Protección contra Instituto Claret de Temuco

Foja: 57 Cincuenta y Siete C.A. de Temuco Temuco, catorce de octubre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 1 comparece doña nombre reservado, estudiante universitaria, domiciliada en domicilio reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, estudiante, de su mismo domicilio, e interpone Recurso de Protección a favor de este último y contra del Instituto Claret de Temuco, institución educacional, representada legalmente por don nombre reservado, en su calidad de Director General del recurrido, sacerdote, ambos domiciliados en domicilio reservado, alegando como vulneradas las garantías de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Los hechos que califica de arbitrarios e ilegales, consisten en la decisión de la Dirección del Instituto, de 29 de julio del presente de año, por la que se resuelve cancelar la matrícula del menor, sin justificación alguna, fundándose en la supuesta mala conducta del mismo, solicitando a esta Corte dejar sin efecto tal sanción y ordenar el reintegro a la vida escolar del establecimiento, adoptándose las medidas tendientes a asegurar la indemnidad del menor una vez reincorporado, con costas.

Se agrega en el recurso, como hechos y antecedentes, en lo pertinente, que el menor fue matriculado en el Establecimiento en noviembre de 2013 para cursar 2º Año Básico durante el presente año escolar 2014, estando en conocimiento de la recurrida que el menor padece de déficit atencional con hiperactividad e impulsividad (TDAH), lo que lo hace más inquieto que los demás compañeros de la clase, lo que le ha valido reiteradas amonestaciones por supuestas situaciones de indisciplina; que, en reunión de apoderados de 10 de junio de 2014, se les comunica a los apoderados que el Reglamento Interno del establecimiento se modificó unilateralmente y sin aviso previo, contemplando ahora, dentro del catálogo de sanciones disciplinarias, la “cancelación de matrícula”. Así, el 29 de julio de 2014 amparándose en esta modificación la Dirección del Colegio cancela la Matrícula del menor por mala conducta, apelándose de esta decisión ante el Consejo Escolar del Instituto Claret el 07 de agosto, apelación que fue finalmente fue rechazada.

Precisa que el acto recurrido consiste en la cancelación de la matrícula escolar de su hijo y luego, en el recurso se expone que el actuar de la recurrida es ilegal porque al modificar el reglamento interno de manera unilateral, lo mismo ha sucedido con el contrato de prestación de servicios educacionales acordado, infringiendo el artículo 1545 del Código Civil, y añade que el acto también es arbitrario, porque la medida no se basa en el reglamento que regiría el año escolar 2014, sino que en el ánimo de deshacerse de un alumno con dificultades atencionales, circunstancia que responde solo al mero capricho y antojo de la Dirección del Recurrido.

Derechos lesionados y conculcados.

Sostiene que la acción ilegal y arbitraria denunciada priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías constitucionales: a) la igualdad ante la Ley, porque el actuar del recurrido importa una discriminación sin fundamento, ya que la sanción adoptada es una medida disciplinaria inexistente, que solo se funda en los síntomas del trastorno atencional del menor vulnerado, lo que constituye una explicación irracional e injusta. Por lo demás, cualquier otro alumno en la misma situación no sería objeto de tan gravosa medida disciplinaria; b) Además, se vulnera el derecho de Propiedad, porque al momento de matricular al menor, se han adquirido los derechos personales emanados del contrato de prestación de servicios educacionales, que la vincula a la recurrida, y por lo mismo ya están incorporados en su patrimonio.

Termina solicitando que de acuerdo con lo expuesto, disposiciones, legales citadas y, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de fecha 4 de junio de 1992, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de Instituto Claret de Temuco, institución educacional, representada legalmente por don nombre reservado, ambos ya individualizados, ordenarle que informe en el plazo perentorio que su Señoría Ilustrísima fije y, en definitiva, acogerlo en su totalidad, resolviendo que al cancelar la matrícula escolar de su hijo nombre reservado ha actuado en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales aseguradas en los números 2 y24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ordenando el recurrido dejar sin efecto la cancelación de la matrícula escolar de su hijo, se le reintegre a la vida escolar del establecimiento, con expresa mención de adoptar las medidas tendientes que aseguren la indemnidad del estudiante luego de su reincorporación a la vida estudiantil, con expresa condenación en costas En apoyo de su pretensión, la parte recurrente acompañó a los autos los siguientes documentos que se guardaron en custodia y se tienen a la vista al momento de resolver: a)un Certificado de Nacimiento de nombre reservado; b)Certificado de Alumno regular del menor; c) CD documentos institucionales y sus modificaciones 2014, Instituto Claret Temuco; e) Copia del Reglamento Interno del Instituto Claret de Temuco para el año escolar 2014; f) Copia de las modificaciones al Reglamento interno, con fecha 22 de mayo de 2014; g) Certificados de atención de nombre reservado, correspondientes al año 2014, emitidos por el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Policlínico Especialidades, Neurología Infantil, Temuco; h) Informe de notas 2014, 1° Semestre, de nombre reservado; i) Resolución de la Dirección del Instituto Claret de Temuco, de fecha 29 de Julio de 2014, que cancela la matricula del alumno; j) Copia de la apelación a la resolución de cancelación de matrícula, de fecha 07 de agosto de 2014; k) Copia de la resolución que rechaza la apelación, de fecha 08 de agosto de 2014.

A fojas 27 y siguientes rola informe de la recurrida en el que, luego de hacer una breve descripción del establecimiento educacional su antigüedad y su prestigio e inserción social en la comuna de Temuco y parte de su antecedente curricular, y reconocer la calidad alumno matriculado para el año escolar 2014 del menor el cual se recurre, en condición de alumno preferencial que le exime del pago del financiamiento compartido, solicita el rechazo del recurso, con costas, por las siguientes razones de hecho y de derecho: Se indica, como primera cuestión en el informe, que el recurso es improcedente porque existen otras vías para hacer efectiva la protección del derecho reclamado ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, por tratarse de un problema de cumplimiento de un contrato educacional según los propios dichos de la recurrente quien, además, no ha señalado cómo se ha producido la vulneración de la norma contractual denunciada, considerándose también la circunstancia de que por parte de la recurrente se ha incumplido gravemente una de las obligaciones primordiales del mismo, cual es el respeto a la dignidad humana de los demás alumnos o educandos del establecimiento educacional, obligación que aparece mencionada en el contrato firmado por la recurrente en octubre del año 2013.

Agrega el informe que desde comienzos del año escolar el menor ha tenido dificultades en sus relaciones con sus compañeros de curso y de otros niveles, refiriendo luego agresiones cometidas por el alumno contra, al menos, 3 alumnos, que motivaron denuncias de sus padres y que fueron oportunamente reportadas a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación. Ante la gravedad de estos hechos, se realizaron según el Manual de convivencia escolar, las siguientes acciones: a) diálogos reflexivos con la recurrente, madre del menor ;suspensiones temporales de asistencia a clases durante las que se le pide a la madre del menor que realice este las tareas pendientes, pero ella refiere que el menor en la casa juega y no hace sus tareas; b) ante lo infructuoso de las medidas solicitadas a la madre, el colegio procedió a hacer visitas domiciliarias y evaluar in situ, con un equipo multidisciplinario; c) producto de lo anterior se realiza una evaluación psicológica, en atención al conocimiento tenía el colegio sobre el tratamiento al que estaba sometido el menor; d) se acuerda un trabajo personalizado por parte de la técnico en educación, que apoya la labor docente en el aula de manera permanente, con quien se estableció que en todo momento este recibiría el apoyo constante de esta ,pero el menor abandonaba de manera imprevista y agresiva la sala de clases durante su desarrollo, generando tensión del grupo curso; e) La madre se comprometió a retomar el tratamiento con medicamentos ordenado por el neurólogo, y, f) en esta visita también se pidió a la madre que concurriera al colegio a imponerse del tenor de los reclamos cuando éstos se produce pero ella dice que no puede existir, por lo cual el menor debe esperar que lo retire el furgón escolar; g) el menor tiene un tratamiento que la madre, reconocidamente no ha respetado. En efecto, el menor según se ve en el certificado se acompaña copia, debe tomar una dosis 1 ½ metilfenidato, en la mañana, la misma dosis al mediodía (12:30). A pesar de estar autorizados por la madre para entregar esa dosis, el menor se niega a recibirla apelando que sea la madre quien se lo de, por lo cual, en la misma visita se le pide que se acerque al colegio en esas horas para poder entregarles el medicamento, o bien que otro familiar lo haga, ya que se trata de una familia monoparental. Además cabe destacar que los medicamentos son de uso controlado por lo que no puede ser alterado de manera libre por cualquier persona y menos bajo el control del menor, a pesar de todo ello. Luego, en el informe se señalan una serie de resultados obtenidos de la evaluación sicológica del menor que dan cuenta de: a) desplazamiento afectivo a nivel familiar, debido a la ausencia de figuras parentales directas; b) sintomatología ansiosa asociada al temor de sanción y castigo por parte de la figura materna otras figuras de autoridad dentro del contexto escolar. Se infiere que las expresiones de agresión que están así la figura femenina de autoridad (docente, técnico de educación e inspectoras sus);c) hay bajo control de impulsividad, rabia y frustración asociados a un autoconcepto centrado sus debilidades nivel de baja autoestima; d) Los padres al estar separados, hacen que haya una sensación de malestar generalizada emocional, ya que el menor quiere que sus padres vuelvan a estar reunidos. Es del caso mencionar que en el colegio existe un alto porcentaje de menores cuyos padres se encuentran separados. Agrega que si bien como establecimiento subvencionado y acogido a la ley SEP, debe realizar acciones para responder a estas necesidades, se han efectuado todos los apoyos pedagógicos, para mejorar la conducta y relación con sus compañeros de curso, lo que de acuerdo a lo expresado por la madre en el compromiso de condicionalidad, no ha logrado el cambio conductual.

Debido a lo anterior, el día 25 de abril, la recurrente, madre del menor hace llegar una solicitud formal de cambio de curso para que pueda cambiar de ambiente y ver si así se logra una mejor adaptación solicitud a la que se le responde afirmativamente. Sus en dicha carta la madre señala que el menor es paciente del doctor neurólogo Jean ni Rivera, con diagnóstico de trastorno por déficit atencional con hiperactividad a impulsividad (TDAH) con las siguientes indicaciones tratamiento con metilfenidato (10 mg.); Apoyo en PIE y evaluación diferenciada. El medicamento debe ser administrado a las 7 de la mañana y a las 12:30 horas, mediodía, pero como la madre no acude y el menor no acepta el remedio sólo tiene una dosis al día.

Lamentablemente esta medida se vio empañada por la agresión que Sebastián ejerció sobre una alumna del nuevo curso, por lo que se optó por reintegrarlo en su grupo de origen. El colegio cuenta con un programa de integración escolar, PIE, el cual se rige por los descriptores que entrega el Decreto Supremo 170 del Ministerio de Educación. El estudiante no fue incorporado porqué no cumplía con los requisitos mínimos necesarios para el programa. Considerando que el estudiante no presenta dificultades en su rendimiento escolar, pero actualmente, si se observa una merma en su desempeño académico por las ausencia en las horas de clase o bien por la negativa a trabajar. Si bien es cierto, Sebastián, no está integrado de manera formal en el programa de integración, pertenece a un curso integrado, por lo que de igual manera res y de los apoyo que se coordinan entre el educador de aula y la educadora diferencial, apoyo tales como adaptaciones curriculares, las cuales están declaradas en la planificación de las distintas asignaturas por último agrega el programa de integración escolar puede atender directamente por curso a cinco alumnos con necesidades educativas transitorias y a los alumnos con necesidades educativas permanente. En cuanto a evaluaciones diferenciadas, el colegio ha hecho todos los esfuerzos para poder efectuar dichas mediciones, incluso en el taller recreativo se han aplicado técnicas de relajación para que el estudiante pueda responder a una conducta adecuada en el aula lo que ha resultado en una peor conducta, ya que en dichos talleres se ha comportado de manera más agresiva agrega que en realidad el tema delicado es que las conductas han generado reclamos de más de la mitad del curso y el colegio ha sido incapaz de que la madre reaccione y colabore con las medidas solicitadas y sugeridas. En este sentido por ejemplo, la madre durante el año 2014, a asistido sólo a una reunión de padres y apoderados previo compromiso firmado de asistir señala otro ejemplo tener en cuenta del nivel de agresividad del menor es el caso referido al niño nombre reservado nombre reservado sana cuyos padres incluso llegaron a denunciar ante tribunales de familia, la situación de agresión realizada por el menor nombre reservado. El tribunal, si bien desecha por ahora la medida de protección señala "se advierte que el colegio es responsable y garante de la integridad física y psicológica de todos los educandos que se encuentran en dicho establecimiento, y en razón de tal, además debe aplicar todas las medidas y herramientas que le otorga la ley de violencia escolar para enfrentar estas problemáticas”

Debido a esta situación, con fecha 29 de julio de 2014, se procedió a notificar a la madre de la situación de cancelación de matrícula, justamente por vulnerar las normas de convivencia escolar. Es más, con fecha 2 de julio el Consejo escolar, en atención a lo dispuesto en las páginas 28, 32,42 del reglamento de competencia, sus procedió a aplicar dicha sanción debido justamente a las agresiones a otros alumnos, incontrolables el apoyo de nadie en la familia del menor. A la citación del día 29 la madre no asiste, por lo cual el 31 de julio se le entregó copia de la carta, en la que se informaba de la posibilidad de apelar de esta decisión. Dicha apelación llegó el día 7 de agosto, con un texto que no aportan nada en términos de compromiso o reconocimiento de la propia faltas además de las de su hijo en términos de insistir sólo en tratamiento neurológico, que como ya se vio no cumple a cabalidad Finalmente, se indica en el informe que no hay vulneración al principio de igualdad ante la Ley, por cuanto de hecho no hay demostración que a otros menores con la misma patología, que se tienen dentro del establecimiento, se les haya dado un trato distinto al que se ha aplicado al recurrente, además del hecho que todos los alumnos, padres y apoderados se sujetan al mismo reglamento de convivencia escolar conocido por la Superintendencia y, además el recurrente tampoco refiere la manera en que se produciría la vulneración de este derecho. De otra parte, tampoco se ha vulnerado el derecho de propiedad sobre el que no se explica cómo se produce la conculcación al mismo y, además, el supuesto derecho alegado no se tenía porque el menor sólo contaba con la expectativa de terminar el año lectivo en el colegio, sobre todo si se considera que el menor estaba con matrícula condicional por sus constantes infracciones al régimen de convivencia interna del colegio, hecho que ha sido aceptado por la recurrente; para concluir, se indica en el informe que la sanción adoptada está contemplada dentro del catálogo de sanciones que pueden imponerse según la letra f) del artículo 46 de la Ley General de Educación y, también, se ha respetado el debido proceso al haberse incluso apelado de la decisión adoptada.

Como se dijo en los hechos, el día 28 de octubre de 2013 el recurrente firmó un contrato educacional para segundo básico. Dicho contrato establece que la duración del contrato es de un año escolar, pero no se ha señalado por la recurrente que las obligaciones del apoderado son las siguientes: Cláusula Cuarta: “el apoderado se obliga a: 2 Aceptar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del colegio que se inspira en los principios derivados de su confesionalidad. 3) Favorecer las tareas educativas y formativas que, en beneficio del estudiante, conciba y desarrolle colegio, y observar las instrucciones que con este objetivo emite el establecimiento. 4) Acatar las normas del colegio y cooperar en las actividades. En la Cláusula Sexta por su parte, el alumno se obliga a: 4) Mantener un comportamiento, presentación personal y disciplina compatibles con las exigencias, principios y postulados que persigue el colegio. En la Cláusula Octava se lee: 1.- Si hay incumplimiento por parte del apoderado de este contrato, 2.-Si conforme al procedimiento contemplado en el Reglamento Interno del colegio, se ha determinado que el estudiante ha incurrido en incumplimiento disciplinario y/o académicos del proyecto educativo institucional.

La Excelentísima Corte Suprema ha dicho que pudiendo haber algún incumplimiento de las obligaciones que imponía el contrato de prestación de servicios educacionales, ello debe ser ventilado ante la justicia ordinaria, siguiendo las reglas generales de los juicios, por haber cumplido la condición resolutoria tácita aplicable a todo contrato bilateral como sería el caso de autos, si la recurrente logra acreditar el incumplimiento de su parte.

Por todo lo expuesto cita tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar la acción todas partes con costas, revocando consecuentemente, la orden de no innovar decretada en autos Junto a su informe la parte recurrida acompaña a los autos los siguientes documentos que se guardaron en custodia y se tienen a la vista al momento de redactar esta sentencia: a) copias de Contrato de Matrícula 2014, firmado por el apoderado del Alumno; b)Proyecto Educativo del Instituto Claret de Temuco; c) Copia de Condicionalidades históricas del menor, firmadas y aceptadas por la madre; d) Copias de los libros de clases donde aparecen las anotaciones solo del año 2014; e) Copias de la Cartas enviadas por los apoderados del Colegio, reclamando de las agresiones del menor nombre reservado; f) Copia del Acta del Consejo Escolar donde se recomienda la cancelación de matrícula del menor; g) Copia de la Carta de Apelación de la medida de cancelación de la matrícula firmada por la madre recurrente; h) Copia del Reglamento interno actual y del que estaba vigente cuando firmó el ingresó de la madre; i) Copia del Informe del Médico Rivera donde aparece la patología del menor Catalán y el tratamiento aplicable; j) Copia de Carta de notificación de la medida dirigida a la madre; k) Copias de informes dirigidos ante la Superintendencia de educación en cada uno de los casos en que se reclamó por parte de los apoderados de las agresiones del hijo de la recurrente; l) Copia de Informe de visita domiciliaria; m) Copia de Sentencia del Tribunal de Familia y de audiencia a que dio lugar la actuación del menor nombre reservado; n) copia autorizada de hoja de vida escolar del menor de autos.

A fojas 17 y siguientes rola respuesta a oficio, de parte de Dirección Regional de la Superintendencia de Educación Escolar en el que se señala se procedió a efectuar fiscalización, y el establecimiento recurrido será sometido a la instrucción de un Proceso Administrativo, por no aplicarse correctamente el Reglamento Interno. Además, de los antecedentes recopilados no se encontraron denuncias sobre estos hechos, sin perjuicio que durante el mes de abril de 2014 si inició una investigación por una denuncia por discriminación contra el menor de autos dentro del establecimiento, la que en definitiva fue cerrada por no existir antecedentes que la avalaran. Además, se refiere en una de las actas de inspección de 7 de mayo de 2014, que se cursaron 4 denuncias contra el Colegio por hechos relacionados con el menor de autos, y en esa ocasión el fiscalizador constata que se entregó Reglamento Interno al apoderado del menor, se verifica el inicio de una investigación sin documento formal que avale tal proceder, pero hay documentos que dan cuenta de acciones que ha llevado a cabo el colegio para resolver problemas conductuales del alumno y que se informaron a la Superintendencia; y el 7 de abril de 2014 el Consejo Escolar propuso oficiar a la superintendencia, al Tribunal de Familia y al SENAME, estando pendiente el informar a la dirección del Colegio y al Apoderado del menor.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el acto por el que se recurre consiste en la decisión adoptada por la Dirección de la entidad educacional recurrida, adoptada y notificada con fecha 29 de julio de 2014, por la cual, como sanción, determinó la cancelación de la matrícula del menor, hijo de la recurrente, iniciales S. A.C. G., por haber incurrido dicho menor durante el primer semestre del año 2014 en faltas gravísimas descritas en el Manual de Convivencia escolar, como “actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conducta tipificada como delito: 1.- Agredir físicamente a un miembro de la comunidad escolar con evidencia física de daño. 2.- agredir psicológicamente, amenazar y acosar a un miembro de la comunidad escolar. 3.- Manifestar conductas de índole sexual al interior del colegio y que afecten la dignidad de algún miembro de la comunidad escolar.

Sostiene que dicho acto, que vulnera las garantías constitucionales de los números 2, igualdad ante la ley, y 24, derecho de propiedad, ambos numerales del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es ilegal y arbitrario. Lo primero, por cuanto obedece a una modificación unilateral del contrato de prestación de servicios educacionales, al incorporar en el reglamento interno a mediados del año escolar de manera inconsulta de los apoderados, co- contratantes, la sanción disciplinaria de cancelación de matrícula no prevista en el reglamento que forma parte del contrato al ser suscrito en el año 2003 infringiendo así abiertamente el artículo 1.545 del Código Civil; y arbitrario, toda vez que la cancelación de la matrícula de su hijo no se funda en el Reglamento Interno convenido para el año escolar 2014 sino que se justifican el único afán de deshacerse de un alumno con dificultades atencionales, circunstancia que responde sólo el mero capricho y antojo de la dirección del recurrido.

TERCERO: Que con relación a la ilegalidad del acto, sostiene la recurrente que se comete, por infringir la entidad educacional recurrida el artículo 1545 del Código Civil, al sustentarse la decisión adoptada, en una modificación unilateral del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre las partes en el mes de diciembre del año 2013, incorporando a mediados del año 2014, en el Reglamento Interno del colegio, que formaba parte de aquél contrato suscrito, una sanción disciplinaria no contemplada primitivamente en él.

CUARTO: Que en cuanto a la ilegalidad del acto esta Corte, teniendo presente que es un hecho pacífico en este recurso que entre la recurrente y la recurrida se celebró un contrato de prestación de servicios educacionales, contrato, que como todo contrato bilateral, establece derechos y obligaciones recíprocas entre las partes ,y que como tal puede ser anulado, si tiene un vicio de nulidad, y puede ser resuelto que en el caso de los contratos de tracto sucesivo, como ocurre en la especie, toma el nombre de terminación, si se da alguna causal, al sostener la recurrente que ha existido infracción contractual, hecho negado por la recurrida, sosteniendo, además que ha sido la recurrente y el menor por el cual recurre, quienes no se han ceñido a las normas contractuales libremente pactadas, es de opinión que la acción constitucional de cautela de garantías no es la vía idónea para dirimir el conflicto jurídico planteado, por cuanto sería necesario para ello entrar a abrir un término probatorio en el cual las partes conforme a las normas del debido proceso, y a las normas reguladoras del peso de la prueba, rindieran las pruebas que estimen procedentes para acreditar el cumplimiento o incumplimiento contractual recíprocamente atribuido, y, si es el caso, los perjuicios ocasionados. Ello debe ser ventilado ante la justicia ordinaria siguiendo las reglas generales de los juicios, resultando impropia, la acción cautelar constitucional para dirimir si ha existido o no ha existido infracción al contrato de prestación de servicios educacionales por alguna de las partes y, por ende, ilegalidad.

En este sentido fallo de la Excelentísima Corte Suprema en causa rol 894-2003 en el que sostuvo, en su considerando 12°) “Que, finalmente, en lo tocante al derecho de propiedad, establecido en la Carta Fundamental como el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales el cual en la especie, indudablemente, se trataría de un derecho incorporal, cabe consignar que, conforme a los antecedentes producidos, entre la recurrente y la recurrida existía un contrato de prestación de servicios educacionales que abarcaba un año y establecía la posibilidad de renovación, con una cláusula relativa a esa circunstancia, en orden a no hacerlo en caso de que el alumno o apoderado hubieren incurrido en alguna conducta irrespetuosa del reglamento interno, reservándose el colegio el derecho de no renovar. La celebración de todo tipo de con tratos se inscribe en el concepto de autonomía de la voluntad que poseen todos los ciudadanos-en el presente caso, tanto de la recurrente como de la recurrida-, de tal suerte que, aún si la concurrencia de alguna causal, podría cualquier parte poner término al convenio celebrado así, puede el apoderado hacer abandono del establecimiento incluso sin dar aviso ninguno a sus autoridades, trasladando a su pupilo a otro, y en tal caso, tienen un contrato que involucre determinados pagos, habrá de acudirse a los tribunales correspondientes para hacer uso de los derechos que la ley confiere al colegio, si se estima perjudicado, particularmente, él establecido en el artículo 1489 del Código Civil. Esto ha de ventilarse ante la justicia ordinaria en lo civil, en que las partes tienen la posibilidad de accionar, excepción arce, probar, argumentar, hacer uso de los recursos pertinentes y, en fin, utilizar todo el sistema procesal establecido para dichos casos...”

QUINTO: Que con relación a la supuesta arbitrariedad de la decisión adoptada, por el establecimiento educacional recurrido, se acompañaron por su representante al evacuar el informe y antes de la vista de la causa, un conjunto de antecedentes escritos que permiten al voto de mayoría de esta Corte formarse la convicción de que aquella decisión no estuvo basada en el mero capricho de su cuerpo directivo, ya que previo a adoptarla se desarrollaron una serie de acciones destinadas a lograr la modificación en el comportamiento inadecuado del menor buscando una colaboración proactiva de la recurrente, no lograda, con el propósito de integrar al alumno en forma armoniosa al proceso educativo, sin alcanzarlo. Entre dichas acciones destaca diálogos reflexivos con la madre recurrente, suspensiones temporales de la asistencia a clases, decretar la condicionalidad de su permanencia en el establecimiento, efectuar visitas interdisciplinarias al hogar del menor, evaluación psicológica, trabajo personalizado por parte de una técnico en educación con el menor, se solicitó a la madre, ante la negativa del menor a ingerir su medicamento a que concurriera colegio a suministrárselo, acción a la que se negó; denuncias de agresiones al Tribunal de Familia; informes de la situación a la Superintendencia de Educación, cuya unidad de denuncias, con fecha 26 de mayo de 2014 cerró la que se había deducido por la misma recurrente, porque no se encontraron elementos que indicarán una situación de discriminación, SEXTO: Que, así, entonces, observando esta Corte, que la decisión adoptada por el cuerpo directivo de la recurrida tiene fundamentos, que precisamente se orientan a salvaguardar el derecho a la enseñanza de parte de la mayoría de los alumnos, rechazará el recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, por estimar que tuvo motivo plausible para accionar, el recurso de protección deducido a fojas 1 por doña nombre reservado, en representación del menor nombre reservado , contra el INSTITUTO CLARET DE TEMUCO, representado por nombre reservado.

Se previene que la Ministra Sra. Cecilia Aravena López, concurre al acuerdo que rechazó el recurso, teniendo sólo presente para ello que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el acto recurrido, pues, la decisión de cancelación de matricula del menor, se adoptó conforme al Reglamento interno vigente del establecimiento educacional, respetando el procedimiento allí establecido y habiendo agotado previamente todas las instancias y recursos para evitar la adopción de tan extrema medida.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro suplente señor Carlos Iván Gutiérrez Zavala.

N°Protección-2684-2014.

Sr. nombre reservado

Sra. nombre reservado

Sr. nombre reservado

nombre reservado por la Segunda Sala Presidente Ministro Sr. Aner Padilla Buzada, Ministra Sra. Cecilia Aravena López y Ministro (S) Sr. Carlos Gutiérrez Zavala.

En Temuco, catorce de octubre de dos mil catorce, se notificó por el Estado Diario la resolución que antecede.