nombre reservado con MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS

C.A. de Temuco Temuco, quince de octubre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 20: Atendido el estado procesal de la causa, no ha lugar.

VISTOS:

Comparece don Gonzalo Adolfo Torres Álvarez, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, químico farmacéutico, domiciliado en Temuco, quien deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas, representada por su alcalde don Mario González Rebolledo, fundado en la ilegalidad y arbitrariedad del Decreto Alcaldicio N° 2091/2025, de 26 de junio de 2025, mediante el cual se resolvió no renovar su contrata a contar del 1 de julio del mismo año.

Expone que desde abril de 2004 se ha desempeñado en el servicio público de salud, y desde el año 2020 lo hace en el área de salud municipal de Padre Las Casas. A partir de julio de 2024 ejerció como encargado y luego Director Técnico de la Farmacia Asistencial del CESFAM Conunhuenu, función reconocida por Resolución del Ministerio de Salud N° 2509130257, de 23 de abril de 2025, que autorizó el funcionamiento de la farmacia bajo su responsabilidad profesional.

Relata que el 7 de marzo de 2025 presentó denuncia por acoso laboral contra la Directora del CESFAM Conunhuenu ante la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal (AFUSAM), denuncia que fue ingresada oficialmente el 26 y 27 de junio del mismo año, días antes de recibir el decreto impugnado. Señala que la no renovación de su contrata se funda en un informe de desempeño de fecha 24 de junio de 2025, emanado de la misma autoridad denunciada, lo que configura —a su entender— una evaluación unilateral, parcial y contraria al procedimiento legalmente establecido.

Aduce que el acto recurrido infringe los artículos 44 y 46 de la Ley N° 19.378, por cuanto la calificación del desempeño debió efectuarse por una comisión de calificación y no por la sola directora del establecimiento; vulnera asimismo los principios de debido proceso, imparcialidad y legalidad administrativa, al no haber sido informado ni oído antes de la decisión. Añade que el decreto carece de fundamentación suficiente, infringiendo los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880, al limitarse a mencionar la existencia de un informe sin exponer razones de hecho ni de derecho que justifiquen la medida.

Denuncia la afectación de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (art. 19 N° 2), derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (art. 19 N° 3 inc. 5), libertad de trabajo y su protección (art. 19 N° 16) y derecho de propiedad (art. 19 N° 24). Solicita se deje sin efecto el decreto recurrido y se ordene su reincorporación al cargo y la renovación de su contrata.

La Municipalidad recurrida evacua informe solicitando el rechazo del recurso, señalando que el actor ingresó al Departamento de Salud de Padre Las Casas el 1° de octubre de 2020, desempeñándose bajo la modalidad de contrata a plazo fijo, conforme al artículo 14 de la Ley N° 19.378, y que su última renovación fue dispuesta por Decreto N° 1377/2025, de 25 de abril de 2025, con vigencia hasta el 30 de junio del mismo año.

Sostiene que la Dirección del CESFAM Conunhuenu informó el 24 de junio de 2025 su decisión de no proponer la renovación de ocho funcionarios, entre ellos el recurrente, remitiendo un informe detallado que daba cuenta de deficiencias de desempeño, tales como falta de coordinación con el equipo, inasistencias reiteradas, atrasos, ausencia en horario de atención y dificultades para cumplir metas institucionales. Afirma que el informe fue acompañado de antecedentes de respaldo y que, con base en ello, el alcalde dictó el Decreto N° 2091/2025, disponiendo la no renovación, notificada el 27 de junio de 2025.

Añade que el 26 de junio de 2025, mientras el actor subrogaba al Director Técnico de la Farmacia Municipal, el CESFAM fue fiscalizado por el Departamento de Acción Sanitaria, instruyéndose un sumario sanitario por infracción al Código Sanitario debido a la ausencia del químico farmacéutico responsable.

La recurrida justifica su proceder en el ejercicio de las facultades discrecionales del alcalde, conforme al artículo 63 letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en el carácter transitorio de las contratas previsto en la Ley N° 18.883. Cita la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, según la cual el principio de confianza legítima sólo se configura luego de cinco años continuos de servicio, por lo que en este caso —donde el actor no supera dicho período— no existe vulneración de dicho principio ni ilegalidad alguna.

En cuanto a la falta de fundamentación alegada, argumenta que el decreto recurrido contiene los hechos y fundamentos de derecho necesarios, conforme a su naturaleza de acto administrativo autosuficiente, que no requiere un procedimiento previo ni la mención de recursos administrativos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9, 18 y siguientes de la Ley N° 19.880.

Concluye que no concurren actos ilegales ni arbitrarios y que la no renovación se fundó en antecedentes objetivos, solicitando se rechace el recurso en todas sus partes, por carecer de fundamento fáctico y jurídico.

Se trajeron los autos en relación, procediendo a la vista del recurso en la audiencia de 13 de octubre, a la que comparecieron los abogados Marcelo Zúñiga Cruz y Carlos Fonseca Ávila, quienes alegaron ante estrado, por y contra el recurso, respectivamente, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el acto recurrido corresponde al Decreto Alcaldicio N° 2091/2025, de 26 de junio de 2025, por el cual la Municipalidad de Padre Las Casas dispuso la no renovación de la contrata del recurrente, decisión dictada en el ejercicio de las atribuciones propias del alcalde conforme a la Ley N° 18.695 y la Ley N° 19.378.

SEGUNDO: Que el recurrente se ha desempeñado bajo la modalidad de contrata a plazo fijo, regulada en el artículo 14 de la Ley N° 19.378, vínculo que por su naturaleza es de carácter transitorio y cuya renovación depende de las necesidades del servicio, sin que de ello derive derecho alguno a su prórroga o permanencia.

TERCERO: Que la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que la no renovación de una contrata sólo puede estimarse ilegal o arbitraria cuando, por la reiteración de los nombramientos y la prolongación del vínculo en el tiempo, se genera una confianza legítima en su continuidad, lo que supone la existencia de antecedentes objetivos que hagan razonable tal expectativa.

CUARTO: Que en la especie el actor ingresó al servicio en octubre de 2020, manteniendo una vinculación de aproximadamente cuatro años, lapso que no resulta suficiente para configurar el principio de confianza legítima, toda vez que la jurisprudencia ha reconocido su concurrencia únicamente en supuestos de extensa continuidad laboral, de a lo menos cinco años.

QUINTO: Que, en consecuencia, no se observa en el caso de autos la existencia de un derecho indubitado que habilite la protección constitucional, toda vez que el mantenimiento del vínculo contractual dependía exclusivamente del ejercicio de la potestad discrecional del alcalde, dentro de las normas que rigen la administración municipal y sin que corresponda a esta sede revisar las apreciaciones técnicas o de mérito sobre el desempeño del funcionario.

SEXTO: Que, por lo expuesto, el acto impugnado no aparece como ilegal ni arbitrario, sino como una manifestación legítima de las facultades propias de la autoridad comunal, de modo que no se advierte la vulneración de garantías constitucionales que autorice la intervención de esta Corte.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Protección-2677-2025. (cwm)