nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, once de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A folio N°26854-2017, con fecha 09 de junio del año 2017, comparece doña Pamela Silva Lagos, abogado, en representación de don nombre reservado, matrón, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Alcalde de la comuna de Temuco, por cuanto éste, mediante Decreto Alcaldicio N° 3803, de fecha 26 de abril de 2017, notificado personalmente el día 10 de mayo de 2017, rechazó el recurso de reposición interpuesto por su representado, confirmando la sanción de término de la relación laboral aplicada en su contra.

Funda su acción en que hasta la fecha de notificación de la sanción que ordena poner término al contrato de don nombre reservado, (10 de mayo de 2017), mantenía un contrato a plazo fijo con la I. Municipalidad de Temuco, en la dotación del Departamento de Salud de dicho municipio, vínculo laboral regido por la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria y que mantenía desde el 01 de enero de 2014, fecha en que ingresó a prestar servicios bajo la modalidad de contrato a plazo fijo como matrón del CESFAM Labranza, formando parte de la dotación de salud del municipio, bajo la modalidad de contrato indefinido. En dicha calidad, y conforme lo establece el mencionado Estatuto de Atención Primaria, sólo podía ser separado de sus funciones, si concurren las causales previstas en el artículo 48 de dicho Estatuto, cuestión que fue flagrantemente transgredida por la recurrida. Refiere que mediante Decreto Alcaldicio N° 3, de 08 de febrero de 2017, se dictaminó instruir un sumario administrativo, con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados por la Sra. nombre reservado, y establecer las posibles responsabilidades administrativas. Por resolución N° 4 de fecha 13 de febrero del presente año, se ordenó la suspensión de las labores que cumplía a esa fecha, procediéndose posteriormente al cierre de la investigación y a la formulación de cargos en su contra, por parte del fiscal designado para instruir el proceso sumarial, quien el día 29 de marzo de 2017 dictaminó su vista proponiendo sanción en su contra. Producto de lo anterior, mediante Decreto Alcaldicio N° 174 de 07 de abril de 2017, se dispuso aplicar en su contra, la sanción de: "término de la relación laboral contemplada en el artículo 148, letra b), de la ley N° 19378". Agrega que interpuso un recurso de reposición en contra del decreto antes indicado, solicitando se dejara sin efecto la sanción, el cual fue rechazado mediante Decreto Alcaldicio N° 3803, de fecha 26 de abril de 2017, notificado personalmente el día 10 de mayo de 2017, confirmando la aplicación en su contra de la máxima sanción contemplada en nuestra normativa, esto es el término de la relación laboral.

Afirma que en el recurso de reconsideración, se arguyó que el procedimiento adoleció de errores y faltas graves que afectaron las normas básicas del debido proceso, que en la vista fiscal, de fecha 29 de marzo de 2017, las que se dan por enteramente reproducidas y se consideran parte integrante del Decreto Alcaldicio N° 31, indica en su considerando N° 5, que: "considera como creíble el relato de la Sra. nombre reservado respecto a que don nombre reservado le realizó masaje en la cicatriz de la episiotomía (cicatriz que está en la entrada de la vagina que quedó posterior a su parto vaginal de hace más de 4 años), acción que no tiene ningún respaldo técnico, no está indicado realizarlo bajo ningún concepto, y don nombre reservado niega haberlo realizado", a renglón seguido señala en forma expresa que: "la usuaria no lo percibió como algo irregular, sino como parte de una atención normal de un matrón", agregando además, que no se consideró en los cargos porque no estaba probado. Agrega que tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República, la vista del fiscal contiene en su parte considerativa, los fundamentos de hecho y de derecho que sirven de base a la determinación del objeto del sumario y de las responsabilidades eventuales. En la especie, el considerando N° 5, que según lo antes citado, sirve de base para establecer su responsabilidad, contenía una elucubración y una apreciación subjetiva y arbitraria, toda vez que el propio Fiscal advirtió explícitamente que no fue parte de la denuncia y que además no consideró en los cargos porque no estaba probado, es decir el fiscal en la formulación de cargos no se refirió a este aspecto pues concluyó que no correspondía considerarlo, sin embargo en su vista y al proponer la sanción lo establece como uno de los aspectos a estimar para aplicar el castigo que propone. Resulta imprescindible hacer presente que al no considerarlo como un elemento debidamente probado para formularlo como cargo, pero si establecerlo como un fundamento que sirve como base para proponer la sanción, no sólo le impidió defenderse de dicha imputación, si no que funda su acusación en un elemento meramente especulativo y subjetivo que no tiene prueba alguna en el expediente que permita sostenerlo. Lo anterior fue objeto de análisis en el recurso de reconsideración, siendo desestimado en la resolución de éste, sin que el fiscal se hiciera cargo y diera argumento alguno al respecto. Asimismo, tanto la formulación de cargos efectuada por el fiscal, así como el fundamento de su vista, se basan lo que en el considerando N° 7 de la vista fiscal, describe de la siguiente forma: "que a fojas 32 a 37 rolan los audios de conversación entre don nombre reservado y don nombre reservado (esposo de la Sra. nombre reservado), en las que se reconoce las conversaciones de carácter sexual relacionadas con un sueño por parte de don nombre reservado. Cabe hacer notar que en la formulación de los cargos, se señala como prueba y fundamento", "la transcripción del audio entre el esposo de la Sra. nombre reservado, de nombre nombre reservado (M) y don nombre reservado(U) donde reconoce los hechos, Según rola a fojas 35, líneas 17 a 22". Respecto a lo antes reproducido, hace presente la gravedad que en un procedimiento sumarial reglado, el fiscal a cargo, utilice como prueba para fundamentar la formulación de cargos y su posterior acusación y proposición de despido, la grabación de una conversación privada de la cual, su representado jamás consintió para que fuese grabada y menos reproducida, y que dicha prueba sirva de base para aplicar una sanción como ocurrió en el presente proceso sumarial. Sostiene que lo anterior constituye una grave infracción a lo dispuesto en el artículo 19 N°5 de la Constitución Política del Estado, que ampara el derecho a la privacidad de toda persona en los siguientes términos: "La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley". En efecto, al fundar sus cargos y posterior acusación en una prueba que violentó un derecho fundamental establecido en una norma constitucional que garantiza el derecho a la privacidad y su impenetrabilidad por terceros ajenos a la comunicación misma. En la especie, la presencia de un elemento ajeno a aquellos entre los que se produjo el proceso de comunicación, son elementos que configuran un ilícito constitucional. Refiere que jamás autorizó la grabación de una conversación privada que se produjo un día domingo, desde su teléfono personal, menos aún consintió que está fuera reproducida por escrito por un tercero ajeno a la comunicación, como es el fiscal instructor del sumario, y que además, vulnerando las normas antes reproducidas, se utilicen como prueba y fundamento para formular cargos y posteriormente aplicar una sanción. Lo anterior, vulnera las normas básicas del debido proceso que debe observar todo procedimiento sancionatorio. De la misma forma, las grabaciones registradas y reproducidas sin su autorización, corresponde a aspectos parciales de la conversación, las que fueron entregadas como prueba cortando todo aquello que no sirviera para inculparlo, y que el Fiscal sin guardar el menor celo, no sólo reprodujo sin comprobar su integridad si no que a partir de ella señaló expresamente que reconocía los hechos, sin tener en cuenta la propia declaración del afectado. Asevera que todo lo anterior fue planteado en el recurso de reposición que fue rechazado por la resolución objeto de la presente acción, reproduciendo textualmente lo señalado en el decreto alcaldicio impugnado: "3) Que el inculpado ha tenido la oportunidad de hacer valer el Recurso de Reposición, presentado con fecha 26 de abril de 2017, presentado dentro de plazo el cual no aporta nuevos antecedentes que permitan desvirtuar o atenuar su responsabilidad. Sin perjuicio, señala que el proceso sumarial adolecería de errores y faltas graves que afectarían las normas del debido proceso, a lo anterior podemos señalar, que este sumario fue iniciado por denuncia de una usuaria del Centro de Salud Familiar de Labranza, Sra. nombre reservado, quien como afectada aportó las pruebas insertas en el expediente, tanto las grabaciones como pantallazos de su celular, conversación que como si bien señala el sumariado son privadas, fueron entregadas voluntariamente por la denunciante al fiscal y reconocidas por el sumariado en su declaración. Sobre la validez de las grabaciones como medios de pruebas para acreditar los comportamientos reprochados, es necesario apuntar que, según los dictámenes Nº 62.969 de 2009, y 77.321 de 2010, entre otros, de la Contraloría General de la República, el mérito que pueden tener los diversos elementos probatorios, es un aspecto que debe apreciar quien substancia el proceso y por quien ejerce la potestad disciplinaria, sin que, por lo demás, en esta ocasión se advierta alguna ilegalidad o arbitrariedad en dicha conducta". Respecto al párrafo antes reproducido, señala: 1- No existe ningún antecedente en el expediente que permitan concluir que haya autorizado la reproducción de una conversación privada, no teniendo conocimiento y ni autorizando a que se grabara esa conversación. 2.- En la resolución impugnada, se señala que las grabaciones fueron aportadas por la denunciante, sin precisar que la conversación la sostuvo con un tercero, en este caso el marido de la denunciante y que se trata de una grabación no autorizada. 3- Resulta sorprendente que se exprese como fundamento, dictámenes de la Contraloría General de la República, donde se establece que el mérito que pueden tener los diversos elementos probatorios, es un aspecto que debe apreciar quien substancia el proceso y por quien ejerce la potestad disciplinaria, cuestión que no ha estado en discusión, pues lo que vulnera las normas del debido proceso es la admisión y la incorporación de pruebas ilícitas en un proceso sancionatorio, en este caso de carácter administrativo. En ese sentido, no existe pronunciamiento del órgano contralor ni menos de un tribunal de justicia que valide el uso de este tipo de pruebas, y menos que faculten a un fiscal instructor determinar la legalidad de ellas. Por consiguiente, el punto en controversia no se refiere a las atribuciones del fiscal de apreciar libremente la prueba pues estas no están en discusión, lo relevante es si éste y la autoridad facultada para sancionar tienen la facultad de incorporar y fundamentar una decisión que implique una sanción de la envergadura aplicada, con una prueba ilícita, entendiendo por ésta como aquella prueba que ha sido obtenida con infracción a las garantías fundamentales de una persona y contraviniendo a la propia Constitución, y a las leves y principios jurídicos de carácter general. Sostiene que lo anteriormente señalado vulnera principios básicos del debido proceso, como son la objetividad, el derecho a defensa y especialmente el principio de juridicidad, en virtud del cual los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, cuestión que no se ha observado en este procedimiento. Aceptar una idea contraria como lo hace la recurrida, implicaría que se reconoce que cualquier persona puede obtener un medio de prueba vulnerando derechos fundamentales establecidos expresamente en nuestra Constitución. Agrega que no sólo la Constitución Política del Estado, ampara los derechos fundamentales vulnerados en la especie, con la utilización de pruebas ilícitas en el procedimiento sumarial. Diversos cuerpos legales también incorporan dicho elemento, tales como el artículo 276 del Código Procesal Penal; artículo N° 31 de la ley de Tribunales de Familia, el artículo 5° y 453 Nº4 del Código del Trabajo, y artículo 35 Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos. En otra línea, refiere que el artículo 161-A del Código Penal, contempla un tipo penal relacionado. Así, sostiene que de la simple lectura de las normas antes reproducidas, sólo se puede colegir, que no existe norma alguna en nuestro ordenamiento jurídico que avale el argumento esgrimido por la recurrida, al contrario todos los cuerpos legales antes citados excluyen expresamente la utilización de este tipos de pruebas, incluso en el caso del Código Penal sanciona al que capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado y a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes, cuestión que en la especie, fue flagrantemente infringida, como se puede comprobar con una simple revisión del expediente sumarial. Hace presente, que el subterfugio utilizado por la entidad administradora, en orden a que tanto el fiscal instructor como la autoridad que aplica la sanción tienen amplias facultades para apreciar la prueba, sin restricción de ningún tipo, se contradice con el conjunto de leyes antes citadas, vulnerando los principios básicos que debe observar un proceso sancionatorio, por ello estamos frente a un sumario administrativo que no cumple con las normas básicas del debido proceso, y al imponer la sanción más gravosa contemplada en nuestro estatuto, la máxima autoridad comunal incurre en una decisión desproporcionada en relación a los hechos objeto del sumario. Señala que la vulneración de los principios y reglas del debido proceso en el sumario administrativo, conllevan que se afecte otro elemento esencial de todo proceso administrativo sancionatorio, como es la proporcionalidad de la sanción. En efecto, a través de un procedimiento viciado, se le castigó con la pena más gravosa para un funcionario municipal. Al respecto, la Contraloría General de la República se ha pronunciado en forma categórica de la siguiente forma: "acerca de la ausencia de proporcionalidad de la sanción aplicada, resulta pertinente destacar lo expresado en los dictámenes Nos 92.126 de 2015 y 89.628, de 2016, de la Contraloría General de la República, que la calificación de la gravedad de la falta cometida, que da lugar a un castigo, queda entregada a la pertinente superioridad, pudiendo objetarse la decisión adoptada si del examen del procedimiento disciplinario se aprecia una vulneración al debido proceso". (Dictamen 008909N17, de fecha 15/03/2017). Además, acerca de la privación y perturbación de los derechos y garantías reconocidos en el N° 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política, refiere que la Constitución Política del Estado, hacer notar que nuestra Carta Fundamental, consagró el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones conjuntamente a la protección al hogar. Asimismo, la regulación constitucional excepcionalmente permite la interceptación, apertura o registro de las comunicaciones y documentos privados, siempre que los casos y las formas de llevar a cabo tales actuaciones se encuentren autorizadas por una norma con jerarquía de ley, lógicamente este supuesto no se da en el caso de la presente controversia. Acerca de la privación y perturbación del derecho y garantía reconocido en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política, en relación al derecho a un debido proceso, el Tribunal Constitucional ha declarado: Considerando decimoprimero: "Así se ha señalado, entre otras sentencias, en los roles N° 376, 389, 478, 481, 821, 934, 986 y 1.432. De este modo, se ha dicho expresamente que "el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento 113 sentencias pronunciadas entre 2009 Y 2011 / Roles nos 1.430-1.538 de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la lev, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores..."ROL N° 1.443-2009 www.tribunalconstitucional.cl". (Sentencia Tribunal Constitucional, recaída en causa rol n° 1.443-2009, de fecha 26 de agosto de 2010". www.tribunalconstitucional.cl). Recalca que el derecho a la prueba no es absoluto, como para permitir por ejemplo rendir pruebas que hayan sido ilícitamente obtenidas, como ocurrió en la especie, las cuales no deberían haberse considerado en el proceso, citando fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, pidiendo adoptar todas las providencias y diligencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando en definitiva que se deje sin efecto el acto impugnado.

A folio N°32557-2017, con fecha 10 de julio del año 2017, evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recuso, indicando que por medio del Decreto Alcaldicio Nº 31 de fecha 8 de febrero del año 2017, se ordenó instruir Sumario Administrativo a fin de esclarecer y determinar la existencia de responsabilidad administrativa en el funcionario don nombre reservado, Matrón del Centro de Salud Familiar Labranza, por situación acaecida entre el profesional señalado y la usuaria nombre reservado, quien efectúa la denuncia. Se designa como Fiscal Administrativo a don nombre reservado, y como actuario a doña nombre reservado. Agrega que en dicho sumario, declaró con fecha 17 de febrero de 2017, el recurrente don nombre reservado, reconociendo todos los hechos de la denuncia, incluido conversaciones vía Messenger, ante la pregunta del Fiscal N°15: “Usted le indicó en reiteradas ocasiones a la Sra. nombre reservado un sueño: “Donde ella muy atrevida y muy alocada lo besaba y lo llevaba al baño de su box, lo sentaba en la taza del baño y le practica sexo oral? El recurrente responde: “Sí, lo hice tras varias insistencias de parte de ella, pero lo de “alocada” eso no. Con fecha 10 de marzo de 2017, el Fiscal Administrativo, formuló los siguientes cargos al recurrente: 1) Que en su calidad de funcionario municipal y profesional de la Salud (Matron), mantuvo durante el día viernes 27 de enero del 2017, durante horario laboral, conversaciones de contenido sexual vía Messenger y vía telefónica con una paciente y usuaria del CESFAM Labranza, donde presta servicios, en dicha conversación usted le relata un sueño diciéndole: “Donde ella era muy atrevida y muy alocada, lo besaba y lo llevaba al baño de su box, lo sentaba en la taza del baño y le practicaba sexo oral”; Se entienden vulneradas las siguientes disposiciones legales: Ley N° 19.653, Art. 54. ”El principio de la Probidad Administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Articulo 64 punto 4) Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.- 2) “Haber invitado en forma reiterada a la usuaria a su box, específicamente de 14 a 17:00 horas. horario en el cual estaría sin pacientes, para contarle el sueño relatado en cargo Uno”. Se entienden vulneradas las siguientes disposiciones legales: Ley N° 19.653, Art. 54. ”El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, letra c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad. Señala que con fecha 10 de marzo de 2017, el Sr. nombre reservado solicita copia del expediente, y con fecha 24 de marzo de 2017, formula descargos, no cuestionando los medios de prueba de la formulación de cargos, ni aportaron nuevos antecedentes para desvirtuar en absoluto los cargos presentados por la Fiscalía, y por medio del Decreto Alcaldicio N°74 de 07 de abril de 2017, se aplica la sanción administrativa contemplada en el artículo 148 letra b) de la ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria, de termino a la relación de la Relación Laboral, por Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidas fehacientemente por medio de un sumario. Refiere que el recurrente, ha objetado su actuación principalmente por 2 circunstancias. A.- Por cuanto en el recurso de reconsideración, se habría argumentado que el procedimiento adolecía de errores y faltas graves que afectaron las normas del debido proceso, especialmente por cuanto en el considerando N°5, se señala; “considera como creíble el relato de la Sra. nombre reservado respecto a don nombre reservado, le realizó masaje en la cicatriz de la episiotomía cicatriz que está en la entrada de la vagina que quedo posterior a su parto vaginal de más de 4 años), acción que no tiene ningún respaldo técnico, no está indicado realizarlo bajo ningún concepto, y don nombre reservado, niega haberlo realizado”. Expresa, que este considerando sirva de base para establecer su responsabilidad y que contenía una elucubración y una apreciación subjetiva y arbitraria, toda vez que el propio Fiscal advirtió explícitamente que no fue parte de la denuncia y que además no consideró en los cargos porque no estaba probado. Lo anterior, es solo parta de la declaración de la denunciante y víctima, a la cual no se le puede restringir su declaración, ya que el Fiscal no sabe lo que está declarando. Al respecto hay que además tener presente que el artículo 13 de la Ley N°19.880, consagra el Principio de la no formalización que señala: “El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquellos indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicio a los particulares. El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado”. Indica que no existe perjuicio alguno para el recurrente, en dicha circunstancia, pues no se le formularon cargo por ello ni fue sancionado por lo mismo. B.- El otro vicio que señala, radica en la “transcripción del audio entre el esposo de la Sra. nombre reservado de nombre nombre reservado y don nombre reservado donde reconoce los hechos”, y que ello serviría como cargo de prueba para fundamentar la formulación de cargos y su posterior acusación.- Señala que ello violaría la garantía del artículo 19 N°5 de la Constitución Política del Estado que ampara el derecho a la privacidad de toda persona, y que no autorizó la grabación de una conversación privada.- Todo lo anterior, es equivocado, por cuanto la autoridad administrativa, no ha violado ninguna conversación privada entre el señor nombre reservado y el recurrente. Refiere que dicha conversación fue hecha pública por una de las partes que la sostuvieron y ella fue acompañada al sumario por la propia víctima. Asevera que no son aplicables al proceso administrativo sancionador, todas las normas del proceso penal como lo sostiene el actor, al citar el actor normas del Código Penal y del Código del Trabajo (ya que entre la víctima y sumariado no existe dicha relación). En la especie procede aplicar el Artículo 35 de la Ley N°19.880 que señala: “Prueba. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia”. Es en la valoración de la prueba en materia administrativa donde corresponde determinar cuánto pesa la evidencia que avala la hipótesis contenida en los cargos a través de los cuales la Administración acusó a una persona de incurrir en un ilícito administrativa. La Corte Suprema en sentencia Rol N°9.099 de 2014, señalo: “según el sistema de apreciación en conciencia, en que se requiere que el medio probatorio produzca certeza en la esfera íntima del juez, y éste expresa tales circunstancias”. En otras palabras, al valorar la prueba en conciencia, en estrictu sensu, la Administración deberá expresar los motivos por los cuales adopta tal o cual decisión, sin necesariamente utilizar para ello las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, no los conocimientos científicamente afianzados, sino únicamente expresar las circunstancias por las cuales resuelve determinada manera el caso en cuestión, de manera racional y fundada. Refiere que complementa lo anterior, lo señalado por la Contraloría General de la República, en su Dictamen N°38.546 de 2013, ha señala: “En primer término, respecto del citado dictamen N°74.351 de 2011, que habría sido aplicado por el fiscal para no formular cargos a la señora nombre reservado, por cuanto a su entender, en virtud del criterio contenido en el mismo, no es posible utilizar como medios de prueba correos privados obtenidos sin consentimiento de sus emisores, en razón de los establecido en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución, cumple con señalar que este ha sido erróneamente interpretado. En efecto, no se advierte que tal pronunciamiento –que fue ratificado por el dictamen N°29.953 de 2012, de este origen- contenga el criterio anotado, sino lo que se reprocha por su intermedio, en lo que interesa, es que determinados funcionarios municipales hubiesen accedido a través de medios electrónicos, al contendido de las conversaciones privadas sostenidas por otros empleados del municipio son su consentimiento”. Lo anterior, no ha ocurrido en el sumario cuestionado, por cuanto la autoridad administrativa no accedió a dichos correos y comunicaciones privadas en forma directa, sino que tomo conocimiento de ellas, precisamente porque una de los intervinientes en ella, en este caso la víctima y denunciante la puso a disposición de la autoridad administrativa. Por otra parte el recurrente, ha tenido la oportunidad procesal para hacer valer los recursos procesales, oportunamente a través del Recurso de Reposición, presentado con fecha 26 de abril de 2017, dentro de plazo legal, el cual no aportó mayores antecedentes nuevos que pudiesen desvirtuar o atenuar su responsabilidad. En dicho recurso, reclamó los mismos errores y faltas graves que invoca, no señalando ni reconociendo que fue la propia afectada quien aportó las pruebas insertas en el expediente, tanto las grabaciones como los pantallazos de su celular, conversación que si bien como señala el sumariado son privadas, fueron entregadas voluntariamente por la denunciante al fiscal y reconocidas por el sumariado en su declaración. Sobre la validez de la grabación como medio de prueba para acreditar los comportamientos reprochados, es necesario apuntar que, según los dictámenes Nos 62.969, de 2009 y 77.321, de 2010, entre otros, de la Contraloría General de la Republica, el mérito que puedan tener los diversos elementos probatorios, es un aspecto que debe ser apreciado por quien substancia el proceso y por quien ejerce la potestad disciplinaria, sin que, por lo demás, en esta ocasión se advierta alguna ilegalidad o arbitrariedad en dicha conducta, solicitando, en definitiva el rechazo del recurso.

A folio N°88114-2017 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en la especie, don nombre reservado ha solicitado amparo constitucional por la presente vía en contra de la Municipalidad de Temuco, en razón de haber dictado el Decreto Alcaldicio N° 3803, de fecha 26 de abril de 2017, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por su representado, confirmando la sanción de término de la relación laboral aplicada en su contra, la cual se basó en un sumario administrativo tramitado con infracción a derechos fundamentales, respecto a la prueba obtenida.

TERCERO: Que de esta forma, y encontrándose limitado el conocimiento del presente recurso conforme a las peticiones concretas del recurrente, no cabe sino desechar el recurso, toda vez teniendo a la vista el Decreto Alcaldicio N°3803, de fecha 26 de abril del año 2017, el ente administrativo actuó dentro de sus competencias legales y administrativas, no pudiéndose desprender de dicho instrumento una afectación a derechos fundamentales derivados de dicha actuación, como los invocados, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4° de la Ley 19.980 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, aplicable a la Municipalidad, por expresa disposición del inciso 1º del artículo 2º de la mencionada ley.

CUARTO: Que de esta forma, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, conforme al tenor del recurso, se rechazará el recurso respecto a tales peticiones.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por doña Pamela Silva Lagos, abogado, en representación de don nombre reservado, matrón, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Alcalde de la comuna de Temuco.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Proteccion N° 2694-2017