nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de agosto de dos mil veinte.

VISTOS 1°). Que comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo este recuso de protección a su favor y, en contra de TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en base a los antecedentes de hecho y de Derecho que expone:

2°). En cuanto a LOS HECHOS: señala que es trabajador independiente desde el 15 de enero de 2019 y, como tal, debe cumplir con el aporte del 10% de sus honorarios por concepto de impuesto a la renta. Dicho 10% es retenido por los receptores de sus boletas y, posteriormente enterado por ellos a las arcas fiscales a través de sus sistemas de contabilidad. A saber, este año luego de los descuentos previsionales a que optó (cobertura parcial) le correspondía una devolución de impuestos por $659.709, monto que el Servicio de Impuestos Internos observó autorizando finalmente el monto de $434.938, suma que debía percibir este 21 de abril de 2020, dado el calendario propuesto por el Servicio de Impuestos Internos en la operación renta de este año.

Pues bien, llegado el día del depósito de dicho monto en su cuenta vista, grande afirma fue su sorpresa al enterarse que TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA había procedido a retener dicho monto por concepto de deuda del Crédito con Aval del Estado. Explica que es deudor del Crédito con Aval del Estado y, en razón de ello, TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, procedió a retener dichos fondos.

3°). En cuanto al DERECHO sostiene que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal.

Alega que es arbitrario, ya que sin previo enjuiciamiento y mediante la autotutela, actitud repudiable y propia de la arrogancia de un órgano del Estado, pretende hacerse pago de una deuda sobre la cual no ha ejercido acción judicial alguna. Ilegal, por cuanto sin invocar una pretensión judicial, pretende ejercer la compensación de una deuda sobre la cual no tiene derecho alguno, ya que ni legal ni procesalmente ha ejercido acción judicial alguna que sustente su actuar.

4°). En cuanto a los Derechos Fundamentales que dice vulnerados. Afirma que, por lo ha actuado por la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, se le han vulnerado los siguientes derechos constitucionales: a.- Del artículo 19 n°2 inciso primero de la Constitución Política de la República, al vulnerarse el principio de igualdad ante la ley. Lo anterior, ya que sin previo enjuiciamiento la recurrida, ha procedido a hacerse pago mediante la autotutela, sobre la base a una deuda que no ha sido reclamada judicialmente. La Carta Fundamental es clara, al señalar que la autoridad no puede establecer diferencias arbitrarias. b.- Del artículo 19 n°3, en cuanto a la igualitaria protección de la Ley. Lo anterior, ya que sin mediar un proceso judicial en que se pueda invocar la compensación por parte de la recurrida, se ha actuado mediante la autotutela. c.- Del artículo 19 n°24, incisos primero, segundo y tercero de la Constitución Política de la República, al vulnerarse el principio de propiedad.

La carta fundamental señala, que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.” Por lo anterior insiste que, la actitud de la recurrida le ha privado del legítimo derecho de propiedad que recae sobre los dineros que le correspondía percibir. Como corolario de lo señalado anteriormente, estima que la Carta Fundamental señala en su numeral 26 del artículo 19 que “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.”

5°). Por ello pide, tener por interpuesta Acción de Protección en contra de la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por doña nombre reservado ambos con domicilio en domicilio reservado, admitirla a tramitación y, en definitiva acogerla, declarando específicamente que: (i) el actuar de la recurrida ha sido arbitrario e ilegal, (ii) se debe proceder a la devolución del dinero retenido, y (iii) que la devolución del dinero retenido, debe ser debidamente reajustado, todo ello con expresa condena en costas. Acompaña: Copias de la información proporcionada tanto por el Servicio de Impuestos Internos, como por la recurrida.

6°). Que, a su turno, comparece don GUIDO ANDRÉS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Abogado, en representación del Fisco de Chile, Servicio de Tesorerías, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, e informa de la siguiente manera.

7°). I.- Antecedentes del recurso: Según consta del Recurso de Protección de autos, el recurrente ha interpuesto esta acción constitucional suponiendo un acto u omisión arbitrario e ilegal de mi representada, que vulneraría o afectaría sus derechos constitucionales consagrados en artículo 19 N° 2, 19 n°3 y 19 n° 24 de la Carta Fundamental, esto es, de acuerdo a lo que expone la recurrente en el presente Recurso de Protección; a) El principio de igualdad ante la ley ya que, sin previo enjuiciamiento, la recurrida, ha procedido a hacerse pago mediante la autotutela, sobre la base a una deuda que no ha sido reclamada judicialmente; b) La igualitaria protección de la Ley, ya que sin mediar un proceso judicial en que se pueda invocar la compensación por parte de la recurrida, se ha actuado mediante la autotutela; y c) El principio de propiedad ya que la recurrida le ha privado del legítimo derecho de propiedad que recae sobre los dineros que le correspondía percibir a la recurrente.

8°). Entonces, a su entender, estima que el acto arbitrario o ilegal radicaría, según la recurrente, en la circunstancia de haberse procedido, por parte de Tesorería General de la República, a compensar sus devoluciones de impuesto por concepto de impuesto a la renta, que debió haber percibido este 21 de abril de 2020, dado el calendario propuesto por el Servicio de Impuestos Internos en la operación renta de este año. Finalmente, agrega y reconoce ser deudor del Crédito con Aval del Estado y en razón de ello, Tesorería General de la República, habría procedido a retener dichos fondos.

9°). II.- Relación de los hechos: Sobre la materia, precisa que es necesario efectuar una relación de los hechos, para luego expresar los fundamentos que, a juicio de ese Servicio, hacen improcedente la acción de protección impetrada. Estima que, tal como se puede desprender de los comprobantes de compensación, que se acompañan a estos autos, con fecha 15 de abril de 2020 y con fecha 22 de abril de 2020, Tesorería General de la República procedió a compensar las deudas pendientes de pago de la recurrente por las la suma de $441.462; y el monto de $358.680. Lo anterior, considerando que, efectivamente, la recurrente mantiene deudas exigibles por concepto de créditos de financiamiento de educación superior con aval del Estado.

10°). III.- En cuanto al fondo del recurso de protección impetrado. Alega que el recurrente funda su recurso en la ilegalidad y arbitrariedad en haberse compensado 2 folios asociados al formulario 34 que tienen origen en deudas exigibles por concepto de créditos de financiamiento de educación superior con aval del Estado. Al respecto precisa que, la ley N°20.027 y su reglamento, contenido en el Decreto N°266, de 2009, del Ministerio de Educación, regulan un sistema de financiamiento de estudios de educación superior para alumnos de aquellas instituciones educacionales que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3° de la citada ley, que cuenta con la garantía de las instituciones de educación superior y del Estado. Para estos efectos, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, lleva a cabo anualmente un proceso de licitación pública para el servicio de financiamiento y administración de estos créditos a través de instituciones financieras.

Las instituciones educacionales participantes deben garantizar el riesgo académico de sus estudiantes; el sector financiero debe aportar sus recursos; el Estado debe aportar las garantías que reduzcan el riesgo de los créditos y, por último, los estudiantes deben asumir el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas. Ahora bien, las devoluciones por concepto de impuesto a la renta presentadas por la recurrente, deudor del crédito con aval del Estado, efectivamente, tal como lo indica el recursos interpuestos, no se verificaron, puesto que la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores solicitó a Tesorería que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley N°20.027, y su reglamento, contenido en el Decreto N°266, del Ministerio de Educación, retuviera de la declaración anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito con aval del Estado regulado por esa ley, entre los cuales se encuentran la recurrente, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por las respectivas instituciones financieras, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

11°). De lo precisado, a su juicio, es la propia normativa que rige esta materia, el artículo 17 de la ley N°20.027, la que otorga esta facultad expresamente, de lo cual se colige claramente que Tesorería no ha cometido ilegalidad ni arbitrariedad alguna, por cuanto actuó en virtud de una habilitación legal, contemplada en el precitado artículo 12°). Precisa que, en relación a la eventual infracción del derecho de propiedad, para que exista un derecho de propiedad, la adquisición del objeto sobre el que éste recae debe producirse conforme a la ley, que es la norma jurídica que regula los modos de adquirir conforme al artículo 19 N°24 de la Constitución, por tanto, sólo puede existir una devolución de impuestos cuando se cumplen las condiciones que la misma ley ha señalado para su concreción. En este caso, es la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa.

13°). Sostiene que, en cuanto al debido proceso, al que alude la recurrente, hace presente que la actuación del Servicio de Tesorerías se funda en una facultad legal, que determina, además, las condiciones y requisitos que deben seguirse para realizarla, por lo que no se trata del ejercicio de una facultad jurisdiccional ni menos de un proceso. En relación a la acción arbitraria y/o ilegal que podría afectar al derecho de la igualdad ante la ley, se hace presente que no existe tal infracción, no sólo porque el Servicio de Tesorerías actúa en ejercicio de una facultad establecida en la ley, sino que es aplicable a todos los deudores que se encuentren en la misma condición sin existir arbitrariedad ni ilegalidad alguna.

En cuanto a la compensaciones practicadas, hace presente que, concurrieron todos los requisitos para que operara la compensación, esto es, deudas reciprocas; en dinero, cuya liquidez emana de su propia naturaleza; y en cuanto al requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, cabe consignar que durante el período en que se hizo exigible el crédito del recurrente en contra el Fisco, su deuda era plenamente exigible, el giro en cuestión estaba en Tesorería en “condiciones de ser pagado”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6º del D.FL. Nº1, de 1994, del Ministerio de Hacienda y, por ende, en relación a estas deudas recíprocas operó por el sólo ministerio de la ley la compensación.

Por lo señalado pide, en definitiva, rechazar el presente recurso de protección por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida. Acompaña: Comprobantes de compensación practicadas.

Que se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental Segundo: Que el recurso reclama de una compensación de deuda del contribuyente con un crédito de éste contra el Fisco, ejercicio que sin embargo está expresamente permitido por el artículo 6° del DFL N°1 del Ministerio de Hacienda del año 1994 que fija el texto actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que dispone que: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

En el ejercicio de esta facultad, la Tesorería puede compensar administrativamente y dicho modo de extinguir obligaciones adquiere el nombre de imputación en materia tributaria, cuando los pagos provisionales mensuales que realiza el contribuyente, a cuenta de su impuesto anual, constituyen un crédito que se rebaja de su deuda, esto es, del impuesto que debe pagar, y luego son imputados a las sumas adeudadas por dicho contribuyente al Fisco.

Por lo tanto, desde que el propio recurrente reconoce la deuda que mantiene con el Estado y no reclama que la compensación haya excedido el monto de esa deuda, queda en claro que el acto imputado no es ilegal.

Tercero: Que, así mismo, el artículo 17 de la Ley. Nº20.027 estable que: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.”

De lo anterior, se desprende que la propia normativa que regula el financiamiento de estudios de educación superior, autoriza a Tesorería a efectuar esta retención y luego realizar el correspondiente giro a la institución que en su oportunidad otorgó el crédito al contribuyente. Lo anterior, permite asegurar el pago de lo adeudado, mecanismo que a su vez garantiza la continuidad de este sistema de financiamiento, para que nuevos estudiantes, que teniendo las condiciones académicas requeridas y que no pueden obtener avales privados para financiar sus estudios, puedan acceder a estos créditos en el futuro.

De esta forma y según lo razonado, ha quedado asentado que el actuar de la recurrida se ha ajustado a derecho.

Cuarto: Que, tampoco esa actuación puede estimarse arbitraria, pues su razón está dada por la misma existencia de deudas contrapuestas, sin que las circunstancias de pandemia a que se alude puedan restar razonabilidad al ejercicio y sin que ninguna norma dictada a propósito de la situación sanitaria, haga excepción a la autorización legal conferida al Servicio de Tesorerías para compensar los créditos, razones todas que llevan al necesario rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto Fuentes Fernández.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Protección-2716-2020. (fcv)