nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Temuco Temuco, doce de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece nombre reservado, Chilena, Auxiliar de colegio, soltera, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, s/n, Puren, quien recurre de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva de Cautín, por los siguientes argumentos:

La actora se encuentra sufriendo de depresión y trastorno de ansiedad generalizada, sin apoyo familiar, medicamente diagnosticada, debido a distintos eventos que desde 2024 la aquejan, sintomatología que observa su médico tratante: estado de labilidad emocional, anhedonia, insomnio de conciliación y mantención, deterioro funcional y afectivo en contexto de desgaste familiar, conflicto judicial, entorno laboral adverso y sensación de injusticia persistente, nerviosismo generalizado, reactividad emocional aumentada, hipervigilancia, explosiones afectivas en escenarios de desestructuración y tensión.

El Informe médico del psiquiatra Dr. nombre reservado, indica el debido reposo y tratamiento médico.

Pese a que su historial médico se origina en el 2024, y a raíz de diversas indicaciones médicas, el recurrente presentó ante la recurrida COMPIN su respectiva licencia Médica:

1. N° 114586193-0 que le otorgaba reposo continuo por 15 días desde el 24 de febrero de 2025 hasta el 10 de marzo de 2025, Compin resolvió con fecha 04 de marzo de 2025 Rechazar.

2. N° 115128497-K que le otorgaba reposo continuo por 30 días desde el 11 de marzo de 2025 hasta el 09 de abril de 2025, Compin resolvió con fecha 20 de marzo de 2025 Rechazar.

3. N° 116730410-5 que le otorgaba reposo continuo por 30 días desde el 10 de abril de 2025 hasta el 09 de mayo de 2025, Compin resolvió con fecha 16 de abril de 2025 Rechazar Producto de lo anterior la recurrente realiza los reclamos correspondientes ante la recurrida SUSESO.

Con fecha 30 de Mayo de 2025, la Superintendencia de seguridad Social resuelve, rechazar las Licencias médicas presentadas, mediante Resolución Exenta Nº R-01-UME-74118-2025, incurriendo en el mismo error que la primera recurrida, a saber: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 114586193-0, 115128497-K, 116730410-5, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 165 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, no es posible establecer consistencia entre el rol terapéutico de mayor extensión del reposo, considerando la intensidad del cuadro descrito en los distintos informes médicos presentados, con descripción clínica sugerente de variables psicosociales no modificables con el reposo.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 114586193-0, 115128497-K, 116730410-5, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.”

Pues bien, el informe médico acompañado a esta presentación, detallan en forma explícita la sintomatología grave del recurrente, que directamente se relacionan con la funcionalidad necesaria para el trabajo, por lo que su reintegro, no solo implicaba un peligro para mi representada, sino también respecto al desempeño de su trabajo.

DERECHO Acto u omisión: La Resolución Exenta Nº R-01-UME-74118-2025 y que confirma el rechazo de las licencias médicas Nºs 114586193-0, 115128497-K, 116730410-5 por reposo no justificado, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, y firmada por nombre reservado.

Arbitrariedad o ilegalidad. El supuesto de ilegalidad y arbitrariedad en el acto, igualmente se presenta en este caso conforme a lo siguiente.

Las decisiones de las instituciones recurridas son confusas, con una ausencia grave en sus fundamentos y justificaciones, adoleciendo de una vaguedad especialmente necesaria en casos técnicos y graves como los que padece el recurrente. Así, se tornan en arbitrarias, carentes de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo este actuar una vulneración a sus garantías constitucionales.

Las recurridas no justifican de manera alguna las decisiones adoptadas, rechazando las licencias médicas singularizadas, sin considerar el informe médico emitido por profesional competente, médico tratante de la recurrente. Asimismo, mi representado no obtuvo respuesta justificada por las instituciones recurridas, incumpliéndose con ello Decreto Supremo N°3 del 28 de mayo de 1984 que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de Salud previsional, que exige, en su artículo 16, que en caso de rechazo de una licencia médica se deben indicar los fundamentos que se tuvieron a la vista para tomar tal decisión.

“Artículo 16.- La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Además, la ley N°19.880 de Bases de Procedimiento Administrativo, en su artículo 41 obliga a que “las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”. Esto consagra el principio de fundabilidad de los actos administrativos, es decir, la Administración deberá siempre motivar sus actos explicando las razones y el razonamiento que la lleva a tomar determinada resolución.

Teniendo en consideración el artículo 1° de la Ley 20.585, que señala: La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento”. Igualmente, el artículo 3 del mismo cuerpo legal, prescribe: “en caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá remitir los antecedentes que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia medica” por su parte el articulo 4 agrega: “un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, establecerá respecto de determinadas patologías, guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias medicas”

El actuar de las recurridas constituye una privación y perturbación del derecho a la integridad física y psíquica, al derecho de la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad de mi representada, paciente y cotizante, derechos que se encuentran expresamente protegidos por el N°1, N° 2 y N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Sin duda alguna que en la especie estamos ante una arbitrariedad e ilegalidad que justifica poner en movimiento la actividad procesal del Estado y pedir el restablecimiento del derecho quebrantado. Dicha arbitrariedad e ilegalidad de la recurrida se manifiesta conforme los hechos narrados precedentemente.

1.- Vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona: En este caso, la conducta arbitraria de las recurridas al negar la cobertura de su licencia médica conforme a lo solicitado por la recurrente y conforme a lo prescrito por el médico tratante, ha generado inestabilidad emocional, frustración, estrés y desánimo en mi representada, lo que significa que se le ha vulnerado en su integridad psíquica producto de estos hechos. Vulneraciones que no vienen más que a acrecentar el daño a su salud de manera integral, al despojársele de los medios de protección que por derecho le corresponden, tales como el debido reposo y el subsidio por incapacidad laboral.

2.- Vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2, la igualdad ante la ley: Esta arbitrariedad implica, además, que el recurrente ha recibido un trato desigual y discriminatorio al respecto al resto de la mayoría de las personas a quienes sí se les autoriza el pago de las licencias médicas y reciben un trato igualitario y justo, todo lo cual vulnera la igualdad ante la ley de acuerdo al precepto vulnerado; especialmente en consideración a la aprobación de licencias médicas por mismas patologías y sintomatología.

3.- Vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24, el derecho de propiedad: La Constitución asegura a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”, que se encuentra amparada por nuestra Constitución Política en sus artículos 19 y 20. Así, el rechazo de las licencias médicas señaladas privan al recurrente del derecho a retribución monetaria contemplada por la ley, precisamente en los casos de encontrarse imposibilitado de trabajar por enfermedad.

Con la conducta de las recurridas, mi representada ha sufrido perturbación y privación en su derecho de propiedad, ya que se pretende desconocer un derecho consagrado en su contrato de salud, negándose la cobertura de las licencias médicas ordenadas por un facultativo conforme a los conocimientos médicos, científicos, lex artis y, una evaluación y un diagnóstico realizada por ésta, por lo cual las recurridas deben cursar la licencia médica y su pago pertinente.

Los rechazos de las licencias médicas de mi representada realizados por COMPIN y no siendo supervisados por SUSESO obedecen a actos irreflexivos y de todas maneras antojadizos, que no tienen causa legal ni justificación médica, constituyen un obrar arbitrario e ilegal que repugna al derecho, que solo busca salvaguardar sus intereses económicos, al negar cobertura y pago de las referidas licencias.

El recurrente se encuentra en la más absoluta indefensión, toda vez que, habiendo recurrido en contra de la COMPIN, esta ha vuelto a rechazar sus licencias sin acompañar el informe pericial en el cual sustenta su decisión, mi representada ha debido acudir a esta Iltma. Corte de Apelaciones para obtener el restablecimiento del imperio del derecho, ya que tiene el temor -absolutamente fundado- de que un eventual nuevo reclamo arroje exactamente los mismos resultados que los anteriores.

VULNERACIÓN DE DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 21.331 El diagnóstico de depresión severa, asociado a trastorno de estrés postraumático que afecta a la recurrente se encuentra expresamente protegido por la Ley N° 21.331, sobre Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental. Esta normativa consagra una serie de principios y garantías orientadas a asegurar una atención digna, oportuna y efectiva para quienes enfrentan patologías de salud mental, reconociendo que estas deben ser tratadas con el mismo estándar de respeto, resguardo y no discriminación que cualquier otra condición médica.

En particular, el artículo 3° de dicha ley establece que toda persona tiene derecho a recibir una atención de salud mental libre de discriminación, a recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados, y a que se respeten las indicaciones del equipo de salud tratante, las que deben primar sobre cualquier consideración administrativa o económica. En este caso, el profesional de salud mental a cargo de la paciente ha indicado expresamente un reposo laboral como parte del tratamiento integral, con el fin de evitar una descompensación del cuadro clínico y favorecer su recuperación.

El rechazo de las licencias médicas extendidas como parte de ese tratamiento vulnera directamente el derecho a recibir una atención oportuna y adecuada, consagrado en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 21.331. Además, constituye una forma de trato desigual e injustificado hacia una persona con diagnóstico de salud mental, contrariando el principio de no discriminación arbitraria y perpetuando el estigma asociado a este tipo de enfermedades.

Asimismo, esta negativa desconoce el principio de continuidad del tratamiento, consagrado en el artículo 7 de la misma ley, ya que al obligar a la recurrente a reincorporarse a sus funciones laborales en un estado clínicamente inestable, se interrumpe de facto el proceso terapéutico y se expone a la paciente a un grave deterioro de su salud mental.

Como S.S.I. podrá advertir, la resolución recurrida dictada por la Superintendencia y también las resoluciones que sirven de antecedentes dictada por la COMPIN, carecen de elementos en orden a fundar la decisión de rechazar las licencias médicas, toda vez que se limitan a señalar: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 114586193-0, 115128497-K, 116730410-5, no se encontraba justificado” sin mayor justificación, sin explicar ni profundizar en la razón por la cual serían insuficientes los antecedentes médicos Solicita que se acoja el recurso de protección y se declare lo siguiente:

1.- Que las recurridas han cometido un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales de la recurrente.

2.- Que las recurridas deberán aprobar: Licencias Médicas N°114586193-0, 115128497-K, 116730410-5, por medio de resolución fundada.

3.- Que las recurridas deberán otorgar el subsidio por incapacidad laboral de las licencias médicas presentadas por el recurrente.

4.- Que las recurridas deberán pagar las costas de la causa, por haber sido compelida a litigar.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta Nº R-01-UME-74118-2025.

2.- Informe Médico emitido por médico del psiquiatra Dr. nombre reservado.

3.- Informe Médico emitido por Dr. nombre reservado.

4.- Certificado de Afiliación.

5.- Boleta de servicios.

A folio 7 Evacúa informe COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA DE MALLECO, en los siguientes términos:

1.- Licencia médica N° 3-113235575 a contar del 18.01.2025 por 16 días, con diagnóstico “TRASTORNO MIXTO DE ANDIEDAD Y DEPRESION” RECHAZADA 29.01.25.

Resolución N° 1850/2025, del 31.01.2025, COMPIN Subcomisión Malleco, resuelve rechazar la licencia médica con la causal: Se rechaza Recurso de reposición en licencia médica rechazada: Reposo prolongado para patología.

2.- Licencia médica N° 3-114586193 a contar del 24.02.2025 por 15 días, con diagnóstico ““TRASTORNO MIXTO DE ANDIEDAD Y DEPRESION” RECHAZADA 27.02.25.

Resolución N° 7354/2025, del 21.04.2025, COMPIN Subcomisión Malleco, resuelve rechazar la licencia médica con la causal: Se rechaza Recurso de reposición en licencia médica rechazada: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-UME-74118-2025, del 30.05.2025, Superintendencia de Seguridad Social confirma el rechazo de licencia médica por no encontrarse justificado el reposo.

3.- Licencia médica N° 3-115128497 a contar del 11.03.2025 por 30 días, con diagnóstico “EPISODIO DEPRESIVO MODERADO” RECHAZADA 19.03.25.

Resolución N° 7354/2025, del 21.04.2025, COMPIN Subcomisión Malleco, resuelve rechazar la licencia médica con la causal: Se rechaza Recurso de reposición en licencia médica rechazada: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-UME-74118-2025, del 30.05.2025, Superintendencia de Seguridad Social confirma el rechazo de licencia médica por no encontrarse justificado el reposo.

4.- Licencia médica N° 3-116730410 a contar del 10.04.2025 por 30 días, con diagnóstico “EPISODIO DEPRESIVO MODERADO” RECHAZADA 15.04.25 Resolución N° 7354/2025, del 21.04.2025, COMPIN Subcomisión Malleco, resuelve rechazar la licencia médica con la causal: Se rechaza Recurso de reposición en licencia médica rechazada: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

Resolución Exenta N° R-01-UME-74118-2025, del 30.05.2025, Superintendencia de Seguridad Social confirma el rechazo de licencia médica por no encontrarse justificado el reposo.

5.- Licencia médica N° 4-21347438 a contar del 10.05.2025 por 30 días, con diagnóstico “TRASTORNO MIXTO DE ANDIEDAD Y DEPRESION” RECHAZADA 16.05.25.

Resolución N° 12561/2025, del 02.07.2025, COMPIN Subcomisión Malleco, resuelve rechazar la licencia médica con la causal: Se rechaza Recurso de reposición en licencia médica rechazada: Reposo prolongado para patología.

6.- Licencia médica N° 3-119569928 a contar del 09.06.2025 por 30 días, con diagnóstico “EPISODIO DEPRESIVO MODERADO” RECHAZADA 11.06.2025.

Resolución N° 12561/2025, del 02.07.2025, COMPIN Subcomisión Malleco, resuelve rechazar la licencia médica con la causal: Se rechaza Recurso de reposición en licencia médica rechazada: Reposo prolongado para patología.

.- Que, la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín, para rechazar las licencias médicas por la que se recurre tuvo en consideración los siguientes antecedentes:

1.- Historial licencias médicas.

2.- Decreto 7-2013 "Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas", artículo 4°, numeral ii, patologías mentales.

3.- Resolución Exenta N° R-01-UME-74118-2025, del 30.05.2025, Superintendencia de Seguridad Social confirma el rechazo de licencia médica por no encontrarse justificado el reposo.

- Que, en atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín, concluye lo siguiente:

1.- La usuaria nombre reservado contempla en el Sistema Informático Fonasa (SIF) reposo medico en el periodo impetrado por los siguientes diagnósticos CIE-10:

l F41.2: Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión l F32.1: Episodio Depresivo Moderado 2.- El periodo de reposo médico continuo, en base a estos diagnósticos, corresponde a un total de 316 días desde el 06-08-2024 al 08-07-2025 en base a 13 licencias médicas emitidas por 2 médicos generales (7 licencias médicas) y 2 médico psiquiatra (6 licencias médicas).

3.- De estos 316 días de reposo médico se autorizan las primeras 7 licencias médicas por un total de 165 días y se rechazan las 6 últimas licencias médicas por un total de 151 días.

4.- El fundamento para este actuar se fundamenta en las Guías Referenciales de Salud Mental.

- Que, es importante tener presente, además, que la COMPIN, junto a la SUSESO, son los organismos técnicos competentes para aprobar o rechazar las licencias médicas, tal como se ha indicado anteriormente, lo cual ha sido ratificado por S.S. Iltma. endiversos fallos, lo cual también ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema, a modo de ejemplo, lo resuelto en causa ROLN° 50.695, mediante sentencia de fecha 28.05.2020, dictada en un recurso de protección también interpuesto en contra de la SUSESO y de la COMPIN Subcomisión Cautín, por el rechazo de licencias médicas y que se solicita tener presente al momento de resolver la presente acción constitucional.

- Que, el criterio anterior se reitera en sentencia dictada en causa ROL N° 50.695 y ROL N° 138.578-2020, de la Excelentísima Corte Suprema, dictadas en recursos de protección interpuestos en contra de la SUSESO y de la COMPIN Subcomisión Cautín, por el rechazo de licencias médicas y que se solicita tener presente al momento de resolver la presente acción constitucional.

.- Que, en resumen, queda acreditado en base a lo informado previamente, que la actuación de la COMPIN Subcomisión Cautín no ha sido ni arbitraria ni ilegal, sus resoluciones han sido fundadas de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley N° 19.880, debiendo tenerse presente la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos según lo establecido en su artículo 3°; actuando dentro de sus competencias legales, todo lo cual ha sido ratificado en dos oportunidades por la SUSESO, por lo que en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, al carecer de fundamentos, por cuanto la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Cautín no ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que afecten las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que las licencias médicas rechazadas y que origina la presente acción constitucional, lo fueron en virtud de la legislación vigente y de los procedimientos establecidos y ratificadas por la Superintendencia de Seguridad Social.

.- Se solicita que, en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a esta parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar.

A folio 17 la Superintendencia de Seguridad Social evacua informe en los siguientes términos:

En primer término señala la improcedencia de la acción constitucional de protección atendido que los derechos protegidos son de seguridad social.

En subsidio informa lo siguiente:

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado reclamó mediante presentación de fecha 28 de abril de 2025, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó de las licencias médicas N°s 114586193-0, 115128497-K y 116730410-5, extendidas por un total de 75 días, a contar del 24 de febrero de 2025, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 165 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, no es posible establecer consistencia entre el rol terapéutico de mayor extensión del reposo, considerando la intensidad del cuadro descrito en los distintos informes médicos presentados, con descripción clínica sugerente de variables psicosociales no modificables con el reposo. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-74118-2025, de 30 de mayo de 2025.

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Informe médico 5/3/2023; 9/4/2025 episodio depresivo moderado, trastorno de personalidad, histriónico dependientes, sensibilidad interpersonal, migraña, situación de acoso indirecto en el entorno laboral derivado de relación con actual pareja, conflicto judicial con orden de alejamiento, estigma comunitario. GAF 51-60. Tratamiento clonazepam, amitriptilina 25 mg. Cuadro depresivo ansioso de evolución progresiva en contexto adverso relacional e institucional. Presenta migraña y alteraciones hormonales en estudio. Consulta el 3/12/2024, síntomas nueve meses previos. Tratamiento escitalopram 20 mg, Desvenlafaxina 25 mg, quetiapina 25 mg, zubam, zopiclona, psicoterapia Reposo autorizado desde el 6/8/2024 por 165 días hasta el 17/1/2025, siguen licencias rechazadas hasta 9/5/2025Estimo suficiente el periodo de reposo autorizado, conflicto laboral con rechazo al reintegro por conflicto con ex pareja de su actual pareja.”.

Por otra parte, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…no es posible establecer consistencia entre el rol terapéutico de mayor extensión del reposo, considerando la intensidad del cuadro descrito en los distintos informes médicos presentados, con descripción clínica sugerente de variables psicosociales no modificables con el reposo…”.

Ahora Bien, la Sra. nombre reservado en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió.

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de esta Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente a SS. Iltma., que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita el rechazo de acción de protección Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) alega la improcedencia del recurso de protección por guardar relación con materias que pertenecen al campo de la seguridad social, la cual será desestimada, toda vez que de lo expuesto por la recurrente se advierte que denuncia infracción a garantías constitucionales, lo que obliga a su revisión por ésta Corte.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados consta que las licencias médicas N°s 114586193-0, 115128497-K y 116730410-5, fueron rechazadas por la SUSESO, por reposo injustificado, la cual luego de un estudio de todos los antecedentes remitidos dictó la resolución exenta señalada, confirmando lo resuelto por el COMPIN, en orden a mantener el rechazo por reposo injustificado.

Quinto: Que, cabe señalar que si bien el artículo 16 del Decreto Supremo 3 de 1984 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, la misma normativa establece que se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Que, de acuerdo a lo anterior, el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

A su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Sexto: Que, en la especie, la resolución que rechaza las licencias médicas, sólo se funda en las opiniones de sus profesionales médicos, teniendo a la vista los antecedentes aportados por la propia reclamante, sin realizar un peritaje o evaluación a la paciente que permita determinar si su reposo se encuentra o no justificado.

Séptimo: Que, conforme a lo anterior, es posible establecer que la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en elementos suficientes de convicción que la avalen, carencias que la privan de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la normativa sectorial antes señalada, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender las razones por las cuales la compareciente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados.

Octavo: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria al desestimar un permiso médico concedido por un facultativo sin ningún antecedente adicional, simplemente sobre la base de la ponderación de los ya tenidos a la vista, esto es, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente, cualquier duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio de incapacidad laboral sin que su situación fuera esclarecida con un informe acabado sobre el estado de salud y la causa de las dolencias de la recurrente, lo que, como se dijo, no se cumplió en autos.

Noveno: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida evidentemente amenaza el derecho de propiedad de la actora, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues dice directa relación con su patrimonio, el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se resuelve:

I.- Que se rechaza sin costas, la alegación de improcedencia de la acción constitucional.

II. Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución exenta R-01-UME-74118-2025, de 30 de mayo de 2025, que rechaza el reposo de las licencias médicas N°s 114586193-0, 115128497-K y 116730410-5,, solo en cuanto se efectúen las gestiones administrativas necesarias para someter a la recurrente a un peritaje médico, para luego determinar la pertinencia o impertinencia del reposo de que da cuenta la licencia médica referida.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2651-2025. (csd)