nombre reservado con nombre reservado DELPIANO Y ASOCIADOS S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

En el folio 1 de carpeta digital, comparece don Jhon Alejandro Ghisellini Sánchez, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien dice:

Que, interpone recurso de Protección en contra de nombre reservado y Asociados S.A (COLECTRON S.A), representada legalmente por el factor de comercio el Gerente General don nombre reservado, chileno, desconoce profesión u oficio, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana por la infracción de la Garantía Constitucional establecida en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, “1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.”, vulnerando a su representado don nombre reservado, cedula nacional de identidad N° RUT reservado , chileno, viudo, nombre reservado, , domiciliado en domicilio reservado, ante el acoso sistemático de cobranzas del cual es víctima su patrocinado hasta el día de hoy con una deuda que está pagada , lo anterior en base a los siguientes antecedentes.

Con fecha 12 de enero de 2021, la empresa de cobranza, "Colectron S.A", envía una vez más un correo de cobranza con una LIQUIDACIÓN DE DEUDA, por un monto de $2.489.290, que en el año 2010 su representado tuvo con la AFP Próvida.

En el año 2011 la deuda fue pagada, a través de una cuponera con total de 12 cuotas; como prueba de ello, AFP Próvida emitió dos certificados de “NO DEUDA”, los cuales adjunta en otrosí del libelo que contiene el recurso.

El acoso ha sido extremado, insistiendo en continuar cobrando una deuda contraída con la AFP Próvida, la que, de acuerdo a certificado de la propia AFP Próvida no existe, se ha explicado al recurrente por diversas vías, bien sea vía telefónica, por email y hasta de manera presencial, pero el acoso es constante y perjudicial para su salud e integridad psíquica, se acompañan los emails constancia de ello.

Lo dicho precedentemente fluye que los actos reclamados son arbitrarios e ilegales e importan una afectación a la integridad psíquica del recurrente y de su familia, toda vez que se vulnera la garantía del Nº 1 del artículo 19 ya citado. Añade que el actuar arbitrario de la recurrida, afecta la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental.

Por tanto, la cobranza extrajudicial se ha transformado en un hostigamiento abusivo que afecta la vida privada y laboral del recurrente. Los hechos antes descritos configuran un acto ilegal y arbitrario de parte de la recurrida, quien a sabiendas de que existe un ordenamiento jurídico, que regula cualquier irregularidad Financiera, en todo momento actuó en forma irracional.

De la sola lectura de los hechos antes expuestos, resulta que la conducta desplegada por parte de la recurrida es una acción arbitraria e ilegal , toda vez, que la recurrida a sabiendas de que la ley garantiza a toda persona el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (19 Nº 1), y que solo autoriza a limitar dichas garantías cuando dichas actividades sean contrarias al orden público, la moral o las buenas costumbres, situaciones que en el caso de autos no se cumplen, siempre se debe informar al usuario y corroborar la información y documentos presentados, antes de realizar este tipo de actividad y de la manera hostigante que la realizan . Además de lo anterior, la acción de la recurrida, esto es, el acto de acoso telefónico y escrito, de amenazas irracionales solo puede ser protegida por la presente acción cautelar solicitando el cese de las innumerables llamadas, y envíos de correos de acoso para realizar un pago, es por decir lo menos una acción arbitraria e ilegal , toda vez que debemos entender que existe arbitrariedad cuando quien actúa o se abstiene de actuar lo hace por mero capricho sin una razón legal, lógica o, al menos moral, que le sirva de fundamento y que justifique su actuar u omisión.

Así las cosas, no existiendo razonamientos lógicos y menos jurídicos que autoricen este actuar, no podemos más que catalogar a tal actuación como arbitraria, alejada de toda razón posible cuando se trata de una deuda inexistente.

Pide concretamente se tenga por interpuesto Recurso de Protección en contra del nombre reservado y Asociados S.A (COLECTRON S.A) S.A., RUT N° RUT reservado, representada legalmente por el factor de comercio el Gerente General don nombre reservado, todos ya individualizados, por la perturbación de las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, al cometer la acción ilegal y arbitraria de realizar una conducta que atenta al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, como es de manera injustificada, arbitraria, requiriendo informe de la recurrida, despachando oficio para tal efecto, acogerlo y en definitiva se declare que: a). - La recurrida ha cometido una acción ilegal y arbitraria en realizar un acoso en su modalidad de cobranza. b). - Se condene en costa a la parte recurrida.

Acompaña en primer otrosí, los siguientes documentos:

1. Copia de correos enviados, con la Liquidación de deuda.

2. Certificados de “NO DEUDA”, emitidos por AFP Próvida año 2021.

A folio 8, informa el recurrido, quien alega la falta de legitimación pasiva de nombre reservado y Asociados S.A. y/o COLECTRON S.A. en los hechos objeto de la presente acción de protección. Lo anterior, por cuanto su representada es tan solo mandataria de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y sigue instrucciones de la misma con el fin de poder cumplir con el mandato legal que la Administradora tiene, al momento de gestionar los fondos de pensiones. Al respecto, es importante considerar que su representada tiene un mandato legal que le impone a la Institución de Previsión Social, -A.F.P. PROVIDA S.A.- la obligación de emprender todas la acciones que correspondan para obtener el cobro de las cotizaciones previsionales adeudadas. Al respecto, señala que su representada, mandatada por A.F.P. PROVIDA S.A., dio estricto cumplimiento a lo prescrito en el artículo 19 inciso 14 del Decreto Ley número 3.500 de 1980 que establece el nuevo sistema de pensiones y dispone: “Las Administradoras de Fondos de Pensiones estarán obligadas a seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses, aun cuando el afiliado se hubiere cambiado de ella. La Administradora, a la cual el afiliado hubiere traspasado sus fondos podrá intervenir en el juicio en calidad de coadyuvante. Con todo, las Administradoras no podrán perseguir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley número 17.322, el cobro de las cotizaciones previsionales adeudadas por los trabajadores independientes señalados en el artículo 89, por las rentas a que se refiere el inciso primero del artículo 90.”

En efecto y según los registros informados por la citada AFP con fecha 06/10/2010, se les mandató para iniciar el cobro de las cotizaciones previsionales adeudas por el recurrente por el periodo del mes de ABRIL/2010. En su oportunidad se iniciaron acciones judiciales de cobro de cotizaciones previsionales ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena con la causa RIT P-3709-2011. Posteriormente dicha Administradora les comunica que el deudor previsional Sr. nombre reservado y recurrente de autos se había acogido al Convenio de Pago reglamentado por la Ley Nº 20.446, publicada en el Diario Oficial con fecha 03/07/2010, Ley dictada con ocasión del terremoto que sufrió el país en Febrero del año 2010. Es el caso, que muchos empleadores acogidos al Convenio de Pago reglamentado por la citada Ley sólo pagaron una parte del Convenio suscrito quedando vigente saldos de deudas, siendo necesario reactivar procesos antiguos a fin de obtener el recupero de los saldos insolutos. Posteriormente y por la antigüedad de esta cobranza, que en sus registros figuraba como impaga, desde Septiembre del 2020 se tomó contacto extrajudicialmente con el Sr. nombre reservado mediante el envío de email y de llamados telefónicos a fin de instar a la regularización de esta deuda previsional pendiente. Fue ahí que el recurrente a fines del mes de Diciembre/20 manifestó que la misma había sido íntegramente cancelada mediante el pago de la totalidad de las cuotas convenidas. Lo anterior fue consultado con AFP Provida y esta entidad previa revisión de la situación previsional y del Convenio de Ley suscrito en el año 2010, mediante correo electrónico de fecha 10 de Febrero del 2021 se les informa que efectivamente esta deuda previsional se encontraba totalmente solucionada. Por lo tanto, su parte solo cumplió con el mandato legal y contractual con AFP PROVIDA S.A. en orden a efectuar todas las gestiones necesarias y conducentes al recupero y/o regularización de las cotizaciones previsionales del recurrente y en caso alguno han actuado con arbitrariedad o imprudencia vulnerativa de derechos de terceros que nos hagan acreedores legítimos de esta acción.

Finalmente hace presente que producto de estos mismos llamados y envío de correos electrónicos que ahora el recurrente reclama, el Sr. nombre reservado durante los años 2011 y 2012 dio solución y pagó otras cotizaciones previsionales impagas encomendadas a su Estudio Jurídico por encargo de AFP Capital S.A., de AFP Habitat S.A. y AFC Chile S.A. cobradas en las causas RIT P-4640-2010, RIT P-5396-2010 y RIT P-5010-2010, respectivamente, todas iniciadas ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

Agrega que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter de contradictorio. Sostiene que en la especie la acción de protección, atendido su carácter cautelar, no fue concebida para conocer asuntos de lato conocimiento, en donde exista un carácter contradictorio.

En conclusión, encontrándonos ante un supuesto derecho que encuentra su fundamento inmediato en una eventual cobranza por una deuda morosa del recurrente, cuyo cobro es un derecho que legítimamente asiste a la Administradora, sin que se acredite que el recurrente no tiene deuda previsional alguna con A.F.P. PROVIDA S.A., el presente medio de protección incoado, en caso alguno es el medio idóneo para resolver las diferencias que la hermenéutica jurídica pueda ocasionar, de lo que deriva indudablemente en el rechazo del mismo.

El fundamento legal del presente informe radica en lo prescrito en el artículo 19 inciso 14 del Decreto Ley número 3.500 de 1980 que establece el nuevo sistema de pensiones y por su parte el artículo 20 de la Constitución Política la República establece los requisitos para que proceda un recurso de protección.

Como quedará acreditado, el recurso de protección materia de estos autos no cumple con ninguno de los requisitos por lo que deberá ser rechazado de plano.

El comportamiento adoptado por parte de su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta al recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que, muy por el contrario, no ha existido pronunciamiento de COLECTRON S.A. respecto de la situación de la recurrente de autos, razón por la que el presente recurso de protección debe ser rechazado sin más trámite.

Al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, como ya quedó demostrado, es evidente que la recurrente no ha sufrido ningún agravio por la conducta ejecutada por parte de mi representada.

Más allá que no ha existido un actuar ilegal o arbitrario de su representada y que no se ha causado ningún agravio a la recurrente de autos y que por ese solo hecho debiera ser desechado el recurso que motiva esta presentación, esta parte no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la constitución Política de la República de Chile.

En síntesis, ha quedado demostrado a lo largo de esta presentación que, en lo sustancial, la presente acción de protección no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, por lo que se solicita su total rechazo con expresa condenación en costas, fundado en: i) la falta de legitimación pasiva de COLECTRON S.A.; ii) que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

Acompaña en otrosí los siguientes documentos:

1.- Copia de correo electrónico de fecha 10 de Febrero del 2021 mediante el cual nuestra mandante nos informa que efectivamente la deuda previsional en cobranza a cargo de nuestro Estudio Jurídico se encuentra solucionada.

2.- Copia de la Escritura Pública otorgada con fecha 02 de Octubre del 2015 ante el Notario Público don nombre reservado, en la cual consta el Mandato Judicial otorgado por AFP PROVIDA S.A. para el cobro de cotizaciones previsionales.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que en cuanto a la falta legitimidad pasiva que alega el recurrido, cabe señalar, que del propio texto del recurso y del informe del recurrido, se desprende que quien efectúa la cobranza de la deuda ya extinguida, es la recurrida, y no se puede excusar con el simple hecho que es mandatado por AFP Provida.

Tercero: Que, el acto ilegal y arbitrario que se reprocha en el recurso consiste en el constante acoso que ejecuta la recurrida, en contra del recurrente, para el pago de $2.489.290, que en el año 2010, tuvo el recurrente, con la AFP PROVIDA. Deuda que según los documentos acompañados por el recurrente, y por el propio recurrido, se encuentra pagada.

Cuarto: Que, ahora bien, en cuanto a la ilegalidad del acto, cabe recordar que el artículo 37 inciso 6° de la Ley N° 19.496, dispone que: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral el deudor”.

Quinto: Que de la norma referida en el motivo anterior, se puede colegir que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra referido, precisamente, a su integridad psíquica, el que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas, pues si bien se permite efectuar llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas hábiles, tales conductas no pueden afectar la privacidad del hogar ni la convivencia normal de sus miembros, pues ello configuraría una especie de acoso telefónico en contra del deudor, más aún si, tal como ocurre en la especie, se ha logrado un contacto positivo con el supuesto deudor, que ha permitido dar noticia de la deuda, siendo así los llamados posteriores y reiterados demostrativos de un simple hostigamiento que la ley no ampara.

Sexto: Que, en este mismo sentido la Excma. Corte Suprema ha sostenido, entre otras, en la causa Rol N° 4767-2013 que: “(…) si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en noticias a la deudora de su morosidad, ésta se logra con una de dichas comunicaciones, pero insistir reiteradamente en el mismo lenguaje resulta desproporcionado e intimidatorio. Este ejercicio es el que resulta arbitrario, debe cesar, puesto que afecta la garantía de la integridad psíquica de la recurrente, por lo que el recurso será acogido, en razón de resultar vulnerada la garantía contemplada en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.”

Séptimo: Que, en este caso, de la prueba acompañada por la recurrente a folio 1, esto es correo electrónico, y el reconocimiento efectuado por el recurrido en el informe, es posible concluir que el patrocinado del recurrente fue objeto de constantes acosos para el cobro de la deuda que, de mediar la diligencia demostrada por el recurrido, luego de la interposición del recurso, se habría enterado oportunamente, era inexistente. Conducta que, además de ser contraria a la Ley 19.496, también resulta arbitraria, por cuanto carece de justificación, dado que insistir en los correos electrónico, no obstante haberse cumplido con una comunicación positiva, resulta desproporcionado e intimidatorio, dando cuenta con ello del ejercicio abusivo de la facultad de cobro extrajudicial.

Octavo: Que, nuestra Carta Fundamental consagra en el artículo 19 N°1, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, derecho fundamental que se ve vulnerado, en cuanto a lo que se refiere a la integridad psicológica, en la medida en que se logró acreditar un acoso telefónico persistente, ajeno a lo razonable, ya que la deuda era inexistente, y que, por lo mismo, excede los márgenes de lo permitido y tolerable, todo lo cual justifica acoger la acción interpuesta.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por Jhon Alejandro Ghisellini Sánchez abogado, en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado y Asociados S.A (COLECTRON S.A), RUT N° RUT reservado, representada legalmente por el factor de comercio el Gerente General don nombre reservado, debiendo la recurrida abstenerse de efectuar llamados y mensajes telefónicos de cobros extrajudiciales por una deuda que tuvo con AFP Provida, ya extinguida por el pago.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro titular, señor Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Protección-255-2021. (sac)