nombre reservado CONTRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN

Foja: 32 Treinta y Dos C.A. de Temuco Temuco, uno de octubre de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 10, comparece nombre reservado, Abogado, en representación de doña nombre reservado, docente, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Alcalde de la I. Municipalidad de Traiguén, conforme a los siguientes antecedentes:

En cuanto a los hechos, señala que a través del Decreto Alcaldicio exento N° 404 del 14 de julio de 2014, notificado a su parte el día 21 del mismo mes, se dejó sin efecto el Decreto N° 001 del 02 de enero de 2014, que había aplicado a su parte la medida disciplinaria de término de relación laboral como Directora de la Escuela Especial “Las Lilas”, declarando vacante su cargo, e igualmente deja sin efecto el Decreto Alcaldicio exento N° 1886 del 09 de diciembre de 2013, que aplicó la medida disciplinaria mencionada y otorga plazo para reponer.

Luego a través de resolución N° 1160 del 19 de julio de 2013, el Alcalde ordenó instruir sumario administrativo en contra de la Sra. nombre reservado para determinar su eventual responsabilidad como Directora de la referida escuela, en el ejercicio de sus funciones, al solicitar, administrar y adquirir insumos a su cónyuge con recursos asignados al Centro de Padres y Apoderados de dicha Escuela. Luego cita las resoluciones dictadas en el proceso administrativo, en especial la resolución N° 1866 del 9 de diciembre de 2013, que aplicó la medida disciplinaria y otorgó plazo para reponer, luego el decreto alcaldicio N° 001 del 02 de enero de 2014, que rechazó la reposición y aplicó la medida de destitución; el oficio N° 01375 de la Contraloría General, que ordenó la reapertura del sumario para efectos probatorios; posteriormente el decreto que ordenó la reapertura y el Decreto Alcaldicio N° 1397 de fecha 25 de junio de 2014 que sobreseyó a su parte de los cargos del sumario.

Agrega que se reprocha su actuar, que considera ilegítimo al sostener que se ha establecido su responsabilidad administrativa en la falta de probidad que señala.

En cuanto a la resolución recurrida, señala que en sus numerales 5, 9, 10 consideraciones de hecho y que se han acreditado los hechos materia de los cargos y que ellos son constitutivos de falta de probidad administrativa conforme al artículo 62 de la Ley N° 18.575 y, en lo esencial, reconociendo en los considerandos 11, 12 y 13 que la sumariada fue designada en el cargo de directora a contar del 01 de marzo de 2009 y hasta el 28 de febrero de 2014, como asimismo que no tiene aplicación el artículo 145 inciso 4to. De la Ley N° 19.883, porque el artículo 72 de la Ley N° 19070 y el artículo 144 letra b) del Decreto Supremo de Educación N° 453, establecen que los artículos 127 a 143 de la Ley N° 19.883 son improcedentes aplicar un sumario que se siga en contra de su parte, concluyendo aplicar la medida disciplinaria de destitución, no obstante haberse establecido su responsabilidad administrativa, por considerar que no es aplicable a la recurrente la medida por haber expirado su nombramiento el 01 de marzo de 2014.

Señala que la resolución, que termina por sobreseer a su parte de los cargos del sumario y que contiene el acto ilegal y arbitrario.

En cuanto a la ilegalidad señala que la resolución por una parte sobresee a su parte, por no ser aplicables los preceptos que gobiernan a los funcionarios municipales, omitiendo mencionar que dicho término de contrato sólo debe sujetarse a las normas del Código del Trabajo como docente.

Por ende no es dable tener por acreditados los cargos formulados y subsumirlos dentro de la falta de probidad administrativa, por lo que no es procedente legalmente emitir un reproche de la conducta de su parte como funcionaria municipal, afectando sus garantías constitucionales.

La resolución de término debe ser condenatorio o absolutoria y en éste último caso, absolutoria por sobreseimiento, de manera que la resolución no puede ser al mismo tiempo absolutorio y condenatorio a la vez.

Señala como vulnerados su derecho al debido proceso, igualdad ante la ley, el derecho a la honra y la protección al derecho del trabajo que ampara a su parte.

En efecto el artículo 19 N° 2 asegura a su parte la igualdad ante la Ley y el hecho de que ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. A través de las decisiones contenidas en la resolución recurrida y en especial el reproche de una causal, se hace una diferencia arbitraria ante cualquier otra persona, que puesta en la misma situación jurídica de su parte, sólo sería susceptible de sobreseimiento y no de condena.

Alega infracción al debido proceso, y posteriormente señala que se infringe el artículo 19 nº3 inciso 4º de la Constitución, argumentando que se aplica un reproche funcionario por una falta funcionaria improcedente. Ya que su parte no está sujeta al estatuto administrativo.

Finalmente, sobre el artículo 19 N° 16 inciso primero, señala que se afecta la protección que debe dársele sobre el trabajo, ya que con el referido reproche se le impide el acceso a cargos directivos docentes, precisamente porque si bien no se le pone término a su contrato por falta de moralidad o probidad, tiene trascendencia para acceder a futuros cargos de igual naturaleza.

Por todo lo anterior, pide se acoja el recurso, ordenando al recurrido proceda a modificar o corregir el Decreto Alcaldicio Exento N° 404, suprimiendo el considerando que comienza con la frase “no obstante haberse establecido su responsabilidad administrativa” y suprimir íntegramente los considerandos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, y en el numeral 2 antes citado. Con costas de recurso.

A fojas 20, consta informe de la parte recurrida, quien sobre lo respectivo señala que se ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones legales, no siendo el decreto recurrido arbitrario o ilegal; y además, aclara que este no es un decreto exento, sino un decreto alcaldicio sujeto al trámite de registro en Contraloría General de la República.

Agrega que la normativa aplicable a un sumario administrativo en el caso de un docente es por disposición del artículo 72 letra b) de la Ley 19.070 y artículo 144 letra b) del Decreto Supremo de Educación Nº453, y que si son aplicables los artículos 127 a 143 de la Ley 18.883, y lo que no es aplicable es el inciso 4º del artículo 145 de la Ley 18.883, en cuanto a anotar en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine.

Además señala, que en dicho Decreto Nº404, sólo se contienen los razonamientos que llevaron a la autoridad a sobreseer a la recurrente, no obstante haberse acreditado su responsabilidad administrativa en los cargos formulados por el Fiscal. Y se contienen todos los requisitos de fondo y forma, ya que es fundado. Cumpliéndose en consecuencia con el principio de legalidad.

Para que sea ilegal debe haberse transgredido una norma concreta y expresa y debe ser irrazonable, lo que no ocurre en la especie.

Por todo lo anterior, solicita se rechace el recurso, con costas.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar posibles consecuencias dañosas o lesivas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este instrumento jurisdiccional, con el fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los perjudicados.

2°.- Que, en el presente caso se ha denunciado por la recurrente como hecho vulneratorio el consistente en el contenido del el Decreto Alcaldicio Exento N° 404, al contener en el numeral 2º de su parte resolutiva la frase “no obstante haberse establecido su responsabilidad administrativa” como también lo señalado en los considerandos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, del referido decreto, de fecha 14 de julio de 2014, con lo cual se atenta en contra de las garantías constitucionales del debido proceso, de la igualdad ante la ley, del derecho a la honra y la protección al derecho al trabajo.

3°.- Que, en primer término debemos analizar el referido Decreto Alcaldicio Nº 404, por ser el documento que por su contenido, según lo referido por la parte recurrente, generaría la vulneración de las garantía constitucionales que se señalan; y a este respecto, debemos dejar establecido que es un decreto que resuelve un sumario seguido en contra de la recurrente, en virtud de las facultades dadas por la propia norma citada por la parte recurrente, esto es, la letra b) del artículo 72 de la Ley Nº19.070, que establece la posibilidad de seguir un sumario contra un docente para determinar su falta de probidad, el cual, según lo indica la misma norma, se debe estar al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la Ley 18.883; además, de este decreto, se puede apreciar que guarda las formalidades legales correspondientes, indicando los hechos, los razonamiento y la dictación de la respectiva resolución del sumario, no apreciándose por la Corte, un aspecto de ilegalidad.

4º.- Que al analizar cada una de las garantías constitucionales que la parte recurrente señala violentadas, podemos señalar lo siguiente: Respecto a la primera garantía, esto es, la del Nº2 del artículo 19, sobre la igualdad ante la ley y el hecho de que ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias; resulta que del análisis del referido decreto, no se aprecia de qué manera se puede ver afectada esta garantía; por lo cual esta alegación deberá ser rechaza.

5º.- Que en referencia a la garantía del Nº4 del artículo 19, esto es, el respeto a la honra de las personas, resulta que en el referido decreto, se hace referencia a los sumarios seguidos, diligencias realizadas, alegaciones y defensa efectuada por la propia parte recurrente en dichos procesos, y lo resuelto en ellos, todo dentro del marco legal dado por las normas antes citadas, por lo que tampoco se ve como dicho decreto pueda ser un acto que atente o vulnere dicha garantía constitucional; por lo que también esta alegación deberá ser rechazada.

6º.- Que en referencia a la garantía del inciso 4º del Nº3 del artículo 19, esta garantía no está amparada por el Recurso de Protección, puesto que el artículo 20 de la Carta Fundamental, se refiere al inciso 5º del Nº3; pero en todo caso, el sumario sí se podía realizar en razón de lo dispuesto por la referida letra b) del artículo 72 de la Ley Nº19.070.

7º.- Que respecto a la última garantía constitucional reclamada como vulnerada, esto es, la del Nº16 del ya antes mencionado artículo, referente a la libertad de trabajo y su protección; resulta que ésta Corte, tampoco vislumbra el cómo se podría violentar esta garantía, ya que en primer término, este Decreto Alcaldicio no le impide el seguir desenvolviéndose en el mundo laboral, en segundo término, siendo un decreto el cual se dicta al término de un proceso de sumario, y que en definitiva termina por absolverla, resulta que era obligación e parte del Alcalde, como todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado; entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el presento legal aplicable y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto administrativo o decreto; y en este caso concreto al fundar de la manera que se hizo en los referidos considerandos del mismo y lo señalado en el numeral 2º de la parte resolutiva, no se estaba más que cumpliendo con esta exigencia de fundamentar y motivar el referido acto administrativo; por lo cual no se vilenta la referida garantía constitucional.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, el interpuesto a lo principal de fojas 10, por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, en su calidad de Alcalde de la I. Municipalidad de Traiguén.

Acordada en contra del voto del Ministro señor Padilla, quien teniendo presente el mérito de los siguientes fundamentos, estuvo por acoger el recurso.

PRIMERO: Que el Decreto Alcaldicio motivo de la acción de protección tiene por objeto dejar sin efecto una medida disciplinaria aplicada a la recurrente nombre reservado y como consecuencia de ello la sobresee del sumario ordenado por Decreto Alcaldicio Exento N° 1.160, por expiración de su nombramiento, esto es por haber dejado de tener la calidad de funcionaria de la Municipalidad de Traiguén.

A juicio de este disidente, con las señaladas menciones se cumplió en objeto del Decreto.

SEGUNDO: Que la expresión del numeral 2 de lo resolutivo “no obstante haberse establecido su responsabilidad administrativa”, constituye un flagrante acto arbitrario e ilegal, toda vez que importa un prejuzgamiento de una persona que ha sido sobreseída y dejado sin efecto en su favor una medida disciplinaria en su contra.

TERCERO: Que la expresión descrita en el Fundamento anterior afecta a varios principios y garantías constitucionales que protegen la integridad y dignidad de la recurrente, a saber.

a) Presunción de inocencia consagrado en el artículo 4° del Código Procesal Penal, que expresa que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. En el caso de autos se dejó sin efecto la medida disciplinaria y se sobreseyó el sumario. No pudo concluirse que esta acreditada su responsabilidad.

b) Principio de convicción del artículo 340 del Código Procesal Penal, que dispone que nadie puede ser condenado por delito sino cuando el Tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.

c) La recurrente dejó de ser funcionaria por expiración de su nombramiento y esa es la causal del cese de funciones. No puede un acto administrativo invocar otra causal o razón de su término de funciones como es dar por hecho la existencia de su responsabilidad sin contar con una resolución de término firme y ejecutoriada.

d) Al dejar de tener el Alcalde facultades sancionatorias, el hecho de aseverar la responsabilidad de una persona en un acto administrativo, la ha juzgado convirtiéndose en una comisión especial sin tener facultades para ello, infringiendo así las normas de un debido proceso, consagradas en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

e) También se ha afectado el derecho a la honra de la recurrente establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, toda vez que el Decreto, al prejuzgar su actuación, se ha alejado del objeto del Decreto que sólo se limita a dejar sin efecto una medida disciplinaria y dictar un sobreseimiento, realizando un juicio de valor innecesario e impertinentes.

CUARTO: Que el sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. (art. 251 del Código Procesal Penal) En consecuencia, también pone término a la responsabilidad penal o funcionaria, en su caso, de modo que no es posible concebir un sobreseimiento que establezca dicha responsabilidad.

Concluye el autor de la disidencia que con dichos fundamentos, fue de parecer acoger el recurso y ordenar al Alcalde suprimir la expresión impugnada por esta vía y así restablecer el imperio del derecho.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del Ministro Sr. Aner Padilla Buzada.

N°Protección-2627-2014.

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado por la Segunda Sala Presidente Ministro Sr. Luis Troncoso Lagos, Ministro Sr. Aner Padilla Buzada y abogado integrante Sr. Claudio Bravo López.

En Temuco, uno de octubre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.