nombre reservado con SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUCAR S.A.

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

1) Que comparece doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Rut N° RUT reservado, por si y en representación del CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO INGLES GEORGE CHAYTOR CARSON, persona jurídica sin fines de lucro, RUT RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, señalando que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y de acuerdo con el rito procesal establecido por el Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, interpone recurso de protección en contra de la SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUCAR S.A., persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, R UT RUT reservado 3 0 -5, representada legalmente por don nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, ello en base a los siguientes antecedentes de hecho y argumentos de Derecho:

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Como es de público conocimiento, producto de la crisis sanitaria que vive el país desde el 16 de marzo del año en curso las actividades de los colegios se encuentran totalmente suspendidas, encontrándose los establecimientos educacionales sin posibilidad de abrir las puertas de sus instalaciones a los estudiantes y desde el 28 de marzo de 2020, ya se encuentran en una situación de cuarentena obligatoria que hace inviable la posibilidad de continuar con la actividad educacional presencial en forma indefinida.

2.- En el contexto antes mencionado, se encuentra la relación contractual entre los apoderados de los 823 estudiantes reunidos - representados en este acto por el Centro de Padres y Apoderados - y la recurrida sostenedora del establecimiento George Chaytor English College. Ahora bien, la prestación que la recurrida entrega es la de un servicio educacional que se regula por un contrato de prestación de servicios educacionales, que en forma resumida establece para el sostenedor la obligación de entrega del servicio educacional, en su establecimiento ubicado en domicilio reservado de la comuna de Temuco y la obligación de los apoderados como contraprestación de este servicio, la de pagar una matrícula y una anualidad por dichos servicios.

3.- Que a la fecha los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados, es decir, desde la fecha de la suspensión de clases al día de interposición de esta acción, no han tenido clases.

4.- Se podría sostener que el servicio se prestará en forma virtual, con clases a distancia, como lo ha aconsejado la autoridad educacional para servir de apoyo a los estudiantes en cuarentena, pero desde la perspectiva del proceso que lleva adelante el sostenedor solo ha indicado que está en vías de iniciar una actividad virtual, de la que no existen mayores antecedentes que permitan definir cuándo, qué tipo de servicios prestará, y si estos pueden considerarse como una forma asimilable de cumplir con su obligación que emana del contrato, de momento eso no se ha generado.

5.- Lo cierto es que claramente están frente a una situación de incumplimiento contractual, que implica al menos estar en un escenario de discusión de las cláusulas del contrato, en el ámbito de la relación de consumo que existe entre el establecimiento y los apoderados contratantes.

6.- Ahora bien, el director del Colegio ha señalado que no está dispuesto a modificar las condiciones del contrato, sino que “Sólo en casos particulares y previa solicitud, aportando antecedentes documentados que la justifiquen se ha considerado lo siguiente: a) extender fechas de pago. b) aumento % de becas y/o descuentos.”

7.- Lo que no ha comprendido la recurrida es que, por el incumplimiento de las obligaciones del contrato de consumo suscrito, está impedido de cobrar por estos servicios, lo que de acuerdo a sus comunicaciones ni siquiera es una opción para dicho establecimiento, sin perjuicio que sabe y reconoce que no está prestando un servicio.

8.- Frente a lo anterior, parte importante de sus representados en forma individual y el Centro de Padres y Apoderados de manera formal han solicitado al establecimiento educacional negociar las condiciones en que se seguirán prestando los servicios y una adecuación a las condiciones de pago de los mismos, lo que no ha sido acogido por parte del colegio, sino que por el contrario les ha negado dicha posibilidad estableciendo las razones que, en carta de fecha 25 de marzo pasado, se han expresado.

9.- Los apoderados están claramente en una situación de indefensión, toda vez que el acceso a la justicia, desde la perspectiva de la crisis sanitaria, está totalmente disminuida toda vez que no es posible acceder a notarios que autoricen poderes, la libertad de movilización está restringida, la atención personal en tribunales de primera instancia se encuentra limitada, por lo que iniciar una acción de lato conocimiento que implique amparar a los apoderados se encuentra totalmente perturbada, lo que la recurrida entiende y se ampara en ello para tomar las medidas que hemos indicado.

10.- Claramente en este escenario tenemos que por una parte la recurrida no cumple sus obligaciones del contrato, por otra busca modificar unilateralmente sus obligaciones del contrato , siendo dichas situaciones por una parte arbitrarias e ilegales en el sentido que exija el cumplimiento del pago de los servicios sin cumplir con su contraprestación y por otra se comete un acto ilegal que vulnera la garantía constitucional de derecho a la propiedad, porque se intenta modificar unilateralmente el contrato, obedeciendo ello sólo a la voluntad de la recurrida, sin negociar una posible modificación con sus contrapartes en el contrato de prestación de servicios educacionales.

II. EL DERECHO.

Los actos referidos en el título anterior constituyen un abierto acto de arbitrariedad y además, es ilegal en la medida que se aparta de las normas jurídicas que reglamentan las relaciones en materia del consumidor, vulnerando el principio de protección al consumidor como parte más débil en la relación de consumo y atenta contra la garantía constitucional al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental.

1.- En primer término, no existe discusión de la posibilidad de amparo constitucional frente a la vulneración del derecho de propiedad, que es titular el afectado contratante, tal como es el caso de autos. En este sentido, lo que se vulnera es precisamente el derecho de propiedad que emana del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito entre la recurrida y 823 apoderados que se encuentran representados por el Centro de Padres y Apoderados del colegio George Chaytor English College.

2.- Ahora bien, del análisis de la normativa de la Ley 19.496 se encuentran con que, en principio, y de acuerdo al art. 2 letra d, en lo que dice relación con las condiciones distintas a la calidad de la educación, claramente quedan comprendidas dentro de la Ley de Protección al Consumidor.

3.- Por otra parte, la Ley 19.496 en su art. 12 señala:

“Artículo 12.- Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio.”

4.- En este mismo sentido la norma del art. 25 Inciso Final, del mismo cuerpo legal señala:

“El proveedor no podrá efectuar cobro alguno por el servicio durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor el precio del servicio en la proporción que corresponda.”

5.- A mayor abundamiento, conviene establecer que la regla general en esta materia sigue siendo aquella que consagra el artículo 1545 del Código Civil, regla conocida como “la ley del contrato”, o “pacta sunt servanda”, de modo que, en el evento que los servicios sean prestados en una forma diversa a la contratada requiere del consentimiento de los apoderados.

6.- Se trata entonces de una situación abusiva del proveedor recurrido toda vez que , existiendo norma expresa que ordena la suspensión de los cobros mientras no se entreguen los servicios contratados, no lo hace y es más como gran ofrecimiento acepta ordenar la rebaja parcial para casos excepcionales de parte de la anualidad, pero ello no implica es totalmente arbitrario y además abusivo toda vez que queda a su propia decisión modificar el precio de los servicios y según cuanto considere “aceptable” , lo que implica claramente una asimetría en el poder de negociación de este contrato de Adhesión 7.- Además no es menor señalar que frente a este contrato de adhesión debemos estarnos a lo que señala la Ley 19.496.

“Artículo 16.- No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que:

g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen. Se presumirá que dichas cláusulas se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades legales.”

8.- A mayor abundamiento, en este caso no opera el caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que no estamos frente a una obligación de especie o cuerpo cierto.

9.- De todo lo expuesto se puede colegir que el comportamiento de la recurrida quién actuó arbitrariamente al mantener el cobro por sus servicios de educación e intentar modificar las condiciones de prestación de sus servicios educacionales, sin mediar una negociación, como el consentimiento de los apoderados importa afectar directamente el derecho de propiedad, protegido por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, desde que lo actuado importa una disminución concreta y efectiva del patrimonio de cada uno de los contratantes, al tener que soportar una injustificada carga derivada de un servicio que no se ha prestado y amenaza con realizar en un modo distinto a lo contratado.

POR TANTO, Pide se acoja el recurso y se resuelva que:

1.- Que la Sociedad Educacional Educar S.A., ha vulnerado el derecho de propiedad de sus representados.

2.- Que debe suspender el cobro de los servicios mientras no se regularicen las actividades educacionales en la forma contratada o acuerden con los apoderados contratantes nuevas condiciones para los servicios educacionales contratados.

3.- Con costas del recurso.

2) Que se evacuó el informe por la parte recurrida, a través de don nombre reservado, abogado, quien expuso:

I.PRIMERA CUESTIÓN PREVIA. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA.

En estos autos ha comparecido la Sra. nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Rut N° RUT reservado, por si y en representación del CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO INGLES GEORGE CHAYTOR CARSON, persona jurídica sin fines de lucro, RUT RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado.

1.- En este contexto, hay que precisar que mediante Decreto Exento Nº 924, de fecha 30 de abril del año 2008, de la Secretaría Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, reconoció oficialmente al establecimiento particular pagado, denominado GEORGE CHAYTOR ENGLISH COLLEGE, asignándole el Rol Base de Datos N° 20.235. Asimismo, señala que el sostenedor es la Sociedad Educacional Educar S.A. La calidad de sostenedor le permite impartir educación parvularia, Educación Básica y Educación Media. Con planes oficiales de estudio, diurno, mixto, particular con régimen pagado. (DCTO. 1)

2.- Es del caso que, con anterioridad, existió un establecimiento educacional denominado Colegio Inglés nombre reservado, el que por circunstancias ajenas a la discusión de esta acción de protección, dejó de funcionar. Se acompaña a este Informe copia de dicho cese de funcionamiento. (DCTO. 2)

3.- En la especie, la recurrente se identifica como una persona jurídica denominada Centro de Padres y Apoderados Colegio Ingles George Chaytor Carson, RUT: RUT reservadoEs decir el Centro General de Padres está asociado a una institución educacional que dejó de funcionar el año 2007.

Resulta claro y evidente, como la propia acción de la recurrente lo expone, que el aludido Centro General de Padres y Apoderados lo es de una institución inexistente, el Colegio Inglés George Chaytor Carson. La personalidad jurídica la obtuvo el Centro de General de padres el año 1998, diez años antes que el GEORGE CHAYTOR ENGLISH COLLEGE obtuviera su propio reconocimiento oficial.

Se ha sostenido reiteradamente que para ser admisible procesalmente un recurso de protección debe ser interpuesto por persona legitimada al efecto, debiendo el propio recurrente acreditarlo.

“El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico”, reza la norma del Auto Acordado sobre la materia.

En esta acción, la recurrente actúa por sí misma y en representación de una persona jurídica, que se denomina Centro de Padres y Apoderados del Colegio Ingles George Chaytor Carson. No estamos ante la situación de una acción en que “otra persona en su nombre actúe por ella, aunque no tenga mandato especial”. Simplemente actúa por sí misma y en representación según dice, lo que consecuencialmente trae aparejada la falta de legitimación para deducir la presente acción.

En efecto, nuestra Carta Fundamental establece la acción de protección para proteger, amparar y restablecer intereses concretos de alguna persona o grupo de personas perfectamente identificadas, que hayan sido objeto de perturbación o amenaza en sus derechos. La expresión: “El que…” no cabe sino entenderla como la alusión al concepto de individuo o persona o sujeto de derecho en términos amplios. Esta posición armoniza con la expresión del inciso primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que expresa “La Constitución asegura a todas las personas”, como sinónimo de individuo, con todos los atributos de la personalidad, entre ellos el nombre, de modo tal que alzarse en términos vagos o imprecisos, sin tener facultad legal para ello, importa extender los alcances de esta acción cautelar no queridos por el legislador. (Así lo ha sostenido la Corte de Apelaciones de Santiago autos ROL 9326-2018).

Jurisprudencia reiterada ha señalado que el recurso de protección no es una acción popular, que pueda interponerse por cualquier persona… limitándolo a quienes hubieren sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos, a sus mandatarios o a quienes comparezcan determinadamente en su favor. En estos autos no se indica de manera individualizada quienes serían los eventuales afectados o miembros – vagamente en un apartado del recurso se menciona a “ apoderados de 823 estudiantes … representados en esta acto por el Centro de Padres y Apoderados …”, aludiéndoseles de forma genérica, vaga e imprecisa. Lo anterior importa una defensa de intereses colectivos o difusos, lo que en esta clase de tutela resulta inadmisible, dado que según se ha señalado debe estarse frente a recurrentes o lesionados específicos o concretos. Pero esto no es más que una consecuencia de una acción declarativa encubierta de supuestas afectaciones de consumo, como se fundamenta en parte relevante del recurso, cuya impropiedad desarrollaremos más adelante. “Se considerarán de interés colectivo a las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual. Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos. Art. 50 Ley 19.496).

Así entonces, entendiendo que el recurso de protección debe ser interpuesto a favor de un sujeto específico, que sea afectado en el ejercicio legítimo de un derecho que se estima conculcado, ya que por no tratarse de una acción popular, éste no puede interponerse en beneficio de personas o entes indeterminados o quien no ha acreditado la calidad de agraviado, son razones suficientes para considerar que la recurrente carece de la legitimación activa para impetrar la presente acción cautelar. El Centro de Padres no ha sufrido perjuicios por causa de los hechos que relata, pues mi representada no ha suscrito contrato alguno de prestación de servicios educacionales con dicho Centro de los que pudieran alegarse afectaciones. Tampoco tiene, según su naturaleza de organización comunitaria funcional, la representación judicial de los padres y apoderados por los que dice actuar.

En este sentido entonces, el recurso no puede interponerse a favor de un grupo indeterminado de personas, como se ha hecho en la especie. La ley no lo permite, ya se dijo, pues la acción de protección no puede tomarse como una acción pública.

II.- SEGUNDA CUESTIÓN PREVIA. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.

Se ha traído a esta sede, de manera subrepticia, una supuesta contienda de intereses relevantes en materia de Ley de Consumidor, regida por lo previsto en la Ley 19.496. Y así son las cosas, ya que parte importante del recurso gira en torno a una eventual vulneración del “principio de protección al consumidor, como parte más débil en la relación de consumo”, reza el recurso. Si así fuera, lo cierto entonces es que la judicatura competente no es precisamente una Corte de Apelaciones; por el contrario, la Ley en cita entrega el conocimiento y resolución de tales asuntos al Juez de Policía Local, el que, además, por excepción, puede decretar medidas cautelares o precautorias, como por ejemplo que el proveedor cese provisionalmente en el cobro de cargos cuya procedencia esté siendo controvertida en juicio para el caso de acciones colectivas (art. 51 N° 10).

De esta suerte, como ya se dirá, existiendo una posible controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento de la relación contractual de consumo, no es esta sede de excepción la que debe conocer y resolver la reclamación deducida, la cual, desde luego, presupone un conflicto de intereses de lato conocimiento, declarativo de derechos cuestionados, y ante una judicatura especial.

III.- EN CUANTO AL FONDO.

1.- ESTADO DE EMERGENCIA Y CRISIS SANITARIA. Es efectivo, como la recurrente lo plantea, por ser de público conocimiento, que producto de la crisis sanitaria que vive el país desde el 16 de marzo del año en curso, las actividades de las escuelas, liceos, colegios y universidades se encuentran totalmente suspendidas, encontrándose todos los establecimientos educacionales sin posibilidad de abrir las puertas de sus instalaciones a los estudiantes y, desde el 28 de marzo de 2020, en cuarentena obligatoria que se extendió en nuestra ciudad de Temuco hasta el 30 de abril, escenario que hace inviable la posibilidad de continuar con la actividad educacional presencial, en forma indefinida. Esto significa que dichas actividades han sido afectadas por una pandemia mundial, actos de autoridad, decisiones ministeriales de salud y educación, que se imponen a todos los establecimientos educacionales del país, sin distinción.

El Ministerio de Salud, mediante Resolución Exenta N° 180, de 16 de marzo de 2020 (DCTO. 3), a raíz de la pandemia por Covid 19 que afecta a nuestro país, procedió a ordenar la suspensión de clases presenciales por catorce (14) días en todos los establecimientos educacionales. La decisión fue informada por los medios de comunicación el día domingo 15 de marzo, es decir, con sólo un día de antelación a su vigor a las comunidades escolares. Luego de este período quincenal, también a través de los medios de comunicación, se tomó conocimiento que las dos semanas siguientes – esto es, del 30 de marzo al 9 de abril - se seguiría acompañando formativamente a los estudiantes a distancia.

2.- INICIO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y ACADÉMICAS.

Desde el inicio de la crisis sanitaria y medidas restrictivas dispuestas, el Colegio organizó un sistema de entrega de información, material de trabajo pedagógico y encuentros virtuales con los estudiantes, a través de distintas herramientas digitales que se tenían disponible, como aparece de los informes evacuados por las coordinaciones de los diferentes niveles (DCTOS 4). Se pudo constatar que los estudiantes accedían y respondían al plan de trabajo planificado. Durante ese período, además, se notificó a todos los establecimientos de educación que entre los días 13 al 24 de abril, tendrían lugar las vacaciones, modificándose en consecuencia entonces el calendario escolar según Resolución Ex. N° 0468, de la SEREMI de Educación. (DCTO. 4).

En el mismo sentido el Ministerio instruyó a los colegios que no se debía suspender el proceso formativo. Es decir, se debía seguir prestando el servicio a través de alguna modalidad de comunicación hacia los hogares de los estudiantes.

Así entonces, desde el primer día el Colegio asumió la tarea de dar continuidad al proceso pedagógico. Lo anterior se concretó en una serie de medidas pedagógicas para enfrentar la situación, como fueron, desde la Dirección, en conjunto con el equipo de Coordinadores Académicos, la planificación del trabajo docente con una reestructuración de las planificaciones pedagógicas realizadas, con estrategias adecuadas para entregar el contenido y materias y seleccionando otras para su implementación en el hogar, tales como, guías de trabajo más simples y breves, selección de links de apoyo y de las páginas de los textos escolares, además de videos realizados por los mismos docentes que ayudarían a la mejor comprensión de los contenidos.

A lo anterior, se sumó el establecer contactos virtuales que tenían por finalidad dar contención a nuestros estudiantes por parte de todos los Profesores Jefes como de asignatura, para luego, efectuar contacto desde las asignaturas, como una forma de personalizar la acción pedagógica y de contención. Los profesores, muestra de su compromiso y dedicación a sus estudiantes, procedieron creativamente a utilizar herramientas disponibles para potenciar al trabajo pedagógico desde sus propios hogares. Ejemplo de ellos es que se utilizó Instagram, Facebook y por sobre todo la Plataforma ZOOM, y otros recursos.

3.- CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS. A esta fecha y desde el 27 de abril de 2020, una vez que han finalizado las vacaciones decretadas, con la finalidad de optimizar al trabajo de apoyo pedagógico y formativo en estas circunstancias de anormalidad, el Colegio ha implementado una PLATAFORMA CLOUD EDUCATIVA, basada principalmente en los servicios de Microsoft Office365, la que es utilizada en diversos entornos educativos, como universidades y colegios alrededor de todo el mundo. La principal herramienta de trabajo es TEAMS, una aplicación dentro del entorno de Office365 que se usa para poder gestionar las actividades de un colegio (crear reuniones, chat interno con el personal del centro, alumnos, crear actividades, cargar materiales, recibir y responder consultas, encargar tareas, etc.) (DCTOS. 5). Así se programan y se llevan adelante clases bajo esta modalidad, con importante asistencia de alumnos y según calendario semanal enviado y cumplido en la última semana de abril (DCTOS. 6) Es un espacio para que los usuarios, tanto los alumnos como los profesores, puedan trabajar y realizar todas las actividades propias del proceso educativo en ella. Además, se busca incentivar la motivación de los alumnos por el aprendizaje con técnicas interactivas y un lenguaje digital sencillo e intuitivo. En el proceso de implementación de estas herramientas se ha contado con asesoría externa especializada para potenciar tanto en sus aspectos técnicos como en los metodológicos y pedagógicos, buscando transferir a los alumnos la mejor experiencia posible en los entornos de trabajo que se han diseñado y puesto en práctica.

Cabe hacer presente que esta Plataforma CLOUD EDUCATIVA, Microsoft365, no está disponible (hasta donde se ha informado por su proveedor) en ningún otro Colegio de la comuna de Temuco.

EN CONCRETO, hoy, en el Colegio:

* Cada estudiante ha recibido una cuenta personal para conectarse a Office365 y especialmente a Teams.

* TODOS los estudiantes y apoderados han sido informados y se les han hecho llegar las instrucciones para acceder a ella.

* Los padres y apoderados podrán acceder a licenciamientos gratuitos de todos los productos de Office365 para sus dispositivos y/o computadoras, con ella tendrán un mecanismo simple y fluido de contactos con sus profesores y profesoras, recibirán materiales de trabajo y estudio, en un ambiente interactivo y por sobre todo seguro para ellos, ya que se han habilitado una serie de mecanismos de seguridad para un entorno donde trabajarán menores de edad.

Finalmente, para el buen y eficiente uso y manejo de la Plataforma CLOUD EDUCATIVA, se ha desarrollado un proceso de capacitación de los profesores, que no ha estado exento de dificultades, pues significa asumir una nueva forma de interacción pedagógica. Pero, el compromiso, buena voluntad, dedicación y por sobre todo una muestra de gran profesionalismo de los docentes, permite afirmar que la tarea saldrá adelante en beneficio de la comunidad y especialmente de los educandos.

Esto confirma que el Colegio y su sostenedora, en su conjunto, está prestando los servicios de educación, en la forma y modalidad que la contingencia sanitaria y de salud impone. Es una situación especial, excepcional, que no es posible resistir, pero que, atendida las instrucciones ministeriales se está cumpliendo de un modo equivalente, con la calidad correspondiente, permitiendo que los estudiantes avancen en sus aprendizajes y que, en definitiva, alcancen los resultados formativos correspondientes. Lo que ha acontecido, tipifica lo que la ley y la realidad llaman caso fortuito o fuerza mayor, tal y como se establece en el artículo 45 del Código Civil, cumpliéndose los tres requisitos que la configuran: se trata de un hecho imprevisible, una causa extraña, irresistible y que no puede imputarse a la recurrida como sostenedora ni al Colegio, impidiéndole de forma temporal y excepcional, cumplir con su obligación de prestar los servicios educacionales en la forma, condiciones y términos en que fueron originalmente ofrecidos y contratados para los estudiantes. Empero, mi representada y la Dirección del Colegio como su plantel de profesores ha actuado con la debida diligencia – es aquella diligencia exigible a que se refiere el artículo 1547 del Código Civil - para neutralizar o mitigar oportunamente los efectos del caso fortuito o fuerza mayor, al implementar formas alternativas para cumplir con la prestación del servicio educativo durante el tiempo que dure esta situación excepcional, resguardando el derecho a la educación, la calidad del servicio y el cumplimiento de las competencias formativas de sus alumnos, lo que se materializa a través de la Plataforma Cloud y otros aportes tecnológicos. Esto significa que, a pesar de existir este hecho irresistible, la recurrida y el Colegio junto a sus integrantes, han incurrido en relevantes gastos para contratar las licencias para usar plataformas digitales privadas, los servicios consiguientes y capacitar en su uso, esto es, ha invertido para ello, gastos que no estaban considerados en su presupuesto de gestión y funcionamiento 2020, pero que se han estimado necesarios para otorgar el servicio idóneo para satisfacer el interés de los estudiantes y sus apoderados, desplegando sus esfuerzos financieros y pedagógicos al efecto. Estos mayores costos no han sido ni serán traspasados a los apoderados, el arancel anual para este año 2020 se mantendrá inalterable.

En suma, esta parte, en relación a su obligación de prestador, a través de las medidas concretas, útiles, adecuadas y diligentes ejecutadas, y que podríamos decir le impone la diligencia, cumple, pese al caso fortuito, y ese cumplimiento reemplaza a aquello a lo que se obligó antes del suceso imprevisible, dando además cumplimiento a las órdenes impartidas por la autoridad educacional.

4.- En todo caso, es palmario que la no entrega presencial de los aprendizajes es un impedimento de caso fortuito o fuerza mayor que afecta a TODOS los establecimientos educacionales – incluidas las universidades – públicos y privados, de modo que el retorno de las clases presenciales deberá esperar a que las condiciones sanitarias lo permitan, y en resguardo y protección de bienes jurídicos de mayor relevancia relativa, cual es, la vida y la integridad, y la salud individual y colectiva, en desmedro en cierta forma de la garantía de la educación en términos formales como se presta habitualmente o del derecho de propiedad.

Huelga señalar a SS.I, que mi representada avanzará gradualmente a sistemas semipresenciales, para poder retomar luego su actividad normal, en la forma y plazos que lo recomiende la autoridad y lo permitan las circunstancias, afectándole, como a todos los ciudadanos, lo que hoy es una condición que depende de un acaso o de terceros, un hecho futuro e incierto.

5.- CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES SUPERIORES. En este marco de actuación, VS.I. debe saber que se ha cumplido y se cumplen estrictamente las directrices que sobre el particular ha impartido el Ministerio de Educación. El documento Orientaciones Mineduc Covid-19 entrega pautas al efecto. (DCTO 7). En su numeral 1. Plan de Aprendizaje Remoto indica: “El Ministerio dispondrá de un programa de aprendizaje remoto a través de la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos educativos alineado al currículum escolar de 1° básico a 4° medio. La plataforma está disponible desde hoy para todos los estudiantes del país y contempla: a) Uso guiado del texto escolar para todos los estudiantes desde 1° básico hasta 4° medio en Lenguaje y Matemática, que estará acompañado de evaluaciones en línea para que los estudiantes demuestren lo aprendido y permita monitoreo de sus docentes. b) Textos escolares digitales de todas las asignaturas (75).”. Reconoce el Ministerio que la contingencia obliga a un actuar bajo la modalidad de enseñanza remota, que es lo que ha implementado el Colegio, en consonancia con lo instruido, sus propios medios y elementos creados al efecto. Pero hay más. Este mismo instructivo ministerial, en su punto 5. Apoderados, señala: “Será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante cumpla con las actividades de aprendizajes sugeridas durante el tiempo de aislamiento domiciliario. Una condición central es que el estudiante cuente con el texto escolar. Para ello, cada estudiante cuenta hoy con acceso al texto escolar digital, a través de https://aprendoenlinea.mineduc.cl.”

6.- INEXISTENTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Tocante a la imputación de que existiría una situación de incumplimiento contractual, en el ámbito de la relación de consumo, ello NO ES EFECTIVO. Ha habido y continuará habiendo debido y diligente cumplimiento por parte del Colegio de sus obligaciones académicas, como ya ha sido señalado en lo previo, utilizando los medios técnicos y humanos necesarios para una adecuada entrega de los aprendizajes vía tele presencia y remota.

También es infectivo que la recurrida haya pretendido modificar unilateralmente sus obligaciones. Al contrario, conforme se relató existe un vínculo en que cada parte debe asumir sus obligaciones y ejercer sus derechos, lo que el Colegio ha realizado en la forma, modalidad y condiciones antes descritas, negando cuantas imputaciones se efectúen sobre el particular, razón por la que, de existir y subsistir alguna disputa sobre los efectos del contrato, ha debido utilizarse la sede judicial especial para ello.

Por ello nuestra alegación en el apartado II. CUESTIÓN PREVIA. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DEDUCIDA, pues se ha traído a esta sede, de manera encubierta, un supuesto conflicto de intereses entre un prestador y consumidores, regido por la Ley 19.496.

7.- IMPROCEDENTE OBLIGACIÓN A NEGOCIAR. En relación a la reclamación sobre una supuesta negativa a negociar, individual o colectivamente, las condiciones de cada contrato celebrado, para la prestación de servicios educacionales, se niega de manera tajante, siendo ésta una alegación improcedente e inadmisible en una acción cautelar como la de la especie.

Primero, por cuanto no existe ninguna obligación a negociar que fluya del contrato, o sea efecto del mismo, aplicación básica de la ley del contrato.

Segundo, respecto de las obligaciones financieras de los padres y apoderados en torno a obtener beneficios para el pago de las mismas, cabe manifestar que el Colegio, siendo un establecimiento particular y pagado, no recibe de ninguna institución, ni pública ni privada, recursos que le permitan financiar sus gastos operacionales. Sus ingresos están constituidos, exclusivamente, por los pagos que los padres y apoderados realizan. Conforme a la estructura de costos de los servicios, el arancel anual es el más bajo de los colegios particulares pagados de la ciudad.

No es efectiva la supuesta indiferencia del Colegio y sus autoridades frente a realidades de apoderados que se ven enfrentados a dificultades de pago; al contrario, mejor aún, se aprobó por la recurrida ejecutar una política solidaria y de equidad que atiende casos concretos y según la realidad acreditada. Fundamentalmente este apoyo, en consonancia con las sugerencias estatales y decisiones propias de la recurrida, ha tenido dos objetivos concretos y directos: a) extender fechas de pago; y b) aumentar el porcentaje de becas y/o descuentos en el arancel.

A la fecha, se ha apoyado a 106 FAMILIAS y 153 ESTUDIANTES, traducido en extensión de fechas de pago prorrogando las cuotas de los meses de abril y mayo 2020 hasta enero y febrero de 2021, favoreciendo a 49 estudiantes; y otorgando algún porcentaje de descuento o beca, lo que beneficia directamente a 104 estudiantes, como se grafica en el informe que se acompaña (DCTO. 8) Sin embargo, no es posible acceder al planteamiento de la recurrente que pretende modificar los contratos de modo uniforme, para todos los apoderados. Si algo caracteriza el escenario actual es la incertidumbre, la evidencia científica nos permite concluir que no es posible anticipar con certeza la duración de la pandemia, su desarrollo y consecuencia. La responsabilidad debe guiar a las instituciones educativas, de lo contrario está en juego la continuidad de la prestación del servicio educativo y el propio proyecto educativo.

Pero hay más. La mantención del cobro de las mensualidades en que se divide el arancel anual – normalmente 10 cuotas - está reconocida por la ley y por la Superintendencia de Educación. Mediante Ord. N° 0621, de fecha 25 de marzo de 2020 (DCTO. 9), dictado en el marco de los contratos de prestación de servicios educacionales celebrados por sostenedores de establecimientos educacionales particulares pagados, en su parte medular establece que objeto del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con un establecimiento reconocido por el Estado, subvencionado o particular pagado, es la entrega de educación, bajo las condiciones que impone la normativa legal y reglamentaria aplicable, las cuales no son fraccionables. La suspensión de clases bajo circunstancias excepcionales de caso fortuito es una circunstancia expresamente prevista por la normativa educacional al igual que sus efectos. Agrega que: “la medida de suspensión de clases decretada por el Ministerio de Salud, se origina en una grave emergencia de salud pública, que constituye fuerza mayor”. En la misma línea de argumentación el órgano público sostiene: “el contrato de prestación de servicios educacionales es de carácter anual y los estudiantes tienen derecho a permanecer en sus establecimientos educacionales hasta el término del año escolar, con independencia del pago del cumplimiento de las obligaciones de pago previstas en los contratos de prestación de los servicios educacionales. Como lógica contrapartida, por regla general, los sostenedores tendrían derecho a exigir el pago de las prestaciones acordadas, aun cuando durante el año se produzcan circunstancias excepcionales como la suspensión de clases… sobre todo en tanto se adopten las medidas que exige la normativa educacional para velar por el cumplimiento del plan de estudios…”.

De lo dispuesto por la Superintendencia de Educación no cabe sino colegir que las circunstancias actuales constituyen fuerza mayor, que los colegios no pueden suspender la prestación del servicio educacional y entregarlo en una modalidad equivalente o remota, y que los sostenedores pueden exigir el pago de las prestaciones a los apoderados.

IV.- PETICIONES CONCRETAS.

En suma, ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, la Sociedad Educacional Educar S.A., sostenedora del Colegio GEORGE CHAYTOR ENGLISH COLLEGE, ha seguido las indicaciones entregadas por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Superintendencia de Educación. Que el actual estado de emergencia por el que atraviesa el país, constituye una situación de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos establecidos en el artículo 45 del Código Civil, ya que se trata de un hecho imprevisible, irresistible y que no puede imputarse a la recurrida ni al Colegio, impidiéndole de forma temporal y excepcional, cumplir con su obligación de prestar los servicios educacionales en la forma, condiciones y términos en que fueron originalmente ofrecidos y contratados para los estudiantes. Con todo, mi representada y la Dirección del Colegio como su plantel de profesores ha actuado con la debida diligencia para neutralizar o mitigar oportunamente los efectos del caso fortuito o fuerza mayor, al implementar formas alternativas para cumplir con la prestación del servicio educativo durante el tiempo que dure esta situación excepcional, resguardando el derecho a la educación, la calidad del servicio y el cumplimiento de las competencias formativas de sus alumnos, lo que se materializa a través de la Plataforma Cloud Educativa y otros aportes tecnológicos, que han permitido el desarrollo paulatino y sostenido de un sistema de clases on line o de tele educación, para todos los niveles, resguardando la calidad del servicio y la participación efectiva de los estudiantes, todo en el marzo de las directrices generales impartidas por todos los órganos ministeriales del ámbito de la educación nacional.

A lo anterior, debe agregarse que la recurrida ha dispuesto una política solidaria y de equidad en relación al cumplimiento de los pagos del arancel anual, flexibilizando éste para aquellos padres y apoderados que estén en una situación económica compleja, traducido en la postergación de las cuotas de los meses de abril y mayo 2020 para los meses de enero y febrero 2021, y acoger rebajas al arancel o entregando becas, todo sí, analizando caso a caso y según el mérito respectivo.

Respecto al pago del arancel, cabe destacar que siendo éste de carácter anual se divide en cuotas mensuales (normalmente 10) solo para facilitar dicho pago, tal como ocurre con el resto de los colegios particulares pagados. Esto importa que el arancel pactado a inicio de este año cubrirá todo el período académico 2020, en forma independiente a que este pudiere extenderse hasta el año calendario 2021 si el Ministerio de Educación así lo determina, es decir, no habrá cobros adicionales al arancel pactado para el presente año académico en forma independiente de cuando este finalice, procediendo entonces el pago por los apoderados.

Pide tener por evacuado el informe solicitado, y en definitiva, rechazar la acción cautelar intentada, con costas.

3) Que, comparecen doña nombre reservado, abogada, y Cristián Figueroa Risopatrón, abogado, tenidos como parte en estos autos sobre recurso de protección caratulado “nombre reservado con SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUCAR” (COLEGIO GEORGE CHAYTOR), Rol ingreso I. Corte N° 2560-2020, desistiéndose del recurso a su respecto.

Que a folio 9, con fecha 4 de mayo de 2020se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: En cuanto a las alegaciones de falta de legitimación activa:

La primera fundada en que la Personalidad Jurídica del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Inglés George Chaytor Carson rige desde 1998 y fue otorgada cuando existió un establecimiento educacional denominado Colegio Inglés nombre reservado, el que dejó de funcionar. El 30 de abril de 2008 cuando se reconoció por la Seremi de Educación como establecimiento al George Chaytor English College, cuyo sostenedor es la Sociedad Educar S.A. Es decir el Centro General de Padres está asociado a una institución educacional que dejó de funcionar el año 2007.

Sin embargo esta Corte no se hará cargo de estas alegaciones, por cuanto se presume que el mismo establecimiento y sostenedor recurrido le ha dado legitimidad a dicha persona jurídica, por cuanto hasta hoy es un ente que representa a padres y apoderados del mismo establecimiento, que es continuador del anterior y, a mayor abundamiento, no se ha alegado que exista un Centro de Padres y Apoderados paralelo que tenga vigencia actualmente.

En cuanto a la segunda alegación de falta de legitimación activa -dado que el recurso habría sido interpuesto en representación de los apoderados de 823 estudiantes- y que tales padres o apoderados no han sido individualizados, cuestión que es imperativa en razón de que las personas que hayan sido objeto de una perturbación o amenaza en sus derechos deben estar perfectamente identificadas según se puede interpretar de la norma del artículo 20 de la Constitución Política, que señala a quien tiene necesidad de invocar protección una o más personas determinadas, lo que emana de su redacción al iniciar su redacción con las palabras “El que…”. Teniendo especialmente presente que no se individualiza a quienes presuntamente representa y además que los presuntos beneficiarios de este recurso no han acompañado sus mandatos judiciales durante el curso de la tramitación, la excepción de falta de legitimación activa de la recurrente para representar al Centro de Padres y Apoderados Colegio Ingles George Chaytor Carson será acogida.

Al respecto y para reforzar este argumento, conviene tener presente el voto de prevención de la Ministra de la Excma. Corte Suprema Sra. nombre reservado en la sentencia de fecha 27 de mayo de 2020, en causa de Protección Rol 59.578-2020, que sobre este aspecto señala: “2.- La regulación constitucional del recurso de protección, en efecto, en cuanto a la legitimación activa, distingue claramente entre la persona afectada en sus derechos y quien puede recurrir en su favor, determinando una amplia legitimación para accionar o interponer el requerimiento, pudiendo hacerlo “cualquiera a su nombre”, incluso sin representación. Sin embargo, en opinión de quien previene, el sujeto de la relación sustancial, esto es, la persona favorecida por la acción, debe encontrarse compelido por las circunstancias a la inacción en su beneficio para que, en ese caso, un tercero esté legítimamente habilitado a solicitar a su favor el resguardo de los derechos y garantías de éste, situación de suyo excepcionalísima y que debe evidenciarse claramente en el correspondiente libelo, condición con la que no se cumple de manera alguna en la presentación respectiva, careciendo en consecuencia el referido recurrente de la legitimación activa necesaria para accionar como ha acontecido en nombre de las diversas personas enumeradas en el recurso.” Y continúa: “4.- Así, el recurrir de protección a favor de otros, en cuanto a la legitimidad activa, ha de examinarse con un escrutinio estricto, evitando, por una parte, transformar el recurso de protección en una acción de clase, como asimismo y por la otra, arrastrar a instancias jurisdiccionales a organizaciones gremiales y sus asociados que pueden no compartir los criterios de afectación invocados por el recurrente o incluso querer deducir acciones con sus propios fundamentos y evaluación acerca del modo, forma y circunstancias en que el obrar del o de los recurridos les ha privado, perturbado o amenazado en el legítimo ejercicio de sus derechos.”

TERCERO: En cuanto al fondo del recurso interpuesto, la parte recurrente señala que desde el 16 de marzo pasado, las actividades escolares se encuentran suspendidas. La obligación de la recurrida es la entrega de servicios educacionales en su establecimiento. Estos servicios no se han estado prestando en la forma que fueron contratados y se prestarán en forma virtual. Lo que solicita es suspender el cobro de los servicios mientras no se regulen las actividades educativas en la forma contratada o acuerden con los apoderados nuevas condiciones para los servicios educacionales contratados.

CUARTO: Que como consecuencia de la emergencia de salud pública derivada del brote de COVID-19, con fecha 18 de marzo de 2020, se dictó por el Presidente de la República el Decreto 104 que declaró ESTADO DE nombre reservado, por el plazo de 90 días.

A raíz de la pandemia a causa del corona virus, el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación suspendió el 16 de marzo del presente año las clases presenciales en el territorio de la República para todo el sistema escolar, incluyendo el parvulario. Esta medida se ha mantenido hasta ahora.

Es a partir de mediados del mes de marzo del presente año que estamos en una situación de crisis, pues la contingencia sanitaria ha alterado la forma de vida de todos los habitantes de este país, modificando sus rutinas diarias de carácter doméstico, laboral, social, familiar y también educacional,.

Es de público conocimiento que los servicios educacionales se están prestando a nivel de todo el país, tanto en establecimientos privados como públicos, a través de plataformas de internet. Ha acreditado la parte recurrida que el Colegio organizó un sistema de entrega de información, material de trabajo pedagógico y encuentros virtuales con los estudiantes, a través de distintas herramientas digitales que se tenían disponibles, y que con la finalidad de optimizar al trabajo de apoyo pedagógico y formativo en estas circunstancias de anormalidad, el Colegio ha implementado una plataforma especial para su alumnado. Así se ha asegurado la continuidad de la enseñanza que entrega la parte recurrida, naturalmente con una modalidad y horarios distintos a lo que era la normalidad.

QUINTO: Que como se ha señalado, la pretensión de la recurrente es que se suspenda el cobro de los servicios mientras no se regularicen las actividades educativas o pacten con los apoderados contratantes nuevas condiciones para los servicios contratados.

El Ordinario N °621 de 25 de marzo de 2020 emanado de la Superintendencia de Educación, ha expresado que la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de pago exigidas por los establecimientos particulares pagados, se encuentra fuera del ámbito de sus atribuciones, como consecuencia de lo cual, los requerimientos relacionados a dicha materia han sido derivados al Servicio Nacional del Consumidor.

SEXTO: Que el recurso de protección es una acción de urgencia, de tramitación breve, destinada a proteger derechos indubitados, poniendo pronto remedio a situaciones de facto que constituyen ilegalidades o arbitrariedades para evitar que se consume o agrave un daño inminente, en lo que se refiere a algunas de las garantías constitucionales.

Este recurso entonces no es aplicable a una materia que se ha explicado como un incumpliendo contractual por la parte recurrente, dada la forma como la parte contraria está concretando la prestación de los servicios educacionales, siendo esta una materia que amerita ser conocida en un juicio de lato conocimiento.

SÉPTIMO: Que con lo señalado se puede concluir que no se está ante la presencia de derechos indubitados sino de pretensiones que derivan de un supuesto incumplimiento de un contrato educacional. Por lo anterior corresponde que la actora accione por la vía que corresponde, para poder plantear su pretensión, indicando cuáles son sus fundamentos y así presentar sus pruebas al amparo de las reglas del debido proceso que la propia norma constitucional consagra.

Y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge la excepción de falta de legitimación activa y SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, por sí y en representación del CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO INGLES GEORGE CHAYTOR CARSON en contra de la SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUCAR S.A.

Redacción de la Ministra (S) Mirna Espejo Guiñez.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección-2560-2020. (fcv)