a fin que informe respecto de la empresa de Servicios Logísticos El Hualle Limitada, al tenor de lo solicitado, transgrede respecto de sus representadas lo previsto en el artículo 154 de la ley General de Bancos e Instituciones Financieras y el artículo 19 en sus numerales 4 y 21 de la Carta Fundamental, vulnerando la privacidad de las personas jurídicas y por cierto de los socios de éstas, el manejo interno de la empresa y su patrimonio.

SEGUNDO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y que, como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente en la privación, perturbación o amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

TERCERO: Que, en relación al primer elemento mencionado, y en lo que toca al carácter arbitrario de la resolución, no se advierte que la jueza recurrida la haya dictado por un mero capricho o con un afán de ocasionar algún perjuicio a los recurrentes y que dicha decisión carezca de fundamento, siendo su propósito –como corresponde-, contar con los antecedentes necesarios para determinar el quantum de los alimentos que se fijarán, en su caso, en favor de los hijos de las partes y ello solo se puede conseguir contando con los medios de prueba relativos a la capacidad económica de los progenitores, contexto en el cual aparece justificado que se oficiara al Banco Santander Chile, para que remita antecedentes respecto del recurrente y la empresa de que es parte, como la mencionada Servicios Logísticos El Hualle Ltda.

CUARTO: Que la resolución impugnada tampoco es ilegal, ya que fue dictada por un magistrada de la República, que está investida de atribuciones y facultades necesarias para pronunciar, dictar o emitir todas las resoluciones que considere convenientes para dar curso progresivo al proceso del que conoce, y resolver las peticiones que se le formulen, respetando la garantía del debido proceso, la bilateralidad de la audiencia y, en materia de familia, particularmente los principios que inspiran al procedimiento que es oral, concentrado y desformalizado, y en el cual priman la inmediación, la actuación de oficio del Tribunal y la búsqueda de soluciones colaborativas entre partes.

QUINTO: Que tampoco la resolución impugnada vulnera el denominado “Secreto Bancario”, toda vez que, acorde con lo establecido en los Arts. 13, 29 y 54 de la Ley Nº 19.968, en un juicio como aquel en que incide la presente acción constitucional, el juez de familia debe procurar todos los antecedentes que sean fundamentales y pertinentes para la adecuada decisión de la controversia. A su vez, las disposiciones contenidas tanto en el inciso 3º del Art. 1º del DFL 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, que “Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques”, como en el inciso 4º del Art. 154 del D.F.L. Nº3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que “Fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos”, deben interpretarse en concordancia con la labor entregada a los Tribunales de Familia, los que para obtener la información que le es necesaria para determinar la procedencia y cantidad de la pensión alimenticia debe requerir tales antecedentes de la instituciones pertinentes ante la ausencia de colaboración del recurrente, quien si no quiere verse expuesto a que se revele una parte de sus antecedentes bancarios, debe ponerlos a disposición de la justicia.

SEXTO: Que de otro lado, fluye que la jueza recurrida ha dado pleno cumplimiento a las limitantes que le imponen estas disposiciones legales, ya que la resolución reprochada – por lo demás-, se limitó a requerir información al Banco Santander Chile acerca del movimiento de una empresa de la cual el recurrente es socio, dado que, como se dijo, si bien es cierto que el Artículo 154, ya citado, establece el secreto bancario, el mismo precepto excepciona dicha reserva cuando los antecedentes sean solicitados por la justicia ordinaria, que es lo que exactamente ha ocurrido en el caso de autos, respecto de una sociedad de la cual nombre reservado forma parte.

Por último, no se advierte de qué forma se vulnerarían las garantías constitucionales que los recurrentes invocan desde que la información requerida no les impide seguir realizando normalmente sus actividades económicas ni tampoco afecta “su vida privada y la honra de sus personas y sus familias”, desde que el mentado oficio a la entidad bancaria ya referida se refiere únicamente a los movimientos bancarios que realiza una empresa de la cual el demandante de rebaja de alimentos forma parte, sujeto, por cierto, a la legalidad vigente.

SÉPTIMO: Que así las cosas, no apareciendo de los antecedentes aportados al recurso que la resolución que lo funda se haya dictado en forma arbitraria y que sea ilegal, se procederá a su rechazo.

Por estas consideraciones y conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por don Alfonso Eduardo Podlech Delarze, en representación de nombre reservado, y de la sociedad Servicios Logísticos El Hualle, en contra de doña Tania Zurita Riquelme, Juez Titular del Juzgado de Familia de Temuco.

Redacción de la Ministra Titular doña Cecilia Aravena López.

Regístrese.

Rol N° Protección-274-2021 (pvb).