nombre reservado con BANCO DE ESTADO DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, tres de junio de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, cédula de Identidad N°RUT reservado, profesora domiciliada en comunidad nombre reservado Sector Tromen Quepe, comuna de Padre las Casas, y expone:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, de 24 de Junio de 1992, viene en deducir Recurso de Protección en contra de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, empresa autónoma de créditos del Estado, Rol Único Tributario Nº97.030.000-7, representada legalmente por su Gerente General, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ingeniero comercial, o a quien sus derechos represente, ambos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de los actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido el Banco recurrido (en adelante “el Banco) que expone:

1.- LOS HECHOS: Dice que hace aproximadamente cinco años obtuvo la tarjeta de crédito VISA Banco Estado N°[cuenta reservada] la cual nunca fue activada ni utilizada en compras, incluso fue destruida materialmente.

A pesar de lo expuesto, día 03 de Marzo de 2019, al revisar su correo electrónico, tomó conocimiento de una deuda internacional facturada por US 923,55 equivalente en pesos moneda nacional, más cargos, comisiones, impuestos y abonos a la suma de $240.715, transacción que se desconozco en su totalidad atendido que no fue efectuada por quien suscribe, ni por un tercero autorizado para estos efectos. En forma inmediata informó el hecho al Banco mediante su call center y frente a la gravedad de lo ocurrido, reiteró su reclamo el día lunes 04 de Marzo de 2019, no obstante, ante las respuestas vagas, imprecisas e insatisfactorias, dejó constancia de lo ocurrido en la Comisaría de Padre Las Casas conforme consta en el parte denuncia N°439. El mismo día concurrió a la sucursal Banco Estado de Padre Las Casas dando cuenta de la denuncia interpuesta y expuso los hechos a distintos funcionarios pero como única medida, me entregaron el “formulario de reclamos y tarjetas de crédito” a fin de dejar constancia de los hechos. Posteriormente, el día 30 de Marzo de 2019, el Banco nuevamente notificó un estado de cuenta nacional de la tarjeta de crédito, informando el traspaso de una deuda internacional más cargos, comisiones, impuestos y abonos, todo los cuales sumaron la cantidad de $644.509, deuda que también desconozco en su totalidad, por lo cual informó telefónicamente su reclamo al call center del Banco y el día 01 de Abril de 2019, dejó constancia de los hechos ante la comisaría de Padre Las Casas, tal como se acredita en el parte N°678; asimismo, concurrió al Banco Estado, sucursal Padre Las Casas a solicitar explicaciones y soluciones a mis requerimientos pero sólo dejaron constancia de mi reclamo.

Expresa que debido a la nula respuesta por parte del Banco frente a los graves hechos relatados, el día 05 de Abril de 2019 efectuó un reclamo ante SERNAC y posteriormente interpuso querella infraccional y demanda civil por indemnización de perjuicios ante el Juzgado de Policía Local de Temuco (1°). Una vez judicializada la causa, el banco respondió: A pesar de lo expuesto, la acción judicial continuó dado que lo informado por el Banco sólo constituyó un pago parcial de la deuda generada tanto en la tarjeta de crédito como en la línea de crédito, ya que al no existir fondos en la cuenta corriente, todos los cargos generados por las dos transacciones fraudulentas, fueron traspasadas a la línea de crédito, y esta a su vez generó sus propios cargos, intereses y reajustes. Hace presente que debido a los graves hechos enunciados, con fecha 08/07/2019 se solicitó el bloqueo de todas las tarjetas asociadas al Banco.

Finalmente, la acción judicial concluyó con sentencia favorable toda vez que el Tribunal dio lugar a la querella infraccional y condenó al Banco por actuar negligente e infractor de la ley de consumidor con una multa de 20 UTM pero además dejó asentados los siguientes hechos en su considerando DÉCIMO QUINTO párrafo 3° “Si bien es cierto, como lo señala la defensa de la querellada, el proveedor procedió a restituir mediante los abonos a la cuenta corriente de la cliente, la suma de $976.951, por concepto de cargos, impuestos e intereses aplicados, fundado en ello el que no existiría menoscabo para esta, lo cierto es que del análisis del propio “Informe de Cargos y Abonos de Tarjeta de Crédito” acompañado por la querellada de fojas 139 a 180, y los estados de cuenta de la querellante nombre reservado, rolantes a fojas 90 a 125, permiten determinar que recién en el mes de diciembre de 2019, esto es transcurrido la mayor parte de un año, el estado de cuenta nacional de tarjeta de crédito de la querellante nombre reservado quedó efectivamente en $0 no ocurriendo lo mismo con el estado de su línea de crédito, en la cual el proveedor hizo efectivo el cobro de las compras cargadas a la tarjeta de crédito, quedando la línea de crédito con una deuda que se ve reflejada en la cartola de fecha 15 de enero de 2020, acompañada a fojas 119, y posteriormente a fojas 178 del informe respectivo.

Manifiesta que en tal sentido, la inejecución de la conducta debida por el Banco de restituir a la querellante al estado anterior a la ejecución de las compras fraudulentas ha sido parcial y tardío; parcial, pues la querellante aún permanece con un saldo negativo en su línea de crédito que no le corresponde, y tardío, pues, como se señaló, el banco demoró buena parte de un año para efectuar las restituciones parciales ya referidas”.

Finalmente expresa en el considerando DÉCIMO NOVENO que: “como se ha indicado en otras ocasiones, la naturaleza de los hechos sometidos a conocimiento del Tribunal y atento a que el artículo 50 y ss de la ley 19.496 le faculta para ello, además de las multas respectivas se procederá a disponer que se dejen sin efecto los cargos, impuestos e intereses cuyo origen provenga del fraude del que fue objeto la querellante en su tarjeta de crédito, así como aquellos provenientes del pago de dicha tarjeta, efectuado con cargo a su línea de crédito, retrotrayendo a las partes al estado inmediatamente anterior al fraude, y eliminando a la actora cualquier registro de morosidad al que hubiese sido agregada como consecuencia de estos hechos por ser ésta la única forma de reestablecer el imperio del Derecho”.

En definitiva, se condenó al Banco al pago de una multa de 20 UTM por concepto de infracción a la ley del consumidor y al pago de una indemnización de $2.000.000 por concepto de daño moral, más costas, lo cual fue pagado con celeridad no obstante, el cobro por la deuda en la línea de crédito persistió, por lo que de buena fe y con el mérito de la sentencia, solicité al banco eliminar toda morosidad generada en la línea de crédito pero la respuesta fue desfavorable, conforme consta en respuesta del siguiente tenor: Se precisa que los cobros se han efectuado mes de mes siendo el último cobro fue informado el día 03/03/2022 y corresponde al monto de $809.863, conforme consta en cartola que se acompaña en un otrosí de esta presentación.

2.- ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO QUE HA PERTURBADO DERECHOS Y GARANTÍAS. Según fue expuesto, nos encontramos frente a la existencia de una deuda vigente y determinada en forma arbitraria, dado que carece un motivo real, pertinente y legítimo que justifique su exigibilidad, asimismo, tampoco concurren en la especie motivos que sustenten el actuar del Banco al momento de impedir que el estado de cuenta se retrotraiga al estado anterior del fraude, más bien la deuda aumenta mes a mes.

El acto impugnado, es asimismo, ilegal, porque el origen de la deuda no es contractual, muy por el contrario, se origina en un fraude, con lo cual se transgrede lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil.

En consecuencia, la acción ilegal y arbitraria denunciada priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio del siguiente derecho y garantía constitucional:

A) El derecho de propiedad de sus diversas especies sobre toda clase de bienes garantizado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República. La conducta reprochada se traduce en un gravamen económico para quien suscribe y en definitiva vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad ya que, pese a haber existido un lato conocimiento de los hechos, el Banco rehúsa y elude el cumplimiento de un deber básico como lo es restituir el estado de cuenta de la línea de crédito al estado anterior al fraude. Bajo este contexto, el acto debe ser calificado como arbitrario e ilegal dado que no existe razón alguna para traspasar el perjuicio económico generado por su falta de seguridad en el servicio prestado a mi patrimonio.

3.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. a) Acto ilegal y arbitrario: Conforme a lo razonado por la jurisprudencia nacional, es posible aseverar que “arbitrariedad” importa acción u omisión carente de sustrato racional, esto es la manifestación del simple capricho del agente. La arbitrariedad, importa la comisión de un acto caprichoso, que no puede explicarse recurriendo a la razón, por lo que el caso de autos y tal como se ha expuesto en el cuerpo de este escrito, el Banco está amenazando, por actos y omisiones ilegales y arbitrarios, al menos una garantía de quien suscribe y que se halla amparada en la Constitución Política de la República: el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24.

De lo antes expuesto, se deprende que el actuar del Banco es claramente arbitrario ya que se encuentra buscando resquicios inaceptables, con el único objeto de obtener una ventaja económica del todo improcedente, a costa de una cliente, siendo por ende su actuar resorte de un mero capricho, carente de todo sustrato lógico al considerar las operaciones fraudulentas como si fuesen personales de un cliente e imponer dichos valores mediante una cartola de línea de crédito, la cual refleja un estado de morosidad, que inclusive habilitaría a la recurrida ejercer el derecho de prenda general y emprender acciones de cobranza. Si estas acciones efectivamente se ejecutan, sin duda el patrimonio y los bienes de quien suscribe, van a estar en riesgo, así como el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad sobre sus bienes, viéndose severamente restringido, en ese escenario.

En cuanto a la ilegalidad, la pretensión del Banco de unilateralmente cobrar la deuda generada por dos transacciones fraudulentas, así reconocido por la misma institución bancaria. Además ese cargo NO consentido, infringe la regla contenida en el artículo 1545 del Código Civil, que establece el principio de fuerzas obligatoria de los contratos. En efecto, la parte recurrida, arroga en su favor un crédito o derecho personal, por una deuda que no se contrajo y un estado de morosidad en su favor que tampoco se ha consentido. Conforme señala la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Policía Local, el fraude se debió a una vulneración a las medidas de seguridad del Banco y las operaciones no fueron consentidas y precisamente lo que se reclama mediante el presente recurso es que quien suscribe se debe responsabilizar de los cargos y abonos efectuados mes a mes.

4.- EL DERECHO- Al respecto, la ley 21.234, limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. El artículo 5° de esta ley obliga a los emisores de tarjetas de crédito a proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas en virtud del artículo 4, dentro de cinco días hábiles contados desde la fecha del reclamo, cuando el monto total reclamado sea igual o inferior a las 35 unidades de fomento. Si el monto reclamado es superior a las 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos, según corresponda, por un valor de 35 unidades de fomento en igual plazo. A continuación prescribe la misma norma que, respecto del monto superior a dicha cifra, el emisor tendrá siete días adicionales para cancelarlos, restituirlos al usuario o ejercer las acciones del inciso siguiente, debiendo notificar al usuario la decisión que adopte la manera indicada en el artículo 3° del artículo 2 de la misma ley.

Si bien la recurrida, efectuó un abono, no ha extinguido en forma total la deuda originada en la línea de crédito producto de las dos transacciones fraudulentas, reconocidas por el Banco recurrido pero no ha dado cuenta del cumplimiento de las obligaciones que impone la ley referida, hecho que genera un perjuicio patrimonial, afectando su garantía protegida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva: 1) Que se ordene al Banco recurrido a enmendar el estado de cuenta de la línea de crédito Nº [cuenta reservada] asociada a la cuenta corriente Nº[cuenta reservada], eliminando al efecto los cargos señalados en el cuerpo de este escrito más intereses, reajustes y comisiones. 2) Que se ordene al Banco recurrido, eliminar de sus sistemas internos cualquiera deuda que pudiera estar relacionada al caso planteado en este libelo; 3) Que el Banco recurrido quede inhibido de ejercer toda y cualquiera clase de cobro, judicial y extrajudicial, respecto a cualquiera deuda relacionada al caso de autos; 4) Que se ordene al Banco recurrido a abstenerse de informar al sistema comercial (Boletín Comercial, Dicom, etc.) y al sistema financiero (Comisión para el Mercado Financiero), cualquiera deuda que pudiera estar relacionada al caso planteado en autos; 5) Como asimismo, se ordenen al Banco recurrido todas las medidas que VSI estime necesarias o convenientes con la finalidad que prevalezca el imperio del derecho y en definitiva, se dé una protección debida, pronta y eficaz. 6) Que el Banco recurrido sea condenado a pagar las costas de esta causa.

Acompañó los siguientes documentos: - Comprobante de reclamo 04/03/2019 y 04/04/2019; - Respuesta Banco Estado de fecha 26 de Junio de 2019; - Respuesta Banco Estado de fecha 23 de Diciembre de 2021; - Cartola línea de crédito emitida el 03/03/2022; - Cartola histórica de línea de crédito [cuenta reservada]; - Comprobante bloqueo tarjetas Banco Estado; - Copia autorizada de Sentencia dictada en causa Rol 262.061 V-c del Primer Juzgado de Policía Local de Temuco.

A folio 12 evacua informe el abogado don Jorge Quijada Vicencio, en nombre y representación del Banco del Estado de Chile. Luego de reseñar los hechos planteados por la recurrente, hace referencia a los hechos de su parte.

Expresa que se deduce querella y demanda civil con fecha 03 de mayo de 2019, por hechos ocurridos y respecto de los que toma conocimiento con fecha 03 de marzo de 2019, iniciándose causa por Ley del Consumidor, ROL 262.061-Vc en el Primer Juzgado de Policía Local de Temuco.

Con fecha 16 de marzo de 2020 se dicta Sentencia definitiva en estos autos, siendo del siguiente tenor su parte resolutiva: “1. Que no ha lugar a la objeción documental planteada a fojas 86, por la parte querellada y demandada civil, con costas. 2. Que ha lugar, con costas, a la querella infraccional deducida, a fojas 31 y siguientes, por doña nombre reservado, en contra de Banco del Estado de Chile, condenando a este proveedor al pago de una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales, como autor de infracción a la ley 19.496. 3. Que ha lugar, con costas, a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida a fojas 4 y siguientes, por doña nombre reservado, en contra de Banco del Estado de Chile, condenando a este proveedor al pago de la suma de $2.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios. 4. Las sumas ordenadas a pagar serán reajustadas conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a la fecha de notificación de la demanda y el mes anterior a la fecha del pago efectivo, más los intereses para operaciones reajustables desde que el fallo quede ejecutoriado”.

Añade que con fecha 30 de julio de 2020, la parte querellada y demandada civil, recurre de apelación contra dicha sentencia definitiva, la cual fue notificada a esta parte con fecha 24 de julio de 2020. Este fallo no fue recurrido por la querellante y demandante civil, quien fue notificado del mismo con fecha 10 de julio de 2020, como tampoco se adhirió a la apelación interpuesta por esta parte. Cabe señalar que, no obstante que el fallo condenatorio no dio ha lugar a la parte petitoria bajo los números 2 y 3, y es justamente el número 3 el que se refiere a la restitución de los fondos automáticamente traspasados por el Banco desde su línea de crédito y cuenta corriente, el que justamente es fundamento del presente recurso, no fue recurrido por la contraria. Y, en segunda instancia, el fallo apelado por la parte querellada y demandada civil se confirmó con declaración, en lo relativo a la fecha desde cuándo deben correr los intereses y reajustes.

Dice que la sentencia definitiva adquirió carácter de firme y ejecutoriada con fecha 05 de agosto de 2021. Que su parte cumplió oportunamente con los pagos ordenados por VS., en su fallo. Respecto de la multa, se tuvo presente su pago con fecha 18 de agosto de 2021, y el pago de la indemnización de perjuicios y costas, previa liquidación del crédito y objeción respecto de costas personales por parte de la querellante y demandante civil se tuvo presente en autos con fecha 07 de octubre de 2021.

Con fecha 02 de diciembre de 2021, la Sra. nombre reservado se dirige a la sucursal del Banco del Estado de Chile a requerir la cancelación de línea de crédito. El Banco le da respuesta por escrito a su solicitud con fecha 23 de diciembre de 2021, señalando que no es posible realizar las gestiones respecto del tema de reclama, dado que los antecedentes que aporta son insuficientes. Con fecha 30 de diciembre de 2021, presenta escrito en causa ROL 262.061-VC del Primer Juzgado de Policía Local de Temuco, solicitando se oficie al Banco del Estado de Chile, a fin de que informe si ha dado cumplimiento a lo ordenado por VS., en sentencia definitiva, haciendo alusión a Considerando 19 del fallo. Y, acompaña Carta respuesta de fecha 23 de diciembre de 2021, a la cual se hizo alusión. A este escrito, se resuelve, con fecha 03 de enero de 2022: “A lo principal: Atendido al mérito de autos, no ha lugar en la forma solicitada, pídase lo que en derecho corresponda. Al otrosí: Téngase por acompañado el documento”. Acto seguido, con fecha 10 de enero de 2022, solicita el cumplimiento incidental del fallo, sin señalar qué obligaciones se encontrarían incumplidas. Al cual, se resuelve, con fecha 11 de enero de 2022, Como se pide, cúmplase con citación. Esta resolución fue notificada a esta parte con fecha 08 de febrero de 2022, según consta en autos de la instancia a fojas 337. Con fecha 11 de febrero de 2022, la parte querellada y demandada civil deduce recurso de reposición y previa certificación del Secretario del Tribunal, hace lugar al recurso de reposición deducido y rechazó la solicitud de cumplimiento incidental del fallo por extemporáneo, dejando sin efecto resolución a fojas 331.

Alega luego la EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO. Señala que la recurrente se refiere al cobro por la línea de crédito, por lo que de buena fe y con el mérito de la sentencia, solicitó al Banco eliminar toda morosidad en su línea de crédito, obteniendo una respuesta desfavorable, con fecha 23 de diciembre de 2021, que, en definitiva, habría sido el hecho, a juicio de esta parte, que motiva la interposición del presente recurso, rechazando la forma cómo ha de computarse el plazo al tenor de lo señalado en el recurso, que pretende fijar como inicio, para el cómputo del plazo, la fecha de marzo del año 2022. Lo anterior se confirma dado que es la respuesta desfavorable del Banco, a juicio de la recurrente, la que la motiva para buscar, por esta vía, una solución que, por vía judicial, no obtuvo. Es más, es preciso señalar que la carta a que hace referencia sólo está solicitando mayor documentación a la cliente para revisar su caso, lo que nunca cumplió. No es un rechazo absoluto como aparentemente quiere hacer ver la recurrente. En concreto, será este 23 de diciembre de 2021 la fecha de inicio del cómputo para la interposición del presente recurso, venciendo por ello, el 23 de enero de 2022, y tomando en consideración la fecha de presentación del presente recurso, esto es, 28 de marzo de 2022, es claramente extemporáneo. Se evidencia lo anterior mediante el escrito presentado con fecha 30 de diciembre de 2021 a fojas 328 en causa ROL 262.061-Vc del Primer Juzgado de Policía Local de Temuco, donde solicita la contraria, en base a los mismos argumentos del presente recurso de protección, que se oficie al Banco del Estado de Chile para que dé cumplimiento al fallo y “se procederá a disponer que se dejen sin efecto los cargos, impuestos e intereses cuyo origen provenga del fraude de que fue objeto la querellante en su tarjeta de crédito, como así aquellos provenientes del pago de dicha tarjeta efectuando con cargo a su línea de crédito, retrotrayendo a las partes al estado anterior inmediatamente anterior al fraude y eliminando a la actora de cualquier registro de morosidad al que hubiese sido agregada como consecuencia de estos hechos por ser la única forma de reestablecer el imperio del derecho”. Esto deja en evidencia, y establece como fecha cierta, que el hecho que reclama la recurrente ya había sido conocido con fecha 30 de diciembre de 2021, por lo que el plazo, si pretendía recurrir por los mismos hechos, en el mejor de los casos, debería contarse desde esa fecha cierta, por ende, a la fecha de interposición del mismo, en marzo de 2022, es claramente extemporáneo.

EN SUBSIDIO, EL RECURSO DE PROTECCIÓN DEBE SER RECHAZADO PUES NO SE INVOCA UN DERECHO CIERTO E INDUBITADO. Para que un recurso de protección prospere, la parte recurrente debe invocar un derecho cierto e indubitado. Así ha sido resuelto en forma sistemática por nuestras Cortes. En este caso, la recurrente invoca un supuesto derecho a que el Banco del Estado de Chile le debe eliminar cargos efectuados a su línea de crédito, más reajustes, intereses y comisiones, asumiendo el costo. Sin embargo, la recurrente carece de un derecho cierto e indubitado. Concretamente, intenta por esta vía que esta Iltma. Corte decida sobre el incumplimiento de una obligación a la que el Banco no está obligado, conforme a sentencia definitiva dictada en juicio con fecha 16 de marzo de 2020, causa ROL 262.061-VC ante el Primer Juzgado de Policía Local, y por otra parte, el Banco ya dio estricto cumplimiento a lo resuelto conforme devoluciones practicadas y enteradas en el juicio. El presupuesto fáctico del recurso de protección consiste en que el Banco del Estado de Chile debe eliminar cargos efectuados a su línea de crédito, más reajustes, intereses y comisiones, basado en lo establecido en la sentencia definitiva dictada en el juicio señalado, lo que no es efectivo, dado que nada se dispuso y ordenó en tal sentido. No existe tal obligación. El recurrente no detenta un derecho per se a que el Banco del Estado de Chile cargue con las consecuencias de un fallo favorable por más de lo sentenciado, más si estimamos que, aún siendo fallado, la acción constitucional de protección no es el medio idóneo para exigir su cumplimiento.

EN SUBSIDIO, EL RECURSO DE PROTECCIÓN NO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA RESOLVER EL ASUNTO SOMETIDO AL CONOCIMIENTO DE US. ILTMA. El Recurso de Protección es una acción cautelar y limitada, conocida también como un procedimiento de urgencia, que es estrictamente necesario para poder restablecer el imperio del derecho, y es un requisito esencial para que esta acción proceda, la existencia de una vulneración de los derechos individualizados en su recurso por la recurrente.

Que los hechos descritos en el libelo de protección, y en particular sus peticiones concretas, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, teniendo presente que se denuncia un conflicto contractual y reclaman derechos que fueron debatidos en procedimiento judicial, con sentencia definitiva dictada con fecha 16 de marzo de 2020, por lo que no debió ser admitido a tramitación, y en definitiva, debe ser rechazado.

Agrega que en el caso concreto de autos, existen posiciones disímiles entre la recurrente y mi representada que llevan automáticamente a la existencia de una controversia jurídica entre ambas, cuya resolución no puede darse en sede de protección, porque no existe un derecho indubitado que necesita la protección de acción de urgencia.

EN SUBSIDIO, NO EXISTE ACTUACIÓN ARBITRARIA O ILEGAL. Es del caso, que, para la procedencia del recurso de protección, debemos encontrarnos ante una actuación u omisión susceptible de ser calificada de arbitraria o ilegal, de forma que el derecho indubitado pueda ser cautelado por este medio de urgencia. En caso alguno la actuación de mi representado puede ser calificada como arbitraria o ilegal, toda vez que los cobros efectuados a su línea de crédito son emanados del uso que se le dio por parte de la recurrente, la cual a la fecha, no obstante habérsele reintegrado los fondos reclamados en su oportunidad, incluidos impuestos, mantención de operaciones, intereses rotatorios, intereses moratorios, devoluciones por cargo, cobro de mantención e intereses por uso de línea de crédito, lo cual ascendió a $976.951, abonado con fecha 29 de agosto de 2019, más un abono posterior por $59.710. En efecto, en la causa ventilada en Policía Local, a fojas 139, rola informe evacuado por esta parte en donde se señala cada uno de los detalles de los reembolsos y devoluciones efectuados y, en este informe, en su parte denominada “Notas”, se señala que, con fecha 24 de septiembre de 2019, ya la clienta-recurrente disponía de $467.124, según da razón Estado de Cuenta de la tarjeta de misma fecha. Asimismo, al 29 de octubre de 2019 disponía de Página 31 7 un saldo a favor en su tarjeta por $515.490, dado el pago de $59.710 por intereses de la línea de crédito (octubre 2019). Resulta que la recurrente, no obstante habérsele informado que los reembolsos iban a ingresar como abono A SU TARJETA DE CRÉDITO, dado que fue este producto el cual se vio afectado por un supuesto fraude, debía solicitar el giro de dicho saldo a favor, PARA ABONARLO A SU CUENTA CORRIENTE, y con ello, AMORTIZAR SU LÍNEA CRÉDITO. Esto no fue efectuado por la recurrente, razón por la cual la línea de crédito fue generando nuevos intereses, pero ya no existiendo ninguna responsabilidad por parte del Banco del Estado de Chile, ya que existió OMISIÓN o desidia por parte de la recurrente de no amortizar con los dineros reintegrados, el uso de la línea de crédito. En efecto, lo único que hizo, con fecha 30 de octubre de 2019, fue proceder a realizar las gestiones para traspasar el saldo a favor en su tarjeta de crédito a su cuenta corriente, y disponiendo ya de los fondos a fin de amortizar la línea de crédito, en dicha oportunidad, recién empieza a hacer amortizaciones con fecha 05 de noviembre de 2019 por $38.850; con fecha 05 de diciembre de 2019 por $26.900; con fecha 02 de enero de 2020 por $371.549, y producto de no haber amortizado en octubre de 2019, cuando el Banco procedió a realizar todas los reembolsos y devoluciones, generó nuevos intereses y cargos, que ya no son de responsabilidad del Banco, que es lo que se evidencia en Cartola Línea de Crédito Cuenta Corriente de fecha 03 de marzo de 2022, acompañada en autos. Se suma a lo anterior de que el Banco pagó, conforme a lo sentenciado, la suma de $2.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios, lo que necesariamente debe incluir cualquier diferencia de cálculo que pudiere existir por concepto de intereses y otros cargos, dado que dicha suma involucra todo perjuicio. Suma de dinero percibida por la recurrente y que no destinó a cubrir la deuda existente en la línea de crédito, pretendiendo, no obstante haber sido reembolsados los montos definidos, ya al mes de octubre de 2019, y haber sido indemnizada no obstante cualquier otro perjuicio, ser beneficiada económicamente, mediante la eliminación de cargos efectuados a su línea de crédito, más reajustes, intereses y comisiones. Además, del análisis de la cuenta corriente y de la línea de crédito, se establece una mecánica habitual por parte de la recurrente que desmiente el hecho de que ella no utilizaba la línea, lo cual señaló en juicio, consistente en cargos o pagos efectuados en la cuenta corriente, no teniendo fondos para ello, lo que generaba cargos a la línea de crédito adicionales y con cargos de intereses por dichos usos; lo que era cubierto a los cinco días posteriores, pero sin considerar los intereses y cargos que generaba el uso de la línea de crédito. Y dentro de esta mecánica que usaba la recurrente, existieron cargos que no fueron cubiertos por la misma como el caso de la operación específica número 7063798 por $127.000, con fecha 10 de junio de 2019, la cual consta en Cartola histórica nº4 de Cuenta Corriente que rola a fojas 122 de autos, causa ROL 262.061-VC del Primer Juzgado de Policía Local de Temuco. Si nosotros consideramos el primer cargo por pago automático de VISA, no existiendo fondos en la Cuenta Corriente, lo que derivó que se hiciera uso de los fondos de la línea de crédito, esto fue con fecha 13 de marzo de 2019, y si analizamos la cartola de Línea de crédito a esa fecha, ya habían sido cargados por operaciones no vinculadas 8 operaciones o cargos que iban devengando intereses y comisiones por su uso y que emanan directamente de transferencias realizadas por la recurrente. Tanto estas como futuras operaciones realizadas por la Sra. nombre reservado han ido generando cobros por intereses y cargos por el uso de dicha línea de crédito y, al no disponer de fondos en la cuenta corriente, fueron acrecentando la deuda en ella misma, y frente a dicho hechos, esta parte no tiene responsabilidad alguna. En concreto, no existe acto arbitrario, ya que lo dineros se adeudan, y no es efectivo que la deuda tenga como causa el supuesto fraude del que fue afectada, por el cual fue debidamente reembolsada, incluyendo los intereses generados por las operaciones involucradas en el supuesto fraude, como ya se señaló. En base a los mismos argumentos, no se ve ilegalidad alguna en el proceder del Banco, dado que este se encuentra facultado, conforme al contrato de apertura de línea de crédito y cuenta corriente, al cobro de intereses por su uso, lo cual es un hecho notorio y conocido por todo aquel que contrate este tipo de productos. Por último, conforme a la parte petitoria de su querella, justamente el número 3 el que se refiere a la restitución de los fondos automáticamente traspasados por el Banco desde su línea de crédito y cuenta corriente, el que precisamente es el fundamento del presente recurso, en esto no fue recurrido la sentencia por la contraria, es decir, hubo plena conformidad del fallo por parte de ella, y si aplicamos la teoría de los actos propios, malamente puede por esta vía pretender subsanar dicha omisión, si estimaba que el fallo no le era completamente favorable a su parecer.

En conclusión, de todos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, indica que la recurrida no ha cometido ningún acto arbitrario o ilegal que signifique vulneración alguna de los derechos que nuestra Constitución establece, por lo que en definitiva el presente recurso de protección deberá ser rechazado, quedando sólo de manifiesto una pretensión o un mal uso de este tipo de vías con el de obtener un enriquecimiento sin causa o pretender subsanar una omisión en el ejercicio de derechos emanados de un juicio ventilado ante otro Tribunal cuya sentencia definitiva se encuentra firme y ejecutoriada. Por lo expuesto, el recurso deberá ser rechazado, con costas.

EN SUBSIDIO DE TODO LO ANTERIOR, NO EXISTE VULNERACIÓN A NORMA CONSTITUCIONAL DEL ART.19 NÚMERO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Con respecto a la vulneración del art.19 nº24 de nuestra Constitución, única garantía fundamental alegada haber sido vulnerada, cabe indicar que esta se fundamenta en una supuesta infracción a la Ley 21.234, y ante su incumplimiento por parte de la recurrida, le habría generado un perjuicio patrimonial a la recurrente, afectando su garantía protegida en la norma constitucional ya señalada. Es preciso señalar, primero, que, en esta parte del recurso, es evidente que la recurrente ha alterado los hechos iniciales por los cuales recurrió, y ahora pretende justificar su acción constitucional en base a una supuesta infracción a le Ley sobre Fraude Bancario, lo cual es totalmente errado. Lo que reclama la recurrente emana de hechos ocurridos en el mes de febrero del año 2019 y que han sido, a juicio de ella, consecuencia de un supuesto fraude acaecido en ese año, por lo cual debemos circunscribirnos a esos hechos y la Ley en comento no tiene aplicación alguna para ellos, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de mayo del año 2020. Es más, ya existía sentencia definitiva dictada en causa tramitada ante Juez de Policía Local de Temuco, en los autos ya señalados con anterioridad, con fecha 16 de marzo de 2020. Aparentemente, la recurrente pretende establecer como nueva infracción el hecho de que siga reclamando por el cobro de intereses, y uso de su línea de crédito que, dicho sea de paso, no da ha lugar a cobranza o llamado alguno por las entidades bancarias, lo cual es totalmente improcedente. Y aún en el escenario casi imposible que VS.I., estimase la existencia de una infracción en ello, los hechos no entran en la hipótesis de la Ley 21.234, por lo que es inaplicable al caso. En razón de lo anterior, no existe ninguna vulneración al art.19 nº24 de la Constitución Política de la República, y así deberá declararse, rechazando el recurso, con costas.

A folio 26 la recurrida acompaña: 1) expediente causa ROL 262.061-Vc, caratulado “nombre reservado con Banco del Estado de Chile” del Primer Juzgado de Policía Local de Temuco, desde fojas 1 a 213, el cual se encuentra disponible digitalizado como anexo en causa sobre recurso de apelación, causa ROL ingreso Corte POLICÍA LOCAL-76-2020, caratulada “nombre reservado con Banco del Estado de Chile” de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones. 2) Referentes al mismo expediente ROL 262.061-Vc, caratulado “nombre reservado con Banco del Estado de Chile” del Primer Juzgado de Policía Local de Temuco y que corresponden a tramitación ante Juzgado de Policía Local con posterioridad a la vista del recurso de apelación señalado, las siguientes fojas: fojas 215; 300; 308 a 312; resolución de fecha 18 de agosto de 2021 (sin folio); 316 a 317; escrito presentado con fecha 22 de septiembre de 2021 (sin folio); fojas 319; escrito presentado con fecha 07 de octubre de 2021 (sin folio); fojas 322; documento (sin folio) acompañado con escrito que rola a fojas 328; fojas 329 a 331; fojas 333 a 334; fojas 338 a 342, y fojas 344 a 345.

Se trajeron los autos en relación y la vista de la causa tuvo lugar el día treinta de mayo del año en curso, compareciendo las letradas representantes de las partes que alegaron conforme a sus respectivas pretensiones.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y que, en tal virtud, permita la adopción de medidas urgentes y eficaces para restablecer el imperio del derecho quebrantado.

SEGUNDO: Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

TERCERO: Que, se ha denunciado por la recurrente como una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida la mantención por ésta de una deuda vigente y determinada en su línea de crédito, que la hace derivar de un cargo que en su momento se efectuó por el Banco recurrido al traspasar una obligación contraída en el extranjero, declarada fraudulenta, que no fue pagada y que convertida debió pagarse con cargo a su cuenta corriente y al no existir fondos fue solventada con esa línea crediticia, lo que estima arbitrario, dado que carece un motivo real, pertinente y legítimo que justifique su exigibilidad, y, asimismo, tampoco concurren en la especie motivos que sustenten el actuar del Banco al momento de impedir que el estado de cuenta se retrotraiga al estado anterior del fraude, más bien la deuda aumenta mes a mes. Es, asimismo, ilegal, porque el origen de la deuda no es contractual, muy por el contrario, se origina en un fraude, con lo cual se transgrede lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil.

Todo lo anterior, en razón de haberse obtenido en su momento una sentencia, actualmente firme, en autos ROL 262.061-Vc, caratulado “nombre reservado con Banco del Estado de Chile” del Primer Juzgado de Policía Local de Temuco, que acogió una querella infraccional y demanda civil y que estima incumplida por la entidad recurrida al no haber restituido a la recurrente al estado anterior a la ejecución de las compras fraudulentas. Esto lo sustenta en lo establecido en el Considerando Décimo Noveno del fallo antes referido y transcrito en el libelo.

De su lado, la entidad bancaria recurrida ha rechazado tal imputación, entendiendo que nada adeuda a la recurrente, que pagó lo que debía conforme a lo que fue condenada en la causa antes mencionada y que ha sido la propia recurrente que, habiendo debido pagar la deuda de su línea de crédito con los recursos recibidos, no lo hizo, existiendo además cargos cuyo origen serían sobregiros que en nada se vinculan con aquellos que en algún se efectuaron por los hechos denunciados por fraude.

CUARTO: Que, en este contexto, conforme lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia reiterada, el arbitrio constitucional deducido debe tener por objetivo un derecho, pero que, además, sea indubitado y no disputado, en razón de que este medio no es de aquellos que tengan por objetivo o finalidad declarar un derecho que es motivo de discusión. Así, reconocer una facultad legal de naturaleza personal tiene un objetivo distante con el de proteger una prerrogativa o garantía establecida y que ha sido vulnerada o lesionada, escenario este último que justifica precisamente la adopción de medidas conducentes a su protección. En el caso de autos no se advierte la existencia de un derecho no dubitado, por el contrario, hay cuestionamiento sustantivo o material acerca de la existencia de la pretensión que se formula en esta acción.

QUINTO: Que, asimismo, asentado que lo pretendido en el recurso excede los objetivos del mismo, por cuanto la facultad presenta hesitación, más lo es cuando el conflicto de intereses traído a pronunciamiento de este Tribunal conlleva revisar una situación fáctica que se dice quebrantada por la actora y negada o al menos contrariada por la recurrida, lo que, qué duda cabe, obliga y reconduce a que sea objeto de una determinación en un proceso declarativo ordinario.

Y lo anterior se reafirma partiendo de la premisa de que lo que constituiría una actuación u omisión, según se le mire, de la recurrida, provendría de aquello que fue resuelto por un órgano judicial en el marco de su propia competencia, habiendo dirimido un conflicto de intereses de relevancia jurídica planteado por la ahora recurrente, decisión que se pronunció sobre las pretensiones de las partes y, que, como aparece de los antecedentes, quedó en su momento firme y ejecutoriada y fue objeto de cumplimiento. Así, entonces, si algo pendiente pudiere quedar de aquel pronunciamiento, según el prisma de la recurrente, no es ésta la sede establecida para sustentar tal reclamo más si, en su oportunidad, este Tribunal se pronunció al conocer un recurso de apelación, de manera que pretender revisar dicho fallo o emitir un nuevo pronunciamiento asilado en cuestiones no resueltas o inejecutadas, excede con mucho este procedimiento de urgencia, y, desde luego, de la competencia de que está revestida esta Corte.

SEXTO: Que, en atención a que el recurso será desestimado según se dirá, no se emitirá pronunciamiento sobre las peticiones formuladas por la recurrida en forma principal y subsidiarias, salvo en cuanto con lo que se ha reflexionado se ha dado respuesta a algunos de sus planteamientos.

SÉPTIMO: Que, por último, en esta línea de argumentos, cobra relevancia lo dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, al disponer que la acción constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” Se refiere a aquella parte que estime que sus planteamientos y pretensiones no han sido acogidos o que de haberlo sido la decisión adoptada no le ha satisfecho, pudiendo ejercer sus facultades en la sede competente que estime. El ejercicio de esta facultad es un verdadero medio de impugnación vía un proceso independiente y que nuestro sistema lo ha concebido sólo en el marco que se ha reseñado.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Francisco Ljubetic Romero.

Rol N° Protección-2549-2022.(jog)