nombre reservado con UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, uno de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece don LUIS QUIJADA LLANCALEO, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO, del giro educación superior, representada por su Rector don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Refiere que a mediados del mes de marzo de 2022 su representada recibió en su domicilio una carta de la recurrida suscrita por doña nombre reservado mediante la cual se le manifestaba que adeudaba a enero del presente año la suma de 304,0243 Unidades Tributarias Mensuales por concepto de crédito solidario universitario.

Indica, en la citada carta se le indicaba que procederían a informar a Tesorería General de la República el monto impago con el objeto de retener dicha cantidad de su devolución anual de impuesto a la renta.

Que consultada la página del Fondo Solidario de Crédito Universitario, respecto de presuntas deudas que tendría su representada con la Universidad Católica de Temuco, aparece un desglose que da un total de $21.087.926.- Señala que efectivamente su representada fue alumna de la Universidad Católica de Temuco cursando dos carreras, ingresó en el año 1997 a la citada casa estudiantil a estudiar la carrera de Agronomía, cursando dicha carrera hasta el año 1999, para posteriormente ingresar a medicina veterinaria carrera que cursó entre los años 2000 al 2003. Que efectivamente financió parte de esas carreras con crédito universitario, sin embargo, no parece justo ni razonable que se estén realizando gestiones de cobro de una deuda vinculada a pagarés suscritos hace más de 19 años, pasando por sobre todos los plazos de prescripción que existen en materia civil en nuestro país.

En cuanto a la época en que se hicieron exigibles las obligaciones vinculadas al crédito otorgado a su representada y cuyo pago fue garantizado con pagarés suscritos en su oportunidad, es necesario citar lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 19.287, en cuanto señala: “El monto del crédito otorgado al alumno se expresará en unidades tributarias mensuales del mes de marzo del año respectivo.

La deuda de los alumnos devengará un interés del 2% anual a partir de la fecha de suscripción del instrumento representativo del crédito universitario otorgado para cada período académico.

La obligación contenida en el conjunto de instrumentos suscritos por el beneficiario se hará exigible transcurridos dos años desde su egreso de la institución de enseñanza superior, por haber cursado sus estudios completos, esté o no en posesión del título profesional o grado respectivo. Si por cualquier causa el beneficiario no se matriculare por dos años consecutivos en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado, la obligación se hará exigible. Para estos efectos, se entenderá que los dos años vencen el 31 de diciembre de aquel en que efectivamente se cumplan.”

De esta manera, al no haber continuado sus estudios doña nombre reservado, a partir del año 2003 los 2 años a los que hace referencia el artículo antes citado se cumplieron el 31 de diciembre de 2005, contado de esa fecha han transcurrido más de 16 años.

Hace presente que se ha demandado la prescripción de la deuda ante el Primer Juzgado Civil de Temuco.

En cuanto a los derechos protegidos constitucionalmente señala que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria, por cuanto es contraria a las normas que amparan el derecho de dominio que toda persona tiene respecto de bienes corporales e incorporales, lo que está vinculado a los artículos 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República. En efecto, existe en este caso una perturbación y una amenaza cierta de privación del derecho de propiedad, ya que luego de haber dejado transcurrir la recurrida más de una década sin ejecutar acciones de cobro de los pagarés vinculados a los contratos de servicios educacionales celebrados con su representada, pretende hoy cobrar la deuda a través de la retención de su devolución de impuestos.

Finalmente, hace presente que la acción de protección contenida en el artículo número 20 de la Constitución Política de la República tiene como objetivo, de manera general, poner término a la privación, perturbación o amenaza de los derechos fundamentales taxativamente enumerados en éste, producto de una acción u omisión, ilegales o arbitrarias de un tercero, el que puede provenir de un órgano del Estado, o bien, de un particular.

En este caso, su representada se he visto perturbada y amenazada en su derecho de propiedad respecto de los eventuales dineros a que tiene derecho a percibir a título de devolución de impuestos de parte del Servicio de Impuestos Internos y/o Tesorería General de la República, por una deuda de larga data que la recurrida nunca cobró.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Universidad Católica de Temuco, representada por su Rector don nombre reservado, ambos ya individualizados, y previo informe de la recurrida, acogerlo, adoptando de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del derecho de propiedad de su representada, ordenando a la recurrida abstenerse de realizar todo tipo de cobro vinculado al crédito universitario de doña nombre reservado ya sea en forma directa o a través de terceros como Tesorería General de la República, con expresa condenación en costas.- Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia de carta enviada por la recurrida a su representada;

2.- Copia de convenio fondo solidario de 1 de marzo de 1997 suscrito entre su representada y la recurrida;

3.- Copia de pagaré suscrito por doña nombre reservado, en favor de la recurrida de fecha 27 de febrero de 1997;

4.- Copia de mandato judicial otorgado por la recurrente ante Notario Público de Temuco Jorge Tadres Hales de fecha 24 de marzo de 2022;

A folio 5, informa don nombre reservado, Abogado, por la Universidad Católica de Temuco, Corporación Educacional de Derecho Público.

Señala que la parte recurrente reconoce estar vinculada contractualmente con su parte a través de un Convenio del Fondo Solidario del 1° marzo 1997, que acompaña en el primer otrosí del libelo.

Del mismo modo, la recurrente reconoce no haber pagado la deuda que mantiene con su parte en base a dicho Convenio, por lo cual la misma se encuentra vencida y es exigible por parte de la acreedora.

Que conforme a Derecho, cuando existe un contrato que es para las partes una fuente de derechos y obligaciones, el acreedor tiene el derecho de hacer efectivo el cobro de ellas, y el deudor la obligación de hacer su pago, en razón que dicho contrato es una ley para los contratantes.

De acuerdo a la normativa vigente sobre el cobro de este tipo de obligación, y al no haber pagado la deudora recurrente la obligación devengada estando morosa en su cumplimiento, debe procederse por parte de la Universidad, como lo reconoce la actora, informar la deuda y su morosidad a la Tesorería General de la República, por exigirlo así la normativa aplicable a esta materia - Ley 19.989 y su Reglamento, para que se proceda a retener la devolución anual de impuesto a la renta, y ello como un medio exigible para el cobro respectivo, en especial cuando la recurrente reconoce en un acto propio que consta de su recurso la existencia de la deuda en el monto de inicio de enero de 2017 por un saldo de UTM 321, 4391 y UTM 58,2704 equivalente a $ 17.851.763 y $ 3.236,163 respectivamente, y que asciende actualmente al mes de marzo de 2022 a UF 304,0243, como se le da a saber y reconoce la Sra. nombre reservado haber recibido la comunicación que menciona, sin expresar la fecha de dicha recepción.

La comunicación a la cual la recurrente le otorga el contenido de ser una amenaza, privación o perturbación a su derecho de propiedad fue expedida en el mes de febrero de 2022, y le hace saber que su parte debe hacer la comunicación de retención de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.989 y su reglamento que determina que, para la procedencia del cobro pertinente, debe comunicarse a la Tesorería de la República la morosidad y cumplir con los requisitos legales exigibles, lo que de este modo constituye actos propios del acreedor para hacer valer su crédito en la cobranza pertinente.

De esta forma, resulta inconcuso que el acto que se reprocha de vulneración al derecho de propiedad no es tal, y en la medida que respecto del mismo se quieran hacer valer las excepciones o acciones que permita discutir la existencia o no de la obligación señalada o su exigibilidad, es materia de un juicio ordinario, y no por esta vía, exigencia que emana de una discusión previa sobre la existencia o no de la deuda o su procedencia o exigibilidad actual, que debe emanar de una sentencia declarativa previa dentro de un juicio ordinario, que no existe.

Solicita se tenga por evacuado el informe requerido, y, en definitiva, rechazar el recurso al no ser admisible por improcedente por tratarse de un intento de proteger un derecho que no es indubitado, y que es propio de un juicio declarativo de lato conocimiento.

A folio 16, la recurrida acompaña carpeta electrónica juicio Rol C-777-2022, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Temuco.

A folio 20, se decreta como trámite la vista conjunta con Rol Protección 16.451-2022.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que la recurrente hace consistir el acto arbitrario o ilegal en el cobro por parte de la Universidad Católica de Temuco, de la suma de 304,0243 Unidades Tributarias Mensuales por concepto de crédito solidario universitario, informándole que en caso que no regularizar la situación financiera, se remitirían los antecedentes a la Tesorería General de la República para la retención de la devolución de impuesto a la renta que fuere pertinente.

TERCERO: Que la recurrida Universidad Católica de Temuco solicitó el rechazo del recurso por no haber incurrido su parte en ningún acto arbitrario o ilegal, ya que de acuerdo a la normativa vigente sobre el cobro de este tipo de obligación, al no haber pagado la deuda debe procederse por parte de la Universidad, a informar la deuda y su morosidad a la Tesorería General de la República, por exigirlo así la normativa aplicable a esta materia - Ley 19.989 y su Reglamento, para que se proceda a retener la devolución anual de impuesto a la renta, añadiendo que no corresponde que esta situación sea resuelta por esta vía a cautelar, ya que no constituye una instancia declarativa de derechos sino de protección de aquellos que siendo indubitados, se encuentren afectados por alguna acción ilegal o arbitraria, cuyo no es el caso.

CUARTO: Que, de acuerdo a la información proporcionada por la misma recurrente, existe actualmente en tramitación entre las mismas partes, juicio ordinario de prescripción extintiva, en el Primer Juzgado Civil de Temuco, Rol 777-2022, en el cual la demandante solicita la prescripción extintiva de la misma deuda, que motiva el presente recurso.

QUINTO: Que en razón lo anterior, existiendo una controversia relacionada con la prescripción extintiva de la obligaciones que contrajo la recurrente con la Universidad Católica de Temuco, mientras cursó en esa casa de estudios las carreras de Agronomía y Veterinaria, entre los años 1997 al 2003, materia que deberá ser resuelta por el Tribunal en el cual se encuentra radicada dicha controversia, puesto que esta vía cautelar de urgencia no constituye una instancia declarativa de derechos, sino de protección de aquellos indubitados que se encuentren afectados por alguna acción ilegal y arbitraria, cuyo no es el caso, como ya se señaló.

SEXTO: Que, por las consideraciones antes referidas, el presente recurso no puede prosperar.

Y visto, además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO.

Redacción de la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

Regístrese.

Rol N° Protección-2681-2022 (pvb).