Protección contra a CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Temuco Temuco, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece PATRICIO ANDRÉS ALVAREZ-SALAMANCA MOROSO, abogado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, en representación de FEDERACIÓN REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (nombre reservado), representada legalmente por don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado; funcionaria de la I. Municipalidad de Collipulli y domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de la a CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, rol único tributario número 60.400.000-9, persona jurídica de derecho público, representada legalmente nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por haber dictado el Oficio folio E92402/2025 emitido el 4 de junio de 2025 por la Contraloría Regional de la Araucanía, que se abstiene de emitir pronunciamiento sobre presentación formulada por la recurrente, y como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 003892 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli, ordenando por tanto el reintegro de doña nombre reservado. Todo lo anterior, por lo argumentos de hecho y derecho que a continuación se sintetizan.

Señala que comenzó a prestar servicios para la I. Municipalidad de Collipulli desde el 12 de octubre de 2021, y desde el 1 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2024 contratado a plazo fijo.

Refiere que el día 26 de noviembre de 2024 fue notificado del Decreto Alcaldicio N° 003892 de fecha 21 de noviembre de 2024 suscrito por el Sr. Alcalde de la comuna de Collipulli, don Manuel Macaya Ramirez, a través de la cual se informó la no renovación de la contrata de para el año 2025, no entregando motivos razonables que justifiquen su desvinculación. En efecto, el acto se limita a señalar en su considerando lo siguiente: “Por medio del presente con la finalidad de informarle que tras realizar una evaluación global de las necesidades y proyección del departamento de salud municipal para el próximo período se ha tomado la decisión de no renovar su contrato a plazo fijo que vence el 31 de diciembre del año 2024.

Esta determinación responde exclusivamente a criterios institucionales con ajustes en la planificación y recursos disponibles para el cumplimiento de nuestras metas y no desmerece de ninguna manera su desempeño profesional ni el aporte que ha realizado durante su tiempo con nosotros.

Aprovecho esta instancia para agradecer profundamente su compromiso dedicado y esfuerzo los cuales han contribuido al funcionamiento de nuestro equipo y a la atención de calidad que brindamos a la comunidad de Collipulli.

Le deseo el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos y quedo a disposición para cualquier consulta relacionada con este proceso. Reciba un cordial saludo”.

Indica que la funcionaria solicitó el pronunciamiento a la Contraloría Regional de la Araucanía, respecto de la no renovación de su contrato para el año 2025 por parte de la Ilustre Municipalidad de Collipulli, notificándosele el 4 de junio de 2025 por Contraloría Regional de la Araucanía el oficio E92402/2025 que resuelve que “En relación con la consulta formulada por la señora nombre reservado, relativa a la confianza legítima en la renovación de las contratas, cumple con hacer presente que esta Contraloría General, en su dictamen N° E561358, de 6 de noviembre de 2024 -que se acompaña-, ha resuelto que dicha materia ha devenido en litigiosa, por lo que procede abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 10.336.”

Considera que el oficio E92402/2025 es arbitrario e ilegal ya que el ente contralor no se detiene en analizar exhaustivamente los argumentos expuestos en la presentación, los que dicen relación, en síntesis, con la carencia de motivación del acto administrativo que dispone de la no renovación, y no existió solicitud alguna en analizar la figura de la “legitima confianza”, tratada en el Dictamen E561358/2024, citado en la respuesta contenida en el oficio E92402/2025.

Estima que cuando un funcionario o cualquier interesado presenta una consulta formal o solicitud de pronunciamiento, la Contraloría debe resolverla con apego al derecho, conforme a los principios que rigen la actividad administrativa, entre ellos: Legalidad, Motivación, debido proceso y buena fe. La abstención es la excepción, y se encuentra dispuesta en el art. 6 inciso tercero del Decreto 2421 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República: “La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor”.

Identifica los siguientes derechos fundamentales vulnerados:

A. Derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona. El proceder de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica, al abstenerse de emitir un pronunciamiento fundado respecto de los nuevos antecedentes y argumentos presentados por la recurrente, eludiendo así su deber de resolver conforme al principio de juridicidad. Esta omisión ha generado un perjuicio psíquico relevante en la afectada, al verse expuesta a una prolongada incertidumbre laboral, sumada a la falta de ingresos producto de la desvinculación, sin que existan motivos suficientes que justifiquen dicha decisión. La respuesta evasiva de la Contraloría, tras una extensa espera, ha afectado gravemente su estabilidad emocional y su salud mental, configurándose así una vulneración al derecho a la integridad psíquica.

B. Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, debido a que se ha excluido en forma arbitraria de la posibilidad de recibir una remuneración por el trabajo del que injustamente fue privado. En suma, ha sido privado, por la acción de la recurrida, de la justa retribución por los servicios prestados en comparación a otros funcionarios públicos que cumplen idénticas funciones.

C. El derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Ello en razón de que dicha norma constitucional ampara también el derecho de propiedad sobre la carrera funcionaria y, en ese mismo sentido, resulta que conforme se ha relatado precedentemente, se ha vulnerado el artículo 87 de la ley N° 18883, sobre estatuto de funcionarios municipales, establece que “Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo (...)”, lo que implica que el funcionario público, al tener la propiedad de su cargo, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 ° de aquella norma, no podrá ser removido del mismo, sino por causas estrictamente legales, cuestión que no ha ocurrido en este caso. En efecto, “(…) el artículo 89 de la Ley N°18.1883, plasma el principio según el cual, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a quienes detentan la condición “a contrata”, sin que pueda discriminarse entre los empleados de planta y los contratas, porque el artículo 3 letra c) de dicha legislación, define el “empleo a contrata”, lo que permite concluir que la voz “empleo” que utiliza el mencionado artículo 89 es comprensiva del funcionario que se desempeña “ a contrata” (CS, ROL 38.681-2017, 13.03.2018).

Pide tener por interpuesta acción de protección en contra de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada legalmente por su doña nombre reservado; ya individualizados, admitir el presente recurso a tramitación, y en definitiva hacer lugar al recurso interpuesto declarando que: 1. La acción de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada legalmente por doña nombre reservado, deviene en ilegal y arbitraria y, en razón de ello, ordene dejar sin efecto el Oficio folio E92402/2025 de la Contraloría Regional de la Araucanía, que se abstiene de emitir pronunciamiento sobre presentación formulada por doña nombre reservado, notificado el día 04 de junio de 2025, y por tanto se declare su ilegalidad, y como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 003892 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli, ordenando por tanto el reintegro de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado. 2. Disponer cualquier otra medida que SS. Ilustrísima estime pertinente destinada a restablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales de mi representada.

3. Que se condene en costas a la recurrida.

A folio 8 evacúa informe la Contraloría General de la República a través de la Fiscalía de la Contraloría Regional de la Araucanía indicando lo siguiente:

Expone que respecto al reclamo del interesado, esta Entidad de Control se pronunció mediante el oficio N° E92402, de 4 de junio de 2025, mediante el cual, conforme con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, se abstuvo de emitir el pronunciamiento requerido, atendido que, de acuerdo con lo resuelto por la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N°E561.358, de 6 de noviembre de 2024, la materia relativa a la confianza legítima en la renovación de las contratas ha devenido en litigiosa. Precisa que dicho oficio fue emitido ciñéndose estrictamente al artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, conforme al citado dictamen N° E561.358, de 6 de noviembre de 2024, de este origen, pronunciamiento al cual, como se explicará más adelante, la aludida Contraloría Regional se encontraba obligada a sujetarse.

Esgrime que de la sola lectura del recurso se aprecia que éste excede la naturaleza cautelar de la acción de protección ya que la actora no alega la defensa de derechos constitucionales indubitados, sino lo que busca es que ese Iltmo. Tribunal declare la ilegalidad del oficio N° E92402, de 2025, de esta Contraloría Regional, y que deje sin efecto el decreto N° 3892, de 21 de noviembre de 2024, de la Municipalidad de Collipulli.

Argumenta que el recurso de protección fue establecido como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos fundamentales, y no como una vía para solicitar se determine el sentido y alcance de una preceptiva determinada. Se trata, entonces, de una acción cautelar que tiene por objeto asuntos en los que no se admite cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica, ya que ello implicaría dilucidar en este proceso discusiones normativas acerca del correcto sentido y alcance que debe darse a ciertos preceptos legales, como parece pretender el recurrente.

Considera que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección. Indica que, en concordancia con lo expuesto, es posible constatar que la reclamación de la especie no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado -requisitos copulativos que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia-, sino que pretende que, por esta vía se deje sin efecto el Oficio N°E92402, de 2025, de esta Contraloría Regional, y que deje sin efecto el decreto N° 3892, de 21 de noviembre de 2024, de la Municipalidad de Collipulli.

Explica que la potestad dictaminadora de la Contraloría General encuentra su fundamento, entre otras disposiciones, en los artículos 5°, 6°, 9°, 19, 33, 37 y 40 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, en relación con el artículo 98 de la Constitución Política de la República, normas que, la facultan para dictaminar (informar) sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con la organización funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen, o sobre cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos, y de todo asunto relacionado con los presupuestos; con la administración, recaudación, inversión o destinación de fondos, rentas o cualesquiera bienes de los que señala la ley; con las atribuciones y deberes de los empleados públicos, o co Razona que el artículo 6° inciso tercero de la Ley 10.336 señala que “La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia…”.

Indica que al tenor de las normas de la Carta Fundamental previamente transcritas, no resultaba ni resulta jurídicamente posible para eL Ente Contralor dictaminar contra norma expresa de su ley orgánica, pues la competencia o facultad dictaminadora que ha sido conferida por el ordenamiento jurídico a esta Institución de Control debe ser ejercida con estricto apego a los límites que la propia normativa le ha impuesto, uno de los cuales es precisamente no dictaminar (informar) en cualquiera de las dos hipótesis que contempla expresamente la ley. A saber: 1) En materias litigiosas o, 2) En materias sometidas al conocimiento de los Tribunales de Justicia, dándose ambas hipótesis para la determinación del plazo de la confianza legítima.

En cuanto a la materia específica de que se trata, alega que al momento de emitirse el dictamen N° E561.358, de 2024, no sólo se configuraba una de las dos prohibiciones que lleva necesariamente a la abstención, sino que se daban ambas. Ello, puesto que idéntica materia -esto es, el plazo de la vinculación funcionarial que daría origen a la confianza legítima- ya había sido fallada en múltiples ocasiones y seguía siendo discutida en centenares de causas judiciales a lo largo del país (Ej: Protección rol Nos 14.665-2024 y 19.956-24, ambos ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, y Demanda de Nulidad de Derecho Público en causa rol C-4328-2024, seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta) siendo entonces absolutamente evidente que su determinación era y es litigiosa.

Argumenta la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad al resolver el reclamo del artículo 156 de la ley N°18.883, ya que que la Contraloría Regional de la Araucanía, al emitir su oficio N° E92402, de 2025, se limitó a dar aplicación al dictamen N° E561358, del 2024 a lo cual se encontraba expresamente obligada, ejerciendo las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 6°, 7° y 98° de la Constitución Política de la República; y, 1°, 5°, 6° y 9° de la ley N° 10.336, sobre su Organización y Atribuciones.

Respecto de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados indica lo siguiente:

1.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República. Expresa que través del oficio N° E92402, de 2025, la Contraloría Regional de La Araucanía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, se abstuvo de pronunciarse sobre el reclamo presentado por la actora en contra de la Municipalidad de Collipulli, por la no renovación de su contrata a plazo fijo, por estar referido a la confianza legítima, materia que ha devenido en litigiosa, según se precisó en el dictamen N° E561.358, de 2024, de este origen. Así, esa Contraloría Regional se limitó a dar cumplimiento al artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, conforme con la constatación contenida en el citado dictamen N° E561.358, de 2024, de este origen, pronunciamiento al cual se encontraba obligada a sujetarse. De esta manera, no es posible atribuir a dicha abstención una supuesta vulneración de la garantía constitucional invocada por la recurrente.

2.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Observa que a diferencia de lo que sostiene la recurrente, este Organismo Fiscalizador actuó en su caso como ha procedido en otros reclamos que se encontraban pendientes de resolver al 6 de noviembre de 2024, ciñéndose estrictamente a lo concluido en el dictamen N° E561.358, de 2024, en orden a abstenerse de su conocimiento, por tratarse de una materia que devino en litigiosa y que debe ser resuelta por los Tribunales de Justicia.

3.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Manifiesta que no es posible entender que las personas que recurren ante la Entidad de Control tengan un derecho de propiedad acerca de la expectativa de que este Órgano Fiscalizador hubiera resuelto su pretensión de acuerdo con sus intereses.

Se explaya comentando que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha puntualizado reiteradamente, en lo relativo a esta garantía, que no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la Administración. Ello por cuando la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña no es posible incluirlo en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional.

Finalmente, pide se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

Acompaña copia de los siguientes documentos:

1. Presentación de la recurrente ante Contraloría General de la República, solicitando un pronunciamiento por la no renovación de su contratación para con la Municipalidad de Collipulli.

2. Oficio N° E92402, de 2025, de la Contraloría Regional de La Araucanía.

3. Dictamen Nº E561.358, de 2024, de esta Entidad de Control.

4. Fallo en causa rol N° 25.642-2024 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 18 de junio de 2025, ejecutoriado.

5. Fallo de la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 9748-2025, de fecha 14 de julio de 2025, que confirma el fallo en causa rol N° 24.805-2024, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

6. Fallo de la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 9184-2025, de 23 de mayo de 2025, que confirma el fallo en causa rol N° 2192-2024, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca.

7. Resoluciones Nos 2.168, de 2024, que delega facultad de firmar “por orden del Contralor General” al/la Fiscal respecto de los actos que indica; y N° 10, de igual anualidad, que nombra a la suscrita en el cargo de Fiscal de la Contraloría General.

A folio 12 informa la Municipalidad de Collipulli en los siguientes términos:

En primer lugar, alega litispendencia en razón de que el recurrente con 29 de enero 2025 dedujo recurso de protección pidiendo dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 003892 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli, pidiendo se ordenara el reintegro de doña nombre reservado, es decir, el mismo acto que se impugna mediante la actual acción constitucional, el cual fue ingresado con el Rol protección 680-2025 ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco. Explica que el recurso antes señalado fue declarado inadmisible por resolución de 31 de enero 22 de 2025 por ser extemporáneo.

A continuación, esgrimen extemporaneidad de la acción interpuesta debido a que el recurrente de protección tiene por pretensión no atacar el dictamen de Contraloría, si no que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 003892 del 21 de noviembre de 2024, el que fue notificado el día 26 de noviembre de 2024 y respecto de la cual recurrió de reconsideración administrativa, la que habría sido rechazada en enero del 2025, y a su vez recurrió directamente a Contraloría, es decir, que el Decreto Alcaldicio N°003892 del 21 de noviembre de 2024 se encuentra firme y no es susceptible de ser atacado por esta vía, ni directa ni subrepticiamente como es el caso.

En cuanto al fondo, se adhiere a los argumentos expuesto por Contraloría General de la República en su informe de folio 8.- Acompaña los siguientes documentos:

1. E-book Expediente de Protección 680-2025 (nombre reservado/MACAYA) de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco.

2. E-book Expediente de Protección 2697-2025 (nombre reservado/nombre reservado) de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco.

3. E-book Expediente de Protección-755-2025 (SEPÚLVEDA/MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI) de la 21 Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco.

4. E-book Expediente de Laboral T-11-2025 (RIQUELME/MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI) del 23 Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli.

5. E-book Expediente de Laboral T-13-2025 (nombre reservado/MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI) del Juzgado de 25 Letras y Garantía de Collipulli.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Segundo: Que, el recurso de protección ha sido interpuesto en contra de la Contraloría General de la República por considerar carente de fundamento el Oficio folio E92402/2025 emitido el 4 de junio de 2025, que se abstiene de emitir pronunciamiento sobre presentación formulada por la recurrente, y como consecuencia de lo anterior, no deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 003892 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli que dispone la renovación de la contrata de doña nombre reservado.;

Tercero: Que, se rechazará la excepción de falta de legitimidad pasiva alegada por la Contraloría General de la República en razón de que la acción de autos está claramente interpuesta en su contra y respecto de un acto emitido por dicho organismo y no contra la Municipalidad de Collipulli como indica Contraloría General de la República;

Cuarto: Que, respecto a la excepción de litispendencia deducida por la Municipalidad de Collipulli deberá ser rechazada debido a que el recurso de protección Rol 680-2025 de esta Corte fue interpuesto, entre otros actos, contra el Decreto Alcaldicio N°003892 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli y respecto del referido municipio, en cambio, la actual acción constitucional se deduce respecto del Oficio folio Oficio folio E92402/2025 emitido el 4 de junio de 2025 emitido por la Contraloría Regional de la Araucanía, no existiendo identidad legal de causa de pedir y de cosa pedida.

Quinto: Que, en razón del mismo argumento del considerando anterior, añadido a que esta acción de protección se dedujo con fecha 3 de julio de 2025, necesariamente debe rechazarse la alegación de extemporaneidad de la Municipalidad de Collipulli;

Sexto: Que, la Ley N° 19.880 consagra principios de transparencia y publicidad, en cuanto permite y promueve el conocimiento del contenido y fundamentos de las decisiones que adopten los órganos de la Administración del Estado; es así como el artículo 11 inciso segundo del referido cuerpo normativo, previene la obligación de motivar en el mismo acto administrativo, la decisión que se adopta, mencionando los hechos y fundamentos de derecho en el caso que afectare los derechos o prerrogativas de las personas.

Por su parte el artículo 41 inciso cuarto de la citada ley, establece que las “resoluciones contendrán la decisión, que será fundada; todo lo cual además constituye un deber para la administración al tenor del artículo 8° de la Carta Fundamental, exigencia que, supone precisamente que las razones esgrimidas por la autoridad tengan un sustento en la realidad, esto es, que digan relación con los antecedentes fácticos del caso concreto, pues de lo contrario, implicaría que se estaría dando un cumplimiento meramente formal y genérico Séptimo: Que, requerido el pronunciamiento a Contraloría General de la Republica acerca de la legalidad Decreto Alcaldicio N°s 003892 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli por falta de fundamentación aludiendo al Dictámen 6400 de 2 de marzo de 2018 sobre confianza legitima y Dictámenes 23.518 de 2016 y 9317 y 11316 de 2017 sobre fundamentación del término de contrata, esta se pronunció a través del Oficio folio E92402/2025 emitido el 4 de junio de 2025 indicando que “En relación con la consulta formulada por la señora nombre reservado, relativa a la confianza legítima en la renovación de las contratas, cumple con hacer presente que esta Contraloría General, en su dictamen N° E561358, de 6 de noviembre de 2024 -que se acompaña-, ha resuelto que dicha materia ha devenido en litigiosa, por lo que procede abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 10.336.”

A continuación, el organismo de control adjunta dictamen N° E561358, de 6 de noviembre de 2024 en el que indican los siguientes fundamentos: “Conforme lo han determinado los dictámenes N°s. 22.766 y 85.700, ambos de 2016, 6.400, de 2018 yE156769, de 2021, todos de esta Contraloría General, las continuas renovaciones de las contratas -desde la segunda al menos-, generan en los servidores la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro.

En similar sentido se pronunció la Excma. Corte Suprema en las causas roles N°s 38.681-2017, 15.122-2018 y 161.254-2022, entre otras, en orden a que el plazo necesario para dar lugar a la confianza legítima, en el caso de las personas designadas a contrata, era de dos años.

Sin embargo, con posterioridad ese Tribunal Superior de Justicia, en un criterio unificador de su jurisprudencia, ha sostenido en las causas roles N°s 26.112-2023, 26.131-2023, 26.196-2023, 26.279-2023 y 26.301-2023, entre otras, que el referido principio opera después de cinco años de servir en la apuntada modalidad. En el mismo sentido se ha concluido en fallos más recientes, como ocurre, por ejemplo, con las causas roles N°s 26.112, 26.131, 26.196, 26.279 y 26.301, todas de 2023, de la Excma. Corte Suprema.

En dicho contexto, es menester recordar que el inciso tercero del artículo 6° de la ley N° 10.336, prevé que esta Institución Fiscalizadora no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que hubieren sido sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Al respecto, debe anotarse que el solo hecho de tratarse de aspectos susceptibles de ser debatidos en sede judicial no constituye un fundamento para atribuirle necesariamente tal carácter, comoquiera que, en definitiva, toda cuestión puede ser objeto, eventualmente, de discusión en el ámbito jurisdiccional(aplica dictamen Nº E417326, de 2023, de este origen).

No obstante, atendido el actual y reiterado criterio de la Excma. Corte Suprema y lo planteado por la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, antes citada, en relación con el plazo de la vinculación funcionarial que daría origen a la confianza legítima, se advierte que tal materia devino en litigiosa.

Ello, toda vez que, por una parte, la pretensión de los recurrentes en este tipo de asuntos es que se declare que a su respecto se ha configurado la confianza legítima, atendido el lapso de su desempeño a contrata, y por otra, que las respectivas entidades públicas han entendido, en contrapartida, que a dichos servidores no les asiste tal protección, dando lugar a una controversia cuya resolución compete a los Tribunales de Justicia, lo cual se confirma, además, por las múltiples acciones jurisdiccionales intentadas y actualmente en curso.

De este modo, y teniendo presente lo dispuesto en el citado artículo 6°, inciso tercero, de la ley N°10.336, que impide a esta Entidad Fiscalizadora emitir pronunciamiento en aquellos casos en que se plantea un asunto de naturaleza litigiosa, corresponde que, en lo sucesivo, se abstenga de resolver sobre la apuntada materia.”

De ello, se desprende que el actuar de la Contraloría General de la República se sitúa en el marco de sus facultades legales contenidas en los artículos 1°, 5°, 6° y 9° de la Ley 10.336 y el artículo 98 de la Constitución Política de la República, entregando los fundamentos de hecho y argumentos jurídicos por los que omite pronunciarse sobre la confianza legítima esgrimida por la funcionaria en su petición al organismo contralor, no advirtiéndose la ilegalidad o arbitrariedad alegada por el recurrente y en la que funda su recurso.

Octavo: Que, además se debe tener presente que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en la Municipalidad de Collipulli, y que la resolución impugnada no advirtió ilegalidad en la no renovación de la contrata, a lo que se añade que el vínculo honorarios con el municipio comenzó en el mes octubre del año 2020, y desde enero de 2023 a diciembre de 2024 en la modalidad a contrata, por lo que no se supera el lapso de cinco años, necesario para que opere la confianza legítima.

Noveno: Que, no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. En efecto, en cuanto a la afectación a la integridad psíquica, la vulneración de la igualdad ante la ley en el ejercicio de los derechos del artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República, respectivamente, al no existir la arbitrariedad alegada y en la que basa su argumentación el recurrente, se llega a la conclusión que no se vulneran las aludidas garantías fundamentales.

Respecto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, este no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio que señala el artículo 582 del Código Civil, por lo que no se configura la vulneración al derecho de propiedad esgrimida.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara lo siguiente:

I.- Que se RECHAZA la excepción de falta de legitimidad pasiva alegada por la Contraloría General de la República.

II.- Que, se RECHAZA la excepción de litispendencia de la Municipalidad de Collipulli.

III.- Que, se RECHAZA la alegación de extemporaneidad de la Municipalidad de Collipulli.

IV.- Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado PATRICIO ANDRÉS ALVAREZ-SALAMANCA MOROSO, en representación de FEDERACIÓN REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (nombre reservado), en favor de doña nombre reservado, en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-2697-2025.(jog)