Protección contra a CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Temuco Temuco, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece PATRICIO ANDRÉS ALVAREZ-SALAMANCA MOROSO, abogado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, en representación de FEDERACIÓN REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (nombre reservado), representada legalmente por don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado; funcionario de la I. Municipalidad de Collipulli y domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de la a CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, rol único tributario número 60.400.000-9, persona jurídica de derecho público, representada legalmente nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por haber dictado el Oficio folio E81906/2025 que desestima la solicitud de reconsideración del Oficio N° E71391 de 2025 de la misma entidad, pidiendo se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°s 003893 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli que dispone la no renovación de contrata del recurrente. Todo lo anterior, por lo argumentos de hecho y derecho que a continuación se sintetizan.

Señala que comenzó a prestar servicios para la I. Municipalidad de Collipulli desde el mes de noviembre del año 2020 a diciembre de 2023, en calidad de prestador de servicios a honorarios en el CECOSF Santa Mónica como gestor comunitario, y desde enero a diciembre de 2024 contratado a plazo fijo en el mismo CECOSF Santa Mónica, cumpliendo la misma función de gestor comunitario. Así, la relación estatutaria se prolongó por el lapso de 4 años ininterrumpidos, configurándose el derecho a la protección de la confianza legítima de que sería recontratado para los períodos venideros.

Refiere que el día 26 de noviembre de 2024 fue notificado del Decreto Alcaldicio N° 003893 de fecha 21 de noviembre de 2024 suscrito por el Sr. Alcalde de la comuna de Collipulli, don Manuel Macaya Ramirez, a través de la cual se informó la no renovación de la contrata de para el año 2025, no entregando motivos razonables que justifiquen su desvinculación. En efecto, el acto se limita a señalar en su considerando lo siguiente: “Por medio del presente con la finalidad de informarle que tras realizar una evaluación global de las necesidades y proyección del departamento de salud municipal para el próximo período se ha tomado la decisión de no renovar su contrato a plazo fijo que vence el 31 de diciembre del año 2024.

Esta determinación responde exclusivamente a criterios institucionales con ajustes en la planificación y recursos disponibles para el cumplimiento de nuestras metas y no desmerece de ninguna manera su desempeño profesional ni el aporte que ha realizado durante su tiempo con nosotros.

Aprovecho esta instancia para agradecer profundamente su compromiso dedicado y esfuerzo los cuales han contribuido al funcionamiento de nuestro equipo y a la atención de calidad que brindamos a la comunidad de Collipulli.

Le deseo el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos y quedo a disposición para cualquier consulta relacionada con este proceso. Reciba un cordial saludo”.

Indica que el funcionario nombre reservado, solicitó el pronunciamiento a la Contraloría Regional de la Araucanía, respecto de la no renovación de su contrato para el año 2025 por parte de la Ilustre Municipalidad de Collipulli, la que fue resuelta con fecha 30 de abril por Contraloría Regional de la Araucanía, en virtud del oficio E71391/2025 que resuelve que “no se advierte reproche que formular en torno a la no renovación de la contratación a plazo fijo de que se trata, por cuanto dicho cese se produjo por expreso mandato de la ley, al llegar el plazo previsto en la correspondiente designación anual”.

Expone que frente a dicha resolución el funcionario presenta una solicitud de reconsideración argumentando, en primer lugar, falta de motivación que infringe lo dispuesto en el artículo 11 inciso 2° y artículo 41, ambos de la Ley 19.880 de Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado y, en segundo lugar, aludiendo a la concurrencia de confianza legítima en favor del recurrente que obliga a renovar la contrata.

Relata que con fecha 20 de mayo de 2025, el funcionario es notificado del oficio folio E81906/2025 de la Contraloría Regional de la Araucanía, sobre el rechazo de la solicitud de reconsideración del Oficio N° E71391 de 2025, por no constatarse nuevos antecedentes que permitan modificar lo ya resuelto.

Considera que el oficio E81906/2025 es arbitrario e ilegal ya que la facultad/discrecionalidad de la Municipalidad de Collipulli expuesta en la resolución de la Contraloría Regional de la Araucanía, no implica arbitrariedad. El ente contralor, no se detiene en analizar exhaustivamente los argumentos expuestos en la presentación.

Afirma que adolece de falta de motivación el citado acto, pues habiendo entregado insumos necesarios para su análisis, fueron ignorados y, es más, a tal punto, que incluso zanja el debate afirmando que “al no constatarse nuevos antecedentes que permitan modificar lo ya resuelto, procede desestimar la solicitud de reconsideración del citado oficio N° 71391 de 2025 de esta Entidad de control”.

Considera que al haber prestado servicios para la Municipalidad por un período de 4 años le beneficia la confianza legítima de ser renovada su contrata para el año 2025.

Reitera los argumentos expuestos en la solicitud de pronunciamiento a la Contraloría Regional de la Araucanía, en orden a que no han sido atendidos, constituyendo a criterio de esta parte, una omisión arbitraria e ilegal.

Identifica los siguientes derechos fundamentales vulnerados:

A. Derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona. El proceder de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica, al desestimarse el recurso ya que no atendió los nuevos antecedentes ni atender los nuevos argumentos esgrimidos, y de forma arbitraria, decidió rechazar la reconsideración, lo que le ocasiona un perjuicio físico y psíquico, por cuanto dicho acto afecto de modo directo la salud psíquica de la recurrente, según se explicó en los motivos precedentes.

B. Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, debido a que se ha excluido en forma arbitraria de la posibilidad de recibir una remuneración por el trabajo del que injustamente fue privado. En suma, ha sido privado, por la acción de la recurrida, de la justa retribución por los servicios prestados en comparación a otros funcionarios públicos que cumplen idénticas funciones.

C. El derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Ello en razón de que dicha norma constitucional ampara también el derecho de propiedad sobre la carrera funcionaria y, en ese mismo sentido, resulta que conforme se ha relatado precedentemente, se ha vulnerado el artículo 87 de la ley N° 18883, sobre estatuto de funcionarios municipales, establece que “Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo (...)”, lo que implica que el funcionario público, al tener la propiedad de su cargo, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 ° de aquella norma, no podrá ser removido del mismo, sino por causas estrictamente legales, cuestión que no ha ocurrido en este caso. En efecto, “(…) el artículo 89 de la Ley N°18.1883, plasma el principio según el cual, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a quienes detentan la condición “a contrata”, sin que pueda discriminarse entre los empleados de planta y los contratas, porque el artículo 3 letra c) de dicha legislación, define el “empleo a contrata”, lo que permite concluir que la voz “empleo” que utiliza el mencionado artículo 89 es comprensiva del funcionario que se desempeña “ a contrata” (CS, ROL 38.681-2017, 13.03.2018).

Pide tener por interpuesta acción de protección en contra de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada legalmente por su doña nombre reservado; ya individualizados, admitir el presente recurso a tramitación, y en definitiva hacer lugar al recurso interpuesto declarando que: 1. La acción de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada legalmente por doña nombre reservado, deviene en ilegal y arbitraria y, en razón de ello, ordene dejar sin efecto el Oficio folio E81906/2025 de la Contraloría Regional de la Araucanía, que desestima la solicitud de reconsideración del Oficio N° E71391 de 2025, de la misma entidad, presentado por don nombre reservado, notificado el día 20 de mayo de 2025, y por tanto se declare su ilegalidad, y como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 003893 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli, ordenando por tanto el reintegro de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado. 2. Disponer cualquier otra medida que SS. Ilustrísima estime pertinente destinada a restablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales de mi representada. 3. Que se condene en costas a la recurrida.

A folio 11 evacúa informe la Contraloría General de la República a través de la Fiscalía de la Contraloría Regional de la Araucanía indicando lo siguiente:

Expone que respecto al reclamo del interesado, esta Entidad de Control se pronunció mediante el oficio N° E71391, de 30 de abril 2025, concluyendo, en síntesis, que el cese de su contratación se produjo por expreso mandato de la ley el 31 de diciembre de 2024, esto es, al cumplirse el plazo previsto en su designación, acorde con lo prescrito en el artículo 48, letra c), de la ley N° 19.378, por lo que no se advirtió reproche que formular.

Refiere que luego, mediante presentación de 07 de mayo de 2025, el interesado solicitó la reconsideración del aludido oficio N° E71391, de 2025, que desestimó su reclamo, fundamentando su solicitud en que su relación estatutaria se habría prolongado por el lapso de 4 años ininterrumpidos pues desde noviembre de 2020 a diciembre de 2023, se desempeñó como servidor a honorarios en la Municipalidad de Collipulli, para posteriormente, durante el periodo de enero a diciembre de 2024, desempeñar funciones mediante dicha contratación a plazo fijo.

Relata que la Contraloría Regional se pronunció a través del oficio N° E81906, de 20 de mayo de 2025, reiterando que su contratación terminó por expreso mandato de la ley, al llegar el plazo previsto en su última designación, por lo que se desestimó tal reconsideración.

Alega falta de legitimación pasiva en razón de que el acto que supuestamente habría causado agravio al interesado es el decreto N°3.893, del 21 de noviembre de 2024, emitido por la aludida entidad edilicia, que determinó no renovar la designación a plazo fijo para el año 2025 del recurrente, limitándose el oficio N° E81906, de la Sede Regional de la Araucanía, a desestimar la reconsideración del oficio N° E71391, de 2025, del mismo origen, pronunciamientos emitidos a solicitud del propio recurrente en virtud del artículo 156 de la ley N° 18.883.

Sostiene que lo que busca el interesado con la presente acción de protección es ser reincorporado a sus funciones por parte del municipio, por lo que su pretensión dice relación con la determinación de ese ente comunal y no con lo obrado por la actuación de la Contraloría Regional de la Araucanía al resolver un reclamo de ilegalidad interpuesto al tenor del artículo 156 de la ley N° 18.883.

A su juicio, la acción de autos en ningún caso debió dirigirse a la Contraloría sino en contra de la Municipalidad de Collipulli, por lo que solicita que se desestime el recurso de protección de la especie, por falta de legitimación pasiva de la acción respecto de esta Contraloría General de la República.

Esgrime que de la sola lectura de las peticiones concretas, se advierte que ellas no son susceptibles de ser cumplidas por la Entidad de Control, precisando que la Contraloría Regional de La Araucanía, a través del oficio N° E71391, de 2025, concluyó, en síntesis, que el cese de la contratación del interesado se produjo por expreso mandato de la ley el 31 de diciembre de 2024, esto es, al cumplirse el plazo previsto en su última designación, y únicamente resolvió el reclamo de ilegalidad presentado por el recurrente, a través del precitado oficio y, posteriormente se pronunció sobre la solicitud de reconsideración formulada respecto del N° E71391 de 2025, a través del N° E81906, de esta anualidad, reiterándole que su contratación terminó por expreso mandato de la ley, al llegar el plazo previsto en su última designación.

Advierte que dejar sin efecto los precitados oficios de la Sede Regional de La Araucanía sería inocuo a la pretensión del actor, que no es otra que ser reintegrado a sus funciones en la Municipalidad de Collipulli, pues de no mediar la existencia de los precitados oficios, igualmente, subsistiría la determinación de ese ente edilicio de no renovar su contratación a plazo para el año 2025, contenida en el decreto alcaldicio N° 3.893, del 21 de noviembre de 2024.

A continuación, se refiere a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 19.880, pidiendo tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 19.880, interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.

Expresa que agotada la vía administrativa con la notificación del aludido N° E81906, de 20 de mayo de 2025, que rechazó la reconsideración de la reclamación intentada, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 54, inciso segundo, de la ley N° 19.880, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, no en contra de este Organismo de Control, sino contra de la Municipalidad de Collipulli, órgano que emitió el acto que, eventualmente, sería susceptible de causar el agravio que reclama el actor.

Esgrime falta de emplazamiento de la Municipalidad de Collipulli, debido a que resultaría evidente que el encauzar el recurso contra la Entidad de Control resulta improcedente ya que no es la emisora del acto al que se atribuye el agravio, y accionar en contra de este Órgano de Control deviene, además, de la errada interpretación del recurrente, quien parece entender que al dejar sin efecto los actos que resolvieron el reclamo de ilegalidad, de ello se seguiría que también el precitado decreto alcaldicio quedaría sin efecto, lo que no es efectivo por cuanto este último subsistiría.

Anticipa que de acogerse la presente acción ello afectaría al citado municipio que no ha sido emplazado, lo que constituye motivo suficiente para que la presente acción sea desestimada.

Considera que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección. Indica que, en concordancia con lo expuesto, es posible constatar que la reclamación de la especie no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado -requisitos copulativos que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia-, sino que pretende que, por esta vía se deje sin efecto el decreto alcaldicio N° 3893 de 21 de noviembre de 2024 de la Municipalidad de Collipulli y se ordene su reintegro a funciones.

Hace presente que a través del presente recurso el interesado pretende discutir acerca de la motivación del acto que lo cesó en funciones, lo que excede la naturaleza cautelar de la presente acción, pues importa un análisis de lato conocimiento de la vinculación estatutaria del señor nombre reservado, quien además, sólo se desempeñó a plazo fijo por el término 1 año, esto es, entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de esa anualidad, en una contratación que expiró por la sola llegada del plazo pre fijado y pactado para su término, de lo que se colige que no existe ningún derecho indubitado susceptible de ampararse por la presente vía.

Argumenta la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad al resolver el reclamo del artículo 156 de la ley N°18.883, ya que que la Contraloría Regional de la Araucanía, al emitir los oficios N°s. E71391 de 30 de abril, y E81906, de 20 de mayo, ambos de 2025, solo se ha limitado a resolver un reclamo formulado al tenor del artículo 156 de la ley N°18.883 y la solicitud de reconsideración del interesado ejerciendo las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 6°, 7° y 98° de la Constitución Política de la República; y, 1°, 5°, 6° y 9° de la Ley N° 10.336, sobre su Organización y Atribuciones, las que se ejercieron al conocer el reclamo presentado por el señor nombre reservado.

Por ello, estima que no podría considerarse que el actuar de esta Entidad de Control obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, puesto que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada y de la normativa vigente sobre la materia, en el ejercicio de una actuación legítima llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho, por lo cual, el hecho de que el actor no comparta los criterios jurídicos de esta Sede de Control, producto de su natural posición de interesado, no transforma en ilegal ni arbitrario el acto que por esta vía se pretende dejar sin efecto.

En cuanto al término de las designaciones a plazo fijo regidas por la ley N° 19.378 por vencimiento del plazo, asevera que el vínculo que unía al recurrente con la Municipalidad de Collipulli, en primer término, sólo se extendió 1 año a plazo fijo -entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de esa anualidad, pues anteriormente el señor nombre reservado, se desempeñó como servidor a honorarios para la Municipalidad de Collipulli desde noviembre de 2020 a diciembre de 2023.

Precisa que el artículo 14, inciso tercero, de la ley N° 19.378, prevé en lo que interesa, que el personal contratado a plazo fijo es aquel designado para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario.

Agrega que, por su parte, el artículo 48, letra c), del referido texto legal, dispone que los servidores de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella por el vencimiento del plazo del contrato.

Indica que al respecto, la Contraloría General de la República ha precisado, a través, entre otros, de los dictámenes N°s. 38.564, de 2009, y 97.833, de 2015, que la causal de término de relación laboral en examen, opera por el solo ministerio de la ley, siendo una facultad privativa del alcalde adoptar la decisión de renovarla o no.

En cuanto a la confianza legítima que reclama el interesado a través del presente arbitrio constitucional constituye un asunto litigioso, por lo que procede que la Contraloría General de la República se abstenga de emitir un pronunciamiento sobre el particular.

Explica que el inciso tercero del artículo 6° de la ley N° 10.336, prevé que la Institución Fiscalizadora no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que hubieren sido sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia. Luego, en el dictamen N° E561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General, se ha concluido que dicha materia ha devenido en litigiosa, en aplicación de dicho artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336.- Destaca que con posterioridad, la Excma. Corte Suprema, en un criterio unificador de su jurisprudencia, ha sostenido en las causas roles Nos 26.112-2022, 26.131-2022, 26.196-2022, 26.279-2022 y 26.301-2022, entre otras, que el referido principio opera después de cinco años de servir en la apuntada modalidad, mismo sentido que se ha recogido en fallos más recientes, como ocurre, por ejemplo, con las causas roles Nos 26.112, 26.131, 26.196, 26.270 y 26.301, todas de 2023.

Concluye que el dictamen en referencia, teniendo presente lo dispuesto en el citado artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, que impide a esta Entidad Fiscalizadora emitir pronunciamiento en aquellos casos en que se plantea un asunto de naturaleza litigiosa, corresponde que, en lo sucesivo, esta Contraloría General y, por ende, todas sus sedes regionales, se abstengan de resolver sobre la apuntada materia.

Respecto de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados indica lo siguiente:

1.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República. En el recurso de autos se indica que la Contraloría General de la República al dictar el oficio N° E81906, de 20 de mayo de 2025, que desestimó la solicitud de reconsideración del oficio N° E71391, de 2025, vulneró el derecho a la integridad psíquica, sin proporcionar elementos de juicio suficientes, destinados a demostrar cómo lo actuado por esta Entidad de Control habría provocado tal afectación.

2.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Observa que el recurrente no indica de qué manera el oficio impugnado vulneraría la garantía en estudio, por cuanto fue dictado en estricto cumplimiento de la normativa y dictámenes aplicables a la especie -como se ha expuesto latamente en este informe-, sin hacer ninguna clase de discriminación ni menos ser arbitraria.

3.- Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Manifiesta que no es posible entender que las personas que recurren ante la Entidad de Control tengan un derecho de propiedad acerca de la expectativa de que este Órgano Fiscalizador hubiera resuelto su pretensión de acuerdo con sus intereses.

Se explaya comentando que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha puntualizado reiteradamente, en lo relativo a esta garantía, que no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la Administración. Ello por cuando la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña no es posible incluirlo en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional.

Finalmente, pide se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

Acompaña copia de los siguientes documentos:

1. Presentación de la recurrente ante Contraloría General de la República, ingresada bajo la referencia N° 094329, de 2024.

2. Oficio N° E71391, de 2025, de esta Contraloría Regional de La Araucanía, que se pronuncia sobre la presentación del interesado.

3. Solicitud de reconsideración del oficio N° E71391, de 2025, de este origen, ingresada bajo la referencia N° E52501 de 2025.

4. Oficio N° E81906, de 2025, de esta Contraloría Regional de La Araucanía, que desestima la solicitud de reconsideración.

5-. Dictamen N° E20.106, de 2020, de este Organismo de Control.

A folio 17 informa la Municipalidad de Collipulli en los siguientes términos:

En primer lugar, alega litispendencia en razón de que el recurrente con 29 de enero 2025 dedujo recurso de protección pidiendo dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 003893 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli, pidiendo se ordenara el reintegro de don nombre reservado, es decir, el mismo acto que se impugna mediante la actual acción constitucional, el cual fue ingresado con el Rol protección 680-2025 ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco. Explica que el recurso antes señalado fue declarado inadmisible por resolución de 31 de enero 22 de 2025 por ser extemporáneo.

A continuación, esgrimen extemporaneidad de la acción interpuesta debido a que el recurrente de protección tiene por pretensión no atacar el dictamen de Contraloría, si no que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 003893 del 21 de noviembre de 2024, el que fue notificado el día 26 de noviembre de 2024 y respecto de la cual recurrió de reconsideración administrativa, la que habría sido rechazada en enero del 2025, y a su vez recurrió directamente a Contraloría, es decir, que el Decreto Alcaldicio N°003893 del 21 de noviembre de 2024 se encuentra firme y no es susceptible de ser atacado por esta vía, ni directa ni subrepticiamente como es el caso.

En cuanto al fondo, se adhiere a los argumentos expuesto por Contraloría General de la República en su informe de folio 11.- Acompaña los siguientes documentos:

1. E-book Expediente de Protección 680-2025 (nombre reservado/MACAYA) de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco.

2. E-book Expediente de Protección 2697-2025 (nombre reservado/nombre reservado) de la Ilma. Corte de Apelaciones 2 de Temuco.

3. E-book Expediente de Protección 2698-2025 (nombre reservado/CONTRALORÍA GENERAL DE LA 4 REPÚBLICA) de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco.

4. Notificación Entrega Decreto alcaldicio.

5. Ordinario 1936 de 21 de noviembre de 2024.- 6. Decreto número 003893 de 21 de noviembre de 2024.

7. Decreto 067 de 10 de enero de 2023 que resuelve reposición.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Segundo: Que, el recurso de protección ha sido interpuesto en contra de la Contraloría General de la República por considerar carente de fundamento el Oficio folio E81906/2025 que desestima la solicitud de reconsideración del Oficio N° E71391 de 2025 en que el organismo contralor se pronuncio acerca de la legalidad del Decreto Alcaldicio N°s 003893 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli que dispone la no renovación de contrata del recurrente;

Tercero: Que, se rechazará la excepción de falta de legitimidad pasiva alegada por la Contraloría General de la República en razón de que la acción de autos está claramente interpuesta en su contra y respecto de un acto emitido por dicho organismo y no contra la Municipalidad de Collipulli como indica Contraloría General de la República;

Cuarto: Que, respecto a la excepción de litispendencia deducida por la Municipalidad de Collipulli deberá ser rechazada debido a que el recurso de protección Rol 680-2025 de esta Corte fue interpuesto, entre otros actos, contra el Decreto Alcaldicio N°003893 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli y respecto del referido municipio, en cambio, la actual acción constitucional se deduce respecto del Oficio folio E81906/2025 de 20 de mayo de 2025 emitido por la Contraloría Regional de la Araucanía, no existiendo identidad legal de causa de pedir y de cosa pedida.

Quinto: Que, en razón del mismo argumento del considerando anterior, añadido a que esta acción de protección se dedujo con fecha 19 de junio de 2025, necesariamente debe rechazarse la alegación de extemporaneidad de la Municipalidad de Collipulli;

Sexto: Que, la Ley N° 19.880 consagra principios de transparencia y publicidad, en cuanto permite y promueve el conocimiento del contenido y fundamentos de las decisiones que adopten los órganos de la Administración del Estado; es así como el artículo 11 inciso segundo del referido cuerpo normativo, previene la obligación de motivar en el mismo acto administrativo, la decisión que se adopta, mencionando los hechos y fundamentos de derecho en el caso que afectare los derechos o prerrogativas de las personas.

Por su parte el artículo 41 inciso cuarto de la citada ley, establece que las “resoluciones contendrán la decisión, que será fundada; todo lo cual además constituye un deber para la administración al tenor del artículo 8° de la Carta Fundamental, exigencia que, supone precisamente que las razones esgrimidas por la autoridad tengan un sustento en la realidad, esto es, que digan relación con los antecedentes fácticos del caso concreto, pues de lo contrario, implicaría que se estaría dando un cumplimiento meramente formal y genérico Séptimo: Que, requerido el pronunciamiento a Contraloría General de la Republica acerca de la legalidad Decreto Alcaldicio N°s 003893 del 21 de noviembre de 2024 de la Ilustre Municipalidad de Collipulli, esta se pronunció a través del Oficio N°E71391 de 30 de abril de 2025 y del Oficio folio E81906/2025 de 20 de mayo de 2025 que desestima la solicitud de reconsideración respecto del primero. En el Oficio N°E71391 indica que “Pues bien, en el contexto reseñado, se desprende que el cese del contrato a plazo fijo del interesado se produjo por expreso mandato de la ley, al llegar el plazo previsto en la correspondiente designación, acorde con lo prescrito en el artículo 48, letra c), de la ley N° 19.378 (aplica el dictamen N° 65.071 de 2016).

En tales condiciones, esta Entidad de Control no advierte reproche que formular en torno a la desvinculación por la que reclama el señor nombre reservado, por lo que cabe desestimar su reclamación.”

El razonamiento anterior, se reitera en el Oficio folio E81906/2025 de 20 de mayo de 2025 que indica que “Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista consta que el señor nombre reservado se vinculó contractualmente con la Municipalidad de Collipulli, mediante contrataciones a honorarios, terminando la última de ellas, por la llegada del plazo convenido, el 31 de diciembre de 2023.

Enseguida, consta que el interesado fue designado a plazo fijo, contratación regulada por la ley N° 19.378, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2024, según consta en el decreto alcaldicio N° 108, de 2024, de la citada municipalidad.

Como se puede observar, las contrataciones en cuestión corresponden a regímenes jurídicos distintos, por lo que no resulta efectivo que la relación estatutaria del interesado se haya extendido de manera ininterrumpida, por el periodo de tiempo que reclama en su presentación.

Así las cosas, y tal como se indicó en el oficio N° E71391 de 2025, el término de su contratación a plazo fijo se produjo por expreso mandato de la ley, al llegar el plazo previsto en la correspondiente designación, acorde con lo prescrito en el artículo 48, letra c), de la ley N° 19.378, por lo que no advierte irregularidad en el actuar del municipio.

Por lo tanto, al no constatarse nuevos antecedentes que permitan modificar lo ya resuelto, procede desestimar la solicitud de reconsideración del citado oficio N° E71391, de 2025, de esta Entidad de Control.”

De ello, se desprende que el actuar de la Contraloría General de la República se sitúa en el marco de sus facultades legales contenidas en los artículos 1°, 5°, 6° y 9° de la Ley 10.336 y el artículo 98 de la Constitución Política de la República, entregando los fundamentos de hecho y argumentos jurídicos por los que estima no existe ilegalidad en el respectivo decreto alcaldicio, no advirtiéndose la ilegalidad o arbitrariedad alegada por el recurrente y en la que funda su recurso.

Octavo: Que, además se debe tener presente que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en la Municipalidad de Collipulli, y que la resolución impugnada no advirtió ilegalidad en la no renovación de la contrata, a lo que se añade que el vínculo honorarios con el municipio comenzó en el mes noviembre del año 2020, y desde enero a diciembre de 2024 en la modalidad a contrata, por lo que no se supera el lapso de cinco años, necesario para que opere la confianza legítima.

Noveno: Que, no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. En efecto, en cuanto a la afectación a la integridad psíquica, la vulneración de la igualdad ante la ley en el ejercicio de los derechos del artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República, respectivamente, al no existir la arbitrariedad alegada y en la que basa su argumentación el recurrente, se llega a la conclusión que no se vulneran las aludidas garantías fundamentales.

Respecto al derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, este no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio que señala el artículo 582 del Código Civil, por lo que no se configura la vulneración al derecho de propiedad esgrimida.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara lo siguiente:

I.- Que se RECHAZA la excepción de falta de legitimidad pasiva alegada por la Contraloría General de la República.

II.- Que, se RECHAZA la excepción de litispendencia de la Municipalidad de Collipulli.

III.- Que, se RECHAZA la alegación de extemporaneidad de la Municipalidad de Collipulli.

IV.- Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado PATRICIO ANDRÉS ALVAREZ-SALAMANCA MOROSO, en representación de FEDERACIÓN REGIONAL DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (nombre reservado), en favor de don nombre reservado, en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-2582-2025.(jog)