nombre reservado con INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don RICARDO RENÉ ORMAZÁBAL NADER, abogado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo RECURSO DE PROTECCIÓN en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Ingeniero Agrónomo, domiciliado en domicilio reservado, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, representada legalmente por su Director Nacional don SANTIAGO ROJAS ALESSANDRI, o quien sus derechos represente, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, en razón de los actos ilegales y arbitrarios que a continuación expone.

ANTECEDENTES DE CONTEXTO. 1.- Consta en documentación que se acompaña que don nombre reservado, comenzó a prestar servicios en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, en adelante INDAP, a partir del día 26 de marzo de 2019, todo lo cual consta en resolución exenta N°038625, instrumento el cual señala que ejerce funciones de jefe de área en bajo la calidad de suplencia grado 9° EUR, con residencia funcionaria en Purén. En dicho puesto, don nombre reservado desempeñaba funciones a cargo de la Agencia de Área de la comuna de Purén debiendo reportarse con su jefatura directa a cargo del Director Regional de INDAP, quien en ese entonces correspondía a doña nombre reservado, teniendo, a su cargo 7 profesionales y técnicos en oficina. 2.- El horario de trabajo era de 08:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y el día viernes de 08:30 a 16:30 horas, debiendo registrar la asistencia a través de un sistema biométrico en la entrada y salida de cada día, horario que su representado siempre cumplió y del cual no registra asistencias ni retrasos. Todo esto, se respalda con las evaluaciones positivas en su hoja de vida funcionaria. 3.- Posteriormente, con fecha 01 de diciembre de 2020 se le designa al recurrente la calidad de contrata, como profesional asimilado a grado 9° EUR, situación que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2020 y mientras sean necesarios sus servicios, todo lo cual consta en resolución exenta RA N°166/1507/2020 de fecha 22 de diciembre de 2020. 4.- Dicho vínculo se prorrogó nuevamente por un nuevo año más según da cuenta Resolución Exenta RA N°166/67/2021 de fecha 15 de enero de 2021, la cual, como se dijo, prorroga designación a contrata por el año 2021 y, según da cuenta Resolución Exenta RA N°166/1650/2021 de fecha 30 de diciembre de 2021 se vuelve a extender la designación a contrata para el año 2022. 5.- Además de esta última resolución, existieron otras las cuales volvían a establecer la continuidad del servicio, dictándose la Resolución Exenta RA N°166/1511/2022 de fecha 24 de agosto de 2022 que extendía los mismos a contar del 01 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, grado 11° EUR. 6.- Que, en este sentido, y desde el ingreso de su representado en marzo de 2019, se le encomendaron funciones directivas, razón por la cual, en abril de 2021, se dictó la Resolución Exenta RA N°166/522/2021, la cual da cuenta del ingreso del recurrente a INDAP a contar de marzo de 2019 y en la que se regularizan las funciones encomendadas, resolviendo, en dicha resolución, y de manera textual según se transcribe de la misma, lo siguiente: “ENCOMIÉNDESE a: nombre reservado, RUN N° RUT reservadose desempeña como PROFESIONAL grado 9° de la planta de PROFESIONALES en el INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, para ejercer funciones directivas de Jefe de la Agencia de Área de Purén, Región de la Araucanía a contar del 1 de diciembre de 2020 y hasta e l 31 de diciembre de 2999. ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE”. 7.- Una vez que se contrató a su representado como contrata en diciembre de 2020, ejerció dicha función hasta el día 11 de julio de 2022, fecha en la que se le notifica que se le destituiría del cargo de jefatura, pasando a ejecutivo integral en la misma agencia de área y junto con eso, se le degradó de grado 11 a 9, lo cual significó una merma en sus remuneraciones. Sin perjuicio de esto, una nueva resolución, que establece las nuevas funciones y degrada a don nombre reservado, prorroga sus servicios hasta el día 31 de diciembre de 2022 8.- Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y según consta en Acción de Protección interpuesta con fecha 17 de diciembre de 2022, causa ROL 74.856-2022 seguida ante esta ICA, la recurrida desvincula a su representado alegando que éste no cuenta con confianza legítima y que por dicha razón y por ser facultativo del servicio el contratar o desvincular funcionarios en cualquier tiempo, consideraba que sus servicios ya no eran requeridos sin dar mayor justificación.

ANTECEDENTES RELATIVOS A SU DESVINCULACIÓN ANTICIPADA. 1.- De acuerdo a lo anterior, el día 17 de noviembre de 2022, se le informa al recurrente, mediante Resolución Exenta N°0085 044383/2022, que la recurrida disponía el término anticipado al nombramiento a contrata 2.- En dicha oportunidad, se le comunica y solicita a su representado que éste debía prestar servicios hasta el día 23 del referido mes de 2022. 3.- En ese contexto, la resolución que se recurre en la causa ROL PROTECCIÓN 74.856-2022, contiene una serie de consideraciones que vienen en “fundamentar” la decisión del Servicio, basándose, en términos generales en la falta de confianza legítima en el cargo de contrata del recurrente.

Por lo anterior, se interpone la debida acción de protección por las respectivas garantías fundamentales invocadas en dicho acto, solicitando que el acto administrativo que dispone la desvinculación de su representado sea declarado como ilegítimo e ilegal. La consideración adicional, que se contempla en este recurso, es que su representado debió haber continuado prestando servicios hasta el día 31 de diciembre de 2022, fecha en la que se dispone la extensión de su contrata según da cuenta la resolución exenta N°166/1511/2022 de fecha 24 de agosto de 2022, razón por la cual, de acuerdo a los antecedentes expuesto en la acción de protección contenida en causa ROL 74.856-2022 y las consideraciones vertidas en la presente acción, hacen procedente que su representado pueda alegar que éste sí contaba con confianza legítima respecto a su contrata y que, por consiguiente, la no renovación de ésta, por el periodo 2023, adolece de ilicitud e ilegitimidad. A grandes rasgos, don nombre reservado comienza a prestar servicios de manera ininterrumpida a INDAP a partir del año 2019, esto es, hace ya 3 años, razón por la cual, sin causa justificada y suficiente, no podría disponerse de la desvinculación de este de manera arbitraria.

ANTECEDENTES QUE FUNDAN LA PRESENTE ACCIÓN. 1.- Desde que su representado comienza a prestar servicios para INDAP, no ha cesado día alguno en el vínculo, lo que transgrede con creces dado el tiempo, continuidad y cantidad de contrataciones, el objetivo tanto de la suplencia como de la contrata. En síntesis, y aplicando de manera sencilla el principio de primacía de la realidad, sumado a que sus funciones directivas y de jefatura fueron ejercidas como parte del equipo de trabajo de INDAP Purén, cabe concluir que estamos en presencia de una continuidad en el vínculo. 2.- Además de lo anterior, durante el transcurso de la relación contractual, el desempeño de don nombre reservado fue impecable, obteniendo siempre las mejores calificaciones y anotaciones de mérito, no siendo objeto en caso alguno de sumarios o investigaciones, sino que por el contrario, siempre siendo felicitado por sus pares y superiores. 3.- Que, las funciones ejercidas durante su designación a contrata son propias del trabajo de INDAP es decir pertenecen a su rango esencial, en otras palabras, se realizaban antes de la contratación y continuarán una vez concluida ésta, lo que manifiestamente se contrapone al concepto de transitoriedad y accidentalidad dado para esta figura de la contrata. 4.- Por su parte, el hecho vulneratorio recurrido en causa ROL PROTECCIÓN 74.856-2022, respecto de la resolución exenta N°0085 044383/2022, la cual dispone del término anticipado de la contrata de su representado, vulnera, además, la continuidad de don nombre reservado respecto del periodo 2023, situación que comienza a hacer efecto a partir del día 01 de enero de 2023, toda vez que, en primer lugar, el servicio no debió haber dispuesto del término anticipado y, por consiguiente, debió haber renovado la contrata a partir del día 01 de enero de 2023, siendo este último hecho el que contiene el acto arbitrario e ilegal, toda vez que el servicio no dispone la continuidad de los servicios prestados por su representado en INDAP a pesar de que éste efectivamente cuenta con confianza legítima en su contrata por aplicación del principio de realidad y continuidad de sus funciones invocado precedentemente. Prueba de la aplicación de este principio, es el Dictamen de Contraloría General de la República N° 173171 de 2022. 5.- Directa relación con lo anterior, es lo relativo al contenido de la Resolución Exenta N°0085 044383/2022, la cual produce efectos no solo en cuando a la desvinculación anticipada de su representado, sino que también produce una vulneración en las garantías del Sr. nombre reservado respecto de la continuidad de su contrata para el periodo 2023, efectos que comienzan a pesarle a contar del día 01 de enero de 2023.

REQUISITOS FORMALES PARA LA PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN. 1.- En cuanto al PLAZO: Sin perjuicio de que la comunicación de desvinculación anticipada que se le hace a su representado se realiza con fecha 18 de noviembre de 2023, los efectos que provoca esta desvinculación no solo tienen cabida respecto de dicho acto, sino que también en lo relativo a la renovación de su contrata, la cual, según consta en Resolución Exenta RA N°166/1511/2022 de fecha 24 de agosto de 2022 correspondía hasta el día 31 de diciembre de 2022, lo que sumado a que su representado se encontraba con licencia médica hasta el día 27 de diciembre de 2022, nos haría necesariamente estar ante una acción interpuesta dentro de plazo. 2.- Garantías Vulneradas: Las garantías que se han vulnerado y que se encuentran bajo amenaza en este caso, tal como será expuesto en el próximo apartado, son las descritas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numerales 2 y 24. Tal como se puede apreciar existe en la especie una serie de actuaciones arbitrarias e ilegales por parte del recurrido al vulnerar y amenazar los derechos fundamentales citados en el párrafo anterior y que detalla más adelante.

SOBRE LA ACTUACIÓN ARBITRARIA E ILEGAL DEL RECURRIDO. El deber de fundamentación o motivación del acto administrativo es uno de sus elementos de legitimidad, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N° 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Dicho deber, no consiste en otra que consiste en una exposición, clara, precisa y certera, de los motivos y razones legales y fácticas que tuvo en vista el órgano para la emisión del acto administrativo. Concordando con lo anterior nuestra Contraloría General de la República, se ha pronunciado en los Dictámenes No 22.766 de 2016, Dictamen N° 85.700 de 2016, y Dictamen N° 6.400 de 2018, que actualiza y sistematiza los dos textos anteriores, y que a grandes rasgos recuerdan a los órganos de la administración del estado que la Resolución que resuelve la no renovación de la contrata de un funcionario público, es un acto administrativo, y como tal, debe ser un acto motivado de forma clara y precisa, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho en que se funda, con respeto al principio de confianza legítima que ampara a todo aquel funcionario que ha sido objeto de dos o más renovaciones sucesivas e interrumpidas. Tampoco es factible plantear una argumentación derivada de la frase “mientras no sean necesarios sus servicios”, puesto que estos sin son necesarios y fundamentales para el funcionamiento del servicio, lo que comprueba aún más el incumplimiento por parte de la autoridad administrativa, de la exigencia de una adecuada motivación de todo acto administrativo que afecte derechos de terceros, según lo establece el artículo 11 inciso 2° de la comentada Ley N° 19.880, siendo obligatoria esta norma para el caso en que un acto administrativo disponga no renovar la contrata.

En este contexto, cabe destacar en el presente caso la confianza legítima ampara a su parte, dado que ha sido objeto de sucesivas renovaciones extendidas desde 2019 bajo funciones similares y constantes en el tiempo, todas las cuales se ordenó extender hasta el día 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de la terminación anticipada que se alega en causa paralela. Es certero referir que, existía una confianza más que legítima que le protegía, esperando razonablemente que el vínculo contractual que unía a INDAP y don nombre reservado fuera respetado y posteriormente prorrogado para el año 2023.

RESPECTO DE LA ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. a) Falta de la debida fundamentación y motivación en el acto jurídico. Siguiendo el imperativo y espíritu de los artículo s 6 y 7 de la Carta Fundamental, el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos, dispone dentro de los principios general que rigen al procedimiento y actos administrativos: Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sean que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelven recursos administrativos. El acto debe ser debidamente motivado, esto es, claramente enunciados en cuanto los fundamentos de hecho y aspectos jurídicos que lo razonan, de forma tal que el acto pueda entenderse y valerse por sí mismo en forma y fondo. Es decir, por un lado, deben existir los presupuestos de hecho que justifican la dictación de un acto (de lo contrario es arbitrario) y luego, como una garantía de derecho a defensa y transparencia, esos presupuestos deben ser correctamente manifestados en la letra de la decisión. Este detalle requiere entonces, entender que no basta una mera enunciación formal de normas y situaciones que puedan ser leídas, sino que deben estar completamente clara y desarrolladas en el acto, y, sustentan sean efectivos. Además, los hechos que la sustentan sean efectivos. Y es en este punto donde nos detendremos para señalar expresamente que son completamente falsos los presupuestos de hecho que justifican la desvinculación. No se cumple con el mencionado artículo 11, de la referida ley, haciendo hincapié que el artículo 41, inciso cuarto del referido cuerpo normativo señala que las resoluciones contendrán una decisión, que será fundada. Desde ya se señala que no se está criticando o negando que la administración no tenga facultad de terminar anticipadamente o no renovar contratas, sino que cuestionamos es que el acto administrativo en el caso en comento no cumple con el requisito de la debida fundamentación, basado en hechos falsos o incorrectos, defectuosamente descritos, y, por tanto, no se ajustan a derecho. De acuerdo con el artículo 11 inciso 2° de la Ley de bases de procedimientos administrativo, “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. Esta disposición permite sacar múltiples conclusiones o propósito de elemento causal, por lo de pronto se debe señalar simplemente que no sólo los actos de contenido negativo o gravamen deben ser motivados, sino que también los de contenido favorable, toda vez que exigencia del artículo 41 d dicha ley, las resoluciones contendrán las decisiones, que será fundada. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en toda actuación la Administración Pública debe actuar razonable, proporcionada y legalmente habilitada, por lo que la causa o motivo es un acto que debe expresarse en toda clase de actos administrativo”.

RESPECTO DE LA ABITRARIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. No obstante, se estime que la autoridad obró formalmente en base a la ley, estimamos, de todos modos, que el acto debe ser considerado arbitrario, toda vez que corresponde a un actuar no justificado en la razón sino en el mero arbitrio de la voluntad del recurrido, abusivo en cuanto a su contenido por los vicios denunciados anteriormente. INFRACCIÓN DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES. 1.- Artículo 19, N° 2°; La igualdad ante la ley. En la especie, se ha vulnerado tajantemente la igualdad ante la ley, puesto que no existen funcionarios, de igual grado y dotación que no fueron afectados con esta medida arbitraria, sino que siguieron ejerciendo sus funciones, razón por la cual la decisión de no renovación de la contrata, en el caso particular de mi representado, se basó en criterios subjetivos infundados más no en argumentos técnicos 2.- Artículo 19, N° 24°, El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae, o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios, y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. No se debe considerar la propiedad sobre el cargo, prerrogativa que no goza exactamente esta parte, sino a la propiedad sobre su derecho a la estabilidad en el empleo, conforme al artículo 84 de la ley N° 18.834.

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN. Según los antecedentes que obran en esta exposición, según da cuenta la resolución N°166/1511/2022 de fecha 24 de agosto de 2022, los servicios que prestaba para INDAP se extendieron hasta el día 31 de diciembre de 2022, razón por la cual, los efectos de la no renovación de la misma comienzan a afectarle a su representado a contar del día 01 de enero de 2023, por lo que la presente acción se encuentra interpuesta dentro de plazo.

Por ello, pide tener por interpuesta acción de protección en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ya individualizada, acogerla, adoptando las medidas necesarias para asegurar el debido imperio del derecho, y, en particular, se ordene renovar la contrata de don nombre reservado, decretando, además, la restitución y reintegro de todas y cada una de las remuneraciones legítimas que éste ha dejado de percibir y que le correspondían, con expresa condenación en costas. Acompaña: 1. Resolución Exenta N° 0085-044383/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022 2. Correo electrónico enviado por don nombre reservado a don nombre reservado, de fecha 17 de noviembre de 2022. 3. Copia de Resolución exenta N°038625, de fecha 29 de marzo de 2019 4. Resolución exenta RA N°166/522/2021, de fecha 20 de abril de 2021 5. Primer informe de desempeño, N° de folio 92323 respecto de don nombre reservado. 6. Segundo informe de desempeño, N° de folio 93609, respecto de don nombre reservado 7. Resolución Exenta N°0900-023184/2022, de fecha 04 de julio de 2022 8. Memorándum N°028394, N° de folio: 7376, de fecha 14 de agosto de 2020, en donde se indica anotación de mérito. 9. Memorándum N°900211634, N° de folio: 8105 de fecha 30 de julio de 2021, en donde se indica anotación de mérito. 10. Precalificación periodo 2021-2022, N° de folio 95137 respecto de don nombre reservado, en la que se indica máximo puntaje y lista de distinción. 11. Calificación periodo 2021-2022, N° de folio 96780, respecto de don nombre reservado, en la que se indica máximo puntaje y lista de distinción.

A su turno, comparece don DAVID TAPIA QUEAFENA, abogado, en representación convencional del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP), RUT RUT reservado, servicio público descentralizado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, informando:

ANTECEDENTES PROCESALES. Como consecuencia de los hechos descritos, el sr. nombre reservado interpuso acción de protección en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO o INDAP, fundando su acción en que la decisión adoptada en la Resolución Exenta N° 085-044383/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022 ya citada, que puso término anticipado a su contrata, vulnera las garantías contempladas en los numerales 2, y 24, todas del artículo 19 de la Constitución Política de la República, constituyendo una acto arbitrario e ilegal en atención a una supuesta falta de motivación del acto administrativo impugnado y falsedad de las razones expuestas en el acto impugnado. Sumado a lo anterior, el sr. nombre reservado, en causa Rol P-255-2023 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, interpuso acción de protección en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO o INDAP, fundando su acción, en que la omisión en la dictación del acto administrativo que renueva su contrata para el año 2023, vulnera las garantías contempladas en los numerales 2 y 24, ambos del art.19 de la Constitución Política de la Republica, afirmaciones del recurrente que mediante el presente informe serán desvirtuadas. EXCEPCIONES. En razón de lo expuesto precedentemente, esta parte recurrida viene en oponer las siguientes excepciones:

EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN. El actor recurre en contra de la Resolución Exenta RA N° 166/2004/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022, que comunica su desvinculación anticipada. Agrega expresamente que la resolución señalada se le notifico personalmente el día 18 de noviembre de 2022. Así las cosas, la interposición del presente arbitrio constitucional se intentó fuera de plazo, con fecha 23 de diciembre de 2022, habiendo precluido la oportunidad para hacerlo. En consecuencia, solo cabe la declaración de extemporaneidad. Atendido lo expuesto, la acción de protección resulta -objetivamente- extemporánea. Así, en vista que entre el conocimiento de la resolución que supuestamente vulnero las garantías constitucionales de la parte recurrente, y la interposición del recurso de protección transcurrió con creces el plazo de 30 días, la presente acción constitucional de protección debe ser rechazada por extemporánea.

EN SUBSIDIO, OPONE LA EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA. Sin perjuicio de lo antes señalado cabe hacer notar que en causa Protección-74.856-2022, de esta Corte, caratulada “nombre reservado con INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO”, se encuentra actualmente conociendo de una demanda de Protección presentada por el Sr. nombre reservado por una supuesta vulneración de garantías derivada del termino anticipado de su contrata. En dicha causa, con fecha 23 de febrero del presente se dictó sentencia que acoge dicha acción y que extiende su contratación hasta el 31 de diciembre e indica su renovación para el año 2023. Al respecto, cabe indicar que acerca de la Litispendencia, la jurisprudencia ha señalado lugar cuando se promueve ante un tribunal el mismo negocio ya ventilado ante él u otro y, por consiguiente, supone que hay identidad de partes, de objeto y de causa a pedir entre la primera y segunda acción; y su propósito es el de evitar que se dicten fallos contradictorios o incompatibles en desmedro de la buena administración de justicia, como el prevenir y resguardar la autoridad de la cosa juzgada. Sus requisitos son, por consiguiente, la existencia de dos pleitos en coetánea tramitación –aun cuando sus respectivos estadios procesales no sean coincidentes- y, además, los mismos presupuestos que nutren el instituto de la cosa juzgada o las necesarias identidades subjetivas, objetivas y de causa: identidad legal de partes, de objeto pedido y causa de pedir. Incluso, en doctrina se suma a lo anterior la denominada Litispendencia por conexidad, asociada al caso en que, pese a no concurrir la referida identidad, existe entre los juicios una relación tal que, siguiendo los términos reglados en el número 3 del artículo 92 del Código de Procedimiento Civil como hipótesis normativa del incidente de acumulación de autos, el fallo que se pronuncie en uno deba producir la excepción de cosa juzgada en otro. Que, en la especie, en ambos recursos de protección existe: 1. La existencia de dos pleitos: Consta que actualmente se encuentran dos procesos pendientes, estos son Rol P-74.856-2022 y P-255-2023, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. 2. Identidades subjetivas, objetivas y de causa, analizadas conforme a los requisitos establecidos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: - Identidad legal de las partes: nombre reservado representado por el abogado Ricardo Ormazábal N. interpuso recurso de protección contra el Instituto de Desarrollo Agropecuario, los días 17 de diciembre de 2022, y 23 de enero de 2023. - En cuanto a la identidad de la cosa pedida y la causa de pedir, resulta evidente que en la especie concurre, ya que en los dos procesos actualmente en tramitación, solicita se declare que la Resolución Exenta N° 0085-044383/2022, que puso término anticipado a la contrata del recurrente, es ilegal y arbitraria, solicitando se restituya al recurrente al mismo estado inmediatamente anterior a la dictación de las resoluciones recurridas. Es dable indicar que en la causa Rol P-255-2023, lo que se solicita es que se ordene la renovación de la contrata, lo que a todas luces constituye un intento por extender lo solicitado en la parte petitoria del Recurso de protección en Causa Rol P-74.856, toda vez que en dicha actuación no fue solicitada su renovación, sin perjuicio que en sentencia de folio 20, de fecha 23 de febrero de 2023, ya fue ordenada por vuestra Ilustrísima Señoría, no pudiendo existir al momento de esta presentación una supuesta vulneración de garantías, que no será discutida en el proceso anteriormente presentado por el recurrente. Sin perjuicio de esto, y entendiendo que se ha presentado una apelación en la causa original, hay que considerar que es incompatible una eventual renovación, con una eventual decisión del tribunal de alzada que rechace la acción incoada en causa Rol P-74.856. De esta forma existe una vinculación tal, que la sentencia que haya de pronunciarse en uno de ellos producirá necesariamente cosa juzgada en el otro. En cuanto a la causa de pedir, se advierte que también concurre dicho requisito, toda vez que el recurrente busca dejar sin efecto la desvinculación del servicio. Indicar que, el proceso causa P-255-2023, consta que fue iniciado con posterioridad al que lo origina.

En subsidio, informa : LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA JURÍDICAMENTE IDÓNEA PARA EL ASUNTO QUE SE DISCUTE. El presenten no es un sustituto de las acciones contenciosas administrativas generales que establece el ordenamiento jurídico y a las cuales el recurrente pudo acceder, como lo son el procedimiento establecido en el art. 59 de la Ley 19.880, esto es recurso de reposición y jerárquico ante la propia administración y reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, conforme lo dispuesto en el art. 160 del Estatuto Administrativo. 2. NATURALEZA TRANSITORIA DE LAS CONTRATAS Y ALCANCE DE LA CLÁUSULA “MIENTRAS SEAN NECESARIOS SUS SERVICIOS”. 1. La potestad de la autoridad administrativa para poner término al vínculo que genera para el funcionario la situación “a contrata” se encuentra regulada en la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, norma que en su artículo 3° letra c) establece expresamente que el empleo a contrata se encuentra definido por su duración siempre limitada en el tiempo. Enseguida, el mismo cuerpo legal determina en su art. 10, en relación a la permanencia de los empleos a contrata, que esta clase de cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada. Esta distinción resulta esencial para entender el actuar de la autoridad y la legalidad del acto recurrido. 2. Por otro lado, en consistencia con la regulación legal antes enunciada, el carácter transitorio del empleo a contrata ha sido reconocido expresamente tanto por la jurisprudencia administrativa como judicial. Es así que la Contraloría General de la República en el Dictamen N° E15676/2021, que dicta nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas, ha señalado: “(…) Por su parte, el dictamen N° 23.518, de 2016, estableció que el término anticipado de una designación a contrata dispuesta con la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", debe materializarse por un acto administrativo fundado, correspondiendo, por tanto, que la autoridad que lo dicta exprese los motivos —esto es, las condiciones que posibilitan y justifican su emisión— los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión, sin que sea suficiente la simple referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su decisión. Cabe destacar que los citados pronunciamientos no afectan las facultades que tienen las autoridades competentes en torno a las contratas —u otras figuras de designación semejante— en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquellas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de Tribunal conformidad con las disposiciones legales respectivas, lo que ha sido consignado de manera expresa por la jurisprudencia vigente sobre la materia, según aparece de los dictámenes Nos 12.421, 28.530 y 33.999, todos de 2017, de este origen. El mismo razonamiento es aplicable a las renovaciones dispuestas en términos diferentes, por ejemplo, rebajando el grado asimilado de la contrata o reduciendo las horas asignadas en la designación anterior. En efecto, los aludidos pronunciamientos solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado. En consecuencia, de forma alguna puede entenderse que los dictámenes de que se trata limitan las potestades que tienen las superioridades para incorporar al organismo funcionarios a contrata -o bajo otra figura de designación semejante-, determinar su grado remuneratorio y, en general, ejercer todas las facultades que les otorga el ordenamiento jurídico respecto del personal de su dependencia”. 3. En consecuencia, la Contraloría General de la República reconoce la posibilidad de poner término anticipado al vínculo de carácter estatutario del recurrente con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, atendido que su contratación y todas sus prórrogas, han sido dispuestas con la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, exigiéndose como requisito simplemente que el acto que éste se encuentre fundado, como todo acto administrativo. Como podrá verse en el desarrollo de este informe, dichos requisitos se cumplen cabalmente en este caso.

En el caso en particular del señor nombre reservado, sus renovaciones fueron efectuadas con la cláusula “mientras sus servicios sean necesarios” según dan cuenta resoluciones acompañadas, por lo que era perfectamente procedente poner término anticipado a sus funciones. 3. TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATA POR PARTE DE INDAP DENTRO DEL MARCO DE LA LEGALIDAD. 1. El recurrente señala que el término anticipado de su contrata incurrió en una serie de “vulneración de garantías”2, afirmación del todo incorrecta según se dirá. 2. En primer orden, y según se ha visto ya, el término anticipado de la contrata en comento guarda perfecta concordancia con lo dispuesto en los arts. 3° y 10 de la Ley N° 18.834 al haberse utilizado la expresión "mientras sean necesarios sus servicios", tal y como lo refrenda la jurisprudencia administrativa y judicial citada. Nos remitimos a lo dicho en el acápite anterior. 3. En segundo lugar, la decisión de la autoridad de dar término anticipado a la contratación debe cumplir el requisito de quedar refrendada en la emisión de un acto administrativo formal que contenga el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, citando los antecedentes que respaldan esa decisión, acto administrativo que debe ser debidamente registrado ante Contraloría, y que finalmente deber ser debidamente notificado al funcionario conforme a la Ley N° 19.880, de procedimientos administrativos. Lo expuesto es precisamente la forma como procedió INDAP en el caso concreto, guardando estrictamente el principio de legalidad en su actuar público y ajustando su actuar a los estándares que solicita la Contraloría General de La República para las decisiones de este tipo. 4. Conforme al principio de legalidad contenido en el art. 7º de la Constitución Política, se establece que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”. Bajo este principio debe expresarse que el acto administrativo de término anticipado de contrata para el funcionario reclamante emanó formalmente del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP) como Servicio Público Nacional. Dentro del INDAP, la facultad de desvincular funcionarios a contrata corresponde al Director Nacional conforme a la Ley Nº 18.910, Orgánica de INDAP, que en sus arts. 4 y 5 establece “Artículo 4°.- La Dirección superior y la administración del Instituto corresponderán al Director Nacional, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo y será el Jefe Superior del Servicio. Artículo 5°.- El Director Nacional tendrá las siguientes funciones y atribuciones: n) Designar al personal de planta y contratar empleados. ñ) Ejercer, en materia estatutaria, remuneratoria y asistencial, las facultades propias de un jefe de servicio, en relación con su personal, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias pertinentes.” A su vez el Director Nacional ha delegado esta facultad en el Subdirector Nacional por Resolución Exenta N°230906, de fecha 20 de diciembre de 2021. En consecuencia, como puede advertirse, el acto reclamado es un acto administrativo que emanó de la Subdirectora Nacional (S), Sra. nombre reservado, conforme a Resolución Exenta N° RA 166/785/2022 que establece orden de Subrogación del cargo referido, de fecha 02 de mayo de 2022, obrando dentro del marco de sus facultades delegadas. 5. Respecto al plazo para la dictación del acto que decide no prorrogar o renovar una contrata, según el dictamen 6.400 del año 2018 la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación, lo que de conformidad con el nuevo criterio contenido en el dictamen N° 22.766 del año 2016, se traduce también en un límite temporal para que el Jefe de Servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se haya generado la confianza legítima de la renovación del vínculo. En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice su no renovación deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año. En la especie, aun cuando el recurrente no contaba con confianza legítima —según se dirá ya— y no estamos ante una no renovación sino un término anticipado, igualmente el acto recurrido fue dictado con fecha 17 de noviembre de 2022 (y notificado personalmente al día siguiente).

Reitera que en la especie no existe la confianza legítima. Y respecto a lo segundo, las necesidades de dotación de la Dirección Regional de INDAP Región de la Araucanía, las cuales surgen del análisis de la dotación y grados existentes en la misma Dirección, se manifiestan en la resolución en concordancia con la política de personas que ya estaba vigente en la institución desde el 24 de marzo de 2022, por la cual consta que la mayor dotación de la Región corresponde a personal administrativo que se encuentra en calidad transitorio (suplencia) y que es necesario incorporar a la dotación del servicio y, por otra parte, mediante Memorándum N°0900030945/2022 la Dirección Regional efectivamente solicitó al Director Nacional, la contratación de 10 cupos para administrativos de soporte de área, ya que con estos se cumpliría el criterio de tener a lo menos dos administrativos por casa agencia de área, remitiendo el informe efectuado en marzo de 2022. Es decir, se trata de una política de personas y dotación de servicio respaldada en actos administrativos, que además fueron dictaminados con anterioridad al acto impugnado. No se trata, por tanto, de referencias a circunstancias futuras, eventuales o hipotéticas (o argumentos genéricos) como indica a modo de ejemplo el Dictamen N° 6.400/2018 de Contraloría, citado por la contraparte. Continuando con este supuesto vicio de ilegalidad, el recurrente afirma que en el caso de marras los fundamentos entregados son insuficientes, citando un fallo de la Excma. Corte Suprema (Rol 28.470-2018), que en su considerando cuarto y quinto indica que ha existido falta de fundamento en el acto administrativo en esa causa impugnado, al tratarse de una funcionaria en que se expresó prescindir de sus servicios debido a mal desempeño, limitándose la resolución a enunciar supuestos errores en gestiones de pagos y derivación de carga laboral a otros funcionarios, sin más, en una motivación que sólo abarcó un párrafo en el acto administrativo respectivo. Evidentemente esta jurisprudencia no resulta aplicable al caso de marras, no sólo porque la motivación de la resolución recurrida en esta causa es abundante y detallada, sino además porque el caso invocado por el recurrente corresponde a una funcionaria con más de dos renovaciones o anualidades bajo la modalidad contrata, es decir, sí contaba con confianza legítima, a diferencia de este caso.

Otro vicio de ilegalidad denunciado, consiste en la “falta de proporcionalidad del acto administrativo”, respecto del cual cabe decir lo siguiente: Se agrega que el sr. nombre reservado tuvo un excelente desempeño funcionario, quien “el desempeño de don nombre reservado fue impecable, obteniendo siempre las mejores calificaciones y anotaciones de mérito, no siendo objeto en caso alguno de sumarios o investigaciones, sino que por el contrario, siempre siendo felicitado por sus pares y superiores.”6, siendo su destitución (sic) desproporcional. Sin embargo, aquello no es efectivo: el referido fue objeto de procedimiento sumario en mérito del cual, mediante Resolución Exenta N° 002025 de la Dirección Regional, de fecha 18 de enero de 2021 (notificada el 22 de junio de 2022), fue objeto de medida disciplinaria de multa del 10%, contemplada en el art. 123 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que además rebajó su calificación en 2 puntos en el factor correspondiente, dispuesta en autos administrativos.

Agrega el recurrente que el acto impugnado viola los “principios de transparencia y publicidad del acto administrativo”, en base al hecho de haberlo desvinculado cuando “con ocasión del desconocimiento del principio de confianza legítima que su representado ostenta”, sin ser posible comprender qué relación guarda el argumento brindado con los principios de transparencia y publicidad supuestamente vulnerados por del acto impugnado. 12. Por otra parte, se hace mención al período en que el recurrente sirvió en el instituto en calidad de suplente desde el año 2019, cumpliéndose con ello el plazo de 2 años necesario para la confianza legítima, olvidando que el mismo Dictamen E156769/2021 que cita en su recurso, establece claramente que ese régimen de contratación no sirve para computarlo para aquellos efectos, cuestión a la que ya se hará referencia. Finalmente, en el acápite referido al “sobre la actuación arbitraria e ilegal del recurrido”, se cita nuevamente el Dictamen 6.400/2018 de la Contraloría: En definitiva, se establece que la desvinculación de un funcionario debe mirar a su desempeño personal y no a cuestiones de orden institucional, como acontece en la especie, a lo cual se agrega que tampoco se acompañarían antecedentes que fundamenten la decisión de este servicio. Sin embargo, frente a lo anterior cabe indicar dos cosas: a) en relación a lo primero, el recurrente omite citar los demás ejemplos que según el dictamen en comento permiten prescindir del vínculo entre el servicio y un funcionario, v. gr.: modificación de funciones del órgano o reestructuración; alteración o modificación de planes o programas; nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio; etc., es decir, todas razones de orden institucional que no miran necesariamente al desempeño personal del funcionario afectado (y dentro de las cuales se encuentran precisamente comprendidas las nueva condiciones de dotación requeridas por el instituto y que sirvieron como uno de los fundamentos de la resolución impugnada); y b) en cuanto a los antecedentes, cabe recordar que el dictamen es facultativo al utilizar la expresión “podrá servir de fundamento” y, por lo demás, los antecedentes fundantes si se encuentran citados en la resolución, según se ha explicado ya, a propósito de los actos administrativos que fijaron la política de personas requerida por INDAP para este año 2022 y el fundamento legal que permite comprender la improcedencia de confianza legítima en el caso de marras.

INEXISTENCIA DE ARBITRARIEDAD INVOCADA. 1. El recurrente alega arbitrariedad del acto impugnado, reiterando como primer fundamento su supuesto buen desempeño como funcionario, así como la ausencia de antecedentes que permitan formular algún reproche laboral. 2. En cuanto a la jurisprudencia citada, no resulta aplicable al caso del sr. nombre reservado. En efecto, el fallo emanado de la Excma. Corte Suprema en causa rol 5172-2018, que califica de arbitraria la “no renovación” de la respectiva recurrente, no se dio a conocer a la afectada con la anticipación debida, vicio del cual no adolece la resolución recurrida aquí. Y, por otro lado, en el caso resuelto ni siquiera se señalaron los motivos tenidos en cuenta para la referida desvinculación, a diferencia del caso de marras, en que lo discutido aquí es la veracidad o suficiencia de los motivos que sí fueron entregados. 3. Finalmente, respecto al fallo en causa rol 1265-2018 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la arbitrariedad acusada se refiere a un funcionario que contaba con más de 3 años de servicio bajo el régimen a contrata, a diferencia del sr. nombre reservado. Asimismo, la reestructuración del servicio que sirvió de fundamento al término anticipado allí, fue manifestada a través de una resolución posterior al acto impugnado, lo que claramente implicó una situación irregular. En el caso de marras en cambio, la política de personas de INDAP que implicó la necesidad de una nueva dotación del servicio, fue manifestada a través de actos administrativos a partir de marzo de 2022, muchos meses antes de la destitución del recurrente, según se explicó precedentemente. Así pues, las arbitrariedades acusadas no son aplicables en la especie, encontrándonos ante un acto perfectamente racional, según se refleja en sus fundamentos.

NO APLICACIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA AL RECURRENTE. 1. La Contraloría General de la República, mediante Dictamen N° E156769/2021 del 17 de noviembre de 2021 emitió nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas, en el cual reitera que sus pronunciamientos anteriores no afectan las facultades que tienen las autoridades competentes en torno a las contratas, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación, término anticipado o dispuestas en términos diferentes, por ejemplo, rebajando el grado asimilado de la contrata. Estos pronunciamientos solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular a un funcionario antes del vencimiento del plazo debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado. 2. Asimismo, en el dictamen referido especifica cuáles son las condiciones que deben reunir las vinculaciones previas para generar la denominada “confianza legítima” en los funcionarios, en las cuales se fija las sucesivas designaciones a contrata que debe tener un funcionario por un periodo tal que hace suponer que dicha conducta —la renovación— seguirá repitiéndose: se requiere que el organismo de la Administración del Estado haya requerido de manera constante y reiterada los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, ya sea por contrata anual o por varias parcialidades que abarquen toda la anualidad. 3. En cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesario para provocar la confianza legítima, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunda “renovación”. 4. En ese orden de ideas, el recurrente sr. nombre reservado, a la fecha de la resolución recurrida y su notificación no poseía confianza legítima, ya que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años. De lo anterior se colige que deberá haber transcurrido más de 2 años (anualidades calendario) para invocar la confianza de una nueva prolongación de su designación que, por una o más contratas sucesivas e ininterrumpidas, abarque toda la anualidad siguiente. El recurrente, dada su data de ingreso a la contrata con fecha 01 de diciembre del 2020, a la fecha del acto impugnado no cumplía con el tiempo mínimo para hacer valer la legítima confianza, ya que su desempeño dentro del Instituto de Desarrollo Agropecuario no superaba los 2 años calendario (o dos renovaciones) exigidos. Cabe agregar, finalmente, que si bien el recurrente se desempeñó en calidad de suplente externo antes del 1° De diciembre de 2020, el tiempo servicio en la mencionada calidad jurídica no es aplicable para el principio de confianza legítima, tal como se precisa en los dictámenes 11184/2019 y N° E156769/2021 en comento, ambos de la Contraloría General de la República. En efecto, éste último EXPRESAMENTE señala: “OCTAVO: Que además, cabe precisar que tal como lo ha indicado la Contraloría General de la República, en diversos dictámenes, como por ejemplo el Nº 85.700, de fecha 28 de noviembre de 2016, el principio de confianza legítima no es aplicable a aquellos funcionarios que sirven cargos en la Administración Pública en virtud de nombramientos de carácter de suplente, como en estos autos acontece. De manera que se descarta su aplicación y procedencia en el caso concreto”.

Explica que la especie no existe acto arbitrario ni tampoco ilegal, por lo que no pueden vulnerarse las garantías constitucionales invocadas. Añade que no se ha amenazado la igualdad ante la ley, puesto que a todos los funcionarios en la misma situación han recibido exactamente el mismo trato. Ahora bien, en cuanto al derecho a la propiedad, cabe indicar que los funcionarios no tienen derecho de propiedad sobre su cargo, ni puede por tanto ser vulnerada su estabilidad en el mismo, dado que cesa por haber operado una causal legal de cesación de funciones derivado de la facultad de un órgano de la Administración del Estado para prescindir o alterar el vínculo con aquellos, emitiéndose el respectivo acto administrativo formal que contenga el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, citando los antecedentes que respaldan esa decisión, acto registrado ante Contraloría, y notificado conforme a la Ley N° 19.880, de procedimientos administrativos. En el caso de marras, la desvinculación del recurrente ha procedido con irrestricto apego a la ley, según se ha dicho latamente, enmarcándose por tanto en la excepción contemplada en la jurisprudencia citada.

Por ello, pide tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de lo expuesto, rechazar la acción de protección interpuesta por la recurrente. Acompaña:

1. Resolución Exenta RA N° 166/270/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, que designa en calidad de suplente, del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

2. Resolución Exenta RA N° 166/712/2020, de fecha 29 de abril de 2020, que designa en calidad de suplente, del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

3. Resolución Exenta RA N° 166/987/2020, de fecha 10 de junio de 2020, que designa en calidad de suplente, del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

4. Resolución Exenta RA N° 166/1507/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, que designa a contrata, del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

5. Resolución Exenta RA N° 166/67/2021, de fecha 15 de enero de 2021, que prorroga contrata de cargos que indica, del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

6. Resolución Exenta RA N° 166/1650/2021, de fecha 30 de diciembre de 2021, que prorroga contrata de cargos que indica, del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

7. Resolución Exenta RA N° 166/1511/2022, de fecha 24 de agosto de 2022, que designa a contrata, del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

8. Resolución Exenta N° 085-044383/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, que pone término anticipado al nombramiento a contrata de don nombre reservado, de la Subdirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

9. Resolución Exenta RA N° 166/1994/2022, de fecha 18 de noviembre de 2022, de término anticipado de designación a contrata, de la Subdirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

10. Resolución Exenta N°230906, de fecha 20 de diciembre de 2021, que delega facultades que indica, de la Dirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

11. Resolución Exenta N° RA 166/785/2022, de fecha 2 de mayo de 2022, que establece orden de subrogación.

12. Carta de notificación personal de 30 de noviembre de jefa de división de gestión y desarrollo de personas.

13. Hoja de vida de funcionario nombre reservado.

14. Resolución Exenta N° 09002021002025 de 18 de enero de 2021 de la Dirección Regional de INDAP, que aplica medidas disciplinarias que indica, con su respectiva acta de notificación y memorándum.

15. Sentencia de fecha 23 de febrero de 2023, dictada en causa P-74.856-2022, de vuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para resolver resulta necesario tener especialmente presente que conforme a los antecedentes aportados al recurso, don nombre reservado, actual recurrente de autos, el 17 de diciembre de 2022, ya accionó previamente de protección, ante esta misma Corte, en base a los mismos hechos que ahora nos convocan.

SEGUNDO: Que, en tal sentido, el mismo actor dedujo ante este Tribunal de Alzada, la acción constitucional de protección, en la que reprochaba la dictación de la resolución exenta N°0085-044383/2022 del 17 de noviembre de 2022, por la cual se dispuso el término anticipado de su contrata. A dicha acción, se le asignó el Rol Corte N° 74856-2022, la cual fue fallada con fecha 23 de febrero de 2023, en el siguiente sentido: “…SE ACOGE el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N.º 0085-044383/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, por la cual se dispuso el término anticipado de la contrata que la vincula con la recurrida INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, disponiéndose que tal designación debe entenderse hasta el 31 de diciembre de 2022 y renovada por el año 2023, debiendo la recurrida proceder a dictar el acto administrativo de renovación pertinente en los mismos términos y condiciones en las que aquel se desempeñaba al momento de ser desvinculado y por el período correspondiente al año 2023, debiendo la recurrida reincorporar al actor en las mismas condiciones en que venía prestando sus servicios y enterar las remuneraciones y demás emolumentos legales junto a los beneficios funcionarios respectivos, debidamente reajustados, entre la fecha de separación y la de su reincorporación efectiva”.

Actualmente, dicha causa se encuentra ante la Excma Corte Suprema, por haberse deducido recurso de apelación en contra de la ya aludida sentencia.

TERCERO: Que, cabe precisar, que tanto en la causa Rol Corte 74856-2022 como en la presente, el acto que se estima como ilegal y arbitrario es la terminación anticipada de la contrata que ligaba al actor con la recurrida y sus consecuencias, sirviendo en ambas causas -como fundamento-, la Resolución Exenta N°0085-044383/2022, del 17 de noviembre de 2022, dictada por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

En este sentido, si bien en el presente recurso se reclama específicamente la no dictación del acto administrativo que aseguraría al actor su continuidad para el año 2023, es posible identificar entre ambos recursos una misma causa de pedir, que en definitiva consiste en su interés por mantenerse trabajando en INDAP, tal como lo venía haciendo desde que ingresó a dicha repartición pública.

CUARTO: Que, así las cosas, y especialmente dada la forma amplia en que el anterior recurso de protección fue acogido, incluyendo en su parte dispositiva el deber explícito de INAP en cuanto a dictar un acto que renueve la contrata del recurrente para este año 2023, es posible concluir que el remedio que pretendía obtener el actor por medio de este recurso, ya le fue concedido por esta Corte, no existiendo por ende ninguna otra medida que estos sentenciadores puedan adoptar en tal sentido, máxime cuando tal decisión se encuentra actualmente en conocimiento de la Excma Corte Suprema.

QUINTO: Que así entonces, no siendo procedente que esta Corte emita un nuevo pronunciamiento sobre una situación que ya fue determinada, tampoco resulta pertinente referirse a las excepciones opuestas por la recurrida ni volver a analizar las probables garantías constitucionales supuestamente vulneradas por esta misma.

Por estas consideraciones y atento lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, presente recurso por haber perdido oportunidad.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra A. Cecilia Aravena López.

Protección-255-2023.(fcv)