nombre reservado con UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A fojas 3, comparece doña nombre reservado, estudiante de la carrera de Psicología, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO, Rol Único Tributario N° 71.918.700-5, representada por su Rectora, doña nombre reservado, por estimar que la recurrida ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que amenazan, perturban y privan el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Contextualiza su recurso indicando que padece un cuadro patológico complejo, progresivo e irreversible por Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, Mielitis Transversa, Síndrome Medular, Paraparesia/Paraplejia, Vejiga Neurogénica, Disautonomía, Trastorno Ansioso-Depresivo, Trastorno de Personalidad Limítrofe y Trastorno de Conducta Alimentaria, teniendo un 70% de discapacidad certificada siendo usuaria de silla de ruedas.

En este contexto de salud que padece, en enero de 2023, en el marco de una mediación ante la Superintendencia de Educación Superior la recurrida UCT asumió compromisos y debiendo realizar ajustes razonables permanentes para su adecuada integración estudiantil, destacando entre las medidas acordadas la flexibilidad en evaluaciones, rebaja de asistencia mínima al 30%, apoyos planificados y el derecho expreso a rendir evaluaciones en el Centro de Recursos Tecnológicos Inclusivos (CERETI) con más tiempo y acompañada por su madre.

Alega que entre el 8 y el 21 de junio de 2026, docentes y autoridades de la carrera notificaron a la estudiante que las evaluaciones serían presenciales y supervisadas por ayudantes o profesionales académicos en lugar de su madre, desoyendo un certificado de su psiquiatra tratante que advirtió a la UCT que la supervisión por parte de personal docente en las evaluaciones actuaría como un factor descompensador severo de ansiedad.

Alega asimismo que se le impusieron evaluaciones concentradas e informes individuales con plazos más breves que a sus compañeros; además, cuando pidió integrarse a trabajos grupales, se le negó aduciendo que implicaría mayores costos económicos.

Precisa que al rendir una evaluación el 22 de junio de 2026 bajo la modalidad impuesta y sin el acompañamiento materno, sufrió una descompensación ansiosa que derivó en una calificación de 2,9. Donde la presión derivó en la reactivación de su anorexia nerviosa (vómitos diarios y síntomas depresivos), el aplazamiento de cirugías e intervenciones médicas, y un accidente dentro del campus al verse forzada a asistir presencialmente en silla de ruedas.

Sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, por cuanto infringe el Acta de Mediación de 2023, la Ley N° 20.422 (que define la negativa a dar ajustes razonables como discriminación arbitraria), la Ley N° 21.091 y su propia normativa interna (Manual de Prácticas Docentes Inclusivas). Por otra parte, justificar la privación de ajustes o la exclusión de trabajos grupales en "falta de personal" o "costos económicos" resulta arbitrario.

Aduce asimismo que se infringe la doctrina de los Actos Propios, por cuanto al reconocer por escrito que el Acta de Mediación sigue vigente, la UCT no puede alterar unilateralmente sus cláusulas esenciales.

Invoca como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

Artículo 19 N° 1 derecho a la integridad física y psíquica, provocada por la imposición de condiciones evaluativas que generaron una crisis médica activa.

Artículo 19 N° 2 derecho a la Igualdad y no discriminación, por la imposición de plazos más desfavorables y negativa a proveer ajustes por razones presupuestarias.

Artículo 19 N° 24 derecho de Propiedad, por la supuesta privación arbitraria de los derechos incorporales derivados del acuerdo de mediación.

Pide que se acoja su recurso de protección, y en definitiva se ordene a la Universidad Católica de Temuco:

a) El cese inmediato e irrevocable de la imposición de supervisión docente, de ayudantes académicos o de cualquier personal de la carrera durante la rendición de mis evaluaciones en CERETI, restituyendo de forma exclusiva mi derecho a ser acompañada por mi madre conforme a la letra b) del Acta de Mediación suscrita ante la SES con fecha 25 de enero de 2023;

b) La habilitación de la modalidad remota u online para la rendición de evaluaciones y actividades curriculares teóricas mientras los certificados e informes médicos de mis profesionales tratantes acrediten imposibilidad de traslado físico, dolor invalidante, descompensación motora o crisis de salud;

c) La prohibición de aplicarme reprobaciones, calificaciones mínimas, cierres de acta o cualquier consecuencia académica adversa derivada de mis inasistencias a evaluaciones o clases presenciales debidamente respaldadas por certificados o licencias médicas de mis profesionales de la salud;

d) La reprogramación sin consecuencias académicas de la evaluación del 22 de junio de 2026 rendida bajo las condiciones impugnadas y de todas aquellas evaluaciones a las que no haya podido concurrir en razón del acto arbitrario recurrido, bajo las condiciones del Acta de Mediación plenamente restituida;

e) La extensión del plazo de entrega del informe del ramo de Psicodiagnóstico Adulto y Adulto Mayor en igualdad de condiciones con el resto del curso, y la integración de la recurrente al trabajo grupal correspondiente, sin condicionamiento económico ni carga académica diferenciada por razón de su discapacidad;

f) La abstención de todo acto de hostigamiento, estigmatización o cuestionamiento público de las capacidades académicas o de la continuidad en la carrera de la recurrente, con instrucción expresa a las autoridades académicas involucradas.

g) Que lo solicitando anteriormente, deberá mantenerse por todo el transcurso de la carrera.

h) Expresa condena en costas A folio 9 informa la recurrida Universidad Católica de Temuco (UCT), pidiendo el rechazo del recurso, con costas, sosteniendo que la universidad no ha incurrido en actos ilegales ni arbitrarios y que ha respetado en todo momento la normativa de inclusión y los compromisos asumidos.

Reconoce la existencia de un Acta de Mediación firmada el 25 de enero de 2023 ante la Superintendencia de Educación Superior (SES). Mediante dicho acuerdo, la universidad asumió una serie de compromisos para implementar ajustes razonables en favor de la estudiante debido a sus condiciones médicas y de discapacidad. Estos compromisos incluyeron flexibilidad en el calendario evaluativo ante episodios sintomáticos acreditados con reposo médico, la posibilidad de rendir evaluaciones en dependencias del Centro de Recursos Tecnológicos Inclusivos (CERETI) con tiempo adicional y acompañamiento de su madre, la rebaja de exigencia de asistencia al 30% en ramos teóricos, apoyos para postular a ayudas del SENADIS y el otorgamiento de tutorías. La universidad fundamenta que ha aplicado estos ajustes semestre a semestre conforme a la Ley N° 20.422 sobre inclusión social de personas con discapacidad y la Ley N° 21.091 de Educación Superior.

Frente a las supuestas infracciones alegadas por la recurrente —quien invocó la vulneración de los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad— la UCT desestima cada una de sus imputaciones. La controversia se originó en junio de 2026, cuando autoridades y docentes de la carrera de Psicología (Dra. Neli Escandón Nagel, la Jefa de Carrera nombre reservado, el docente nombre reservado y el profesional nombre reservado) coordinaron el calendario de evaluaciones pendientes y notificaron a la estudiante que dichas pruebas se rendirían presencialmente en espacios habilitados con la presencia de un ayudante o profesional académico para supervisar el proceso.

La universidad argumenta que la designación de un ayudante o profesional para supervisar las evaluaciones no constituye una modificación unilateral del acuerdo ni una supresión de los ajustes razonables. Por el contrario, sostiene que se trata del ejercicio legítimo de sus facultades académicas e institucionales para resguardar la validez, objetividad, autenticidad y probidad del proceso formativo, algo que emana de su autonomía universitaria y de la reglamentación interna de la Facultad de Ciencias de la Salud. Asimismo, la institución aclara que jamás prohibió el acompañamiento de la madre de la estudiante, sino que la recurrente confundió erróneamente la supervisión académica institucional con la exclusión de su familiar.

Respecto a los certificados presentados por el psiquiatra tratante de la estudiante (Dr. nombre reservado), en los cuales se indicaba que la presencia de personal académico causaba descompensación de ansiedad, la UCT señala que dichos informes constituyen opiniones clínicas de orientación terapéutica, pero no son jurídicamente vinculantes para imponer a la universidad la eliminación de controles académicos o el cambio de modalidad presencial a remota. Los ajustes razonables buscan equiparar oportunidades y eliminar barreras de acceso, pero no pueden alterar la naturaleza esencial de las evaluaciones ni exigir que la institución renuncie a la supervisión mínima de sus procesos. Además, se argumenta que las comunicaciones enviadas por los docentes no constituyen hostigamiento, sino coordinaciones administrativas habituales para aplicar el Reglamento de Evaluaciones y evitar el cierre desfavorable del semestre.

En cuanto a la supuesta sobrecarga académica y acumulación de evaluaciones a fines de junio de 2026, la universidad aclara que esta concentración fue consecuencia directa de las inasistencias y de las sucesivas negativas de la propia estudiante a rendir las pruebas en las fechas reprogramadas, al exigir rendirlas sin supervisión académica. La UCT también rechaza la responsabilidad sobre el deterioro de la salud de la estudiante, indicando que las decisiones de postergar tratamientos o controles médicos para continuar con las clases corresponden a elecciones autónomas de una persona mayor de edad. Asimismo, la UCT recuerda que el Acta de Mediación condicionaba la flexibilidad de fechas a la presentación de certificados médicos que prescribieran reposo efectivo, lo que no ocurrió en este caso.

Por último, el informe repasa y pide rechazar todas las pretensiones concretas formuladas por la recurrente, tales como la eliminación definitiva de la supervisión docente, la rendición obligatoria en modalidad online, la reprogramación indefinida sin consecuencias académicas y la extensión de plazos diferenciados. La universidad concluye que otorgar dichas peticiones crearía un régimen de privilegio no amparado por la ley, vulnerando la igualdad de condiciones respecto al resto de la comunidad estudiantil y distorsionando el concepto de ajuste razonable. Por todo lo anterior, la UCT concluye que no existen actos ilegales ni arbitrarios que vulneren las garantías constitucionales del artículo 19 de la Carta Magna, reiterando su solicitud de rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con condena en costas para la actora.

A folio 22 informa la Superintendencia de educación, manifestando en lo pertinente:

Que efectivamente el 25.01.2023 se llevó a cabo la mediación en el que se alcanzó el siguiente acuerdo:

a. La Universidad Católica de Temuco se comprometió a otorgar flexibilidad en el calendario de evaluaciones de la recurrente de autos, en caso de que la estudiante presente episodios sintomáticos que requieran reposo, los que deberá acreditar debidamente a través de un certificado emitido por el médico tratante.

b. La Universidad Católica de Temuco se comprometió a permitir a la recurrente de autos realizar sus evaluaciones en oficinas del Centro de Recursos Tecnológicos Inclusivos (CERETI), otorgándole mayor tiempo para desarrollarlas y permitiendo que sea acompañada por su madre, para mayor comodidad de la alumna.

c. En caso de que la estudiante así lo decida, la institución ofreció su apoyo para postular al concurso público de ayudas y asistencia personal del Servicio Nacional de la Discapacidad, debiendo para ello solicitar asesoría al CERETI de la Universidad Católica de Temuco.

d. La Universidad Católica de Temuco se comprometió a otorgar a la recurrente de autos una rebaja de asistencia de un 70% debiendo asistir efectivamente al menos al 30% de las actividades curriculares, excepto en los cursos que, por sus características, requieran actividades prácticas de presencialidad obligatoria, situación que podrá ser analizada junto a la jefatura de carrera cada inicio de semestre.

e. La Casa de Estudios manifestó su total disposición para retomar los apoyos planificados para la estudiante por la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento académico, con previa reevaluación del CERETI.

f. La Universidad ofreció su apoyo a la recurrente de autos, en caso de que así lo requiera, para identificar aquellas asignaturas que, en función de sus prerrequisitos, pueda adelantar en su progresión académica.

g. La Universidad Católica de Temuco se comprometió a incluir dentro de la solicitud de ayudantes para la carrera, una beca de ayudantía o tutoría 2023, exclusiva para la recurrente de autos y otros 11 estudiantes que estén en condición de discapacidad, a fin de brindar un apoyo entre pares para la entrega de apuntes de clases y otros materiales académicos comunes, además de dirigir las necesidades de manera más expedita de estos estudiantes a docentes, jefatura de carrera y profesionales del CERETI.

h. La institución de educación superior se comprometió a calificar con nota “P” (Pendiente) en el ramo Teorías y Sistemas Psicológicos (PSIC1106), reprobado por la estudiante en el segundo semestre de 2022, según avance curricular y de acuerdo a lo establecido para esos efectos en el Reglamento del Estudiante de Pregrado de la Universidad Católica de Temuco, señalando que las demás asignaturas reprobadas en el referido período, puede inscribirlas para cursarlas nuevamente en el segundo semestre del año en curso (2023), en consideración al avance curricular de la estudiante y dada la oferta académica de la carrera.

En cuanto a las denuncias presentadas posteriormente por la recurrente:

El 16.12.2025 la recurrente de autos ingresó en la Plataforma de Tramitación de Reclamos y Denuncias de la SES, la denuncia código 2025-06289 señalando que los acuerdos alcanzados en la mediación no se estarían cumpliendo, especialmente en 2025 y 2024. Destaca que no se le han otorgado tutores en algunas asignaturas y que se le ha permitido justificar sólo las evaluaciones que no ha podido rendir, pero no las inasistencias a clases. Agregó que algunos docentes carecen de empatía, al igual que la nueva Jefa de Carrera.

La denuncia en cuestión continúa en tramitación y la División de Supervisión de la SES está realizando acciones de fiscalización con el fin de determinar si la Universidad recurrida incumplió los acuerdos alcanzados en la mediación. Dado que el caso permanece en tramitación, los antecedentes recopilados tienen el carácter de reservados.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que la SES carece de competencia para compeler a la Universidad Católica de Temuco a satisfacer las pretensiones de la recurrente de autos. En dicho escenario hipotético, lo que correspondería en derecho sería la remisión de los antecedentes a la Fiscalía de la SES para que, si se estima pertinente, se inicie un procedimiento sancionatorio que sólo puede culminar con la aplicación de alguna de las sanciones que contempla el artículo 57 de la Ley N°21.091, consistentes principalmente en amonestación y multas.

Finalmente, se informa que la recurrente también ha ingresado durante el 2026 las denuncias códigos Ns°2026-03595 y 2026-03768, las que versan sobre hechos similares y fueron declaradas inadmisibles por la SES por no señalar hechos concretos que puedan ser constitutivos de infracción, sin perjuicio de que su contenido puede ser considerado en la investigación de la denuncia N°2025-06289, actualmente en curso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que la misma norma señala de manera taxativa. Su procedencia supone, copulativamente, la existencia de un acto u omisión ilegal (esto es, contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho o carente de razonabilidad); que dicho acto u omisión importe la privación, perturbación o amenaza de una garantía amparada; y que el recurrente sea titular de un derecho indubitado sobre el cual reclama protección.

SEGUNDO: Que, delimitada la controversia conforme a lo expuesto por las partes, la recurrente imputa a la Universidad recurrida haber modificado unilateralmente el Acta de Mediación suscrita ante la Superintendencia de Educación Superior, al disponer que la rendición de sus evaluaciones fuese supervisada por docentes, ayudantes o profesionales de la carrera en lugar de ser acompañada exclusivamente por su madre; haberle impuesto una carga académica desproporcionada; haber desatendido las recomendaciones de su psiquiatra tratante; y haber incurrido en hostigamiento académico, con vulneración de las garantías de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegada ilegalidad, del mérito de los antecedentes no aparece que la actuación de la recurrida contravenga norma alguna. En efecto, consta que la Universidad mantuvo las medidas de ajuste razonable previamente otorgadas (tiempo adicional, espacio habilitado y las adecuaciones académicas necesarias), sin que la determinación de disponer la supervisión de un docente o profesional durante la rendición de las evaluaciones importe una supresión de tales ajustes. La cláusula del Acta que contemplaba el acompañamiento de la madre lo hacía “para mayor comodidad de la alumna”, sin excluir la supervisión académica del acto evaluativo, de manera que disponer esta última, además de aquel, no constituye una modificación de lo pactado. Por lo demás, ni la Ley N° 20.422, ni la Ley N° 21.091, ni la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad imponen la obligación de suprimir los mecanismos de supervisión inherentes a toda evaluación oficial: los ajustes razonables tienen por finalidad remover las barreras que dificultan la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, sin alterar la naturaleza de las actividades académicas ni imponer a la institución cargas desproporcionadas (artículo 2° de la Convención; artículo 1° de la Ley N° 20.422).

CUARTO: Que la supervisión del acto evaluativo constituye, antes bien, el ejercicio legítimo de las facultades que corresponden a la Universidad para resguardar la regularidad, objetividad, autenticidad y validez de sus procesos de evaluación, deber que deriva tanto de su autonomía académica como de la normativa interna que los regula, en particular del artículo 15 del Reglamento de Evaluaciones de las Carreras de Pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud y del artículo 17 del Reglamento de la Carrera de Psicología, aprobado por Resolución de Vicerrectoría Académica N° 30/2022. La implementación de ajustes razonables no obliga a las instituciones de educación superior a renunciar a los mecanismos de supervisión indispensables para garantizar la integridad académica de las evaluaciones.

QUINTO: Que, en cuanto a la arbitrariedad, la actuación de la recurrida aparece sustentada en razones objetivas y no en el mero capricho: el resguardo de la integridad del proceso evaluativo, la circunstancia de que CERETI facilita el espacio físico pero no cuenta con un profesional que cautele las condiciones de la evaluación, y la necesidad de reprogramar y coordinar la rendición de evaluaciones que no fueron rendidas en las oportunidades originalmente fijadas. Como acertadamente precisa el informe, la controversia no radica en una prohibición del acompañamiento familiar (que no consta haberse dispuesto), sino en la negativa institucional a sustituir la supervisión académica por la presencia exclusiva de un familiar, lo que resulta compatible con las obligaciones que en materia de aseguramiento de la calidad recaen sobre la institución. De igual modo, la carga académica que la recurrente reprocha derivó de la acumulación de evaluaciones pendientes y de su reprogramación, y no de un trato diferenciado fundado en su discapacidad.

SEXTO: Que el certificado extendido por el psiquiatra tratante de la recurrente, en cuanto advierte que la supervisión docente durante la rendición de las evaluaciones constituiría un factor descompensador de ansiedad, importa una recomendación clínica formulada en el ámbito de competencia del profesional, que no reviste carácter vinculante para determinar la modalidad bajo la cual la Universidad debe administrar sus evaluaciones, materia que pertenece al ejercicio de sus potestades académicas. Dicho certificado, además, no prescribe reposo médico ni la imposibilidad de desarrollar actividades académicas, de modo que su desatención no configura, por sí sola, una actuación ilegal o arbitraria.

SÉPTIMO: Que, en lo relativo al hostigamiento académico invocado, del examen íntegro de las comunicaciones y demás antecedentes incorporados no se desprende la existencia de expresiones ofensivas, denigrantes, intimidatorias o persecutorias por parte de las autoridades universitarias. Por el contrario, dichas comunicaciones tuvieron por objeto coordinar la rendición de evaluaciones pendientes, informar fechas y condiciones y ejecutar el procedimiento reglamentario aplicable, actuaciones que constituyen el ejercicio regular de las funciones propias de las autoridades académicas y que no pueden calificarse como hostigamiento por el solo hecho de recordar a la estudiante sus obligaciones curriculares.

OCTAVO: Que, por lo demás, la determinación acerca de la interpretación y alcance del Acta de Mediación, del cumplimiento de las obligaciones en ella asumidas y de la eventual responsabilidad institucional que la recurrente atribuye a la recurrida por el agravamiento de su estado de salud, involucra cuestiones de hecho y de derecho controvertidas que exceden el ámbito cautelar y de urgencia propio del recurso de protección, el que no constituye la vía idónea para dirimir un conflicto de esa naturaleza, máxime cuando existe una sede administrativa de fiscalización especialmente prevista (la Superintendencia de Educación Superior) ante la cual, según se expone en el propio libelo, penden denuncias sobre la misma materia. Así, no concurre en la especie el derecho indubitado que constituye presupuesto de esta acción.

NOVENO: Que la jurisprudencia invocada por la recurrente no altera lo concluido, por cuanto los pronunciamientos que cita supusieron una efectiva denegación de ajustes razonables o su modificación unilateral carente de sustento, hipótesis diversa de la que aquí se examina, en la que la Universidad mantuvo los ajustes previamente otorgados y únicamente conservó la supervisión académica inherente al acto evaluativo, en el marco de su autonomía y de la reglamentación interna aplicable a todos los estudiantes.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, el recurso de protección deducido no podrá prosperar y será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 3 por doña nombre reservado en contra de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO.

Déjese sin efecto la orden de no innovar, en caso de encontrarse vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Alejandro Vera Quilodrán.

Rol N° Protección-2682-2026.(jog)