nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL- COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Temuco Temuco, siete de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A Folio 1, comparece CLAUDIO NICOLÁS TORRES CONTRERAS, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación y favor de don nombre reservado, trabajador dependiente, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, ingeniero comercial, o por quien efectué labores de representación, ambas con domicilio para estos efectos en domicilio reservado fundado en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación pasa a exponer.

FUNDAMENTOS DE HECHO. Que, de acuerdo a los documentos que se acompañaran, se indica en primer término que en favor de quien se recurre, Don nombre reservado, empleado de correos hace más de 25 años, cartero, desde fines del año 2022, y a raíz de una operación realizada por una patología prostática, quedó con limitaciones físicas severas, como lo son la inconsistencia urinaria grave y difusión eréctil lo que lo ha llevado a desarrollar una sintomatología depresiva severa, tal como lo señala el informe psiquiátrico del centro clínico y pericial IPSIS en septiembre del año 2023 y también el último informe médico de fecha 15 de abril de 2025, revelando que el paciente presenta un gran sentimiento de desvalorización, indignidad y una visión peyorativa del futuro en relacion con los efectos que las patologías le han causado en su vida cotidiana.

Don nombre reservado durante todo este tiempo ha sufrido de sintomatología depresiva, perdida de interés en las actividades que antes le interesaba, alteraciones de sueño, labilidad emocional y sentimiento de impotencia, además de demostrar una angustia intensa sentimientos de impotencia y frustración, sumado a múltiple sintomatología somática, la cual continúa siendo tratado por psiquiatra, neurólogo y traumatólogo. Debido a estos padecimientos, don nombre reservado, se encuentra en tratamiento psiquiátrico, como se indicó precedentemente, siendo atendido por el Dr. nombre reservado, del centro clínico y pericial IPSIS, quien con fecha 02 de septiembre de 2023 expidió un informe de atención psiquiátrica dando cuenta de los padecimientos que sufre el recurrente indicando que “El paciente no debe realizar ejercicios de impacto”, debido al cuadro clínico que presenta, esto yendo totalmente en contraposición a su trabajo, el cual realiza o realizaba arriba de un bicicleta la mayor parte del día. Sumado a ello don nombre reservado presenta diversos diagnósticos que son incompatibles con su trabajo; desde ese entonces se le deja un tratamiento farmacológico de PREGABALINA 150 mg en la noche, ESCITALOPRAM 10 mg 2 comprimidos en la mañana, CLONAZEPAM 2 mg ¼ durante la noche y DULOXETINA 60 mg 1 al día.

Paralelamente también está siendo atendido por la Médico neurólogo nombre reservado, quien con fecha 15 de abril de 2025, en informe médico indica la sintomatología de don nombre reservado, señalando que el cuadro clínico ha provocado un deterioro en el ámbito laboral, familiar y social. Además, indica que el paciente se encuentra sintomático, en tratamiento por más de 2 años, con mas de 1 año de limitaciones en su funcionalidad y, agrega que “requiere por lo anterior el pago de sus licencias medicas debido a que se encuentra viviendo de los aportes de vecinos y familiares, con afectación de la calidad de vida y posibilidades terapéuticas, afectación de su nutrición y aparición de conflictos conyugales y familiares por su estado de animo y perdida de la vitalidad y autoestima.

Que, con fecha 18 de junio de 2025, el Médico Cirujano don nombre reservado, del CESFAM Pedro de Valdivia de Temuco, realizó informe médico relatando historia y evolución clínica de don nombre reservado, complementando el esquema farmacológico con LEVOTIROXINA SODICA 50 mg cada 24 horas, ATORVASTATINA 20 mg 1 comprimido cada 24 horas, ZOPLICONA 7,5 mg cada 24 horas, VENLAFAXINA 75 mg 3 capsulas al día, METAMIZOL 75 mg cada 6 horas, ESOMEPRAZOL 40 mg al día, además concluyó que “El paciente de 60 años, está en control y tratamiento con medico general, neurólogo, psiquiatra y psicólogo, con compromiso funcional importante debido a sintomatología ansioso – depresiva, y dolor crónico asociado a fibromialgia y patología de columna cervical y lumbar, con pronóstico variable, pero que implica una limitación basal significativa”. Cabe indicar que mi representado todo este tiempo se ha encontrado con depresión, con mucha angustia, cansancio, sin ánimo, ni poder dormir, despertando a medianoche con mucho miedo y sudoración imposibilitándolo a retomar el sueño. Físicamente se ha mantenido con intensos e insoportables dolores en piernas, hombros, muñecas, rodillas, cintura y espalda a raíz de su fibromialgia. Ha seguido al pie de la letra su tratamiento farmacológico psiquiátrico, con controles mensuales, además de psicoterapia cada 15 días.

Que, su representado se ha encontrado con licencia laboral desde el año 2023, todas licencias por 30 días bajo el mismo diagnóstico (depresión mayor en fase aguda), diagnóstico que se ha visto acrecentado por diferentes patologías físicas que ha sufrido don nombre reservado, entre ellos la fibromialgia, las cuales han sido tomadas en cuenta cada vez que se ha fijado el reposo laboral. Es del caso señalar a S.S., que desde el mes de agosto de 2024 se han rechazado las licencias de forma continua, siendo que anteriormente no habían sido rechazadas, habiendo existido desde todo el periodo de las licencias causas suficientes que permitan establecer que doña nombre reservado necesita el reposo laboral prescrito por sus médicos. De esta forma es que las licencias anteriores al día 18 de agosto fueron pagadas, y aquellas posteriores a esta fecha fueron rechazadas por COMPIN y luego por la recurrida, correspondiendo el rechazo a la Licencia Médica N°s 106156480-9, 107375514-6, 108833340-k y 110267344-8 aludiendo en su resolución exente R -01-UME-72236-2025 de fecha 28 de mayo de 2025, que luego de estudiar los antecedentes y con el mérito se concluye que el reposo no se encuentra justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre lo que se encuentra el histórico de licencias médicas y los informes del médico y psiquiatra tratante, dan como resultado que las afecciones que el afiliado presenta, son de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le producen algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no acogerán nuevas licencias médicas, dejándolo sin el pago de sus licencias que le permiten vivir. Por otro lado, don nombre reservado ha estado en tratamiento permanente de sus afectaciones, mostrando real preocupación por su estado de salud, tanto físico como mental, independiente del ánimo con el que se encuentre en el día a día, él busca ayuda para poder sobreponerse a sus padecimientos. De esta forma a cumplido con los tratamientos indicados por los especialistas tratantes, tratamientos terapéuticos y medicamentos que tienen un alto valor económico, viéndose en la necesidad del pago de las licencias médicas oportunamente y cuando no son pagadas efectúa un gran esfuerzo económico para poder cumplir con dichos tratamientos, considerando que el promedio de una hora con psiquiatra hoy día bordean los $70.000 por sesión, eso sin contemplar que las terapias psicológicas tienen valores sobre los $30.000 por sesión. Considerando que a mi representado no le han pagado sus licencias, solo se ha visto mermada y empeorada por estas situaciones de rechazo de sus licencias. Afortunadamente y pese a toda su situación, mi representado a través de aportes de familiares y vecinos no ha dejado sus tratamientos, se acompañan informes de aquello en un otrosí de esta presentación, respecto a distintos certificados de profesionales.

La conclusión de la recurrida se basa en que los antecedentes aportados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizados. Luego la misma resolución indica que se reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, si bien no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, a juicio de esta parte es completamente suficiente para, por si solo, la validez del reposo prescrito por las licencias médicas. Ahora bien, la recurrida cuenta con facultades especiales que le permiten obtener más información para resolver de mejor manera la aprobación o el rechazo de las licencias médicas que mi representada ha solicitado sean cubiertas. En este plano existe el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, el cual en su artículo 21 indica que la recurrida cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, como disponer peritajes o exámenes y requerir antecedentes, precisamente como resulta en el presente caso, en que es necesario acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, pero esta facultad no fue utilizada por la recurrida, por lo que el razonamiento para la conclusión no es comprendido por esta parte. Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia, ya que, la institución recurrida no entrega las razones que motivaron sus decisiones y tampoco ejecutaron aquellas medidas expresamente contempladas por la ley para determinar la condición de salud de mi representado, y resolver fundadamente y en relación a las circunstancias particulares y únicas de la recurrente, y no de manera generalizada y abstracta, como pareciera que fue en los hechos. En consecuencia, no se logra determinar cuál es el motivo por el cual, la recurrida estima que no se justifica el reposo, lo que nos lleva a concluir que la resolución en cuestión y la correspondiente actuación de la institución fueron arbitrarias e ilegales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS QUE VALIDAN EL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN:

1.- Que, los actos arbitrarios de la recurrida y que se denuncian en este recurso, han afectado los derechos y garantías constitucionales de don nombre reservado, consagradas en el artículo 19 de la Constitución política de la República, específicamente las establecidas en sus numerales: 1° Derecho a la integridad física y psíquica; 3° igualdad ante la ley; y 24° Derecho de propiedad. 2.- Que respecto de la garantía establecida en el número 1 del artículo 19 de la Constitución política de la República, doña nombre reservado ha sido perturbado en su derecho a la integridad física y psíquica entendiendo a la primera como el “derecho que tiene todo individuo a que no se le ocasione daño, lesión o menoscabo en su persona física, es el derecho a la incolumidad física”. Situación que en el hecho se ha generado, puesto que don nombre reservado ha sufrido un notable deterioro en su estado psíquico, producto de la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social, por lo expuesto a lo largo del presente recurso, y considerando que su estado de salud mental tiene un origen claro, además de un tratamiento que la recurrente mantuvo durante todo el tiempo de su permanencia con licencia médica, no resulta entendible que mientras se mantenga esa misma condición médica grave no se resuelva acogiendo la cobertura de las licencias médicas. 3.- Se ha vulnerado la garantía del debido proceso consagrado en el número 3 de la Constitución Política de la República, que dispone expresamente. “La Constitución asegura a todas las personas: La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos: Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. En efecto, el acto administrativo recurrido se ha dictado con la infracción a la garantía constitucional del debido proceso, pues en su generación no ha sido legalmente tramitado, ya que, no se ha dado cumplimiento a las normas de fundamentación que debe necesariamente contener de acuerdo a los artículos 3 y 40 de la Ley 19.880, a la vez que se irrogó facultades privativas de los Tribunales de Justicia. Pues bien, a pesar de que se señalan argumentos, en la especie se hace referencia a “antecedentes aportados”, pero no se especifica a cuál o cuáles documentos se refiere.

De igual manera, se prescinde totalmente de un análisis fundado de dicha documentación, de manera que esta parte pueda conocer el razonamiento llevado a cabo para resolver en el tenor que se ha hecho. En otras palabras, se omite qué documentos son, como le permiten al organismo arribar a tal conclusión y, en definitiva, omite todo fundamento que pueda hacer comprender a la recurrente el motivo del rechazo. De esta suerte, la calificación de “injustificado” aparece como totalmente propia de la SUSESO, sin que dicho organismo se haga cargo de explicarla y fundarla. 4.- COMPIN Y Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) han rechazado licencias médicas presentadas sin presentar en su acto fundamento que permita entender dichas decisiones como fundadas. Tal como lo ha indicado la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N°12.053-2019,” el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional. En lo pertinente, dicho precepto señala que: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Señala dicha sentencia también que, “el artículo 21 del mismo texto reglamentario previene que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; Página 8 de 9 e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.” Continua más tarde indicando que “…la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, más allá de la mera referencia a un “reposo injustificado” y al carácter crónico de la patología, sin hacer mención de otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado. Estas omisiones la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprender y entender la razón por la cual la compareciente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados.” Para luego concluir que “…. la conducta del organismo no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente.” Lo anterior me lleva a entender que el acto es ilegal, ya que no se ha apegado a las normas descritas en la sentencia citada y es arbitrario por carecer de fundamento que permite entender lo resuelto, entendiendo que el rechazo de la licencia médica es injusto, y que mi derecho a la Seguridad Social consagrado en el Articulo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República de Chile se encuentra vulnerado.

Solicita se sirva tener por interpuesto el presente recurso en favor del recurrente, nombre reservado ya individualizada, en contra de la recurrida, SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, o quien haga las veces de tal, admitirlo a tramitación, declararlo admisible y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos y garantías transgredidos, todo ello quebrantado por las conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, declarando que se adopten las resoluciones que juzgue adecuadas, y especialmente, que se tenga por aprobadas las licencias médicas N°106156480-9, 107375514-6, 108833340-K y N°110267344-8, se ordene los pagos de ellas, sin perjuicio de las demás medidas de protección que S.S.I., estime pertinente, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución exenta N°R-01-UME-198635-2024, de fecha 28 de mayo de 2025, 2.- Apelación por rechazo de licencias médicas.

3.- Informe psiquiátrico, Dr. nombre reservado, Centro Clínico y Pericial.

4.- Informes médico neurológico, Dr. nombre reservado.

5.- Informe médico, historia y evolución, Dr. nombre reservado.

A folio 17 informa ANDREA CISTERNAS TIEMANN, Abogada, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

EN PRIMER LUGAR, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA. Lo anterior, de acuerdo con la siguiente relación de los hechos: 2 ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DEL SR. nombre reservado. 1.- Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que el Sr. nombre reservado, por presentación de fecha 24 de marzo de 2025, reclamó ante este servicio por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 106156480-9, 107375514-6, 108833340-K, 110267344- 8, extendidas por un total de 120 días a contar del 18 de agosto de 2024, por reposo no justificado. Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-72236-2025, 28 DE MAYO DE 2025, esta Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 106156480-9, 107375514-6, 108833340-K, 110267344-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 1037 días por las mismas patologías y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que las afecciones que el afiliado presenta, son de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le producen algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral de el paciente”. Agrega la referida Res. Ex., en su parte resolutiva, que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 106156480-9, 107375514-6, 108833340- K, 110267344-8, de acuerdo a lo anteriormente expuesto. Se deja constancia que, en contra de la presente resolución, se podrá interponer con nuevos antecedentes un recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha de notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 25, de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos. Dicho recurso debe interponerse a través de la Página Web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)”. Dicho dictamen fue notificado con igual fecha al Sr. nombre reservado remitiendo copia del mismo al correo electrónico a correo reservado, proporcionado por el mismo recurrente con dicha finalidad, quien acepto estar de acuerdo con recibir notificación vía correo electrónico al momento del ingreso del reclamo, según consta en los antecedentes adjuntan al proceso (última hoja). 3 2.- Ahora bien, el recurrente solo ejerció esta acción constitucional con FECHA 28 DE JUNIO DE 2025, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, pues existe la certeza que el Sr. nombre reservado tomó conocimiento del acto impugnado el 28 de Mayo de 2025. Por tanto, la Resolución que se impugna como consta en el expediente administrativo que se acompaña, fue notificada a la casilla electrónica correo reservado, de acuerdo a la forma de notificar que fue designada por el recurrente en la etapa administrativa, con fecha 28 de Mayo del año 2025, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, habiéndose interpuesto el recurso de fecha 28 de Junio de 2025, se debe concluir que la acción fue interpuesta fuera del término legal, por tanto el presente recurso fue presentado fuera de plazo. 3.- Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una ÚLTIMA INSTANCIA DE RECLAMACIÓN para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica. 4.- Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer, sin perjuicio, de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. 4 5.- En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, el rechazo de estas licencias médicas fue dispuesto por la referida Superintendencia más de 30 DÍAS atrás y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 28 de Junio de 2025 en contra de mi representada, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula. En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Solicita se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente informe, de SS., solicito se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud 7 y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar. En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”. Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental. 8 Solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS. Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección. 1.- El derecho a Licencia Médica. Marco legal regulador. En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria. Para el caso de las dolencias que causan INCAPACIDADES LABORALES PERMANENTES, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Cabe agregar que conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal 9 haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica. Respecto de INCAPACIDADES LABORALES TEMPORALES, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal. En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo. El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. 10 La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez – Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”. Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. 2.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia. Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En efecto, como SS. ILTMA., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: 11 “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a ASEGURAR EL OTORGAMIENTO, USO CORRECTO DE LA LICENCIA MÉDICA Y UNA ADECUADA PROTECCIÓN DEL COTIZANTE Y BENEFICIARIO DE UNA INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE) Y DEL FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA). 3.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad. Cabe hacer presente a SS. ILTMA. que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud. En tal sentido, las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando 12 como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA). En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”. Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas. De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución. En caso de que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso de que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 13 Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Además, LA INTERPOSICIÓN DEL PRESENTE RECURSO DESBORDA CLARAMENTE LOS LÍMITES DE APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN, LA QUE FUE CREADA POR EL CONSTITUYENTE COMO UNA HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS INDUBITADOS, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. Debemos entender que un derecho tiene el carácter de INDUBITADO, cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es necesario recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un Derecho Reclamado por una parte es discutido por la otra parte, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho CARECE DE LA ENTIDAD EXIGIDA POR NUESTRA CARTA FUNDAMENTAL PARA SU PROTECCIÓN POR LA PRESENTE VÍA DE ACCIÓN. Pues bien, en el caso de marras, está presente UN CONFLICTO O CONTROVERSIA respecto de la legalidad de una resolución que se pronuncia sobre un tema de una ciencia determinada, cual es la medicina con especialidad en Psiquiatría, en que intervienen diversos profesionales quienes emiten una evaluación con arreglo a sus conocimientos, por lo que, existiendo controversia respecto de esas conclusiones, aquello escapa ampliamente del objeto de una acción cautelar de esta naturaleza.

POR TANTO, EN EL CASO DEL SR. nombre reservado, claramente NO ES TITULAR DEL “DERECHO A LICENCIA MÉDICA Y DEL CONSECUENTE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL”, por cuanto NO SE HA CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES PARA QUE ÉSTE NAZCA A LA VIDA DEL DERECHO Y PRODUZCA SUS EFECTOS, DE TAL FORMA QUE NO REÚNE LA CONDICIÓN DE UN DERECHO PREEXISTENTE, INDUBITADO, CUYO EJERCICIO RESULTE LEGÍTIMO, por el contrario, tras las SUCESIVAS REVISIONES Y ESTUDIO DE LA COMPIN Y ESTA SUPERINTENDENCIA SE LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN QUE NO ERA PROCEDENTE AUTORIZAR LAS LICENCIAS MÉDICAS QUE SE LE EXTENDIERON AL RECURRENTE, POR LAS RAZONES LATAMENTE EXPUESTAS. 14 Con la finalidad de resolver la antedicha presentación, se recabaron los antecedentes médicos del caso de la COMPIN respectiva, a saber, el registro histórico de licencias médicas (FONASA) y la CARTOLA MEDICA del Servicio de Salud. A mayor abundamiento, cabe indicar que esta Superintendencia, a través de diferentes profesionales médicos de este Servicio, estudió los antecedentes del caso del Sr. nombre reservado, según lo siguiente: 1.- Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que el Sr. nombre reservado, por presentación de fecha 24 de marzo de 2025, reclamó ante este servicio por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 106156480-9, 107375514-6, 108833340-K, 110267344- 8, extendidas por un total de 120 días a contar del 18 de agosto de 2024, por reposo no justificado. En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de los especialistas de este servicio, y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas señaladas precedente no se encontraba justificado, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-72236-2025, 28 DE MAYO DE 2025, esta Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 106156480-9, 107375514-6, 108833340-K, 110267344-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 1037 días por las mismas patologías y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que las afecciones que el afiliado presenta, son de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le producen algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral de el paciente”. Agrega la referida Res. Ex., en su parte resolutiva, que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 106156480-9, 107375514-6, 108833340- K, 110267344-8, de acuerdo a lo anteriormente expuesto. Se deja constancia que, en contra de la presente resolución, se podrá interponer con nuevos antecedentes un recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha de notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 25, de la Ley N°19.880 15 sobre procedimientos administrativos. Dicho recurso debe interponerse a través de la Página Web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)”. Ahora Bien, el Sr. nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer Recurso de Reposición ante esta Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió. Por su parte, la profesional de esta Superintendencia, doña nombre reservado consistente con lo señalado, informa en Ficha Médica de fecha 27 de mayo de 2025, lo siguiente: Sección B (Datos de las Licencias Reclamadas) Inicio de la licencia más antigua: 18-08-2024 Cantidad total de días reclamados: 120 Días autorizados por la(s) patología(s): 1037 Modalidad de emisión de las licencias reclamadas: (X) Particular/Libre Elección ( ) Institucional ( ) Ambas Licencias: Datos Licencia 1 Folio Licencia: 108833340-K Diagnóstico: F32.2 - Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos Nombre del médico: nombre reservado: Medico Cirujano, Neurologia Adulto Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 2 Folio Licencia: 107375514-6 Diagnóstico: F32.2 - Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos Nombre del médico: nombre reservado: Medico Cirujano, Neurologia Adulto Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 3 Folio Licencia: 106156480-9 Diagnóstico: F32.2 - Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos Nombre del médico: nombre reservado: Medico Cirujano, Neurologia Adulto Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 4 Folio Licencia: 110267344-8 Diagnóstico: M79.7 - Reumatismo no articular Nombre del médico: nombre reservado: Medico Cirujano, Neurologia Adulto Alto emisor: ( ) SI (X) NO Sección C (Antecedentes Médicos) 16 IMC con fecha: (X) SI ( ) NO DETALLE: IMC POR NEURÓLOGO NO AE CON FECHA 15-03-2025, DG DE DEPRESIÓN SEVERA, FIBROMIALGIA, DESCRIBE SÍNTOMAS, COMPROMISO DE LA FUNCIONALIDAD POR DOLOR Y CONTEXTO. SEÑALA QUE, ESTÁ EN TRAMITES DE JUBILACIÓN. IMC POR PSIQUIATRA CON FECHA SEPTIEMBRE 2023, DG DEPRESIÓN MAYOR, DESCRIBE CUADRO CON COMPROMISO FUNCIONAL Y CONTEXTO. INFORME BIOMÉDICO FUNCIONAL, INFORME INCOMPLETO, FALTA RESULTADO. Peritaje con fecha: ( ) SI (X ) NO Detalle: Exámenes con fecha: ( ) SI (X ) NO Detalle: TPI: ( ) SI (X ) NO Detalle: Lista de espera quirúrgica: ( ) SI (X ) NO ( ) N/A Detalle: Acredita Atención GES: ( ) SI (X ) NO ( ) N/A Detalle: Otros Antecedentes Médicos: ( ) SI (X ) NO Detalle: Otros Antecedentes Relevantes: (X) SI ( ) NO DETALLE: DECLARACIÓN FUNDADA RECLAMANTE, SEÑALA QUE MANTIENE ATENCIONES CON NEURÓLOGO DESDE JUNIO 2022 CON DG DE FIBROMIALGIA Y EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SÍNTOMAS PSICÓTICOS, SE DESEMPEÑA COMO CARTERO, DESCRIBE COMPROMISO DE LA FUNCIONALIDAD FÍSICA, DEBE SER ASISTIDO PARA BAÑARSE, MANTIENE ATENCIONES EN CESFAM. OTROS ANT MÉDICOS ESPONDILOARTROSIA CERVICAL, DISCOPATÍAS MULTISEGMENTARIAS, DUELO PATOLÓGICO, CÁNCER A LA PRÓSTATA OPERADO AÑO 2020 Y DIAGNOSTICADO NUEVAMENTE, ROTURA MENISCAL RODILLA DERECHA (QX 2021), HIPOTIROIDISMO, DISLIPIDEMIA E INCONTINENCIA URINARIA. Sección D (Fundamentos de la resolución) FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: R-62650-2025 CARTERO 60 AÑOS. RECLAMA 4 LM POR UN TOTAL DE 120 DÍAS. CON PERIODO EXTENSO AUTORIZADO 1037 DÍAS POR DISTINTAS PATOLOGÍAS. IMC POR NEURÓLOGO NO AE CON FECHA 15-03- 2025, DG DE DEPRESIÓN SEVERA, FIBROMIALGIA, DESCRIBE SÍNTOMAS, COMPROMISO DE LA FUNCIONALIDAD POR DOLOR Y CONTEXTO. SEÑALA QUE, ESTÁ EN TRAMITES DE JUBILACIÓN. TTO CON ESCITALOPRAM 20MG, CLONAZEPAM 1MG EN LA NOCHE, DULOXETINA90MG, ESZOPICLONA 3MG, PREGABALINA 75MG 1-0-2, METAMIZOL 600MG CADA 6 HORAS, ESOMEPRA40MG. ASISTE A CÁMARA HIPERBÁRICA. IMC POR PSIQUIATRA CON FECHA SEPTIEMBRE 2023, DG DEPRESIÓN MAYOR, DESCRIBE CUADRO CON COMPROMISO FUNCIONAL Y CONTEXTO. INFORME BIOMÉDICO FUNCIONAL, INFORME INCOMPLETO, FALTA RESULTADO. DECLARACIÓN FUNDADA DEL RECLAMANTE, SEÑALA QUE MANTIENE ATENCIONES CON NEURÓLOGO DESDE JUNIO 2022 CON DG DE FIBROMIALGIA Y EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SÍNTOMAS PSICÓTICOS, SE DESEMPEÑA COMO CARTERO, DESCRIBE 17 COMPROMISO DE LA FUNCIONALIDAD FÍSICA, DEBE SER ASISTIDO PARA BAÑARSE, NO PUEDE ANDAR EN BICICLETA (LO HACÍA PARA TRABAJAR), MANTIENE ATENCIONES EN CESFAM. OTROS ANT MÉDICOS ESPONDILOARTROSIS CERVICAL, DISCOPATÍAS MULTISEGMENTARIAS, DUELO PATOLÓGICO, CÁNCER A LA PRÓSTATA OPERADO AÑO 2020, ROTURA MENISCAL RODILLA DERECHA (QX 2021), HIPOTIROIDISMO, DISLIPIDEMIA E INCONTINENCIA URINARIA 2° A QX DE PRÓSTATA. EN MI OPINIÓN PROFESIONAL, LA PARTE RECLAMANTE CON SU DECLARACIÓN FUNDADA Y LOS ANTECEDENTES APORTADOS, LOGRA EXPONER COMPROMISO DE LA FUNCIONALIDAD FÍSICO, QUE IMPRESIONA NO RECUPERABLE, LO QUE REPERCUTE EN SU SALUD MENTAL. SIN EMBARGO, TRATAMIENTO IMPRESIONA INSUFICIENTE Y SIN CLARO ROL TERAPÉUTICO. COMO INDICÓ MÉDICO TRATANTE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE JUBILACIÓN, LA QUE DEBE SER POR EDAD, YA QUE CUMPLIÓ LOS 60. POR LO ANTERIOR, SUGIERO NO ACOGER. Es del caso agregar que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las PATOLOGÍAS MENTALES, establece en su artículo 4 número II, en relación con el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos: “-Siempre es otorgado por médico psiquiatra cualquier diagnóstico o de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal. - Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. - Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquiatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días, cuando existen circunstancias especiales que impiden un acceso a psiquiatra más frecuente). - Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: Tratamiento farmacológico, Psicoterapia e Intervenciones Psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual), teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud, en su sitio”. 18 Es posible observar que el Sr. nombre reservado, antes de las licencias médicas rechazadas, ya había cumplido reposo por más de 300 DÍAS AUTORIZADOS (1037 DÍAS AUTORIZADOS EN TOTAL), por patología psiquiátrica, NO CUENTA CON DERIVACIÓN A ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA, NI CON INFORME DE REFRACTARIEDAD O RESISTENCIA A TRATAMIENTO, NI CON TRATAMIENTO FARMACOLOGICO ADECUADO A PATOLOGIA POR LA EXTENSION DE REPOSO, TAMPOCO ACREDITA ASISTENCIA REGULAR A TERAPIA PSICOLÓGICA E INTERVENCIONES PSICOSOCIALES DURANTE TODA LA EXTENSIÓN DE SU REPOSO. Se debe señalar US. Ilustrísima S.S., que el facultativo tratante del Sr. nombre reservado - don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, quien ha emitido las licencias médicas reclamadas, NO POSEE LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA, que corresponde al diagnóstico consignado en ellas, según consta en el certificado emitido por la Superintendencia de Salud que se acompaña a esta presentación. En consecuencia, el Sr. nombre reservado, YA ACUMULÓ 60 DÍAS DE LICENCIAS MÉDICAS OTORGADA POR MÉDICO GENERALES, ALCANZANDO EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 7, DE 2013. RESULTA, POR TANTO, JURÍDICAMENTE IMPROCEDENTE AUTORIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTE TIPO DE LICENCIAS, AL NO HABER SIDO EXTENDIDAS POR UN ESPECIALISTA COMPETENTE EN LA PATOLOGÍA DE BASE, VULNERÁNDOSE CON ELLO LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS CRITERIOS QUE REGULAN LA MATERIA. Lo señalado en el párrafo precedente, se encuentra acorde a un reciente fallo de un caso similar al de autos, de la Excma. Corte Suprema, Rol 2359-2025, del 28 de mayo de 2025, que revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, que previamente había acogido el recurso de protección interpuesto por la Sra. nombre reservado, toda vez que estimó que (lo subrayado en negrita es nuestro): “Tercero: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, se tendrá únicamente presente que la recurrida actuó conforme a la normativa vigente y en la esfera de sus competencias, resolviendo a través de un acto administrativo fundado, y sustentando su decisión en los antecedentes médicos que se tuvieron a la vista, los que se consideraron insuficientes para justificar la extensión del reposo. Así, debe considerarse, además, que la decisión no resulta arbitraria, por resultar razonable, considerando la extensión del reposo y que las licencias médicas no fueron emitidas por un profesional especialista. Cuarto: Que, en consecuencia, no existiendo actos ilegales o arbitrarios que vulneren las garantías de la recurrente, procede el rechazo de la acción deducida”. 19 Por tanto, s.s. se aprecia efectivamente que las licencias médicas presentadas por el recurrente NO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS MENCIONADOS PRECEDENTEMENTE, toda vez que resulta los hechos indubitados, el período por el que se han extendido, las licencias médicas no han sido expeditas por médico psiquiátrico y no acredita asistencia regular a terapia psicológica e intervenciones psicosociales durante toda la extensión de su reposo. Asimismo, se puede observar que el recurrente NO HA PRESENTADO las correspondientes derivaciones para ACOGERSE A BENEFICIO DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES) POR SALUD MENTAL, por lo cual no estaría generando medidas destinadas a la recuperación de su salud en torno a un mejor manejo de la patología, según lo dispuesto por artículo N°21 del decreto N°3, de 1984 y artículo N°4 del Decreto N°7 de 2013. Con ello, analizados los antecedentes disponibles del reclamo, en ese momento, los profesionales médicos de esta Superintendencia NO LOGRARON FORMARSE CONVICCIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA JUSTIFICACIÓN DEL REPOSO PRESCRITO EN LAS LICENCIAS MÉDICAS RECLAMADAS, CONSIDERANDO LA INTENSIDAD DE LOS SÍNTOMAS Y EL TRATAMIENTO INDICADO PARA EL CUADRO DESCRITO EN LOS INFORMES MÉDICOS PRESENTADOS, NO CUENTA CON EVALUACION DE PSIQUIATRA, NI ASISTENCIA REGULAR A TERAPIA PSICOLÓGICA O DERIVACIÓN A PROGRAMA DE SALUD MENTAL PARA MANEJO POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO COMO TAMPOCO COMPROMISO FUNCIONAL DE LOS SÍNTOMAS, EVOLUCIÓN O AJUSTES EN EL TRATAMIENTO, NO SE LOGRA VISLUMBRAR COHERENCIA ENTRE EL GRADO DE COMPROMISO FUNCIONAL Y SINTOMATOLOGÍA DESCRITA, ADEMÁS, CON IRREGULAR ADHERENCIA A TRATAMIENTO, COMO ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEMOSTRAR LA NECESIDAD DEL REPOSO, POR LO TANTO NO PERMITE DESPRENDER ROL TERAPÉUTICO DEL REPOSO OTORGADO. En consecuencia, con los documentos acompañados al reclamo se acredita que las decisiones objetadas se ajustan al Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales, Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán respaldar la Emisión de Licencias Médicas, según el tipo de patología y duración de reposo laboral, motivo por el cual procede descartar la arbitrariedad en las conductas cuestionadas lo que permite concluir, asimismo, que mi representada, en cuanto organismo técnico en la materia, actuaron en el marco de sus atribuciones legales y con estricto apego a los criterios médicos de orden general, previamente definidos. 20 Por lo anterior, se aprecia que los dictámenes impugnados por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas Resolución Ex., en orden a rechazar la licencia indicada. En este sentido, debe apuntarse que la licencia médica da cuenta de un impedimento amparado por la ley, en virtud del cual el trabajador se encuentra excusado de trabajar mientras dure el reposo, terminado el cual debe reintegrarse a sus labores. Sin embargo, en el caso de autos esta Superintendencia, autoridad técnica en la materia, de conformidad a lo que disponen los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984 del Ministerio de Salud y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7 de 2013, determinó que las licencias reclamadas, sobre la base de los antecedentes tenidos a la vista, junto a los informes de su médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal por falta de elementos que las justifiquen. Cabe indicar que mi representada realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista ya citados, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por la licencia médica objeto del recurso era injustificado. Se debe tener presente que la Resolución expone con claridad los fundamentos que se tuvieron en vista para resolver por mi representada, ratificándose el rechazo previo de la licencia médica, y, desde una perspectiva de racionalidad, resulta inteligible y cumple con los parámetros de fundabilidad y de estándar de motivación de la decisión impugnada exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, todos de la Ley Nº19.880, se encuentra debidamente cumplido y satisfecho por el acto terminal contra el cual se recurre, en el que se consignan los motivos por los cuales se rechaza la solicitud de reconsideración hecha por el recurrente. Debe señalarse que S.S. no puede calificar el mérito o pertinencia de las decisiones desde el punto de vista médico, como tampoco los fundamentos dados en tal sentido por 21 mi representada, debiendo controlar únicamente que tales decisiones se hayan emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezcan como carentes de racionalidad. Por tanto, US. Ilustrísima respecto de una posible ilegalidad debe descartarse pues los actos que se impugnan fueron dictados de acuerdo al marco normativo antes reseñado respecto a la patología, es decir, sustentadas en las directivas que entrega el Ministerio de Salud y por esta autoridad competente en uso de sus atribuciones otorgadas por la ley, y , en cuanto a una posible arbitrariedad, esta no ha existido pues las resoluciones que se impugnan se encuentran suficientemente fundada, con la debida racionalidad que permite conocer y comprender de manera cabal el contenido y la motivación del acto reclamado, ya mi representada contó con antecedentes para arribar a las decisiones que se reclaman, entre otros CARTOLA MÉDICA, HISTORICO DE LICENCIAS MÉDICAS E INFORMES MÉDICOS, los cuales fueron evaluados por este organismo recurrido, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por el recurrente, sea arbitrario por carecer de motivación, YA QUE SE TRATÓ DE UNA DECISIÓN FUNDADA EN MOTIVOS TÉCNICOS, PROPIOS DEL ÁREA DE MEDICINA CON PLENO APEGO A LA NORMATIVA QUE REGULA EL DERECHO DENOMINADO LICENCIA MÉDICA, EN UNA DECISIÓN APOYADA EN LA REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES POR LOS PROFESIONALES MÉDICOS DE LA COMPIN Y A MAYOR ABUNDAMIENTO, POR LOS PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MI REPRESENTADA. Asimismo, lo decidido por mi representada guarda correspondencia con el CONCEPTO DE TEMPORALIDAD que de las licencias médicas entrega el artículo 1° del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en cuanto “entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante; el o los profesionales; según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante COMPIN, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante SEREMI, que corresponda, o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”. 22 De acuerdo con lo expuesto, la actividad realizada por la Superintendencia, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras y ha decidido el rechazo de las licencias médicas del recurrente por la COMPIN, pues confirmó dicha decisión y luego resolvió las solicitudes que guardaban relación con lo mismo, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, CON ARREGLO AL CARÁCTER TÉCNICO QUE OSTENTA Y LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN CON QUE CUENTA, DEJANDO CONSTANCIA DE LOS FUNDAMENTOS TENIDOS EN VISTA PARA DECIDIR COMO LO HIZO. Lo señalado en el párrafo precedente, se encuentra acorde a un reciente fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol 469-2025, del 06 de marzo de 2025, que confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que previamente había rechazo el recurso de protección interpuesto por el Sr. nombre reservado, toda vez que estimó que: “Noveno: Que, dicho lo anterior, cabe señalar en cuanto a la actuación que le cupo a la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, ha de indicarse que la citada Ley 20.585 ha entregado a este órgano de la Administración del Estado el cumplimiento de ciertas funciones con el objetivo de asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario sea de una Institución de Salud Previsional o del Fondo Nacional de Salud. En este contexto y en lo que atañe al caso sobre que versa el recurso, la valoración de los antecedentes acompañados por esta recurrida permiten descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, pues demuestran que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de la autoridad que intervino en la misma, quien, por el contrario, emitió su parecer de orden técnico con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los profesionales médicos de la COMPIN y, a mayor abundamiento, por los profesionales médicos especializados de la Superintendencia de Seguridad Social. Décimo: Que en razón de lo expuesto en los motivos anteriores y por no configurarse en la especie el supuesto básico que justifica brindar protección constitucional, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, el recurso de protección deducido debe ser necesariamente declarado sin lugar;”. 23 4.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica, garantizado a todas las personas en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de la reclamación que presentó impugnando la resolución de la referida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó la licencia médica en comento. En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en relación a que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, cabe indicar a US. ILTMA., que la resolución recurrida fue dictada por mi representada en su calidad de Organismo Técnico de Control, en base a sus atribuciones otorgadas por su Ley Orgánica (16.395), dentro de las facultades legales y reglamentarias que posee en este ámbito. En efecto, la aludida resolución impugnada cuenta con la fundamentación suficiente en que se basa indicando las normas jurídicas en 24 que se apoya, indicando explícitamente la razón para justificar la decisión que se adopta y en que antecedentes se apoya para arribar a la misma. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado. 2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, una rechazada sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de 25 rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable. En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente: “…Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber “una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad”, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello. Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso. Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario”. Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad 26 técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control. Finalmente, y de acuerdo a lo señalado precedentemente y a los antecedentes aparejados al proceso, EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO Y LA DECISIÓN PRONUNCIADA, HAN SIDO EMITIDAS EN LA OPORTUNIDAD Y CON LA JUSTIFICACIÓN PERTINENTE, por mi representada, autoridad llamada por la ley para hacerlo, SIN QUE LE COMPETA A LA JURISDICCIÓN, EN TAL CASO, REVISAR SUS FUNDAMENTOS TÉCNICOS, EN SEDE EXTRAORDINARIA, MERAMENTE CAUTELAR Y CON EL CARÁCTER SUMARISIMO, RAZONES SUFICIENTES PARA CONCLUIR LA INEXISTENCIA DEL COMPORTAMIENTO ANTIJURÍDICO INVOCADO PARA DAR FUNDAMENTO AL RECURSO, LO QUE CONDUCIRÍA NECESARIAMENTE A DESESTIMAR LA ACCIÓN INTERPUESTA POR EL RECURRENTE. Solicita en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: Copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso del Sr. nombre reservado.

A folio 23, se prescinde del informe del recurrido.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE EXTEMPORANEIDAD.

Primero: Que, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alegó la extemporaneidad, del recurso de protección, toda vez que fue presentada fuera del plazo de 30 día que señala el auto acordado de la Excma. Corte Suprema. Que la resolución recurrida, fue dictada con fecha 28 de mayo de 2025 y el presente recurso de protección fue interpuesto con fecha 28 de junio de 2025.

Tal alegación será rechazada toda vez que el acto recurrido, esto es la resolución exenta R -01-UME-72236-2025 de fecha 28 de mayo de 2025, tiene efectos permanentes.

EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN:

Segundo: Que, la recurrida afirma que las materias objeto del recurso incoado pertenecen al campo de la seguridad social y que, por ende, se encuentran excluidas del ámbito de la acción de protección.

Que, en este punto, cabe recordar que lo pretendido por la actora es el pago del subsidio por incapacidad laboral que indica, el cual ha sido negado por la recurrida y respecto del cual se afirma que lo fue de manera ilegal y arbitraria. Así las cosas, la recurrente ha imputado a la Superintendencia de Seguridad Social la realización de un acto ilegal y arbitrario que afectaría su derecho de propiedad, materia que, por imperativo del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, es precisamente objeto de la presente acción constitucional.

De esta manera, esta alegación queda rechazada.

EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO PLANTEADO A ESTA CORTE:

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, por la presente acción constitucional, se pretende que esta Corte determine que la conducta de las recurridas constituye un acto ilegal y arbitrario, debiendo por tanto ser dejadas sin efecto las resoluciones que rechazaron sus licencias médicas y ordenar que la recurrida disponga el pago del subsidio correspondiente.

Quinto: Que, para una adecuada decisión del asunto, corresponde dejar asentadas las siguientes circunstancias, que emanan de los antecedentes reunidos en la carpeta electrónica, a saber:

a.- Con fecha 24 de marzo de 2025, recurrente reclama ante la SUSESO, por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 106156480-9, 107375514-6, 108833340-K, 110267344-8, extendidas por un total de 120 días a contar del 18 de agosto de 2024, por reposo no justificado.

b.- Con fecha 28 de mayo de 2025, se dicta RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-72236-2025, 28 DE MAYO DE 2025, que dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 106156480-9, 107375514-6, 108833340-K, 110267344-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 1037 días por las mismas patologías y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que las afecciones que el afiliado presenta, son de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le producen algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral de el paciente”.

c.- Que el recurrente actualmente sufre un cuadro depresivo mayor, según informes médicos acompañados a su recurso.

d.- Recurrente tiene autorizadas 1037 días de licencias médicas previas.

Sexto: Que, efectuadas estas precisiones fácticas, cabe desechar, en primer término, la acusada ilegalidad en el actuar de la recurrida, por cuanto el pronunciamiento sobre el rechazo de las licencias médicas efectuado por la Superintendencia de Seguridad Social tiene fundamento legal en los artículos 2° letra c), 3 y 27 de la Ley 16.395, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, y en los artículos 16, 25, 43, 44 y 45 del D.S. N°3 de 1984, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional.

Séptimo: Que, distinta es la situación respecto a la arbitrariedad, donde se debe tener presente que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud, del año 1984, señala que “…en caso de rechazo de una licencia (…) la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”.

Asimismo, el artículo 21 prescribe: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior, la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 19.880, ya referida, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por el los artículos 40 inciso final y 41 inciso 4º de la misma ley, las que disponen que una decisión de este tipo debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

Octavo: Que, revisada la resolución recurrida, aparece desprovista de la fundamentación que la ley le exige, utilizando fórmulas genéricas que pretenden desvirtuar el diagnóstico de los médicos que prescribieron los reposos cuestionados, sin que existan antecedentes para ello.

En el caso que se examina, se trata de un paciente que tiene autorizadas 1037 días de licencias médicas previas, que tiene 60 años de edad, que fue operado de cáncer de próstata.

Noveno: Que, de esta manera, tanto el actuar de la SUSESO al dictar la resolución contra la que se recurre por esta vía, como la decisión de la COMPIN ARAUCANÍA, que rechazó autorizar la licencia médica de la recurrente, son actuaciones ilegales al no dar cumplimiento a las normas antes señaladas, resultan arbitrarias, toda vez que no recurrieron a las facultades que el artículo 21 les entrega para el mejor acierto de los casos sometidos a su decisión.

Que, sin embargo, las falencias del acto cuestionado pueden ser subsanadas por dichos organismos, restableciendo el imperio del derecho, mediante la invalidación de la actuación defectuosa y la renovación del ejercicio de la potestad legal respectiva, pero ahora de un modo suficientemente fundado en un peritaje médico que permita establecer de una manera fehaciente si la patología que da origen a las licencias médicas reclamadas es de carácter crónico e irrecuperable con el reposo médico.

Décimo: Que, en las precisas condiciones antes anotadas, la arbitrariedad en que incurre la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República que le asiste al recurrente, desde que la negativa a acoger las reclamaciones respecto a las licencias médicas cuestionadas por el actor lo ha privado del correspondiente subsidio por incapacidad laboral.

Undécimo: Que, en estas condiciones, el arbitrio deducido debe ser acogido, ordenando el pago del subsidio relacionado con las licencias médicas materia del presente recurso y la renovación del ejercicio de la potestad legal respectiva, pero ahora de un modo suficientemente fundado en un peritaje médico que permita establecer de una manera fehaciente si la patología que da origen a las licencias médicas reclamadas es de carácter crónico e irrecuperable con el reposo médico.

Duodécimo: Que, atendida las condiciones de salud del recurrente se ordenará oficiar a COMPIN, para que informe sobre el proceso de invalidez que actualmente tramita el recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción de protección;

II.- Que, se rechaza la alegación de extemporaneidad de la acción de protección.

III.- Que, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto, disponiendo:

a.- La recurrida deberá disponer lo necesario para que el subsidio correspondiente a las 4 licencias médicas, N°s. 106156480-9, 107375514-6, 108833340-K y N°110267344-8, materia de esta acción, sea pagado dentro de un plazo máximo de 15 días.

b.- Se ordena que la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de diez hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, disponga la práctica de los exámenes médicos presenciales que sean necesarios para establecer el real estado de salud del recurrente; e informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo previamente dispuesto.

c.- Se ordenará oficiar a COMPIN, para que informe sobre el proceso de invalidez que actualmente tramita el recurrente.

Acordada con el voto contra del Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala, quien fue de parecer de acoger el presente recurso de protección, solo en la parte que ordena la realización de peritajes médicos al recurrente.

Redacción del abogado integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2649-2025. (cwm)