nombre reservado con DIRECCIÓN DEL TRABAJO CENTRO DE CONCILIACION Y MEDIACION, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Que comparece don GINO MENCARINI SOLERVICENS, abogado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo nombre reservado en favor de don nombre reservado, empresario, cédula de identidad número RUT reservado, de su mismo domicilio, y en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, representada por su jefa doña nombre reservado, abogada, ambos domiciliados en domicilio reservado, por lo actos arbitrarios e ilegales cometido en su contra, materializados en el ordinarios ORD: 351-2018, dictado por dicho departamento, por medio del cual se declara extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa de multa presentada, por cuanto con ello se le han vulnerado sus derechos individuales protegidos por el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Con fecha 12 de marzo del año 2018, a don nombre reservado, le fue notificada la Resolución de multas Administrativas Nº 3178/18/10. Respecto de estas multas, con fecha 24 de abril de 2018, estando dentro del plazo legal, se dedujo el recurso administrativo de reconsideración, previsto en el artículo 511 del Código el Trabajo.

El día viernes 5 de mayo del presente año, a don nombre reservado, le fue notificado el Ordinario ORD: 351-2018, por medio del cual la recurrida resolvió que no se habría dado cumplimiento a los requisitos para conocer de las solicitudes de reconsideración de multa administrativa presentada, por cuanto estas no se habrían interpuesto dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Lo arbitrario e ilegal de lo resuelto por la Dirección del Trabajo de la Región de la Araucanía, es que declaró inadmisible las reconsideraciones administrativas deducidas por considerarlas extemporáneas, en circunstancias que el plazo aún se encontraba vigente.

Que como lo ha resuelto reiteradamente la Corte Suprema en los autos N°s. 809-2014, 8.384-2014, 18.414-2015 y 16.288-2016, entre otros, “el lapso de treinta días fijado por el artículo 512 del Código del Trabajo para interponer la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la entidad recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.”

El artículo 512 del Código del Trabajo no establece una norma especial para el cómputo del plazo para interponer el recurso de reconsideración, por lo que, según lo preceptuado por el artículo 1°, inciso 1° de la ley N° 19880, esta es la normativa que se aplica en forma supletoria en esta materia.

En consecuencia, señala la Corte Suprema, “la disposición aplicable para el referido cómputo es el artículo 25 de la ley antes citada, que establece al efecto lo antes consignado sobre el cómputo, esto es, que son hábiles para este efecto, sólo los días de lunes a viernes, siempre que no sean festivos.”

Es por lo antes señalado que el recurso administrativo se formuló dentro del plazo establecido por el Código del Trabajo.

Los días que establece el Código en esa norma no son corridos, como erróneamente sostiene la Dirección de Trabajo en sus decisiones y formularios.

Este actuar de la recurrida, afecta la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, N° 2º de nuestra Constitución Política.

Conforme a todo lo antes expresado, la manera de restablecer los derechos quebrantados, se traduce en dejar sin efecto la actuación respecto de la cual se recurre, ordenando a la Dirección del Trabajo a pronunciarse respecto de las solicitudes de reconsideración administrativa, en la forma solicitada.

Por todo lo anterior pide, se acoja el presente recurso y adoptar las medidas destinadas a reestablecer los derechos vulnerados que se han indicado, dejando sin efecto el ordinarios ORD: 351-2018, por medio de los cuales se niega darle tramitación a la solicitud de reconsideración de la multa administrativa impuestas, por considerarlas extemporáneas, y en su lugar ordenarle a la recurrida a pronunciarse derechamente en relación a las peticiones ahí formuladas, condenándola además al pago de las costas del presente recurso.

Comparece MARÍA nombre reservado, R.U.N. Nº RUT reservado, abogada, Jefa del Centro de Conciliación y Mediación de la Región de La Araucanía, por la recurrida solicitando desde ya el rechazo del nombre reservado deducido, con expresa condena en costas.

Consta en el expediente de reclamo que se acompaña en un otrosí del presente escrito, que la citación fue notificada a través de funcionario del Servicio según lo ordena el artículo 497 del Código del Trabajo el día 8 de febrero de 2018, oportunidad en que se llevó a cabo la audiencia de conciliación con asistencia de ambas partes, constatándose seis infracciones a la normativa laboral, y que fueron sancionadas mediante resolución de multa Nº 3178.2018/10-1 a 6.

La antedicha multa fue notificada al recurrente por carta certificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo con fecha 12 de marzo de 2018 al depositarse la carta respectiva en la oficina de correos el día 5 del mismo mes y año.

Con fecha 24 de abril de 2018 se presenta en la oficina del Centro de Conciliación y Mediación de la Región de La Araucanía solicitud de sustitución de multa por asistencia a programa de capacitación respecto de la multa individualizada precedentemente, la que fue declarada inadmisible mediante oficio Nº 351 de fecha 26 de abril de 2018 suscrito y firmado por mí en calidad de Jefa del Centro de Conciliación y Mediación, acto impugnado en los presentes autos.

Ahora bien, el fundamento del presente nombre reservado es haberse dictado el oficio ya individualizado incurriéndose en ilegalidad y arbitrariedad contrariando la garantía constitucional contenida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Se afirma que habría ilegalidad por cuanto el plazo para solicitar sustitución de multa administrativa por asistencia a programa de capacitación no es de días corridos como se expresa en la resolución impugnada, sino de días hábiles entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos tal como lo prescribe el artículo 25 de la Ley Nº 19.880. Respecto de la arbitrariedad manifiesta que la Inspección del Trabajo ha limitado injustificadamente el derecho de su parte para solicitar una sustitución administrativa respecto de las multas impuestas.

Lo cierto es que en su calidad de funcionaria pública regida por el Estatuto Administrativo al dictar el oficio impugnado no he hecho sino apegarme a la legalidad vigente, pues lo he hecho conforme a las instrucciones administrativas vigentes, tanto de la Dirección del Trabajo como de la Contraloría General de la República, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

En efecto, para dilucidar la cuestión consultada es necesario considerar, en primer término, el tratamiento que el Código del Trabajo, cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra la disposición, ha dado a la materia, contenida en su artículo 506 ter.

En este orden de ideas, debe destacarse que del estudio de las disposiciones de dicho Código, en lo que a plazos concierne, por regla general cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil en cuya virtud “en los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados.”

Lo anterior sucede, entre otros, con los plazos establecidos en los artículos 162 incisos segundo y séptimo, 168 inciso primero, 201 inciso cuarto, 223 inciso cuarto, 282 incisos primero y cuarto y 503 inciso tercero, casos en los cuales se señala expresamente que son de días hábiles.

De acuerdo con el predicamento expuesto, como el precepto en examen no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Corrobora esta interpretación legal la regla que establece el artículo 435 inciso tercero –ubicada en el Libro V del Código del Trabajo- conforme a la cual los términos de días que establece el Título I de ese Libro “…se entenderán suspendidos durante los días feriados” toda vez que, a contrario sensu, la disposición del artículo 512 materia de la consulta, pertenece a otro título del mismo libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados.

En estas condiciones no resulta posible la aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley Nº19.880 al tenor de la cual los plazos de días establecidos en dicha ley son de días hábiles, entendiéndose como inhábiles los sábados, domingos y festivos, toda vez que sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente por el Código del Trabajo.

Todo ello y en idénticos términos fue resuelto por la Contraloría General de la República en dictamen Nº 64.985 de 20 de Noviembre de 2009 en pronunciamiento sobre legalidad de acta de constancia de la Inspección del Trabajo y cómputo del plazo para impugnar multas administrativas, el que fija la doctrina vigente respecto al cómputo de plazos para ejercer los recursos administrativos para ante la Inspección del Trabajo, por medio del cual el órgano contralor informó expresando que el plazo para reclamar de las multas administrativas cursadas por los inspectores del trabajo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, doctrina que se encuentra ratificada por los dictámenes Nº 85.946 de 31 de Diciembre de 2013 y más recientemente el Nº 17.344 de 10 de Marzo de 2014. Por todo, no existe en la especie acto arbitrario e ilegal alguno que conculque las garantías constitucionales, por cuanto una de las principales funciones que tiene la Contraloría General de la República (en adelante CGR) consiste en la facultad de interpretar las normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo, labor que se materializa en la emisión de informes jurídicos obligatorios para las instituciones sometidas a su fiscalización, como lo es la Dirección del Trabajo.

Ahora, a fin de corroborar la falta de ilegalidad y de arbitrariedad de los oficios impugnados, cabe profundizar en dos puntos relevantes para la resolución del asunto: La no aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley Nº 19.880 y la obligatoriedad del dictamen de CGR para la Dirección del Trabajo.

Así las cosas, la decisión de la CGR aplicada por la Dirección del Trabajo en cuanto a que en la especie no procede aplicar los artículos 1º y 25 de la Ley Nº 19.880 se encuentra acertada. Respecto a los dos requisitos señalados con anterioridad, se puede afirmar que:

a) La existencia efectiva de un vacío legal que suplir: En la especie no es tal, porque la norma del artículo 512 del Código del Trabajo al momento de ser interpretada debe serlo de manera concordante con el resto de las normas del antedicho Código, entre ellas la del artículo 435 del Código del Trabajo, el que hace referencia a los plazos indicando que los referidos en el Libro V lo serán de carácter fatal, para luego indicar que sólo los que se establecen en el Título I lo son de días hábiles, por lo que sólo cabe concluir que los plazos indicados en el Libro V pero no contenidos en su Título I han de ser de días corridos (aplicando el artículo 50 del Código Civil); y en segundo lugar, porque contabilizar los plazos de la manera señalada en el artículo 25 de la ley de Procedimiento Administrativo resulta manifiestamente inconciliable con las normas del Código del Trabajo y con la naturaleza misma de la sustitución administrativa de multa.

b) Aplicación conciliable con la naturaleza del procedimiento especial: Ciertamente, es sabido que el ordenamiento jurídico laboral tiene un carácter eminentemente protectivo de los derechos de la parte más débil de la relación de trabajo contribuyendo así al logro de la paz social, siendo esto de tal importancia que para garantizar su cumplimiento existe un organismo público especial cual es la Dirección del Trabajo, la que dentro de sus atribuciones tiene la de imponer multas administrativas. Tal es el grado de relevancia que tiene para el legislador el efectivo cumplimiento de la legislación laboral. Dentro de este concepto, el legislador ha establecido como una facultad de los sancionados por la Inspección del Trabajo, la posibilidad de solicitar sustitución de las multas administrativas, si se acredita corrección. Lógico resulta, atendida la especial importancia que tiene el efectivo cumplimiento de las normas laborales, que la corrección de la conducta ilegal sancionada ha de realizarse en el plazo más breve posible pues es precisamente eso lo que el legislador pretende. Una muestra clara de ello es lo establecido en el inciso final del artículo 511, por cuanto fija porcentajes significativos de rebaja a quienes acrediten cumplimiento “dentro de los quince días de notificada la multa”. Así, dejando claro que lo deseado es el cumplimiento de la ley del trabajo y la corrección rápida de sus infracciones, evidente resulta que aplicar el artículo 25 de la Ley Nº 19.880 y no las normas del Código del Trabajo en la materia, implica contravenir abiertamente la finalidad misma del procedimiento ampliando excesivamente el plazo para solicitar la sustitución a más allá de los treinta días corridos que tuvo en vista el legislador al establecer la norma del artículo 512 del Código del Trabajo.

2.2.- Acerca de la obligatoriedad de los pronunciamientos de la Contraloría General de la República: Como ya se ha dicho, es el Ente Contralor quien ha determinado que el plazo de treinta días para solicitar reconsideración según lo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y no hábiles debe aplicarse el mismo criterio para las solicitudes de sustitución administrativa de multa del artículo 506 ter del Código del Trabajo. En virtud de ello, la Dirección del Trabajo se encuentra obligada a aplicar tal criterio, adoleciendo de ilegalidad cualquier pronunciamiento o decisión adoptada en contrario.

En efecto, según se establece en el artículo 6º de la Ley Nº 10.336, que Fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, corresponde exclusivamente al Contralor General de la República informar sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. A su vez, el artículo 9º inciso final de la misma norma da carácter de obligatorios a los pronunciamientos emitidos por la CGR respecto de cualquier materia en que la ley le otorgue intervención.

3. DE LA INEXISTENCIA DE UN DERECHO INDUBITADO: Al tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, el nombre reservado no es una acción declarativa mediante la que el Tribunal establezca la existencia de un derecho, sino que constituye jurídicamente una acción cautelar encaminada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, por lo tanto, dicho recurso intenta dar eficaz protección a derechos indubitados que se han visto lesionados ilegítimamente, por lo que ésta no puede ser utilizada para discutir aspectos sustantivos de fondo, cuyo conocimiento requiere de un lato procedimiento, con etapas de discusión, prueba y recursos judiciales.

Que de lo señalado precedentemente se infiere que esta acción cautelar supone esencialmente la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque alguna de las situaciones o efectos antes indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por la Carta Fundamental. Así, para que se obtenga la protección constitucional recién aludida, es indispensable constatar previamente la realidad de un derecho indubitado y no disputado de la recurrente, cuestión que en la especie no ocurre, ya que de acuerdo a lo expuesto en el Nº 2 de este informe, en estos autos no existe un derecho indubitado, puesto que la recurrente pretende discutir la interpretación de una norma legal.

4.- DE LA NO VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE IGUALDAD ANTE LA LEY: Este derecho implica que ni la ley, ni ninguna autoridad podrá establecer diferencias arbitrarias. Al respecto no se vislumbra de qué manera este Servicio habría conculcado esta garantía constitucional, el actuar de este Servicio, NUNCA ha podido vulnerar de manera alguna el derecho de igualdad ante la ley, por cuanto el considerar que los treinta días de plazo establecidos por el legislador es un plazo de días corridos es un criterio que se aplica uniformemente en todo el país, existiendo instrucciones claras y precisas al respecto para todas las Inspecciones del Trabajo de la Nación, y por lo tanto en el caso en concreto del recurrente no se ha establecido ninguna diferencia arbitraria con respecto a los demás empleadores del país que ejercen su derecho a presentar recursos administrativos ante las multas impuestas por los fiscalizadores o conciliadores de las Inspecciones del Trabajo.

Por todo lo anterior pide se sirva rechazar la acción constitucional interpuesta en todas sus partes, con expresa condena en costas de la recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la Acción Constitucional de protección ha sido establecida en nuestro ordenamiento jurídico como un recurso de carácter extraordinario, en favor de todo aquel que por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el propio Legislador Fundamental se ha encargado de precisar, cuando del mérito de los antecedentes se constate que se ha verificado el acto u omisión que menoscabe el legítimo ejercicio de alguno de los derechos protegidos por la vía de esta acción, debiendo en tal caso adoptarse las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que por la presente acción cautelar la compareciente tilda de arbitrario e ilegal el dictamen de la Inspección Comunal del Trabajo de Temuco, que declaró inadmisible la reconsideración administrativa deducida contra la multa que le fuera cursada por dicha institución, en atención a haberse presentado en forma extemporánea.

TERCERO: Que como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte, y también la Excelentísima Corte Suprema, en los autos N°s. 809-2014, 8.384-2014, 18.414-2015 y 16.288-2016, entre otros, el lapso de treinta días fijado por el artículo 512 del Código del Trabajo para interponer la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la entidad recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. El artículo 512 del Código del Trabajo no establece una norma especial para el cómputo del plazo para interponer el recurso de reconsideración, por lo que, según lo preceptuado por el artículo 1°, inciso 1° de la ley N° 19880 se aplica ésta en forma supletoria en la materia. En consecuencia, la disposición aplicable para el referido cómputo es el artículo 25 de la ley antes citada, que establece al efecto lo antes consignado sobre el cómputo, esto es, que son hábiles sólo los días de lunes a viernes, siempre que no sean festivos.

CUARTO: Que el recurso de reconsideración fue promovido el día 24 de abril de este año, por lo tanto el mismo se formuló dentro del plazo aludido en la reflexión precedente, desde que la resolución impugnada se notificó a la sociedad recurrente el día 12 de marzo del mismo año, según lo reconoce la recurrida al informar.

QUINTO: Que, en consecuencia, el veredicto del órgano recurrido constituye un acto ilegal porque se negó a admitir a tramitación un recurso instaurado dentro de plazo legal, y así afectó la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, N° 2°, de la Carta Fundamental, por cuanto, al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión, ha dado un trato discriminatorio que resulta inaceptable.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por don GINO MENCARINI SOLERVICENS, abogado, en favor de don nombre reservado, y en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, dejándose por consiguiente, sin efecto la resolución ordinario ORD: 351-2018, adoptada por la recurrida con fecha 26 de abril de 2018, debiendo el instituto recurrido someter a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente contra la resolución de multa número 3178.2018/10.

Regístrese, comuníquese, agréguese a la carpeta digital y archívese en su oportunidad.

Redacción por el abogado integrante Sr. Marcelo Neculman Muñoz.

Rol N° Protección-2620-2018 (pvb).